Para las casi 12 millones y medio de hectáreas que abarcan los Parques Nacionales en sus áreas terrestres hay alrededor de 2.000 trabajadores que se ocupan de su conservación. Al día de hoy, la mitad de ellos permanecen trabajando sin contrato: se trata de 400 brigadistas y 600 profesionales y administrativos. Todos aportan desde sus especificidades a la tarea de conservación del patrimonio natural nacional de la Argentina. 

Incluso, en medio de los ya difundidos incendios en el Parque Nacional Nahuel Huapi, los trabajadores no solo colaboran desde la primera línea a combatir el fuego sino también desde la gestión de alimentos y carpas para los brigadistas. Además, trabajan en la elaboración de reportes con las condiciones climáticas, para que quienes combaten lo hagan de manera segura.

La última ola de despidos en el organismo se conoció el pasado 30 de diciembre: de las tres decenas de trabajadores a los que no se les renovó el contrato, solo algunos de ellos recibieron llamados de sus jefes, que les transmitieron, a modo de gesto, los argumentos de las desvinculaciones; en otros caso, ni siquiera eso.

Andrea Torres, comunicadora social, brigadista y trabajadora del Parque Nacional Los Glaciares desde hace 13 años, recibió un llamado del intendente del organismo, Horacio Pelozo, para avisarle de la baja de su contrato. 

“Me llamó por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijo que desde la Presidencia le habían pedido recortar personal y que él me eligió a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'”, dijo la rescatista y agregó: “Tuve que chequear mis redes sociales para ver qué puse. Tenía un posteo de una campaña de prevención para no perderse en el parque o para prevenir incendios; además, tenía una nota que había hecho un científico que trabajó en Arsat acerca de qué implicaba la liberación de internet de Elon Musk y después tenía un recordatorio de cuando la fui a ver a Cristina [Fernández de Kirchner] en 2015 a la Plaza de Mayo, no era mucho”.

Me llamaron por teléfono el 30 de diciembre al mediodía y me dijeron que desde la Presidencia les habían pedido recortar personal y que me habían elegido a mí por lo que yo escribo en redes sociales. Sus palabras fueron 'porque soy antigestión y anticobro'

Andrea Torres — rescatista despedida del Parque Nacional Los Glaciares, donde trabajaba desde hacía 13 años

Según contó, el intendente empezó a cobrar entrada en el parque Los Glaciares desde octubre del año pasado. “Pusieron una casilla literalmente en la montaña, en medio del bosque donde no tenés electricidad. Entonces compraron un generador eléctrico y tienen la antena de Starlink y con eso cobran en el acceso”. Su oposición al cobro de entrada habría sido uno de los motivos para desvincularla, aunque hubo cuatro despidos más y dos de ellos fueron de trabajadores que ayudaron a unificar los caminos para construir la casilla de cobro, según Torres, lo que le hace pensar que no hay una razón clara para todos los despidos.  

En diálogo con elDiarioAR, Cristian Larsen, presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN) dio el mismo argumento que dan los funcionarios del gobierno de Javier Milei cada vez que son consultados por despidos en un área del Estado: que no son despidos sino que se trata de la no renovación de contratos. Además, indicó que las causas para determinar las desvinculaciones pueden ser por incumplimientos laborales.

“Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas”. Además el funcionario agregó: “Tiene que ver con incumplimientos, con determinadas sanciones disciplinarias. Los intendentes de los parques nos pasan reportes de que el personal no cumple sus funciones o que no está a la altura de los desafíos. También hay casos de presentismo. Hemos administrado el caso por caso y obviamente ha sido una decisión que no ha sido general”, afirmó. 

Hay 2.300 trabajadores distribuidos en 39 parques nacionales con lo cual, si vos lo ponés en ese contexto, las desvinculaciones son un dato menor, digamos que es menor en cuanto al número y no se ha producido en un área determinada, sino en distintas áreas

Cristian Larsen — presidente de la Administración de Parques Nacionales (APN)

Al preguntarle si los puestos se pensaban reponer debido a las causas de los despidos, el funcionario sostuvo: “Hay que revisar si se necesita o no cubrir esos lugares. En 2019 había unos 1.800 trabajadores, en 2023 y a principios de 2024 había más de 2.400; se han incorporado más de 600 trabajadores”. Y agregó: “Nosotros decimos que en muchos casos no ha sido incorporación de personal teniendo en cuenta las necesidades de parques sino que va más por un tema de militancia política. Entonces lo que estamos haciendo es evaluar caso por caso: qué es lo que realmente Parques Nacionales necesita o no”.

Larsen agregó: “Si hay algo que creemos que es necesario es más presencia en territorio, más presencia de guardaparques y no tanto en los escritorios. O sea, no tanto en la parte de administración, hoy de las 2.200 personas que hay, sólo 550 son guardaparques”.

Luego del anuncio de los despidos, distintos gremios presentaron el reclamo de reincorporación de los trabajadores y se convocó a una mesa de diálogo de la que participó  ATE y miembros de Parques Nacionales. Según pudo conocer elDiarioAR de diversas fuentes, allí las autoridades de la APN hablaron de llevar el número de despidos a 600.

Marcelo Rojas, delegado de ATE-Bariloche, sostuvo en diálogo con este medio que el número de despidos anunciados se confirmó en aquel ámbito, que se suspendió por la salida de un nota de Página/12 acerca de los gastos por viáticos que presentó el presidente del organismo. Según Rojas: “En una especie de acto de infantilismo, levantaron la mesa de diálogo porque no les gustaba lo que se había difundido en una nota de un diario de tirada nacional respecto a los gastos del presidente”. 

El delegado gremial agregó: “Cabe aclarar que nosotros no hacemos operaciones políticas: estamos peleando por la recuperación de los trabajadores para que no haya más despidos y por las políticas de conservación, porque básicamente es nuestro trabajo”. Además, sostuvo: “Se nos acusa de manera falaz de algo y en represalia se levanta una mesa de diálogo que tenía como fin reincorporar a trabajadores que están despedidos. Y como para redoblar [la apuesta] dicen que quieren llegar a 600 despidos y que lo van a hacer junto con el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, de [Federico] Sturzenegger”.

En diálogo con este medio, el presidente del organismo, Larsen, aclaró que las negociaciones no están finalizadas y que a fines de esta semana o principios de la próxima, se retomarán las conversaciones. 

Respecto de la posibilidad de continuar con la reducción de trabajadores, el funcionario de Milei sostuvo: “Vamos a ir viéndolo en el caso por caso, de acuerdo con el rediseño institucional y analizando si el desempeño de los trabajadores es correcto: si no pone palos en la rueda, si cumple básicamente su función, un trabajador no tiene por qué tener miedo”. Y concluyó: “Nosotros estamos creando un sistema de mérito: el que trabaja bien, va a tener su ascenso, el que trabaja mal, va a tener su sanción en el caso de planta permanente, y en el caso de quien esté bajo contrato, bueno, no se renovará su contrato de acuerdo al desempeño de cada trabajador”.

En juego, puestos de trabajo y una cosmovisión del rol de los Parques

Según Rojas, la medida de recorte, y el anuncio de trabajo en conjunto con el ministerio de desregulación del Estado busca flexibilizar la normativa para ampliar la explotación económica de los Parques Nacionales.

Para el delegado, la medida favorece el debilitamiento de la parte técnica de los parques, específicamente “de su análisis técnico para prevenir los impactos ambientales no deseados y para garantizar la conservación de las áreas protegidas, porque ellos entienden que la mayor generación de oportunidades de negocios mediante el uso público y la prestación de servicios es contraria a los análisis rigurosos técnico-ambientales”. Y aclaró: “Parques es un organismo de conservación, de uso sostenible y de aprovechamiento y disfrute sostenible. Nosotros queremos que la gente pueda disfrutar los parques. No estamos en contra de los privados ni de los prestadores de servicio, lo que queremos es que todo sea con rigurosidad técnica, que haya un análisis previo pertinente”.

En su visión como presidente de Parques Nacionales, Larsen sostuvo: “Parques Nacionales es un organismo de conservación y de Turismo, yo lo vengo diciendo desde que asumí. Perito Moreno, el prócer de los parques nacionales y la persona que donó tierras para que se constituya el primer parque nacional, el Parque Nacional Nahuel Huapi, decía que los parques nacionales tienen que ser para conservar esas tierras para el uso y goce de las presentes y las futuras generaciones”.

Asímismo apuntó contra la visión conservacionista: “Si solamente tenemos personas cuya idea es la conservación estricta y para quienes mientras menos personas ingresen a los parques es mejor, es porque la forma de conservación que conocen es prohibir. Bueno, esa no es nuestra forma”.

El rol de trabajadores de Parques Nacionales en el incendio de Nahuel Huapi

Ariel Datoli trabaja desde hace 12 años en la dirección de Lucha contra Incendios Forestales, que forma parte de Parques Nacionales a nivel nacional. Si bien antes se desempeñaba como brigadista en el Parque Nacional Nahuel Huapi, actualmente se encarga de la logística de los operativos de combate de incendios, como el que sucede actualmente. “Hacemos viandas, compramos mercadería y las trasladamos a los campamentos que están a 50 o 60 km de Bariloche, porque el incendio está lejos de la ciudad, dentro del Parque Nacional”, describió.

Datoli sostuvo que las jornadas de sus compañeros brigadistas son extenuantes, de alrededor de 10 o 12 horas de trabajo combatiendo el fuego: “Si bien cada tres o cuatro días hay un recambio de personal, a un incendio se entra alrededor de las 5 o 6 de la mañana para poder atacar el el fuego cuando hay baja temperatura y buena humedad, y se vuelve a las 7 de la tarde. Por eso es que en varios incendios se decide armar campamentos cerca, para no sumar las horas de traslado: hoy mis compañeros están acampando allá, se levantan a las 5 de la mañana, desayunan y ya empiezan a combatir”. Y agregó: “son cuatro días que se quedan sin ver a su familia, con desgaste físico, desgaste psicológico y pensando que todavía no tienen contratos para este año, y que el sueldo por ahí no alcanza”.

La búsqueda por mejores condiciones laborales, una constante

La lucha por la profesionalización de los trabajadores de Parques Nacionales y por mejores condiciones laborales lleva años, y en su historia, se han logrado algunos avances, como los contratos anuales, que hoy vuelven a ser trimestrales.

Sandro Leo Manríquez es brigadista en Parque Nacional Lanín desde 1996 y recuerda que como trabajador de Parques ha pasado por todos los formatos de contratación, incluyendo uno de los más precarios durante la década del 90. “Desde ese momento hasta hoy hemos logrado, en 2019, un reconocimiento gracias al convenio colectivo: el Estado reconoce a los brigadistas como una profesión, como un trabajo, como parte del Estado, pero no nos da la planta permanente sino que nos reconoce solamente en el sistema”. Dijo que “el gobierno anterior (el de Alberto Fernández, del Frente de Todos) iba a implementar una planta permanente y la carrera de brigadista, que también veníamos armando” y que “el convenio colectivo y la carrera es obra pura y exclusiva de los trabajadores”.

La profesionalización de la carrera de brigadistas, contó Manríquez, hizo que se pudieran dar herramientas a los trabajadores principiantes y se los acompañara para adquirir experiencia en abordaje de incendios de manera paulatina, hasta llegar a mayores responsabilidades y roles de liderazgo, como puede ser el jefe de cuadrilla. 

Los avances se han hecho por iniciativa de los trabajadores, que remarcan, casi como un mantra, que el trabajo que hacen lo realizan con un profundo compromiso por su profesión. “Lo hacemos porque nos gusta”, dicen.

Este miércoles a las 11 se realizará una conferencia de prensa y sirenazo convocada por ATE Parques Nacionales en la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, para informar “sobre la situación que atraviesa Parques Nacionales y sus trabajadores y trabajadoras”. Asímismo el sábado se realizará un abrazo simbólico al Parque Nacional Nahuel Huapi el sábado a las 19 en las letras de Bariloche, ubicadas frente al Centro Cívico en el puerto San Carlos. La convocatoria está abierta a toda la sociedad.

