Ayer comenzó en Córdoba un juicio histórico, donde por primera vez, un fiscal federal es juzgado por corrupción, acusado de los delitos de concusión agravada y tráfico de influencias.   

El imputado principal es el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, quien permanece de licencia por cuestiones de salud desde diciembre de 2020, cuando fue acusado formalmente por la fiscal federal María Marta Schianni. El funcionario sospechado por dos hechos de corrupción llegó al juicio en libertad. También son juzgados Darío Fabián “Paco” Rivarola, un empleado de maestranza de la Fiscalía de San Francisco, de estrecha confianza de Viaut; el empresario Víctor Hugo Brugnoni y los intermediarios Agustín Gerardo “Coco” Panero y Gustavo Walter Fattore. 

Los hechos por los que Viaut debe responder ante la Justicia federal son dos: exigirle una coima al dirigente cooperativista Pablo González para no inventarle una causa; y haberle cobrado a Víctor Brugnoni, para mover sus conexiones y lograr una mejora en la situación procesal de su hijo, imputado por el delito de violación.

Durante la paciente investigación que llevó nueve meses de duración e incluyó escuchas y seguimientos a los sospechosos, la fiscal Schianni pudo acreditar dos hechos contra su colega Viaut:

-En julio de 2020, en plena cuarentena por la pandemia del Covid-19, el cooperativista Pablo González - acompañado de su abogado Juan Alberione- denunció en la Fiscalía General Federal de Córdoba, que entre el 26 y el 30 de junio de ese año, el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, le había querido cobrar una coima de $ 2,5 millones para frenar una causa judicial y que el enviado a negociar fue Rivarola, un empleado judicial de máxima confianza del fiscal. González era presidente de la cooperativa Las Cañitas de la localidad de El Tío; y la investigación que Viaut llevaba adelante nunca existió.

En la primera audiencia realizada ayer, Viaut y Rivarola se negaron a declarar. Lo curioso del caso es que durante la investigación llevada adelante por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, el propio fiscal Viaut admitió públicamente ante los medios haber cobrado para asesorar al empresario Brugnoni.

La primera sorpresa del juicio fue que, cuando se leyó la acusación contra los imputados y se les otorgó el derecho de declarar, Viaut y Rivarola se negaron a declarar, pero Panero, Brugnoni y Fattore, pidieron la palabra, y admitieron su culpabilidad.

Agustín “Coco” Panero, dueño de una carnicería de Las Varillas donde Viaut es cliente, les habló a los jueces: “Quería decir que me hago cargo de los hechos y de la causa en que me acusan. Quiero pedirle disculpas al tribunal y estoy muy arrepentido de los hechos por los que me acusan y del daño que he causado. Reconozco las pruebas. Estoy arrepentido de todo lo que hice y pido mil disculpas”, dijo. 

El agroempresario de Laborde, Víctor Brugnoni, reconoció haber pagado una coima y aclaró que lo estafaron: “Me hago cargo de las acusaciones que tengo. También reconozco que fui estafado y engañado por tres personas, que son Fattore, Panero y Rivarola. Yo no busqué a nadie, ellos me buscaron a mí. Ante la situación de mi familia, accedí a lo que ellos me propusieron”, detalló, respecto de las negociaciones que mantuvo con los otros imputados para mejorar la situación de su hijo Agustín, recientemente condenado por abuso sexual con acceso carnal.

En su declaración, el empresario admitió ante el TOF N° 2: “Tengo un amigo en común con Fattore, en Pozo del Molle. Una noche me llama por teléfono a mi casa y me dice ‘vino Fattore a mi casa, llamalo que tiene una conexión en los tribunales de San Francisco’. Lo llamé y me dice ‘sí, tengo un amigo de Las Varillas que es amigo de un fiscal federal de San Francisco’. Ahí empezaron las conversaciones, le digo cuánto era el dinero que había que poner, porque calculo que esas cosas se hacen con dinero, y me dice que por el momento había que poner $ 2 millones, que esa plata iba para frenar el colectivo de las feministas que estaba siempre frente a los Tribunales. Supuestamente hay un colectivo que estaba siempre. Me dicen que lo antes posible hay que poner el dinero”.

