El juez federal de La Plata Alberto Recondo rechazó, hoy, el amparo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) presentado por excombatientes de la Guerra de Malvinas por la derogación de la Ley de Tierras. El magistrado también levantó la medida cautelar que impedía la aplicación de esa parte de la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, de modo que los capitales extranjeros quedarán habilitados a comprar terrenos aún en zonas fronterizas.

El Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata había denunciado que el DNU “afectarían intereses soberanos y de la comunidad”. Sin embargo, el juez consideró que “no surge de los argumentos vertidos por esta en su escrito de demanda ni de la prueba aportada, elementos que permitan concluir de manera clara que la norma en cuestión le cause agravio discernible respecto a una cuestión justiciable”.

Durante la feria judicial de enero, el juez platense Ernesto Kreplak había analizado la presentación judicial y decidió dictar una medida cautelar para suspender la aplicación del decreto. A su criterio, tal como sostuvo el CECIM, la medida gubernamental podía afectar el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas.

Con la reanudación de la actividad judicial, el expediente terminó a cargo de Recondo quien determinó, entonces, que “no hay caso o controversia, ya que la demandante sólo presenta un mero desacuerdo con la norma impugnada”. Para el magistrado no existe motivo para declarar inconstitucional esa parte del DNU.

ACM con información de agencias.

No debe haber una evidencia más palpable del fracaso de las políticas post-Convertibilidad que el renacimiento de las ideas que fueron hegemónicas bajo ese régimen y llevaron al estallido económico y social de 2001-02. Un ejemplo notable es el retorno de la más extrema ortodoxia económica que vuelve a plantear la dolarización de la economía argentina como salida a los múltiples problemas económicos del país.

Para esta gente, la moneda es sólo un instrumento que facilita los intercambios mercantiles y la acumulación de capital, en un sistema social comprendido como una mera agrupación de personas consideradas “libres” para celebrar contratos mercantiles. La moneda sería sólo un medio para facilitar el funcionamiento de los mercados y hacer efectivo los poderes asimétricos que allí se ejercen; les resulta indistinto si es oro, sal o una divisa emitida por un Estado extranjero.

Se equivocan. La historia demuestra que la moneda que emiten los Estados modernos, que es la que interesa, no surge de los intercambios mercantiles y no tiene funciones meramente instrumentales sino de la constitución de los Estados soberanos contemporáneos. La moneda representa y hace efectivo el acuerdo constitutivo de una Nación que decide organizarse políticamente. Para ello, en la Constitución Nacional la ciudadanía delega a la autoridad pública la potestad de construir un sistema nacional de pagos recíprocos, otorgando al Estado dos monopolios: el de la emisión monetaria y el de la recaudación tributaria.

La moneda que emiten los Bancos Centrales no es un mero instrumento para contratar, sino un elemento central para la organización y el funcionamiento de los Estados soberanos. La emisión monetaria debe entenderse como la “deuda original” que asume el Estado para con la ciudadanía y cuyo curso legal respalda el resto de los créditos y deudas recíprocos en el sistema social de pagos. Del mismo modo, el monopolio tributario es un “crédito original” que la ciudadanía le otorga al Estado para que pueda financiar las funciones necesarias para la convivencia, la integración social y el bienestar general. Todo el resto del sistema social de pagos, tanto privado como estatal, se construye sobre la confianza en que el Estado sea capaz de sostener tanto el valor de la moneda como de los tributos; de lo contrario se desmorona el andamiaje institucional previsto en la Constitución.

Una Nación que no puede ejercer soberanía monetaria pierde un elemento clave para la integración económica y social, permitiendo que el poder económico se independice de la autoridad pública e imponga su fuerza de mercado sobre la ciudadanía. Por eso es fundamental mantener la estabilidad monetaria y la justicia distributiva en la acción pública, porque de allí deriva la confianza ciudadana en la autoridad pública.

Entre otras cosas, esto obliga al gobierno de turno a respetar ciertas relaciones técnicas sólidas entre tributos y gastos, así como entre agregados monetarios, reservas, tipo de cambio etc. Los valores de esas reglas técnicas no son iguales para todos los Estados ni tampoco en todo momento. Así, Estados Unidos puede emitir moneda casi sin límites y tener una deuda pública altísima para financiar su gasto público o expandir el crédito, porque el dólar es el centro del sistema monetario internacional, se acepta como reserva de valor y el Estado norteamericano es políticamente poderoso. Argentina no puede porque su economía y su moneda son periféricas y su Estado muy débil en términos comparativos.

Pero esto no debe llevar a la simple y errónea conclusión de que, si Argentina adoptara el dólar como moneda, va a tener beneficios económicos y parecerse a EEUU. Si fuera tan sencillo muchos países en peores condiciones económicas y monetarias que Argentina lo hubieran hecho, y los pocos que lo hicieron no obtuvieron resultados positivos; peor, ahora les resulta casi imposible volver atrás. Las salidas milagrosas en materia económica y social no existen y siempre terminan en penurias para los más vulnerables.

Para entender esto sirve mirar lo que sucedió con la Convertibilidad. Este régimen monetario puso en claro que no se trata sólo de controlar la emisión monetaria. El Banco Central se transformó en una casa de cambios que emitía en relación con las reservas y con ello la oferta monetaria se volvió pasiva y dependiente de los flujos externos. Al mismo tiempo, el sector privado quedó liberado para crear crédito (incluso en dólares a partir de pesos). O sea, restringió el poder del Estado para emitir moneda, pero habilitó a los privados a crearla en un juego delirante de pesos depositados en cuentas nominadas en dólares (que luego derivaban en créditos también en dólares). 

Lejos de servir para la recuperación de la moneda nacional y eliminar las causas de la inflación, lo que hizo esta artimaña fue reprimir los precios locales creando un ambiente ficticio de estabilidad monetaria. Por un tiempo, esa fantasía se alimentó de la entrada de capitales especulativos y de la venta de patrimonio público. El régimen de Convertibilidad fue un modo de ejercer violencia monetaria sobre la sociedad, presionando para un ajuste brutal de precios relativos desconectados de la productividad, los recursos locales y la competitividad del país. Los más perjudicados fueron los salarios y el empleo, además del patrimonio público que se transfirió por mecanismos en gran medida corruptos.

Esta artimaña funcionó por un tiempo gracias a un ajuste productivo y distributivo brutal, y a un negocio financiero muy rentable. Cuando ya no fue posible seguir ingresando deuda y vendiendo patrimonio público, los capitales decidieron huir al extranjero y todo estalló para sufrimiento de la mayoría de la población y beneficio de una minoría poderosa. Lo que permitió recomponer el sistema social de pagos recíprocos en el país, con todas las críticas a las medidas adoptadas que se quiera hacer, fue la recuperación del control monetario por parte del Estado y no la eliminación de la moneda.

Esta experiencia debería enseñar que un Estado moderno, que quiera integrarse a la economía internacional ejerciendo su soberanía y defendiendo los intereses de su ciudadanía, debe cuidar la estabilidad monetaria sin ceder el monopolio estatal de emisión. La discusión entonces es cómo garantizar la estabilidad del peso y no como reemplazarlo. Y esto es un problema de malas políticas, pero no del poder de emisión monetaria del Estado.

Claro que es un problema la emisión descontrolada para financiar al Estado que no recauda suficientes tributos para pagar sus gastos, y que en parte explica la inflación. Pero la inflación no es sólo monetaria y fiscal, sino también tiene origen en la estructura productiva heterogénea, en la desigualdad distributiva, en la concentración de mercados, en los problemas de abastecimiento de los insumos de uso generalizado, en la falta de competitividad genuina, etc. Todo eso alimenta una economía donde se intercambia, se contrata y se decide en el corto plazo y esto presiona al alza de los precios. 

Estabilizar una moneda significa ampliar el horizonte para la toma de decisiones en todos los instrumentos mediante los cuales se concretan las relaciones económicas: los contratos, la moneda, los tributos, los precios que representan productividades relativas heterogéneas, etc. De paso: los precios no pueden congelarse, tienen que ser flexibles pero esa flexibilidad debe respetar las diferencias de productividad, competitividad, rentabilidades compatibles con las cadenas de valor, etc. Y sobre todo debe respetar la justicia distributiva para tener legitimidad.

Nada de esto resuelve la dolarización ¿Quién va a pensar en invertir en el largo plazo cuando el sistema de pagos depende de la entrada de moneda extranjera en un país sin autoridad monetaria nacional? La convertibilidad mostró que, ocultos detrás del velo del dólar, los precios se ajustan igual, según el poder de quienes controlan los mercados hasta que estallan por ser insostenibles. La dolarización lo que hace es eliminar toda posibilidad de hacer política económica y coloca a la economía nacional a expensas de los mercados financieros. 

Si lo que se quiere es sacarle presión a la emisión monetaria, hay que pensar dentro de la lógica de la soberanía nacional. Por ejemplo, puede ensayarse un sistema pluri-monetario nacional coordinado por el Banco Central. Esto es, monedas de circulación en ciertos ámbitos específicos con las debidas garantías públicas y con relaciones técnicas sólidas. Pero nunca reemplazar la moneda nacional. Por lo mismo, es el Banco Central el que debería emitir monedas digitales y regular su emisión en los mercados.

El único caso que sería admisible la entrega del monopolio de emisión monetaria del Estado argentino es si se constituyera una unidad política superior, como es la Unión Europea y el Banco Central Europeo. En este caso, se constituye otra unidad política y se otorga poder monetario (y sería bueno que también fiscal) para sostener la nueva autoridad. Pero es el poder político el que ejerce el monopolio de la emisión monetaria con instituciones adecuadas y no la cede al arbitrio del poder económico ni a un Estado foráneo. 

Para fortalecer la moneda nacional, se debería avanzar en la coordinación política, económica y monetaria con los países de América Latina, constituyendo una unidad política que pueda tener una moneda más fuerte. Quienes promueven la dolarización también quieren abolir esa posibilidad para siempre y alejar al país de cualquier posibilidad de acuerdo con socios que no sufren de delirios monetarios.

En fin, debido en gran medida a las frustraciones con los desatinos de los gobiernos de la post-Convertibilidad, han vuelto los responsables ideológicos y prácticos de aquella experiencia nefasta vuelven con nuevos ropajes al centro de la escena política y social del país. Su religión es la misma de entonces: pretenden eliminar la soberanía monetaria y con ello toda posibilidad para que, de allí en más, ningún gobierno pueda ejercer la soberanía nacional y promover la integración social. 

CC