La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión en la causa por el manejo de planes sociales y lo dejó así en condiciones de ser enviado a juicio oral.

El máximo tribunal penal federal del país rechazó por “inadmisibles” las apelaciones de Belliboni y otros 14 acusados en la investigación y dejó así firmes los procesamientos confirmados por la Cámara Federal porteña.

Los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky también dejaron en pie una decisión de la sala I de la Cámara Federal que agravó la situación procesal de Belliboni y de otra referente del Polo Obrero, María Dotti, al sumar en sus casos los delitos de amenazas coactivas y extorsión a beneficiarios de los programas para obligarlos a concurrir a piquetes y marchas.

En el caso el juez federal Casanello ya inició los trámites para enviar el expediente a juicio, para lo cual dio vista a las partes.

Casación desestimó las apelaciones por “inadmisibles” por cuestiones formales vinculadas a que no se encontró “debidamente fundada una cuestión federal” con lo cual las decisiones quedaron confirmadas.

También remarcó que los procesamientos no son una “sentencia definitiva o equiparable a tal”. Belliboni está procesado por “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “extorsión” por desvíos de fondos públicos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.

El dirigente sindical fue procesado en agosto pasado por Casanello por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión y agregó dos delitos más, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el “desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo”.

Además, la acusación incluye la supuesta “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.

Los fondos se desviaron y se habrían usado para “afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias”, consideró probado la Cámara Federal cuando confirmó los procesamientos en noviembre último.

Con información de la agencia NA

La Cámara Federal porteña imputó hoy al referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y lo acusó de “administración fraudulenta”, “amenazas coactivas” y “extorsión”, al confirmar su procesamiento en la investigación por desvíos de fondos públicos destinados al programa “Potenciar Trabajo”.

Belliboni fue procesado en agosto pasado por el juez federal Sebastián Casanello por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó esa decisión y agregó dos delitos más, “amenazas coactivas” y “extorsión agravada”, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens consideraron que hay evidencia sobre el “desvío de los fondos públicos asignados al Polo Obrero y a El Resplandor, a través de distintos convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Programa Potenciar Trabajo”.

Además, la acusación incluye la supuesta “imposición de una serie de exigencias a los beneficiarios del mismo ajenas a lo pactado a cambio de no perder la ayuda estatal, traicionándose así los intereses confiados por el Estado para obtener un beneficio particular y ajeno al objetivo de esa política pública”.

“Nos encontramos ante una modalidad coactiva que era una práctica repetida” e “institucionalizada por parte de la organización Polo Obrero, que trata de conductas que exceden el simple desvío de los fondos en desmedro de las arcas públicas puesto que reúnen también los elementos típicos de otras figuras penales más específicas como lo son las amenazas coactivas y la extorsión”, advirtieron los jueces.

Además se recordó que debe profundizarse la investigación sobre “la actividad de funcionarios públicos que hubieran sido conniventes con esa administración fraudulenta actuando de forma coordinada con las autoridades del Polo Obrero”.

La participación en los hechos de Belliboni y Mariano Centanni, otro de los procesados, surge, en primer lugar, de su condición de autoridades del Polo Obrero, el primero como secretario y luego como presidente, y el segundo como tesorero el restante“, analizó la resolución.

Los fondos se desviaron y se habrían usado para “afrontar el pago de gastos vinculados a actividades políticas partidarias”, advirtió la Cámara.

Sobre lo que se exigía a los beneficiarios de los programas, el Tribunal remarcó que “se hallaron en los comedores allanados cuadernos, listados y planillas en los cuales se registraba la asistencia de los beneficiarios a las movilizaciones, con indicación del nombre del asistente, la fecha del acto y qué delegado había controlado dicha participación, registro que luego era compartido a través del grupo general de WhatsApp”, detalla el fallo.

Además de Belliboni, quedó confirmado el procesamiento a los demás imputados miembros del Polo Obrero.

La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales realizarán este miércoles una marcha por San Cayetano bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, que sumará la participación de sectores de izquierda como el Polo Obrero e incluirá un acto en Plaza de Mayo. Allí se leerá un documento crítico hacia el Gobierno de Javier Milei.

Bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, los sindicatos de las tres centrales junto al Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), conocidas como “cayetanos”, confluirán en Plaza de Mayo, donde desde las 13 habrá un acto para denunciar “la emergencia alimentaria, social y laboral”.

Desde 2016, en los años de la gestión de Mauricio Macri, la marcha se viene realizando todos los 7 de agosto, día en que se homenajea al patrono del pan y el trabajo, cuando los sindicatos y movimientos sociales convocaban masivamente con tono crítico.

Posteriormente bajaron el perfil en la etapa de Alberto Fernández, con una postura oficialista, y ahora retomaron la convocatoria para protestar contra las políticas de la administración de Javier Milei. .

También asistirán el Polo Obrero de Eduardo Belliboni, Madres de Plaza de Mayo, Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina.

Desde las 8 se hará en el santuario de San Cayetano del barrio de Liniers una ceremonia religiosa encabezada por Jorge García Cuerva, arzobispo porteño, y Gustavo Carrara, vicario general y obispo villero, y una posterior bendición de herramientas de la UTEP.

A las 10, la peregrinación partirá de Cuzco y Avenida Rivadavia, y descenderá por esa arteria hasta ingresar por Avenida de Mayo a la Plaza de Mayo.

“Nuestro compromiso con todos los trabajadores, con los que tienen la suerte de estar en la formalidad y los que desgraciadamente están en la informalidad y todos los días se la tiene que rebuscar para llevar el pan a la mesa”, sostuvo el cotitular de la CGT Héctor Daer en una conferencia de prensa conjunta que brindó este lunes en la sede de la central en la calle Azopardo.

Este año la marcha se produce en medio de denuncias judiciales impulsadas por el gobierno de Milei sobre presuntas irregularidades de las organizaciones sociales en el manejo y reparto de planes y fondos. .

En ese marco, la UTEP, sindicato de trabajadores informales que representa a los movimientos sociales, denunció que enfrentan “la ”persecución“ del Gobierno y un ”ataque a las y los trabajadores en su conjunto“.

Los cortes de calles

Distintos cortes de tránsito se implementarán este miércoles en el barrio porteño de Liniers con motivo de la celebración de San Cayetano, el patrono del pan, la salud y el trabajo.

Desde hace unos días hay en el lugar cuadras de filas de los religiosos que se acercaron al Santuario de San Cayetano para pedir y agradecer, al tiempo que la misa central está prevista para las 11.

Los fieles acudieron a la parroquia con sillas y reposeras para “asegurar sus lugares” con el objetivo de disfrutar el festejo con mayor comodidad.

En este sentido, el tránsito se verá afectado por el evento y habrá distintos cortes totales en la zona.

La calle Bynon será cortada en los cruces con Casco, Gallardo y Gana, mientras que Amadeo Jacques también en la intersección con las calles Bueras y Gana, barrio porteño de Liniers, informaron fuentes del Gobierno porteño.

La Plaza de Mayo, vallada

El Gobierno nacional se prepara para la movilización por el día de San Cayetano que encabezarán movimientos sociales, gremios y partidos políticos este miércoles bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

Para eso, se dispuso de un vallado en la Plaza de Mayo a la altura de Balcarce, aislando así a la Casa Rosada del escenario final de la protesta.

Lo cierto es que desde temprano cientos de efectivos policiales ubicaban el vallado preventivo a lo largo de la plaza para cercar el ingreso al Palacio de Gobierno y evitar que los manifestantes se acerquen al perímetro.

La Casa Militar dispuso algunas unidades de contención y brigadas de investigaciones que se suman al refuerzo de la Superintendencia de Seguridad y la custodia del lugar.

Adorni: “Algunos dirigentes sindicales tienen un rechazo récord en la historia argentina”

El martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló acerca de la manifestación coordinada desde el barrio porteño de Liniers, al sostener que la peregrinación “debe limitarse a una cuestión estrictamente de fe o religiosa y que no se tiene que entremezclar la política”.

“Evidentemente algunos dirigentes sindicales que tienen un rechazo récord en la historia argentina están probando nuevos métodos para lograr un poco de aceptación”, sostuvo en la habitual conferencia de prensa.

En la misma línea, amplió: “Cada uno es libre de hacer lo que le parezca. Si creen que son mejores representantes por concurrir a una manifestación religiosa y de fe, que lo hagan, pero siempre respetando al que realmente va por sus creencias y por la propia fe”.

Ante la participación de los triunviros de la CGT, Adorni ironizó: “Hace muchas décadas que no necesitan ir a San Cayetano”.

Con información de agencias.

IG

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Eduardo Belliboni “por administración infiel en relación al Plan Potenciar” luego de advertir que hay pruebas suficientes para sostener que desvió fondos recibidos del programa Potenciar Trabajo.

En la imputación dada a conocer mediante un escrito de 168 páginas, el magistrado mencionó pruebas que considera suficientes, como la presentación al Estado de facturas falsas y el uso de una empresa fantasma.

“Se aprovechó la política pública para intereses partidarios”, aseguró el magistrado, quien además detalla que “se sospecha que el cumplimiento de las tareas y la ejecución de los proyectos asumidos por los responsables del Polo Obrero en el marco del programa estatal no fue su verdadera meta, sino que el propósito buscado consistió en financiar y robustecer la actividad propia (político-partidaria)”.

Asimismo, según Casanello, “el Estado Nacional efectuó desembolsos de dinero a favor de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo (en concepto de Salario Social Complementario) por contraprestaciones que, en la mayoría de los casos, siquiera se ofrecieron”.

Para el magistrado, “no sólo se incumplió el objetivo previsto normativamente, generando un perjuicio a las arcas del Estado (pues invirtió dinero en actividades que, en muchos casos, no se realizaron ni ofrecieron), sino que, además aprovechándose de la posición de poder que detentaban, retuvieron de manera indebida un porcentaje del dinero percibido por los titulares del programa”.

Casanello también destacó que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ”Ediciones e Impresiones Rumbos SRL“ y ”Coxtex SA“-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.

