Son estos los momentos cuando la arena escurrida pone vuelta el reloj para proyectar otro futuro. Donde las horas finales no dejan de evidenciar lo efímero del calendario, que se agota en cualquier sociedad. Nada ni nadie deja de ser atrapado por un sentido esencial del lazo comunitario ante el devenir del tiempo, que es centralmente un orden que regula el caos. También epocalmente el año que se alejó, y no vuelve, trazó entre su inventario un lamentable lugar común: la crueldad.

Por mucho que ejecutores de la deshumanización (y sus cómplices necesarios, también impunes) procuren sujetarse al pasado ejercicio, estos “tiranosaurios del antropoceno” -Jorge Majfud dixit- que sólo vibran en el egoísmo hiperindividualista y antisolidario de su ecosistema financiero-político tecnodigital, ven derrotada su lógica miope por el tiempo y por la fraternidad, que llega a abrazarnos en modo colectivo en el inicio del año 25, cuando noblemente se aspira al bien para la Nación, para nuestras familias y para nosotros mismos. En suma, se comparte una búsqueda del bien común.

Claro que también la indispensable fraternidad humana es una categoría jurídico-política, como lo sabe destacar el versado estudio del constitucionalista Lucio Palumbo, quien -entre otras muchas cuestiones- descubre que a diferencia de la libertad y la igualdad declamadas formalmente  desde 1789, y muy a pesar de tratarse de derecho positivo vigente por imperativo del sistema de protección internacional desde 1948, aparece mencionada en forma escasa sino nula por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, menos por otros tribunales. 

Ciertamente darse una Constitución, respetarla y hacerla respetar, resulta un acto de “confraternización”. Aunque lamentablemente nada de esto asume el actual proceso de deterioro de las condiciones jurídicas que transita el país. Y proponer un rumbo que lo modifique, lleva a partir del reconocimiento de la antitética crueldad o degradación humana, también como norma jurídica obligatoria.

En tanto categoría constitucional explícitamente consagrada, que atrapa efectos jurídicos, merece ser invocada como fuente de determinados deberes y conductas que vinculan a los poderes de Estado y deben hacer respetar esencialmente jueces, fiscales y otros forenses. Ello sino quieren abjurar del compromiso que adoptaron al asumir su noble e indispensable labor y sumirse en las consecuencias responsables del momento, que siempre traen vuelto.

Así como lo pone de relieve la ensayística, lo cruel (derivado de “crúor”, o la sangre que emana de una herida, enseña Derrida) a distancia de la mera violencia, resulta de la indiferencia o goce ante el sufrimiento de los otros. Cruel significa aquél que está ávido de sangre, como evidenciaron algunas imágenes de cada ocasión de ilegitimidad represiva, de la que aún llegaron a ufanarse algunos personajes a la vista de toda la sociedad que, indispensable es destacar, tampoco deja de ser ajena en su transcurrir indolente. Pero a pesar de los actuales bajo umbrales de empatía social o resignación, nada exime a la función manifiesta del aparato judicial de aplicar con corrección la ley.

En ello no puede negarse que históricamente la progresión de los derechos resultó de la superación de expresiones de crueldad bajo cuyo rótulo aparecen imbricados las tiranías, la esclavitud y hasta el racismo y el sexismo. En estos días, la destrucción de la relación comunitaria con sentido de solidaridad, desde una extraviada probeta que -si acaso no busca de abrirse y empatizar con todos, incluyendo a las “cucarachas”- conducirá inevitablemente a la desintegración social, habrá de conocer frenos si insiste en su despliegue. Y una de las reacciones transita por la antropología básica del poder jurídico, desde la potencia derivada del reconocimiento pleno de todo humano en su dignidad de “persona”.

Ningún jurista que se precie de tal dejará de identificar que por mediación de instancias comparadas supraestatales, la aplicación concreta de la categoría crueldad en la experiencia universal, lejos de cualquier simbolismo, es y será concreción en estándares judiciales ineludibles. Fue el Comité DESC de ONU que definió a la pobreza como “una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales”, todo lo que incluye sentimientos de vergüenza, humillación y exclusión en los ámbitos políticos, sociales y culturales.- Todo ello hace carne en integrantes de grupos particularmente vulnerados como las infancias pobres, los indigentes, las personas con discapacidad, los jubilados.

Aún más: la exclusión social alcanza un nivel que constituye una forma de trato cruel, inhumano o degradante si una familia se ve privada de los elementos básicos para la realización de su existencia, como es la capacidad de obtener una mínima alimentación, el agua para beber, o un lugar donde dormir. Se está violando su dignidad de seres humanos, en equivalencia al nivel de cuando se tortura y se mata: no hay diferencia ética entre la muerte bajo tormento y el padecimiento de una madre ante la muerte por inasistencia de una criatura en situación de desamparo. Tampoco existe diferencia jurídica.

¿Es posible que todavía no se haya advertido cabalmente que la desnutrición, casi siempre, implica una “mutilación grave”: falta de desarrollo de las células del cerebro en los lactantes, ceguera por carencia de vitamina A, etc.? Como supo informar hace décadas el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación Jean Ziegler, el hambre produce “una angustia intolerable, lacerante, que tortura a todo ser hambriento desde que se despierta”.

 Nunca olvidar que el Estado, aun cuando se proclame abiertamente su demolición, ve comprometida su responsabilidad interna e internacional frente a las personas en situación de pobreza extrema por inobservancia grave de sus deberes de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Y frente a obligaciones estatales positivas, la expresión “No hay plata” resulta una manifestación de absoluta vaciedad, cuando no perversión, a estarse al enriquecimiento exponencial de singulares sectores económicamente beneficiados, que contrasta oprobiosamente con la situación de la mitad de sus compatriotas que están por debajo de la línea de pobreza y, peor aún, con sólo reconocer que 6 de cada 10 niños son miserables y se ven sometidos a la falta de todo.

La crueldad inhumana (o su prohibición) constituye una fuente de deberes desde la supremacía constitucional y convencional y debe ser asumido no solo como un ideal por alcanzar, sino antes como un principio de acción a concretar, con su realización práctica. Se insiste: en el plano conceptual se han hecho enormes esfuerzos normativos y jurisprudenciales para acercar la prohibición de tratos crueles al bien jurídicamente protegido por las normas internacionales, esto es, el derecho básico a la integridad física y moral de cualquier persona, en tanto paradigma universal irrenunciable. 

Ahora, no se trata solamente de que la Constitución Nacional prohíba la crueldad, sino que los poderes públicos deben aplicarla de manera efectiva y hacer cesar las consecuencias del grave accionar deshumano. Al mismo Estado que le corresponde un deber de abstención (no cometer el acto cruel), también por vía de sus funcionarios judiciales –claro que con más empeño e integridad a la hora de ejercer sus facultades- le cabe una obligación positiva, de comportamiento, que se traduce en el deber de diligencia para prevenir violaciones al derecho.

