La Corte Suprema rechazó esta semana nueve recursos legales presentados en causas por presunto lavado de activos y supuesta corrupción que habían sido presentados en su mayoría por las defensas de acusados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Carlos Wagner y Aldo Roggio, el exministro Julio De Vido y el sacerdote Julio César Grassi, informaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal.

Los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz ​ tenían pendiente analizar una serie de recursos de queja presentados por abogados defensores en expedientes que datan de 2002 a 2020.

Además, la Corte aún tiene pendiente resolver siete recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por irregularidades en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Los planteos de la defensa de CFK buscan lograr la nulidad del juicio oral en trámite contra la expresidenta.

Desde mayo de 2019, la vicepresidenta es juzgada por el Tribunal Oral Federal número 2 junto a Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas, José López; y otros nueve imputados acusados de integrar una supuesta asociación ilícita para favorecer a la constructora Austral Construcciones, entre otras empresas de Báez, con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015. Las acusaciones incluyen supuestos sobreprecios e incumplimientos de obra. 

Este es el detalle de los recursos que rechazó la Corte

 LÁZARO BÁEZ 1

En el marco de la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se investiga el lavado de dinero en la financiera SGI (“La Rosadita”), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Lázaro Báez. Ello, por haberlo encontrado coautor del delito de lavado de activos, agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza.

Llegado en queja ante la CSJN, fue desestimada por unanimidad por incumplir los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la acordada 4/07 del Máximo Tribunal.

 LÁZARO BÁEZ 2

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 no había hecho lugar a las solitudes de excarcelación y de arresto domiciliario de Lázaro Báez, en el marco de una causa en la que se lo acusa de poner en circulación dinero proveniente de hechos ilícitos mediante distintas transferencias bancarias y operaciones simuladas que habrían tenido lugar entre diciembre de 2015 y julio de 2016, con el objeto de integrar esos fondos al circuito económico formal bajo apariencia de legalidad.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos de casación contra esas resoluciones, y luego su Sala IV declaró inadmisibles los extraordinarios.

La defensa de Báez presentó sendos recursos de queja ante la CSJN que, por unanimidad, los desestimó por inoficiosos (inconducentes o no pertinentes).

 JULIO DE VIDO 1

La Cámara Federal de Casación Penal, en el marco de la causa conocida como “Sueños compartidos”, había rechazado in limine la recusación del juez Borinsky efectuada por la defensa de Julio de Vido.

La defensa llegó en queja ante la Corte Suprema y el recurso fue rechazado con la firma de todos los ministros por falta de sentencia definitiva (no se ataca una sentencia definitiva o equiparable, que habilite su revisión por la última instancia).

En esta causa se investiga el presunto desvío de más de $206.000.000 de su fin específico (viviendas sociales). Dicho dinero habría sido transferido por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, dependiente del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación –a cargo de De Vido-, a las jurisdicciones locales, y luego canalizado a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

 JULIO DE VIDO 2

En el marco de la causa en la que se investiga a Julio De Vido -entre otros- por una maniobra fraudulenta en la importación de gas natural licuado realizada entre 2008 y 2015 por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que generó un perjuicio al Estado de u$s 6.995.926.798, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el planteo de excepción de cosa juzgada.

La defensa de José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi llegó en queja ante la Corte que, por unanimidad, lo desestimó en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 JULIO DE VIDO 3

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había apartado a la Unidad de Información Financiera (UIF) del rol de querellante que le fue otorgado en el marco de la causa en la que se investiga a Julio De Vido (entre otros) por haber entregado presuntamente en forma sistemática a empresas de transporte público automotor subsidios superiores a los que correspondían, ocasionado un perjuicio al Estado Nacional estimado en $609.326.186,25 entre julio de 2003 y marzo de 2014.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso contra esa decisión. La UIF presentó un recurso de queja contra lo resuelto, el cual la CSJN, por mayoría, consideró inadmisible en virtud de lo dispuesto en el art. 280 del CPCC.

 MARCELO BALCEDO

Un caso en el que se investiga al Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación, Marcelo Balcedo (entre otros) por el delito de lavado de activos, llegó en queja ante la Corte por no haberse hecho lugar al pedido de recusación del juez Kreplak.

La Corte, por unanimidad, desestimó el recurso por “falta de sentencia definitiva” (no se ataca una sentencia definitiva o equiparable, que habilite su revisión por la última instancia).

En la misma causa se desestimó, por igual motivo, un recurso de queja similar presentado por la defensa de Myriam Reene Chávez, madre de Balcedo.

 JULIO CÉSAR GRASSI

En el caso en el que se investiga al cura Julio César Grassi por el delito de peculado de caudales públicos por haber, presuntamente, utilizado los fondos de la Fundación Felices los Niños para el alquiler de dos quintas, su defensa había pedido la nulidad de las filmaciones incorporadas como prueba en la investigación y el sobreseimiento de Grassi.

Una resolución judicial rechazó esos pedidos y dispuso la elevación a juicio, contra lo cual se presentó un recurso de queja por extraordinario denegado. La Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó el recurso, y la defensa interpuso un extraordinario, que el máximo tribunal provincial declaró inadmisible.

Contra esta decisión, la defensa de Grassi acudió en queja a la CSJN, desestimada en forma unánime por incumplimiento de los términos establecidos en la acordada 4/07.

 CARLOS BEN – ALDO ROGGIO – CARLOS WAGNER

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el procesamiento sin prisión preventiva de Carlos Ben, en la causa en la que se investiga el direccionamiento en los procesos licitatorios de dos proyectos de infraestructura que se inscribieron en el marco del denominado “Plan Director de Aguas y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima” (AySA). Estos proyectos habrían comenzado incluso antes de su publicación.

En el caso se investiga también el pago de dádivas por parte de las empresas ganadoras a las autoridades del organismo para asegurarse las adjudicaciones de las obras u otras ventajas, habiéndose abonado en sendos casos una suma considerablemente mayor a la originariamente prevista por las obras que, a su vez, sufrieron demoras en su desarrollo que excedieron holgadamente los plazos previstos.

La defensa de Ben llegó en queja ante la CSJN, que en fallo unánime desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva.

En la misma causa, Aldo Benito Roggio interpuso una queja similar, desestimada en los mismos términos que la anterior (CFP 1614/2016/141/1/RH36 ROGGIO). Y lo mismo con relación a Carlos Enrique Wagner (CFP 1614/2016/140/1/RH37 WAGNER).

 ALEJANDRO COLOMBO

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 había rechazado un planteo de excepción de falta de acción en el marco de la causa en la que se investiga al ex Director de Publicaciones del Senado Alejandro Colombo –entre otros–, por un posible fraude en la Imprenta del Congreso entre 1993 y 1999, que habría generado un perjuicio a la Tesorería del Senado por $2.111.720.

Contra esa resolución, la defensa de Colombo llegó en queja ante la CSJN, que lo desestimó en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

 IG