La estupefacción generada en muchas personas ante la aparición del folleto en el Municipio de Morón, informando acerca del uso de dos de las drogas ilegalizadas más consumidas en Argentina, merece ser puesta en crisis. Primero, porque venimos de un febrero en el que, al menos, 24 personas murieron por consumir cocaína adulterada, segundo, porque ninguna de las críticas fue propositiva, pidiendo endurecer más las políticas prohibicionistas y abstencionistas que nos trajeron hasta aquí y, tercero, porque tenemos una Ley Nacional que avala este tipo de campañas.

Las políticas de reducción de riesgos y daños de los problemas asociados al uso de drogas iniciaron en los primeros años del siglo XX y se aplicaron para hacer frente a distintas problemáticas en todo el mundo. Desde derogar una ley prohibitiva, que habilitó el crecimiento de las mafias y la ceguera de los consumidores de alcohol fabricado artesanalmente en los Estados Unidos -Ley Seca de 1920-, hasta la entrega de jeringas para el uso de heroína debido a la propagación inminente del HIV en países como Suiza, Holanda y España.

Estamos de acuerdo en que el Estado debiera ser el garante del derecho al acceso a la salud pública, pero los efectos del prohibicionismo -la persecución, la criminalización, la discriminación y la estigmatización- generaron que las personas usuarias de drogas se encuentren cada vez más cerca de los márgenes y, por temor a las represalias, acudan a los centros de salud cuando el riesgo de su vida ya es inminente. Entonces, cuando las oportunidades que debe garantizar el Estado fallan -salud, trabajo, vivienda, educación, etc.-, sumado a la situación particular en la que se encuentra la persona a la hora de consumir y según la sustancia utilizada -más o menos peligrosa-, el riesgo de tener un consumo problemático aumenta (contexto + persona + sustancia, son los tres pilares a la hora de abordar y comprender el consumo de una persona). Aquí lo fácil es enfocarnos en un solo objeto dentro de ese todo, al punto de demonizarlo y desatar una guerra contra las drogas que llevó a la militarización de los barrios, al empoderamiento del narcotráfico que genera rédito moviéndose en un mercado clandestino, y al acrecentamiento de riesgos para la salud de las personas consumidoras que no tienen ningún tipo de información acerca de qué es lo que efectivamente consumen ni tampoco cómo hacerlo para disminuir los daños. Por este motivo, y ante la aparición de nuevos riesgos, nuevas drogas y nuevos consumidores que, pese a toda recomendación, indicación o alerta sobre el uso de drogas, deciden consumir, las políticas informativas que ofrece la reducción de riesgos y daños se vuelven un elemento fundamental en una sociedad de consumo como la presente. 

Distintos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre otros, reconocieron en las últimas décadas el fracaso del prohibicionismo y del abstencionismo como único método para abordar el consumo de drogas, y avalaron la implementación de nuevos abordajes enfocados en la reducción de riesgos y daños. Reconocer el fracaso y aceptar que el uso de drogas aumentó y se diversificó pese a las políticas restrictivas, es el primer paso para la implementación de políticas efectivas basadas en una realidad concreta y en evidencia científica. Hoy, en nuestro país, nos encontramos en ese limbo, entre el reconocimiento del fracaso y la aplicación de nuevas políticas para el abordaje de los consumos. ARDA, la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, lleva más de 25 años trabajando con esta temática, por lo que la publicación del folleto en Morón no fue realizada sin argumentos, por el contrario, sus integrantes, especializados en el tema, se nutren de campañas usadas efectivamente en otras partes del mundo y, como si fuera poco, en la prueba evidente de que las medidas que se vienen utilizando nunca sirvieron para nada.

Necesitamos empezar a hablar de drogas, sin vueltas, con información fehaciente y abordando respetuosamente a quienes decidan hacer uso de estas. Los medios de comunicación se empecinan con relacionar cualquier uso con adicción, banalizando por completo la problemática. ¿Todas las personas a nuestro alrededor consumidoras de alcohol, cigarrillo u otras sustancias son adictas? Para los medios, ¿consumir una droga ilegalizada nos vuelve indefectiblemente adictos? Debemos romper de una vez por todas con estos discursos para abordar de manera efectiva todos los condicionamientos que atraviesan a este fenómeno y debemos recordar también que todas las personas son sujetos de derecho, que pueden elegir y decidir sobre su vida.

Finalmente, para graficar “el flagelo de las drogas” como titulan incansablemente los medios hegemónicos de comunicación, recupero un dato de la UNODC: la prevalencia del consumo de sustancias alcanza a 300 millones de personas, siendo el total de la humanidad de casi 6000 millones. De esas 300, 15 millones generan algún tipo de dependencia, esto es, el 0,25% de la población. Si las sustancias no tuvieran tanta mala prensa, la constitución como problema real de nuestras poblaciones sería marginal. Los argumentos aquí expuestos, no sólo surgen de militar por una política de drogas respetuosa de los derechos humanos, sino que también se sustentan en el Art. 4 del Decreto Reglamentario n°603/13 de la Ley 26.657 de Salud Mental y Adicciones, el cual establece que “las políticas públicas en la materia tendrán como objetivo favorecer el acceso a la atención de las personas desde una perspectiva de salud integral, garantizando todos los derechos establecidos en la Ley Nº 26.657. El eje deberá estar puesto en la persona en su singularidad, más allá del tipo de adicción que padezca. Entiéndese por ”servicios de salud“ en un sentido no restrictivo, a toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación, y/o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo de apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados.

Dalila Tealdi, integrante de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos. Licenciada en Comunicación Social (UNLP). Diplomada en Género, Raza e Injusticias (UNSAM). Drogas, políticas públicas y Derechos Humanos (COaD). Cátedra Libre e interdisciplinaria para la adecuada atención de personas consumidoras de sustancias psicoactivas (UNSAM).