Derechos de los pobres ¿Pobres Derechos? Se interroga ingenuamente en las aulas, para caer en la cuenta de un auténtico “Law far” (lejos del Derecho). Frente a este momento de exclusión y desamparo de semejantes, que acarrea sufrimientos incompatibles con la condición de personas, sino quiere caerse en el efecto de habituación y hasta normalización de un paisaje doloroso, debe consagrarse una ética de la resistencia a la barbarie deshumana y estar preparados jurídicamente para el salvataje ante el hundimiento, donde los más débiles ocupen los primeros botes. La predación de la dignidad, y aún de la vida, es un espectáculo que ningún argentino -sea de bien o no- puede aceptar, tanto como la crueldad prohibida constituye una fuente de deberes para los cultores de la ley, si acaso no eligen defeccionar en el rol para el que han sido honrados y perder su condición esencial de humanidad. 

DM/AS

Que el actual presidente de la Nación se pelee en redes sociales con un magnífico actor, fallecido hace varios años –Hugo Arana– no me parece tan preocupante como que el actual titular del Poder Ejecutivo Nacional y varios de sus funcionarios se peleen con la Constitución Nacional. Estoy hablado de la pretensión de Poder Ejecutivo Nacional de realizar una feroz modificación legislativa mediante el dictado de un DNU (decreto de necesidad y urgencia) que fue anunciado y publicado bajo el número 70/2023. 

El decreto en cuestión modifica o deroga cientos de normas que van desde el Código Civil y Comercial hasta la regulación de las relaciones laborales, pasando por la salud prepaga, el régimen de aeronavegación y la ley de control de fuego entre otras tantas cosas. Y acá hago el primer stop importante… ¿puede el poder ejecutivo modificar normas a gusto y piacere, sin recurrir al Congreso de la Nación? La constitución es bastante clara al respecto, ya que consigna en el art. 99. Inc.3, dentro de las atribuciones del poder ejecutivo que “Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.

El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.

Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros…“

Verán ustedes que la Constitución es bastante clara al respecto, pero por si quedaran dudas cito la interpretación de esta facultad excepcional del presidente de la Nación en palabras de la Corte Suprema en un fallo que los abogados conocemos como “Consumidores Argentinos” y que es del 2010 y donde se señala que “la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país (”Verrocchi“). Así, para el ejercicio válido de esta facultad de excepción, el constituyente exige -además de la debida consideración por parte del Poder Legislativo- que la norma no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, y que exista un estado de necesidad y urgencia.”

Digamos entonces que las facultades de dictar leyes por DNU son excepcionales y solo se admiten si existe un estado de necesidad y urgencia. Y en tal sentido sigue diciendo “Consumidores Argentinos” que “en lo que respecta a la existencia de un estado de necesidad y urgencia, es atribución de este Tribunal evaluar, en este caso concreto, el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales presupuestos.

Si esta Corte, en ejercicio de esa facultad de control ante el dictado por el Congreso de leyes de emergencia, ha verificado desde el precedente de Fallos: 136:161 (“Ercolano”) la concurrencia de una genuina situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad -esto es, corroborar que la declaración del legislador encuentre “debido sustento en la realidad”- (Fallos: 172:21 -“Avico”-; 243:449 -“Nadur”-; 313:1638 -“Videla Cuello”-; 330:855 -“Rinaldi”-, entre muchos otros) con mayor razón debe ejercer idéntica evaluación respecto de las circunstancias de excepción cuando ellas son invocadas unilateralmente por el Presidente de la Nación para ejercer facultades legisferantes que por regla constitucional no le pertenecen (arts. 44 y 99, inciso 3º, párrafo 2º, de la Constitución Nacional).

En este aspecto, no puede dejar de advertirse que el constituyente de 1994 explicitó en el art. 99, inc. 3º, del texto constitucional estándares judicialmente verificables respecto de las situaciones que deben concurrir para habilitar el dictado de disposiciones legislativas por parte del Presidente de la Nación. El Poder Judicial deberá entonces evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales, o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables; en estos casos, la facultad ejercida carecerá del sustento fáctico constitucional que lo legitima.“

Y en este punto debo aclarar que no basta con la invocación de la necesidad y urgencia del decreto en cuestión, sino que de las situaciones planteadas en sus considerandos ella debe surgir con palmaria claridad. Y entonces hago un spoiler alert: eso no sucede con el decreto 70/2023 porque sus considerandos solo demuestran la disconformidad del Poder ejecutivo nacional con muchas leyes, pero no la necesidad y urgencia de su modificación por decreto.

Y esta abogada entiende, sin compartir, la disconformidad de Milei con ciertas leyes, pero esta disconformidad no es causal que habilite el dictado de un DNU. Si la discusión es ideológica, perfecto, pero las discusiones ideológicas en materia de leyes se dan en el ámbito del Congreso de la Nación y no en los despachos del Poder Ejecutivo y menos aún, en los despachos de los bufets de abogados que parecen haber intervenido en la redacción del horroroso decreto en cuestión.

Y así como la disconformidad ideológica con un régimen jurídico no funda la necesidad y urgencia de un decreto, también hay una limitación jurisprudencial sobre la posibilidad de establecer regímenes generales por Decreto de necesidad y urgencia. Así dijo la Suprema Corte en el caso “Pino, Seberino y otros c/ Estado Nacional” donde se discutió la modificación del régimen previsional, “Que los fundamentos dados por el Poder Ejecutivo Nacional no alcanzan para poner en evidencia que el dictado del decreto en cuestión haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas para paliar una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia que pusiera en riesgo el normal funcionamiento del sistema previsional de la Gendarmería Nacional sino que, por el contrario, traducen la decisión de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (arg. Fallos: 322:1726).

En tales condiciones, corresponde declarar la inconstitucionalidad del decreto 679/97“

Solo pido que apliquen este precedente a la modificación permanente de los regímenes laborales, ley de alquileres y hasta el propio Código Civil y Comercial de la Nación

Mi abuela Irma decía algo que aún hoy repite mi papá: “Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice”. Pienso que en el fallo “Pino Seberino”, en el que el hoy presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dijo en su voto que “cabe advertir que el decreto citado tampoco supera el test de validez constitucional fundado en el examen de la concurrencia de razones de necesidad y urgencia.

Ello así por cuanto el art. 99, inc. 3, de la Constitución Nacional no deja lugar a dudas acerca de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se realiza bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias materiales y formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país (Fallos: 322:1726; 325:2394; 326:3180; 334:799; 338:1048, entre otros).

En efecto, para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que -en principio- le son ajenas, es necesaria la existencia de alguna de estas dos circunstancias: i) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan; o ii) que, aun pudiendo reunirse, la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (Fallos: 322:1726; s338:1048, entre otros)

Específicamente, al aplicar el criterio de “rigurosa excepcionalidad” mencionado, esta Corte sostuvo que se admite el dictado de decretos de necesidad y urgencia “únicamente en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia, la seguridad o el orden público o económico, que deben ser conjuradas sin dilaciones… (y que configuren) un estado de excepción y el impedimento a recurrir al sistema normal de formación y sanción de las leyes” (Fallos: 327:5559, entre otros).