Además de al líder del Polo Obrero, el procesamiento dictado por Casanello alcanzó también a Mariano Alejandro Centanni, Erica Tamara Lubenfeld, Iván Ortíz y Ezequiel Adrián Coego por las mismas razones que Belliboni (administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública). También fueron procesados Elizabeth del Carmen Palma, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani, Cynthia Delgado Vilches, Gustavo Guillermo Vásquez, Jeremías Cantero, Iván Ezequiel Candotti y Roberto Adrián Albornoz como partícipes de la defraudación y amenazas coactivas. En tanto, María Isolda Dotti y Gianna Puppo fueron procesadas por “amenazas coactivas”, además de “defraudación”, mientras que Gloria Paraguay Estrada y Rossmery Grande Arancibia fueron acusadas solo de amenazas.

Con respecto a los procesamientos, el Gobierno nacional se pronunció a través del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien pidió a la Justicia “que actúe con celeridad e imparta justicia. Uno de los peores crímenes que se cometieron en Argentina fue jugar con la comida de los pobres y el asistencialismo. Apelamos a que los que jugaron con la dignidad de la gente paguen caro”, sentenció el vocero este lunes, en su habitual conferencia de prensa.

El fiscal Pollicita solicitó la indagatoria de Emilio Pérsico

En el marco de la causa en la que investigan el accionar del Polo Obrero, el fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a indagatoria a Emilio Pérsico, el exsecretario de Economía Social de lo que supo ser el Ministerio de Desarrollo Social. Se lo investiga de haber actuado en complicidad con Eduardo Belliboni para desviar fondos millonarios destinados a la ayuda social.

Para la fiscalía, existe “una matriz de corrupción” que operó desde 2020 hasta diciembre del 2023 por lo que se pidió la indagatoria de exfuncionarios de la exsecretaría a cargo de la asignación y el control de los fondos destinados a la asistencia social.

Según el fiscal, los funcionarios “actuaron en forma coordinada” con los dirigentes sociales. Por lo que en el escrito de requerimiento de indagatoria al que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, Pollicita planteó: “La prueba reunida permite afirmar que la conducta ilícita desplegada por los imputados no se trató de un engaño o una puesta en escena por parte de las autoridades del Polo Obrero frente a los funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, como se sostuvo hasta el presente. Sino que, por el contrario, se ha podido acreditar la existencia de una matriz de corrupción en el por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde —al menos— marzo de 2020 hasta el 9 de diciembre de 2023, a través del cual funcionarios de la Secretaría de Economía Social — encabezada por Emilio Pérsico— que eran los responsables de la asignación y control de los fondos estatales destinados a la ayuda social”.

En el escrito, Pollicita expone una acción coordinada entre ambas organizaciones sociales con el objetivo de desviar millones de pesos correspondientes del programa a las cuentas de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor Limitado sin documentación que lo ampare.

Según denunció ambos referentes actuaron “se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional, todo ello en perjuicio de la administración pública”. “Bajo el paraguas de un acuerdo de impunidad, los responsables de las Unidades de Gestión del Polo Obrero, por un lado, y las autoridades públicas, por el otro, incumplieron con las obligaciones legales que el programa les imponía en relación a la rendición de cuentas sobre los fondos públicos entregados en carácter de subsidio a los primeros, evidenciando el desinterés en torno al destino de los fondos, tal como se viene desarrollando”, argumentó el fiscal.

Pollicita detalla que el Polo Obrero recibió un total de $361.087.500 que “no habían sido devueltos ni rendidos al Estado Nacional, es decir, que las autoridades del Polo Obrero recibieron ese dinero pero ni siquiera informaron en qué lo gastaron ni tampoco lo restituyeron”. 

“Como era de suponer en base al acuerdo descripto, dichas omisiones no motivaron ninguna intimación por parte de las autoridades del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación —las intimaciones fueron realizadas recientemente por las nuevas autoridades del Ministerio de Capital Humano—, pese a encontrarse holgadamente vencidos los plazos de ejecución y, por tanto, de rendición de cuentas”, cuestionó. 

En ese marco, además de Pérsico se tomará indagatoria de los exfuncionarios Pablo Ariel País, Walter Gramajo, María Inés Castillo, Romina Selzer Soria, Ernesto Migone, Mariana Fernández y Ernesto Paillalef. También volverán a declarar Belliboni, Mariano Centanni, Elizabeth De Palma, Ivan Ortiz, Maria Isolda Dotti, Erika Lubenfel y Ezequiel Coego.

Con información de agencias.

IG

Casi seis meses después del 20 de diciembre de 2023 en que aplicó por primera vez su protocolo antipiquetes y habilitó la línea 134, la ministra Patricia Bullrich logró su cometido. El lunes pasado la Justicia ordenó allanar a una veintena de militantes del Polo Obrero, FOL–Coordinadora y Barrios de Pie en una causa contra sus referentes porteños por supuesta extorsión a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a que participaran de aquella manifestación que homenajeó a los muertos de la represión del 2001. Pese a que el expediente se basó en apenas 5 testigos de Capital Federal –de entre 924 denuncias telefónicas corroboradas, de 2.720 llamados atendidos–, la fuerte repercusión mediática echó un manto de sospecha contra todas las agrupaciones sociales y piqueteras, ya sean de izquierda o peronistas. Pero, ¿qué hay del otro lado?  ¿Qué dicen, quiénes integran, qué hacen y cómo funcionan los movimientos señalados por el gobierno de Javier Milei?

“Por supuesto que en un movimiento tan masivo puede haber alguna persona que incurra en alguna conducta de corrupción. Pero la asamblea es el método de construcción y autocontrol: directamente son las asambleas las que separan si alguien robó, y se le aplica una sanción”. Jeremías Cantero tiene 34 años y es el referente del PO en CABA investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello. Habló con elDiarioAR el jueves, en la previa a una reunión en Villa Soldati, donde encabezó una asamblea que discutió el impacto interno de la denuncia. 

“¿Qué organización va a querer que en su nombre se cometa un delito, que se la tilden de mafia? Tenemos más de 30 años de trayectoria. Los que militamos no tenemos ningún rédito personal, al contrario: muchas veces exponemos nuestra salud, nuestra vida, y ninguno de nosotros es un jetón que no está en un barrio”, expuso por su parte Analía Zárate, miembro del FOL y quien aceptó hablar en representación de sus ocho compañeros imputados por la Justicia, entre ellos su vocero más conocido, Carlos “Charly” Fernández Kostiuk.

“Las denuncias pueden existir, pero hay un proceso de buscar generalizaciones y de construir una lógica de que ese es el funcionamiento de todo el universo de los movimientos sociales, que no tiene que ver con la realidad. De hecho, la línea de denuncia fue una iniciativa a pedido de las organizaciones y ahora eso llevó a que se canalicen en la Justicia el 0,3 por ciento del universo de beneficiarios. Es una expresión ínfima”, apuntó Daniel “Chucky” Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie.

Plan congelado y sin alimentos

Las agrupaciones sociales están en estado de asamblea permanente, pero no solo por lo que se conoció esta semana. A la crisis económica por la inflación se le sumó que Milei abandonó la asistencia en las barriadas populares y más pobres. Desde que asumió, el ministerio de Capital Humano congeló, pese a la inflación, el ingreso del ahora ex Potenciar Trabajo en $78.000 para los 1,2 millones de beneficiarios, quienes no cobran a través de las cooperativas sino vía cuenta bancaria personal con su tarjeta de débito. Incluso desde la aplicación Mi Argentina cada persona puede cambiar de Unidad de Gestión en la que quiere participar. 

En el medio, el Gobierno dividió en dos el programa –los que realizan tareas productivas y quienes llevan adelante una capacitación–, pero sobre todo eliminó cualquier tipo de control de las contraprestaciones mensuales de cuatro horas diarias: ya no la hacen las organizaciones, pero tampoco el Estado. En ese marco, la cartera de Sandra Pettovello cerró el grifo del envío de alimentos secos para el sinfín de comedores populares en CABA y el conurbano.

El PO tiene en Capital Federal unos 5.000 miembros que reciben el exPotenciar, muchos de los cuales se desempeñan en los 40 comedores de la agrupación trotskista repartidos en las villas porteñas. “Cada persona con su tarjeta personal cobra su propio monto. Luego sí existe una lucha por unir los recursos, como cualquier organización sin fines de lucro para subsistir. Se realiza un aporte voluntario de hasta el 2 por ciento”, aseguró Cantero, que explicó que esos recursos incluso se destinan a mantener abiertos los comedores y hasta para la logística de reparto de los alimentos: “Hace tiempo que el Gobierno no entrega ni un kilo de arroz, pero cuando lo hacía te mandaba todo a granel a un depósito. Nosotros nos encargamos de llevar la comida a cada comedor con nuestros propios fletes, más alquilar los espacios y equipar las cocinas”. 

Esa situación de vulnerabilidad es por la que Cantero justifica el hallazgo de la Justicia de una serie de “listas de espera” en los allanamientos. El fiscal Pollicita denunció una suerte de estafa piramidal donde los beneficiarios del plan debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” y que para recibir las cajas de alimentos debían entregar “cápitas” o “cuotas”. “Hay una manipulación de la información. En realidad hay un esfuerzo enorme por mantener un funcionamiento de comedores que no dan a basto. La lista de espera es para ingresar a un programa social o una asistencia alimentaria, que cada cooperativa hace llegar al Estado. Pero como el plan social está congelado y no entregan más comida, hoy en día para el Gobierno todos serían listas de espera. Nos fuerzan a estirar la olla o la ración de comida, y se prioriza las situaciones de las personas más vulnerables”, denunció Cantero. 

“El Potenciar Trabajo no es un plan social, porque no es una ayuda como la tarjeta Alimentar o la Asignación Universal, que son más fondos ligados a la asistencia. Es un programa de acceso al empleo, con todas las precariedades que tiene, porque es el Estado tercerizando y precarizando a los trabajadores. Sobre cada obra que hacemos se elaboran convenios y el Estado tiene que garantizar materiales y herramientas, son auditadas y se entregan rendiciones”, explicó Zárate. Según detalló, el FOL tiene unos 13.000l miembros a nivel nacional abocados no sólo en sus comedores, sino que también llevan adelante huertas agroecológicas, actividades de promoción de salud en los barrios, y hasta obras públicas de baja intensidad: construcción de veredas, plazas, jardines, instalaciones de redes de agua potable. Hay algo más allá que los piquetes.

