Con una inflación del 100%, según pronostican los economistas a los que encuesta el Banco Central, los asalariados corren de atrás a los precios, más allá de que algunos sindicatos consigan aumentos que igualen o superen esa cifra. En el mundo de las empresas, en un año en que diversos países gravaron la renta extraordinaria que provocó la guerra de Ucrania, en sintonía con el frustrado proyecto de ley del ex ministro de Economía Martín Guzmán, en la Argentina hay compañías que están ganando más que en 2021 y otras que pierden.

La sociedad bursátil Portfolio Personal Inversiones (PPI) elaboró para elDiarioAR el cálculo de las ganancias en los primeros nueve meses de 2022 de 23 grandes firmas que cotizan en la bolsa de Buenos Aires, que son las que difunden sus balances.

La que más elevó sus ganancias ajustadas por inflación ha sido Sociedad Comercial del Plata, que preside Pablo Arnaude y que tiene entre sus principales activos las petroleras Dapsa y CGC, Canteras Cerro Negro, Lamb Weston Alimentos Modernos, Ferroexpreso Pampeano y el proyecto inmobiliario Delta del Plata. Sus beneficios subieron 313%. La siguió el Banco de Valores, que encabeza Juan Nápoli, con un 40% arriba; el Banco Macro, de Delfín Carballo y Jorge Pablo Brito, que embolsó 33% más, y la filial de la cementera suiza Holcim, con un alza del 22%. Varias empresas además pasaron de pérdidas en 2021 a utilidades en 2022. Son los casos del grupo de generación eléctrica Central Puerto, de Nicolás Caputo, Carlos Miguens Bemberg y Guillermo Reca; y la transportista de electricidad Transener, de Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin.

En cambio, cayeron las ganancias de la electrónica Mirgor, de Caputo, un 46%; la fabricante de maquinaria agrícola Agrometal, de Rosana Negrini, otro 46%; el Grupo Financiero Galicia, de las familias Escasany, Ayerza y Braun, un 37%; el BBVA argentino, de capital español, un 34% y Transportadora Gas del Sur (TGS), de Pampa, un 2%. Se mantuvieron en rojo, al igual que en 2021, Edenor, la distribuidora eléctrica de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti; Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), que preside Ernesto Allaria; Transportadora Gas del Norte (TGN), del grupo Techint, de Paolo Rocca, y de Corporación América, de Eduardo Eurnekian; y el Grupo Supervielle, que encabeza Julio Patricio Supervielle. Otras pasaron de ganar a perder: la cementera Loma Negra, de la brasileña Camargo Corrêa; Telecom Argentina y su accionista mayoritario, Cablevisión Holding, de los dueños del Grupo Clarín, Felipe y Marcela Noble Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro.

PPI también relevó los resultados nominales de tres empresas que elaboran su contabilidad en dólares: Pampa Energía, que ganó 88% más en los primeros nueve meses del año; una de las siderúrgicas de Techint, Ternium, cuyo beneficio cayó 5%, e YPF, que pasó de números rojos a azules.

“Con los datos que hay, que no son tantos y pueden tener alguna distorsión por los efectos de monedas oficiales de reporte, a priori el sector financiero se ve más golpeado por la contracción aún mayor de las carteras de créditos y una concentración de su negocio en riesgo del Estado, con márgenes que se han achicado”, observa Santiago Abdala, director de PPI. “Y veo una mayor oportunidad en empresas del sector energético, donde los resultados, dependiendo el subsector, se han visto favorecidos por la suba del valor de la energía a nivel global”, completa Abdala.

Otra sociedad, Bull Market Brokers, confeccionó para elDiarioAR un informe sobre el margen neto, que un ratio financiero que mide la rentabilidad de una empresa al dividir la ganancia neta sobre la facturación, en los últimos 12 meses (entre el último trimestre de 2021 y el tercero de 2022) reportados por las empresas que cotizan en bolsa. A la cabeza figura Emdersa, la controlante de la distribuidora eléctrica de La Rioja, propiedad de esta provincia, con un exhorbitante 40.214%. La siguen IRSA, la desarrolladora inmobiliaria y de shoppings de Eduardo Elsztain, con 106%; Cresud, el holding de Elzstain, que incluye a IRSA y los negocios agrícolas, con 68,9%; y Ternium, con 29,5%. Completan el top ten TGS, con un 23%; Pampa, con 22,5%; el mercado Matba Rofex, que preside Andrés Ponte, con un 20,7%; Edesa, la distribuidora eléctrica salteña, de Rogelio Pagano, con un 20%; la desarrolladora inmobiliaria Consultatio, de Eduardo Costantini, con un 19,6%, y Holcim Argentina, con un 19,2%. Por el contrario, hay compañías con margen neto negativo porque registraron pérdidas en los últimos 12 meses: ENEL Generación Costanera, una de las empresas que está vendiendo la italiana ENEL en su retirada de la Argentina, con -49,2%; la citrícola San Miguel, de las familias Miguens Bemberg y Otero Monsegur, con un -45,3%; y la agrícola Carlos Casado, propiedad del grupo constructor español San José, con un 37,2%.