Cabe recordar que en el caso “Verrocchi, Ezio Daniel c/ Poder Ejecutivo Nacional”, sentencia de fecha 19 de agosto de 1999 (Fallos: 322:1726), este Tribunal abandonó la jurisprudencia restrictiva sustentada en “Rodríguez” (Fallos: 320:2851, cit.), reivindicando la competencia jurisdiccional para analizar (y revisar) los Decretos de Necesidad y Urgencia, incluyendo aquellos emitidos en ausencia de ley reglamentaria.

La mayoría expresamente sostuvo que “es atribución de la Corte evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia y, en este sentido, corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto” (vr. asimismo, Fallos: 338:1048).“

Verán con claridad que se han descartado “criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.” 

Considerando que dos días después de presentar el decreto, Milei llamaría a sesiones extraordinarias, incluso antes de que entrase en vigencia el susodicho  decreto, está claro que la necesidad y urgencia en cuestión es una diferencia ideológica  con las leyes que modifica. Diferencia ideológica que es legítima, pero que tiene una única vía de solución y se llama Congreso de la Nación y que no puede ser sorteada mediante el dictado de un DNU.

Que Javier Milei carezca de las mayorías parlamentarias para abordar las modificaciones legales que pretende es un tema de la democracia y sus pesos y contrapesos. A 40 años de la recuperación democrática en nuestra Nación, espero que los tribunales argentinos le den al autoritarismo del DNU una lección de Derecho Constitucional.

GP

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei violaría la Constitución Nacional, de acuerdo a numerosos constitucionalistas que se han manifestado en las últimas horas. La norma del nuevo gobierno avasalla premisas centrales de la vida democrática conocida hasta el momento, según expresaron los expertos en materia de derecho constitucional. elDiarioAR consultó al jurista Andrés Gil Domínguez, quien respondió que a través de la desregulación de la economía “el DNU viola el artículo 42 de la Constitución respecto de usuarios y consumidores. Este artículo establece que el Estado regula la provisión de bienes y servicios para proteger a la parte más débil: el usuario y consumidor. Lo que ha hecho el Presidente es tabula rasa con el artículo 42 y con el modelo socioeconómico que establece la Constitución”.

El artículo 42 establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”. Además, la Constitución plantea:  “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.

La Carta Magna también determina: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.

En su artículo 2, por plantear sólo uno de ellos, el DNU de Milei decreta: “El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”. 

Para cumplir ese fin, dice el DNU, “se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

Un encumbrado integrante del Poder Judicial dijo a elDiarioAR que este artículo puede incluso interpretarse para avalar situaciones como la venta de cigarrillos y alcohol a menores de edad, una restricción a la oferta de bienes y servicios.

Gil Domínguez resaltó que el DNU viola el modelo socioeconómico establecido por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos en varios artículos: “Estos establecen que el Estado cumple una función reguladora para alcanzar el desarrollo humano con justicia social, con políticas públicas para que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales puedan verse satisfechos; y para proteger a los sectores vulnerables en la economía de mercado”.

La inconstitucionalidad no se puede plantear en abstracto, explicó Gil Domínguez. Por esa razón, quienes se presenten ante la Justicia deben verse damnificados por el DNU en un caso concreto de violación de sus derechos o de manera colectiva. 

Este jueves, la Asociación Civil Observatorio de Derecho a la Ciudad, el economista Claudio Lozano y los sindicalistas Hugo Godoy (CTA) y Rodolfo Aguiar (ATE) presentaron un amparo colectivo para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad y la nulidad absoluta” del DNU. Los amparistas sostienen que lo decidido por Milei constituye “el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”, de acuerdo con el texto al que accedió elDiarioAR.

La presentación quedó a cargo del juez Roberto Furnari, del fuero Contencioso Administrativo Federal, donde se plantean las demandas contra decisiones del Ejecutivo. Es uno de los fueros donde el DNU puede ser rebatido, pero no el único. 

“Si el amparo es por cuestiones de materia laboral, se irá a la Justicia Nacional en lo Laboral; y si se cuestiona en materia civil será en la Justicia Nacional Civil. Lo mismo si se trata de cuestiones en materia comercial, al fuero comercial; y en caso de relacionarse con las obras sociales a la Civil y Comercial Federal”, explicó Gil Domínguez.

El jurista resaltó que existe otra posibilidad, más compleja: intentar una acción popular ante la Justicia. “Es posible, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema lo habilitó solamente cuando está en juego la existencia de instituciones fundamentales del sistema democrático en contadas oportunidades y los tribunales de primera instancia pueden tomar esos antecedentes para rechazar un planteo general sin invocar ningún derecho violado en concreto”.

¿Se puede llevar el DNU directamente a la Corte Suprema? “Para eso debería encontrarse en el DNU materia de competencia original de la Corte y hasta el momento eso no surge, salvo que la acción la promueva un Gobernador o Gobernadora ”, sostuvo Gil Domínguez. El máximo tribunal tiene competencia original, es decir, expedientes que deben originarse directamente en la Corte sin pasar por otras instancias inferiores cuando traten en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte.

ED/DTC

En el país del Nomeacuerdo, doy tres pasitos y me pierdo, dicen los versos cancioneros de un tiempo pretérito, aunque posterior al de Maricastaña; esos párrafos que compuso María Elena Walsh en los años sesenta dan cuenta de la ausencia de memoria y de dirección de (algunes, muches) argentinos.

La autora es la poeta lúcida, ingeniosa y provocativa nacida en Villa Sarmiento, en 1930, quien durante la última dictadura cívico-militar escribió País Jardín de Infantes. Para mí era como una tía: ambas vivíamos en el oeste bonaerense. El territorio de su infancia cobró textura sonora con la canción Fideos finos (Voy a contarles qué había entonces en Ramos Mejía).

Quien mucho después cantó una y varias veces En el país del Nomeacuerdo fue Gabi, la nena de La Historia Oficial, la película cuya trama creó Aída Bortnik y que pone al descubierto el robo de niñeces y bebés durante la última dictadura cívico-militar. 

En el país del Nomeacuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya yo me olvidé donde puse el otro pie. Esas escenas de la primera película latinoamericana en ganar un Oscar son emblemáticas, como ocurre con temas tan argentinos como la memoria y la falta de rumbo.

Reflexionaba, la creadora de Manuelita, la tortuga, durante los años de plomo del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional: “Si alguien quisiera recitar el clásico ‘Como amado en el amante / uno en otro residía..’ por los medios de difusión del País-Jardín, el celador de turno se lo prohibiría, espantado de la palabra amante, mucho más en tan ambiguo sentido”.

“Imposible alegar que esos versos los escribió el insospechable San Juan de la Cruz y se refieren a Personas de la Santísima Trinidad”, continuaba la carta. “Primero, porque el celador no suele tener cara (ni ceca). Segundo, porque el celador no repara en contextos ni significados. Tercero, porque veta palabras a la bartola, conceptos al tuntún y autores porque están en capilla”.

Hoy, mientras media o un tercio de la Argentina, intenta mirar dónde puso el otro pie, en el desconcierto de un resultado electoral tan inesperado como indiscutido, quienes creemos en el valor de la Democracia, tratamos de acomodarnos y sobreponernos al cachetazo populista, popular, la bestia pop de la ultraderecha que nos quiere hombres fuertes, valientes, protectores y proveedores; mujeres, trans, infancias y adolescentes, domesticades, sumises, pasivas. Objetos, cosas, bien guardadas en casilleros. ¿Alguien recuerda la frase “Las urnas están bien guardadas”, de Leopoldo Fortunato Galtieri?

