Ha vuelto a investigar a las élites económicas y la relación del Estado y los empresarios, pero no olvida su paso como secretaria de Empleo Público en el gobierno anterior, ahora que el de Javier Milei lo poda con motosierra. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Ana Castellani recibe con café y chocolate amargo a elDiarioAR en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) para analizar los errores de la administración que protagonizó y sobre los que se monta la actual para desarmar al Estado.

–La semana pasada se disolvió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), anunciaron que echan a 3.000 de sus empleados que habían entrado en el gobierno anterior. Vuelve el ciclo de que el gobierno kirchnerista mete gente en el Estado, el de Mauricio Macri echa, el del Frente de Todos mete, Milei saca...

–En el caso de la AFIP, todos los gobiernos desde que se creó, dejaron ahí gente propia. A veces justificadamente, porque vos podés tener una dotación excedida en el número total, pero necesitar un tipo de perfil laboral que no está excedido, por ejemplo, desarrolladores informáticos. Te digo un caso típico donde hay escasez porque hay mucha rotación de ese personal. A priori todos los gobiernos, más de derecha o más de izquierda, pudieron utilizar a la AFIP como un lugar donde colocar gente de la propia fuerza política, como reducto para emplear a esas personas o manejar alguna área en particular en donde haya un interés en que esas personas ingresen. La AFIP era el lugar que más creció porque era el lugar que tenía los mejores salarios en toda la administración pública. Era una especie de retiro dorado para un funcionario que te había servido en toda la gestión y que quedaba medio desamparado después de una derrota electoral. Entonces, sucesivamente hubo esos ingresos. Después existen prácticas que los gremios alientan en ese tipo de organismos y que es “no bajemos nunca la dotación”. Entonces la gente que se jubila o se va siempre tiene que ser reemplazada, sin hacer un análisis.

–¿Cómo fue cuando usted llegó al gobierno en 2019?

–Llegué a la gestión y la AFIP ya tenía un exceso de dotación, según el último informe de análisis de dotación que había realizado el macrismo en 2018. Nosotros la recibimos con 3.000 personas por encima. La gestión de (Mercedes) Marcó del Pont la bajó. La pandemia complicó todo en eso también. Hubo un cambio en la funcionalidad de la AFIP, en la atención al cliente, que tuvo que obligadamente digitalizarse casi por completo. La dotación tal vez estaba excedida en la atención al público y no excedida en los profesionales que tienen que perseguir la elusión o la evasión tributaria. Pero 3.000 personas no se incorporaron en nuestra gestión, de eso estoy totalmente segura. Si van a sacar a 3.000, que es lo que ellos consideran que es el excedente, creo que no hicieron ningún análisis de dotación. Solo en la última gestión (de la AFIP en el Frente de Todos, la de Carlos Castagneto, con Guillermo Michel en la Aduana) tenés gente que efectivamente entró, pero ahí también tenés que ver quiénes. Porque corrés un riesgo enorme. Podés llegar a dejar sin el personal suficiente áreas claves para la recaudación impositiva y seguir dejando infladas áreas que de atención al público que capaz no se necesitan.

En el macrismo se intentó abordar desde una lógica más racional la dotación óptima: calcularon la eficiencia de los procesos y vieron cuántas personas se necesitaban para cada uno de los procesos y si había un excedente. Yo vi esos análisis cuando llegué al cargo y vos tenías media APN (administración pública nacional) excedida y media APN por debajo. La gran mayoría de todos los organismos científicos técnicos estaban por debajo de la dotación óptima. Y también otros ministerios en las áreas centrales, organismos de regulación y control. Generalmente, los que están excedidos son los que tienen salarios más altos. Y ahí tiene que hacerse la pregunta de qué hace la política con el Estado. Eso te lleva a una pregunta sobre cómo las fuerzas políticas de distinto signo conciben la administración pública. ¿Qué noción tienen del Estado en relación a la sociedad, a la economía, a su intervención, la regulación y control?

El capitalismo se lleva cada vez una porción más grande de la torta, que encima en Argentina es una torta estancada hace bastante tiempo. Hasta ahora vemos que los contrapesos se ponen desde los gobiernos, el capital avanza y la desigualdad aumenta. Después están las fuerzas políticas que dicen que para que la torta crezca no tengo que intervenir nada. La tienen mucho más fácil, porque esa retirada del Estado es a puro decreto, como estás viendo hoy. Es cuestión de tener a alguien que lo piense como (Federico) Sturzenegger, que lo tiene bien estudiado y después es decreto, decreto, decreto. Vendemos todos los inmuebles. Listo. Punto. Chau. De paso, como suele suceder en este tipo de gobiernos, le damos una oportunidad de negocios a las élites económicas. O desregulemos el mercado de aeronavegación y listo, venga. O ponemos a gente de la industria petrolera a cargo de la gestión energética. Ningún problema. Eso es mucho más sencillo que armar desde el Estado una burocracia y un cuerpo de funcionarios capaces, comprometidos, que vayan balizando los caminos, no destruyendo.