En su testimonio, Brugnoni detalló que le dijo a Panero “que nos encontremos en la estación de servicio de Las Varillas, como no tenía ese dinero en efectivo le di US$ 17.100 que equivalían a los $ 2 millones. Nos encontramos en la estación con Panero, Fattore y Rivarola. Yo creía que Rivarola era el fiscal. Les di el dinero y me dicen nos vamos a estar hablando. Pasaron 10 o 15 días y sale la resolución que mi hijo iba a ser detenido, le envío un audio a Rivarola dándome cuenta del engaño en que yo había caído”. El empresario también declaró que no conocía al fiscal Luis María Viaut, ni qué cargo ocupaba; y que lo conoció el año pasado cuando declaró ante la fiscal Schianni.

Mientras que Gustavo Fattore, quién en un principio se había abstenido de declarar, por sugerencia de su defensor Rodrigo Ranz, cambió de opinión luego de la declaración de los otros dos imputados y reconoció su participación: “Los hechos son ciertos, pido disculpas y perdón a quien pueda haber perjudicado. No fue mi intención”. 

Luego de estos tres testimonios, el fiscal Carlos Gonella les solicitó a los tres “arrepentidos” que aclararan si también aceptaban las pruebas en su contra colectadas durante la investigación; los tres respondieron afirmativamente; lo cual complicó la situación procesal de Viaut y Rivarola.

El primer testigo

El primer testigo del juicio fue el propio denunciante González, quién es presidente de la cooperativa Las Cañitas de la localidad de El Tío. Ante los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, María Noel Costa (presidenta); José Fabián Asís (vocal) y Julián Falcucci (vocal); González repitió todo lo que denunció durante la instrucción y puso acento en la grabación telefónica que le realizó al emisario de Viaut, el empleado judicial Darío “Paco” Rivarola.

A mediados de 2021, la víctima le había contado a elDiarioAR que el fiscal Luis María Viaut y el empleado judicial Rivarola lo hicieron “vivir momentos difíciles”: “Me dijeron que tenía el teléfono pinchado, que nos iban a allanar nuestras casas, la Cooperativa; me mostraron una causa donde yo estaba involucrado con facturas apócrifas y demás. Yo tuve que explicarle a mi familia lo que nos estaba pasando. Incluso me dijeron que Gendarmería me seguía”. Ayer ratificó esos mismos dichos ante los jueces del TOF N° 2 de Córdoba. Su abogado Juan Alberione y el fiscal federal Carlos Gonella asintieron satisfechos.

González también declaró que se negó a pagar “ni un peso” y la grabación que hizo a “paco” Rivarola le permitió hacer la denuncia y llegar hoy al juicio contra el fiscal federal Luis maría Viaut.

Ayer, también declararon otro directivo, un abogado y un contador de la cooperativa Las Cañitas, a los que González les había contado sobre el apriete sufrido de parte de Rivarola en junio de 2020. Los tres declararon que Santiago Baudino, un amigo de González y de Rivarola fue el encargado de presentarlos y que después se apartó de las negociaciones. 

Chicanas judiciales

Desde la imputación a Viaut hasta la semana pasada, hubo una serie de chicanas judiciales para impedir el juicio. Por caso, el jueves 17 de marzo pasado, hace apenas un mes, Agustín “Coco” Panero solicitó una probation para evitar el juicio, pero el planteo fue rechazado por el TOF N° 2. Como la jugada no dio resultado, y para posponer el inicio del juicio, Panero cambió de abogado y ahora lo representa Luis Moyano. Ayer, admitió su culpa.

Antes de iniciar el juicio, Tristán Gavier, defensor del fiscal Viaut advirtió que planteará la nulidad del proceso. Y ayer, ni bien comenzó la audiencia, el defensor de Gustavo Fattore, Rodrigo Ranz le propuso al TOF N°2 que su cliente también se acogiera a una probation, ofreciendo $ 400 mil de resarcimiento y la realización de tareas comunitarias en tres instituciones en Pozo del Molle; pero los jueces y el fiscal Gonella lo rechazaron. 

Gonella fundamentó su negativa en que el delito imputado tiene “trascendencia institucional” por tratarse de un funcionario judicial el implicado en la trama; señaló además que su negativa se basa en la Resolución 97/09 de la Procuración General de la Nación; que ya se había opuesto al mismo pedido del imputado Panero; y que el instrumento de la probation tiene la finalidad  de descongestionar el sistema judicial ante casos de delitos menores, y en este proceso no es aplicable.

Las audiencias seguirán mañana, el jueves y viernes de esta semana; mientras que está previsto que el juicio finalice el próximo jueves 28 de abril.

GM/CC