Necesitamos re colocar nuestras emociones apelando a nuestros pequeños y grandes saberes, para preservarnos como amado en el amante.

Una nueva realidad en la producción y distribución de los poderes les exige a los Muchachos (acá se puede escuchar la grabación de la canción furor del Mundial de Qatar 2022, o su versión actualizada) admitir privilegios, responsabilizarse por sus maltratos y abusos, haciéndose hombres en un mundo cuyas grandes verdades ya no lo son. Seguimos gritando No hubo errores, no hubo excesos, son todos asesinos (o cómplices) los milicos (y civiles) del Proceso.

¿Celadores? No los necesitamos. ¿Memoria? Sí, está inscripta en nuestres cuerpas y cuerpos, las casas personales, colectivas, alternativas, que habitamos; las residencias de nuestro espíritu de lucha que nunca se fue, no es que vuelve. Está, es parte de los laureles que sean eternos, coronados de gloria vivamos, Oh juremos con gloria vivir. Aquel sentimiento de les criollas y criollos, mestizes, afrodescendientes, originaries, los que llevaron adelante el proceso independentista en 1810 y que el Himno, escrito hace más de 200 años, buscó erigir en símbolo contra la opresión colonial, un emblema de identidad.

Asfixiada por la censura, como tantes otres artistas, durante el transcurso del Mundial de Fútbol del 78, la Walsh, creadora de Como la cigarra decidió “no seguir componiendo ni cantar más en público”. El twist del Mono Liso había sido prohibido. 

“Para cambiar hay que estar incómodo”, le dijo hace unas noches a su padre heterosexual, cis, blanco, une joven no binarie. “No entiendo qué es la diversidad genérica ni voy a usar el lenguaje inclusivo” le replicó él, tenso, después de un día intenso post elecciones. “Vos no entendés porque estás muy cómodo. Además, no es algo que se tenga que entender. Sencillamente, es. Lo sentís, te sale. Y usá el lenguaje que quieras”.

No creo que haya un merecimiento de la ultra derecha en esta etapa democrática, ni una sanción porque nuestras cuerpas y nuestros cuerpos se portaron mal

La extrema derecha ganó el balotaje en el país del Nomeacuerdo, el mismo del Nunca Más. Como explica el investigador Pablo Semán, coordinador del libro Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? (novedad de la editorial Siglo Veintiuno): “tendíamos a pensar que la Argentina estaba ‘blindada’ contra los outsiders, porque la memoria de la transición democrática y la disputa entre el peronismo y la centroderecha funcionaban como cerco sanitario”.

From the beginning, los activistas del león-gatito eran sólo varones jóvenes, rebeldes que llegaron para ocupar el espacio que dejó vacante el progresismo, una “curiosidad evanescente”, dice Semán. Habrá que esperar cómo se desenvuelve la relación entre las fuerzas.

Sin embargo, no creo que haya un merecimiento de la ultra derecha en esta etapa democrática, ni una sanción porque nuestras cuerpas y nuestros cuerpos se portaron mal. Hoy, en la sociedad, hay mucho más que el binarismo judeocristiano, la axiología del negro-blanco, el capacitismo, la gordofobia, la racialidad, el etnocidio. Está la incertidumbre frente a lo que está por venir. La fluidez y el peso articulados entre el presente y el futuro. Están los derechos como límite, el artículo 14 y el 14 bis de la Constitución, lo instituido, lo representado, los vínculos.

Como dice el historiador Pablo Hupert intentando comprender la trama compleja de la materialidad social: “Si en solidez toda relación entre dos puntos suponía un Tercero, en la segunda fluidez toda relación entre dos puntos supone más puntos, supone red”.

Escribe Magda Piñeyro, fundadora de la plataforma Stop Gordofobia, licenciada en Filosofía y máster en Teoría Feminista. Escribe en soledad, pero siempre rodeada, como todes. Es inevitable, somos seres sociales, siempre en red: Me niego rotundamente. Me niego rotondamente. Me niego redondamente./ Me niego desde lo alto y ancho de mi cuerpo/ desde mis amplias carnes, mis pulpas, mi blando tacto, me niego a irme llena de tu odio y tu desprecio, y no rebosante de mi amor y mi alegría/ así que opondré resistencia/ La única curva que no aceptaré en mí es la que se dibuja en mi cuello/ cuando miro avergonzada hacia el suelo./ Opondré resistencia./ Porque me niego a irme de cabeza gacha y no erguida. / Opondré resistencia. Porque puede que al final no venza. Pero no viviré vencida./ Opondré resistencia.

LH

Siete hombres y una mujer fueron liberados esta noche después de la violenta represión que llevó adelante el sábado la policía jujeña en la localidad de Purmamarca, mientras otras 16 personas permanecían detenidas en las unidades penales del barrio Alto Comedero.

Entre las personas que recuperaron la libertad está el periodista jujeño Camilo Haro Galli, el turista de Buenos Aires Hernán Oviedo y el vocal de la comisión municipal de El Moreno Santiago Lamas. La mujer liberada, por otro lado, es la estudiante Carmen Benicio, residente de la comunidad de Quebraleña.

“No estábamos pidiendo trabajo o plata, nada de eso, solo pedíamos que respeten nuestros derechos que como comunidades indígenas nos corresponde. Queremos hacer valer nuestros derechos”, afirmó Benicio a la salida del penal donde fue aguardada por dirigentes de la Intergremial y de organizaciones sociales y políticas. Comentó que cuando fue detenida y trasladada al penal tenía “miedo” y la pasó “muy mal todo el día”. “Nunca había entrado a un lugar así”, describió.

Los detenidos fueron imputados por el artículo 194 del Código Penal que establece la prohibición de cortes de vías de comunicación, con un máximo de tres años y un mínimo de tres meses de prisión.

Benicio destacó la visita que realizó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y su equipo a Jujuy para entrevistarse con ellos en la unidad penal y dirigirse luego a la ruta nacional -en la entrada a Purmamarca- donde continuaba hoy la protesta de las comunidades indígenas contra la reforma constitucional aprobada recientemente. “Entró el abogado de Nación y dijo que íbamos a comenzar a salir”, afirmó.

También indicó que al ser trasladada a San Salvador de Jujuy quedó lejos de su familia. “No es justo que tengamos que pasar esta situación donde nos tratan como delincuentes y somos perseguidos”, señaló.

Lamas, por su parte, explicó que él siempre se identificó como funcionario de la comuna al momento de la detención; sin embargo, igual lo detuvieron y subieron a la camioneta para luego trasladarlo hasta el penal de Alto Comedero.

“Nos traían como traen delincuentes en el móvil y con sirenas. No hicimos nada. Yo fui elegido para representar a la comunidad y tenía que estar ahí (en el corte)”, explicó Lamas que “seguirá acompañando la lucha”.

