En Argentina, casi cinco de cada diez chicos no tienen obra social ni prepaga. El sistema de salud público es su única cobertura médica. Son 3,6 millones de menores de 18 años. El porcentaje –45%– es el más alto registrado en toda la historia de la estadística.

El dato surge del informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC con datos del segundo semestre de 2025. En total, 10,3 millones de personas dependen únicamente del sistema de salud público. Dos años antes eran 9,5 millones. El incremento fue de 742.000 personas.

Según el informe, hay dos razones fundamentales que provocaron este aumento. Primero, el precio de las prepagas, que desde el decreto 70/2023 que desreguló el mercado, las cuotas aumentaron un 417%, mientras la inflación del mismo período fue del 293%. 

En segundo lugar, está la pérdida de empleo formal, ya que en los últimos dos años se perdieron 206.000 puestos de trabajo registrado, lo que implica que los trabajadores y sus familias quedan sin obra social. La tasa de desprotección laboral llegó al 44,9% de los ocupados –más de 6 millones de personas–, el nivel más alto que registra la serie.

La desigualdad de género en la salud

La pérdida de cobertura no fue pareja. El 59,8% de quienes quedaron sin obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia en estos dos años fueron mujeres –444.000 contra 298.000 varones–. En el segundo semestre de 2025, las mujeres pasaron a ser mayoría entre quienes dependen exclusivamente del sistema público: 5,18 millones frente a 5,11 millones de varones.

El mercado de medicamentos agrega otra dimensión. Mientras la facturación real de las farmacéuticas creció un 14% desde el cambio de gobierno, la venta de unidades cayó. En el tercer trimestre de 2025 se vendieron 5,4 millones de medicamentos menos que en el mismo trimestre de 2023. 

Por su parte, el ajuste en el consumo es más agudo en adultos mayores, el segmento que más medicación requiere. Además, la tasa de actividad de los mayores de 65 alcanzó un pico histórico para el cuarto trimestre de 2025: 16,89%, con un crecimiento especialmente marcado entre mujeres. Cada vez más adultos mayores salen a trabajar.

Aumento de la dependencia las guardias de las provincias

En Salta, la demanda en los hospitales públicos creció cerca del 75% en los últimos dos años, según el ministro de Salud provincial, Federico Mangione. Las guardias del Hospital San Bernardo y el Materno Infantil funcionan por encima de su capacidad; en días pico, la espera para una consulta pediátrica no urgente supera las seis horas. 

En Santiago del Estero, el secretario de Salud provincial Gustavo Sabalza contabilizó un incremento del 40%. “La gente hoy no puede pagar un coseguro”, dijo Sabalza. “Y la mayoría de las obras sociales no cubren el 100% en nada. La gente acude al hospital público porque si no, no tendría acceso a la salud”.

En la provincia de Buenos Aires, el 50% de las internaciones en hospitales públicos corresponde a personas con obra social –muchas de PAMI– que ya no encuentran cobertura en el sector privado, según el ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak. Al mismo tiempo, las transferencias nacionales en medicamentos, vacunas e insumos cayeron un 62%.

El patrón se repite en provincia tras provincia. Personas con obra social que migraron al sistema público porque sus coberturas ya no responden o porque no pueden pagar las prepagas. 

La crisis de los hospitales de la UBA

Mientras crece la presión sobre el sistema público, los hospitales que lo sostienen enfrentan una crisis de financiamiento. Los seis centros de salud dependientes de la Universidad de Buenos Aires –el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel Roffo, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, el Instituto de Tisioneumonología Vaccarezza, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria– atienden más de 700.000 pacientes por año. 

El 5 de mayo, sus directores dieron una conferencia de prensa frente al Clínicas y advirtieron que si el Gobierno no gira los fondos previstos en el Presupuesto 2026, en 45 días los hospitales podrían dejar de funcionar.

El Presupuesto 2026 incluyó una partida de $79.763 millones para hospitales universitarios de todo el país. Según la UBA, en lo que va del año no se ejecutó ningún monto de esa partida. La deuda acumulada en el primer cuatrimestre ronda los $20.000 millones.

