Bruno Corda es el director de la Agencia Nacional para la Administración y el destino de los bienes secuestrados y confiscados a la criminalidad organizada en Italia (Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ANBSC), un organismo creado para gestionar los activos de las mafias y entregarlos a la sociedad civil para su reutilización social. Recibió a elDiarioAR en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde se tenía prevista una reunión con 19 delegaciones de la Unión Europea en un encuentro organizado por Proyecto Bien Restituido y el Programa Copolad III.

Italia es el primer país del mundo en crear un sistema para el uso social de los inmuebles, vehículos, yates, fábricas, campos y empresas del crimen organizado. Mientras el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y la extorsión potencias sus ganancias y van un paso adelante de los Estados, Italia quiere que el mundo imite su esquema para darle la “bofetada” real a la delincuencia organizada: meterse con su dinero, quitárselo y entregárselo a la sociedad civil.

Corda llegó a Buenos Aires a mediados de la semana última para participar de un encuentro organizado por la Unión Europa y la organización social Libera, que impulsa en Italia esta idea desde la década de 1990. Especialistas, jueces, fiscales, autoridades y representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y legisladores nacionales de siete bloques parlamentarios mantuvieron reuniones e intercambiaron ideas para avanzar con un proyecto de ley, Proyecto Bien Restituido, presentado por Libera y otras organizaciones, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y establecer este sistema en el país.

En Italia, la agencia que dirige Corda cumple un rol esencial: es la encargada de administrar y entregar a la sociedad civil los bienes incautados, que pasan a ser propiedad del Estado pero regresan a la ciudadanía a través de las ONGs, que quedan a cargo de los activos para su uso social.

–¿Por qué cree que se decidió tener este encuentro internacional en Argentina?

–Porque Argentina es el país que, más que otros en América Latina, está avanzando en un tema que es central para nosotros, que es el de la recuperación y, sobre todo, la reutilización social e institucional de los bienes decomisados. Ya se ha presentado un proyecto de ley que seguramente será objeto de grandes debates, pero la filosofía que se guarda dentro de esta ley es sin duda muy, muy justa y, sobre todo, muy cercana a la legislación italiana, que ya tiene más de diez años y que, por lo tanto, ya ha mostrado luces y sombras, lo positivo y lo negativo, y también ha llevado adelante cambios en la propia ley.

–Europa aprobó recientemente una directiva para favorecer el recupero de bienes del crimen organizado. ¿Cómo será ese proceso?

–Ahora los países deben aprobar esta directiva en un plazo de tres años y por tanto habrá tiempo para adaptar su legislación. Un elemento muy importante es el de la llamada fase de congelamiento, que para nosotros corresponde al embargo de activos, que tiene lugar en la primera fase judicial. Es una ley muy avanzada desde este punto de vista y también muy fuerte porque prevé la venta de bienes en los casos en los que se produce una pérdida significativa del valor del propio bien. 

Cada vez es más común en Italia que el sujeto delincuente no necesariamente se impone en el territorio a través de la violencia sino a través del consenso.

–¿Por qué es importante el congelamiento de los bienes del crimen organizado?

–Este es un tema muy importante porque en realidad el paso del tiempo es algo que lleva al deterioro de los bienes y sobre todo crea dificultades. Poder intentar proteger el valor del activo de esta manera significa recuperarlo en lo que a la economía legal se refiere. Entonces, en el caso de que la persona a la que se le confiscaron los bienes sea beneficiada en el futuro con su devolución, el Estado o el demandado debe devolverle un valor que corresponda al momento en que se le quitó el bien. Luego, por supuesto, la directiva de la UE implica otros temas importantes, como el intercambio entre diferentes países cuando un activo es confiscado en un país diferente pero es parte de un proceso que pertenece al país de origen, pudiendo así encontrar compatibilidad entre estas diferentes condiciones. A decir verdad, no tenemos muchos casos de bienes confiscados en el extranjero. Sin embargo también hay que decir que en el futuro el sistema transnacional de inversión en esta materia conducirá necesariamente a tener siempre un mayor número de estos bienes en el extranjero. 

–¿Cuáles han sido sus retos más importantes como funcionario a cargo de esta tarea?

–Fortalecer la estructura de la agencia era un elemento fundamental. La agencia nació con una plantilla muy reducida, de 30 personas. Ahora como plantilla seguimos adelante con los concursos y llegaremos a 410 personas, lo que nos da la posibilidad de una ampliación notable de nuestra actividad. Otro desafío importante fue hacer más transparentes y claros los procesos por los cuales los bienes llegan a destino y a su reutilización social. Hicimos esto utilizando una estructura de un sistema llamado conferencias de servicio. Alrededor de una mesa se encuentran todos los stakeholders, es decir, todos aquellos que podrían ser destinatarios del bien secuestrado y se deja claro cuál es la característica del bien que se va a reutilizar socialmente. Paradójicamente, podría haber llevado a alguien a ver que los activos tienen sus propios problemas críticos, son difíciles de administrar y recuperar. Eso podría haber llevado a alguien a decir “no lo aceptaré, me crea más problemas de los que resuelve”. En realidad ha ocurrido exactamente lo contrario: el hecho de entender cuáles son los temas críticos, incluidas las características del propio bien, ha provocado un aumento de entrega de bienes en los últimos tres años. Ese aumento ha sido de 265%. Otro desafío importante es el que concierne a las empresas: hay que convertirlas en economía legal. No todas son capaces de superar lo que se llama el shock de legalidad, es decir, pasar de una economía ilegal a una economía legal.

–¿Cómo funciona el shock de legalidad?

–La economía ilegal evidentemente disfruta de una serie de ventajas ilícitas, no paga salarios, no paga cargas sociales a los trabajadores y por tanto se encuentra en una situación fuera del mercado. En este caso, poder llevar empresas de una economía ilegal a una legal lleva evidentemente a que algunas empresas se queden afuera y no estén en condiciones de hacerlo. Hemos intentado separar aquellas empresas que no han existido nunca como tales porque eran cajas vacías, es decir solo funcionaban como estructuras de blanqueo, por lo tanto nunca han tenido trabajadores, nunca han producido nada más que facturas falsas. Obtuvimos un cambio regulatorio para agilizar esto, poder cancelarlas, darlas de baja. Hemos logrado una gran colaboración con los magistrados para que la agencia esté involucrada desde el momento de la incautación y así podamos opinar sobre el destino de la vida de las empresas para que no la encontremos ya destruidas al momento de tomar su administración.

–Uno de los principales problemas de Argentina es la discrecionalidad de los funcionarios del Estado. De hecho nuestro sistema actualmente funciona a discreción del juez de cada caso, quien decide a quién y cómo entregar ese bien secuestrado. ¿Cuáles cree que son las claves para evitar la discrecionalidad a la hora de distribuir y entregar a la sociedad civil estos activos recuperados del crimen organizado?

–La claridad de la ley. Sólo la claridad de la ley evita la discrecionalidad. La capacidad de interpretar la ley es un elemento absolutamente indispensable. Los hombres no son máquinas y la aplicación de la ley no puede ser uniforme en todas las situaciones. Interpretemos la ley, pero con una dirección absolutamente clara. Y sobre todo que esté claro que la ley es la misma para todos. Al mismo tiempo no es posible pensar que exista una norma que no esté sujeta a interpretación también porque la norma no se compone de casos individuales sino que se elabora precisamente a partir de una visión general del derecho y del tratamiento de este particular asunto. Lo que significa que no todos los casos pueden sumarse a esa norma. Y volviendo a nuestro caso, tenemos cambios bastante frecuentes en la legislación antimafia y esto, sin embargo, no debe interpretarse como que cometimos errores, sino que los delincuentes son muy rápidos y nosotros debemos ser igualmente rápidos para encontrar los remedios cuando tenemos que, por así decirlo, enfrentarnos a este sistema. Es una guerra real para la que siempre debemos encontrar nuevas formas de lograr la meta, por lo que necesitamos, basándonos en nuestra experiencia, cambios regulatorios que luego puedan orientar hacia los nuevos desafíos. Estamos frente a un enemigo que siempre cambia de posición, siempre inventa cosas nuevas y por eso también debemos adelantarnos de alguna manera.