LG/JJD

En la naturaleza todo tiene un límite. Ningún ser vivo puede subsistir sin dormir, sin comer, sin respirar. Tampoco se puede vivir sin morir, el límite de límites. En un plano ideal, todo organismo vivo mantiene un balance entre indicadores para tener una vida saludable: relación de peso con la altura, de la presión con la edad, del colesterol con la actividad física. Si alguno falla o se descontrola el sistema se agrieta, presenta desperfectos y fallas. Cada vez que nos hacemos un estudio de sangre, buscamos (o deseamos) estar en esos límites sanos. De igual forma, la salud del hábitat terrestre depende de un complejo balance entre procesos ambientales que tienen sus propios límites. (Confiemos en esta analogía, pero no nos enamoremos de ella, porque las analogías también tienen sus límites). 

En condiciones normales, la Tierra oscila a su propio ritmo, siguiendo una coreografía a tempo. El éxito de la sincronicidad terrestre radica en la armonización de nueve elementos. Nueve procesos que se encuentran en marcha en nuestro planeta hace cientos de años y que influyen en las condiciones del clima y la vida humana. Nueve mínimos comunes denominadores que mantienen la estabilidad y la resiliencia del sistema terrestre en su conjunto. Así, “los nueve” representan todos componentes del sistema terrestre afectados críticamente por actividades humanas: reducción de la capa de ozono, acidificación de los océanos, cantidad de aerosoles en la atmósfera, cambio climático, integridad de la biodiversidad, cambios en el uso del suelo, introducción de sustancias artificiales, consumo de recursos de agua dulce y alteración de los nutrientes en el sistema terrestre. Cada uno de esos procesos tiene sus propias unidades de medida y somos capaces de verificar su evolución en el tiempo.

Desde septiembre de 2023, hemos superado seis de los nueve límites planetarios: hay un exceso de energía en el planeta, una masiva extinción de especies, bosques deforestados y suelos maltrechos, uso excesivo de productos químicos sintéticos, falta de agua dulce y nutrientes. Todos estos aspectos superan límites seguros para el sistema terrestre. Alerta para la Tierra, o para los terrícolas. Si estuviéramos hablando del cuerpo humano, no dudaríamos en hablar de “enfermedad”, y recomendaríamos la puesta en marcha de algún tipo de tratamiento para bajar esos indicadores a niveles razonables. Por lo menos, si la intención de la persona fuera sobrevivir.  

Pero la Tierra no está enferma por igual: el síntoma más alarmante es la crisis de la biosfera, que constituye a todos los ecosistemas y seres vivos. De forma silenciosa, el planeta está experimentando la sexta extinción masiva, la primera causada enteramente por humanos. La biodiversidad, responsable de que nuestro mundo sea tan fascinante, hermoso y funcional, está desapareciendo a un ritmo que supera ampliamente las cifras históricas. Es cierto: la extinción de especies es inherente a la evolución de la vida en nuestro planeta, pero nunca antes se dio con esta velocidad. Y nunca antes una especie fue la causante del daño y la extinción de otras de manera tan deliberada. 

Veamos cómo se está dando esta extinción masiva yendo de mayor a menor en el sistema de clasificación biológica.  Los organismos eucariontes —uno de los tres dominios de la naturaleza junto con las bacterias y las arqueas— tienen una estructura multicelular compleja que permite formas de vida avanzadas y funciones ecológicas clave para la vida en la Tierra. De los aproximadamente 8 millones de especies de eucariotas, cerca de 1 millón se encuentran actualmente en riesgo de extinción. Además, durante los últimos 150 años se perdió más del 10% de la diversidad genética en plantas y animales. Entre los grupos más afectados por las tendencias aceleradas de extinción se encuentran especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. En 2016 un pequeño roedor conocido como el ratón de Bramble Cay se declaró extinto después de que su hábitat, una isla en la Gran Barrera de Coral, quedara inundado y la vegetación que le servía de alimento desapareciera. En este caso, el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático ya está afectando a la biodiversidad. Aún más, las islas que concentran el 20% de la biodiversidad mundial, están entre las más vulnerables a estos cambios. Lo mismo ocurre con la pérdida de playas para anidar que afecta a las tortugas marinas.

Y no hablamos sólo de la extinción nominal de las especies: no se trata solo de contar individuos y registrar su falta. No es este un elogio de la melancolía por lo que ya no está. El funcionamiento planetario de la biosfera también descansa en su diversidad genética, heredada de la selección natural durante su dinámica historia de evolución. La diversidad garantiza la capacidad de las especies y los ecosistemas para adaptarse a cambios y desafíos en el entorno, como enfermedades, variaciones climáticas o alteraciones en el hábitat. Esta variabilidad genética actúa como un “seguro” natural y permite que las poblaciones tengan individuos con características que puedan ser ventajosas en condiciones adversas, asegurando así su supervivencia a largo plazo. Mientras menos variedad y diversidad tenga la Tierra, hay más riesgo para las especies que todavía la habitan.

Ahora bien, ¿es la mirada ambiental la única que debe tener lugar para tratar de revertir esta crisis planetaria? No, por supuesto que no. Es una mirada que tiene sus límites, por eso es necesario sacar al ambiente de su insularidad. Nuestra especie ha tenido una relación privilegiada con la naturaleza, al punto de entenderla en términos de los bienes y servicios que le provee a la humanidad. Esta es una mirada económica útil para entender qué estamos perdiendo si seguimos ignorando estas evidencias. Una tendencia de estos tiempos es parametrizar el valor de los servicios que la naturaleza provee. La mirada económica de los ambientes naturales, el precio de la fotosíntesis y el costo del aire que respiramos. En este sentido, la pérdida de biodiversidad es un problema porque los servicios ecosistémicos se degradan. La naturaleza ya no puede darnos lo que nos ha dado por siglos, entonces hay que generar incentivos económicos para cuidar lo que todavía puede darnos.  

Pero la mirada imperante de los humanos hacia la naturaleza en el presente, que es mayormente económica, es la que coopera con su extinción. Porque la naturaleza es más que un servicio. Los servicios son antropocéntricos, pero la naturaleza no. Si queremos cuidar los límites planetarios, no sólo tiene que importar el servicio que la naturaleza nos da a los humanos, sino el que le da a la vida en la tierra toda. Los humanos somos la única especie capaz de manipular la Tierra a gran escala, y los que ocurrimos la crisis actual. Queremos sus ventajas a una tasa más alta que la permitida, superando límites. También es necesario sacar a la economía de su insularidad: el diálogo entre ambiente y economía es clave para que la acción humana se imponga sus propios límites. 

Por último, y retomando nuestra analogía inicial, ¿qué significa realmente que la Tierra no esté sana y estamos sobrepasando sus “límites”? ¿Sana de acuerdo con quién?. La Tierra está enferma, enferma en buena parte por la acción del ser humano, pero la Tierra no va a morir. La Tierra no va a dejar de existir, por más que la ataquemos con todo lo que se nos ocurra: en cambio, lo que sí estamos haciendo es convirtiéndonos en la primera especie que trabaja día a día por su autoextinción. Elegimos matar los aspectos del sistema terrestre que alojan nuestra forma de vida y otras formas de vida tan importantes como la nuestra. El planeta tiene sus límites muy claros, es el ser humano quien debe encontrar los suyos.

*la autora es científica de Datos de Fundar.

La transformación de nuestras economías y formas de vida para proteger el ambiente no es opcional: es transformar o perecer. Sin embargo, las acciones ambientales a mediano y largo plazo colisionan con los tiempos de la política y, aún más, con los ciclos electorales. Por eso es fundamental que lo ambiental se convierta en una demanda ciudadana que penetre las agendas políticas. Pero, ¿sabemos qué piensan las y los argentinos sobre el ambiente? ¿Sabemos cuánto les importa?

La verdad es que sabemos relativamente poco. 

Si nos guiamos por lo que vemos y escuchamos en los medios, parece ser un tema de importancia oscilante. Llega a la agenda cuando escalan conflictos vinculados a la explotación de un recurso natural, cuando hay algún desastre natural tipo sequía, inundación o incendio, o aparece ligado a eventos internacionales de categoría como las conferencias de cambio climático.

La discusión ambiental argentina vio momentos intensos a partir de la irrupción de la figura de Greta Thunberg en 2019; entre 2020 y 2022 debatimos fuertemente sobre la instalación de granjas porcinas, la cría de salmones en Tierra del Fuego, la minería en Mendoza y la explotación de hidrocarburos en el Mar Argentino. Sin embargo, desde 2023 para acá el interés ha disminuido considerablemente. Incluso, frente a las expresiones de relativización y degradación de la agenda por parte del actual gobierno nacional, hay escasa reacción por parte de la ciudadanía.

Pero eso es lo que se ve en la superficie, ¿qué pasa cuando le preguntamos directamente al ciudadano qué piensa sobre estos temas? Si nos guiamos por las —pocas— encuestas argentinas que buscan comprender la importancia que le dan los ciudadanos a lo ambiental, encontramos que tienden a expresar un alto interés y preocupación cuando se les pregunta directamente por temas ambientales. 

Por ejemplo, en mayo de este año se presentó el trabajo del PNUD “Acción ambiental: Creencias, expectativas y participación ciudadana”. Allí encontramos que el 90% de las personas encuestadas se dicen interesadas en temas ambientales. Asimismo, el 80% entiende que el cambio climático se genera por la actividad humana, mientras que solo el 15% piensa que se produce por ciclos naturales. Esto marca una diferencia con Estados Unidos, donde en un estudio del Pew Research Center de 2023 sólo el 46% respondió que el cambio climático tiene origen antrópico.

Datos similares provee una encuesta de la consultora Sentimientos Públicos: al 82% de los encuestados le preocupa mucho el ambiente al pensar en las futuras generaciones y el 84% considera que es muy o algo urgente tomar medidas para detener el daño ambiental.

Frente a esta preocupación, la ciudadanía argentina incluso se manifiesta dispuesta a hacer sacrificios: el 58% estaría de acuerdo con pagar un 20% más por un producto menos contaminante, como muestra la encuesta de 2023 de Latinobarómetro.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando buscamos entender su importancia relativa? Siguiendo con los datos de Latinobarómetro, vemos que cuando se le pregunta a argentinos y argentinas por el problema más importante del país, mencionan principalmente temas vinculados a la economía y la seguridad. Lo ambiental no aparece, cuando en otros países de la región sí llega a asomarse, aún si con muy baja frecuencia, entre las principales preocupaciones. Es decir, encontramos una ciudadanía a la que le importan los temas ambientales, entiende de dónde provienen y que piensa que se debe actuar con urgencia frente a ellos. 

Pero, ¿avizoran un camino? ¿Encuentran discursos que los inviten a creer en que un desarrollo sostenible es efectivamente posible? Decíamos al principio que para proteger el ambiente debemos transformar nuestras economías y formas de vida, ¿las personas ven alguna forma de avanzar en esta transformación y conectar las preocupaciones ambientales con otras de orden socioeconómico?

Cuando el PNUD les preguntó a los encuestados por su grado de acuerdo con la frase “ya es demasiado tarde para frenar el cambio climático”, el 45% respondió que estaba de acuerdo con lo que expresaba la sentencia. En la misma sintonía, ante la pregunta de Sentimientos Públicos “¿crees que nos acercamos a un colapso ambiental?”, el 65% respondió que sí y que ese colapso sucedería en menos de 20 años. 

Probablemente sea la gente a la que más le importe, la más dispuesta a movilizarse, a accionar. Esa gente piensa que ya es tarde. Y además, no encuentra forma de vincular las soluciones a la situación económica y social con la salida a la crisis ambiental.

¿De dónde surge esta sensación de fatalidad en torno al colapso ambiental? En parte, de cuatro hechos objetivos: i) la temperatura global sigue en aumento, batiendo récords de días y años más cálidos desde la Revolución Industrial, ii) la mayor incidencia climática la tienen China y Estados Unidos, iii) la transición no está sucediendo a la velocidad necesaria y iv) hay muchos actores poderosos que se resisten al cambio. A estos cuatro hechos objetivos debemos sumarle un error no forzado: una comunicación ambiental centrada mayoritariamente en la alerta y la denuncia. Esto es comprensible y necesario, ya que hay un problema urgente que requiere atención, y a menudo hay alguien—generalmente con poder y/o dinero—que no está tomando las medidas necesarias.

Sin embargo, la reducción de la comunicación ambiental a esto trae consecuencias negativas. En primer lugar, refuerza la sensación de fatalidad, creando la impresión de que nada positivo está ocurriendo en el ámbito ambiental. En segundo lugar, nos aleja de la acción directa y del protagonismo en la transformación: si nuestra participación se limita a denunciar y exigir a otros, nuestras acciones se reducen a protestas, firmas de peticiones, etc., siempre en un lugar defensivo. En tercer lugar, nadie vive pensando que mañana va a morir; por eso, la vida continúa más allá de la amenaza del colapso inminente, relegando lo ambiental a una preocupación secundaria mientras la vida cotidiana, el trabajo y la economía ocupan un lugar prioritario.