De Barrios de Pie también la Justicia investiga a un grupo de coordinadoras de comedores en CABA. “Cayeron en el revoleo, pero no hay nada”, recogió este medio en la organización, la única del gremio de la economía popular UTEP que estaría involucrada en las supuestas extorsiones de diciembre. Pese a la narrativa oficialista, no hay acusaciones contra el Movimiento Evita, con Emilio Pérsico a la cabeza, y el MTE de Juan Grabois. “Los movimientos sociales tienen un esquema de honestidad de hace tiempo y no convalidamos prácticas extorsivas. No hay acusaciones de enriquecimiento hacia los dirigentes”, argumentó Menéndez, quien fue funcionario de Desarrollo Social y hoy integra el gabinete de Axel Kicillof. 

Criminalización de la organización social

El PO presentó un pedido de nulidad de la causa por supuestas irregularidades en el allanamiento a su depósito de la calle Monteagudo 730, la sede formal de la Asociación Civil Polo Obrero, donde hay una imprenta y un taller de serigrafía, y hasta sirve de espacio de clases de música del grupo Las Manos de Filippi. Aseguran que los efectivos de la Policía Federal cortaron las cámaras de seguridad al entrar al local. A Cantero en su domicilio le secuestraron unos $70.000 y a su pareja le secuestraron us$2.000 que, según él, eran sus únicos ahorros. Reconoció a elDiarioAR que hasta agosto pasado fue empleado contratado del ex ministerio de Desarrollo Social.

Desde el FOL cuestionaron que se difundió públicamente hasta el nombre de los acusados pese a que el expediente estuvo en secreto de sumario al inicio de la semana. “En la causa tenías las fotos de las personas a allanar, que no eran de sus redes públicas o sus DNI. Hubo seguimiento previo, un trabajo de inteligencia”, señaló Zárate. A la ministra Bullrich la Justicia le rechazó un pedido de ser querellante. Y ahora Petovello hizo un pedido similar.

“Acá hay un intento de criminalización y de quebrar a las organizaciones que en los barrios están peleando contra el hambre y el trabajo”, contraargumentó Cantero. “Hay una intencionalidad de desarticular la organización comunitaria que ven como un obstáculo para su programa económico. Era esperable la persecución, que te caguen a palo en cada movilización y que avancen con un esquema cada vez más duro. Estamos en el ojo de la tormenta, esta es una Gestapo social”, graficó Menéndez.

“Están queriendo construir que somos una mafia, hacernos objeto de odio de la sociedad para demonizarnos y después hacer un vaciamiento de toda la política social”, denunció Zárate, que vaticinó que si la crisis social se profundiza y se rompen las redes de contención, las barriadas quedarán a merced del narcotráfico. Sin embargo, planteó que Milei no pondrá avanzar sobre las organizaciones sociales: “¿Qué hace que las personas teniendo la libertad de elegir a qué agrupación sumarse, teniendo un salario paralizado y sin recibir mercadería, eligen organizarse? El movimiento piquetero tiene 30 años porque aprendimos a tener creatividad para, desde la nada misma, generar una herramienta de lucha de un montón de personas a las que el sistema quiso definir que no eran trabajadoras. Aprendimos que la única forma de subsistir en este sistema de miseria y hambre es, justamente, estar organizado”. 

MC/JJD

El ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, presentó una nueva denuncia penal tras detectar graves irregularidades en el “Plan Nacional Argentina contra el Hambre” y la auditoría reveló que el 50% de los comedores registrados eran inexistentes, y uno de ellos, el comedor “Gauchito Gil”, estaba registrado en la dirección de un barrio privado.

Este programa, creado en 2020, tenía como objetivo garantizar el acceso a alimentos y servicios para merenderos y comedores comunitarios.

La denuncia, radicada en los tribunales de Comodoro Py, apunta a posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos. El plan, originalmente bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Social, incluía un proceso de validación en tres etapas: preinscripción, validación y matriculación. La matriculación, con una vigencia de dos años, requería revalidación para continuar recibiendo beneficios.

Al asumir su cargo, Pettovello ordenó una auditoría por lo que consideraron falta de controles por parte de la administración anterior. Según el informe del RENACOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil), los comedores gestionaban alimentos por miles de millones de pesos provenientes de diversos programas sociales, pero muchos de estos comedores eran ficticios.

Casos

El comedor “Gauchito Gil”, de acuerdo a la auditoría, está registrado en la dirección de un barrio privado y no habría existido nunca. Otro ejemplo es el comedor “Sol de Barrio”, cuya dirección no pudo ser localizada, y los vecinos confirmaron que allí nunca funcionó un comedor.

La auditoría encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados por varias razones, incluyendo direcciones inexistentes y comedores que nunca operaron en las ubicaciones declaradas. Estas irregularidades indican una falta de control y supervisión, permitiendo que se registraran comedores inexistentes que recibían fondos del Estado.

Ante estos hallazgos, el Ministerio de Capital Humano hizo una denuncia penal que busca que se investiguen a fondo estas irregularidades y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Allanamientos en la denuncia por extorsión: qué dijo Bullrich

En una jornada de intensos operativos, alrededor de 30 allanamientos que se realizaron este lunes como parte de una investigación por presuntas extorsiones cometidas por varios dirigentes de organizaciones sociales, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, expresó: “es la primera vez que hay una decisión política de terminar con estos falsos líderes sociales que tienen poco de social y mucho de organización y sometimiento de la gente a la que dicen conducir”.

Los procedimientos, solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, fueron autorizados por la Cámara Federal tras una denuncia del Ministerio de Seguridad basada en cientos de llamados a la línea 134.

La investigación, que comenzó con la denuncia del Ministerio de Seguridad, identificó a 27 dirigentes sociales, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos del Partido Obrero. Otros implicados pertenecen a Barrios de Pie y diversas organizaciones sociales. Estos dirigentes ahora enfrentan cargos por extorsión.

Inicialmente, el fiscal Pollicita solicitó detenciones, las cuales fueron denegadas por el juez Sebastián Casanello. No obstante, la Cámara Federal habilitó los allanamientos como medida probatoria, lo que llevó a los operativos de este lunes.

La acusación de la Fiscalía

Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Los allanamientos fueron en varios comedores, así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado. 

“De esta manera, los imputados violando los deberes a su cargo perjudicaron gravemente los intereses a ellos confiados, toda vez que los fondos públicos otorgados mediante subsidio y los alimentos y la mercadería que el Estado Nacional distribuía a los comedores, habían sido asignados a dicho destino con la finalidad de que pudieran utilizarse para la asistencia social de las personas más necesitadas y no para los fines lucrativos a los que los imputados torcieron ilegítimamente su destino”, según la fiscalía. 

Modus operandi de las extorsiones

La fiscalía identificó tres tipos de extorsión vinculados a los planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Los dirigentes cobraban una “cuota” a los afiliados para el aporte a comedores, los obligaban a vender alimentos recibidos del Estado y a asistir a manifestaciones bajo amenaza de retirarles la ayuda o no entregarles los suministros.

Se controlaba la asistencia a las marchas y se imponían multas a quienes no cumplían, algunas de hasta 10 mil pesos por ausencia. También se prohibía a los ausentes retirar alimentos proporcionados por el Estado.

“Lista de espera”

El esquema de supuesta extorsión apunta a diferentes niveles de beneficiarios: aquellos en “listas de espera” para el plan Potenciar Trabajo, quienes debían realizar trabajos como mérito para acceder al plan; los “beneficiarios comunes”, que debían asistir a marchas o aportar a los comedores como contraprestación; los “delegados”, que recibían doble o triple ayuda; y los “referentes”, responsables de la administración de fondos y de ordenar a los anteriores.

Para el Gobierno de Javier Milei, “los allanamientos realizados marcan un avance significativo en la lucha contra las prácticas extorsivas en organizaciones sociales. La identificación y procesamiento de los dirigentes involucrados pone de manifiesto la determinación del Ministerio de Seguridad y de la Justicia para desmantelar estas estructuras de poder que operan bajo la fachada de ayuda social. Con el hallazgo de dinero y elementos probatorios, la investigación avanza hacia esclarecer la magnitud de las operaciones y asegurar que los responsables rindan cuentas ante la ley”.

Qué dijo Belliboni, del Polo Obrero

Tras las denuncias y los resultados difundidos por el ministerio de Capital Humano, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero admitió no poder “negar que hay algún caso de alguna persona que haya hecho eso, no voy a decir 'No, es imposible'. Puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente, pero veamos el contexto”, se explicó.

Según Belliboni, los dirigentes sociales “dimos la cara, no somos Rodríguez Simón, Pepín, que se va afuera, dimos la cara en una conferencia de prensa” y reclamó que la Justicia “debería haber llamado a Patricia Bullrich y preguntarle por qué, por ejemplo, pone parlantes en las estaciones de Constitución para decirle a la gente que no se puede movilizar”.

“¿Una persona que tiene un programa social tiene prohibido los derechos constitucionales? Eso también existió y fue público. Venimos denunciando a este Gobierno porque vació los comedores populares de comida, y eso no hay forma de probar que sea equivocado o que estemos mintiendo, la que miente es la ministra”, remarcó el dirigente en diálogo con Radio con Vos.

Belliboni consideró que lo expuesto por el gobierno es “un operativo político para perseguir a los dirigentes que están luchando con este gobierno”. Además, alertó que los allanamientos fueron “totalmente ilegales” porque se hicieron “de madrugada cuando no había luz del sol” y que “lo primero que hizo la policía de Bullrich fue apagar las cámaras”.

Asimismo, el líder del Polo Obrero reiteró en claro que los dirigentes “van a dar la cara” y “no se van a fugar como lo hicieron otros”, y calificó a la reciente denuncia en su contra como “falsa, política e ilegal”.

Con información de agencias.

IG

La Unidad Piquetera y organizaciones de Izquierda se movilizan afuera del Congreso, donde el presidente Javier Milei deberá hablar, esta noche, ante la Asamblea Legislativa para abrir el período de sesiones ordinarias. En las inmediaciones del Parlamento, el mandatario fue recibido con cacerolazos en rechazo a sus últimos dos meses y medio de gestión.

“Al gobierno de Milei lo vamos a enfrentar en la calle, esta es la clave. Hoy las asambleas barriales, los piqueteros, el movimiento estudiantil, los partidos de izquierda estamos en la calle. Vamos a preparar una gran asamblea nacional”, indicó el diputado del Frente de Izquierda, Gabriel Solano.

El dirigente del Polo Obrero había advertido por una escalada de la bronca popular y no descartó la posibilidad de que se produzca una “rebelión popular”.