Argentina es el país que, más que otros en América Latina, está avanzando en un tema que es central para nosotros, que es el de la recuperación y, sobre todo, la reutilización social e institucional de los bienes decomisados.

–¿Cuáles son los elementos centrales dentro del Estado para que un organismo como el que usted dirige funcione?

–Seguramente el hecho de que el Estado esté convencido de la utilidad de esa agencia, de que debe dar todo el apoyo necesario en esto. El Estado debe darse cuenta de que los bienes que administramos son activos complicados porque provienen de una entidad criminal. Muy a menudo en nuestro caso el inmueble es destruido por el criminal antes de que pase a ser propiedad del Estado, como si fuera una bofetada final que el criminal le da al propio Estado. Y así teniendo el apoyo del Estado en la creencia de las bondades y las dificultades que se encuentran en la gestión de esta actividad, creo que es verdaderamente la mayor ayuda que un Estado puede dar a una agencia como la nuestra y a la lucha contra las organizaciones criminales.

–¿Y cuáles deben ser las circunstancia por fuera del Estado para que un organismo así funcione?

–El hecho de que las personas están convencidas de la necesidad de que los bienes puedan volver a tener una nueva vida y que por eso cuando son llevados del sujeto criminal a la sociedad civil o incluso a las instituciones encuentren una nueva existencia. Sólo en pocos casos hemos visto que el delincuente vuelve para reclamar los bienes y destruirlos después del acto de transferencia. Pero el problema tiene que ver más con que, especialmente por parte de las generaciones jóvenes, hay una creencia de que el delito no paga. Cada vez es más común en Italia que el delincuente no necesariamente se impone en el territorio a través de la violencia sino a través del consenso, es decir, por el hecho de que ese modelo particular, el del delincuente, se considera válido. El joven ve eso, que ir a robar o estar dentro de un grupo criminal es algo que rápidamente te da dinero y una buena vida. Demostrar que el Estado le puede quitar esos bienes al delincuente, que son la manifestación externa de su actividad -la hermosa casa, el hermoso auto, la hermosa moto- y hacer que alguien más los reutilice, creo que es la mayor lección que se le puede dar a la sociedad civil.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de junio de 2024 a las 10:08 para agregar la participación del Programa Copolad III.

ED

Tatiana Giannone es italiana y llegó esta semana a Buenos Aires para participar del encuentro entre la Unión Europea, países de Latinoamérica y el Caribe para mejorar el decomiso de bienes y activos del narcotráfico con un objetivo: darles un uso social. Giannone tiene a su cargo el área de bienes incautados al crimen organizado en la asociación Libera, la organización civil más importante de Italia en la lucha contra las mafias y el crimen organizado, una red que impulsó en su país la reutilización social de los bienes de los mafiosos y que busca replicar esta iniciativa en Argentina y otros lugares del mundo.

Giannone se unió a Libera en 2009, mientras estudiaba Ciencias Políticas en la universidad e inmediatamente supo que su vocación era ocuparse de parte de la administración de los bienes confiscados al crimen organizado que realiza Libera en un proceso en el que intervienen el Poder Judicial y organismos del Ejecutivo. Desde entonces, ha participado en numerosos procesos de reutilización social de estos activos: vehículos, propiedades inmuebles, fábricas, campos. Un golpe económico a los mafiosos que ha demostrado que regresa a la sociedad como una caricia virtuosa.

En Argentina, Libera es una de las organizaciones que impulsan el proyecto de ley Bien Restituido, que busca replicar el modelo italiano en el país y sancionar una normativa que organice, ordene y sistematice la incautación de estos activos del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción e incluso delitos ambientales y su uso social. El proyecto de ley fue presentado a principios de mayo en la Cámara de Diputados, con consenso de casi todas las fuerzas políticas, desde La Libertad Avanza (LLA) hasta Unión por la Patria (UP).

–En tantos años de trabajo en Libera, ¿cuáles son los proyectos de restitución de bienes de la mafia que más le han impactado? Sus favoritos…

–Es difícil elegir un proyecto. Seguramente algunos han sido un ejemplo para otros y han desbloqueado, por así decirlo, muchas cuestiones críticas, muchos obstáculos. Uno muy importante en el norte de Italia, en la provincia de Lecco, en Lecco, que es una ciudad de Lombardía, donde se encuentra una pizzería que perteneció a un jefe de la Ndrangheta y se ha transformado en una pizzería gestionada por una cooperativa social. Y ahora, en definitiva, funciona, siempre está lleno y dan empleo a personas que tienen vulnerabilidades y tienen discapacidades físicas, vienen de caminos difíciles. Y fueron necesarios 25 años para realizar este recorrido, por lo que lamentablemente la propiedad estuvo cerrada durante 25 años, pero al final fue reabierta. Y esto también nos enseñó a hacer networking con instituciones. Qué importante es que la sociedad civil hable con la Agencia (la Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), con el Alcalde, con la Región, con las prefecturas, con todos los órganos gubernamentales nacionales y locales, para acelerar el proceso. Y para nosotros, en resumen, fueron muy importantes también las cooperativas agrícolas del circuito Libera Terra y son una parte de la vida de Libera, que se encuentran sólo en el sur de Italia y que fue un desafío para Libera en el año 2000. Crear cooperativas de la nada y, por lo tanto, capacitar a los jóvenes, a la gente para abrir una cooperativa y luego también dar a los jóvenes la posibilidad de reutilizar las tierras confiscadas.

Sabemos que no podemos hablar de mafias como hablábamos hace treinta años y por eso está el desafío que nos exige adaptar nuestro lenguaje al de la sociedad civil.

–¿Qué otras enseñanzas le han dejado estos años con respecto a cómo llegar y relacionarse con una comunidad que durante años, incluso décadas, estuvo gobernada por la mafia, cooptada, en algunos casos por los grupos criminales?

–Cuando llegas a una comunidad siempre es difícil y al principio lo era aún más. Ahora en Italia también se habla mucho más de reutilización de bienes, hay muchas iniciativas y es más fácil crear caminos. Al principio hay mucho miedo de trabajar para una cooperativa que no está vinculada al jefe (de la mafia) porque el jefe a veces todavía tiene a la familia en la zona, entonces se siente el vínculo fuerte. La diferencia se hizo en hacer entender a la gente que esta podría ser una oportunidad de trabajo y de crecimiento, que podría ser la oportunidad de tener un contrato real de trabajo, de tener un salario justo, de trabajar sin tener que hacer favores, sin tener que, por así decirlo, estar al servicio de un capo o de un narcotraficante, de un corrupto. Y esto marcó la diferencia, cuando la gente empezó a comprender que los bienes confiscados podían ser un recurso económico para la comunidad, se dieron muchos pasos adelante.

–¿Qué espera de este encuentro internacional en Argentina?

–Creo que es importante haber puesto sobre la mesa tantas realidades porque la idea que mueve Libera, que mueve también las redes internacionales de Libera, es la de encontrar cómo abrirse paso. Hace treinta años que venimos experimentando con acciones que pueden derrotar al crimen organizado. Hoy sabemos que este es el camino correcto y por eso es importante. Argentina puede ser el precursor de este camino, puede ser la primera nación después de Italia en aprobar esta ley y puede ser la nación que ayude a sus estados vecinos a que también den este paso. Lo importante para nosotros es seguir celebrando reuniones también en Italia, seguimos celebrándolas en Europa y nos gustaría empezar a celebrarlas también en África. Nuestro trabajo debe ir encaminado a impulsar a otros Estados a seguir el mismo camino que nosotros.

