El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que es necesario regular las redes sociales y las empresas que trabajan por aplicaciones digitales, sobre todo para proteger a niños y adolescentes y para combatir las noticias falsas.

“Tenemos que discutir con el Congreso Nacional la responsabilidad de regular el uso de estas empresas (de redes sociales) en este país. No es posible que todo tenga control, menos las empresas de aplicaciones digitales”, dijo el mandatario durante el lanzamiento de un programa del Gobierno federal para la reforma agraria y el crédito de tecnología para la agricultura familiar en la ciudad de Campo Verde, estado de Mato Grosso (centro-oeste).

El mandatario recordó el caso de una adolescente brasileña que a finales de abril de este año intentó suicidarse en Brasil, tras haber sido víctima de “bullying” a través de las redes sociales.

“Tenemos la obligación moral de hacer que la verdad derrote a la mentira. No es posible que siga así. Ya tomamos la decisión de no dejar entrar el teléfono móvil a las escuelas primarias y secundarias porque se reducía la atención en el aula. Y sabemos lo malvadas que pueden ser las redes sociales”, aseguró el mandatario.

La declaración de Lula da Silva en Mato Grosso ocurrió luego de que el jueves pasado se reunieran ministros del Gobierno para discutir un proyecto de regulación de las redes sociales.

El texto debatido por el jefe de gabinete, Rui Costa, y por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, será una alternativa al proyecto de ley de noticias falsas que comenzó a ser tratado por el Congreso, pero fue archivado por la mayoría opositora tras la resistencia de las plataformas.

MP

La UE acaba de pactar, después de 16 horas de negociaciones, una ley de Servicios Digitales (DSA) con medidas para poner freno el contenido ilícito, responsabilizar a las plataformas digitales de sus algoritmos y mejorar la moderación de los contenidos. Es decir, medidas contra los productos, servicios y contenidos ilegales, incluidos procedimientos claros para su retirada; más opciones para publicidad sin rastreo y prohibición del uso de datos de menores para ofrecerles anuncios personalizadas; quienes adquieran un servicio por internet podrán reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios; evaluaciones de riesgo obligatorias y mayor transparencia en los algoritmos para luchar contra los contenidos nocivos y la desinformación.

La DSA es la primera norma de este tipo para la regulación digital y, como ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue el principio de que “lo que es ilegal fuera de línea también debe ser ilegal en online”. Su objetivo es proteger el espacio digital contra la difusión de contenidos ilegales y garantizar la protección de los derechos fundamentales de los usuarios.

Éstos y otros son algunos de los elementos que contiene la Ley de Servicios Digitales (DSA), presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2020, y sobre la que este viernes han llegado a un acuerdo Consejo y Parlamento Europeo en los trílogos –negociaciones entre las tres instituciones. Así, se exigen nuevas reglas para abordar el contenido ilegal, para garantizar que plataformas como Google, Facebook y Amazon rindan cuentas por sus algoritmos y mejores prácticas de moderación de contenido.

La Comisión Europea propuso hace poco más de un año dos iniciativas legislativas para actualizar las normas que rigen los servicios digitales en la UE: la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA). La DMA ya fue acordada en marzo con la idea de poner límites al poder de los gigantes de internet como Google, Apple, Meta o Amazon, tras constatar Bruselas que las normas de libre competencia existentes hasta ahora no han evitado el abuso de poder de las plataformas. Esa ley antimonopolio es ahora complementada con la DSA.

La posición del Parlamento Europeo fue aprobada el 20 de enero por 530 votos a favor, 78 en contra y 80 abstenciones. La eurodiputada socialista Adriana Maldonado, miembro de la comisión de Mercado Interior, responsable del expediente, afirma: “Es un hito sin precedentes que nos sitúa a la cabeza en cuanto a seguridad y transparencia en el sector digital y nos permite liderar una digitalización justa que marque el camino al resto de países. A partir de ahora, las plataformas deberán asumir sus responsabilidades y operar en un marco legal que hasta el momento era prácticamente inexistente”.

Coto a la desinformación

La Ley de Servicios Digitales (DSA) define unas responsabilidades claras para los proveedores de servicios intermediarios y en concreto para las plataformas en línea, como las redes sociales o los mercados digitales.

La Ley de Servicios Digitales establece un mecanismo de “notificación y acción”, además de salvaguardias, para la retirada de productos, servicios o contenidos ilegales de las plataformas digitales. Los prestadores de servicios de alojamiento de datos deberán actuar al recibir tales notificaciones “sin demora indebida, teniendo en cuenta el tipo de contenido ilegal que se está notificando y la urgencia de adoptar medidas”.

Entre los aspectos que recogerá esta, se incluyen salvaguardias para proteger los derechos fundamentales; una mayor protección para las víctimas de ciber-violencia; la posibilidad de denunciar si hay contenido ilegal en la plataforma (que se deberá retirar); una mayor seguridad de los productos y servicios comprados a través de los mercados en línea; y una compensación para los usuarios y usuarias, que tendrán derecho a buscar reparación por cualquier daño o pérdida sufrida debido a las infracciones de las plataformas. “Todo ello se traducirá en una menor exposición a contenido ilegal y una mayor protección y respeto de los derechos y libertades fundamentales de los consumidores”, ha subrayado Maldonado.

Obligaciones suplementarias

Las plataformas en línea consideradas de muy gran tamaño estarán sujetas a unas obligaciones específicas por los riesgos concretos que plantean en la difusión de contenidos tanto ilegales como nocivos. La Ley de Servicios Digitales ayudará a limitar los contenidos nocivos (que pueden no ser ilegales) y la desinformación. Para ello, incluirá varias disposiciones: evaluaciones de riesgos obligatorias, medidas de mitigación de riesgos, auditorías independientes y transparencia de los denominados “sistemas de recomendación” (algoritmos que determinan lo que ven los usuarios).

En cuando a la publicidad online, “los usuarios tendrán un mejor control sobre cómo se utilizan sus datos personales”, afirma Maldonado. Además, la publicidad dirigida queda prohibida cuando se trata de datos confidenciales (por ejemplo, basados ​​en orientación sexual, religión, etnia). Asimismo, la DSA también insta a las plataformas accesibles a menores a que tomen medidas específicas para protegerlos, incluida la prohibición total de la publicidad dirigida.

 Del mismo modo, Maldonado ha resaltado las medidas especiales para tiempos de crisis que incluye esta ley. “Cuando ocurre una crisis, como una amenaza a la salud o la seguridad pública, la Comisión puede requerir plataformas muy grandes para limitar cualquier amenaza urgente”, ha señalado.

 Por último, un aspecto fundamental que aborda la DSA son las multas que las plataformas online y los motores de búsqueda podrán recibir si incumplen las normas, y que podrían llegar hasta un 6% de su facturación mundial.

AG