Las 500 mayores empresas del país produjeron bienes y servicios por más de $241 billones durante 2024, según la última Encuesta Nacional a Grandes Empresas publicada por el Indec. Sin embargo, apenas emplearon a 813.836 personas asalariadas, lo que equivale al 7,3% del total de trabajadores registrados en la Argentina.

Esa brecha entre el peso económico y la generación de empleo revela un patrón estructural: una economía altamente concentrada, donde la expansión de la producción no implica necesariamente más trabajo registrado ni una distribución amplia de la riqueza. En términos de valor bruto de producción (VBP), las grandes empresas representaron el 23,9% del total nacional. En valor agregado bruto (VAB), su aporte fue del 17,4%.

El informe no analiza explícitamente el impacto social del modelo pero los datos permiten interpretar que la productividad se eleva con una baja correlación en el crecimiento del empleo asalariado. Este fenómeno se acentúa en contextos de ajuste o recuperación débil, donde las ganancias tienden a provenir de la eficiencia antes que de nuevas contrataciones.

El peso de pocas

El patrón de concentración también se observa al interior del propio panel (el conjunto de empresas relevadas por el estudio). Las 100 compañías más grandes explican el 45,7% del empleo total, mientras que las 50 principales reúnen el 27,6%. Solo cuatro compañías emplean el 2,3% de las y los trabajadores registrados en el conjunto .

En paralelo, las 50 firmas de mayor tamaño concentran el 51,2% del valor agregado bruto. Esa lógica de concentración abarca tanto la producción como la apropiación del excedente económico.

El costo salarial total fue de $33,5 billones, de los cuales $27,4 billones correspondieron a sueldos e indemnizaciones, y el resto a cargas patronales. A eso se suman $254.486 millones en honorarios a directores y síndicos, que no forman parte del ingreso asalariado sino de la conducción empresaria .

Capital extranjero, mayor incidencia

Las empresas con participación extranjera representan el 60,8% del total del panel, pero explican el 68% de la masa salarial, el 60,8% del empleo y el 79,4% del valor agregado bruto. También registran una utilidad neta muy superior: $14,7 billones, frente a $2 billones de las empresas nacionales.

Además, invirtieron casi siete veces más en formación de capital fijo, consolidando su dominio estructural sobre el entramado productivo del país.

¿Qué empleo crean?

Las principales ramas de actividad de estas empresas son alimentos y bebidas (21,4%), química y plásticos (16,2%) y automotriz y maquinaria (9,4%). Se trata de sectores de alta productividad, gran escala y bajo requerimiento de fuerza laboral por unidad producida.

También es relevante que el informe no incluye al agro, al sistema financiero ni a los servicios personales, que suelen tener mayor densidad de empleo, aunque con estructuras más dispersas y, en algunos casos, con mayores niveles de informalidad o precarización. Esta exclusión deja fuera una parte del entramado laboral argentino más ligada al consumo interno o al trabajo intensivo.

Una estructura que concentra

La combinación de niveles crecientes de producción con bajo impacto en el empleo registrado abre preguntas de fondo sobre la capacidad distributiva del modelo empresarial dominante. Aunque crece el valor agregado y se consolidan las utilidades, la masa de trabajadores que accede a ese crecimiento es proporcionalmente pequeña.

El 2024 cerró con una estructura empresarial concentrada, capitalizada y con márgenes crecientes, pero sin un correlato equivalente en el mercado laboral. La brecha entre rentabilidad y empleo interpela a las políticas públicas de estímulo, fiscalidad progresiva y redistribución del ingreso.

JJD

La pobreza en la Argentina alcanzaría el 40,3% en el primer trimestre del 2023, según las proyecciones del último informe de Evolución de distribución del ingreso del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para el mismo período del 2022, la cifra fue del 34,2%, lo que representa una suba de poco más de 6 puntos porcentuales.

En una comparación con el último medio año, la pobreza arrojó cifras del 37,7% en el tercer trimestre del 2022, por lo aumentó 2,6 puntos en los últimos seis meses, de acuerdo a las más recientes proyecciones.

Por lo tanto, esta estimación considera que 2,7 millones de personas quedaron bajo la línea de la pobreza en los últimos 12 meses, y hubo 1,2 millones de nuevos pobres en el último medio año. Esto equivale a 18 millones y medio de personas pobres en la Argentina.

El informe establece un margen de error de 1,3 puntos porcentuales, lo que significa que la cifra de la pobreza ronda entre el 39 y el 41,6%.

El Indec describe en sus mediciones un empeoramiento en el reparto de ingresos, ya que el 10% más rico de la población mejoró sus ingresos reales y concentró sus recursos, frente a una caída de los salarios formales y el aumento de los asalariados no registrados.

En cuanto a la indigencia, las últimas mediciones del segundo semestre del 2022 lo ubicaron en el 8,1%, lo que representó una baja respecto a la primera parte del año, cuando cerró en el 8,8%. Este número refiere a los hogares sin ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos. 