Permanecían aun detenidos en el penal de Alto Comedero Javier Oscar Soriano, Juan Antonio Guanuco, Santos Simeon Maidana, Francisco Nicolás Martínez, Jaime Aldo Lamas, Enrique Elías Barrionuevo, Oscar Gastón Alancay y Marcelo Antonio Flores.

En el penal de Mujeres estaban alojadas Cintia Gabriela Guari, Yamila Edith Castillo, Aldana Silvina Castillo, María Fabiola Suárez, Karen Ayme Valdiviezo, Vanesa Alejandra Vargas, Isabel Cruz y Cándida Sabina López.

Efectivos de Infantería de la policía jujeña reprimieron el sábado en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito en la intersección de las rutas 9 y 52, a la altura de Purmamarca, donde se registraron heridos con balas de goma.

La represión ocurrió en medio de las protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.

MB con información de agencia de noticias Télam

El discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del miércoles dejó varios ecos rebotando, pero son resonancias viejas, avivadas por la disputa política contra la Corte Suprema. Además de viejas, son circulares: seguirán resonando, cada vez que el poder político lo estime necesario. 

El mandatario criticó con dureza el fallo de diciembre último de la Corte mediante el cual el tribunal ordenó al Gobierno a entregar el 2,95% de la recaudación de los impuestos nacionales, la denominada coparticipación federal de impuestos. Actualmente, la Ciudad recibe el 1,4% de la coparticipación (unos 550 millones de pesos diarios, de acuerdo a una fuente del Gobierno porteño) además de 180.000 millones de pesos anuales que el Estado Nacional le deriva para la Policía de la Ciudad (alrededor de 493 millones de pesos diarios). 

Es muy criticable lo que decidieron los convencionales constituyentes en 1994 .

Andrés Gil Domínguez — Constitucionalista.

El fallo duplicó el porcentaje de fondos públicos que recibe la Ciudad para financiar la fuerza de seguridad porteña y motorizó el pedido de juicio político contra los jueces de la Corte.

Ante Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presidente y vicepresidente del tribunal, Fernández aseguró ante el Congreso que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tiene derechos sobre los recursos coparticipables y “debe recibirlos del Estado Nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba”.

“Esa decisión -de asignar recursos a la Ciudad- es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la república”, dijo Fernández.

De acuerdo a lo planteado por el máximo tribunal en su fallo de diciembre, la completa autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es una deuda pendiente de la política, no del poder Judicial, pero que exigió ante la demanda del gobierno porteño la intervención de la Corte para mediar ante la falta de leyes y reglas que el poder Ejecutivo y el Congreso debían cumplir desde la reforma de la Constitución de 1994.

El problema de la Corte es que dictó una medida cautelar y no falló sobre el fondo de la cuestión, no ordenó distintas pruebas mediante las cuales se fundamentara qué porcentaje corresponde a la Ciudad.

Andrés Gil Domínguez — Constitucionalista.

De hecho, el Congreso tiene pendiente sancionar una nueva ley de coparticipación que reajuste esa situación por mandato constitucional y permitiera a la Ciudad participar en cómo se decide la distribución de los fondos coparticipables. Fue una decisión de los convencionales constituyentes de 1994, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; la jefa de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió; y los actuales jueces de la Corte, Rosatti y Juan Carlos Maqueda, sólo por nombrar a los que ocupan cargos relevantes. No optaron por zanjar ellos mismos el conflicto sino que lo dejaron abierto, explicó a elDiarioAR el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país.

Alberto Fernández — Furcio del Presidente sobre el fallo de la Corte Suprema.

El fallo de la Corte, la autonomía de la Ciudad y el financiamiento de la policía porteña son cuestiones de dinero pero también de poder y más específicamente, del poder de la discrecionalidad.

“Es muy criticable lo que decidieron los convencionales constituyentes en 1994 porque establecieron que el Congreso debía sancionar una nueva ley convenio de coparticipación que contemplara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y que debía ser sancionada por el Congreso Nacional y luego ratificada por la totalidad de las legislaturas de las 23 provincias. Basta con que una sola jurisdicción se oponga para que la nueva ley convenio se caiga. Requiere un consenso imposible de alcanzar debido a la situación política en Argentina”, afirmó el jurista.

“La Ciudad es autónoma y debe ser tratada como tal, pero la falta de esta ley convenio es lo que permite al Ejecutivo Nacional seguir tratando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuera la ex Municipalidad de Bueno Aires porque se aplica una ley convenio anterior a la reforma de 1994”, agregó Gil Domínguez. 

Por esta razón, afirmó el constitucionalista, la Ciudad “está incluida dentro del porcentaje de fondos coparticipables que le corresponden al Estado federal pero no forma parte del reparto de fondos de la coparticipación con un porcentaje fijo razonable. Esta situación les permitió Duhalde, a Macri y a Fernández establecer distintos porcentajes y esto es lo que se debate en la Corte Suprema de Justicia: cuál es el porcentaje adecuado”.

¿La Corte podría haber solucionado esta deuda pendiente? Una nueva ley parece políticamente imposible: requiere un consenso político en el Congreso y entre el Ejecutivo, todos los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

Durante 2021, el máximo tribunal instó a Nación y Ciudad a llegar a un acuerdo que evitara el fallo judicial. Celebró una audiencia de conciliación en la que los ministros de la Corte participaron como árbitros. Tras uno de los encuentros celebrados en el Palacio de Justicia, ante lo que ya se vislumbraba como un fracaso en las negociaciones, el presidente de la Corte convocó de manera informar al ministro de Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y a los representantes de la Ciudad que participaron de la audiencia para instarlos a llegar a un acuerdo, pero la instancia de negociación política fracasó. 

“El problema de la Corte es que dictó una medida cautelar que estableció que el Ejecutivo Nacional debe otorgarle a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables pero no falló sobre el fondo de la cuestión, no ordenó distintas pruebas mediante las cuales se fundamentara qué porcentaje debe realmente recibir la Ciudad. Un peritaje en el cual apoyarse hubiese corrido a la Corte de los cuestionamientos. Por este motivo es que la decisión que adoptó el tribunal es vista por el peronismo como un desafío”, explicó Gil Domínguez.

El fallo de la Corte implica que a los 550 millones de pesos diarios que la Ciudad ya recibe por la coparticipación deben sumarse otros 600 millones de pesos diarios adicionales para la Policía de la Ciudad, de acuerdo con el Gobierno porteño. Eso significa unos 39 mil millones de pesos más al año. 

La Ciudad es autónoma y debe ser tratada como tal, pero la falta de esta ley convenio es lo que permite al Ejecutivo Nacional seguir tratando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como si fuera la ex Municipalidad de Bueno Aires.

Andrés Gil Domínguez — Constitucionalista.

“Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró de forma cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente”, dijo el Presidente el miércoles mientras integrantes del oficialismo silbaban a los ministros de la Corte. “Le quita dinero a los que más tienen (sic) y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”, afirmó Fernández en un furcio, ya que en la versión escrita de su discurso, que se adelantó a los periodistas, la frase que debía pronunciar tenía un sentido muy diferente: “Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.