Por eso, es importante saber y contar que la transición está sucediendo, en el mundo y también en Argentina. En nuestro país desde 2017 hasta 2023 la participación de las energías renovables no convencionales (solar y eólica principalmente) pasaron de aportar menos del 1%  al 11,5% de la matriz eléctrica. Estas energías se suman así  a la capacidad que ya teníamos en nuclear e hidroelectricidad para avanzar hacia una generación de energía con cada vez menos emisiones asociadas. En el mismo sentido, según el Índice de Reciclado de Plásticos de Ecoplas, gracias al avance de la conciencia y las técnicas y hábitos de separación y gestión de residuos, hoy se reciclan 6 veces más plásticos que en 2003. También, con la ley de bosques se redujo la deforestación y con el 9% del área terrestre y el 12% del territorio marino  protegido, avanzamos en la conservación de la biodiversidad. 

Y además de esos números, existen innumerables experiencias e iniciativas impulsadas por personas, instituciones públicas y privadas, organizaciones y empresas que, desde sus respectivos ámbitos, contribuyen con innovación y compromiso a la transición hacia un desarrollo sostenible. Desde empresas que fabrican productos a partir de plásticos reciclados, hasta consultoras especializadas en la remediación de la contaminación; personas que investigan cómo generar energía a partir del oleaje del mar, y científicos que desarrollan métodos agrícolas más eficientes en el uso de agroquímicos. También están las organizaciones que promueven el vínculo con la naturaleza a través de la observación y el turismo sostenible, y comunidades que protegen sus espacios de vida mediante prácticas responsables. Y los docentes que educan a sus alumnos en prácticas sostenibles, estudiantes universitarios que eligen carreras como ciencias ambientales o gestión de energías renovables, funcionarios que trabajan para conseguir mayores fondos destinados a la adaptación climática y la limpieza de basurales, arquitectos que diseñan edificios energéticamente eficientes, y activistas que promueven el uso de bicicletas y la mejora del transporte público. Cada uno de esos esfuerzos contribuye a que la transición suceda.

No se trata de contraponer la denuncia y los cambios estructurales con una visión ingenua del aporte individual, sino de reconocer que las transformaciones profundas, en última instancia, también dependen de cada uno de nosotros. Todas estas iniciativas —y tantas más— están estrechamente ligadas a los desafíos socioeconómicos que enfrenta nuestra sociedad y, al mismo tiempo, contribuyen a impulsar la transición hacia un futuro sostenible.

¿Quién dijo que estamos hablando de una causa perdida? La transición está sucediendo, hay esfuerzos individuales y colectivos, privados y públicos, para que no solo aporte a la reducción de nuestros impactos ambientales, sino también al desarrollo de nuestro país. Esto no significa que haya que hacer plancha porque las cosas ya están sucediendo, pero sí que hay que hablar de estos esfuerzos porque reconocer su impacto es una invitación a multiplicarlos. Hace falta esa invitación.

EM/DTC

El río Paraná y el río Paraguay son utilizados como un corredor fluvial de transporte que une los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Además, por allí sale hacia el mundo la mayor parte de la producción agroexportadora de granos y subproductos a través de puertos privados. Son venas de desangrado, donde la ausencia de control es la regla y mediante las cuales se saquean a los países de nuestra región. Es por ello que existe una confusión cada vez más generalizada de nombrar al río Paraná como “Hidrovía”. En nuestro país, a este término lo utilizan medios de comunicación, funcionarios, gobernadores y dirigentes de casi todas las fuerzas políticas. La confusión surge porque el nombre de la empresa que hace años tiene el manejo económico-fluvial del río es Hidrovía S.A., una sociedad integrada por la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa (ya retirada). Fue en la década menemista (año 1995) cuando el gobierno nacional le concedió las tareas de dragado y balizamiento del río y, desde entonces, cobra un peaje a las embarcaciones de ultramar que pasan por allí. En el año 2010, la concesión se renovó hasta abril de 2021, siendo hoy una gran oportunidad para que el Estado recupere algo de control sobre una de las cuencas más importantes de América Latina.

Pero en épocas donde manda el dios mercado, el Gobierno pretende licitar nuevamente el control de la navegabilidad del río, con un fuerte lobby de Eduardo Eurnekian y Mauricio Macri a favor del consorcio holandés Boskalis Dredging International. El plan del Gobierno también prevé la eliminación del “Consejo Federal de la Hidrovía”, creado en el 2020, y en el que estaban representadas las provincias ribereñas. Sumado a esto, este plan pretende transferir el manejo del proceso mencionado al Ministerio de Economía y quitársela a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado, a quien el gobierno de Alberto Fernandez se lo había otorgado en el año 2021. Todo un procedimiento en el que no se prevén mecanismos de contralor estatal.

El Paraná es un río de vida 

En la reciente estrenada película “Por el Paraná” (di Risio & Gonzalez 2023) se retrata una travesía a lo largo del río y en la cual se evidencian las tensiones entre los proyectos exportadores globales, la naturaleza y las comunidades humanas que habitan una de las la cuencas hídricas más importante de Sudamérica.

Es que el Paraná, ese majestuoso río, es mucho más que un canal de navegación de grandes buques exportadores. Cualquier litoraleño lo sabe, en sus orillas sucede de todo: este complejísimo ecosistema es hogar, fuente de trabajo y recreación de las 12 millones de personas que viven en su cuenca. Grandes ciudades como Corrientes, Paraná, Rosario, Resistencia, entre muchas otras, tienen a este río como centro de sus vidas. No por casualidad el arte le ha dedicado tantas obras a este río: canciones, pinturas, poemas y cuentos. ¿Alguna vez viste un atardecer a su vera? ¿Alguna vez te adentraste en alguno de los bosques ribereños de sus afluentes, donde la naturaleza te toca y te transforma? Hacelo y vas a ver que el Paraná no es solo una vía fluvial para el transporte de materias primas.

Como seres sensibles a la diversidad de expresiones de la vida y atravesados por la magnitud de este caudal, estamos convencidos de la necesidad de conformación del Comité de Cuenca del río Paraná en el tramo nacional, a los efectos de un ejercicio de visión y gestión generalizada e integral, tal como el río se merece. Esto debe darse respetando su biodiversidad, mucho más allá de aquella mirada limitada y focalizada en una mera vía de circulación de mercaderías. Debemos entender nuestro impacto como seres humanos en la heterogeneidad de ambientes naturales que existen en una cuenca como la del Paraná. A lo largo de su recorrido encontramos distintas comunidades de bosques, pastizales y humedales que son utilizados por bacterias, animales y funga como fuente de alimento y refugio. En conjunto, las asociaciones de plantas y quienes las habitan, han evolucionado en relación directa con las variables ambientales locales como los regímenes de lluvia, temperatura, humedad y tipo de suelo, y contribuyen a crear las condiciones ambientales que nos favorecen como seres humanos y de las cuales hacemos uso.

Recientemente la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, el Colectivo de Acción para la Justicia Ecosocial y la Fundación la Hendija lanzaron el informe “Propuestas urgentes hacia la sanación del Delta Argentino. Un núcleo de propuestas para recuperar los ecosistemas afectados del Delta del Paraná tras las múltiples afectaciones recibidas en los últimos años, como los devastadores incendios, la bajante de la cuenca del Paraná o los procesos de pampeanización. El informe plantea una hoja de ruta en las políticas públicas necesarias y propuestas que buscan el desarrollo de una transición ecosocial destinada a lograr la restauración y recomposición integral del Delta, su sanación. La utilización del término sanación se asienta sobre la necesidad y urgencia de un tratamiento humilde, de igualación con los otros seres  que intentan aún habitar, sobrevivir, perdurar. 

El Paraná tiene derechos 

Con este contexto, el desafío del momento es abandonar la hegemónica idea de conquista, colonización y explotación de la Madre Tierra, en el marco de un cambio civilizatorio profundo que implique el pasaje de un paradigma antropocéntrico a otro de carácter sociobiocéntrico. Es que el río Paraná (y sus afluentes) tiene derechos: el primero y fundamental es que se respete integralmente su existencia, funciones y procesos evolutivos. También, entre otros, a vivir libre de actividades y obras que alteren su capacidad de sostener y recomponer a los ciclos vitales y ecosistemas que de él dependen.

Y hay antecedentes en el mundo sobre esto:

- Río Atrato, su cuenca y afluentes en Colombia: una entidad sujeto de derechos.

Mediante la sentencia T-622 de 2016, la Corte Constitucional de Colombia reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, con miras a garantizar su conservación y protección. Para ello, se le ordenó al gobierno nacional que eligiera un representante legal de los derechos del río. Y dijo: “En síntesis, sólo a partir de una actitud de profundo respeto y humildad con la naturaleza, sus integrantes y su cultura es posible entrar a relacionarse con ellos en términos justos y equitativos, dejando de lado todo concepto que se limite a lo simplemente utilitario, económico o eficientista.”

Sobre la base de estos argumentos, la Corte colombiana no solo consideró los derechos fundamentales de las personas afectadas por las actividades de­sarrolladas en torno al río Atrato sino que también evaluó su propia vida, no en términos de explotación económica, sino en términos de su valor intrínseco. Anotemos también que en Colombia cinco ríos ya han adquirido derechos propios.

Otro fallo histórico de la Corte Suprema de Colombia data del 5 de abril de 2018 y reconoce a la Amazonía como sujeto de derechos.

En Europa también hay antecedentes, el Senado español aprobó una ley histórica en septiembre de 2022: convirtió a la laguna del Mar Menor en el primer ecosistema de Europa con personalidad jurídica propia, al igual que las personas humanas o las empresas.

La necesidad de un ordenamiento ambiental de los territorios

La ausencia de ordenamiento ambiental de los territorios es una constante en nuestro país.

Los actuales ordenamientos territoriales que se realizan en gran parte de nuestro país nada tienen que ver con un enfoque del desarrollo territorial integral, que contemple tanto la satisfacción de las necesidades sociales y económicas de la población como la sustentabilidad ambiental de los territorios. En realidad son los grandes intereses económicos los que terminan definiendo la normativa y perfil territorial en el país, a medida de sus incumbencias lucrativas.

Y todo ello está exacerbado en las provincias atravesadas por el Paraná. En Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, quien decide que se impone en los territorios son los sectores concentrados del agronegocio (agricultura y ganadería extensiva y forestales) y no el interés general a través de procesos participativos-vinculantes y en base a conocimientos científicos sobre los ecosistemas. La sistemática ausencia de un proceso verdaderamente participativo para el ordenamiento y diseño territorial, acorde con las leyes de la naturaleza lleva a pasivos socio-ambientales que paga toda la población con inundaciones, incendios, sequías, contaminación del aire, la tierra y cuerpos de agua, mortandad de animales, falta de acompañamiento de estado a las propuestas alternativas de producción, éxodo rural, etc.

Un ejemplo paradigmático de cómo los negocios son los que “ordenan” el territorio es el proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos envió recientemente a la Legislatura provincial que posibilitará la venta de bienes inmuebles del Estado Provincial a través de la conformación de una Agencia Administradora de Bienes. El Estado provincial es titular de aproximadamente 188.773 hectáreas de islas en el sistema de humedales del Delta entrerriano. El proyecto no otorga ningún tipo de excepciones por lo que podrían venderse para su transformación lo que provocaría un daño ecológico inimaginable. No podemos habilitar su mercantilización: el Delta, con todos sus bienes públicos, están fuera del comercio y las islas como sistema son inalienables e imprescriptibles conforme a sentencias de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debemos proteger sus esenciales funciones ecológicas y sociales, garantizando la conservación de este complejo sistema de humedales, considerando sus especiales funciones ecosistémicas y resguardando su integridad ecológica, la calidad del agua, biodiversidad y paisajes, así como sus valores culturales y los derechos de sus pobladores.