Por su parte, la Universidad Torcuato Di Tella midió que entre diciembre del 2022 y mayo de este año, la cantidad de personas en hogares pobres alcanzó el 43,4%, el nivel más alto desde el 2004 y mayor a las estimaciones del Indec. Esto implica que alrededor de 12,6 millones de personas en ciudades están en situación de pobreza.

Aumenta la brecha entre los ricos y pobres

Además, en el informe del Indec se destaca:

LC

Argentina, diciembre de 2022. La inflación no cede, la pobreza aumenta, el temor por la escalada de la extrema derecha es equivalente al desconcierto de quienes anhelan la construcción de una sociedad más igualitaria. Cuando el fervor del mundial de fútbol se acalla, en las altas esferas del poder, las encuestas electorales preocupan y comienzan los cálculos a un año de la elección presidencial. Mientras se discute el presupuesto, en los despachos estatales, los altos funcionarios intentan que las carteras que dirigen crezcan o al menos pierdan lo menos posible. 

Lejos del vértigo de las proyecciones económicas y políticas, los empleados públicos las ven pasar. El ajuste arrancó hace rato y las previsiones prometen, tanto en el presupuesto enviado por el oficialismo como en las promesas electorales de la oposición, que los recortes se profundizarán en los años por venir. Entretanto, alicaídas y amenazadas, las partidas de los Estados nacionales y provinciales siguen fluyendo a los docentes de las aulas públicas, a los médicos y enfermeros en los hospitales, a los asistentes sociales que recorren los barrios populares. 

Dirigentes oficialistas y opositores subrayan la importancia que atribuyen a la educación y a la salud de las mayorías, a la necesidad de garantizar la seguridad de los argentinos, a la centralidad de los jóvenes en la construcción de un país mejor. Unos y otros insisten en que, para que esos altos ideales tengan asidero, primero hay que ganar elecciones, segundo hay que conseguir recursos, tercero hay que ocupar posiciones con equipos propios y leales. Así, mientras todas las miradas se concentran en el Ministerio de Economía y en su capacidad de liberar o restringir fondos, la mayoría de las reparticiones del Estado se reproduce entregada cada una a su propia inercia. 

El ajuste en la Argentina parece ser por momentos la contracara perfecta de la holgura fiscal. Desde la década de los setenta, en los pocos años en los que hubo recursos, la felicidad de las mayorías se derramó como un triángulo invertido y alcanzó a todos los demás. En momentos en que los recursos parecían ilimitados, no parecía importar mucho para qué fueran los planes porque lo importante era que fueran muchos, no importaba si necesitábamos más funcionarios públicos, lo importante es que aumentaran; no importaba qué hiciera (y cómo) el Estado, lo que importaba es que creciera la presencia estatal. Ahora, en un contexto adverso, parece pasar exactamente lo contrario: no hay cuadernos, no hay hojas, no hay gasas, no hay recursos mínimos para reponer computadoras en las oficinas públicas. Exceptuando algunos gestores lúcidos, no se incita coordinación alguna que anticipe el impacto, no se plantean iniciativas que calibren objetivos, que establezcan prioridades, que focalicen esfuerzos. Como antes avanzó la marea de recursos, se retira ahora, desordenada, sin capacidad para establecer más prioridad que el combate contra el hambre. 

La gran ausente de la democracia: la sintonía fina, nunca es bienvenida. En los momentos de prosperidad es innecesaria; en los de ajuste, impracticable. Ante reclamos particulares incapaces de encontrar una fórmula de compromiso, pareciera que el Estado puede ofrecer a cada uno lo que reclama. Pero el igualitarismo de la distribución es solo aparente. No solo hay jerarquías de beneficiarios, muchas son inconfesables. La falta de criterios explícitos perjudica sobre todo a los que tienen menos amigos o menos poder de fuego: el régimen de promoción de las industrias de Tierra del Fuego se incrementa más que las partidas jubilatorias, los privilegios impositivos de magistrados y empleados judiciales se preservan mientras los alimentos siguen pagando IVA, los subsidios y salarios estatales de algunas provincias resisten al ajuste mucho mejor que en otras, la publicidad de todos los oficialismos se multiplica sin control. 

En su ocaso, el ciclo de holgura iniciado después de la crisis de 2001 revela la distancia entre la sociedad de bienestar y la sociedad de consumo. Las primeras nunca se financiaron solo con el impuesto a los ricos o a las exportaciones primarias, se fundaron en un sistema solidario que distribuía beneficios porque expandía la formalización (y por lo tanto la responsabilidad) de empresas y trabajadores. La nostalgia por los regímenes sociales de la posguerra debería recordar que estaban lejos de ofrecer a cada uno libertades discrecionales. Ningún Estado cuenta con financiamiento infinito y una autoridad bien ejercida podría definirse como aquella que es capaz de delimitar y hacer cumplir una jerarquía de obligaciones y prerrogativas, que puede establecer prioridades que trascienden los intereses sectoriales. 