Si yo quiero gente que atienda mejor a la ciudadanía, tengo que pensar un diseño curricular de curso para capacitar a los empleados públicos, nacionales, provinciales, municipales; contratar a los docentes, articular con las provincias, los municipios. Si yo digo, como hoy, se terminó, el Estado nacional no capacita más. Listo. Es más, despido a los 20 que se ocupaban de organizar eso. Es mucho más sencillo para las fuerzas de liberación del peso del Estado en la economía que para las fuerzas que creemos que la intervención estatal es necesaria para contrapesar. El problema grave para mí es que queremos hacer eso sin tomar conciencia de que ese instrumento de transformación tiene que ser un Fórmula 1, no un auto descacharrado.

–¿Qué autocrítica hace a su fuerza política en ese entido?

–Se minimiza la necesidad de hacer una administración pública de calidad, de eficiencia. Y no es que no tenés con qué, porque en el Estado nacional, que es el que yo conocí bien, en la Administración Pública Nacional el 57% de las personas son profesionales, tienen estudios terciarios. Y tienen 30 años dentro del Estado.

–En el Gobierno se reíen de las dotaciones óptimas que hacía el macrismo. Quieren echar de todos lados, menos de las fuerzas armadas y de seguridad...

–Para ellos, salud y educación, todo para las provincias. Esa es la idea: la obra pública, tercerizarla al sector privado. Es un cambio de paradigma que Milei y Sturzenegger llevan al extremo. No es claramente el macrismo, que buscó cierta negociación. Porque, como dice Macri, no estaba la sociedad preparada para avalar algo semejante y tuvimos que pasar por los dos fracasos que nos llevaron al empate catastrófico que derivó en Milei. Recién ahí vos podés justificar la emergencia de una salida tan disruptiva.

–¿Usted cree que había un exceso de empleados en el gobierno de Alberto Fernández?

–No, para nada. No es opinión, es cómo evolucionó la APN desde 2000 para acá. En el kirchnerismo (2003-2015) prácticamente se duplica la dotación. El grueso de ese aumento se da en a última gestión de Cristina Kirchner. Gran parte de eso se explica por una regularización de la situación de monotributistas que había dejado el menemismo y el gobierno de (Fernando) De la Rúa, por la ampliación de las funciones del Estado y la reestatización de organismos. La red del ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) se extendió un montón durante esos años. Si vos querés hacer el Conectar Igualdad, necesitás gente que lo implemente.

–¿Con Macri?

–Se bajó la dotación en un 10%, pero se aumentaron los cargos. Se acortó por abajo, en algunos organismos puntuales, especialmente aquellos en donde había sindicatos más combativos, en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), en muchos de los que tienen despliegue territorial, en la Secretaría de Agricultura Familiar, que se habían expandido mucho durante el kirchnerismo.

–¿Con Alberto Fernández?

–Lo que hicimos fue ver todo lo que está excedido. Nosotros no íbamos a despedir gente, eso era una política. Al contrario, nosotros queríamos regularizar la situación de aquellos que estaban sin concursar para ir a un proceso de concursos: realizamos 16.000 concursos en cuatro años. Por supuesto insuficiente porque hay 55.000 personas sin concursar, entonces que hagas 16.000 no alcanza para nada. Quisimos reforzar aquellos organismos que habían quedado con muy poca dotación: todos los organismos científico-técnicos y los más vinculados a la regulación de algunos temas como la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica). Después se frenó en los dos últimos años el ingreso porque había tensiones. Primero, políticamente vos tenías organismos que habían tomado decisiones, la ANSES, el PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), de expandir su área de cobertura y eso implicaba también trabajar con la dotación. Pero el criterio que duró los cuatro años fue alta por baja.

–¿Dónde aumentó la dotación y en qué porcentaje?