–¿Cómo dio los primeros pasos desde Libera para trabajar con la comunidad en una Italia signada por la mafia?

–Esta es difícil (se ríe). Creo que el momento histórico marcó la diferencia porque cuando nació Libera habían ocurrido dos masacres en Palermo en las que perdieron la vida los jueces y los escoltas que en ese momento trabajaban en el megajuicio, y hubo atentados en Roma, Milán y Florencia que se cobraron víctimas, víctimas inocentes. Y era una época en la que el país estaba muy conmocionado. Frente a eso, la idea era decir: organicemos una respuesta. La novedad de Libera, la revolución, fue crear una asociación formada por asociaciones, por lo tanto, todos adentro y haciendo lo que ya hacían pero en conjunto: la protección del medio ambiente, la protección del trabajo. Decidimos sentarnos en una mesa para decir: esto es lo que hago, cómo lo uso para poder derrotar la presencia del crimen organizado. Era importante porque realmente nos permitía organizarnos. La revolución contra el crimen organizado fue una respuesta económica, educativa, social y cultural.

El primer desafío fue demostrar que los lugares que pertenecían al crimen organizado pueden cambiar y convertirse en formas de economía legal.

–Han transitado un largo camino. ¿Cuáles siguen siendo los desafíos en la lucha contra la criminalidad organizada?

–Hay muchos desafíos porque, así como el crimen organizado y la corrupción evolucionan, también deben evolucionar las respuestas. Por eso, incluso cuando hablamos de reutilización social, no es un tema cerrado para nosotros. Actualizamos continuamente nuestras reflexiones sobre la legislación, pedimos que se actualice la legislación, leemos las sentencias, estudiamos nuevas formas de diseñar la reutilización porque la reutilización ha cambiado desde 1996 hasta hoy, necesitamos nuevas reflexiones. También tenemos desafíos en educación: sabemos que no podemos hablar de mafias como hablábamos hace treinta años y por eso está el desafío que nos exige adaptar nuestro lenguaje al de la sociedad civil. Entonces, en realidad, los desafíos siempre están ahí y todos son un poco iguales que hace treinta años porque los objetivos son los mismos, pero obviamente tenemos que asegurarnos de adaptarnos al mundo que nos rodea. Luego tenemos grande desafíos internacionales, como el proyecto Bien Restituido en Argentina, con el desarrollo de una red, con todo el trabajo que se hace en los demás Estados de Europa, la nueva directiva recientemente adoptada allí. Nuestro desafío será lograr que los estados puedan no sólo adoptar sino cómo luego darle vida. Estamos ahora comenzando nuestro trabajo en África y nuestro desafío allí también es llevar nuestra visión de proteger los derechos humanos de la ciudadanía activa y darle participación a un continente que precisamente necesita mirar hacia adelante.

–¿Qué mensaje le gustaría dejar a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina que de aprobarse esta ley podrían estar pronto frente a la posibilidad de administrar bienes del crimen organizado para darle uso social?

–Creo que el primer desafío, el primer objetivo, que fue un poco también el objetivo que nosotros nos propusimos en Italia en 1996, es demostrar que los lugares que pertenecían al crimen organizado pueden cambiar y convertirse en formas de economía legal porque pueden generar empleos en los que trabajo genuino, entidades que pagan impuestos y pagan contratos legales de trabajo. Entonces creo que el primer desafío fuerte es este porque incluso los ciudadanos que no están involucrados y que no están en las asociaciones, que tienen una vida alejada del compromiso social, cuando ven que un edificio que fue de un narco se convierte en una casa de la hospitalidad, una empresa se convierte en una cooperativa de trabajo en la que la gente puede prosperar, entonces la percepción que uno tiene del crimen organizado también cambia porque uno realmente puede ver las ventajas de lo que supone activar una lucha contra las mafias y la corrupción.

ED/DTC

Un proyecto de ley logró lo que parecía imposible: el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, desde Unión por la Patria (UP) hasta La Libertad Avanza (LLA). El proyecto de ley Bien Restituido es una iniciativa de un grupo de ONGs que busca la reutilización social y económica de bienes decomisados al crimen organizado y el desmantelamiento patrimonial de la delincuencia organizada en favor de la sociedad civil. Lo que plantean es un cambio total del sistema actual porque parte de un nuevo concepto: que las ganancias ilícitas se transformen en lícitas y se vuelvan a favor del desarrollo de la comunidad afectada por esos crímenes. Así, el producto de actividades criminales como el narcotráfico y la trata de personas hasta delitos ambientales y la corrupción serían aprovechados por la sociedad lesionada por los criminales.

“Actualmente, el sistema puede derivar en que los bienes se echen a perder porque no son bien conservados o puede derivar en que haya arbitrariedad en su asignación porque cada juez decide qué destino darle a los bienes secuestrados en sus causas. Eso sucede porque no existe un sistema racional de administración de los bienes recuperados. La ley tiene que establecer un sistema”, afirma el juez federal Sebastián Casanello, uno de los impulsores y asesor jurídico de la iniciativa, en diálogo con elDiarioAR.

El proyecto de ley fue motorizado por la organización Libera, pionera en la restitución de bienes de las mafias en Italia, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Multipolar y el Circolo Giuridico di Argentina. Tiene, además, el apoyo de unas 50 organizaciones de la sociedad civil, desde Cáritas Argentinas, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA). También de las tres centrales obreras, la organización Scholas Occurrentes, la Unión de la Economía Popular (UTEP) y cuatro asociaciones de jueces y fiscales.

En 2022, durante la presentación del proyecto, el Papa Francisco envió su apoyo a través de una carta, en la que sostuvo que el proyecto era para el Estado argentino “una oportunidad de volver a mirar a la gente creando oportunidades allí donde no existían (porque el crimen organizado suele ocupar los espacios donde las instituciones están ausentes o funcionan mal)”. 

Luego de tres años de trabajo y un concurso ganado ante la Unión Europea (UE), el proyecto de ley fue presentado el 2 de mayo último en Diputados, con una mesa que incluyó a los diputados Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria), Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal), Carlos D´Alessandro (La Libertad Avanza) y Pamela Calletti (Innovación Federal).

–¿Cómo nació este proyecto de ley? 

–La idea original es de Emiliano Cottini y Lucas Manjón (Libera), dos grandes referentes de la sociedad civil. Ellos se enteran de la convocatoria de la Unión Europea (UE) dirigida a proyectos de la sociedad civil. Nosotros estábamos trabajando, estudiando el modelo italiano, y ellos vieron ahí la oportunidad de presentarse al concurso de la UE y formular un proyecto que viniera de la sociedad civil y que intentara generar una política pública de restitución de bienes recuperados. Me lo cuentan, a mí me parece muy interesante y di mi visión siempre como un operador judicial y desde mi punto de vista de la técnica jurídica. Lo interesante es que la idea venía de la sociedad civil en busca de una política pública porque vos podés tener proyectos en la sociedad civil que repercuten de manera indirecta en el Estado, pero este era un proyecto que salía de la sociedad civil y buscaba que se consolide una política pública de uso social

–¿Por qué estudiaban el modelo italiano de recuperación de bienes?

–Porque es el más importante a nivel mundial. Es reconocido por el GAFI, de donde surgen todas las políticas para perseguir el lavado de activos. Una de esas políticas es recuperar los bienes, pero si vos pensás en recuperar los bienes del crimen organizado tenés que pensar en cómo los vas a administrar. Cuando se discute entre los países cómo administrar eficientemente sobresale Italia como país líder con un sistema virtuoso de administración de bienes recuperados. El mundo entero lo está viendo. Nosotros lo conocíamos desde hacía varios años por la vinculación que teníamos con Libera. En vez de ser algo que viene desde arriba y busca ser impuesto, obedece un poco a una demanda ciudadana. Y eso es lo robustece.