Aunque todo parezca en calma, la corrosión del Estado social empezó hace rato. Altos funcionarios indolentes o arbitrarios terminan empujando a muchos empleados estatales a hacer “justicia por mano propia”. Abonan así las justificaciones de los detractores de la intervención estatal alentando o consintiendo prácticas desviadas. Muchos titulares de cátedra, jefes de servicios hospitalarios, jueces o fiscales se ven tentados de acortar sus horarios o eludir obligaciones – que pocas veces se les exigió que cumplieran-, mientras el recelo de la sociedad se concentra en los “privilegios” de los empleados públicos de rangos más bajos que muchos gestores políticos no saben siquiera hacia qué objetivos orientar. Se potencia así la aceptación del estereotipo popularizado por Gasalla: esa empleada pública indolente que la democracia tendió a crear y alimentar y a la que se empuja a sucesivas generaciones de jóvenes que llegan al Estado por oleadas, con ilusiones renovadas y con contratos cada vez más precarios.

Nada de esto amenaza de manera inminente la paz social. La degradación de los establecimientos educativos, la ausencia de los docentes de primaria, las esperas eternas en los hospitales públicos, la falta de material médico indispensable, el trato descuidado de adultos mayores y enfermos mentales, el dilatado retraso en los expedientes judiciales, la connivencia de los comisarios con los negocios narcos trascenderá en los medios si se convoca a una huelga o estalla un escándalo. E incluso en estos casos fortuitos, los raptos de indignación probablemente se olvidarán. Como otros desatendidos, los empleados públicos comprometidos con su tarea comprenden que su impotencia es solitaria y que lo mejor que pueden hacer es irse a otra parte o permanecer en silencio, enfrentando la realidad que les toca con una cuota de cinismo y discreción. 

“No hay fondos”, dicen quienes atienden al estado de las cuentas públicas. Y sin recursos, afirman, el Estado nacional no puede dar soluciones. “Estamos ante una coalición de gobierno fracturada”, acotan los analistas políticos. Y en esta situación de fragilidad, cada funcionario apenas puede velar por preservar los pocos apoyos que lo sostienen. Mientras tanto, todos los niveles del Estado, todas las agencias públicas, todos los eventuales amigos del poder parecen lanzados a una disputa de recursos y prebendas sin más horizonte que el abismo.

Menos atención despierta el Estado y la Sociedad. Si se los mira es para afirmar que todos se sienten víctimas en la crisis, que en la sociedad de consumidores insatisfechos todos tienen algo que pedir y nadie parece dispuesto ceder. Tal vez eso es el igualitarismo argentino. La sumatoria de las partes, el cálculo que agrega voluntades imperativas que quieren alcanzar la movilidad social, a cualquier precio, aunque sea en soledad. 

Pero ese ideal supo ser otra cosa. No fue solo el cálculo (de votos y partidas), no solo la subdivisión del capital y el poder. Fue también el anhelo y a veces la concreción de instituciones judiciales, educativas, sanitarias más justas. Fue el orgullo de que el hijo del portero y del médico compartieran un aula y sellaran una amistad. Todo eso parece tan lejos y a la vez tan cerca con Argentina 1985. Esa película, tan ecuménicamente celebrada, donde late un recuerdo y una advertencia. El recuerdo de lo que fuimos capaces de instituir, la advertencia de qué pasará cuando ya no alcancen los horrores de la dictadura para fundar una autoridad democrática legítima. ¿Qué esperan entonces quienes creen en la justicia social? ¿Que la solución mágica la traigan los próximos comicios? ¿El advenimiento salvador de un nuevo commodity de exportación? ¿Quién dijo que solo se puede ser sensible cuando hay holgura fiscal? 

MH

En el primer trimestre de este año la mitad de las personas ocupadas percibió un ingreso mensual inferior a los $50.000, según se desprende de un informe publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si se mira el promedio (y no la mediana, que parte a la mitad al universo que se observa), el documento muestra que el ingreso de los ocupados fue $61.843. 

Estos valores están muy por debajo del costo de la Canasta Básica Total, que traza la línea de pobreza y que en marzo de 2022 era de $89.690 según los registros oficiales. 

Si se tiene en cuenta solo el ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio, que podrían pensarse como “registradas”, el dato promedio se eleva a $79.880, lo que representa una suba interanual del 55,6%, apenas por encima de la inflación interanual de marzo (55,1%). Para los trabajadores y trabajadoras sin descuento jubilatorio, o “no registrados”, el ingreso promedio fue mucho menor: de $36.631 mensual, con una suba interanual del 63,6%. 

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de $23.443. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) es de $60.165, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivale a $142.016. 

