La situación judicial del joven campesino jujeño Franco Matías Javier Oscari sumó un nuevo capítulo de polémica. La Justicia Federal rechazó su pedido de excarcelación y, en medio de un traslado que mantuvo durante varias horas sin información a su defensa y a sus familiares, finalmente ordenó que sea restituido a la provincia de Jujuy.

Oscari, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), fue detenido durante la madrugada del 23 de junio en el paraje Las Goteras, departamento Santa Bárbara. Un importante operativo de la Policía Federal llegó hasta la vivienda donde vive junto a su familia y lo arrestó por orden del juez federal Ariel Lijo, quien interviene en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich por presuntas amenazas.

Según sostienen sus defensoras, el origen de la causa sería una publicación realizada por Oscari en redes sociales con fuertes críticas hacia la dirigente política, aunque niegan que el contenido constituya una amenaza.

Tras permanecer alojado en la delegación de la Policía Federal en San Salvador de Jujuy, el joven fue llevado a audiencia de imputación. Allí, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa, pese a que sus abogadas remarcaron que posee arraigo familiar, laboral y territorial, además de no registrar antecedentes que permitan presumir riesgo de fuga.

Horas sin información

La situación se agravó cuando, luego de la audiencia, Oscari fue retirado de la sede policial para ser trasladado por vía terrestre hacia Buenos Aires. Durante varias horas, ni sus abogadas ni sus familiares pudieron conocer dónde se encontraba.

Ante la falta de información oficial, las defensoras Samanta Delgado y María José Castillo presentaron dos habeas corpus para exigir precisiones sobre su paradero. Recién horas después fueron notificadas de que el joven había llegado hasta Tucumán y que el traslado hacia la Capital Federal había quedado suspendido.

La oposición presentada por la defensa derivó finalmente en una resolución del juez Lijo para que Oscari sea restituido a Jujuy. Sus abogadas también anticiparon que se opondrán a un eventual alojamiento en una unidad penitenciaria federal, al considerar que aún no existe procesamiento que justifique esa medida.

Castillo señaló además que el joven atravesó el extenso traslado en un estado de profunda angustia y cuestionó que nunca se informaran oficialmente las razones del procedimiento ni el recorrido realizado.

Un contexto de conflicto territorial

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena sostienen que la detención no puede analizarse de manera aislada. La organización recordó que ocurrió apenas un día después de que la Justicia provincial suspendiera un desalojo que afectaba a familias campesinas de la zona.

Además, la madre de Oscari figura entre las personas que impulsaron un amparo ambiental contra un proyecto de explotación de cobre promovido por la empresa Mom Mining SRL en Palma Sola.

Para el movimiento campesino, ese contexto vuelve imprescindible analizar la actuación judicial con especial cuidado. La organización denunció que el joven desarrolla actividades rurales que constituyen el sustento económico de su familia, cuenta con domicilio conocido y arraigo en la comunidad, por lo que considera desproporcionada tanto la detención como la prisión preventiva.

Reclamos por las garantías

El caso generó fuertes cuestionamientos entre organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, que reclaman la inmediata liberación de Oscari y el respeto de las garantías constitucionales.

Entre los principales cuestionamientos figura el despliegue de un operativo federal en una zona rural alejada para detener a un trabajador campesino acusado de un delito cuya eventual pena sería de cumplimiento condicional, además de la decisión de tramitar la causa desde un juzgado federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras la investigación continúa, las organizaciones que acompañan al joven sostienen que su libertad e integridad física y psicológica fueron vulneradas durante el procedimiento y exigen que la Justicia garantice el debido proceso, el derecho de defensa y una revisión de las medidas adoptadas.

CRM

En 1996, durante la Segunda Conferencia de Vía Campesina, se instituyó el Día Mundial de la Lucha Campesina como una forma de honrar la muerte de 19 trabajadores sin tierra que murieron durante una masacre en Eldorado Dos Carajás, Brasil.