–Durante la presentación del proyecto, dijo en el Congreso que el sistema actual es obsoleto. ¿Cómo funciona?

–Lo que es obsoleto es la Ley 20.785, que es la ley que rige actualmente para el recupero de los bienes. Hay provincias que tienen regímenes de administración de activos recuperados. Pero lo que hay es una ley vieja, de 1974, con modificaciones y parches posteriores, que tiene como objeto principal la subasta. La regla es la subasta porque el objeto secuestrado está concebido como un problema que hay que intentar solucionar lo antes posible. Y la mejor manera es subastar, ponerlo a la venta y convertirlo en dinero. Si bien tuvo buenas modificaciones a lo largo de las décadas, es una ley en la que no se advierten las oportunidades que puedan tener los bienes recuperados. Una década después, Italia da el primer paso señalando que la manera de desmantelar las organizaciones criminales que tienen esta dimensión económica era ir detrás de los activos de esas organizaciones, de la ganancia ilícita. Y luego da el segundo paso: una vez que se recuperan todos esos activos, que los puedan administrar desde la sociedad civil organizada. La ganancia ilícita no sólo incluye los objetos o efectos vinculados al delito, sino sus productos. En 2018, de manera muy concreta, la Corte Suprema ilumina el potencial que tienen los bienes recuperados en la reconstrucción del tejido social y en su importancia en el impacto en la ciudadanía. Hubo también iniciativas en el Poder Ejecutivo en la última década. 

–¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué propone de diferente este proyecto?

–Creo que primero hay que construir un sistema racional de administración de activos y tener una ley moderna actualizada que dé respuestas integrales a qué hacer con todos los activos que se están recuperando de la criminalidad. De ese modo se van a evitar los márgenes de discrecionalidad que ha habido y la porosidad que hay hoy. Actualmente, el sistema puede derivar en que los bienes se echen a perder porque no son bien conservados o puede derivar en que haya arbitrariedad en su asignación porque cada juez decide qué destino darle a los bienes secuestrados en sus causas. Eso sucede porque no existe un sistema racional de administración de los bienes recuperados. La ley tiene que establecer un sistema. La racionalidad es una palabra sumamente importante en el Estado de Derecho, en un Estado moderno, porque supone que uno lo que busca es seguridad jurídica, estabilidad, reglas de juego claras: qué es lo que debe hacerse con los bienes recuperados; quiénes los tienen que administrar; cuáles van a ser las obligaciones y responsabilidades de estas personas que lo van a manejar.

–¿Por qué se necesita una ley?

–Si no están claros los principios, el operador judicial (jueces, fiscales) no va a aplicar verdaderamente bien la herramienta. Un sistema racional de administración de activos permite inventariar, documentar, establecer de antemano lo que hay que hacer con cada uno de los bienes que se recuperan. También tiene que tener una orientación ideológica: establecer por qué esto es importante. Esto es importante porque eventualmente va a permitir no sólo desbaratar las bandas criminales, sino reparar a la sociedad en su conjunto. El mundo, no sólo la Argentina, está considerando que la visión centrada en la reparación de las víctimas de los grandes delitos es sumamente importante. Eso nos obliga a pensar la criminalidad organizada como una criminalidad que genera muchas víctimas. No confundir con que no tienen víctimas porque muchas veces no hay nombres y apellidos. Son delitos con víctimas y son muchas las víctimas. La extensión de la jurisdicción (de la Justicia) no se agota en establecer penas, sino que va a buscar solucionar el conflicto porque hay víctimas. Si busca solucionar el conflicto, va a tener en cuenta la reparación. 

–Cuando habla de criminalidad organizada, ¿hasta dónde abarca este concepto?

–Italia lo circunscribió a las mafias. La criminalidad organizada en lo que define la Convención de Palermo, justamente, el instrumento de donde se derivan las líneas directrices sobre cómo encarar el fenómeno de la criminalidad. El crimen organizado supone una dimensión económica y es increíblemente sofisticado, funciona como una empresa, con racionalidad. Por eso es sumamente importante que la respuesta estatal sea racional. La racionalidad significa que va a funcionar como una empresa. Lo que busca es maximizar ganancias, y para eso va a tener un planeamiento y una proyección de lo que es su negocio, los va a cumplir a rajatabla y va a incorporar lo último, como las empresas modernas. El narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, los crímenes ambientales, variables que generan un enorme daño social.

–¿Se podría aplicar a delitos ambientales?

–Sin duda, por ejemplo en casos de empresas que en sus cálculos económicos eligen contaminar porque su objetivo es la obtención de ganancias. Una manera de pensarlos es desde la criminalidad organizada. Uno puede pensar en un campo donde había un bosque nativo que fue talado como explotación, violando las leyes que lo prohíben y que buscan conservar la biodiversidad, y puede ser incautado y convertido en una reserva de biodiversidad administrada por la comunidad junto con el Estado. Bueno, ese es un ejemplo de uso social de un bien recuperado de un delito ambiental.

–Dijo en su discurso en el Congreso que el uso social no es asistencialismo. ¿En qué se diferencia?

–Que el uso social no es asistencialismo significa que los bienes recuperados no se regalan. Cuando hablamos de que la administración de bienes recuperados lo hace la ciudadanía de la mano del Estado, el privado está continuando esta tarea que tiene el Estado de solución del conflicto. Es como la última pata de la solución del conflicto. No es una indemnización.

–¿No sustituye la indemnización, van por lados diferentes? 

–No es una indemnización, es darle la confianza sobre ese bien recuperado a la sociedad civil organizada. Siempre de la mano del Estado porque va a tener que hacerlo, de hecho, siempre con presencia estatal, ya sea del control estatal o de asistencia estatal. Quien administre está cumpliendo una función pública, va a tener que rendir cuentas. No es asistencialismo, es empoderamiento. Uno está llamando a la comunidad para que participe de la solución de conflictos del Estado. Por eso es que el proyecto escucha las iniciativas de la ciudadanía. La ciudadanía organizada no puede ser cualquiera.  

Lo que es obsoleto es la Ley 20.785, que es la ley que rige actualmente para el recupero de los bienes.

–Cuando uno ve el modelo italiano, ve incluso fábricas recuperadas de la mafia administradas por organizaciones como Libera. ¿Cree que eso es posible en Argentina?

–Aún en Italia la recuperación de unidades productivas es la parte más difícil. Uno tiene cosas mucho más a la mano, más fáciles de realizar, y otras cosas más difíciles. Lo más ambicioso son las unidades productivas y es algo que ya en este momento hay que prestarle mucha atención porque la criminalidad organizada genera grandes ganancias que se transforman en inversiones que, a veces, se transforman en unidades productivas. Y también porque cada vez más se está hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (empresas). La corrupción lo tiene incorporado hace años en términos de temas de lavado de activos y todo ese tipo de criminalidad asociada a la persona jurídica, al crimen que comete la persona jurídica. Entonces hay que pensar: ¿conviene liquidar la empresa y convertirla en dinero bancario? ¿O reconvertirla? Darle un uso social y legal, transformarla en un símbolo de la superación del delito por el Estado de Derecho, un símbolo de la civilidad que se impone frente a la intimidación. Esto es lo que sucede con una empresa que fue inversión de ganancia ilícita o es manejada de manera ilícita por capitales ilícitos y se transforma y se convierte en algo distinto, en algo virtuoso. Entonces esto también está previsto en el proyecto de ley y se prevé en la medida de lo posible, su continuidad resignificada, porque detrás hay puestos de trabajo, etcétera.