De la protesta participan el Frente de Izquierda (FIT), el Polo Obrero, sectores del sindicalismo combativo, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y asambleas barriales. También se encuentra presente la Corriente Clasista y Combativa porteña y la Confederación General de jubilados, retirados, pensionados y adultos mayores.

La convocatoria a la marcha ─que estaba prevista para las 17 horas, cuando también se realizó un molinetazo en contra del aumento del transporte en estaciones ferroviarias─ había despertado un nuevo punto de conflicto con el Gobierno Nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había llamado a denunciar presiones de parte de dirigentes sociales para garantizar asistencia.

“Si sos empresario, comerciante o trabajador independiente, si sos transportista, empleado en relación en dependencia o cobrás un plan, si sos un argentino que la pelea todos los días para salir adelante y te extorsionan para que el 1 de marzo vayas a la movilización, defendé tus derechos”, expresó, ayer, la funcionaria en un comunicado. Quienes lo considerasen pertinente podían realizar su denuncia en la línea 134.

La reacción de Solano a las declaraciones de Bullrich no tardaron en llegar. “El cacerolazo contra el gobierno será masivo tanto en el Congreso como en todo el país. Y eso no será por la 'extorsión' de los convocantes, como falsamente afirma Patricia Bullrich, sino por el repudio popular ante el ajuste criminal que lleva adelante Milei y su pandilla”, replicó anoche.

En la misma línea, la diputada del FIT Romina Del Plá reclamó por las medidas de ajuste sobre los trabajadores y jubilados. “Mucha gente se va dando cuenta que quien dijo que iba a ajustar a la casta terminó ajustando a los jubilados, a los comedores, a los docentes, a los trabajadores, tanto los registrados como los no registrados y se vienen nuevos ataques y ajustes”, afirmó.

En tanto, militantes de la Libertad Avanza también se organizaron para asistir a la entrada del Congreso a fin de brindar apoyo a Milei. La marcha no contó con convocatoria oficial por parte de los líderes del partido.

Por su parte, en la previa de ambas concentraciones, centros de estudiantes, organizaciones sociales y políticas, entre otras agrupaciones, realizaron un “molinetazo” en contra del aumento de la tarifa del transporte público. “El salto del molinete en Chile fue el detonante de una rebelión nacional contra una situación social y represiva insoportable: cuidado Milei, cuidado libertarios, que en Argentina puede pasar lo mismo”, había señalado la legisladora porteña, Celeste Fierro durante la jornada de ayer.

ACM con información de NA

Un grupo de manifestantes, pertenecientes a los movimientos sociales nucleados en la Unidad Piquetera (UP), se concentraban esta mañana en la Plaza Alsina de la localidad bonaerense de Avellaneda, con intenciones de llegar al Puente Pueyrredón, en reclamo de asistencia alimenticia para los comedores comunitarios.

“Restitución de los alimentos para los comedores populares”, es la principal demanda de los grupos piqueteros integrantes del sector. Hasta el momento, está interrumpido parcialmente el tránsito sobre la avenida Mitre, uno de los accesos al Puente Pueyrredón, que conecta al sur de la provincia de Buenos Aires con la Capital Federal.

La protesta contaba con la presencia de varios cordones de la policía bonaerense y de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

La Unidad Piquetera está integrada por militantes del MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, el Polo Obrero, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, y del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde).

También forman parte la Coordinadora por el Cambio Social, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Movimiento Barrial de los Trabajadores (MBT), entre otros.

MM

Con información de la agencia Télam.

A partir del mediodía, organizaciones piqueteras y de izquierda convocan a una jornada de protesta en las inmediaciones del Congreso, en rechazo a la Ley ómnibus que se tratará desde las 10 en la Cámara de Diputados.

En tanto, el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich activó este miércoles el protocolo antipiquetes y despliega un megaoperativo de seguridad que intentará mantener el control de la movilización convocada por la izquierda. 

Las distintas agrupaciones se darán cita frente al Palacio del Congreso, en contra del megaproyecto, al que califican como “un plan de ataque histórico contra los trabajadores” que será debatido hoy por los distintos bloques políticos. 

Desde Unidad Piquetera, espacio convocante, reclaman además a las centrales obreras la convocatoria a un nuevo paro nacional.

El referente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni aseguró que las columnas comenzarán la jornada de lucha a las 12, frente al Congreso, y adelantó que los manifestantes mantendrán la vigilia durante el debate parlamentario que se prevé se extenderá más de 30 horas, y además, desde la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) se anunció la puesta en marcha de varias actividades anexas.

Entre ellas, la realización de asambleas en el oeste de la provincia de Buenos Aires a partir de las 11.30; una radio abierta, a las 17; y a las 20 está previsto el inicio de la “Vigilia de necesidad y urgencia” encabezada por la Multisectorial Federal de la República Argentina.

Los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda (FIT) Romina Del Plá y Gabriel Solano se sumaron a esta actividad y se pronunciaron en rechazo “a la Ley Ómnibus, la complicidad de la oposición y todo el plan de gobierno de (el presidente Javier) Milei”.

La convocatoria llama a la sociedad a “volver a movilizarse para enfrentar la ley, el DNU, el protocolo y todo el plan de Milei y compañía”, y Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, llamaron a acompañar la movilización al Congreso, decidida por decenas de representantes de asambleas vecinales de CABA y gran Buenos Aires.

En tanto, legisladores de este frente confirmaron que no darán quórum para el tratamiento de la ley de “Bases”.

Bregman convocó a “estar en la calle” para “continuar mostrando el rechazo no sólo a esta ley sino también al DNU y al protocolo de Bullrich. Es muy importante que estemos porque el único lenguaje que entienden los que quieren entregar el país es el de la movilización”, aseguró.

En el mismo sentido, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) movilizará desde las 15 junto a sus delegados y centro de jubilados al Congreso porque “esta ley no admite otra posibilidad más que su rechazo”.

“Todo el proceso estuvo marcado por graves irregularidades que deben ser investigadas”, señaló al respecto el secretario general, Rodolfo Aguiar y remarcó también el reclamo del gremio “en defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)” de la Anses.

Entre los principales reclamos del sector, se rechaza “tajantemente cualquier intento de reinstalación de los sistemas privados de jubilaciones (ex AFJP); anulación de los bonos; suspensión de la Ley de Movilidad; derogación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad o venta de nuestros territorios terrestres, marítimos y aéreos” y exigieron “la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos” en los primeros días del gobierno.

También, -convocados por la Multisectorial Federal de la República Argentina y las dos CTA-, distintas organizaciones barriales e independientes se sumarán al denominado “Ruidazo Nacional y Vigilia de Necesidad y Urgencia” frente al Congreso Nacional, desde las 20

Voceros de la Multisectorial Federal confirmaron a Télam la realización de la protesta que “ha sido resuelta en un plenario nacional realizado en la CTA A y por Zoom con todas las Multisectoriales y espacios del país”.

Además, anticiparon, que los “ruidazos y vigilias” se realizarán frente al Congreso Nacional y en todas las plazas y esquinas de las capitales de provincias, bajo el lema “La Patria No Se Vende. Se Defiende !”.

Mega operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso

El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich activó este miércoles el protocolo antipiquetes y despliega un megaoperativo de seguridad que intentará mantener el control de la movilización convocada por la izquierda. 

Decenas de efectivos de las distintas fuerzas de seguridad permanecen apostados en las inmediaciones del Congreso para evitar desmadres en la protesta. 

Carros hidrantes, numerosos agentes de la Gendarmería y la Policía Federal rodean el perímetro que contempla los accesos al Parlamento en lo que configura un megaoperativo, delimitado por vallas que separan a los manifestantes del Parlamento.

Con información de agencias.

IG

Organizaciones sociales, de derechos humanos, de la cultura, estudiantes, sindicatos combativos, asambleas barriales y partidos de izquierda se movilizarán al Congreso el próximo miércoles en contra de la ley ómnibus. Ese mismo día sesionará la Cámara de Diputados para debatir en el recinto el megapaquete de reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Originalmente, la marcha se iba a realizar este martes, cuando se estimaba que se iba a realizar la sesión, pero se pospuso un día más ante la convocatoria oficial al pleno de la Cámara Baja. “Frente a la suspensión de las sesiones de la Cámara de Diputados donde se tratará la ley ómnibus postergamos la movilización y concentración de mañana”, rectificaron desde las organizaciones.

El referente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni confirmó a Télam la movilización “para cuando se convoque la sesión” en el Congreso y aclaró que los detalles de la protesta “aún se encuentran en discusión”. Todavía no se ha decidido si habrá permanencia afuera del Congreso durante los días que dure la sesión o se se realizará una nueva convocatoria para el último día de debate, cuando se vote.

La movilización de protesta contra el Gobierno libertario se anunció este lunes por la mañana en conferencia de prensa, con la presencia de los referentes de los distintos sectores opositores. En ese marco, también se pidió a las centrales obreras la “continuidad del plan de lucha” y la convocatoria a un segundo paro nacional con movilización luego del que se llevó a cabo el miércoles de la semana pasada en rechazo a la reforma laboral.

“Las organizaciones que integramos el movimiento piquetero independiente, sindicatos combativos y las asambleas barriales, junto a las organizaciones de artistas, nos vamos a movilizar al Congreso para rechazar el tratamiento de la llamada Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que intenta imponer (el presidente Javier) Milei”, dijo Belliboni a Télam y agregó: “Las leyes del Gobierno son todas leyes contra el movimiento popular, contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras y contra las libertades democráticas.

“En la misma jornada, que será nacional, vamos a reclamar un paro general a las centrales sindicales con movilización y pediremos la continuidad del plan de lucha hasta derrotar el plan anti obrero de Milei”, subrayó.

Entre las organizaciones convocantes se encuentran la Unidad Piquetera (UP), el Sindicato del Neumático (SUTNA), las comisiones internas de los hospitales Garrahan e Italiano y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). También convocaron la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y el Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (Sitrarepa), entre otros.

La medida de fuerza cuenta con el respaldo del Frente de Izquierda. La legisladora porteña del MST, Celeste Fierro, apoyó la protesta y auguró una “larga jornada en la calle contra toda la ley ómnibus y el DNU”.

“El Gobierno sintió el paro y tuvo que retroceder en parte, pero amenaza con más ajuste y quiere superpoderes para aplicar todo. Por eso hay que rechazar todo el proyecto. Y como la lucha no termina, le volvemos a exigir a la CGT que convoque a un nuevo paro nacional activo como parte de un plan de lucha”, remarcó.