El 17 de abril de 1996 ocurrió una masacre en Eldorado dos Carajás, en Pará, Brasil. Cuando dos tropas de la Policía Militar atacaron con ametralladoras, rifles y revólveres a 1.500 familias de trabajadores rurales, entre ellos miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) que marchaban hacia Belém en protesta por la demora en la expropiación de tierras.

Como resultado de la acción policial, 10 personas fueron ejecutadas a quemarropa y 7 murieron con instrumentos cortantes. Sin embargo, según las denuncias de movimientos sociales, el resultado fue de 19 sin tierra muertos y 69 heridos.

La Vía Campesina nació en el año 1992 en Managua, Nicaragua, cuando diversos líderes campesinos se reunían en el II Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) y propusieron la creación de un espacio para articular a los campesinos a nivel mundial.

En abril de 1996, mientras se llevaba a cabo la Segunda Conferencia en Tlaxcala, México, ocurrieron los lamentables hechos de Eldorado dos Carajás, por lo que se consideró oportuno levantar las voces y aprovechar la presencia de 37 países para instituir el 17 de abril como Día Mundial de la Lucha Campesina.

Los campesinos son los responsables de producir el 80% de los alimentos que consumimos. Sin embargo, muchos viven en pobreza extrema o en condiciones inadecuadas.

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Desde los diversos procesos históricos hasta nuestros días, signados por la incertidumbre de la pandemia que azota al mundo entero, el amplio y castigado sector campesino de distintas latitudes, afronta un panorama complejo pero con perspectivas de cambios concretos que lo modifiquen.

La conmemoración (este 17 de abril) del Día Internacional de la Lucha Campesina, tras el asesinato de 19 campesinos y campesinas del Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra de Brasil en 1996, es una efeméride significativa, plausible en el mundo, porque más allá de las particularidades de los territorios, las injusticias y atropellos aumentan día a día, a partir de las condiciones sociales que impone un sistema vorazmente extractivista.

En nuestro país, podemos advertir rápidamente cómo ha empeorado la situación del campesinado a través de las décadas, desde el reparto de tierras para un par de decenas de familias poderosas durante el siglo XIX, a recientes asesinatos y constantes despojos de tierra, a partir de la ampliación de las fronteras agrícolas a manos de terratenientes y empresas extranjeras, impulsoras de la implementación de monocultivos, el consiguiente uso de agrotóxicos, y otros males aleatorios: pueblos enteros, fauna y flora, bajo un sistema de depredación y muerte.

Con el devenir del nuevo milenio, la situación en el amplio y variopinto sector rural del país ha empeorado, relegando sistemáticamente a las economías regionales, postergadas por modelos concentradores que priorizaron la exportación de granos, y obligaron a grandes migraciones internas, aquejadas por graves falencias en servicios básicos y caminos, a pesar de las oportunidades naturales que dan vastos territorios fértiles y el tesón de las comunidades.

Desde hace más de una década, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra enarboló las banderas de las luchas históricas del sector campesino. En las dieciocho provincias donde la organización desarrolla una producción sustentable, se construye a diario una realidad propia, siempre enlazada a las necesidades de cada territorio. Veintidós mil familias organizadas regionalmente, lejos de los vínculos comerciales de las economías de los monopolios empresariales.

El primer paso fue quizás, una revalorización de la tierra de cada entorno: un acto dual donde se labra cada parcela y se transita el proceso en el que compañeras y compañeros narran sus experiencias vinculadas al amor a cultivar cada fruta y verdura. En ese proceso nacieron también, las primeras coincidencias. Caminos de lucha dejando atrás la explotación de terratenientes impiadosos, inclemencias climáticas que pueden variar desde altísimas temperaturas, fuertes heladas, incendios e inundaciones. Los encuentros dieron cuenta sucesivamente de los mismos problemas; de historias comunes que hallan en la comprensión y la empatía, el puntapié para trazar objetivos colectivos.