“En un mes y medio no sabemos si vamos a poder seguir prestando la atención a los pacientes”, dijo Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas. En el Instituto Roffo, que atiende más de 110.000 consultas oncológicas por año, el acelerador lineal para tratamientos de radioterapia no funciona correctamente. “La falta presupuestaria es muy importante”, señaló su directora, Roxana Aguila. “Todo esto, si en un mes y medio no recibimos la partida, se va a poner en peligro.”

El Gobierno respondió que está al día con todas las transferencias previstas. Según el Ministerio de Capital Humano, el conflicto gira en torno a una partida adicional cuya distribución entre todas las universidades del país aún no se definió. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó que la UBA reclame el 94,5% de ese fondo, lo que dejaría menos de $4.000 millones para el resto de las universidades con hospitales. 

El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, respondió que el Gobierno “no giró un solo peso” a ninguna universidad con hospital. Mientras la UBA analiza acciones judiciales, mañana habrá una nueva marcha federal universitaria.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes que ninguno de los 117 médicos que rindieron nuevamente el Examen Único de Residencias pudo revalidar la nota que había obtenido en la primera evaluación, realizada el 1 de julio y que se encuentra bajo sospecha de fraude.

Adorni calificó la diferencia entre los resultados originales y los de la nueva evaluación como “absolutamente escandalosa”, lo que, según el Gobierno, “no hace más que confirmar lo que defendimos desde el primer día: en la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”.

Sospechas de fraude y un operativo especial

La decisión de tomar un segundo examen se originó tras detectarse resultados anómalos y sospechas de fraude en la primera instancia.

Uno de los postulantes ecuatorianos que rindió por segunda vez admitió a la salida que “el examen fue más difícil” y que creía que iba a sacar “menos nota que en el anterior”, un presagio de lo que finalmente ocurrió con todos los que se presentaron.

Con información de la agencia NA

El topo que vino a destruir el Estado desde adentro encuentra en la salud de la población uno de sus capítulos más crueles, anticientíficos y mercantilistas. El propio gobierno nacional está acelerando la destrucción del sistema de salud argentino. La pregunta es: ¿la salud como pilar de la democracia o cartera de negocios?

El desarrollo de la seguridad social y la salud pública fueron pilares en los Estados de Bienestar y las democracias que permitieron en los últimos cien años un crecimiento sustancial de la expectativa y la calidad de vida en nuestros países. El proyecto anarcocapitalista busca terminar con el Estado por interpretarlo un escollo en sus negocios, y para ello necesita también erradicar las nociones de ciudadanía y derechos.

Para la ejecución del plan de vaciamiento del sistema público y ruptura de su lógica solidaria dispusieron en el Ministerio de Salud a Mario Iván Lugones, un médico sin experiencia en la gestión pública que desarrolló su carrera en el sanatorio privado Güemes. Y por otro lado, en la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que debería controlar a las prepagas y obras sociales, definieron a un ex gerente de OSDE, Gabriel Gonzalo Oriolo. Son los lobos cuidando a las ovejas, ya es un cliché de los gobiernos de corporaciones utilizar la administración pública para facilitar negocios.

Recortes y despidos: una política de ajuste letal

En las últimas semanas el gobierno de Milei despidió a 1.400 trabajadores del sector salud, impactando de lleno en el funcionamiento de instituciones como el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, en un país donde 1 de cada 4 argentinos padece alguna problemática de salud mental, como ansiedad o consumos problemáticos. La Dirección de VIH sufrió una poda del 40% de sus empleados, afectando a una población donde el 65% de las personas viviendo con VIH dependen del sistema público para acceder a su medicación. También se ha puesto en riesgo el control de enfermedades infecciosas como el sarampión, ya que el 30% de la Dirección de Vacunas fue despedido.