El documento del Indec, que se nutre de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), señala que el 60,4% de la población percibió algún tipo de ingreso, sea de origen laboral o no laboral (como jubilaciones, subsidios, rentas, pensiones). El promedio de ese ingreso individual es de $64.737, pero el género es una variable que traza una diferencia. Los varones tuvieron un ingreso promedio de $75.552, mientras que el de las mujeres fue de $54.205.

Para los trabajadores y trabajadoras sin descuento jubilatorio, o “no registrados”, el ingreso promedio fue mucho menor: de $36.631 mensual

Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles 1 a 4) equivale a $23.628; el del estrato medio (deciles 5 a 8), a $60.689; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $155.153.

El ingreso per cápita familiar del primer decil es 15 veces inferior al ingreso del decil más alto. El coeficiente de Gini, que mide esa brecha marcó 0,43 (donde 0 significa “igualdad absoluta de ingresos” y 1 “desigualdad absoluta”). 

Ese indicador muestra un deterioro fuerte respecto del trimestre inmediatamente anterior, en el que se observó un descenso del Coeficiente de Gini (pasó de 0,44 a 0,41). Sin embargo, metodológicamente lo adecuado es comparar trimestres pares con trimestres pares e impares con impares porque en los impares está incluido el aguinaldo, que solo reciben los formales y aumenta la desigualdad. Así, en la comparación con el mismo trimestre de 2021 el dato mejoró un poco: pasó de 0,445 a 0,430. 

El ingreso per cápita familiar del primer decil es 15 veces inferior al ingreso del decil más alto.

El informe, que corresponde al período del primer trimestre de 2021, no termina de reflejar el impacto de la aceleración inflacionaria de este año. Solo entre enero y marzo la suba de precios general fue de 16,1% y solo la de alimentos escaló 20,9%. Sin embargo, los datos muestran que el ingreso también creció fuerte en el primer trimestre y que la inflación recrudeció en el segundo trimestre: luego del 6,7% de marzo siguió el 6% de abril y el 5,1% de mayo. 

Los datos de ingresos, junto con los del mercado de trabajo, sirven para anticipar la evolución del indicador de pobreza, que en la Argentina se construye a partir del cruce de ingresos con el precio de la canasta básica.  Leopoldo Tornarolli, economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), estimó que la pobreza del semestre octubre-marzo sería menor a la de julio-diciembre en 2 puntos porcentuales, ubicándose en torno a 35,2%.

DT

El 25 de Mayo de 1810 fue el punto de partida, el día que empezó a configurarse una idea que todavía se encuentra, de alguna manera, en construcción. La Argentina es aún un proceso abierto. Por eso, hoy es un día para reconocer a ese primer gobierno patrio que tenía ese impulso de construir un país desde lo que somos. Recordar ese enorme desafío que enfrentaron y revisar los que tenemos por delante como país.

Nos hemos vuelto especialistas en todo aquello que nos divide. Pero, no hace falta decirlo, nuestro país necesita transformaciones profundas y reales, y eso solo puede realizarse probando otro camino.

Tenemos que construir diagonales que sirvan para coser la fractura social en la que vivimos. Una diagonal, tal vez la principal, es la que pueda vincular de manera sistémica el orden macroeconómico y la posibilidad de integración hasta del argentino más pobre. Parece evidente, pero en la Argentina no lo es: en las últimas décadas, los criterios de un orden estable en la macro no se construyen en paralelo de los procesos de integración social (cuando no lo hacen en contra), y, en viceversa, los procesos redistributivos, anclados centralmente en el consumo masivo, carecen por completo de una idea de desarrollo sostenible incluso en el corto plazo. Un “para todos” que terminaba en un par de años siendo “para nadie”.

Hay que terminar con ese divorcio. La agenda de la estabilidad y del crecimiento es la agenda del progreso social. Ya está probado en el mundo y en distintos países de la región que sin una macro estable y un orden fiscal serio nada se puede. Pero, claro, con eso solo no alcanza. El “derrame” como factor exclusivo para la integración ya mostró muchas veces sus límites. Necesitamos crear una matriz que rompa la dinámica en la que estamos, y no pensar exclusivamente en secuencias: cómo crecemos primero y después cómo redistribuimos y contenemos a quienes quedan afuera. Fundar una matriz de inclusión social desde la producción. Anudar lo económico y lo social. La revolución argentina del siglo XXI: integrar a los excluidos al sistema desde la producción y no desde la redistribución.

Sin duda el desafío más grande de nuestro tiempo es este: construir un modelo de desarrollo con inclusión en el que entremos todos y todas. Para esto hay que tomar conciencia de que no vamos a lograrlo combatiendo al mercado, sino más bien ampliándolo y democratizándolo, potenciando las capacidades productivas que hay en la base de nuestros sectores populares de manera real y concreta. No es “combatiendo al capital”, sino instrumentando los medios para que todos tengan acceso a ese capital, sin el cual es imposible desarrollarse y crecer.