ACM con información de Télam

Los movimientos sociales, peronistas, de izquierda e independientes, se reunirán el próximo lunes por la tarde para anunciar la realización de un plan de lucha nacional, previsto para el próximo jueves, en una jornada de protestas que incluirá movilizaciones, en reclamo por la “falta de alimentos y la emergencia alimentaria” en los comedores comunitarios, informaron voceros gremiales.

El encuentro se desarrollará el lunes a las 14, en la sede de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), ubicada en Pedro Echagüe 1235, en el barrio porteño de Constitución, confirmaron a esta agencia voceros del sector.

“Está confirmada para el próximo lunes la reunión de todos los movimientos sociales, del amplio espectro de las organizaciones, para anunciar para el jueves la realización de una jornada nacional de protestas, con el eje de la emergencia alimentaria”, anticiparonvarios dirigentes piqueteros que participarán del encuentro.

En ese marco, adelantaron que el lunes se “confirmarán” distintos aspectos de la jornada de protestas para del próximo jueves que “incluirá movilizaciones a supermercados, reclamos a la COPAL (la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), ollas populares, y entrega de petitorios en dependencias de los Gobiernos Nacionales, provinciales y municipales”.

Además de las organizaciones sociales y políticas de la UTEP, -Movimiento Evita, Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Somos Barrios de Pie- participarán referentes de el Movimiento Libres del Sur; del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, y del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Popular La Dignidad, entre otros.

Con información de agencias.

MM

“Avancemos con los manifestantes. ¡Vamos!”. El jefe policial grita desde un megáfono para ordenar a su tropa: busca que la columna del Polo Obrero que camina sobre la avenida Diagonal Sur hacia Plaza de Mayo no corte la calle. La disputa por el asfalto regala por momentos una ridícula coreografía a la que la ministra Patricia Bullrich expuso a las fuerzas federales de seguridad con su protocolo antipiquetes para reprimir la primera protesta en la era Javier Milei. 

Una veintena de gendarmes se acopla con otra línea de policías federales al ritmo de la nutrida marcha. “Unidad diagonal, vamos”, insiste en código el oficial a cargo. Se desespera. “¡Línea de fondo! ¡Te están ganando!”, le grita a sus subordinados. Los militantes trotskistas corren para bajar de la vereda. El tránsito está cortado desde la avenida Belgrano, a unos 500 metros, más por el despliegue de las fuerzas que por la acción de los piqueteros.

“Pueden manifestarse por la vereda libremente”, baja línea el agente de la federal. Una señora empuja un chango de supermercado que lleva conservadoras repletas de bebidas para vender y mira con disgusto la línea de escudos con la inscripción PFA que la enfrenta intimidatoriamente. Cuando la columna sobrepasa el monumento a Roca y se acerca al Cabildo, se escuchan aplausos. ¿Quién ganó la pulseada callejera en otra marcha en homenaje al estallido de diciembre del 2001? 

La tensión atravesaba el aire cuando, minutos después de las 15, los manifestantes del PO ya no cabían en las veredas de avenida Belgrano y Piedras. La policía hacía gala de su fuerza motorizada para amedrentar a los manifestantes: unas cincuenta motos negras con dos policías a bordo con ropa de fajina a tono se paseaban continuamente por la zona. “¡Fuera!”, les gritaban.

Estaba repleta también la plazoleta de la esquina, que lleva el nombre del Intendente Joaquín S. de Anchorena. Hicieron mella los insistentes reclamos del Gobierno para que no hubiera menores en la marcha: había mujeres pero no se veían muchos niños. Entre ellos se mezclaban vendedores ambulantes. En medio de la política oficial de criminalización de la protesta, los militantes preferían no hablar: “Ahí está mi delegada. Fijate con ella”, dijo a elDiarioAR un hombre que llegó desde Ituzaingó. Por teléfono, otro manifestante le avisaba a un compañero que no llevara banderas: “Sino te van a detener”, le advertía. 

Hasta que llegó al cruce Eduardo “Chiquito” Belliboni, cabecilla de la marcha y máximo referente del PO. Puño en alto, coreó el cántico “¡Pi-que-teros, carajo!” unos segundos hasta que quedó envuelto en un extraño episodio: tuvo que ayudar a un policía de la Federal que se le cruzó con su moto en la avenida y se cayó. La confusión envalentonó a las fuerzas para desplegar todos los agentes federales que estaban a la espera en las calles cercanas para asistir a la policía porteña. Un centenar de efectivos de la Federal y la Gendarmería aparecieron con escudos, cascos, protectores musculares y cachiporras. Militantes del PO con chalecos blancos se le pararon enfrente. 

“Compañeros, nos organizamos detrás de las banderas. No entramos a ninguna provocación”, le exigió Belliboni a su gente, cuando la policía obligó al PO y otras organizaciones menores a ubicarse a un costado de la avenida Belgrano. Rápidamente la policía se desplegó en una especie de herradura humana para contener a los manifestantes sobre la vereda. “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”, se escuchó al ritmo de los bombos. 

Cuando un manifestante comenzó a discutir con un agente, un efectivo le arrojó gas pimienta. Dos mujeres tuvieron que ayudar a otra visiblemente descompuesta, con la cara colorada. “Golpearon a una embarazada”, denunció una de ellas. La escaramuza también avanzó sobre un puesto callejero de hamburguesas. “Cuatro mil pesos el maple de huevos”, se quejó la dueña. “¿A ellos no les llega el ajuste?”, gritaba una pareja contra los agentes. Uno de los jefes policiales buscaba contener a su fuerza: “Tranquilos, no le levantemos la mano a nadie”.  

Con esa actitud represiva el cordón de seguridad metió a la marcha sobre Diagonal Sur y le marcó el paso para llevarla hasta la plaza de Mayo. A una distancia prudencial se mantuvo el jefe de la policía porteña, Diego Kravetz, a la vez segundo del ministro de Seguridad, Waldo Wolff. “No fue provocador. Me parece bien”, hizo un breve balance ante elDiarioAR. “Pregúntenle a Bullrich”, se limitó a agregar sobre el operativo de las fuerzas federales. 

En Diagonal Norte la policía detuvo a dos personas y el diputado nacional del FIT Nicolás del Caño denunció que recibió “palazos” en el pecho y en la espalda. “Vencimos el protocolo, rompimos el cerco policial y que se pueda realizar la protesta”, declaró a este medio el legislador de izquierda. También un agente tuvo que custodiar al influencer libertario “Fijap”, que se metió en la marcha para provocar a los manifestantes y recibió insultos y escupitajos. Terminó metiéndose en la boca de la estación Bolívar del subte E. 

En Seguridad nacional evitaron responder la cantidad de efectivos que se desplegaron. “Esa información no la pasamos. ¡Pero hubo cinco fuerzas federales!”, celebró un alto funcionario de la cartera a este medio, poco antes de que Bullrich ofrezca desde el Departamento Central de la Policía Federal una conferencia de prensa. Además de la policía y Gendarmería, movilizó a la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario. Solo de la fuerza porteña hubo 2.000 agentes. Habría unos 10 mil manifestantes.

El cordón policial siguió hasta rodear la manifestación en la plaza, que no pasó de la Pirámide de Mayo. No hubo despliegue de agentes en las rejas de la Casa Rosada. Como un símbolo de la protesta, Nora Cortiñas, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, se plegó a Belliboni para el acto de cierre, dos horas después de iniciada la marcha. En la izquierda ya analizan una nueva medida de fuerza durante el verano y le reclaman a la CGT y a las organizaciones kirchneristas de la UTEP la convocatoria a un paro general. Mientras los organizadores de la movilización leían el documento final desde un camión con altoparlantes, un cántico coreaba “¿A dónde está, a dónde fue, esa famosa cegeté?”. “¡Manga de gatos!”, les dedicó una chica, parada sobre la calle, el símbolo que el Gobierno a fuerza de represión buscó disputarle a la protesta social.

MC/DTC

Las organizaciones sociales de Unidad Piquetera (UP) se desconcentraron a partir de las 18 de este martes de la Plaza de Mayo, después de haber protagonizado una movilización contra el ajuste dispuesto por el gobierno de Javier Milei (fue la primera marcha de su gestión presidencial, que lleva tan sólo 10 días) y en conmemoración de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001. El retiro de los manifestantes se produjo pacíficamente, por la Avenida de Mayo y las diagonales Norte y Sur, que desembocan en la Plaza de Mayo, al cabo de una jornada de máxima tensión por el debut del “protocolo antipiquetes” que había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el fin de reprimir la protesta social para impedir los cortes de tránsito que, de todas maneras, sí se produjeron. Afortunadamente, no se registraron incidentes de gravedad, a pesar de que en algunos momentos de la marcha la policía reprimió a algunas personas.

Una jornada de máxima tensión

Sobre la vereda, en la esquina, en una plazoleta, la primera movilización contra Javier Milei esperaba la hora indicada para saltar a la calle. Cierta tensión recorría el nutrido grupo de manifestantes del Polo Obrero apostado en las inmediaciones del cruce de avenida Belgrano y Diagonal Sur, aún sin cortar la calzada que dirige a la Plaza de Mayo. Agentes de tránsito de la Ciudad, por su parte, hacían custodia a la distancia mientras la Infantería motorizada recorría la zona de manera permanente. Eran unas cincuenta motos negras con dos policías a bordo.

Un par de horas antes de la llega a Plaza de Mayo, que se produjo a partir de las 16.30 de este miércoles, ya había un millar de personas, que habían llegado desde distintas barriadas porteñas y del conurbano. Había mujeres pero no se veían muchos niños, luego de los insistentes reclamos del Gobierno para que no hubiera menores en la marcha. Entre ellos se mezclaban vendedores ambulantes.

En medio de la política oficial de criminalización de la protesta social, los manifestantes prefirieron no hablar: “Ahí está mi delegada. Fijate con ella”, dijo a elDiarioAR un hombre que llegó desde Ituzaingó. Por teléfono otro manifestante le avisó a un compañero que no llevara banderas: “Sino te van a detener”, le advirtió. El PO dispuso varios fletes para traer sus banderas más grandes. Las desplegaron recién a las 16, horario en que empezó la manifestación y en cuyo trayecto a Plaza de Mayo se produjeron algunos incidentes que, por suerte, no pasaron a mayores. En Diagonal Norte hubo otra: del MST, sindicatos y organizaciones de derechos humanos.