La política de medicamentos: la salud como privilegio

El ajuste en salud tiene otra faceta brutal en el acceso a medicamentos. PAMI recortó la cobertura del 100% de una lista de fármacos esenciales, dejando a millones de jubilados en una situación crítica. El programa Remediar, que distribuía medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos y anticonceptivos en los centros de salud del país, también sufrió recortes. A esto se suma la desregulación de los precios de los medicamento, por ejemplo el ibuprofeno durante el año pasado aumentó un 456%, el enalapril para la hipertensión un 233% o la levotiroxina para el hipotiroidismo un 283% mientras que la jubilación mínima aumentó un 124%. El resultado es, para sorpresa de nadie, menos derechos pero con negocios asegurados para las farmacéuticas, ya que los aumentos de precios les permitieron aun con caída del consumo tener un margen de ganancias mayor por cada comprimido vendido durante el 2024.

Obras sociales: la ruptura del sistema solidario

El Gobierno profundiza el “descreme” del sistema, una estrategia ya vista en los '90, al permitir que los afiliados de mayores recursos (jóvenes y sanos) transfieran sus aportes a prepagas, debilitando así el financiamiento de las obras sociales. Hoy el 40% de la población utiliza exclusivamente el sistema público, un 50% depende de obras sociales (sindicales, provinciales o PAMI) y solo el 10% accede a una empresa de medicina privada como OSDE o Swiss Medical. Estos últimos que representan el sector más concentrado de la medicina privada son los únicos beneficiados con las actuales políticas, dejando al resto del sistema de salud cada vez más precarizado.

La reciente decisión de Milei de retirar a Argentina de la OMS es el broche de oro de una política sanitaria que rechaza la evidencia científica y se alinea con posturas conspirativas. Al igual que Trump en Estados Unidos, Milei adopta una agenda negacionista que pone en riesgo la salud pública, desmantelando mecanismos de cooperación internacional esenciales en la prevención y el tratamiento de enfermedades.

El ajuste como transferencia de ingresos

Lo que llamamos recortes en realidad son transferencias de ingresos. El dinero que se ahorra en medicamentos, profesionales y hospitales se usa para bajar impuestos a los bienes personales, habilitar un blanqueo de capitales con beneficios desmedidos, reducir impuestos a los autos de lujo y disminuir retenciones a los sectores más concentrados del agro. Mientras los más pobres y enfermos quedan desamparados, el capital financiero especulativo goza de condiciones inmejorables para el carry trade.

Quedan tres años de este gobierno y la pregunta que sobrevuela es qué límites podremos trazar los trabajadores de la salud y los usuarios ante tanta deshumanización. Seamos claros: los principales afectados son los jubilados, los pobres y los enfermos. La defensa del derecho a la salud es una batalla que la ciudadanía puede y debe dar, porque en ello se juega nada menos que la vida misma.

La crisis nos obliga a reflexionar: ¿vamos a dejar que nuestras enfermedades sean la materia prima del negocio de unas pocas empresas de medicina y farmacéuticas o vamos a poner en el centro a las personas y el cuidado de la vida?. Los sistemas de salud pueden y deben mejorarse, pero nada se arregla destruyéndolos. Un sistema nacional integrado de salud, más justo, federal y solidario, no solo es posible: es urgente.

Los cardiólogos intervencionistas llevarán a cabo una medida de fuerza a partir de este miércoles y por 48 horas durante las cuales no se se realizará la colocación de stents ni los procesos de angioplastia.

La citada medida es debido a los pedidos del sector de la cardiología intervencionista por los bajos honorarios, insumos de alto costo o la falta de ellos.

Además, los médicos reclaman una respuesta contundente por parte de las prepagas, de las obras sociales y del PAMI, mientras que le pedirán al Gobierno Nacional que “intervenga urgentemente convocando al diálogo” para solucionar este conflicto.

De todas maneras, los cardiólogos resolvieron que en esos días solo se atenderán las urgencias de mayor importancia para no dejar a los pacientes en estado gravísimos en riesgo de muerte.

Por otro lado, el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) declaró el estado de emergencia en la especialidad, advirtiendo que el sector atraviesa una “tormenta perfecta”, que es la combinación de magros honorarios profesionales por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial de los costos para la realización de las prácticas médicas, como así también de los insumos en los que cuenta el material de contraste y los stents.