–Es un cambio importante…

–Es un cambio total de paradigma. A nosotros nos sorprendió que el proyecto llegara hasta estas instancias. La Unión Europea tiene un régimen muy estricto de selección de proyectos. Eso a nosotros nos obligó no sólo a hablar de racionalidad, sino a ser muy racionales en todas las etapas durante estos últimos tres años que lleva realizando el proyecto. Cuando fuimos a buscar el mapa completo, nos dimos cuenta de que en la Argentina, de manera desordenada, había muchas iniciativas de tribunales, fiscales y jueces que preveían que determinados bienes podían ser aprovechados por la comunidad a través del uso social. La sensibilidad ya estaba. Nosotros estamos visibilizando que eso tiene que convertirse en un sistema racional. Una política de Estado. El cambio de paradigma ya se estaba produciendo. Además la ley prevé que esté todo publicado en la web. En Italia también hay un proceso detrás de cómo transparentar utilizando las nuevas tecnologías. 

–El consenso de distintos sectores sociales, políticos y religiosos fue central en el camino de este proyecto de ley. ¿Cómo se logró ese consenso?

–Desde el comienzo tuvimos en claro que esto tenía que ser una construcción colectiva y verdaderamente plural o no se hacía. Lo primero que hicimos, por ejemplo, hace dos años fue la primera etapa de concientización. Hablamos con los operadores judiciales. Eso también es muy inusitado y creo que es muy valioso que en esta iniciativa no se buscó imponer desde arriba del Estado ni sorprender a la ciudadanía y a los operadores del sistema. A través del diálogo con la sociedad civil organizada se formaron alianzas, al igual que en el Congreso. Son parte de este camino. 

ED/DTC

Luigi Ciotti es sacerdote, italiano, fundador y presidente de la organización Libera, una red de asociaciones de la sociedad civil italiana que lucha contra las mafias en su país. Francesco Menditto es fiscal de la República de Tívoli, Italia. La semana pasada, ambos llegaron a Buenos Aires para promover el Proyecto Bien Restituido, una iniciativa que busca sistematizar en Argentina el castigo económico a las organizaciones criminales, basado en el modelo italiano. Un modelo que tanto Ciotti como Menditto admiten que no es perfecto, que es producto de un arduo proceso que aún no culmina y que, si bien no ha logrado erradicar a las familias mafiosas, la corrupción y el narcotráfico en Italia, tiene en su haber la incautación de 4.000 millones de euros sólo en efectivo, acciones y valores generados por el crimen organizado.

El modelo se completa con la reutilización social de los bienes incautados: una vez secuestrados a los acusados, inmediatamente se destinan a un uso social sin esperar una condena. Si el acusado es encontrado inocente luego del avance del juicio, el bien le es restituido sin pérdidas para su dueño original, gracias a que fue reutilizado y puesto en valor, aseguró Menditto, quien además de ser fiscal penal, integra el Consejo Directivo de la Agencia Nacional para los Bienes Incautados y Decomisados, el organismo creado en Italia para poner orden y sistematizar la administración y entrega de los bienes incautados a mafiosos y corruptos.

Esta agencia es una de las bases del modelo italiano y no nació de la iniciativa de las autoridades sino de Libera. Se creó por ley en 2010, integrado por representantes de los ministerios de Justicia -en este caso es Menditto-, Economía, Interior y Políticas Sociales, y de la Fiscalía Nacional Antimafia. Tiene un consejo consultivo con miembros de la sociedad civil, los municipios, sindicatos y entidades empresarias.

A los mafiosos, el castigo económico les duele más que la cárcel, aseguran Ciotti y Menditto. “Un bien reutilizado con fines sociales es más importante que una comisaría. La policía es importante. Pero cuando los jóvenes pueden trabajar y ganar honestamente y bien por su trabajo y a través de actividades sociales en el territorio, allí se respira la legalidad y se respira la presencia del Estado”, aseguró Menditto en una entrevista con elDiarioAR.

El fiscal también asegura que la experiencia italiana demuestra que el castigo económico pega más en las mafias que la cárcel. “Estamos convencidos de que la prisión es muy importante, pero si les quitamos el dinero, se vuelven débiles y temerosos”. “La prueba es que en los procesos patrimoniales que se realizan para quitarles el dinero, la mafia pone muy buenos abogados defensores que hacen de todo para evitar el decomiso porque para ellos el decomiso es un daño enorme, mientras que la prisión es temporal, salvo excepciones”.

“El poder de la mafia está fuera de la mafia: en segmentos de la política que hacen negocios y tienen intereses juntos por consenso, los profesionales, abogados, contadores, financistas que colaboran con la mafia”, afirmó Ciotti a este medio “Hoy, en Italia, la mafia mata menos, dispara menos, pero eso no significa que la mafia sea más débil”, aseguró el sacerdote y dirigente social. Ahora, dice, son “gerentes” de sus negocios.

Cómo funciona

En Argentina, Bien Restituido es impulsado por Libera junto a tres organizaciones locales (Fundación Multipolar, el Circolo Giuridico de Argentina y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ); es financiado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina; y busca que la incautación y reasignación social de los bienes del narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y otros delitos del crimen organizado se realice de manera inmediata y sistematizada. En Argentina, actualmente, esa asignación queda a discrecionalidad de cada juez.

Es un camino arduo, afirman los italianos, pero es posible si existe el consenso de las fuerzas políticas y de los distintos poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Requiere además, una ley y una reforma que permita la creación de una policía judicial que respondan a los fiscales que investigan.

De unos 30.000 departamentos y terrenos confiscados y con sentencia firme, 20.000 ya están destinados a fines sociales en Italia. Otros 30.000 departamentos, terrenos y villas están en proceso de incautación, explicó Menditto. Se suman unos 12.000 vehículos (automóviles, aviones, veleros, barcos, motos, Ferrari y Porsche) confiscados definitivamente y otros 20.000 incautados en proceso. Además, Italia confiscó de manera permanente unas 3.000 empresas -de bares y supermercados constructoras, inmobiliarias, y hasta una cadena de servicio de limpieza y una compañía portuaria con bienes valuados en 250 millones de euros-, afirmó el fiscal. A la calculadora, se suman los 4.000 millones de euros en efectivo, acciones y valores.

Esos números sonaron como música para los oídos de algunos funcionarios, legisladores e intendentes que escucharon a Ciotti y Menditto durante la última semana. Ambos italianos fueron recibidos por Sergio Massa, Gustavo Béliz y Martín Soria hasta Cristian Ritondo y otros diputados de la oposición-; por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; y las Abuelas de Plaza de Mayo. Menditto explicó cómo funciona la agencia que administra la incautación de los bienes y su entrega con fines sociales.

¿Qué tipo de uso social se le da a los bienes?

Por ejemplo, recientemente hemos destinado propiedades inmuebles a mujeres víctimas de trata. En Italia, el número de teléfono nacional para que las mujeres víctimas de violencia pidan ayuda es gestionado por una asociación que tiene su sede en una propiedad confiscada. Y nos dimos cuenta de que, por ejemplo, los municipios usan mucho estos bienes confiscados incluso para personas que no tienen vivienda. El Municipio también puede arrendar estos bienes por un período y tener una renta. Pero hay que reutilizar ese resultado económico con fines sociales. También podemos asignar el bien, y esto es muy reciente, directamente a las asociaciones civiles. Y por tanto hay una convocatoria transparente en la que participan.

¿Cómo garantizan que la administración de estos bienes sea transparente y no caiga en la discrecionalidad?

En 2017, hemos establecido de forma clara y transparente cómo la Agencia debe asignar los activos. Así que tenemos reglas muy claras. Primero se consulta a los municipios. Si el municipio donde se encuentra o se incautó el bien lo quiere y tiene un proyecto de uso social del inmueble, se le asigna al municipio. Si no, a la Provincia o al Estado. 