–Subió 6% la dotación de la APN, sin las empresas del Estado. Donde tuviste el gran aumento fue en el Correo y las empresas ferroviarias, entre las dos, 7.000 personas. Desde la secretaría mía no manejaba la dotación de una empresa pública. En la APN el aumento fue en salud, en hospitales, fue en el Ministerio de la Mujer, que se creó y teníamos 1.200 personas, fue en obras públicas, porque se armó una política de obra pública bastante inédita en términos de la cantidad de obras que se pusieron en marcha durante esos cuatro años. Permitimos aumentar en organismos de ciencia y técnica.

–En la gente, que votó masivamente a Milei, caló hondo la idea de que hay mucho empleado público e ineficiente.

–Hay un proceso de larga data y un proceso muy de corta data, que es de la pandemia para acá. Todos hemos tenido una experiencia ingrata en la tramitación con el sector público. Quedó tan bien graficado en el sketch de (Antonio) Gasalla, que todavía hoy, 30 años después, lo seguimos mencionando por algo. Esa experiencia para el ciudadano común puede ser con el Estado nacional, provincial o municipal. Yo te diría que no es muy distinta de la experiencia que uno puede tener con la contratación de algún tipo de servicio público que manejen los privados como Internet, cable o lo que se te ocurra, donde también la pasás mal muchas veces en las tramitaciones.

Eso no es excusa. Pero el énfasis siempre está puesto por aquellos que quieren demonizar al Estado y a sus empleados. Y ahí vamos a una operación más macro que es que las élites económicas históricamente en nuestro país y en el mundo buscan la manera de eludir las responsabilidades por la insatisfacción que genera el desarrollo capitalista, desligándola por completo en las élites políticas. Entonces tienen una relación medio conflictiva con las élites políticas. Por un lado las buscan permear, las financian, las apoyan en la medida en que respeten o les parezcan que son afines a sus ideas. Por otro lado, se tienen que garantizar siempre de quedar excluidas. Si a Milei le va mal, todos los que lo aplaudieron en IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) se van. Pasó en la dictadura con (José Alfredo) Martínez de Hoz, en los 90, con Macri. Porque el liberalismo económico tiene que quedar como horizonte utópico, posible, inmaculado, para la élite económica. Siempre te van a decir que si fracasó es porque no era eso...

–Que se aplicó mal.

–Se aplicó mal porque fue exagerado, porque no se lo dejaron aplicar los retrógrados, los orcos, pero nunca se van a hacer cargo de la responsabilidad. Y si el Estado del bienestar deja de funcionar y los servicios de salud que prestan son cada vez peores y los servicios educativos que prestan son cada vez peores, si los salarios indirectos son cada vez peores, si todo está peor, en realidad es por culpa de los políticos. Y las élites políticas claramente tienen una responsabilidad enorme. Pero lo genial es creer que la culpa exclusiva de esa situación es de las élites políticas. Lo que pasa es que nosotros, las fuerzas que creemos en un mundo más justo y más igualitario, en la generación de la riqueza, que también debería ser un grueso de preocupación cuando estamos en el Estado, tenemos muchas lógicas corporativas, en el sentido de me defiendo a mí mismo, acumulo para mí porque la lógica política dice eso. ¿Dónde abrimos el hospital del PAMI: en donde hace falta o en donde quiero que gane mi candidato a intendente? Entonces empezás a usar la decisión pública en función de intereses de autoreproducción como fuerza política o, peor aún, como fracción de la fuerza política.

–En el gobierno de Macri, usted analizaba que era el gobierno de los CEO. ¿Y ahora?

–Hay un problemón empírico: esta es la primera vez en todos los gabinetes que nosotros tuvimos que estudiar que no podés estabilizar uno porque es tal el grado de rotación que existe en los cargos altos que nunca estás pudiendo. Sí hicimos estudios de algunos gabinetes donde vos podés empezar a ver señales muy concretas. Lo hicimos nosotros y lo hizo gente de la revista Crisis. ¿Qué se dejó estable? Economía, que no es casualidad, porque ahí tenés burocracias más estables por abajo y por arriba tenés a un ministro que ya fue ministro. Ahí hay muchas vinculaciones de empresas, de intereses de los sectores. Nosotros cruzamos una base de datos de mayo y nos daba que el 30% de los funcionarios estaba ocupando cargos en directorios de empresas privadas.

–¿Al mismo tiempo que son funcionarios?

–Siempre te van a decir que es un problema de que la IGJ (Inspección General de Justicia) no les hizo el cambio (en los registros de empresas).

–Ustedes también están elaborando índices de fragilidad laboral y social...