Esta situación ya viene provocando que obras sociales y prepagas dilaten cada vez más, el tiempo de las entregas de los mismos, lo que somete a los pacientes a un riesgo mayor por la dilación en el tiempo de su tratamiento.

Lo que preocupa es que se pueda incrementar la mortalidad cardiovascular debido a que la crisis actual conduce inexorablemente al colapso de la especialidad.

En este momento, los insumos, aunque estén disponibles, no podrán utilizarse debido al quebranto de la especialidad que responde a múltiples factores entre los que podrían destacarse la brecha entre el costo de los insumos, mantenimiento de los equipos, las internaciones y los valores que pagan los financiadores.

Qué dicen los cardiólogos intervencionistas

El CACI declaró el estado de emergencia en la especialidad y advirtió que el sector atraviesa una “tormenta perfecta”, que es “la combinación de honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial del costo de los insumos que amenazan la realización de una práctica médica segura”.

“Esta situación ya viene provocando que obras sociales y prepagas dilaten cada vez más en el tiempo la entrega de los insumos, lo que somete a los pacientes a un riesgo mayor por la demora en el tiempo a su tratamiento”, expresan los profesionales de la salud en un comunicado publicado en julio pasado.

Los médicos advirtieron también que con sus prácticas “cada año en la Argentina evitan 200.000 muertes aproximadamente” y, que de persistir la actual situación “se incrementará la mortalidad en el país por esta enfermedad siendo la primera causa de muerte en la Argentina y el mundo. Tal como ocurrió en la pandemia”.

En el caso del infarto de miocardio “existe un tratamiento alternativo a la colocación del stent con drogas más costosas que el stent y menos efectivas. Con el agravante que también se requerirán a posteriori angioplastias con colocación de stents para completar el tratamiento”, detallaron.

Además, los cardiólogos intervencionistas dejaron claro que, de no haber una respuesta “por parte de las autoridades de las prepagas, las obras sociales y del gobierno respecto de esto, la medida de fuerza se incrementará y llegará a un punto en que habrá un deterioro irreversible de la especialidad”.

Con información de agencias.

IG

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) advirtió que si a los médicos les restituyen el impuesto a las ganancias y les eliminan las exenciones no les convendrá hacer horas extras, y las guardias en hospitales bonaerenses “van a quedar vacías”.

Más allá de los que se pueda definir en Tribunales y de la posición política adoptada por los gremios, el sistema de salud quedó en el medio de las turbulencias tras la sanción del paquete fiscal impulsado por el oficialismo.

El presidente del gremio, Pablo Maciel, explicó que “la reforma sancionada el jueves reincorpora alrededor de 1 millón de trabajadores al régimen de ganancias”.

“En lo que respecta al Sector Salud, suprime las exenciones vigentes que los trabajadores de la salud habíamos logrado para que las guardias y horas extras no sean contabilizadas para dicho tributo”, añadió.

El otro foco de conflicto se encendió asimismo en el hospital Posadas, cuando el fin de semana se supo que fueron cancelados los contratos de 88 profesionales por incumplimiento de horarios, el manejo de horas extras, “fichadas irregulares” y “ausentismo injustificado”. Se estimó que sumaban 3 millones de pesos mensuales.

Una asamblea en el hall del nosocomio, con la participación de CICOP, exigió la reincorporación inmediata y un plan de lucha, con un paro de 24 horas el jueves 4 de julio, con ronda en la puerta del hospital a las 8:30 y posterior asamblea.

Impuesto a las ganancias en guardias

Los hospitales de la provincia de Buenos Aires fueron un hervidero luego de la reforma aprobada en el paquete fiscal, que implica que los trabajadores en relación de dependencia que cobren más de $1.800.000 de sueldo bruto ($1.494.000 netos), en el caso de los solteros, o más de $2.300.000 brutos ($1.781.000 netos), en el caso de los casados, deberán pagar el Impuesto a las Ganancias.