El fallo de la Corte redujo la porción de impuestos nacionales que recibe el Estado Nacional y no las provincias. Sin embargo, tanto el Gobierno como gobernadores oficialistas insisten en que la decisión del tribunal fue en detrimento del federalismo. Es que muchos de los recursos que le corresponden a Nación son luego girados a las provincias para obras públicas. De ahí, el poder de la discrecionalidad.

Nota: esta nota se actualizó el 5 de marzo a las 17.21 para incluir el video del fragmento del discurso presidencial en la Asamblea Legislativa y su contenido en el texto del artículo. También se corrigió el textual del Presidente en un destacado para incluir el furcio.

ED

Estuve en Rosario el 14 de febrero de este año porque presenté en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario mi “República de la Impunidad” y con los presentes conversamos sobre la relación entre el sistema judicial y la democracia. El encuentro se repitió al día siguiente en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, debido a una invitación del pleno del cuerpo promovida por los legisladores Agustina Donnet y Rubén Giustiniani. 

El tema de la seguridad estuvo presente todo el tiempo. En particular, los efectos violentos del tráfico de drogas ilegales. Hablamos mucho de lo que significa convivir con ese problema y discutimos largo y tendido sobre la relación entre las instituciones públicas y aquel fenómeno, desde el punto de vista jurídico y de la ciencia política. Ahora todo se agudizó porque, como cualquiera puede imaginar y también constatar, el ataque al comercio de la familia de Antonella Roccuzzo le asignó a la cuestión un alcance global. 

Sobre la base de esa experiencia, me interesa identificar a título hipotético algunas causas que ayuden a entender un fenómeno que no está acotado a la ciudad de Rosario.

Antes de hacerlo, debo decir que no soy un experto en seguridad y tampoco en la dinámica del narcotráfico. Por lo tanto, no voy a plantear una “receta” para terminar con el problema. Sobre esos aspectos, me parece interesante solamente compartir que, fruto de mi memoria institucional generada por el trabajo en el sistema penal, las recomendaciones de quienes se dedican a estudiar a las organizaciones que trafican ilegalmente drogas enfatizan ciertas cosas.

Más allá de la violencia

Si bien es importante la identificación y enjuiciamiento de quienes venden drogas en las calles, la cuestión nodal es diversa. Los que saben señalan que es central poner la lupa en el flujo de fondos. La venta de drogas ilegales es altamente remunerativa. Por ello los expertos aconsejan enfocar las energías en los grupos de profesionales que administran ese dinero ilegal para convertirlo en legal. Dicho esto, me concentro en algunas causas que ayuden a pensar el fenómeno.

Los hechos que percibimos a través de los medios de comunicación masiva y del contacto con los ciudadanos de Rosario nos afectan por su reiteración y por la violencia que los envuelve en ciertos momentos. Pero si logramos abstraernos lo máximo posible de la violencia y la repetición, rápidamente podemos concluir en que lo que sucede en Rosario ocurre en muchas partes de la Argentina. Es cierto que bajo otras formas e intensidades. Pero sucede, ya que el problema básico es la inefectividad en la aplicación de la ley.

Si logramos abstraernos lo máximo posible de la violencia y la repetición, rápidamente podemos concluir en que lo que sucede en Rosario ocurre en muchas partes de la Argentina

En efecto, en algunos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano de la provincia de Buenos Aires hay problemas análogos con el tráfico de drogas y con los crímenes conexos a esos comportamientos ilegales. El punto en común que tienen estos acontecimientos, más allá de las distancias geográficas, tiene que ver con que en algunos de los lugares de nuestro país la ley que produce el estado rige, pero no se cumple. Ello significa que la vida real de esos sitios se rige por pautas de organización social informales. Dichas pautas las producen quienes controlan el territorio que, por definición, no son leales a la Constitución Nacional. Pero ese problema no es exclusivo del narcotráfico.

Ello es así pues, en nuestro país, el Estado tiene muchos problemas para aplicar la ley de manera universal, homogénea y con la misma intensidad en todas partes y a las diferentes personas. Hay otros comportamientos menos visibles que el tráfico de estupefacientes, pero igual de graves que también se escapan de la perspectiva de la Constitución Nacional. Pienso en el lavado de dinero, en el contrabando, en la evasión tributaria y en los hechos de corrupción administrativa, por ejemplo. 

No estoy minimizando los acontecimientos que ocurren en la ciudad de Rosario. Al contrario. Creo que la cosa es más grave. Me parece que muchas actividades ilegales en nuestro país adolecen del mismo problema. No puedo detenerme en cada una de ellas. Pero la realidad revela con nitidez que la capacidad estatal de aplicar la ley en general se ve resentida.

En el país real hay grupos que logran eludir las leyes positivas y obligatorias que genera el país legal

En otras palabras, me refiero a que la fuerza de la ley que produce la república democrática no se impone de manera universal e igualitaria, tal como lo contempla la Constitución. Ello tiene varios efectos. En lo que aquí interesa, da lugar a lo que Guillermo O’Donnell llamó “zonas marrones” para definir determinados lugares en los que el gobierno de hecho queda en manos de actores informales. Ello quiere decir, lisa y llanamente, que la soberanía estatal está en tela de juicio. Supone que no manda la ley, sino que manda el que tiene fuerza para tomar decisiones y conseguir obediencia.

Desde este punto de vista, y más allá de la magnitud de los hechos que por estos días ocupan la cima de la agenda pública, creo que lo que ocurre en Rosario es básicamente un fenómeno que atraviesa a toda la Argentina y que tiene que ver con el hiato que separa al país real del país legal. Insisto. En el país real hay grupos que logran eludir las leyes positivas y obligatorias que genera el país legal. Ello resiente la soberanía estatal porque determinados lugares no están subordinados a la perspectiva de la Constitución. 

Aquí yace un punto de suma importancia para comprender la ilegalidad que atraviesa a nuestro país.

Ley selectiva

Hay otra razón complementaria que profundiza la extensión de las “zonas marrones” y que se relaciona con el modo en que se aplica la ley. Recordemos que las leyes pueden cumplirse, no cumplirse o se puede torcer su significado. En este último caso, mediante la actividad interpretativa, los judiciales a veces ubicamos a las reglas en una zona brumosa cuyo resultado es que la ley parece que rige pero, en rigor de verdad, la torcemos para que en la práctica los efectos sean los opuestos. 

Bajo esos hábitos, propongo pensar el debate público que se inscribe en derredor de la posibilidad que tienen los detenidos de usar teléfonos en las cárceles. Hay perspectivas muy claras sobre el punto. Pero casi todas eluden la explícita previsión legal que existe al respecto. Veamos.

De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución Nacional la condena a prisión es el modo en que un ciudadano rinde cuentas frente a sus pares a través de un juicio justo. Cuando una persona ingresa a prisión no pierde la condición de sujeto de derechos. Al contrario, como el fin del encierro es la resocialización del reo, la ley 24.660 traza las pautas que tienen que cumplir los detenidos. Es un régimen progresivo. Quien respeta el marco legal adquiere beneficios que se traducen en la morigeración del encierro. 

La pregunta es obvia: ¿por qué los presos tienen teléfonos celulares si la ley lo prohíbe?

Entre los derechos que tienen los presos está el de comunicarse. Sin embargo, la chance de tener celulares está expresamente prohibida. “Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles”, dice el artículo 160 de la citada ley.