A pesar de los avances, el miedo no ha dejado de ser una variable de la ecuación. “Uno de los problemas que tenemos es que los municipios no siempre quieren los bienes decomisados -explicó Menditto- porque a veces no hay disponibilidad, porque a veces hay zonas de infiltración mafiosa particular donde no hay voluntad de pedir los bienes. Hubo una serie de actos vandálicos contra los bienes. Sin embargo, la sociedad civil y las asociaciones que reutilizan los bienes decomisados, son centinelas del territorio y nunca se rinden, nos han ayudado mucho en esto. Libera no solo nos dio la ley sobre la reutilización de los bienes decomisados, sino que también nos permitió concretarla”, sostuvo el fiscal.

En Buenos Aires

Ciotti y Menditto también disertaron ante jueces y fiscales federales; representantes de sindicatos; cámaras empresarias; la Conferencia Episcopal; Caritas; miembros de las comunidades judía y musulmana; y ONGs. Los acompañó la jueza italiana Paola Di Nicola, de la Casación en Roma, y especialista en el rol de las mujeres en la lucha contra las mafias. En Argentina, los recibió el juez federal Sebastián Casanello.

Ciotti es activista social en Italia desde los 17, incluso antes de ordenarse sacerdote. En 1995 fundó Libera, una red de asociaciones de la sociedad civil que impulsó la ley que finalmente sancionó el Parlamento italiano en 2007 y permitió incautar y dar uso social a los bienes de la mafia de forma inmediata.

Entre las distintas estrategias de Libera en la pelea por el territorio copados por el delito organizado, Ciotti contó que su organización lleva a los jóvenes a las audiencias de los juicios y condenas de los mafiosos para que escuchen y vean de primera mano cómo terminan esos capítulos en los que pierde el crimen organizado.

¿Cómo se convence a una persona de desoír el llamado del crimen organizado cuando nació en la pobreza y ni siquiera un trabajo le garantiza la superación económica? Es lo que se preguntan desde hace años los especialistas en Rosario, Santa Fe, a medida que el narco y la violencia se come la calle y capta a los más jóvenes. Una de las formas centrales que encontró Libera es la reutilización social del patrimonio de la mafia, explicó Ciotti.   

En unos campos confiscados a la mafia en el sur de Italia, la asociación formó cooperativas de trabajo. Tras años de ensayo, prueba y error, hoy producen y venden en los supermercados sus productos con una marca propia reconocida por los italianos: vino, galletas, pastas, mozzarella de búfala. “Este año, la mozzarella de búfala de una de las cooperativas de esta red fue premiada como la mejor en superventas italianas. Entonces son los hechos, la concreción que habla. Necesitamos inundar nuestros territorios con confianza y esperanza. La gente necesita encontrar cosas concretas. De palabras, está cansada”, aseguró Ciotti.

La pandemia trajo otro fenómeno: ante la crisis económica que provocó el Covid-19, la mafia comenzó a comprar hoteles y pizzerías que cerraban porque no podían sostenerse, afirmó el presidente de Libera.

¿Cómo fue el encuentro con los diputados y funcionarios argentinos?

Fui directo. Les dije que hicieran un movimiento, que es urgente abordar estos problemas, que deben asumir sus responsabilidades. Debemos quietarles los bienes a los que están ejerciendo la violencia y actuando ilegalmente, a los que explotan a los demás. Deben ser devueltos al uso social, deben volver al bien del pueblo. Si no, son solo palabras.

Italia también tiene un interés en fomentar el decomiso sistematizado y ordenado en países como Argentina. Menditto contó: “Tenemos escuchas telefónicas donde los líderes de la mafia hablan entre ellos y dicen muy claro que temen las confiscaciones en Italia y que por eso se van al extranjero porque las confiscaciones no se hacen en el extranjero. Y los líderes de la Ndrangheta hoy están por toda Europa, están en varios países extranjeros. Si bien no podemos hablar de investigaciones en curso, buena parte del lavado de dinero de la Ndrangheta y la mafia se está dando en América Latina”.

La Iglesia también se está reorganizando para dar señales fuertes. A los grandes jefes no les importa la excomunión.

Luigi Ciotti.

El Papa

Jorge Bergoglio, quien envió una carta en apoyo al Proyecto Bien Restituido, que se leyó el martes último en la Facultad de Derecho frente a actores de todos los poderes: “Reconozco la importancia de este encuentro y me alegra verlos reunidos para buscar soluciones prácticas que ayuden a reparar el daño que el crimen organizado produce en la sociedad”, dijo el Papa Francisco a los jueces, fiscales y funcionarios reunidos para escuchas a los italianos. Ciotti tiene una excelente relación con el Sumo Pontífice.

¿En qué ha ayudado el Papa en esta lucha?

Su ayuda ha sido excelente. Unos meses después de que el Papa fuera elegido, le pregunté si estaba dispuesto a conocer a mil familiares de las víctimas inocentes de la violencia criminal en las calles. Y el Papa me dijo: “Voy”. Francisco se reunió con ellos y los escuchó. Les agradeció porque muchos de ellos van a las cárceles a llevar la palabra y ocuparse. Transformaron su dolor en compromiso, en testimonio. Después, Francisco se dirigió a los grandes ausentes, a los hombres y mujeres de la mafia: “Arrepiéntanse y cambien. Si no lo hacen, esto se convierte en un infierno”. El fin de la Iglesia es que todos se puedan convertir.

Muchos hombres de la mafia son hombres en apariencia religiosos. ¿Alguna vez evaluó la Iglesia excomulgarlos como un mensaje a toda la sociedad italiana? ¿Qué opina de eso?

No, la excomunión debe tener una función médica, debe ayudar a ser un estímulo, debe ser el último recurso. En el mensaje que el Papa ha enviado para estos días habla de justicia restaurativa. La Iglesia también se está reorganizando para dar señales fuertes. A los grandes jefes no les importa la excomunión. Tienen la idolatría del dinero, se sienten del lado correcto. Se ha creado un grupo de trabajo para proponer que en el derecho canónico, en la doctrina social de la Iglesia, en el catecismo, se explique qué son estos juegos criminales porque no hay nada escrito. Siempre con el fin de trabajar por la conversión.

ED

Paola Di Nicola Travaglini trabaja en la Justicia italiana desde 1994. Desde 2010, es jueza penal en el Tribunal de Roma y actualmente en el máximo tribunal penal, la Cámara de Casación. Allí, revisa las sentencias de otros magistrados del fuero, en un país marcado a fuego por las mafias, el crimen organizado y la violencia. “En el clan mafioso las mujeres no tienen libertad, ni dignidad, ni autonomía”, asegura en una entrevista con elDiarioAR, en Buenos Aires, donde estuvo esta semana para exponer su experiencia con jueces y fiscales argentinos. “La violencia contra las mujeres está arraigada en todos los lugares y en todos los contextos, pero en los lugares de la mafia es aún más profunda y es en esos territorios donde la violencia no es denunciada por las mujeres”, afirmó. 

A lo largo de su trayectoria, Di Nicola Travaglini ha podido estudiar cómo el Poder Judicial italiano investiga y juzga la violencia contra las mujeres en los contextos y territorios gobernados aún por las organizaciones mafiosas y este martes expuso sobre su experiencia frente decenas de jueces y fiscales argentinos en una jornada organizada por asociaciones de la sociedad civil, lideradas por Libera, la red antimafia en Italia, que busca promover en Argentina un sistema para que los bienes decomisados a las organizaciones criminales -del narco a la trata de personas- sean devueltos a la comunidad con fines sociales.

También fue asesora jurídica de la comisión de femicidios y todas las formas de violencia de género del Senado italiano, es autora de numerosas publicaciones y fue galardonada con premios por su compromiso con la lucha de las mujeres en su país y en el mundo - Premio de la Unión Europea “Mujeres que inspiran a Europa” en 2014-. En las mafias, las mujeres representan una paradoja que los jueces italianos no han podido o querido detectar, asevera Di Nicola Travaglini: “Es gracias a las mujeres que se perpetúa el sistema mafioso. No valen nada para la mafia, pero lo son todo para la mafia”. Explicará por qué. 