La incógnita de esta tarde era cómo haría la policía para cumplir el protocolo antipiquete de los encargados de Seguridad, Patricia Bullrich por la Nación, y Waldo Wolff, por la Ciudad, dispusieron para que no se corten calles y vías de tránsito. “Muy amablemente nos pidió acá el comisario que vayamos por la vereda y la primera mano de la calle. Y si se desmadra que ahí les avisemos”, dijo con cierta ironía la histórica dirigente Vilma Ripoll a este medio, parada delante de una gran bandera del MST en Diagonal Norte y Esmeralda. A su alrededor había una decena de policías porteños. “Acá vamos a ser entre 10 mil y 15 mil personas, no sé cómo piensan hacer”, anticipó.

A último momento la Izquierda había modificado el cronograma de su marcha en repudio al ajuste de Milei y en homenaje al estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001: iban a concentrar en la plaza del Congreso para dirigirse a la Casa Rosada por la avenida de Mayo. “Queremos sortear la provocación del Gobierno y la ministra Bullrich”, argumentaron desde el PO. “No le íbamos a dar el lujo de cortar la 9 de Julio para poder cruzar hacia la plaza y que nos repriman. Ese era el tema que tenía la ministra”, completó Ripoll.

MC/JJD

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, afirmó este miércoles que las organizaciones piqueteras que marcharán este 20 de diciembre tienen “temor a que pierdan el negocio” y dijo que el Polo Obrero, una de las convocantes, “maneja una caja de 5.461 millones de pesos, siempre extorsionando o maltratando a la gente que necesita estos planes y tiene necesidades”. Asimismo, confirmó que hay “controles preventivos en las estaciones de trenes y accesos a CABA”.

“Como saben, hoy es el día de la convocatoria a una marcha de algunas organizaciones piqueteras y entendemos que el motivo de esa convocatoria es el temor a perder el negocio. Todas las organizaciones que convocan a la marcha son aquellas que actúan de intermediarios entre el plan social y el beneficiario, y entendemos que detrás de eso hay un gran negocio. Para poner un ejemplo, el Polo Obrero -cuyo referente es Eduardo Belliboni-, maneja una caja de $5.461 millones, por supuesto, siempre extorsionando y maltratando a la gente que necesita estos planes”, acusó el portavoz.

“Hasta el momento se recibieron 8.900 denuncias en la línea 134”, reveló el funcionario, al tiempo que aseguró que “buena parte de estas denuncias aportan datos relevantes de organizaciones o nombres de punteros que sirven para empezar a asignar responsabilidades en términos penales”.

“La cantidad de llamados superó nuestras expectativas de saber qué es lo que ocurre con estos intermediarios que se quedan con un negocio que no debería existir con dinero que sale del bolsillo del que a hoy le cuesta comer todos los días”, remarcó. Y agregó: “Se va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para pulverizar este tipo de acciones de los que se quedan con el negocio de la política utilizando a los que más lo necesitan”.

Según Adorni, “esto de amenazar y no dejarte entrar a un comedor por un plato de comida, da mucha tristeza”.

“El protocolo se está desarrollando con total normalidad, con controles preventivos en estaciones de trenes y accesos a la ciudad”, indicó el vocero en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Con información de agencias.

IG

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció hoy que “todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado” de cortes de calles “perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano” y los planes sociales.

En su primera aparición como funcionaria del gobierno de Javier Milei, Pettovello habló en un video emitido por Youtube de poco más de dos minutos de duración en el que afirmó: “Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente: el que corta no cobra”.

De cara a la marcha del próximo miércoles, del Congreso a Plaza de Mayo, que fue convocada inicialmente por el Polo Obrero y a la que se sumaron el último viernes más de 100 organizaciones, la ministra de Capital Humano insistió en la idea planteada días atrás por su par de Seguridad, Patricia Bullrich, que presentó un “protocolo de orden público” o antipiquete. “Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación”, dijo y agregó: “A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales. Vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno que se acaba de ir, por eso duplicaremos la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 134 si le cortan el plan por no asistir a una marcha”.

“Por otra parte queremos darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales” a los manifestantes, explicó.

“Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado a una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”, señaló.

Para la ministra, la “preocupación” del Gobierno son “las madres que concurren con sus hijos a las marchas, es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones”.

“Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y cortan la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra ”, advirtió.

Pettovello remarcó que “la misión de Milei y todo el Gobierno es defender a las madres, niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles” que atraviesa el país.

MM

El miércoles próximo será un día clave para el gobierno de Javier Milei. Se pondrá a prueba por primera vez el alcance del flamante “protocolo antipiquetes” de Patricia Bullrich ante una multitudinaria movilización a la Plaza de Mayo que convocan organizaciones de izquierda, de derechos humanos, estudiantiles y sindicatos en memoria del estallido del 19 y 20 de diciembre de 2001. ¿Qué escenario se verá en la calles del microcentro porteño esa jornada? A priori, habrá máxima tensión. 

La ministra de Seguridad ya avisó que se reprimirá cualquier corte o piquete en la vía pública mientras las agrupaciones esperan convocar a por lo menos unas 25 mil personas. Desde el Polo Obrero ratificaron la realización de la marcha y afirmaron su intención de que sea “pacífica” y sin buscar “entrar en la provocación del Gobierno”: “No vamos a una guerra el 20 de diciembre”, dijo el legislador Gabriel Solano a este medio.

Las últimas horas fueron frenéticas entre la Nación y la Ciudad para lograr un plan conjunto, ya que el protocolo de Bullrich alcanza a las vías públicas federales, pero deja abierta la posibilidad de dar apoyo en los territorios siempre y cuando las provincias o la Capital Federal lo demanden. Es lo que ocurriría el miércoles: se desplegarán agentes federales en puntos estratégicos para reforzar el operativo del gobierno porteño de Jorge Macri, que sólo cuenta con unos 26 mil efectivos propios.

“Cerco federal”

Como gran parte de los manifestantes que nutren los piquetes porteños provienen del conurbano bonaerense –sobre todo del llamado primer cordón–, lo que planean Bullrich y su par porteño, Waldo Wolff, es que las fuerzas federales impidan el acceso a la ciudad por las vías habituales –sobre todo las que conectan el sur–, como son el puente Pueyrredón, la autopista Ricchieri y las estaciones y terminales de trenes Roca, Belgrano Sur y Sarmiento. Una especie de “cerco federal” para evitar que los manifestantes lleguen siquiera a pisar las calles porteñas. 

“Ellos van a cubrir esos accesos”, aseguraron desde el gobierno porteño sobre el accionar de la Nación. Se espera un control exhaustivo: habrá hasta requisa de los micros escolares y combis, que suelen usarse para movilizar manifestantes. Queda en el aire la contradicción de que sea el propio operativo policial el que demore o interrumpa el tránsito. También hay duda sobre cuál será el rol de la policía de la provincia de Buenos Aires, ya que no trascendió aún que Axel Kicillof se adhiera al protocolo de Bullrich. elDiarioAR no tuvo respuesta a reiteradas consultas a La Plata. 

Se espera un control exhaustivo: habrá hasta requisa de los micros escolares y combis, que suelen usarse para movilizar manifestantes. Queda en el aire la contradicción de que sea el propio operativo policial el que demore o interrumpa el tránsito

La “frontera” más visible entre ambas jurisdicciones es en la avenida General Paz, que es de custodia porteña, pero la colectora del lado bonaerense depende de la Provincia. A cargo de la fuerza bonaerense ya no está Sergio Berni, sino un funcionario de menor perfil mediático: Javier Alonso, que en su primera medida cambió la jefatura de la policía.

En las estaciones de trenes –que son nacionales– habrá controles “por si hay desmanes”, apuntó una importante fuente oficial, aunque aclaró que no habrá “inteligencia” para “marcar” a los pasajeros: “En el tren no se puede hacer nada. Las personas podrán viajar normalmente”, dijo el funcionario nacional. Bullrich había advirtido que podría haber detenciones si se encuentran “palos o encapuchados”.

“Balas de goma, gases y camiones hidrantes”

El territorio capitalino estará custodiado por la policía de la Ciudad, pero ante cualquier eventualidad o necesidad de reforzar el número de agentes pedirá la asistencia de los federales –el protocolo de Bullrich involucra a Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y hasta el Servicio Penitenciario Federal–. “Si necesitamos ayuda obviamente vamos a pedirle a las fuerzas federales”, recogió este medio de una de las fuentes consultadas. “No hay un efectivo por manifestante”, reconoció otro vocero porteño ante la superioridad numérica en la que se encontraría la fuerza porteña.

La policía quedó días atrás encabezada por Diego Kravetz, a la vez segundo de Wolff. Y su defensa de los agentes es cerrada. Mañana habrá un “homenaje” a agentes porteños que fueron heridos en 2017 cuando una importante manifestación impidió que el macrismo avance con su reforma previsional en el Congreso. Fue el famoso día de “las 14 toneladas de piedra”.

“Hay un número más que suficiente de agentes federales para ayudar a la Ciudad”, afirmó un encumbrado funcionario de Seguridad nacional en off a elDiarioAR. La fuente aclaró que el protocolo impide que los agentes utilicen armas de fuego letales, pero detalló los pertrechos que se podrán a disposición el miércoles para lo que sería una eventual represión: “Los agentes podrán utilizar balas de goma, gases lacrimógenos, cachiporras, camiones hidrantes; todo lo que sirva para disuadir colectivamente al piquete”, enumeró el funcionario que tiene contacto directo y permanente con Bullrich. Aclaró también que las fuerzas federales pondrán en marcha a “todas sus unidades especiales con experiencia antitumulto”, como es la Infantería. 

El protocolo de Seguridad contempla la detención de los manifestantes que estén “en flagrancia”, amparándose en el artículo 194 del Código Penal, que reza: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. 

“Corte una vía pública es delito. Al que corta se lo detiene y se lo pone a disposición de un juez, que eventualmente luego podría liberarlo o no”, señaló el funcionario nacional consultado. Pero más allá de su detención, el protocolo habilita a Seguridad a coaccionar contra el apresado trasladando su información personal al resto de las demás dependencias del Estado: así, por ejemplo, si es beneficiario de un plan social, el ministerio de Capital Humano podría quitárselo; si está quemando una cubierta, podría ser acusado de “contaminar el ambiente”; si es conductor de un transporte escolar pero lleva manifestantes, la secretaría de Transporte podría quitarle la licencia.