Así, fueron conformándose las primeras bases lindantes al cinturón frutihortícola del Gran La Plata, ampliándose rápidamente al corredor sur-oeste de la ruta 6: la falta o aumento de insumos, las particularidades de cada producción y sobre todo la frustración generada por el precio de cada tierra arrendada, siempre ajena, sujeta muchas veces, a la voluntad usurera de los propietarios, fueron el motor para mayor organización conjunta.

Pronto, la UTT forjó con mucha voluntad y creatividad, nuevos modos de comercialización de un sector, históricamente, postergado, sin derechos, ni consideraciones de los gobiernos de turno. A través de una propuesta propia, inspirada en diversas economías populares, bolsones de frutas y verduras de las quintas circularon de mano en mano, promoviendo un nuevo paradigma que mostró otra forma posible, sin especulaciones.

En paralelo, la necesidad de dar batalla al uso de agrotóxicos, enemigo silencioso en parcelas y cuerpos, generó la implementación de nuevas-viejas formas de producción, impulsando la agroecología en decenas y decenas de bases que fueron surgiendo naturalmente, como plantas y frutos, alrededor del país. Zapallos en Santiago del Estero, acelga y espinaca en Abasto, o yerba mate en Misiones, sin más aditivos que el trabajo digno y métodos naturales. Se multiplicaron los bolsones y se acortaron las distancias: a través del comercio cercano, los nodos y luego, los almacenes propios.

El crecimiento de UTT fue una decantación propia, de un esfuerzo mancomunado para paliar lenta pero definitivamente a la inflación cíclica y los especuladores crónicos.

La radicación de colonias agrícolas resultó otro paso lógico mostrando con creces la posibilidad de otro modelo, justo y sustentable. A partir de acuerdos concretos con municipios, muchas familias de la organización habitan una vivienda digna y un terreno óptimo para producir lo que desean. La comercialización, tendió puentes desde la solidaridad, a través de Feriazos, Verdurazos, y múltiples donaciones, incluso a pesar de insólitas represiones. Como respuesta a la agresión o el olvido estatal, más y más cooperación con los sectores más vulnerables.

La necesidad recíproca de proveer, vender y distribuir alimentos, sumó nuevos espacios consensuados con los gobiernos locales. A ello, se le agregaron cientos de productos de diferentes cooperativas compañeras, con el consiguiente valor agregado que cada una de ellas le imprime a cada elaboración.

Lo propio ocurrió tras la asunción de Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la UTT, a la presidencia del Mercado Central, apenas un par de días después de la cuarentena obligatoria. Su designación, más allá del cargo, es la continuidad de todo el trabajo antes narrado, reproduciendo con las particularidades del enorme espacio la intención concreta de un comercio justo para todos los eslabones de la cadena comercial de frutas y verduras.

Estas cuestiones, necesariamente hiladas, notablemente positivas dan cuenta de respuestas concretas a la necesidad de contrastar a un modelo de exclusión, con una fuerte democratización de todos los aspectos vinculados a una alimentación sana, segura y soberana, y a un reparto de tierras equitativo, capaz de devolverle la dignidad a cada una de las familias campesinas que han sido despojadas de sus territorios.

El proyecto de la Ley de Acceso a la Tierra, presentado por cuarta vez en 2022, es para UTT y miles de productores y productoras del país, una oportunidad histórica de devolverle la dignidad a quienes trabajan a diario para que en cada hogar haya un plato de comida, sin margen para las especulaciones, ni los intereses personales: del pueblo para el pueblo. Es también, un modo de honrar a cada una y cada uno de los mártires campesinos caídos por las represiones en el continente, y darle a las nuevas generaciones, la oportunidad de habitar un espacio propio donde trabajar y vivir dignamente.

DP/ER

*Delina Puma y Emanuel Riera son referentes nacionales de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT)