La Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (CLISA), integrante del Grupo Roggio, no pagó hoy los servicios derivados de obligaciones negociables, por lo que inicio negociaciones con los acreedores. 

La empresa lo comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La presentación la realizó Mariano Peterlin, en su carácter de responsable de relaciones con el mercado.

La decisión genera preocupación en la city porteña por temor a que las dificultades para cumplir con las deudas se extiendan a otras compañías.

La firma indicó que no se hizo el pago “de los intereses correspondientes al período que comenzó el 25 de enero de 2024 y finaliza el 25 de julio de 2024”. 

El contrato de fideicomiso establece un plazo de 30 días, contado a partir del día de la fecha, para el cumplimiento del pago de los intereses.

Los intereses derivan de obligaciones negociables emitidas en 2021 a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027, cuyo valor nominal total en circulación actualmente asciende a US$ 358,050 millones.

En la presentación se indica que la empresa “está en conversaciones con grandes tenedores que representan la mayoría del capital” de las obligaciones negociables en circulación, para “una posible modificación de los términos y condiciones de las mismas que le permita atender adecuadamente sus compromisos en un contexto complejo para las actividades que desarrolla”.

La empresa quedó complicada por la decisión del gobierno de Javier Milei de frenar la obra pública. 

El Gobierno frenó los trabajos y avanza en un programa de transferencia a las provincias, pero tampoco estas administraciones reinician las obras inmediatamente.

La Cámara de la Construcción (Camarco) estima que la deuda total acumulada es de unos $400.000 millones, de los que alrededor de $250.000 millones está facturado y el resto está sujeto a procesos no concluidos de determinación de precios. 

CLISA, al presentar el resultado financiero del primer trimestre, advirtió a la CNV sobre la “fuerte caída de la actividad económica” que convivía con “altos niveles de inflación”, así como “una alta volatilidad en las demás variables de la economía, lo que ha impactado significativamente en las cifras de los presentes estados financieros”. 

Al 31 de marzo registraba pérdidas que “la encuadran en la causal contemplada en el artículo 94 inciso 5° de la ley 19.550″, indicó. 

Ese punto establece que la sociedad se disuelve por pérdida del capital social.

La compañía señaló que el Estado Nacional “está avanzando con un drástico plan de ajuste fiscal, basado en una disminución del gasto público y un aumento en la carga impositiva”.

Señaló que ese plan “incluye una significativa disminución en la ejecución de obras públicas, incluso proyectos que ya están en curso”. 

Indicó además que las características del sistema tributario argentino han hecho que las provincias y municipios también se vean afectados por el ajuste fiscal a nivel nacional“, agrega ese documento.

DM con información de agencia NA

Los vecinos que viven en el valle de Punilla lo saben, principalmente aquellos que viven en Villa Carlos Paz: el lago San Roque está contaminado. Los olores nauseabundos o la mortandad de peces lo confirman cada vez que aparecen. Lo grave de este problema ambiental, es que, este lago abastece de agua potable al 70% de los más de 1,5 millones de habitantes que viven en la Capital. 

La legisladora Luciana Echevarría del MST – Frente de Izquierda Unidad, denunció penalmente al Gobierno cordobés y al Grupo Roggio, que explota la empresa Aguas Cordobesas . “La situación del lago es muy preocupante y los responsables de su cuidado, saneamiento y preservación no hacen nada. Hace más de 30 años se votó una ley para sanear el San Roque, pero nunca se aplicó. El agua potable que provee Aguas Cordobesas presenta casi el doble de microcystinas que lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las microcystinas son toxinas peligrosas para la salud humana que pueden producir cáncer de colon; y las dolencias más habituales que encontramos son infecciones gastrointestinales, respiratorias, neurológicas, de la piel, de los oídos y de los ojos; que son provocadas por las cianobacterias que proliferan en el lago por el exceso de materia orgánica, fundamentalmente desechos cloacales”, detalló la legisladora a elDiarioAR.