Por lo tanto, no hay posibilidades legales de discutir esa disposición, salvo que los magistrados comprueben que no es razonable y que ofende la Constitución Nacional.  

No conozco ningún caso en que ello haya pasado. Sí sé que durante las restricciones derivadas del Covid-19, esa prohibición fue morigerada. Pero todo eso, felizmente, es parte del pasado. 

La pregunta es obvia: ¿por qué los presos tienen teléfonos celulares si la ley lo prohíbe? No lo sé. Pero quizá el hábito de torcer el significado de las leyes nos suministra algunas pistas. 

El problema de las “zonas marrones” y de las interpretaciones de las leyes que a veces atentan contra la eficacia de las propias leyes no agota el tema. Pero me parece que nos lleva a una discusión un tanto más profunda. 

También nos legó O’Donnell la idea de que cuando el Estado no hace algo, no tenemos que quedarnos con la sensación de que esa impotencia se limita a los malos funcionarios, o a la corrupción, a la desidia institucional. Si el Estado no hace lo que tiene que hacer alguien gana. 

O’Donnell remarcaba que la inacción del Estado es una forma de acción. Cuando el Estado no hace algo está haciendo otra cosa. Por ejemplo, no aplicar la ley de manera universal e uniforme permite que algunas zonas “se liberen” de la arquitectura legal. 

Recordemos que el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza en un territorio. Puede imponer sus decisiones cuando no se cumplen las leyes que el propio Estado produce. Las “zonas marrones”, en esa clave, quizás tienen que ver con una determinada forma de ejercicio del poder político que no es la que contempla la Constitución Nacional y que concibe al Estado y a sus instituciones, no como la expresión del poder político de los ciudadanos, sino como un instrumento capaz de ser manipulado para conseguir beneficios sectoriales.

ED

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a cargo del Monseñor Oscar Ojea, transmitió este miércoles su mensaje de fin de año, en el cual anhela que el próximo año se puedan “renovar las actitudes y las composiciones para la convivencia democrática” y, de esta manera, “dejar de lado todo lo que acreciente las divisiones”. Además, en medio del conflicto por la coparticipación, consideraron que la crisis “que vivimos exige para este nuevo año 2023, no pensar solo en preservar los intereses personales, partidarios y electorales, sino buscar decididamente, en el máximo respeto a la Constitución Nacional, aquellos consensos básicos que aseguren el compromiso para superar los urgentes problemas del país”, señalaron.

“Este tiempo hemos podido celebrar juntos el inolvidable triunfo de la Selección nacional de fútbol. Festejándolo supimos postergar diferencias y superar divisiones. Anhelamos para el año que comienza que podamos renovar las actitudes y las disposiciones para la convivencia democrática, dejando de lado todo lo que acreciente las divisiones, ponga en riesgo la institucionalidad y postergue la discusión de los temas urgentes en relación con la pobreza, la deuda social, la educación y el crecimiento del país”, expuso la CEA en su mensaje de fin de año a través de un comunicado.

Asimismo, los obispos retomaron las palabras del Papa Francisco para la tradicional Jornada Mundial de la Paz que se celebra cada 1° de enero: “Concebirnos a la luz del bien común, con un sentido comunitario, es decir, como un ”nosotros“ abierto a la fraternidad universal. Es hora de que todos nos comprometamos con la sanación de nuestra sociedad y nuestro planeta, creando las bases para un mundo más justo y pacífico, que se involucre con seriedad en la búsqueda de un bien que sea verdaderamente común.”

Por este motivo, consideraron imprescindible “superar la desmesura que nos lleva a agredir y descalificar a quienes no piensan como nosotros”.

Finalmente, la entidad episcopal pidió que “el Niño Jesús nos ayude a vivir el Espíritu de la Navidad que resuena en nuestro corazón y traiga la paz para este año nuevo que vamos a celebrar, porque Él mismo es nuestra Paz”.

Con información de agencias.

IG

Con motivo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el presidente Alberto Fernández llamó hoy miércoles a combatir el “racismo, la discriminación y la intolerancia”, y apuntó contra “alguna provincia” donde la Justicia “ha quedado sometida al poder político”, con el fin de “estigmatizar personas” y “eliminar” del debate político a opositores.

“Conmemoramos hoy la Diversidad Cultural, que es un hecho, un derecho y un motivo de orgullo para nuestra tierra. El racismo, la discriminación y la intolerancia siguen presentes en todas las sociedades y vamos a seguir combatiéndolos”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado señaló que la fecha de hoy es “una oportunidad para reflexionar sobre la injusta historia que sufrieron y sufren los pueblos originarios en Argentina”, pero también para “promover el diálogo entre todos y todas y para asegurar la plena vigencia de la Constitución Nacional”.

En esa línea, recordó y citó el artículo 75 inciso 17 de la Carta Magna, el cual reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”.

“La convivencia entre culturas y la cooperación creativa debe guiarnos en Argentina, América Latina y el mundo”, indicó el Presidente, y destacó: “Cumplir con nuestra Constitución es también no sumarse a campañas que pretenden estigmatizar a personas o poblaciones por su cultura, pensamiento político u origen. En un Estado de derecho deben respetarse las normas constitucionales que también reclaman la independencia de poderes”.

Por otra parte, Fernández apuntó: “lamentablemente alguna provincia de nuestra patria muestra ejemplos donde la Justicia ha quedado sometida al poder político”, y añadió que el Poder Judicial “ha servido para estigmatizar personas, privarlas de su libertad desatendiendo las normas del debido proceso y eliminar del escenario político a opositores”.

Concluyó diciendo: “Para respetar cabalmente nuestra Constitución, continuaremos construyendo una Argentina justa, igualitaria, intercultural y en la que los derechos humanos sean respetados”.

LC con información de agencia Télam

En los últimos días he contado tantas veces esta historia que creo que podría grabarla y simplemente reproducir en un loop casi infinito mi propio audio. Pero vamos a contarla una vez más.

Allá por el 2006 pasaban muchas cosas en este país. Acababa de renovarse la Corte Suprema y se había acabado la vergonzante Corte “de la mayoría automática” que supo decidir sobre nuestros destinos durante el gobierno de Carlos Menem. La renovación de aquella Corte implicó también la renovación del Consejo de la Magistratura, que en aquellos días estaba severamente cuestionado.

Inspirado en el sistema europeo e incorporado a la Constitución Nacional en la reforma constitucional de 1994, por iniciativa de Raúl Alfonsín, se había creado en el art 114 “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial”.

La ley que lo regía, en cumplimiento de la disposición constitucional, establecía la friolera de 20 miembros de dicho consejo, entre abogados, académicos, legisladores y jueces. Cada uno de los consejeros tenía su séquito de asesores y ello había provocado una estructura elefantiásica y un cúmulo de demoras en los procedimientos que llevaba adelante el consejo. 