–La pandemia fue parteaguas con eso. Antes siempre se miraba al empleado público con esa imagen del empleado en blanco, estable, el salario con suerte acompañaba la inflación, muchas veces no. Y el sector privado era lo contrario, te podía dar alguna oportunidad de expansión, pero era más inestable. En la pandemia, el trabajador público quedó estable ganando lo poco que ganaba, pero algo seguro, fue visto socialmente como un enorme privilegio. A los del sector privado registrado se les hizo una política para que las empresas pudieran cubrir sus salarios, pero en muchos casos esos salarios no se cobraron enteros. Después quedó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) solamente para un universo que se calculaba en 3 millones de personas y terminaron solicitándolo 11 millones. Y ahí emerge este nivel de fragilidad social y laboral que elaboramos acá.

Tenés gente que trabaja en condiciones más precarias, pero muy heterogéneas, porque en ese mundo de lo informal tenés desde algunos que reparan electrodomésticos a otros que revuelven la basura para conseguir qué vender, tenés niveles de registro autónomo, como los monotributistas de la economía de plataforma. Es tal el deterioro de los ingresos de los últimos ocho años, sobre todo los informales, que te deja en una situación en donde los pobres son cada vez más. Pero además tenés que sumar un porcentaje de frágiles. ¿Qué quiere decir frágiles? No son pobres hoy, pero cualquier variación macro los tira a la pobreza. Y los integrados plenos, que son aquellos que tenemos la suerte, tal vez por el tipo de trabajo que ejercemos en el mercado laboral, de tener cierto nivel de ingresos, que aunque vengan los vaivenes con ajustes, podemos seguir sosteniendo más o menos el nivel de vida, aunque dejemos de ahorrar, cada vez se va haciendo más chico. Y eso es lo que tenés hoy. Hoy el 70% de la sociedad argentina es pobre o frágil. Y esto, además, es mucho mayor en los jóvenes y en las mujeres.

–¿Cómo ve el futuro del peronismo?

–Creo que va a haber mucho ruido, pero que se va a acomodar, como se acomodó siempre. Y la persona que más demuestre capacidad de conducción y ganas de conducir, y no solamente conducir, sino ser candidato a presidente, eso se va a llegar más temprano que tarde. No se va a romper el peronismo. No lo veo. Yo creo que el peronismo es un movimiento con mucha fuerza hacia adentro y con un liderazgo en disputa, porque Cristina quedó en una posición compleja que es por ahora dar a entender que no quiere ocupar la primera magistratura por el argumento que sea. Algunos dirán porque está proscrita, otros dirán porque ya está y dio todo. Pero sí hay una pretensión de seguir conduciendo a toda la fuerza de ese movimiento. Es medio difícil sostener esa situación, sobre todo cuando en funciones tenés un gobernador como Axel (Kicillof), que dentro del espectro kirchnerista y más allá tiene bastante aceptación y emerge como uno de los candidatos poderosos. Pero una cosa es ser buen candidato o perfilarse como buen candidato y otra cosa es poder liderar el peronismo, que es un bicho un poco más complejo, que tiene muchos factores adentro y eso va a depender de cómo se muevan todos esos factores. No me refiero a actores de nombre y apellido, me refiero a sindicatos, movimientos sociales, gobernadores.

–¿No se necesita un outsider para derrotar a Milei?

–Lo que pasa es que Milei no está autónomo en sus gestiones. O sea, él conduce y tiene una recomposición de autoridad. Yo eso lo reconozco. Él y la hermana son realmente una dupla de poder que gobierna, pero atrás tiene intereses muy poderosos que lo bancan. Hay que ver qué pasa con Milei, si esos intereses poderosos que lo sostienen porque les da lo que quieren –que no son solamente oportunidades de negocios puntuales, sino destruir el Estado y reforma laboral– lo siguen sosteniendo los cuatro años. Porque con eso no va a alcanzar. Necesitás estabilizar, generar crecimiento.

AR/DTC

El Gobierno nacional decretó que el 1º de mayo próximo, Día del Trabajador, será la fecha límite para que les empleados públicos de la administración nacional vuelvan a la presencialidad. Esto se conoció a través de la Resolución 58/2022 que fue publicada en el Boletín Oficial.

De esta manera, a poco más de dos años del inicio de la pandemia de Covid-19, abril será el último mes en el que regirán la serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron la modalidad remota como parte de las medidas de cuidado por el coronavirus.

Después de la pandemia, la dinámica laboral, en muchos casos fue modificada por el home office ¿Es posible aplicar esto a la administración pública?