Echevarría explicó que “de las 20 localidades que tiran sus desechos al lago San Roque, la mayoría no tiene cloacas o tiene muy poca cobertura; son más de 135 mil habitantes, y esa es la principal causa de eutroficación del lago. El Gobierno de Córdoba es responsable de esta situación porque hay una ley de saneamiento del San Roque y nunca se aplicó. Ni el Gobierno provincial, a través de la Administración Provincial de Recursos Hídricos ni de la Secretaría de Ambiente; ni el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) como organismo de contralor, han tomado medidas para garantizar que el agua que tomamos los cordobeses sea realmente apta para consumo humano. Tampoco lo ha hecho la Municipalidad de Córdoba que actualmente es la titular del servicio. Mientras tanto el Grupo Roggio, dueño de Aguas Cordobesas, sigue lucrando, poniendo en riesgo la salud de gran parte de la población. Por este motivo es que presentamos esta denuncia por envenenamiento de aguas, distribución de sustancias nocivas e incumplimiento u omisión de deberes de funcionario público”.

La legisladora del MST señaló que “el agua cruda que llega desde el embalse es potabilizada en la planta Suquía por Aguas Cordobesas; precisamente por esta característica es que el agua del dique San Roque debe ser monitoreada periódicamente para determinar que sea apta para el consumo humano. Ese control periódico de la calidad del agua la deben cumplimentar el Estado y organismos privados; pero el Estado tiene la responsabilidad de suministrar agua potable a la población”.

Los estudios que presentó Echevarría los realizó Exequiel Di Tofino, profesor y químico especialista en Biofísicoquímica, quién tomó muestras de agua del propio lago San Roque, que abastece al 70% de los vecinos de la ciudad de Córdoba, y de un grifo en la casa de la legisladora, en la zona norte de esta Capital: “Tomamos una muestra del agua de red, directamente de la canilla para ver si hay presencia de la toxina microcystina, pese a haber pasado por la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas. Encontramos valores de la microcystina en función a parámetros internacionales establecidos en 1 PPM (Partes por millón), en agua de la canilla encontramos 1,925 PPM, supera casi el doble el límite establecido;. Mientras que en agua filtrada, que pasa a través de un filtro domiciliario que se comercializa, encontramos 1,525 PPM, superando en casi medio punto el valor límite”, detalló el Di Tofino.

“El agua del lago San Roque abastece al 70% de los vecinos de la Capital, principalmente del centro y de la zona norte. El 30% restante, de la zona sur de la ciudad de Córdoba está abastecido por el dique Los Molinos. Ya vimos que el agua que sale de la canilla, la supuesta agua potabilizada por el Grupo Roggio, sigue estando contaminada. Y acá hay una cadena de responsabilidades que incluyen a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, al ERSeP, a la Municipalidad de Córdoba que otorga el poder concedente y a Aguas Cordobesas, empresa del Grupo Roggio que nos abastece de agua que no está en condiciones para ser consumida por humanos. Comprobamos científicamente que el agua que consumimos en nuestras casas tiene una alta contaminación de toxinas, y eso ocurre porque el agua que consumimos es abastecida por el lago San Roque, que es una gran cloaca a cielo abierto”, apuntó la legisladora Luciana Echevarría.

Cáncer de hígado y hepatitis

La abogada Mabel Sessa, copresidenta de la Regional Córdoba de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH Regional Córdoba) confió a elDiarioAR que “nosotros como organismo dedicado a la promoción, defensa y protección de los DD.HH. coincidimos con la denuncia penal planteada por la legisladora Luciana Echevarría, al considerar que se está infringiendo un grave daño a la salud humana, en especial a los usuarios del servicio de agua potable de la ciudad de Córdoba, a causa del alto grado de contaminación y falta de potabilización del agua que se consume; los que amerita expresarnos y solicitar a la Justicia Provincial  procure una investigación profunda sobre los hechos denunciados y determine las responsabilidades que correspondan”. 

Sessa agregó que “estamos analizando desde la APDH Córdoba la posibilidad de presentamos ante el Tribunal donde está radicada la causa a través de la figura de amicus curiae, instrumento legal que permite la participación ciudadana en la administración de justicia en aquellos casos en que ”resulte comprometido el interés público“; como así también de recurrir a otras figuras legales y/o fueros en que pudieran corresponder nuestra participación”.

Por su parte, el médico Medardo Ávila Vázquez, secretario general de APDH Córdoba detalló que “este fenómeno lo venimos trabajando hace tiempo, el mayor problema del lago San Roque es que está podrido, que científicamente se llama eutroficado; y según las analistas de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, está hiper eutroficado, con bancos enormes de algas cianófilas que producen toxinas”.