Y ciertamente no había despolitizado en lo absoluto los criterios de designación o remoción de los jueces. En lo personal estoy convencida que nunca tuvo siquiera esa posibilidad. Pero esa solo es mi opinión, aclaro. Como sea, en había esperanza de poder modificar algunas cosas, entre ellas la conformación del consejo. Y esa modificación se produjo con el dictado de la Ley 26080, que redujo a 13 el número de miembros del consejo y además establecido que la presidencia del mismo se elegiría entre sus miembros de modo rotatorio. 

Y con algunas reformas posteriores, esta estructura del Consejo de la Magistratura funcionó durante más de 15 años. Hasta el 16 de diciembre de 2021, día en que la Corte Suprema definió que habíamos estado más de 15 años con un Consejo de la Magistratura cuya conformación era inconstitucional. He leído y escuchado mil veces que la historia tiende reiterarse primero como tragedia, luego como parodia. La parte trágica de esta historia es que en 2000, el entonces presidente de la Corte Suprema, el doctor Julio Nazareno, denostado por la mayoría de los juristas de este país, eligió un modo de reelección como presidente de la Corte que fue calificado como “no es ético no razonable” y que consistió en el autovoto (Acordada 27/000). La parte paródica de esta historia la protagoniza un jurista que supo ser respetado, pero que está tirando su prestigio por la borda sin empacho ni vergüenza. Es el actual presidente de la Corte Suprema, el doctor Horacio Rosatti, que optó también por ser elegido como presidente de la Corte mediante el autovoto. Igualito a Nazareno.

¿Y por qué cuento que Rosatti votó a Rosatti para presidir la Corte Suprema? Porque varios meses después de emular a Nazareno auto votándose, Rosatti – y el resto de la Corte Suprema- definió entre otras cosas declarar inaplicable además de la conformación del Consejo de la Magistratura, el criterio que establecía la presidencia rotatoria del Consejo de la Magistratura. ¿Alguien había pedido esa inconstitucionalidad? No, nadie lo había solicitado. Diré que Rosatti vio luz y aprovecho para darle mayor rendimiento a su autovoto y quedarse de golpe y porrazo con la presidencia de la Corte Suprema y la presidencia del Consejo de la Magistratura. Esta semana vimos el regreso febril del “todos por dos pesos” y el “dos por uno.” 

Para explicarlo en términos técnicos diré que la propia norma que se pretende poner en vigencia tras la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 1° y 5° de la ley 26.080, nada dicen respecto de la Presidencia del Consejo de la Magistratura a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no se ha exhibido fundamento jurídico alguno que habilite la inaplicabilidad de una norma que no ha sido tachada de inconstitucional. Es que la propia ley 24.937 dispone en su artículo 2° la composición del cuerpo incluyendo como miembro al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero no disponiendo su carácter de Presidente del Consejo de la Magistratura. 

La asunción, por parte del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, desatendiendo al régimen de rotación y mayorías dispuesto por el Poder Legislativo de la Nación (que no ha sido declarado inconstitucional), no sólo violenta competencias exclusivas del Congreso de la Nación, sino que corrompe los propios fundamentos con los que la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación procuró declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 5° de la ley 26.080. 

Ello constituye una grave vulneración de las competencias legislativas del Congreso e implica una ruptura del orden constitucional que ha puesto en cabeza de los y las legisladoras no sólo la capacidad de formar y sancionar las leyes sino de imponer los criterios que entienda correspondientes a los fines de regular la institución (conf. art. 114 CN). Pero no fue eso lo único que sucedió con el fallo de diciembre de 2021. En esa sentencia de diciembre,  la Corte definió cargarse la Constitución Nacional y ejercer funciones que la Constitución le asignó al Congreso de la Nación y no a la Corte. Y voy a recordar que en el derecho, las personas jurídicas sólo pueden ejercer las competencias – o funciones- que tienen asignadas por ley y no es legal que ejerzan aquellas que no tiene asignadas. 

La ley que regía en las épocas de Nazareno es la ley 24937.  Cuando la Corte en diciembre de 2021 declaró inconstitucional la ley 26080  omitió considerar que  la ley 26.080  había derogado  varios artículos de la ley de Nazareno. Y por muy jueces de la Corte Suprema que sean los señores no son legisladores. Y porque no son legisladores los jueces de la Corte no  pueden ni dictar leyes, ni revivir leyes derogadas. Porque el único que puede dictar, modificar, revivir o dejar sin efecto leyes es el Congreso de la Nación. 

Pero como les decía, que la Constitución la cumplan los y las giles. Al menos es lo que parece ser la opinión de la Corte en su mayoría cuando ordenó que “de acuerdo con lo dispuesto por la ley 24.937 (texto según ley 24.939), el Consejo de la Magistratura quedará conformado por veinte (20) miembros (art. 2°), será presidido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 10), funcionará con el quorumde doce (12) miembros (art. 9°) y con las comisiones integradas de conformidad con su art. 12.”

Palabras más, o menos la Corte Suprema revivió, sin tener competencias para hacer eso, una ley que el Congreso había derogado. Dictó leyes. Legisló.  Y de nuevo la parte paródica de la historia, y también de nuevo protagonizada por Horacio Rosatti, nuestro nuevo own private Nazareno, que hace un tiempo supo decir lo siguiente: “Es necesario recordar que los espacios de decisión del político y del juez son distintos. El político —constituyente, legislador o administrador— tiene un amplio abanico de posibilidades para decidir conforme a un marco normativo general (que en ocasiones él mismo puede modificar), a su ideología y a su prudencia; el juez debe hacerlo dentro del estrecho límite de la Constitución y las normas dictadas en su consecuencia. Si el juez intentara suplir al político, proyectando su forma de pensar (en suma, su disconformidad con una decisión política) en descalificación jurídica, estaría excediendo su competencia y violentando la división de poderes» [Fallos: 341:1869, del 11 de diciembre del 2018, voto del juez Rosatti, considerando 14).

Bien recordó, en inesperada lucidez Lorenzetti en el fallo del 21 de diciembre de 2021  que “ningún tribunal ni la propia Corte Suprema puede legítimamente declarar inaplicable una ley que ha sido derogada hace dieciséis años sin afectar seriamente la seguridad jurídica. Por otra parte, la restitución de la ley anterior hasta que el Congreso dicte una nueva podría generar un caos, porque de 13 miembros pasa a 20 y luego a 17 (según el proyecto adjuntado a la causa). La Cámara restituye la ley anterior en su totalidad, incluyendo lo que no fue materia de agravio, lo que excede su competencia, ya que los jueces no son legisladores. La restitución de la ley anterior en aspectos que no han sido materia de agravio implica arrogarse funciones legislativas, algo absolutamente incompatible con la función judicial. La Corte ha dicho que ‘no incumbe a los tribunales el examen de la conveniencia o el acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones, ya que aquellos deben limitarse al examen de la compatibilidad que las normas impugnadas observen con las disposiciones de la Ley Fundamental (Fallos: 312:435), Monges (Fallos: 319:3148)”.

Las nostalgias de Nazareno que demuestra la actual Corte Suprema en su conducta respecto al Consejo de la Magistratura no sólo es una violación de la Constitución Nacional, sino en sí misma es una tragedia para el orden institucional de nuestro país. Sólo resta esperar que se repita como parodia. Algunos jueces de esta Corte Suprema ya lo son. Son su propia parodia.

GP