Por su parte, en la provincia de Corrientes, la industria forestal de especies exóticas (pino y eucalipto) ya superan las 500.000 hectáreas convirtiéndola en la provincia más forestada del país (con un crecimiento del 84% con relación al año 2013). Este crecimiento vertiginoso se hizo sin ninguna planificación territorial que contemple algo más que la obtención de ganancias extraordinarias por parte de las poderosas corporaciones forestales. Existe sobrada evidencia científica y empírica de que la transformación de los pastizales naturales de esta provincia por monocultivos forestales, son los que facilitan la ocurrencia y propagación de incendios que aquejan a este sector de la cuenca del Paraná.

Cruzando el puente, la provincia de Chaco, acaba de recibir un (re) ordenamiento territorial a medida del agronegocio, modificando el mapa de la Ley de Bosques Nativos para permitir el desmonte de cientos de miles de hectáreas de monte nativo. Los ambientes naturales sanos y conectados entre sí, son fundamentales para afrontar los eventos climáticos extremos como épocas de sequías e inundaciones. 

No es casual que los lobbies más fuertes en contra el proyecto de Ley de Humedales (que pretende ordenar ambientalmente el territorio para su protección y uso racional) sean de la poderosa industria forestal y del resto del agronegocio (sojeros, arroceros y ganaderos). Una característica común de todas las figuras extremas del extractivismo es la invisibilización de la diversidad biológica y cultural que existe en los territorios donde pretende avanzar, desestimando -deliberadamente- su importancia, para poder así imponerse.

Con una vertiginosa lógica de mercado se consolida un modelo de acumulación por desposesión, que conduce a la concentración de la propiedad de la tierra (el territorio) e implica el desprecio por el ambiente, la naturaleza y los bienes comunes. Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra que, por ejemplo en Corrientes, ya se acerca al millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia.

Debemos avanzar en un correcto ordenamiento territorial, con parámetros ecosistémicos y biológicos y participación ciudadana. Es fundamental cumplir y promover procesos de ordenamiento territorial ambiental en todo el territorio de la cuenca del Paraná, en base a los principios ambientales y con participación ciudadana permanente (artículos 9 y 10 de la Ley General del Ambiente). Ese ejercicio de planeamiento estratégico participativo ambiental será un mecanismo de fortalecimiento de la democracia en la materia y prevendría fragmentadas (e interesadas) decisiones legislativas y administrativas que van generando daños ambientales graves y acumulativos irreversiblemente.

Insistimos, debemos batallar por el cambio de la mirada simplificada, utilitarista, de provecho inmediato que el ser humano tiene sobre la Naturaleza, y más en nuestras latitudes cooptadas por el extractivismo desde inicio de la conquista por parte de los pueblos septentrionales, desde hace ya 5 siglos. Esa sesgada mirada que se tiene hacia la Naturaleza sólo como fuente de extracción, como objeto a ser explotado hasta el infinito (como si eso fuese posible). En palabras del gran teólogo Leonardo Boff, “de amos y señores, a ser hermanos y hermanas entre nosotros y con todas las criaturas”. Esta nueva óptica implica una nueva ética de responsabilidad compartida, de cuidado y de sinergia para con la Tierra“. 

El río Paraná no es la Hidrovía… es la fuente de vida de nuestros territorios.

EV/DTC

Saber el tiempo de mañana para programar un picnic, bien, pero comprender por qué se recrudecen los huracanes, qué hay detrás del incremento de las olas de calor o la falta de lluvias es parte de una conspiración. Matar al mensajero que explica que, en muchas ocasiones, lo que hay detrás de esto es la crisis climática es una nueva oleada del negacionismo. Los meteorólogos que aportan ese conocimiento, el último objetivo.

Este mes, el meteorólogo estadounidense Chris Gloringer dejó –tras 18 años en los medios de comunicación– la cadena de televisión en la que explicaba las consecuencias del cambio climático en la meteorología diaria del estado de Iowa. Había recibido amenazas de muerte. Padeció un cuadro de estrés postraumático después de sufrir una campaña de acoso. “Vete al este y ahógate en el casquete polar derretido”. “Los conservadores de Iowa queremos darte una bienvenida que nunca olvidarás”, fueron algunos de los mensajes que inundaron su bandeja de entrada.

“Fue terrorífico”, cuenta Gloringer a elDiario.es ya desde su nuevo destino. “Cuando empezaron a llegar los correos electrónicos temí no solo por mi seguridad sino también por la de mi esposa”. Sobre todo al detectarse que uno de los acosadores estaba detrás de diez correos amenazantes en pocos días. El meteorólogo relata: “Mi empresa hizo todo lo que puede pedirse. Incluso me puso un servicio de seguridad, pero finalmente lo dejé”. Ahora vive, efectivamente, en la costa este de EEUU, donde se fue a trabajar para una consultora climática. Un traslado forzoso de más de 2.000 kilómetros.

Cuando empezaron a llegar los correos electrónicos temí no solo por mi seguridad sino también por la de mi esposa

Chris Gloringer — Meteorólogo

Este fenómeno de acoso es planetario. Unos meses antes del caso de Gloringer –en abril–, en España la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tuvo que salir al paso de una campaña de odio contra sus profesionales. La cosa no ha cesado. “Se siguen recibiendo mensajes a través de las redes sociales y por correo electrónico”, cuenta a elDiario.es Estrella Gutiérrez-Marco, portavoz de la AEMET. “Te cito uno de los últimos recibidos: 'Sois basura humana'”.

Este año los informadores meteorológicos en Francia también han recibido ataques por sus previsiones sobre la sequía y el calor en el país, pero ya el año pasado, los meteorólogos británicos debieron soportar “ofensas sin precedentes” al informar sobre la ola de calor que padecieron durante el verano de 2022. Era la primera vez que Reino Unido debía lanzar una alerta roja por las altas temperaturas.

Los ataques llegaron a decir que el Servicio Meteorológico británico había cambiado la paleta de colores en sus mapas para que parecieran más graves de lo que era la realidad. La campaña online incluía acusaciones de que los meteorólogos mentían y creaban miedo al ligar la ola de calor, sin precedentes en el país, con el cambio climático.

“Desde luego que es una tendencia preocupante y un ejemplo de lo que llamamos terrorismo estocástico”, cuenta a elDiario.es el director del Centro para la Ciencia, la Sostenibilidad y los Medios de la Universidad de Pennsylvania, Michael E. Mann.

Es una tendencia preocupante y un ejemplo de lo que llamamos terrorismo estocástico. Se está extendiendo a cualquiera que informe sobre la realidad y la amenaza que implica el cambio climático causado por los seres humanos

Michael E. Mann — Director del Centro para la Ciencia, la Sostenibilidad y los Medios de la Universidad de Pennsylvania

El terrorismo estocástico consiste en el “uso de los medios de comunicación para provocar actos aleatorios de violencia basados en la ideología”, según explica el Instituto Max Planck para el estudio de la Criminalidad, Seguridad y las Leyes.

El doctor Mann abunda en que “tanto los contaminadores como los políticos y los grupos de presión a favor de la industria de los combustibles fósiles llevan mucho tiempo metidos en una campaña de vilipendio hacia los científicos”. “Y parte de esta estrategia es provocar a los individuos para que cometan actos de intimidación y violencia contra los científicos”.

“En ocasiones no es agradable recibir una información de sequía, de niveles de alerta por precipitaciones torrenciales o por temperaturas extremas, y algunas personas buscan un culpable, eligen matar al mensajero”, analiza Gutiérrez-Marco.

Gloringer tiene claro cuándo situar el punto el de inflexión en este estrategia: “Al ganar las elecciones Donald Trump, en 2016, muchos se sintieron legitimados para liberar y expandir odio”. Y “no solo a los científicos, también hacia, por ejemplo, los periodistas que informan sobre el cambio climático”, cuenta.

“Lo que vemos ahora es que esa estrategia se está extendiendo a cualquiera –incluidos los meteorólogos– que informe al público sobre la realidad y la amenaza que implica el cambio climático causado por los seres humanos”, remata el investigador de la Universidad de Pennsylvania.

Estrella Gutiérrez-Marco incide en que “un elevado número de los múltiples mensajes que se reciben son negacionistas del cambio climático”. E ilustra con otro ejemplo: “Un carajo para AEMET, el cambio climático es un engañabobos. ¡Déjense de monsergas! Desinformación sois vosotros”.

Un elevado número de lo múltiples mensajes que se reciben son negacionistas del cambio climático

Estrella Gutiérrez-Marco — Portavoz de la AEMET

Y ahí reside buena parte del discurso más actual del negacionismo climático: el concepto de “causado por los humanos”. Casi nadie sostiene que no haya en 2023 una alteración en el clima, pero ahora se apunta a que ese cambio es natural. Este es uno de los correos electrónicos que recibió el meteorólogo Gloringer durante la campaña de acoso: “Me estoy cansando de tu teoría de la conspiración liberal sobre el tiempo. El clima cambia cada día, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Solo estás promocionando un bulo de [Joe] Biden [presidente de EEUU]. Vuélvete de donde viniste”.

Y esta es una declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el parlamento regional en noviembre de 2022: “Desde que la Tierra existe, ha habido siempre cambio climático. Ha habido ciclos”. Así se expresaba el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, al presentar el programa electoral económico del partido de ultraderecha: “El clima cambia, eso no lo cuestionamos. Lo que cuestionamos es que sea por causa humana”. Lo mismo sostuvo su portavoz de ciencia, Julio Utrilla, en un debate electoral.

En abril pasado, cuando estalló la campaña de acoso contra los profesionales de la AEMET, los meteorólogos recibieron una oleada de ataques de este cariz: “Sicarios de la información al servicio del mal”, “manipuladores”, “os estamos vigilando”, “asesinos”, “miserables”.

El acoso no se ha frenado ni contenido, más bien al contrario, escala y se ha convertido en tema de preocupación generalizado, como revela Estrella Gutiérrez-Marco al contar que “otros servicios meteorológicos nacionales reciben similares acusaciones infundadas, como nos indican tanto países de nuestro entorno como los de Iberoamérica con los que hemos celebrado recientemente una reunión anual y se ha tratado específicamente este asunto”.

¿Puede silenciarse la ciencia? Chris Glroringer piensa que “se trata de los que más gritan más que de los más numerosos. Yo creo que la gente todavía quiere saber, pero sí es preocupante que una minoría pueda silenciar algunos temas”.  

La Tierra perdió un área de selva tropical virgen equivalente a un campo de fútbol cada 5 segundos en 2022, y más de la mitad de esa destrucción ocurrió en Brasil y Bolivia, según un estudio publicado en las últimas horas.

El área total quemada o talada, más de 41.000 kilómetros cuadrados, equivale a la superficie de Suiza o de Países Bajos.

El estudio del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) precisa que se trata de árboles autóctonos y maduros, y que la cifra supone un incremento del 10% respecto al año anterior, según reportó la agencia de noticias AFP.

Elaborado a partir de imágenes satelitales, el informe destaca la situación en la cuenca amazónica. Las pérdidas en Brasil representaron el 43% del total, en Bolivia el 9%. República Democrática del Congo perdió el 13%. En el caso de Brasil, la deforestación aumentó un 15% en 2022 respecto al año anterior.

El gobierno de Jair Bolsonaro fue muy criticado por los ecologistas en los últimos cuatro años por sus políticas medioambientales. Su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió hacer de la defensa de la Amazonía uno de sus ejes. Los defensores del desarrollo económico del gigante sudamericano aducen que buena parte de esa deforestación ocurre en tierras privadas.

Los científicos advierten que, si la cuenca amazónica se transformara en sabana, es decir, en una superficie sin árboles, se desconoce las consecuencias para el planeta.

La Amazonía retiene en sus selvas unas 90.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), lo que representa dos veces las emisiones anuales mundiales.

En el caso de Bolivia, la pérdida de selva tropical fue equivalente a unos 4.000 kilómetros cuadrados, un incremento del 32% respecto a 2021.

“La mayor parte de la pérdida ocurrió dentro de las áreas protegidas, que cubren las últimas regiones de bosque primario en el país”, explica el informe.

La producción de cacao, la extracción de oro y los incendios fueron los principales causantes de esa quema o tala.

El WRI, basado en Washington, dispone de su plataforma de información satelital dedicada al control de la deforestación, Global Forest Watch (GFW).

“Estamos perdiendo una de nuestras herramientas más eficaces para combatir el cambio climático, proteger la biodiversidad y proteger la salud y los medios de subsistencia de millones de personas”, declaró a la prensa Mikaela Weisse, directora de GFW.