Si leyéramos los indicadores evidentes, visibles y claros de la violencia machista contra la mujer, inmediatamente seríamos capaces de romper la estructura mafiosa

De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es el rol de las mujeres en la lucha contra las mafias?

Tanto las mujeres que culturalmente se integraron a esa asociación delictiva, como las que no se integraron y se rebelaron, ambos tipos de mujeres son víctimas de la violencia mafiosa porque en el clan mafioso las mujeres no tienen libertad, ni dignidad, ni autonomía. Ninguna mujer elige libremente no ser libre, no ser autónoma. Entonces, en cualquier caso, no se puede considerar que tengan un papel en el que hayan decidido quedarse. Aunque sé que las mujeres mafiosas a veces son las más vengativas o violentas en comparación con las que violan la regla. Una mujer que rompe la regla es una mujer que te da la perspectiva de que la libertad existe. Entonces, si mantengo la regla, soy reconocida por el clan y soy reconocida por el contexto social. De hecho, son sagradas. La madre. El papel de la madre sacra no es sacro en absoluto. Las mujeres son un horno que hace niños para la mafia, no para crear una alianza de cariño y amor. Entonces, si respeto los dictados, las reglas de la mafia son reconocidas por la mafia por dentro y por fuera. Si no los respeto, rompo un montaje por dentro y por fuera.

Durante su exposición en la jornada explicó que existe una relación particular entre la presencia de las mafias y la violencia contra las mujeres. ¿Cuál es este nexo y por qué se produce?

La violencia contra las mujeres está arraigada en todos los lugares y en todos los contextos, pero en los lugares de la mafia es aún más profunda y no es denunciada por las mujeres. Se considera un dato de normalidad. Es normal que una mujer que vive en un clan mafioso no sea libre. Es normal para todos, para la sociedad, obviamente para el clan y también para los magistrados. Este es el verdadero problema. En las familias mafiosas las mujeres no valen, no son seres humanos. Las mujeres son objetos que sirven para reproducir la mafia, son contenedores que sirven para hacer hijos, un vínculo que las llevará a estar vinculados a la familia mafiosa para siempre. 

¿Cómo se traduce esa falta de libertad en la vida cotidiana?

Una mujer que no puede salir de una familia mafiosa, que no puede trabajar, a quien no se les permite salir de casa y no se le permite teñirse el cabello cuando los hombres están en prisión porque tiene que sufrir como el hombre que está encerrado en la cárcel. El consenso, la autonomía, la independencia no pertenecen realmente a la cultura mafiosa. Practicar un deporte, estudiar, decidir tener novio, vestirse como quiere es todo lo que una mujer de la mafia no puede hacer. Pero esto no sucede porque haya celos, porque es una manifestación de amor por la familia o por la madre o la hija. No, es un error muy grave interpretar eso. Las mujeres son objetos de poder y punto. Se utilizan para crear alianzas. Se utilizan para demostrar la virilidad. Sirven para demostrar la sexualidad masculina que no pregunta, por lo que es la máxima representación del poder. Pero el Poder Judicial, en mi opinión, no lee estas señales. 

¿Qué sucede con los niños y niñas en este contexto?

Los niños son una cadena. No son un momento de liberación para las mujeres de la mafia, son un vínculo definitivo con el clan, al igual que los matrimonios, que son obligatorios. Una mujer es entregada como objeto al clan u otra familia. Las mujeres sirven para crear la relación y crear el vínculo entre las familias, las alianzas de la mafia. Y nuestra lectura errónea y estereotipada de los magistrados se basa en el prejuicio de que las mujeres de la mafia no valen nada porque interiorizan lo que la mafia impone. Las mujeres de la mafia escuchan todo, lo saben todo, conocen los caminos y son depositarias de la cultura mafiosa. Es gracias a las mujeres que se perpetúa el sistema mafioso. No valen nada para la mafia, pero lo son todo para la mafia. Porque los hombres de la mafia no existen, en el sentido de que no están físicamente ahí. Los mafiosos están prófugos, están escondidos, están en prisión. Los niños, las niñas ni siquiera saben cómo es el padre o el abuelo. Nunca los han visto. En algunos casos, por tanto, el mafioso vive en las palabras, en las historias que cuentan las madres. Si las madres rompen esta cadena y ya no cuentan esas historias de los “héroes de la mafia” rompería la estructura mafiosa que se basa exclusivamente en el simbolismo del poder. Pero el Poder Judicial todo esto no lo lee porque lo lee en un momento final.

El papel de la madre sacra no es sacro en absoluto. Las mujeres son un horno que hace niños para la mafia

¿Cuándo llega ese momento final?

Cuando la mujer se escapa, se lleva a los niños. Cuando la mujer se rebela, cuenta lo que sabe a los jueces. O decide ayudar a su marido mafioso y por eso esconde las armas y por eso lleva mensajes. Cuando la mujer se suicida porque ya no soporta. La verdad está disociada. Todo esto sucede al final. El Poder Judicial debe leer todo lo que está en el día a día de esa mujer, que no es vida: es esclavitud. Si leyéramos los indicadores evidentes, visibles y claros de la violencia machista contra la mujer, inmediatamente seríamos capaces de romper la estructura mafiosa. Creemos como jueces, policías, carabineros que la ausencia de libertad de una mujer es un hecho normal.

¿Cómo se investigan los delitos de género en una investigación donde el eje principal es la mafia o una organización criminal, por ejemplo, dedicada al narcotráfico?

Primero, los magistrados e investigadores necesitan saber qué es la violencia de género. Quien trata con la mafia no tiene idea. No tiene idea de lo que es la violencia de género, la minimiza. No conoce los indicadores. Entonces, antes que nada, los involucrados en la lucha contra la mafia necesitan conocer el fenómeno de la violencia de género, que es diferente al fenómeno mafioso, y tiene herramientas de lectura que son sobre todo culturales. Entonces si soy juez o carabinero y creo que es normal, tonto, que se debe a los celos o que es acertado que una mujer no salga o no vaya a una fiesta porque su esposo o novio no quiere, nunca interceptaré el fenómeno de la violencia, porque culturalmente vivo en un contexto en el que la discriminación de género es normal. La mafia lo lleva todo al extremo. Pero eso es otra cosa. Así que el primer tema es la formación. En base a eso, la investigación concierne tanto a la búsqueda de fuentes, pruebas, pistas útiles, interceptando la asociación mafiosa. Y en esto en Italia somos maestros, lo enseñamos por todo el mundo. Pero nos falta el segundo eslabón que es el de descifrar la violencia de género. 

Según su experiencia, ¿cómo es el trato del Estado italiano hacia las mujeres que denuncian a la mafia? 

Se las reconoce, se las fortalece, se las protege, se las valora porque ese testimonio es muy útil, porque es un testimonio que viene de las que todo lo han visto, de las que todo lo han oído y de las que son las portadores de una cultura y por lo tanto nos permiten leer el fenómeno de una manera muy integral. 

¿Es el mismo tratamiento que el Estado italiano les da a las mujeres que denuncian violencia de género?

No, absolutamente no. Y digo absolutamente que no. Porque en el contexto social y cultural italiano, ante todo, a las mujeres no se les cree. Las mujeres continúan siendo descendientes de Eva. Pecadoras que mienten, que exageran y que utilizan la denuncia para intereses no especificados. No se le cree. Pero no solo en Italia, sino en cualquier parte del mundo, las mujeres que denuncian son una de cada diez. Nueve no denuncian porque saben que no se les cree. Las mujeres siempre han percibido al Estado como un enemigo, al Poder Judicial como un enemigo. Porque han visto en su experiencia que aunque las leyes existen, si las hubiera, esas leyes con respecto a esas mujeres no se aplican porque no hay perspectiva de género. Porque los hombres y mujeres ante los que denuncian siguen teniendo una identidad cultural en la que la discriminación es normal. En Italia, tenemos una legislación muy potente para combatir la violencia de género, muy potente, pero mal aplicada.