Todo esto implica generar marcos nuevos que nos permitan captar este valor e integrarlo. Animarnos a crear instituciones y reglas propias, que respondan a los desafíos que tenemos hoy. ¿Cómo integramos a la economía popular? ¿Cómo la integramos y captamos todo el valor que produce? ¿Cómo los sectores productivos dinámicos incluyen en el corto plazo a la base social? Son algunas de las preguntas que surgen como necesarias y urgentes para nuestro tiempo.

Todo esto seguramente necesite reinvención, asertividad para abordar los problemas y audacia y generosidad política para construir los marcos y los consensos necesarios. Para poder construir la diagonal que necesitamos. Para que ese aspiracional de trabajo, que nunca desapareció y que es transversal a todos los sectores -un verdadero sello argentino-, se traduzca en el corto plazo en una realidad para todos y todas. Salir de la trampa de las “o” argentinas: estado o “mercado”, redistribución o crecimiento, ortodoxia o heterodoxia, y muchísimas más. Poner una “y” donde tantos otros quieren seguir poniendo una “o”. La revolución de nuestro tiempo: un país en el que entremos todos.

Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat · Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“En las próximas semanas vamos a estar trabajando en la construcción de un mecanismo que nos permita capturar parte de la renta inesperada, producto del shock que implica la guerra”. Era 18 de abril y Martín Guzmán anunciaba la medida junto al Presidente, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Frente al gabinete casi completo, gobernadores, sindicalistas y empresarios, el ministro de Economía prometía una herramienta para evitar que la situación global genere un efecto regresivo: que enriquezca a pocos y empobrezca a muchos. 

No pasaron solo semanas, sino un mes completo, pero el proyecto para gravar la “renta inesperada” no tomó forma ni fue enviado al Congreso para su tratamiento. La iniciativa se demora en la elaboración de la letra chica, pese a que es uno de los pocos intentos del albertismo que logró entusiasmar a la órbita de la vicepresidenta, que exige tomar cartas para que al crecimiento “no se lo queden cuatro vivos”. En ese mismo acto, el presidente Alberto Fernández le concedió –tal vez por primera vez en términos tan explícitos– al kirchnerismo que es en el plano de la distribución donde “está fallando el (su) proyecto”.

Del texto sólo se conocen los lineamientos originales; el “punto de partida” que planteó Guzmán para iniciar la discusión con “fuerzas productivas, laborales y políticas”. A diferencia del aporte extraordinario a las grandes fortunas, destinado a personas con patrimonio superior a los $200 millones, este instrumento se enfoca en empresas. Es un segmento muy pequeño del universo total de firmas, que el Gobierno estima en torno al 3% y está vinculado sobre todo al sector de alimentos y energía. 

Para ser alcanzadas por este gravamen, las empresas deben registrar ganancias netas imponibles superiores a los $1.000 millones al año. Además, esa ganancia tiene que evidenciar un incremento “significativo” respecto del año previo, “anormalmente alto”, y no estar explicada por alguna estrategia de inversión o innovación. Que sea, como la bautizaron en España, una ganancia “caída del cielo”.  Guzmán aclaró que si esa “renta inesperada” se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución exigida será menor. 

La crítica del sector cristinista es, en todo caso, que no sea más bajo el piso de ganancias netas imponibles, para incluir en el tributo a un porcentaje más amplio de empresas. Y, claro, la demora en la instrumentación. Todavía no ocurrió en este caso, pero en las últimas semanas el kirchnerismo intentó acortar los plazos de otras medidas clave con el lanzamiento de iniciativas paralelas: con un proyecto de Máximo Kirchner se aceleró la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil; con otro de Sergio Massa se empujó la suba del salario a partir del cual se paga Ganancias.  

“Estamos trabajando”, dijo el lunes Guzmán en una entrevista televisiva de Alejandro Bercovich en C5N. Aseguró que “hay mucho intercambio técnico” y que esperan, “en las próximas semanas”, enviar el proyecto a la Cámara de Diputados. “Ese es el estado de situación; se sigue trabajando en ese tema”, se limitaron a confirmar a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Economía.

El gravamen aparece como una estrategia, si no para evitar el traspaso de la suba de precios internacionales a las góndolas –mecanismo para el que son útiles, pese a sus efectos adversos, las retenciones que demanda Roberto Feletti– al menos para permitirle al Estado fondear políticas para fortalecer los bolsillos de argentinos y argentinas. De hecho, el anuncio del proyecto se dio en simultáneo con el del bono de “refuerzo de ingresos” para trabajadores informales, monotributistas de categorías bajas, empleadas de casas particulares y jubilados. 

Por la manera en la que fue anunciado, se esperaba que el bono fuera financiado por este impuesto, pero terminó por encararse con recursos propios del Tesoro. La primera cuota de $9.000 para trabajadores informales comienza a pagarse este jueves 19 de mayo, mientras que el proyecto para gravar la renta inesperada continúa en etapa gestacional. 