Los bosques tropicales destruidos el año pasado liberaron 2.700 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalente a las emisiones de combustibles fósiles de India, la nación más poblada del mundo, según GFW.

El 2022 fue el cuarto año más devastador para los bosques primarios en dos décadas.

“Desde el cambio de siglo, hemos visto una hemorragia en algunos de los ecosistemas forestales más importantes del mundo, a pesar de años de esfuerzos para revertir esa tendencia”, advirtió Weisse.

A nivel mundial, la vegetación y el suelo absorbieron regularmente alrededor del 30% de la contaminación por CO2 desde 1960, pero estas emisiones aumentaron en la mitad.

“Detener y revertir la pérdida de bosques es una de las opciones de mitigación más rentables que tenemos disponibles hoy en día”, dijo Frances Seymour, principal investigadora de WRI sobre los bosques.

La situación en República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del planeta, ilustra la complejidad de la lucha.

Los principales motores de la deforestación son la agricultura de subsistencia y la producción a pequeña escala de carbón vegetal.

Más del 80% de la población no tiene acceso al suministro de electricidad.

El gobierno ha subastado recientemente permisos de exploración de petróleo y gas, y ha indicado que levantaría una moratoria sobre nuevas concesiones madereras.

En la lista de los diez países que más selva han perdido también están Indonesia (5%), Perú (3,9%), Colombia (3,1%), Laos (2,3%), Camerún (1,9%), Papúa Nueva Guinea (1,8%) y Malasia (1,7%).

El resto del mundo combinado representó poco menos del 15% de los bosques perdidos en 2022.

Con información de Télam.

IG

La activista medioambiental sueca Greta Thunberg anunció este viernes que la de hoy fue su última “huelga escolar”, al graduarse en el instituto, aunque aseguró que continuará asistiendo a esas protestas.

Thunberg, de 20 años, comenzó en septiembre de 2018 una protesta semanal delante del Parlamento sueco para reclamar acciones contra el cambio climático, un ejemplo que meses después fue seguido por miles de jóvenes de todo el mundo y que dio lugar al movimiento global “Fridays for Future”.

“Huelga escolar, semana 251. Hoy me he graduado, lo que significa que ya no podré hacer huelga escolar por el clima. Esta es la última huelga escolar para mí”, escribió en su cuenta en la red social Twitter en la que posa con otros jóvenes luciendo el tradicional gorro que reciben los estudiantes escandinavos al acabar la secundaria.

Thunberg confesó que nunca habría imaginado que su iniciativa llevara a nada y denunció que el mundo se sigue moviendo en la dirección “equivocada”.

“Seguiré protestando los viernes, aunque técnicamente ya no se le podrá llamar huelga escolar. Simplemente no tenemos otra opción que hacer todo lo que podamos. La lucha solo acaba de empezar”, explicó en Twitter.

Thunberg se ha convertido en un fenómeno global, con millones de seguidores en redes sociales, elegida personaje del año por la revista Time y nominada varias veces al Nobel de la Paz, además de entrevistarse con figuras mundiales y dar discursos ante la ONU y en las principales cumbres climáticas.

EFE.

IG

Era inevitable. La Cumbre del Clima se alarga, al menos, 24 horas. El nuevo plazo se va al sábado, según ha anunciado este viernes el presidente de la COP27 de Egipto, Sameh Shoukry. Había demasiado disenso.

Shoukry ha cedido rápidamente y no ha apurado esta, en teoría, jornada final de la COP. “El tiempo no está a nuestro lado”, les ha dicho a las delegaciones en un plenario de evaluación durante el que ha pedido a los países que traigan soluciones.

El punto que parece más conflictivo es el fondo para compensar los daños que genera el cambio climático en los países empobrecidos. La Unión Europea discute con China porque no considera que el gigante asiático pueda ya aducir que no debe aportar dinero. El vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Timmermans ha contado que la UE está preparada para admitir esa fondo si China refuerza su recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. China es el primer emisor de CO2 del mundo.

En ese plenario, Ghana ha utilizado su turno para ceder la palabra a una joven que ha resumido: “Como naciones ricas y contaminantes, no obviéis vuestra responsabilidad. No volváis el año que viene a una cumbre vacía, decidid ahora. Si sois ricos y poderes, proporcionad fondos para los que sufren más de los desastres que no hemos causado. Sed nuestros héroes”. Su intervención ha causado una ovación general de delegados puestos en pie.

La Cumbre del Clima arrastra bloqueo y un ritmo lento en las negociaciones. Solo este viernes de madrugada ha aparecido un borrador de decisión final. Entre sus párrafos provisionales se observa la advertencia de que la guerra en Ucrania amenaza con que los países retrocedan en su acción contra el cambio climático.

También está claro el desacuerdo en esa financiación de los daños climático porque no aparece un acuerdo. El borrador ofrece casi ningún progreso en cuanto al abandono de combustibles fósiles respecto a lo que apareció en el Pacto de Glasgow de 2021.

RR

Hace 40 millones de años, la Antártida estaba cubierta de grandes bosques. Y hace 25000 años, media Europa estaba cubierta de hielo y la otra media eran estepas frías. Gracias a la paleontología hoy sabemos que la vegetación de todo el mundo ha ido cambiando según han ido sucediendo cambios climáticos. Ya lo decía Humboldt, la vegetación y el clima están ligados.

Si ahora, con nuestra inacción climática, hemos aceptado que cambie el clima, debemos aceptar también que cambie la vegetación. Es iluso querer conservar la vegetación del siglo XX con el clima del siglo XXI. Igualmente, la gestión forestal del siglo XXI no puede ser como la del siglo XX, cuando el clima era menos árido.

Los grandes incendios forestales

Los grandes incendios no se producen por una sola causa. Se producen por la coincidencia de igniciones en periodos de sequía y condiciones meteorológicas adversas (olas de calor, viento), en zonas con vegetación continua y fácilmente inflamable. Estas zonas a menudo son matorrales y vegetación en etapas tempranas después del abandono rural (incluidos bosques jóvenes) o plantaciones densas no gestionadas apropiadamente.

El cambio climático interviene en la ecuación porque extiende la estación propensa a incendios, agudiza las sequías, incrementa la mortalidad de plantas (y la biomasa seca) y la frecuencia de condiciones meteorológicas favorables a los incendios (por ejemplo, olas de calor).

Pero el gran incremento de incendios que se ha dado en la historia reciente de España ha sido independiente del cambio climático, y asociado principalmente al abandono rural. La disminución de la agricultura, del pastoreo y de la recolección de madera, y la falta de gestión en plantaciones forestales, generan paisajes más continuos y homogéneos donde el fuego se propaga fácilmente. En estos paisajes, el papel relativo del clima en los incendios aumenta a medida que dejamos que avance el cambio climático.

La vegetación que aparecerá después de sequías e incendios recurrentes será diferente a la actual, porque muchas especies pueden no estar adaptadas a esos nuevos regímenes climáticos y de incendio. Presumiblemente la nueva vegetación será menos densa y menos forestal, y con cambios en la composición de especies.

Podemos dejar que las sequías y los incendios vayan adaptando los pasajes al nuevo clima. El problema es que esos grandes incendios pueden tener consecuencias sociales y económicas. Una alternativa es adelantarse a los incendios.

¿Qué podemos hacer?

Para evitar esos grandes incendios que perjudican a la sociedad, debemos adaptar nuestro paisaje y nuestro comportamiento a las nuevas condiciones ambientales. Esto incluye generar paisajes que sean más resilientes al régimen climático y de incendios que viene. Para ello, podemos poner en marcha estrategias como las siguientes:

1. Generar paisajes heterogéneos

Las discontinuidades en el paisaje y los mosaicos agroforestales reducen la propagación de incendios. Esto es especialmente importante en zonas cercanas a las poblaciones humanas. Hay diversas estrategias para alcanzar este objetivo, por ejemplo:

Todas estas herramientas no son excluyentes; se pueden combinar según las distintas características socieoconómicas y del terreno. Ciertamente, estimular el mundo rural es fácil de decir, especialmente desde el mundo urbano. Quizás podría ayudar una política de inmigración que ofreciera esa posibilidad a personas que llegan en busca de condiciones mejores a las que se dan en sus países de origen.

2. Aprender a convivir con los incendios

Eliminar los incendios de nuestros paisajes es imposible y contraproducente, especialmente en el marco del cambio climático. El reto de la gestión es crear condiciones que generen regímenes de incendios sostenibles tanto ecológica como socialmente.

Enfocar las políticas de gestión de incendios únicamente a la extinción puede generar incendios grandes e intensos. Es más sostenible tener muchos incendios pequeños y poco intensos, que pocos incendios de grandes dimensiones e intensos.

Para alcanzar estos objetivos se requiere profesionalizar a los actores que intervienen en la prevención y extinción de los incendios forestales. Son ellos quienes pueden generar los regímenes de incendios sostenibles, pero en muchas ocasiones trabajan en condiciones precarias.

3. Minimizar y asumir riesgos

Debemos evitar construir viviendas e infraestructuras en zonas con bosque mediterráneo altamente inflamable y reducir al máximo la interfaz urbano-forestal. Esto no solo reduce el peligro para las personas e infraestructuras, también reduce las igniciones. Entre los mecanismos para conseguirlo se incluyen la recalificación de terrenos (a no urbanizables) y la implementación de tasas (disuasorias) por construir en áreas con alto riesgo de incendios (pirotasas), entre otras.

En zonas ya construidas, es necesario asegurar que se realizan tareas de autoprotección, como la implementación de franjas de seguridad con poca vegetación (o con cultivos) alrededor de las viviendas, o incluso implementar sistemas de riego prescrito. Es importante asegurar que las viviendas tengan seguro contra incendios forestales, y que no esperen que los bomberos necesariamente las protejan. Hay que asumir riesgos, responsabilidades y costes si se desea vivir en medio de paisajes altamente inflamables en lugar de en una zona urbana.

Durante olas de calor, sería conveniente reducir la movilidad en el monte y en zonas de interfaz (urbano-forestal y agrícola-forestal) para minimizar el riesgo de igniciones.

4. Conservar los bosques y los humedales

Debemos conservar y restaurar los bosques en los microhábitats húmedos (refugios), para incrementar su resiliencia a los cambios en el clima.

Hay que potenciar la restauración de humedales y otros ecosistemas litorales que, aparte de los beneficios para la biodiversidad, mantienen el ciclo del agua y contribuyen a la conservación del clima.

La degradación de la costa (por la desecación de los humedales y la sobreurbanización) contribuye a la reducción de la precipitación y al incremento de gases de efecto invernadero (vapor de agua). Potenciar vegetación en zonas urbanas (jardines, árboles en las calles) también contribuye a la conservación del clima, además de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

5. Restaurar con especies vegetales más resistentes

La restauración no ha de tener como referencia el pasado, sino el futuro. En proyectos de restauración y en plantaciones, se deben utilizar especies (o poblaciones de las mismas especies) más resistentes a la sequía y a los incendios que las que había con anterioridad. Por ejemplo, especies y poblaciones que actualmente se encuentran en zonas más secas o con más incendios. Esto sería más sostenible que utilizar las estaciones de alta calidad forestal que se utilizaban con el clima del siglo pasado.

6. Reducir el consumo de combustibles fósiles

Esto es clave para frenar el aumento de gases de efecto invernadero, y así reducir la velocidad del cambio climático y la frecuencia de las olas de calor.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Podés leer aquí el original.

La discusión sobre la minería marina cobró mayor intensidad con el inicio de una misión de recolección de muestras minerales por parte de la empresa privada Nauru Ocean Resources (NORI).

La travesía hacia una zona del océano Pacífico se basa en una recomendación emitida por la Comisión Legal y Técnica de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, en inglés) para autorizar la toma de materiales, luego de la conclusión de la revisión de la manifestación de impacto ambiental de la compañía, filial de Metals Company, con sede en Vancouver (Canadá).

Pero ISA, asentada en Kingston, la capital de Jamaica, no ha publicado tal recomendación, opacidad que los activistas cuestionan.

“Es prueba de cómo la misma Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA) abre a estas empresas la oportunidad de dar los primeros pasos a la minería en aguas profundas. ISA tiene que poner en el centro la protección de los océanos y no los intereses empresariales. No se pueden avanzar estas pruebas, porque es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta y del cual necesitamos más información. Se tiene que aplicar el principio precautorio”, dijo Ornela Garelli, campañista de Océanos de la representación mexicana de la no gubernamental Greenpeace.