Por último, también es interesante evaluar cómo varió la cotización de las empresas, a partir de la evolución de sus acciones tanto en la bolsa porteña como en la de Nueva York. La sociedad Invertir En Bolsa (IEB) elaboró los datos para elDiarioAR. Entre las compañías que cotizan aquí, alguna más que duplicaron su valor en pesos, es decir, le ganaron a la inflación, en lo que va del año, en que el ministro de Economía, Sergio Massa, puso en marcha y profundizó la segmentación de tarifas energéticas que había anunciado Guzmán. Ellas son TGS (219%),YPF (179%), Sociedad Comercial del Plata (164%), Central Puerto (146%), Transener (121%), TGN (120%), Pampa Energía (110%) y Edenor (109%). Buenas noticias para el Estado dueño de la petrolera de bandera, pero también para Mindlin, Caputo, Rocca y Manzano. Pero algunos de ellos también pierden. Mirgor, del amigo de Mauricio Macri, se depreció 3,2%, mientras que la acción de Cablevisión Holding, de los dueños de Clarín, sólo subió 19%, muy por debajo de la inflación, y la del Galicia, un 30%. Entre las que cotizan en Wall Street, el informe de IEB, que confeccionaron Ignacio Sniechowski y Agustín González Capdevila, TGS se valorizó en dólares en lo que va del año un 95%; YPF, un 88% y Central Puerto, un 50%. Por el contrario, perdieron cotización el Galicia (-23%), el Supervielle (-16,4%) y Telecom (-15,9%).

AR

“En las próximas semanas vamos a estar trabajando en la construcción de un mecanismo que nos permita capturar parte de la renta inesperada, producto del shock que implica la guerra”. Era 18 de abril y Martín Guzmán anunciaba la medida junto al Presidente, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Frente al gabinete casi completo, gobernadores, sindicalistas y empresarios, el ministro de Economía prometía una herramienta para evitar que la situación global genere un efecto regresivo: que enriquezca a pocos y empobrezca a muchos. 

No pasaron solo semanas, sino un mes completo, pero el proyecto para gravar la “renta inesperada” no tomó forma ni fue enviado al Congreso para su tratamiento. La iniciativa se demora en la elaboración de la letra chica, pese a que es uno de los pocos intentos del albertismo que logró entusiasmar a la órbita de la vicepresidenta, que exige tomar cartas para que al crecimiento “no se lo queden cuatro vivos”. En ese mismo acto, el presidente Alberto Fernández le concedió –tal vez por primera vez en términos tan explícitos– al kirchnerismo que es en el plano de la distribución donde “está fallando el (su) proyecto”.

Del texto sólo se conocen los lineamientos originales; el “punto de partida” que planteó Guzmán para iniciar la discusión con “fuerzas productivas, laborales y políticas”. A diferencia del aporte extraordinario a las grandes fortunas, destinado a personas con patrimonio superior a los $200 millones, este instrumento se enfoca en empresas. Es un segmento muy pequeño del universo total de firmas, que el Gobierno estima en torno al 3% y está vinculado sobre todo al sector de alimentos y energía. 

Para ser alcanzadas por este gravamen, las empresas deben registrar ganancias netas imponibles superiores a los $1.000 millones al año. Además, esa ganancia tiene que evidenciar un incremento “significativo” respecto del año previo, “anormalmente alto”, y no estar explicada por alguna estrategia de inversión o innovación. Que sea, como la bautizaron en España, una ganancia “caída del cielo”.  Guzmán aclaró que si esa “renta inesperada” se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución exigida será menor. 

La crítica del sector cristinista es, en todo caso, que no sea más bajo el piso de ganancias netas imponibles, para incluir en el tributo a un porcentaje más amplio de empresas. Y, claro, la demora en la instrumentación. Todavía no ocurrió en este caso, pero en las últimas semanas el kirchnerismo intentó acortar los plazos de otras medidas clave con el lanzamiento de iniciativas paralelas: con un proyecto de Máximo Kirchner se aceleró la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil; con otro de Sergio Massa se empujó la suba del salario a partir del cual se paga Ganancias.  