DT

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó este jueves el mecanismo que utilizará para instrumentar el “refuerzo de ingresos” que anunció el lunes el presidente Alberto Fernández, de $12.000 para jubilados y de $18.000 para trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y empleadas de casas particulares.  

En una conferencia de prensa, la titular de Anses, Fernanda Raverta, informó que el bono para jubilados y jubiladas se comenzará a pagar el 9 de mayo sin necesidad de que los beneficiarios hagan ningún trámite. En cambio, quienes quieran recibir el refuerzo de $18.000 (que se pagará en dos cuotas de $9.000, en mayo y junio) sí deberán hacer una solicitud en la web, que demandará dos pasos. La fecha de inicio de pago en este caso es el 19 de mayo y el otorgamiento está sujeto a una evaluación socioeconómica, patrimonial y de consumo que hará el Estado sobre la persona que lo solicita. 

En la conferencia de prensa en que fue anunciada la medida el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que se buscará financiarlo con una alícuota sobre las “rentas inesperadas” de las empresas beneficiadas por el cambio de condiciones globales. Sin embargo, ante una pregunta de elDiarioAR Raverta aseguró que la medida “se hará con recursos propios, pase lo que pase con ese proyecto”.

La titular del organismo previsional anticipó que el refuerzo alcanzará a 6,5 millones de jubilados, pero prefirió no dar un número tentativo de trabajadores informales, monotributistas y trabajadoras domésticas. La intención fue evitar que se repita lo que sucedió con el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020, cuando se generó una expectativa muy distinta al número final. En esa oportunidad, se estimó que el universo de beneficiarios no llegaría a los 4 millones, pero finalmente se inscribieron 14 millones y se aprobó a 9 millones. 

Detalles, fechas y requisitos 

El refuerzo de $12.000 será para jubilados y jubiladas que perciban hasta dos haberes mínimos, que suman un total de $65.260,80. Esto abarca a 6,2 millones de personas, que representan el 85% del universo de jubilados y pensionados. 

Quienes reciban este bono no necesitan hacer ningún trámite, sino que la asignación será automática y se definirá a partir de las bases de datos con las que ya cuenta la Anses. Aquellas personas que cobren más de dos haberes mínimos pero menos de $77.260,8 (equivalente a dos haberes mínimos más la suma extra) recibirán un dinero compensatorio hasta alcanzar ese monto. 

El bono para jubilados se comenzará a pagar el 9 de mayo y los primeros alcanzados serán aquellos con DNI terminado en 0. De todos modos, y para evitar que haya aglomeraciones en los cajeros, Raverta insistió en que quienes no vayan el primer día a cobrar podrán hacerlo cualquiera de los días subsiguientes. Una vez depositado, el dinero ya está garantizado. 

Sí es necesario inscribirse para recibir el bono de $18.000, que será pagado en dos cuotas de $9.000 en mayo y junio y está destinado a los trabajadores sin ingresos formales, monotributistas de la categoría A y B y trabajadoras de casas particulares. Luego de la inscripción, la Anses hará una evaluación socioeconómica, patrimonial y de consumo para evaluar si les corresponde. ¿Qué parámetros tomará el Estado para esa evaluación? 

-Que las personas a las que se les entregue tengan ingresos equivalentes a dos salarios mínimos, es decir, $77.800. Este monto aplica a la persona solicitante y no al grupo familiar, criterio que se utilizó para entregar el Ingreso Familiar de Emergencia en 2020. Ahora podrían incluso recibir el bono más de una persona dentro del mismo hogar.  En el único caso que se hará una evaluación no individual es en el de los jóvenes de entre 18 y 24 años; serán elegibles si en sus hogares hay ingresos menores a tres salarios mínimos ($116.700).

-Se mirarán los gastos hechos con tarjeta de crédito y débito. 

-Se evaluarán también los bienes. Si una persona tiene más de una vivienda el bono no le correspondería, así como no le correspondería si tiene dos autos o uno adquirido en el último año. 

-Se descartarán de la base a las personas que tengan cobertura privada de salud. 

La inscripción requiere dos pasos:

21 de abril: a partir de este jueves, y en el plazo de una semana, las personas interesadas deberán ingresar a la web de Anses y validar sus datos. Es decir, confirmar los que están registrados o rectificarlos en caso de que fuera necesario

28 de abril: se completa la inscripción con la solicitud del refuerzo. Ese día la persona deberá aceptar una Declaración Jurada y cargar su CBU. En caso de no tener uno (como ocurrió con 5 millones de solicitantes del IFE en 2020), deberá abrir una cuenta bancaria gratuita, para lo que se puede solicitar asistencia de Anses. 

Raverta señaló que busca que sea “un proceso más cuidado” que durante la IFE, donde hubo casos de personas que se hicieron pasar por otras para cobrar el beneficio o que capturaron parte del dinero al hacer de intermediarios. Una diferencia central será que las oficinas de la Anses estarán abiertas y, en caso de tener dudas o dificultades en el proceso, se podrá ir espontáneamente a las delegaciones físicas (no es necesario sacar turno) para pedir ayuda. 