“Va a haber rocanrol”, anticiparon sobre la expectativa de la semana en el entorno de Bullrich, que se rodeó de caras conocidas en su regreso a Seguridad: como jefe de Gabinete ungió a Carlos Manfroni, con quien tiene relación de años y comparte un vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel; mientras el secretario de Seguridad –virtual viceministro– es Vicente “Tito” Ventura, del riñón de Cristian Ritondo. También nombró a Sebastián García de Luca, que fue responsable de sus fiscales durante la campaña, a cargo del relacionamiento político del ministerio, y a Martín Siracusa, un incondicional suyo, como secretario administrativo, consignó Perfil.

La marcha, del Congreso a Plaza de Mayo

La izquierda también se prepara para la movilización del miércoles, que estiman multitudinaria. En el PO esperan entre 25 mil y 50 mil personas, sobre todo por la adhesión de unas cien organizaciones luego de que Bullrich oficializara su protocolo represivo. La concentración recorrería en el horario de la tarde la traza de la avenida de Mayo, del Congreso a la Plaza de Mayo, para confluir en la Casa Rosada. Tiene el simbolismo de conmemorar a las víctimas de la feroz represión del 2001, pero también cuestionarán el ajuste económico de Milei. 

La izquierda en cada movilización pone en marcha una aceitada organización, que abarca desde el transporte de los manifestantes hasta su propia seguridad, la comida, los encargados de llevar las banderas y una lista con los participantes

Pese a su convocatoria, el bloque piquetero no contará con el apoyo de la CGT o la UTEP, el gremio de la economía popular que abarca a las organizaciones kirchneristas. “Chocar de frente no tiene ningún sentido; profundiza la estigmatización. Hoy no hay consenso para cortar la calle. Te pones en un rincón social para que la sociedad te putee. Esto pronto va a empeorar, pero ahora no hay que forzar de más el malestar”, comentó una importante dirigente del Movimiento Evita a elDiarioAR. La agrupación que conduce Emilio Pérsico sí tiene en agenda realizar pronto una gran feria popular en la Plaza de Mayo o frente al Congreso, como los conocidos “verdurazos”. El MTE de Juan Grabois –como ya es habitual– va a organizar una “celebración” de Navidad el sábado próximo frente a la Casa Rosada con cartoneros y personas en situación de calle.

Para contrarrestar el operativo de “cerco” a la Capital, los organizadores de la marcha dispondrán que haya abogados en las estaciones de trenes para evitar “detenciones arbitrarias”. También esperan que la Justicia se expida en las próximas horas avalando el derecho constitucional de la protesta. 

Eduardo “Chiquito” Belliboni, uno de los máximos referente del PO, supo detallar a elDiarioAR que para cada movilización se pone en marcha una aceitada organización para evitar cualquier incidente: abarca desde el transporte de los manifestantes –el miércoles será en tren– hasta su propia seguridad, la comida, los encargados de llevar las banderas y una lista con los participantes “para que nadie se pierda”. También hay reglas claras en sus marchas: no se puede beber alcohol, fumar ni mucho menos drogarse. Incluso hay un sistema de rondas internas de control y recomiendan no mirar a los automovilistas a la cara para evitar escenas de tensión. 

“Bullrich busca intimidarnos, tratando de que la gente no marche”, denunció a su vez Solano, que entiende que el miércoles tendrán el desafío de no “hacerle el juego” a la policía. “Nosotros tomaremos las precauciones del caso, como es estar bien organizado y evitar que entren provocadores a la manifestación”, afirmó el ex precandidato presidencial del PO y actual legislador. Y anticipó el carácter que tendría la manifestación: “La nuestra es una marcha pacífica”. 

MC/JJD

El Partido Obrero y su brazo social, el Polo Obrero, cruzaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su protocolo antipiquetes: “Su propuesta es una amenaza ilegal”, aseguró el líder de Izquierda, Gabriel Solano durante la conferencia de prensa de la que también participaron la excandidata a jefa de gobierno porteño, Vanina Biasi, y el dirigente Eduardo Belliboni.

El legislador porteño planteó que el derecho a la protesta está avalado por la Constitución Nacional por lo que la medida del gobierno de Javier Milei es un “atropello” a la legislación vigente. En este sentido, los dirigentes allí presentes coincidieron en que las únicas maneras en que se podrían limitar las manifestaciones populares es reformar la Constitución o declarar el estado de sitio, pero advirtieron sobre los riesgos que supone esta última alternativa con la memoria del gestión de De La Rúa en 2001.

Solano, además, cuestionó las medidas de ajuste anunciadas este martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las calificó de “plan de guerra contra el pueblo”. En este marco, denunció despidos masivos en la administración pública y reclamó contra los “tarifazos” y la eliminación de la actual fórmula de movilidad jubilatoria para reemplazarla por incrementos pautados discrecionalmente del presidente de la Nación. “Dar aumentos por decreto del gobierno de la motosierra es suicida”, sentenció.

Y agregó: “Cuando hay semejante agresión, es inevitable la protesta social” porque “lo peor que podemos tener es un pueblo muerto”. En esta misma línea se expresó el dirigente social, Eduardo Belliboni. “Tenemos amenazas después de que anunciaran un plan de guerra contra los trabajadores”, indicó antes de ratificar que no hay manera de impedir las próximas movilizaciones.

Durante la conferencia, también confirmaron que se llevará adelante la manifestación prevista para los días 19 y 20 de diciembre en rechazo a las políticas de estabilización del gobierno libertario.

Esta tarde, Patricia Bullrich autorizó la intervención de las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal frente a manifestaciones y piquetes que bloqueen de manera total o parcial la circulación. “No vamos a tener en cuenta la existencia de otras vías alternativas al tránsito o la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, que se permite que esa vía siga cortada”, explicó y agregó: “Para llevar a cabo esas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”.

El presidente de la Nación ya había adelantado la tolerancia cero con los piquetes en su administración durante el discurso que brindó en la escalinatas del Congreso el día de su asunción. “El que corta, no cobra”, había sentenciado en aquella oportunidad frente a la multitud que se había acercado al Palacio Legislativo para brindarle su apoyo.

Antes de la conferencia de prensa, el diputado porteño y dirigente del PO Gabriel Solano anticipó la postura en X: “Respuesta a Bullrich: no le tenemos miedo. El derecho a la protesta social está amparado en la Constitución”.

Otras organizaciones también cruzaron a Bullrich por las medidas antipiquetes

Además del Partido Obrero, esta tarde, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie también repudió el “Protocolo para el orden público” presentado por Bullrich y comparó la iniciativa del gobierno de Milei con las dictaduras del siglo XX.

“Vemos como el plan económico de Milei y Caputo se va asemejando a aquel de Krieger Vasena. Recordamos una de las claves por la cual pudieron avanzar en su momento con esa implementación: estuvo sustentado por un gobierno y una dictadura militar como la de Onganía. Así que no me extraña que empiecen a construir un endurecimiento de las limitaciones a los reclamos, porque obviamente una política económica de esa magnitud no cierra en los marcos de la convivencia democrática”, denunció.

Al igual que Solano y Belliboni, el ex funcionario de Alberto Fernández cuestionó el plan de ajuste de Caputo, el cual, consideró, tiene un carácter “criminal” porque generará una “enorme licuación de ingresos”. “Con el paquete de medidas económicas tomaron la decisión de afectar a más de veinte millones de argentinos y argentinas llevándolos a la miseria. Ya ni siquiera estamos discutiendo si se va a poder conseguir alquiler sino que prácticamente un sector importante de nuestro país va a tener problemas para comer. Acá la sociedad no lo va a tolerar”, agregó Menéndez.

Según indicó, el gobierno de Milei busca “con el poder de la represión hacer que la sociedad a fuerza de palos, balas y persecución tolere lo intolerable”, una situación que es insostenible en democracia.

ACM/JJD

La calle será un termómetro del fuerte ajuste estatal que alienta Javier Milei. Y en medio de la danza de nombres para integrar el futuro gabinete, un área parece ya tener firme su estrategia al respecto: ayer se reunieron Patricia Bullrich –a quien el presidente electo le ofreció el ministerio de Seguridad nacional– y Waldo Wolff –que ya fue designado por Jorge Macri en esa cartera a nivel porteño–. Un encuentro que anticipa una visión compartida entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de “mano dura” contra la protesta social. 

Antes que hablar de gestión, Bullrich y Wolff se reunieron para limar asperezas. Estuvieron en veredas opuestas durante la campaña hacia las PASO de Juntos por el Cambio, con fuertes cruces de acusaciones entre sí: el exdiputado “halcón” acompañó a Horacio Rodríguez Larreta y llegó a cuestionar el latiguillo de “todo o nada” de la excandidata presidencial. Luego del balotaje de hace dos domingos, Wolff le pidió el encuentro a Bullrich. La cita se concretó ayer. 

“La Argentina que viene necesita orden, reglas claras y trabajo en equipo. La jerarquía y el aporte de la experiencia de @PatoBullrich son sumamente valiosas para esta etapa que viene. De esto y muchas otras cuestiones conversamos hoy”, escribió Wolff en su cuenta de X. Evitó mencionarla como la futura ministra de Seguridad porque el cargo no fue aún anunciado oficialmente por Milei.

Ese detalle es un párrafo aparte en los modos en que se está manejando la construcción del nuevo poder Aunque en el equipo de Milei aseguraron a elDiarioAR que Bullrich “está confirmada”, ayer al lado de la excandidata presidencial le pusieron reparos a la designación: “El ofrecimiento estuvo pero no está confirmado que ella vuelva”, comentó un ladero suyo a este medio. “Si lo hace es por una patriada, para colaborar, no porque realmente lo quiera”, agregó la fuente consultada. Cerca de Wolff aseguraron que tampoco Bullrich se lo confirmó en el encuentro entre ambos.

Como sea, en la Ciudad esperan con ansias que finalmente Bullrich esté a cargo de las fuerzas federales. Ponderan que su experiencia en la cartera sería clave para reforzar los operativos de la Policía porteña para controlar los sucesivos piquetes y cortes de calles, sobre todo en el microcentro porteño, con foco en la avenida 9 de Julio y la Plaza de Mayo. La Piba ya hizo campaña con la bandera de la “mano dura” y la promesa de “poner orden”.

“Bullrich nos resolvería un problema muy grande. Tiene liderazgo sobre las fuerzas federales y entre todos los dirigentes para ese cargo, es la que está más preparado”, dijeron en el armado de Wolff ante la posibilidad de trabajar codo a codo con Bullrich. 