“Estamos trabajando”, dijo el lunes Guzmán en una entrevista televisiva de Alejandro Bercovich en C5N. Aseguró que “hay mucho intercambio técnico” y que esperan, “en las próximas semanas”, enviar el proyecto a la Cámara de Diputados. “Ese es el estado de situación; se sigue trabajando en ese tema”, se limitaron a confirmar a elDiarioAR fuentes del Ministerio de Economía.

El gravamen aparece como una estrategia, si no para evitar el traspaso de la suba de precios internacionales a las góndolas –mecanismo para el que son útiles, pese a sus efectos adversos, las retenciones que demanda Roberto Feletti– al menos para permitirle al Estado fondear políticas para fortalecer los bolsillos de argentinos y argentinas. De hecho, el anuncio del proyecto se dio en simultáneo con el del bono de “refuerzo de ingresos” para trabajadores informales, monotributistas de categorías bajas, empleadas de casas particulares y jubilados. 

Por la manera en la que fue anunciado, se esperaba que el bono fuera financiado por este impuesto, pero terminó por encararse con recursos propios del Tesoro. La primera cuota de $9.000 para trabajadores informales comienza a pagarse este jueves 19 de mayo, mientras que el proyecto para gravar la renta inesperada continúa en etapa gestacional. 

DT

Las hojas caídas son juguetes del viento, dice en su poema el escritor romántico español José de Espronceda. En Argentina y, para sorpresa de muchos, también en el Reino Unido y en otros países, las ganancias inesperadas “traídas por el viento” generan debates intensos. ¿En qué bolsillos deberían quedar aquellos pesos que no serían fruto del “mérito”, el esfuerzo, la creatividad o la visión comercial?     

Más allá de consideraciones económicas o jurídicas, el argumento moral y político para crear estos impuestos es que el beneficiado no hizo nada en particular para obtener esa acreencia extraordinaria, y entonces debe compartirla con la sociedad, pagando más impuestos.

Veamos el ejemplo moderno que sirvió de base a medidas similares en varios países y que, quizás, fue la inspiración de nuestro ministro de economía para su proyecto vinculado a la “renta inesperada” derivada  de la ocupación rusa a Ucrania en el mercado de alimentos y de energía. Spoiler alert: no miró para el lado de Cuba, Venezuela o Corea del Norte.

Thatcher, privatizaciones y un error de cálculo

¿Cuál fue uno de los problemas más graves que trajo la ola privatizadora de los años ´90? Existe un consenso sobre que la venta de las empresas estatales en el Reino Unido, el este europeo y Latinoamérica fueron hechas a precios muy bajos. Es que en aquel entonces no existía un “mercado” que permitiera establecer su real valor. Las entidades públicas estaban abrumadas por las críticas por la pobre calidad de sus prestaciones, la indignante dificultad para abastecer la demanda, y la imposibilidad de incorporar capital por el peso enorme que sus estructuras tenían sobre los presupuestos públicos. En todos lados había que esperar años para conseguir un teléfono y los cortes de luz estaban a la orden del día. 

Quizás más por pragmatismo que por un convencimiento ideológico inicial profundo, Margaret Thatcher inició una ola privatizadora que se extendió al mundo entero. Y digo lo de pragmatismo pues en la plataforma electoral que la llevó al poder en 1979 no había una sola palabra, ni siquiera una alusión, ni sugerencia sobre la privatización de las empresas públicas. Pero los enormes problemas presupuestarios, las exigencias del FMI (sí, escuchó bien) para que disminuyera el déficit fiscal, y un ambiente social envenenado contra el sindicalismo estatal le permitieron encarar un monumental programa de transferencia de activos estatales. 

En relación a los servicios públicos, los precios que los compradores pagaron por las empresas a principios de los ´80 se consideraron satisfactorios y razonables. Pero con el correr de los años se revelaron como extremadamente bajos: el gran espacio para mejoras que había en las empresas públicas privatizadas y el fenomenal e imprevisible avance tecnológico permitieron bajar los costos dramáticamente, aumentando así de manera exponencial las ganancias. Los organismos reguladores de telecomunicaciones, gas y electricidad corrían de atrás tratando de recortar las tarifas pero, mientras tanto, las ganancias de los nuevos prestadores se multiplicaban.

Blair y el “New Labour”

Para las elecciones de 1997 los laboristas comenzaron a tramar una estrategia fiscal para gravar a las empresas de servicios públicos por obtener ganancias que estimaron “excesivas” y “traídas por el viento” (windfall). 