Ávila Vázquez explicó que “cuando mueren estas algas, se produce ese olor horrible parecido al Gamexane, que es producto de que las microcystinas salen de las células de las algas al agua y la contaminan. Esta agua contaminada con estas toxinas produce cáncer de hígado, hepatitis química, lesiones crónicas, inaparentes en el hígado, que no se ven; y los chicos comienzan a tener aumento de las enzimas hepáticas sin tener clínicas de hepatitis. Esta agua tiene que tener menos de 1 microgramo por litro, según recomendaciones de la OMS, y en el San Roque tenemos casi 2. La gravedad es tal, que por ejemplo, en las zonas de China donde el agua está eutroficada y la gente toma agua con microcystinas, las tasas de cáncer de hígado son las más altas del mundo; la gente se muere de cáncer de hígado por las microcystinas. En Córdoba tenemos agua con microcystinas, es altamente tóxica y eso es consecuencia de que en 20 años el Gobierno ha destruido la cuenca hídrica de Córdoba; y ahora quieren hacer una megaobra con coimas gigantescas para traer agua del Paraná, en un momento que el Paraná se está secando. Lo que urge es declarar la emergencia ecológica e hídrica en todo el valle de Punilla, parar el desarrollo inmobiliario; frenar los incendios, porque las microcystinas de hoy son consecuencia del incendio de hace dos años que arrasó con el bosque nativo de Punilla, algo de lo que el Gobierno de Córdoba es absolutamente responsable”.

La bióloga Adriana Arriaga de la Asamblea Ambientalista de Cosquín también respaldó la denuncia de la legisladora Echevarría: “La contaminación del lago San Roque que afecta la calidad del agua que toma gran parte de la población de la ciudad de Córdoba Capital es el resultado de la negligencia de las autoridades durante décadas; del desmanejo de todas las cuencas, acá no existe un Comité de Cuencas, y se vierten a los ríos y a las orillas del lago aguas grises y negras sin tratamiento o con escaso tratamiento”. 

Esta activista ambientalista sostuvo que “desde hace años los vecinos y las asambleas y ONG´s estamos pidiendo un trabajo integral de cuidado de las cuencas, la deforestación creciente también afecta la calidad de las aguas, porque afecta el mecanismo de captación de agua que alimenta las cuencas. Por otra parte tenemos una urbanización descontrolada que también afecta el medioambiente. Las asambleas de Punilla estamos muy preocupadas; esta obra de la autovía de Punilla que están empecinados en llevar adelante va a ser un atentado muy grande sobre las cuencas hídricas, tenemos que tocar algunos resortes para poner un freno y que se analice de manera integral cómo tenemos que manejarnos en este valle para que pueda seguir siendo sustentable”.

Christine Edward, integrante de la Mesa del Agua y Ambiente de La Granja, en las Sierras Chicas de Córdoba, le dijo a elDiarioAR que “el gobierno de Schiaretti envenena a los cordobeses con los agrotóxitos o con el agua contaminada, que es agua muerta, con toxinas. La Provincia realiza testeos de muy pocas sustancias en el agua de consumo. Nosotros desde la Mesa del Agua y Ambiente preguntamos hace un año, en abril de 2021 acerca de información fehaciente de la pureza del agua que van a traer con el acueducto desde La Puerta / Colonia Tirolesa hasta las Sierras Chicas y no nos dieron respuestas. Parece que los testeos que hacen son incompletos”.

La ambientalista de La Granja agregó que “lo mismo que sucede en el lago San Roque pasa en todas las cuencas; el Estado no controla la calidad del agua y del medioambiente, ni asegura su calidad para el consumo humano. En el caso del acueducto de las Sierras Chicas, el informe que presentó la Provincia fue un trabajo de baja calidad, con poco esfuerzo académico, quedando en evidencia a lo largo de sus 159 páginas que se utilizó la técnica del ”cortado y pegado“. El informe presentado por la Secretaría de Ambiente no posee Anexos y la Bibliografía se limita a cuatro trabajos de referencia, tres de los cuales son de los años ‘70. Así trabaja la Provincia cuidando la salud de los cordobeses, sin control y cortando y pegando informes de factibilidad de los proyectos; sin contar que alientan la destrucción del bosque nativo a través de la producción agropecuaria intensiva y con la especulación inmobiliaria”.

GM/CC