Durante la campaña a las PASO, Wolff llegó a cruzar a la candidata por cuestionar cierta inacción de la gestión de Larreta frente a los piquetes. “Para sacar una manifestación de 10.000 personas necesitamos (por protocolo) a toda la Policía de la Ciudad en la 9 de Julio, dejando desprotegidos los bancos, las calles, las plazas y las escuelas”, detalló en su momento el vocero porteño. 

La narrativa de “orden” y “mano dura” va en línea con un discurso que comparten tanto Milei como Bullrich y Wolff de recortar los planes sociales y que las organizaciones sociales dejen de funcionar como intermediarios de los beneficiarios –quienes deben estar inscriptos en cooperativas de trabajo–. Eso anticipa un potencial conflicto con las agrupaciones, tanto las hoy oficialistas –con el Movimiento Evita de Emilio Pérsico a la cabeza, que no solo administra el Potenciar Trabajo desde el Estado sino que es la organización con más beneficiarios entre el 1,2 millones que hay–, como las combativas –principalmente el Polo Obrero–. 

Hoy, de hecho, el bloque piquetero que conduce el trotskismo hará una nueva protesta frente a Desarrollo Social: será la última contra la gestión kirchnerista. Y ya está en agenda la primera protesta contra Milei: un plenario piquetero votó un plan de lucha en todo el país para el 19 y 20 de diciembre próximos.

Ayer el referente del PO, Eduardo Belliboni, ganó los titulares al advertir que quiere que “al gobierno de Milei le vaya muy mal”.“Yo quiero que fracasen los planes que tiene para reventarle la cabeza a los trabajadores, los jubilados, los estatales. Nosotros nos preparamos para enfrentar a este Gobierno”, sostuvo en una entrevista en Canal 9. 

Las movilizaciones del bloque piquetero de diciembre serán para reclamar a Milei un bono de fin de año –una especie de aguinaldo– y una canasta navideña para los beneficiarios de planes sociales. Sin dar señales concretas al respecto, el presidente electo anticipó que degradará el área de Desarrollo Social a una secretaría dentro del ministerio de Capital Humano, que estará a cargo de Sandra Pettovello, junto a Salud, Educación y Trabajo. Ese puesto estará a cargo de Pablo de la Torre, hermano del exintendente de San Miguel Joaquín de la Torre, quien hizo campaña electoral junto a Bullrich. 

Hasta ayer, según supo elDiarioAR, no había comenzado aún la transición entre Pettovello y la saliente ministra Victoria Tolosa Paz o sus segundas líneas, como Pérsico, que conduce la secretaría de Economía Social. Sí hubo contactos informales entre Guillermo Francos, espada política de Milei como su futuro ministro del Interior, y Fernando “Chino” Navarro, otro de las espadas del Evita. Fue un cruce de mensajes telefónicos –se conocen desde hace tiempo– con la posibilidad de habilitar un encuentro cara a cara luego del 10 de diciembre.

Sin agitar aún movilizaciones, en el Evita advirtieron ante elDiarioAR que Milei podría tener “quilombo en las calles” si el recorte que busca aplicar alcanza a los beneficiarios de planes sociales: “Si no pagan aguinaldo a los estatales y tampoco a los cooperativistas, van a estar todos protestando”, aventuró una encumbrada fuente. 

“Si hay ajuste y mano dura en la calle, va haber quilombo”, dijo el dirigente social sobre la posibilidad del ascenso de Bullrich otra vez en Seguridad. Sin embargo, vaticinó sobre el primer diciembre con Milei en el poder: “Ojalá podamos atravesar bien el fin de año; con angustia, pero con paz social”. 

MC/JJD

El Polo Obrero y otras organizaciones sociales marcharán mañana al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar el pago de un aguinaldo de fin de año, que garantice alimentos para diciembre y un aumento de los programas sociales “equivalente a la inflación”.

Las organizaciones concentrarán a partir de las 10 en Avenida San Juan y 9 de Julio para dirigirse a la sede de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz, confirmaron fuentes de la organización.

El Polo Obrero advirtió en un comunicado que el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa, y Tolosa Paz “tienen obligaciones por cumplir” antes de que asuma el mandatario electo, Javier Milei, el próximo 10 de diciembre.

“La movilización de mañana tiene que ver con los reclamos pendientes al Gobierno nacional. Son temas muy delicados y muy importantes para nuestros compañeros como la comida para fin de año, los refuerzos alimentarios que hemos estado discutiendo o las herramientas que vienen siendo prometidas hace mucho tiempo y que tampoco llegan”, explicó a Télam el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.

También convocan el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Movimiento 29 de mayo, el Movimiento Argentina Rebelde, el Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Rebelión Popular, el Frente de Desocupados Unidos y el Movimiento Barrial de los Trabajadores.

En diálogo con la agencia, Belliboni ratificó sus dichos de las últimas horas respecto de que espera que al Gobierno de Milei le vaya “muy mal”, y juzgó “hipócrita” la repercusión que se generó tras sus declaraciones.

“Seria positivo que le vaya muy mal porque, si se cree que con Milei venia el fascismo, como dijeron algunos, ¿cómo me va a parecer bien que le vaya bien al fascismo?”, preguntó.

El dirigente recordó que el presidente electo se pronunció a favor de “liquidar los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de atacar a los trabajadores del Estado”.

“No sabe si va a pagar el aguinaldo, le va a joder la vida a todo el mundo. Yo quiero que todo eso fracase y que no le vaya bien con el ajuste que quiere hacer con los que menos tienen”, aseveró. Sobre la repercusión que generó su postura, Belliboni señaló que “hay mucha gente hipócrita en este país”.

“Hace unos días te llamaban a votar contra Milei porque era el mal, el diablo, el maligno en la tierra y hoy dicen 'ojala le vaya bien'. Yo tengo cierta coherencia en la vida, si me parece que es un peligro como efectivamente lo creo, espero que a ese peligro le salgan mal los planes que tiene”, subrayó.

MM con información de Agencia Télam

Las distintas organizaciones sociales que integran la Marcha Federal Piquetera llegaban esta tarde a Plaza de Mayo, donde realizarán un “acampe y vigilia” en reclamo de “políticas contra el hambre y la pobreza” y “asistencia integral para los comedores populares”, entre otros puntos.

Las columnas arribaron pasado el mediodía desde distintos puntos del país y se congregaron frente al Congreso de la Nación, desde donde comenzaron a avanzar a partir de las 14 hacia Plaza de Mayo. A las 15, se instalaron las primeras carpas frente a Casa Rosada en pleno centro porteño, donde manifestantes de todo el país se preparaban para pasar la noche allí.

“Hoy vamos a acampar acá en Plaza de Mayo en una vigilia. Mañana será una gran jornada piquetera, tal vez la más grande de los últimos 15 o 20 años. Se suman a la pelea sectores del oficialismo que hasta ahora no habían salido, como UTEP”, dijo Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero (PO), durante el avance hacia la Plaza de Mayo.

Ezequiel Altamiranda, referente del PO de Santiago del Estero, señaló que hay “muchas demandas en la mercadería, en los alimentos, en los comedores, merenderos y no se está cumpliendo con las necesidades más básicas”.

Está previsto que mañana jueves las organizaciones sociales bajo la Unidad Piquetera marchen hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social junto con las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la CTA Autónoma.

Desde el Bloque Social por el Trabajo, compuesto por la Federación Nacional de Trabajadores cooperativistas, precarizados y de la economía social (FNT) y el Frente Milagro Sala, confirmaron en un comunicado que participarán para “rechazar el programa de miseria planificada que se acordó con el FMI diseñado para que la enorme riqueza que produce cotidianamente nuestro país se quede en el extranjero, o repercuta nacionalmente en los balances de un puñado de grandes corporaciones”.

La convocatoria de las organizaciones sociales tiene como objetivo “repudiar el ajuste del FMI” y dar inicio a un plan de lucha “conjunto hasta que se resuelva el problema alimentario en Argentina”, según anunciaron.

Ayer martes, se realizó un acto en el centro de Córdoba capital luego de que los manifestantes partieran el lunes desde La Quiaca, provincia de Jujuy. El dirigente local del Polo Obrero, Emanuel Berardo, detalló que son más de 100 los actos que se realizaron a lo largo del trayecto en las distintas provincias, con la consigna: “Por el trabajo, el salario, contra el hambre y la pobreza”.

Berardo afirmó que “no sólo los desocupados están por debajo de la línea de pobreza, sino también los que tienen empleo formal que hoy lo que perciben no les alcanza para la imparable inflación”.

La columna sureste salió ayer a las 8 desde Caleta Olivia (Santa Cruz) a Comodoro Rivadavia (Chubut); la columna suroeste partió al mismo tiempo de Lago Puelo (Chubut); mientras que en San Juan hubo un acto a las 9, en Corrientes y en Chaco a las 10, en La Rioja a las 10.30, en Mendoza a las 15 y en Rosario y en la capital cordobesa a las 17. A las 18 en Bahía Blanca, las columnas sureste y suroeste de la Patagonia se unificaron, mientras que a las 19 salió la columna de Cuyo desde Mendoza y la del Nordeste argentino.

Por su parte, Belliboni instó a “sumar nuestras fuerzas porque nadie nos va a dar nada”. “Este acontecimiento sumado a todo lo que está ocurriendo en el país es un gran golpe contra los que nos quieren sacar nuestras reivindicaciones y los trabajadores, desocupados, precarizados de una punta a la otra estamos organizados y no vamos a aceptar”, apuntó el dirigente.

Belliboni afirmó que la marcha piquetera se da en el marco de “una unidad muy grande” para “defender a los trabajadores y jubilados contra la inflación que se come los ingresos y no alcanza para nada”. “Es un desastre lo que ocurre en la Argentina, hay que levantarse y pelear”, aseveró.

A la convocatoria se sumaron integrantes de la Unidad Piquetera, como “Mecha” Martínez de CuBa MTR, acompañados por el dirigente del PO jujeño y constituyente electo, Sebastián Copello. Otros dirigentes nacionales también partieron desde Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, como también de Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, Lago Puelo, Neuquén y Río Negro y desde el Centro y Cuyo, sumando en total 22 provincias con más de 100 ciudades.

La Marcha Federal Piquetera tiene la intención de “mostrar que el ajuste de los gobiernos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) golpea aún más en el interior del país”.

IG/LC con información de agencias