¿Por qué está mal aplicada?

Porque no tenemos formación sobre discriminación de género. Hombres y mujeres sin distinción. Mi formación es personal, la puedo tener porque he leído libros, porque he recorrido un camino. Pero la mayoría de las mujeres en el Poder Judicial, así como los hombres, no están capacitados para reconocer la discriminación y, por lo tanto, la violencia.

¿Qué hace actualmente el Poder Judicial italiano para cambiar esto?

Está probando. Está ensayando una Escuela Superior de la Magistratura. Pero no tenemos formación obligatoria en Italia y por lo tanto si la formación no es obligatoria y se deja a la responsabilidad del individuo, significa que se cree que el fenómeno no debe ser adecuadamente contrarrestado porque los especialistas no están formados para leerlo. En la lucha contra la mafia, sin embargo, esto se hizo.

Usted explicó que las mujeres tienen un rol determinado. La madre, la hija, la novia, la esposa. ¿Ha visto casos de mujeres que tomaron cargos jerárquicos en la organización mafiosa, que han crecido en organizaciones criminales en cuanto a poder?

Sí, hay diferentes tipos de experiencia. Puedo decirle que la mayoría de las mujeres se convierten en líderes cuando los hombres están prófugos o van a la cárcel y no hay ningún varón que sea capaz de tomar el relevo. El modelo de reemplazo. Así que siempre es una elección subordinada. Tuve un caso de un clan importante en Roma, en el que el hombre fue a prisión. Tenía una hija y la dejó a cargo de sus intereses criminales. Era una asociación de narcotraficantes y la hija tenía que ganar dinero. Era la hija del capo pero esto no era suficiente porque era una “hembra”, en el sentido biológico. En contextos mafiosos “la mujer” no existe, cuando hablas de madre, hija, hermana, es porque la mujer no existe como tal sino en relación a un rol familiar. Esta joven tomó las riendas en la cúpula de la asociación criminal y para demostrar que era apta para el rol, ella se comportó de forma mucho más violenta que su propio padre. Frente a narcotraficantes que no devolvían toda la droga o frente a delincuentes que no respetaban las reglas internas del clan, ella los hizo arrodillarse en el suelo frente al supermercado con el arma apuntándole, diciendo: “Pidan perdón, pidan perdón, besen mis pies”. Cuando se reúne con su padre, que estaba en la cárcel, que sabía cómo estaba manejando el clan, le dijo: “Cálmate ¿por qué haces esto?” Tuvo que hacerlo porque ella era mujer. Si hubiera sido el hijo, su presencia, su poder simbólico, era suficiente. 

Si un porcentaje del dinero incautado por el Poder Judicial se le diera a las mujeres para sus caminos de autonomía, la mafia se quedaría sin esa agua en la que crece

Habló de rebeldía. ¿Cuáles son los motivos que llevaron a las mujeres a tomar distancia de las familias o denunciar a la mafia?

Lo hicieron por amor, amor por sus hijos, amor por sí mismas, amor por otro hombre. El amor. 

¿Qué pasa con los hijos e hijas cuando la mujer madre se rebela? 

También hay varias situaciones diferentes. Ayer Don Ciotti contó una experiencia de Libera en territorio calabrés en el que eran siempre las mismas familias y el modelo mafioso se perpetuaba por generaciones. El recién nacido no tenía esperanza. Entonces los magistrados empezaron a entender que para romper este mecanismo, la única posibilidad para los niños y niñas era ir a otra parte. De lo contrario, estos niños y niñas se habrían rendido a una realidad criminal sin fin. Decidieron experimentar con el consentimiento de las madres, quitar la responsabilidad parental a los padres y confiar estos niños a familias lejos de Calabria a través de Libera. Las mujeres se mostraron muy generosas porque como esclavas sabían a qué tipo de esclavitud se enfrentarían sus hijas e hijos, y prefirieron entregarlos para liberarlos de la esclavitud. La mafia es esclavitud. 

“Luego hay otras experiencias -explicó Di Nicola Travaglini- de mujeres que se escaparon con sus hijos, pero fueron encontradas. Otras, en cambio, han sido protegidas por el poder Judicial, han cambiado de identidad con sus hijos, se han ido a otros lugares. Pero los niños no siempre aceptan este tipo de elecciones. De hecho, hay situaciones en las que los niños mayores no aceptan la elección de la libertad y la ruptura del mecanismo porque el mecanismo otorga identidad. Y así, cuando el mecanismo falla, tenemos una nueva identidad en la que reconocernos. Si hay un orden social, cultural, de acogida y de restitución de esa pobreza a la que estos niños y niñas han sido forzados, entonces sí, hay otra identidad. Pero si todo esto no está ahí, la identidad se pierde sin encontrar otra. Y entonces es mejor quedarse con la identidad precedente”.

Puedo decirle que la mayoría de las mujeres se convierten en líderes cuando los hombres están prófugos o van a la cárcel y no hay ningún varón que sea capaz de tomar el relevo. El modelo de reemplazo

¿Cuál es el rol que juega la autonomía económica en esa búsqueda de rebelión de las mujeres de la mafia?

Y aquí entramos con la famosa ley de bienes decomisados ​​y devueltos a la comunidad. Los esclavos, se rebelen o no, no tienen capacidad económica propia. Si las mujeres tuvieran autonomía económica y lugares físicos donde ir, lugares restituidos, ciertamente se convertirían en una herramienta aún más poderosa para la implosión de la mafia. Lamentablemente esto no se ha entendido del todo porque nuevamente se hace una lectura de las mujeres de la mafia ya sea como rebeldes o como sometidas, sin entender su rol poderoso. Son la verdadera herramienta para sacudir a las organizaciones mafiosas, pero los jueces no lo ven. Si un porcentaje del dinero incautado por el Poder Judicial se le diera a las mujeres para sus caminos de autonomía, la mafia se quedaría sin esa agua en la que crece. Si las mujeres ya no permiten las alianzas entre familias porque deciden no casarse, si las mujeres ya no tuvieran hijos con la mafia, es decir, todas las opciones de libertad y autonomía que sólo puede hacer una mujer que tiene habilidades económicas y culturales, digamos culturales.

Usted suele decir que hay dos cosas que deben desterrarse entre jueces y fiscales: prejuicios y estereotipos ¿Cuáles son los más urgentes y cómo se destierran?

Los estereotipos y los prejuicios judiciales existen en Italia y en el mundo. Los convenios internacionales los contemplan porque existen. Los prejuicios y estereotipos afectan la imparcialidad de los jueces porque un juez que tiene prejuicios arraigados culturalmente en sí mismo no es capaz de leer los hechos, es incapaz de emitir juicios autónomos, libres e independientes. Los principales son que las mujeres mienten, que las mujeres exageran. Que las mujeres utilizan las denuncias. Que las mujeres son frágiles, que necesitan protección. Que los hombres son violentos, que tienen una sexualidad incontrolable, que no se les puede contradecir porque si no les da tanta pena que reaccionan golpeando, que no pueden estar solos o ser abandonados por su pareja. Todo esto son estereotipos y prejuicios que encontramos en las sentencias de jueces de todo el mundo y que leen, por ejemplo, un femicidio como el rapto final de un celoso. ¿Por qué no miran la violencia precedente? Porque una lectura estereotipada es una lectura que evita confrontar la discriminación y la relación de poder. Los estereotipos deforman los hechos para doblegarlos al estereotipo, al prejuicio subjetivo del juez, quien, al expresar una palabra pública en nombre del Estado, oficializa ese prejuicio y ese estereotipo. De modo que, no sólo en ese caso, sino en todos los casos siguientes, la conducta de ese hombre quedará impune. 

ED/CC