El barco explorador “Hidden Gem” (“Joya oculta”) zarpó el pasado 14 de septiembre del puerto de Manzanillo —en el estado de Colima, en el occidente de México—, donde permaneció unas horas para luego enfilar hacia una zona de exploración en medio del océano Pacífico.

La empresa suiza Allseas S.A. adquirió la embarcación en 2020 para convertirla en nave de sondeo minero y esta boga con bandera de Malta, según registros marinos consultados. Construida en 2010, de colores rojo, negro y estructuras blancas, el barco tiene capacidad de 60.331 toneladas, mide 228 metros de largo y 42 de ancho.

“Hidden Gem”, cuyos nombres anteriores fueron “Vitoria 10000” y “Petrobras II 10000”, permaneció en el puerto holandés de Rotterdam mientras su dueña lo reconvertía para realizar prospección minera marina, pues previamente hacía perforación petrolera. En febrero último, el grupo Ocean Rebellion lo convirtió en blanco de una protesta.

Partió en marzo pasado de Rotterdam y su trayectoria incluyó pasos por Calais (Francia), Dover (Reino Unido), las islas Canarias (España) y el Canal de Panamá en julio último.

La embarcación se dirige a la Zona Clarion-Clipperton (ZCC), un área en alta mar entre Hawái y México con una gran biodiversidad, y donde NORI posee una concesión minera. El plan consiste en la recolección de 3.600 toneladas de nódulos polimetálicos.

Impacto en fondo del mar

En la minería de aguas profundas, grandes máquinas levantan el fondo del mar para separar las piedras conocidas como nódulos polimetálicos del lodo con un tubo gigante. Estas piedras, que contienen cobalto, cobre, manganeso y níquel, luego se bombardean a la superficie y se regresa el agua y sedimentos, mediante otro conducto, de vuelta al mar.

El sedimento que retorna al océano contendría elementos dañinos, lo que sumaría más impactos a esas zonas.

Las aguas profundas acogen especies y ecosistemas que suministran bienes y servicios ambientales, y cuyas condiciones son de alta vulnerabilidad, según estudios científicos recientes. Estas áreas ya enfrentan la subida de la temperatura, la acidificación del agua y la presencia masiva de plásticos.

“Hay evidencia de que no hay información científica suficiente para determinar con certeza los impactos de la minería oceánica”, señaló Diego Lillo, representante de la no gubernamental Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, desde Santiago de Chile.

Bajo presión

ISA, creada en 1994 por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), tiene la doble misión contradictoria de proteger los ecosistemas del mar profundo y elaborar estándares ambientales para la minería marina. Integrada por 167 países y la Unión Europea, ISA ha entregado 17 licencias exploratorias en la ZCC, de un total de 31 otorgadas hasta ahora, para la exploración de nódulos polimetálicos, sulfuros y costras cobálticas con 22 empresas, incluidas algunas de Brasil, Cuba y Jamaica.

Para obtener un permiso para explotar cualquier parte del fondo marino, una empresa necesita el patrocinio de un país parte de ISA.

Pero antes, en junio de 2021, la República de Nauru, una nación insular expuesta a las consecuencias de la crisis climática, situada en Oceanía en el Pacífico central y de unos 12.000 habitantes, sacudió las estructuras de ISA al invocar una cláusula de Convemar para ejecutar un proyecto de exploración minera marina.

Esa norma estipula que un país puede reclamar el aval de ISA a su plan para rastrear y explotar minerales en aguas profundas en un plazo de dos años, siempre que siga unos procedimientos establecidos por el propio organismo, que debate estándares ambientales para la prospección.

ISA, una agencia desconocida de Naciones Unidas hasta el aparecimiento de la polémica por la minería marina, enfrenta un dilema fundamental para su futuro, pues en julio próximo Nauru puede reclamar el aval a su programa exploratorio, sin necesariamente contar ya con las salvaguardas.

Integrado por 36 representantes, el Consejo de la agencia se reunirá en Kingston en noviembre próximo, mientras que la 28 sesión de la Asamblea General, el órgano mayor de ISA y en la que participan todos los Estados miembros y organizaciones observadoras, está programada para julio de 2023, pero podría adelantarse por el plazo de la regla de dos años.

Durante la 27° Asamblea General de agosto pasado se suscitó, por vez primera, un debate intenso sobre la cláusula mencionada, ante la cual países como Costa Rica, Chile, España y Nueva Zelanda pidieron una discusión sobre sus alcances, ante la negativa de naciones como Nauru.

Para justificar las futuras explotaciones minerales, ISA diseñó un mecanismo de reparto de beneficios derivados de esa actividad y que también le redituaría en ingresos, junto con las cuotas de los países miembros, lo que supone un interés por promover esa extracción.

Varios gobiernos también han indicado la falta de inclusión de los costos ambientales en las finanzas mineras de estos proyectos en los fondos marinos.

Metals Company, entre cuyos accionistas figura Allseas S.A., calcula que el polígono asignado almacena minerales para construir unos 280 millones de automóviles eléctricos, el tamaño de la flota vehicular de Estados Unidos.

Tibieza

México ha mostrado una postura discreta frente a la minería marina. Una fuente diplomática dijo a este cronista que esto se debe a la falta de una discusión nacional multisectorial en torno a una postura definida. No obstante, el asunto presenta una arista más sutil: el rol de los puertos mexicanos del Pacífico, especialmente Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Acapulco, ante la eventual aprobación de planes exploratorios y la extracción mineral.

Debido a la duración de los viajes de embarcaciones como “Hidden Gem”, estas instalaciones podrían obtener réditos por el paso de las naves y la descarga de minerales.

Lillo y Garelli pidieron a México más firmeza en su postura. El país “necesita tener mayor firmeza. México debe centrarse en los océanos por la importancia que tienen en sí mismos y no por su aprovechamiento sostenible”, demandó la campañista de Océanos de Greenpeace.

México tiene 3.540 millones de razones para oponerse a esa actividad. Ese es el monto, en dólares, que la empresa estadounidense Odyssey Marine Explorations pide ante un panel de arbitraje bajo el entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte —sustituido en 2020 por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá— por la denegación de una licencia ambiental.

En 2018, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente rehusó el permiso de la mina “Don Diego”, promovida por Exploraciones Oceánicas S., filial de la compañía estadounidense, por probable daño al ecosistema, áreas pesqueras y por falta de una consulta pública.

El proyecto, que abarca una superficie de 91.267 hectáreas frente a la costa del noroccidental estado de Baja California Sur, implicaba la draga del fondo marino, para extraer anualmente siete millones de toneladas de arena fosfática, durante 50 años, para producir 3,5 millones de toneladas de fósforo.

“Preocupa la falta de consistencia de México frente al discurso que ha promovido ante la ISA de aprobar una regulación minera que sea responsable con la protección del ambiente. Necesita también un mayor protagonismo en las negociaciones, que contribuya a resaltar la importancia del enfoque precautorio”, cuestionó Lillo.

Dicho principio consiste en la adopción de medidas de protección ante un riesgo fundado, sin pruebas definitivas, del impacto sobre la salud pública o el ambiente de un producto o tecnología.

Si México pierde el arbitraje, se decretaría la imposibilidad de un Estado de impedir proyectos extractivos bajo el principio precautorio ante menoscabos previstos.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  

EG

La capacidad de restauración de la Amazonía se está agotando y, de seguir con el ritmo actual de deforestación, el pulmón verde del planeta, tal y como lo conocemos hoy, no llegará a 2025. Así lo alerta un informe que diseña estrategias globales para proteger el 80 % de los bosques amazónicos, una desafío aún posible.

“Gran parte de la Amazonía (...) está emitiendo más carbono del que absorbe. Se está cambiando el rol ecológico de la Amazonía y seguir en este ritmo (...) es muy peligroso”, alerta a Efe Marlene Quintanilla, una de las investigadoras principales del reporte “La Amazonía a contrarreloj: Un diagnóstico regional sobre dónde y cómo proteger el 80 % al 2025”.

Sus conclusiones son alarmantes, pero también arrojan un soplo de esperanza al considerar que, aunque es urgente, es posible lograr, con los territorios indígenas como principales aliados, la conservación de la mayor reserva de agua dulce del planeta.

Una reserva que se extiende por casi el 40 % del territorio de Sudamérica. 

Los hallazgos de esta investigación, desarrollada por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), fueron revelados hoy durante la V cumbre amazónica de pueblos indígenas, que reúne en Lima a más de 500 pueblos originarios de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

UNA “METAMORFOSIS” DAÑINA

Por un lado, el informe alerta que el bosque amazónico se encuentra inmerso en un punto de no retorno debido a las altas tasas de deforestación y degradación que, combinadas, llegan al 26 % de la región, donde cada día se extinguen 137 especies vivas.

“Los niveles de deforestación e incendios están mermando la extensión del bosque tropical, la disponibilidad hídrica que tiene la Amazonía y, lamentablemente, si no se toman medidas hasta el 2025, para el 2030 consideramos que los impactos van a ser más agudos”, comenta Quintanilla.

La investigadora destacó que el 90 % de la deforestación y degradación combinadas se concentran en Brasil y Bolivia, donde la “sabanización” ya es un fenómeno real.

El estudio, por ejemplo, ha identificado que, en las últimas dos décadas, las lluvias anuales se han reducido en un 17 % en la región amazónica boliviana, donde la temperatura ha aumentado un grado en este lapso.

Por otro lado, revela que el 66 % del territorio amazónico está sujeto a algún tipo de presión permanente, ya sea por amenazas legales o ilegales que incluyen los bloques petroleros, las centrales hidroeléctricas, las minas y las actividades agropecuarias, estas últimas responsables del 84 % de la deforestación.

Quintanilla sostiene que los marcos legales vigentes están “definiendo prácticamente el destino de la Amazonía”, generando condiciones para que los Estados otorguen licencias en bosques intactos o en territorios indígenas sin el consentimiento previo e informado de las poblaciones nativas.

“Se mira el bosque como una tierra floja, se dice que, para generar desarrollo, hay que ampliar la actividad ganadera o agrícola y entonces se subestima el valor del bosque”, apostilla la autora, quien insiste en la necesidad de que los gobiernos empiecen a ver el desarrollo forestal como “una estrategia para el desarrollo económico”.

PUEBLOS INDÍGENAS EN ACCIÓN

Para cumplir con el pacto global adoptado en septiembre pasado en el Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el reporte urge a las autoridades a adoptar medidas que salvaguarden las Áreas Prioritarias Clave Intactas (33 %), con Baja Degradación (41 %) y promuevan la restauración del 6 % de tierras con alta degradación.

En ese sentido, defiende la necesidad de contar con los territorios indígenas como principales aliados, reconocerlos y dotarlos de mayores recursos nacionales e internacionales por mostrar un grado de eficacia incluso más alto que las áreas protegidas, en términos de conservación de los ecosistemas.

“Este informe demuestra, y no fue la intencionalidad, que el rol de los territorios indígenas es clave para la adaptación al cambio climático (...) el reconocimiento es el primer paso y la asignación de recursos es un paso importante”, apostilla la autora tras señalar la “deuda” histórica de los Estados hacia estos territorios relegados.

En conjunto, las áreas protegidas y los territorios indígenas cubren alrededor de la mitad (48 %) de la Amazonía, pero el 86 % de la deforestación ocurre en el 52 % restante del territorio.

Dentro de las acciones más urgentes, el estudio también sugiere limitar nuevas licencias y financiamiento para actividades extractivas, e insta a la comunidad internacional a adoptar políticas inmediatas que garanticen la afluencia permanente de recursos para lograr la conservación y fortalecer la gestión integral de los territorios indígenas.

Unos esfuerzos globales que deben adoptarse ahora que aún se está a tiempo de salvar el mayor bosque tropical del planeta y recuperar su capacidad reguladora ante la emergencia climática.

Por Carla Samon Ros, para la agencia EFE.

IG

Las montañas oaxaqueñas de la denominada “región del mezcal”, al sur de México, parecieran haber sido rastrilladas por un ser gigante. Ubicadas en Sierra Sur y Valles Centrales —donde predominan llanuras, lomeríos de baja altitud y cumbres tendidas, así como sierras bajas complejas con piso rocoso—, hoy están rasuradas.