El clima político no podía ser más alentador. Los salarios y bonus que percibían sus ejecutivos (conocidos como los fat cats, los gatos gordos); los aumentos en las tarifas en sectores antes fuertemente subvencionados como el agua y la electricidad; y la constante suba en el precio de las acciones reclamaban sangre al calor de la campaña electoral que pretendía desalojar a conservadores de John Major del poder. Por otro lado, las monumentales ganancias hechas por millones de ciudadanos que, al amparo de las políticas del “capitalismo popular” de Thatcher, compraron acciones a precios muy bajos y las vendieron con pingües beneficios ya habían sido olvidadas por todos.

Luego de su amplísima victoria, Tony Blair y su Ministro de Economía Gordon Brown pusieron manos a la obra de inmediato.

Impuesto retroactivo

Ya en su primer presupuesto pusieron en blanco sobre negro lo que hasta entonces sólo era una vaga promesa de campaña: se cobraría un impuesto (por única vez) a todas las empresas de servicios públicos privatizadas. Se gravarían las “ganancias excesivas” originadas en los bajos precios iniciales de venta de las empresas públicas y en la regulación light de los primeros años de Thatcher.

El impuesto se dirigió exclusivamente a aquellas empresas privatizadas mediante la venta de acciones al público y que estuvieran sujetas a regulación económica por medio de entes especiales: las doce compañías regionales de electricidad de Inglaterra y Gales, las diez compañías de agua, los dos generadores de electricidad de Inglaterra, los distribuidores y generadores de electricidad de Escocia, la empresa encargada de la operación de los aeropuertos más importantes del Reino Unido, British Airports Authority, Bristish Gas, British Telecom, y la empresa operadora de infraestructura de los ferrocarriles, Railtrack. 

Se recaudaría la bonita suma de 5.200 millones de libras (algo así como 8.800 millones de dólares de aquel entonces). El impuesto iba a ser calculado sobre la diferencia entre el precio adjudicado a las acciones de la compañía al momento de su privatización y el valor de las mismas cuatro años después. La tasa de la contribución era draconiana: 23%. 

Por las buenas o por las malas

La estrategia política de Blair para ir contra las empresas de servicios públicos no pudo estar mejor diseñada.

La contracara de este nuevo impuesto fue otro pilar fundamental de su campaña política: el programa denominado “From Welfare to work”. Este plan buscaba sacar a millones de británicos del seguro de desempleo mediante la instrumentación de planes de reentrenamiento y educación que debían completarse obligatoriamente, a riesgo de perder el beneficio. El programa costaría aproximadamente 3.200 millones de libras (algo así como 5.400 millones de dólares) y sería financiado con el windfall tax.

En consecuencia, el creador del New Labour puso a las empresas en la disyuntiva de resistirse al impuesto, planteando una lucha abierta en el terreno político y judicial (a riesgo de  deteriorar aún más su ya golpeada imagen), o pasar el mal trago y tratar de negociar en los mejores términos el futuro de la regulación con el gobierno recién instalado. 

Las críticas llovieron. En primer término, la aplicación de un impuesto sobre ejercicios pasados, cerrados y con ganancias ya distribuidas parecía un abuso. Además, al momento de la aplicación del impuesto las acciones habían cambiado de manos en numerosas oportunidades en los 15 años transcurridos desde la privatización (es más, un cuarto de ellas fueron revendidas el primer día de oferta pública). El impuesto cayó en realidad sobre los actuales tenedores de las acciones de las empresas, mientras que los propietarios originales embolsaron alegremente sus windfall gains, las ganancias “traídas por el viento”.

En una decisión de prudencia política típicamente británica, todas las compañías involucradas se presentaron puntualmente el 1º de diciembre de 1997 a pagar la primera de las dos cuotas del windfall tax. 

Más rentas inesperadas, más impuestos

La lógica del razonamiento británico fue repetida una y otra vez. 

En 2008 y 2009 Suecia, Noruega y Finlandia impusieron un tributo a las empresas eléctricas por diversas cuestiones que las hacían obtener rentas extraordinarias por circunstancias externas a su gestión. Medidas similares se tomaron en España, Grecia, Bulgaria, República Checa y Rumania entre 2009 y 2013. 

Con un alza internacional de los precios de los alimentos de más de un 30% y de la energía de un 60% en el último año, la Argentina y el mundo pueden legítimamente preguntarse: ¿quién debe quedarse con las rentas inesperadas traídas por los vientos de la guerra?

IB