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de la pandemia de Covid-19, menos del 2% de la fuerza laboral de América Latina trabajaba bajo este modelo. Las principales razones eran que los trabajadores no podían desempeñar sus responsabilidades bajo esta modalidad y que muchos líderes sentían que perdían el control de supervisión de sus empleados; es decir, que no había un monitoreo directo de sus actividades en favor de la organización.

Según estos mismos datos el país fue uno con el nivel más alto de la región, con un 30% de personas trabajando esta modalidad. En la mayoría, fue para los trabajadores registrados.

Testimonios

“Para mí no se puede volver como si la pandemia no hubiese existido, hay procesos exitosos que se verán anulados por el regreso en sí mismo. Está bien volver, porque todo el mundo lo está haciendo, pero a cualquier costo y sin darle valor a las cosas que pasaron no tiene sentido” dice a elDiarioAr Graciela G., politóloga y empleada de una dependencia pública, y quien como otros entrevistados pidió reserva de su nombre.

“El Estado no tuvo las herramientas o los indicadores para medir la eficiencia de trabajar en un régimen mixto tal como lo hicieron las empresas privadas. Para mí debería aggiornarse en aquellos que no requieren de la presencialidad 100% deberían poder establecer un régimen mixto” dice Fernanda D, ingeniera y miembro de una secretaría de la administración pública. Y agrega: “Como madre, me conviene el régimen mixto porque puedo adecuar los horarios a las salidas de la escuela. Por ejemplo, ahora que tengo que asistir no voy a poder ir a buscar a mi hija, y durante el home office lo pude hacer. Para las madres ayuda mucho el régimen mixto. Para mí es una pérdida de tiempo el 100% presencialidad. Yo tardo una hora para ir al trabajo, eso desde mi casa lo puedo ocupar trabajando. Nos compensaría hoy con los bajos salarios”.

“Yo estoy a favor de la presencialidad, durante la pandemia fue muy difícil sostener el ritmo laboral. En mi casa mi pareja y yo tuvimos que compartir la notebook y también mis hijas tenían que utilizarla. Sumado a eso que muchas veces el servicio se cortaba y eso entorpecía todo”, relata Juan D. empleado administrativo de un ministerio.

La palabra oficial

La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani en diálogo con elDiarioAr: “Nosotros seguimos las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y desde que se eliminó el distanciamiento social y la ventilación cruzada, fuimos volviendo respetando los protocolos y de manera paulatina. No hay manera de sostener la situación de la pandemia”.

Castellani contó que el Estado realizó diversos estudios para evaluar las características y dinámica del trabajo durante la pandemia. “Todos los puestos que eran teletrabajables dentro del Estado durante la pandemia lo hicieron. Hubo, sí, una fracción presencial y otra que no iba a trabajar porque solo se podía hacer de esa manera, por ejemplo: atención al público”. Y agregó: “Ya con el avance de la vacunación y el tiempo transcurrido se fue estableciendo un régimen mixto. Esa hibridez, que les resulta conveniente a muchos, a nosotros nos genera dificultades. Por ejemplo con las computadoras, no hay muchas para que puedan usar y llevarlas y traerlas a la institución donde trabajan, por ejemplo”.

La funcionaria además aseguró que existen propuestas y se evaluarán las de modalidades de trabajo: “Todo esto se llevará adelante también en las discusiones con los gremios, es necesario que haya una discusión de las formas de trabajo, ya sea presencial o mixto. Pero, lo que sí es cierto es que no hay forma de sostener el esquema de la pandemia, esa fue una situación excepcional y nosotros ya tenemos que pensar en una situación de normalidad”.

Quiénes son los exceptuados

La resolución indica que permanecerán “exceptuadas” de volver a la presencialidad las personas que acrediten documentación médica por pertenecer a grupos de riesgos.

Según los parámetros del Ministerio de Salud, “aquellos trabajadores que tengan diagnóstico de Covid-19, que no hayan requerido internación, podrán reincorporarse a sus lugares de trabajo sin necesidad de presentar resultado de test negativo ni certificado de alta”.

Para aquellos empleados públicos de la administración nacional que hayan decidido no vacunarse contra el Covid-19, la resolución indica que deberán “firmar una Declaración Jurada expresando que han recibido y comprendido la información vinculada a la vacunación, y que asumen toda responsabilidad derivada de la conducta que adopten”.

Detalladas las excepciones y condiciones para regresar a los espacios de trabajo, la resolución advierte que “aquellos trabajadores que no cumplan con la modalidad de servicios exigible serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicable”.

LG