El 5 de mayo la Anses informará a las personas si tienen derecho a cobrar el bono o no y el 19 de mayo comenzará el pago del refuerzo, que se hará de manera escalonada durante 10 días hábiles según la terminación del DNI. 

El bono es compatible con prestaciones sociales como la AUH, Potenciar Trabajo o la Tarjeta Alimentar. Es para personas de entre 18 y 65, excluyendo a las mujeres de más de 60 que estén jubiladas porque, en ese caso, reciben el bono de $12.000 para jubilados. 

DT

Este mes el Indec publicó datos sobre distribución del ingreso que mostraron una mejora respecto de 2018 y produjeron cierto grado de satisfacción, justificada sólo en parte. En los medios se puso el acento en el escaso nivel medio de los ingresos de las personas, lo que es cierto y, desafortunadamente, no es novedoso. También se ha señalado que la equidad distributiva había mejorado de manera significativa. Esta novedad, sin embargo, requiere mirarla con un poco más de detalle. 

Como en otros análisis socioeconómicos siempre es útil hacer las comparaciones con períodos similares del pasado. En este caso la cuantía del indicador (el siempre mencionado coeficiente de GINI) debe cotejarse con el año o los años precedentes referidos al mismo lapso (aquí sería el cuarto trimestre). En este sentido, una difusión no inocente desde el Gobierno propuso mirar los datos desde ese trimestre de 2018. Esto a pesar que el informe de INDEC comienza sus datos desde 2017.

Da la casualidad que el valor de la desigualdad a fines de 2017 es casi idéntica a lo que resultó a fines de 2021. Con lo cual, si este indicador es representativo, volvemos a estar en la misma situación de aquel entonces. La mera consideración completa del cuadro incluido en el informe del INDEC nos permite apreciar la similitud mencionada y también el parecido de los resultados a fines de los años 2018 a 2020. Sin dudas debe anotarse que 2020 fue el año sacudido tanto por la pandemia como por la forma en que se encaró enfrentarla: una cuarentena amplia y muy extendida en el tiempo.

Pero, en cualquier caso, cuando el actual gobierno endilga los males que debe corregir a sus predecesores (tal como lo anunció en la campaña electoral y en su inicio) y al mismo tiempo celebra datos como el de la mejora en la distribución del ingreso quizás queda a mitad de camino en el análisis, pues no se visualiza qué había pasado en el período previo -por ejemplo, 2016 y 2017- para proporcionar los valores del Indice de Gini tan parecidos al valor actual.

Son los últimos datos, pero no son actuales

Hoy la población, abrumada por la aceleración inflacionaria en los primeros meses de este año, no le dice demasiado lo que describe el informe sobre la situación a fines del año último. De manera que el hecho de que muchos hogares vieron incrementar sus ingresos a través que algunos de sus miembros pudieron volver al mercado laboral ve en la actualidad que la velocidad de los aumentos, son más intensos que la mejora de los ingresos de la casa.

Sin entrar en detalles, la cuantía de emisión monetaria en gran parte inspirada en el “plan platita” destinado a evitar una debacle electoral empezó a hacer sentir sus efectos un semestre más tarde. Al margen de la discusión conceptual, negar el impacto inflacionario de tamaña emisión conspira contra la posibilidad de encontrar caminos que corrijan el rumbo. Es cierto que con las disputas al interior de la coalición gobernante todo se torna más difícil, muchas veces más irracional.

Se recupera el empleo y cae el salario

A esto se agrega el dato sobre los niveles salariales. Para salvar la carencia de buena información sobre niveles de ingresos salariales, tomemos aquí los informes del Ministerio de Trabajo sobre los ingresos de los trabajadores registrados en el sector privado.

El gráfico ayuda a ver algunos elementos que no suelen aparecer habitualmente ante el lector. En primer lugar, la importante caída desde 2015 del orden del 13%. Hay quienes sostienen que la cifra es mayor, pero estos son los datos oficiales, llevados a pesos de enero de 2006 y haciendo los promedios anuales.

En segundo lugar, entre 2012 y 2018 (es decir el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y la gran parte del de Mauricio Macri) hay una escasa oscilación, donde el pozo y el pico se encuentran dentro del gobierno kirchnerista. En tercer lugar, se advierte una profunda caída en 2019, seguida por sucesivas desmejoras durante el gobierno actual. Así, el promedio de 2021 sería semejante al de 2010.

Todo esto en el marco de una caída del producto por habitante que nos acompaña desde 2011. Aquí la pandemia en 2020 profundizó la dinámica y 2021 recuperó algo de lo perdido entonces, estando lejos al PBI per cápita del dramático año de 2019.