La catástrofe, resumida en fragmentos, puede verla cualquiera que recorra la zona. De momento, la región está embriagada del agave y de su industrialización para producir la “bebida ancestral de los dioses”. Pero, cuando el estado etílico pase y se tenga que lidiar con la cruda o resaca, las personas se percatarán de la deforestación de miles de hectáreas que amenaza con convertirla en tierra fértil para la minería.

Bebida de los dioses

El mezcal es una bebida alcohólica ancestral, que data de hace unos 500 años. Se obtiene de la destilación de jugos fermentados extraídos de cabezas maduras de maguey, cocido bajo un proceso artesanal, y se almacena en ollas de barro o madera. 

Oaxaca es el principal productor de maguey y mezcal de México. De acuerdo con el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam), el 75,5% de la exportación al extranjero sale de ahí. Y, en la última década, el número de marcas exportadoras creció en casi 400%. Actualmente, la Secretaría de Economía registra más de 700 marcas, entre las que se destaca “Mezcal Dos Hombres” de los protagonistas de la serie “Breaking Bad”, Bryan Cranston y Aaron Paul, así como otras de famosos.

En total, hay 159 especies mezcaleras del género Agave en todo el país, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En los bosques y selvas húmedas de Oaxaca hay ocho, con el maguey espadín (Agave angustifolia) siendo el que mayormente se cultiva en las comunidades con fines comerciales. Se distribuye en “la región del mezcal”, que abarca Sierra Sur, Valles Centrales, Cañada y Mixteca.

“Bebida de los dioses”. “Oaxaca, principal productor de mezcal en México”. “El mezcal logró, para Oaxaca, una derrama económica de más de 3800 millones de pesos”. “17.000 empleos deja la industria del mezcal”. “El mezcal frenó la migración”. Las frases se leen por todo el Estado. Sin embargo, la publicidad deja por fuera los impactos ambientales del aumento del monocultivo y no aborda la responsabilidad de la industria.

Bajo esa tierra que llaman ociosa y esos arbustos color café que —para algunos— no sirven para nada, se encuentran cerros con ecosistemas vivos. Uno de ellos se localiza en San Lorenzo Albarradas, y en sus entrañas nace una de las cuencas más importantes de Oaxaca, la cual irriga 25 municipios de la región del Istmo de Tehuantepec.

No es casualidad que, ahora, la temperatura llegue a 42°C en Nejapa de Madero, uno de los municipios oaxaqueños que cambió el paisaje de sus cerros al sembrar grandes extensiones de agave, provocando una deforestación incuantificable. Tampoco debe causar sorpresa que un cerro se haya desgajado y deslavado por las intensas lluvias en San Pedro Totolapan, pues el monocultivo de maguey provocó severos desmontes que afectaron una vivienda que colapsó, causándole la muerte a un campesino.

Milpa por maguey

Es primavera y el calor de 37°C se siente sofocante en Nejapa de Madero, un municipio de Sierra Sur rodeado de cerros, con un ecosistema de la selva baja caducifolia con vegetación. Ubicado en el distrito geográfico de Yautepec, su paisaje está monopolizado por magueyes espadín, la especie que más se cultiva por su rápido crecimiento y que se vende al Estado de Jalisco para la elaboración de tequila.

“Todo comenzó hace ocho años”, recuerda Juan Ruíz, mientras bebe un sorbo de agua y observa, bajo el intenso sol, sus cultivos. De 63 años, se dedica a la agricultura desde los 15, por herencia paterna. Ahora tiene magueyes de todas las edades —de dos, cuatro y seis años— y está en espera de la primera lluvia para sembrar espadín.

Según la Denominación de Origen Mezcal de 1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en México, sólo se puede producir mezcal en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato, Tamaulipas y Michoacán

Los campesinos de esta zona abandonaron sus cultivos tradicionales —como maíz, frijol y calabaza— para enfocarse en el monocultivo de maguey, escalando los cerros que ahora están cubiertos por agave. Sólo unos cuantos siguen practicando el cultivo mixto que heredaron de sus ancestros. La opción es menos nociva para el medioambiente, y les permite realizar combinaciones en su suelo, pero sin aquello que les deja dinero. Por eso, siembran mango con maguey, ciruela con maguey o papaya con maguey.

Para un litro de maguey, se usan una veintena de piñas de agave, recalca Ruíz, al mencionar que el mezcal que se prepara en la zona es artesanal. “Toda la producción se va a Jalisco y, como ha aumentado cada vez, sembramos más. Lo que queda y no se vende es lo que se destina a la producción del mezcal que vendemos a granel, por tambos de 20 litros. Eso lo compran productores de la capital o de la Ciudad de México, que tienen negocios. Bueno, eso nos dicen”, cuenta.

Para sembrar en el cerro, los campesinos justifican: “Sólo hay monte que no sirve para nada”. Prefieren echarles fuego, quemarlos, y de ahí marcarlos con un hilo para comenzar la siembra acelerada de agave, que cada vez abarca más.

La práctica de “roza, tumba y quema” es común en la zona, lo que ha generado que cientos de hectáreas de selva caducifolia desaparezcan. Esto significa que los procesos naturales, químicos y biológicos (biogeoquímicos) para la formación del suelo están hechos cenizas.

Ruíz sabe que la milpa (policultivo) es la mejor forma de trabajar sus parcelas, pero, para obtener ganancias ante la demanda del maguey, la opción es continuar con el monocultivo. “Antes, acá sembrábamos maíz, pero el maguey deja más”, confiesa, y explica que, desde hace una década, el kilo de maguey comenzó a valer más por la demanda. Antes, lo vendían a 2 o 3 pesos; hoy, a 7. 

Y es que, según el “Diagnóstico de la Cadena de Valor Mezcal en las regiones de Oaxaca”, la demanda de agave incrementó en más de un 50% durante los últimos cinco años. Pero, convertir a Oaxaca en el principal productor de maguey mezcalero —destaca el documento—, con el 70% del inventario nacional, y el principal abastecedor para la industria tequilera de Jalisco, tiene importantes consecuencias ambientales.

La ruta verdadera

La “verdadera ruta del mezcal” no está donde hay folklore y colorido, ni en los bares de la capital de Oaxaca que promocionan una infinidad de marcas. Tampoco es el tour que recorren turistas nacionales y extranjeros, o los que lo compran a granel y lo envasan, colocándole una etiqueta llamativa. La verdadera ruta del mezcal está en las decenas de cerros trasquilados que todos los días son desmontados, quemados y escalados para nuevas siembras. 

Aunque las autoridades saben de esta transformación y de sus graves consecuencias, prefieren seguir promocionándola como “la bebida de los dioses”, que “sirve para todo mal y también para todo bien”, sin medir el impacto ambiental que genera.

La herida ya se nota. La tierra ya resintió. El mal ya está hecho. “Es algo necesario”, dice Hugo Meza, mezcalero de la zona, “la única forma”, porque así lo heredaron para poder seguir elaborando una bebida cuyo precio se ha elevado.

Una copa, que hace una década costaba no más de 10 pesos (US$0,51), hoy oscila entre 100 y hasta 350 pesos (US$5,09-17,80) en restaurantes y bares de la capital oaxaqueña, valor que se cuadriplica en el mercado internacional.

“El litro de mezcal que producimos lo vendemos en 50, 100 y hasta 150 pesos a granel sin etiquetas”, cuenta Antonio Salinas, de la zona de Yautepec, quien —para evitar la reventa de su producto— está armando su propia marca. Confiesa, sin embargo, que hay marcas en el mercado que “pegan la etiqueta” en su botella: “Acá llega mucha gente que viene a comprarnos, y más tarde presume de tener una marca. La hacen bonita, colorida, y venden nuestro mezcal a un precio elevadísimo”.

Productores como Salinas hay infinidad. “Sembrar maguey y venderlo a los productores de Jalisco nos deja, vale más, y vivimos mejor”, reafirma.

Ganar es lo que importa

Es domingo 15 de mayo, a mediodía, y un incendio parece salirse de control en la comunidad El Gramal, ubicada sobre la carretera federal Panamericana 190 entre el Istmo de Tehuantepec y Yautepec, donde viven unas 800 personas, 90% de las cuales se dedica al mezcal. Es la zona que más vende a Jalisco para la producción de su tequila: aproximadamente 1000 “piñas” de magueyes al día son cargadas en tractocamiones.

“Son simples arbustos estorbando”, acota Carlos Luis Martínez, un mecánico de 40 años. Mientras cuida el terreno prendido en fuego, explica que se trata de un incendio provocado: quiere dejarlo limpio para cultivar sus magueyes, tal y como lo hace su familia desde hace ocho años.

Con una bomba aspersora, él y su hermano riegan insecticida sobre los plantíos que no lograron quemarse. Esta es una imagen que cotidianamente practican los productores.

Al preguntarle por el esquema de plantación, que es de forma lineal en los cerros —y no transversal a la pendiente, como recomiendan los agrónomos—, Martínez dice que lo hacen “como Dios les da a entender”. Puntualiza: “Acá nadie nos vino a decir cómo sembrar ni cómo tratar los cerros. Esto lo hacemos por lógica, porque creemos que está bien. Además, está a la luz de las autoridades, todos lo ven. Y, como nos deja dinero y buenas ganancias, creemos que es la mejor forma”.

No simples “manchones”

Daniel Ramírez López es ingeniero agrónomo de profesión y defensor de los bosques por pasión. Junto al activista Roberto Carlos Cruz Gómez coinciden en que la voraz destrucción de los cerros por el monocultivo del maguey “está imparable”.

En un recorrido de más de cinco horas por Sierra Sur —que colinda con los municipios mezcaleros del distrito de Tlacolula (San Antonio y San Lorenzo Albarradas, Santa Ana del Valle, San Luis del Río, San Juan del Río y San Pedro Totolapan)—, muestran “la verdadera ruta del mezcal”, ese rostro desolado que no se presume y por el cual se están destruyendo ecosistemas “a lo bruto” todos los días, explican. 

Ramírez comenzó a detectar este fenómeno hace seis años. Observó cómo los cerros ya no tenían el color café de su cobertura vegetal y se convirtieron en verdes por el maguey, cambiando totalmente el paisaje.

“¿Ves esa montaña? Estaba llena de vida, de cactus, de maleza, de microorganismos, de un todo que ahora ya no está. En 30 minutos, lo pelonearon. Y, para regenerarlo, tardaremos un siglo. ¡Eso es lo que está pasando con el mezcal! Se está por un lado beneficiando a los productores, pero por otro hiriendo a la Madre Tierra”, lamenta.

El impacto de la deforestación es “brutal” en México. Sólo en 2021, el país perdió 321.000 hectáreas. Entre las causas: el aumento del monocultivo por el “boom” del mezcal en Oaxaca, los incendios forestales, la explotación ilegal y el crimen organizado

“El agua es lo primero que se empieza a ir cuando llega la deforestación, y en esta zona ya se empieza a resentir”, subraya el ingeniero agrónomo. Y completa: “Son muchos manchones en medio de un cerro. Todo eso es maguey. Pero, a cambio, se están acabando los cerros, que dicen que son ociosos, que no tienen vida, que no sirven para nada. Eso es mentira”.

De acuerdo con estudios propios, expone, en la primera y segunda cosecha hay buena producción. Pero, a la tercera, el maguey ya no crece: es porque el suelo se erosiona. “Se queda sin minerales, sin cobertura vegetal, sin esa vida que le da fortaleza, sin la rizósfera, que es la parte del suelo inmediata a las raíces vivas. Por eso, al quitarle todos sus nutrientes, el cerro tiende a desgajarse y afectar casas y personas, pero nadie lo mira así: cuando hay un deslave, la culpa es del cerro, no de quienes lo ocasionaron.”

En esta zona, también hay un afluente natural, “el río grande”, así como un micro-ecosistema de plantas campechanas amenazadas por el desmonte para la siembra de maguey, que, de no controlarse, podrían desaparecer en poco tiempo.

“Esa es la verdadera ruta del mezcal”, enfatiza Cruz Gómez, apuntando a cada uno de los daños que tienen los cerros, y explica que, además de la quema, también se usan insecticidas, que no es más que la muerte de los ecosistemas y que nadie controla. “Esta ruta nadie la muestra, acá nadie conoce. Para llegar, son muchas horas, es camino terracero. Y, desde acá, ya no se ve el folklore, ni la algarabía. Lo que se ve es una zona deforestada, quemada y afectada por la siembra acelerada que ha dejado el ‘boom’, como llaman a la fiebre del mezcal.”