¿Seguiremos bailando en la cubierta del Titanic? La dirigencia tiene la palabra y el conjunto de la población, finalmente, tiene su decisión.

 JL

Luego de ajustar la letra chica con su equipo durante el fin de semana de Pascuas en la residencia oficial de Chapadmalal, el Ministro de Economía hará anuncios para “mejorar los ingresos de los trabajadores”. Según pudo confirmar elDiarioAR, las medidas se darán a conocer luego de las 17 y, si bien todavía no está cerrado el itinerario, se espera que Martín Guzmán aborde después un vuelo a Washington para participar de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. 

Luego del dato de inflación de marzo –que fue de 6,7%, el más alto en los últimos 20 años– el Gobierno está enfocado en instrumentar una estrategia para mejorar el poder adquisitivo de los argentinos y argentinas, algo que le reclama con especial intensidad el ala del Frente de Todos más alineado con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. 

El domingo 10 de abril, tras regresar de su visita a Brasil, Guzmán estuvo en Olivos junto al presidente Alberto Fernández y empezaron a delinear el plan de mejora de ingresos que, por otra parte, hará más digerible el nuevo aumento de tarifas que está previsto para junio, post audiencias públicas. Luego de esa conversación el Ministro dio una nota en televisión para “alinear la política” y viajó el fin de semana a Chapadmalal. Volvió el sábado y volvió a conversar con el Presidente, como último paso previo a los anuncios oficiales. 

Si bien todavía no se informó el detalle de los anuncios, se especula con el lanzamiento de una “especie de” nuevo IFE, aunque mucho más acotado que el implementado en la pandemia (que fue de $10.000 para 9 millones de personas) y con otro nombre. Tampoco se descarta un bono fijo para trabajadores registrados, aunque esta vía había sido desestimada en las reuniones que mantuvieron funcionarios del gobierno con la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA), donde acordaron adelantar y reforzar la instancia de las paritarias. 

Una posibilidad es que la mejora de los ingresos esté financiada por una captura de la “renta inesperada” que tuvieron algunos sectores por el cambio de las condiciones globales. Sin embargo, no es la única alternativa. También está sobre la mesa instrumentar un anticipo del impuesto a las Ganancias a determinados sectores beneficiados por la suba de precios internacionales. Un camino alternativo, que eludiría aprobar un proyecto en el Congreso, sería fondear las medidas directamente en el aumento de la recaudación que trajo la propia inflación, aunque podría generar tensiones con el FMI y la meta de ajustar el gasto. 

Por la noche, luego de los anuncios, se prevé que Guzmán viaje a Washington para concretar lo que será el primer encuentro “cara a cara” con el staff del FMI tras la aprobación del acuerdo para refinanciar la deuda de $44.500 millones contraida por Mauricio Macri en 2018. El ministro tratará de posicionar a la Argentina como país elegible para la nueva línea de financiamiento que lanzará el organismo internacional reutilizando los Derechos Especiales de Giro que fueron enviados durante la pandemia a países que no necesitaron usarlos. El llamado Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad otorga un plazo de repago de 20 años –el doble que el rubricado en el acuerdo vigente– y permitiría migrar una parte pequeña de la refinanciación de la deuda –aproximadamente US$1.300 millones– a ese programa. 

Por otra parte, Guzmán buscará mostrar los avances hechos para cumplir con la primera revisión, que liberaría un nuevo desembolso de poco menos de US$4.200. Pero, sobre todo, iniciará discusiones para “recalibrar” el acuerdo a partir del cambio del contexto internacional, que disparó la inflación. El FMI presionará para mantener las metas y, en todo caso, ajustar las herramientas para poder alcanzarlas, mientras que el ministro buscará apoyo político para flexibilizar las metas o, en todo caso, pedir más plazo para cumplirlas.

DT

La distribución del ingreso registró en el cuarto trimestre de 2021 una mejora en el nivel de equidad, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Entre octubre y diciembre pasado, el ingreso per cápita familiar de las personas alcanzó un valor de 0,413 puntos, contra 0,435 de igual período del 2020, con una disminución de la desigualdad.

La mayor equidad en la distribución del ingreso quedó reflejada en el Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene a 0 (cero) como el nivel de mayor igualdad y al 1 (uno) como el de mayor desequilibrio.

El 60,4% de la población argentina percibió algún tipo de ingreso durante el cuarto trimestre del año pasado, con un monto promedio de $ 52.553 mensuales, informó esta tarde de martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Analizado por escala individual, el ingreso promedio del estrato más bajo (deciles 1 al 4) fue de $ 19.667; en el estrato medio (deciles del 5 al 8) de $ 50.622; y el del estrato alto (deciles 9 y 10) de $122.191.

En términos de género, el informe del Indec reflejó que los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $60.132, mientras que el promedio de las mujeres fue de $45.154 en el cuarto trimestre del año pasado.

Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de $ 55.512 y un ingreso mediano de $ 45.000 equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas.

DA