Mientras avanza en el recorrido y muestra el paisaje desolador, reitera que el desmonte ha provocado, también, las altas temperaturas: “Mucha gente cree que se trata de simples montes, lo quitan y siembran otra cosa. Lo que no saben es que están matando ecosistemas que nos dan vida, que nos purifican la tierra. Y las consecuencias ya las vivimos, intensos calores y lo que va a ocurrir son las fuertes lluvias, el cambio climático le llamamos”.

“Este 2022, Oaxaca llegó hasta 42°C y no es casualidad que Nejapa de Madero haya sido uno de los municipios más cálidos, tampoco que en San Pedro Totolapan un cerro se haya desgajado. Vemos un devastador acelere del desmonte que se ha dado en la zona por la siembra de agave”, confirma el meteorólogo oaxaqueño Cutberto Cruz, quien precisa que los productores deforestan sin planeación, sin técnica. Ese azolve que hacen, al no existir ese arbusto tradicional que sirve para retención de agua, ocasiona una degradación de la cuenca hidrológica.

“El agave no es una planta retenedora de humedad. Sin embargo, la voracidad y la falta de planeación les está ganando, así como el interés económico de los campesinos de la zona”, profundiza. “Ese cambio de uso de suelo ocasionado por el desmonte generará más deslaves, las inundaciones, porque hay una degradación de la cuenca y afectará a la parte más baja, a los pueblos.”.

El mezcal es vida, pero debe ser sustentable

“Mezcal es vida”, dice un letrero que invita a recorrer la comunidad de San Luis del Río, agencia municipal de Tlacolula de Matamoros que se dedica desde hace un siglo y medio a producir agave. Es una de las principales zonas mezcaleras de Oaxaca, incluida en “la ruta del mezcal”, pero también una de las áreas donde la deforestación avanza aceleradamente.

En 2020, Oaxaca generó una derrama económica de US$386 millones por la producción del mezcal

Después de sortear la “nueva autopista” por Santa María Albarradas, que se construye por tramos y está en pésimas condiciones, se localiza la desviación para llegar a San Juan del Río. Desde ese punto, hay que atravesar 16 kilómetros, doce de ellos en pura terracería, porque los trabajos que se habían iniciado se truncaron en la administración del actual gobernador priista Alejandro Murat, aunque esta comunidad de 600 habitantes produce el 12% de las exportaciones de mezcal, principalmente hacia Estados Unidos, y un buen camino es importante para ello.

En Oaxaca, aún se elabora mezcal de forma artesanal. Sin embargo, en los últimos 10 años se ha cultivado para una producción industrial —que, además, utiliza maquinaria en lugar de las ollas tradicionales—, lo que ha causado un daño ambiental considerable al requerir miles de pencas, detalla Ramírez.

“Es buen tiempo para corregir esos errores y volver sustentable todo”, considera, al precisar que los productores no han tenido un acompañamiento técnico. “La siembra del agave lo hacen de forma lineal, como si fuera un valle, y eso desgasta el suelo. Lo ideal es cultivar en curvas de nivel para no erosionar, pero eso pocos lo hacen. Y, otra cosa: es necesario y urgente regresar a la plantación tradicional, a la milpa. Es decir, privilegiar el cultivo mixto, lo que significa que el monocultivo puede convivir con otras especies, esto es, agave con calabaza y maíz, o agave con ciruelos. Estamos a tiempo de remediar esta situación, queda en nosotros”, alerta.

Mientras camina por los cerros invadidos de agave, el ingeniero agrónomo advierte que los productores tampoco han sido capacitados ni apoyados para cambiar el esquema de reproducción de agave. Al respecto, dice: “Se trata de una erosión genética, donde las plantaciones no tienen capacidad de respuesta ante fenómenos adversos como el cambio climático y las plagas. Por supuesto que los rendimientos se afectan, y ellos lo notarán a largo plazo. Ahora, quizá, no, porque sólo están viendo ganancias, pero, para su tercera cosecha, es decir, en unos ocho años más, seguro ese suelo, si no hacen nada, quedará erosionado”.

La minería al acecho

Cuando todo se ponga gris, seco, esté erosionado, y no haya un Manifiesto de Impacto Ambiental, estas tierras estarán listas para la actividad minera.

“El costo ambiental no lo cobrará el banco, sino la naturaleza”, recalca Ramírez. “He recorrido varias veces la zona, y lo que más temo es que las compañías mineras están al acecho. Este fenómeno de ir aniquilando poco a poco los cerros y sin que las autoridades lo paren, no es casualidad”, enfatiza.

Y es que, según el “Panorama Minero del Estado de Oaxaca” del Servicio Geológico Mexicano, en la ruta del mezcal existen yacimientos de oro, plata, cobre y plomo. Al deforestar los cerros, se vuelve idóneo para que las empresas mineras puedan explotar el territorio, una vez que los suelos dejen de producir maguey.

De septiembre de 2019 a la fecha, en Oaxaca, se han otorgado 322 títulos de concesión mineros. En los municipios de San Lorenzo Albarradas y San Pedro Quiatoni, así como en las comunidades de Baeza (Yautepec) —denominado como el distrito minero de “San José de Gracia”—, hay concesiones para explotar zinc, cobre, oro y plata.

Actualmente, son tres las empresas que explotan el suelo de este Estado: Don David Gold México S.A. de C.V., en la zona de El Águila y San José de Gracia; la Sociedad Cooperativa Manufacturera de Cemento Portland “La Cruz Azul” S.C.L, en el municipio de San Bartolo Yautepec; y Fortuna Silver Mines y Cia. “Minera Cuzcatlán” y Nuum Resources Mexico S.A. de C.V., en San José del Progreso.

Pese a los daños ambientales que se avizoran y las consecuencias sociales que tendrán, son pocas las personas que hacen resistencia. 

“Al no haber otra opción para la agricultura, será la actividad minera. Es una muerte lenta del territorio que llevará a la migración y al desplazamiento forzado, sin olvidar el ingreso del crimen organizado y la violencia. Eso lo hemos visto en otras zonas y seguro se multiplicará en nuestra región”, advierte con preocupación Francisco García, habitante de San Lorenzo Albarradas.

Los productores de mezcal reconocen que, además del uso privado que dan a sus tierras, también hay quienes las rentan a inversionistas nacionales y extranjeros que llegaron por el “boom” del mezcal.

“No sabemos qué empresas son, pero llegan y nos rentan el terreno, nos dan el maguey y, a cambio, le pagan a un campesino una renta, dotándolo de todos los insumos. Pero, una vez que la planta está apta para corte, ellos la acaparan”, dice Mario Gómez, vecino de San Luis del Río. “Así pensamos igual que ocurrirá con la tierra erosionada: después vendrán las mineras y la rentarán, porque será el único uso que le den.”

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  

DM

Un ecosistema en declive. Las águilas imperiales de Doñana sobreviven a base de la comida que les dan los humanos. En el parque nacional -considerado el mayor humedal europeo- no hay alimento para el emblema alado del monte mediterráneo español.

A las adalberti de Doñana hay que darles de comer para que subsistan en un hábitat cuya denominación oficial califica como “de biodiversidad única en Europa”. A los ejemplares establecidos se les proporciona carne de conejo cerca de sus nidos al tiempo que se sueltan ejemplares vivos de estos lagomorfos en cercados para que las aves los apresen, según describe la Sociedad Española de Ornitología SEO-Birdlife.

La voz de alarma la ha dado esta organización que monitoriza las especies desde hace 20 años: “En Doñana no hay conejos”, explica su delegado, Carlos Dávila. La especie ha desaparecido, víctima de enfermedades. “Pero estas águilas contaban con un plan B, que eran las aves acuáticas” de las que Doñana es el refugio más importante de Europa. Sin embargo, esa alternativa se va esfumando.

El 82% de las más de 60 especies en peligro que se protegían en las marismas de Doñana decaen, según las tendencias recogidas en el Programa de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía. Entre ellas destacan, precisamente, esas variedades acuáticas que dependen de un humedal que pasa por horas bajas. O muy bajas.

De la marisma han desaparecido dos patos: el tarro canelo y el porrón pardo. La malvasía blanca y la focha moruna no criaron en 2021 y la cerceta pardilla solo lo hace fuera del parque

De la marisma han desaparecido ya dos patos: el llamado tarro canelo y el porrón pardo “que hace solo dos décadas eran habituales”, recuentan en la SEO. En 2021 dejó de criar en las marismas la malvasía cabeciblanca por primera vez en 17 años. Tampoco lo hizo la focha moruna “que acumula tres años seguidos fallando”.

Ilustra el peligro de degradación en Doñana que la especie de pato más amenazada en España, la cerceta pardilla, “ya solo cría fuera de los límites del parque”, señala el técnico.

Así que sin plan A para alimentarse (los conejos silvestres) y con el plan B (las aves acuáticas) cada vez más escaso, a las parejas de águilas que residen aquí hay que darles de comer. La técnica de llenar un corral cerrado con conejos –“una especie de supermercado para imperiales”, en palabras de Dávila– ya se utilizó en el plan de urgencia. La alimentación suplementaria “ha sido clave y una actuación normal”. Lo que ocurre ahora es que parece imprescindible.

“Es un recurso de manejo agresivo, pero positivo. No hay otra”, analiza Dávila, pero, al mismo tiempo, “un síntoma del mal estado del ecosistema para poder albergar la especie”.

Si la recuperación de las águilas imperiales es una historia de éxito en España, actualmente no lo es tanto en Doñana. Mientras las poblaciones en otros puntos crecen, las rapaces del parque, tras mejorar con el plan que duró hasta 2010, experimentan una lenta cuesta abajo. Además de que el hábitat no proporcione alimento para ellas, las parejas están fracasando a la hora de reproducirse y las que lo consiguen pierden pollos.

En 2021 se contabilizaron ocho territorios de águila imperial en Doñana, cada uno con una pareja. Se había perdido uno. “Hay cinco parejas que iniciaron el proceso reproductivo, pero algunas han fracasado y otras no han podido sacar adelante las crías”, cuenta el delegado de SEO.

“Doñana es el único punto de España donde el Aquila adalberti sigue en mal estado”, resume la evaluación de la ONG. “Se ha convertido en un lugar cada vez menos apropiado para albergar estas rapaces amenazadas por la extinción”, rematan.

Las amenazas que cercan el parque

Los problema del parque nacional están, paradójicamente, fuera de sus límites. E indisolublemente ligados al agua. A Doñana la falta líquido. Lo pierde por la agresión del cambio climático y de la sobrexplotación de los acuíferos por parte de los humanos.

Las extracciones de agua para alimentar fincas de regadío alrededor del entorno han chupado más líquido del que se repone de forma natural. Tres de las cinco masas de agua subterránea de las que se nutre el parque están declaradas “en mal estado” y no se prevé que “puedan alcanzar un buen estado para el horizonte de la entrada en vigor del Plan Hidrológico” que debería funcionar en 2022, según el último informe de estado de los acuíferos de Doñana de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En este sentido, el Partido Popular de Andalucía impulsó –junto a Vox y Ciudadanos– una ley autonómica para regularizar unas 1.500 hectáreas de explotaciones de regadío sin autorización alrededor de este entorno. Fincas que vienen utilizando el agua de esos acuíferos sin permiso.

El Parque Nacional de Doñana es gestionado por el Gobierno andaluz ahora presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), quien ha asegurado que retomará todas la iniciativas que decayeron en el Parlamento andaluz por su decisión de adelantar las elecciones. Esa proposición de ley mereció el reproche de la Comisión Europea, el Ministerio de Transición Ecológica y la Unesco.

Unido a esto, el ecosistema padece la falta de precipitaciones. Un ciclo seco que se alarga décadas y por el que en el año hidrológico 2020-2021 llovió mucho menos que la media histórica: 164 mm por 531 del promedio normal.

Con menos lluvias, achacado a la crisis climática, menos agua repone los acuíferos. La sequedad es palpable tanto en la marisma como en el complejo de lagunas peridunares, “quizá el lugar más emblemático de Doñana”, describe la Confederación.

Estas lagunas permanentes de agua dulce se sitúan en la cara interna de las dunas que protegen Doñana del mar. Las diez más representativas apenas tienen inundadas un poco más del 50% sobre la mediana calculada entre 1993-2000. Algunas, como el Charco del Toro y la del Sapo, presentan un 0% de su superficie inundada.

Documental en Carne Cruda: Doñana, cómo secar el mayor humedal de Europa

RR