Pero principalmente la mayor resistencia de los profesionales de la salud fue a la eliminación de la exención del pago de Ganancias de la que gozaban “médicos, auxiliares y técnicos de la salud en concepto de guardias obligatorias”.

Se había logrado en mayo de 2023, cuando se oficializó la modificación a la Ley 27.778 del Impuesto a las Ganancias para eximir del pago del tributo a las guardias médicas. Fue a través del Decreto 260/2023, justamente para incentivar la cobertura de esas instancias de atención de emergencias.

Las quejas se hicieron sentir en el interior. La secretaria general Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), Estela Giménez, señaló en Córdoba que “los médicos tienen una cantidad de guardias, y en época de contingencia se les pide hacer alguna más por falta de gente o porque la demanda es muy grande”.

Dijo en ese sentido que será “preferible no hacerlo antes que pagar Ganancias”.

Agregó que “nos pasa a las enfermeras que trabajamos a la noche y con mucha antigüedad: hasta octubre pagué Ganancias y ahora voy a volver a pagar y me va a convenir no hacer guardias extras. Porque se me va a ir más plata en lo que me va a cobrar Ganancias que en lo que me paguen por esas guardias”.

Una profesional de la salud del ámbito porteño acotó que “CABA está pagando hace tiempo los reemplazos de guardia la mitad que las clínicas. Desde que sacaron Ganancias para las guardias, los mismos que ya tenemos un cargo estábamos haciendo reemplazos. Con Ganancias no conviene. Van a quedar las guardias vacías” .

Marciel puso de manifiesto que están “ante un enorme retroceso que deja al sistema de salud en una situación de mayor vulnerabilidad” y destacó que “en los efectores públicos de salud la demanda es permanente y creciente como consecuencia del aumento de las prepagas y el desfinanciamiento de las obras sociales”.

Sin rodeos, recordó: “Como lo venimos advirtiendo, nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos”, al tiempo que alertó que “serán más frecuentes los servicios de emergencia con planteles incompletos, lo que terminará quebrantando el derecho al acceso a la salud de la población”.

Niveles de convenio

A simple vista, las tablas salariales que rigen en la salud pública no llegan a la cifra a partir de la cual se retendrán ganancias.

Por ejemplo, el sueldo estimado para un médico de guardia es $ 94.500 por mes, según mide Glassdor, mientras un profesional de la salud ingresante con 36 horas de guardia cobraba en abril $714.317.

De acuerdo con las últimas escalas de convenio, el sueldo promedio de médico es $ 200.833 por mes.

La remuneración promedio de efectivo adicional es de $ 50.833, con un rango de entre $ 655 mil y $ 106.667, estimaciones que se basan en 559 sueldos enviados anónimamente a Glassdoor por empleados con el cargo de médico en Argentina.

La situación del hospital Posadas, según el Gobierno

“Las 88 no renovaciones de contratos determinadas en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas se fundamentan en graves incumplimientos detectados a partir del control de asistencia por sistema biométrico realizado por la Dirección General de Recursos Humanos.

Entre ellos se encuentran incumplimientos de horario, ausentismo laboral elevado, incumplimiento de las tareas asignadas, entre otros“, se afirmó desde el Ministerio a cargo de Mario Russo.

En el estudio, se informa que “la jornada laboral conforme convenios colectivos de trabajo 1133/09 y 2098/08 es de 8 horas diarias, 160 horas semanales”, pero “se encontraron casos donde el cumplimiento horario no llega a 4 horas por día”. Además, agrega que había agentes que “cobraban más de $3.000.000 mensuales, de los cuales $2.300.000 los percibían en concepto de horas extra expresamente autorizadas por la anterior Dirección”.

Los profesionales de la salud niegan estas denuncias, exigen la reincorporación de los despedidos y tras una asamblea este martes, desde la gremial anunciaron un paro de 24 horas para este jueves.

Los despidos involucran servicios como fisiatría, emergencias, neumonología, clínica, kinesiología, enfermería, biología molecular aplicada al tratamiento del cáncer, radiología, hemoterapia y administración, y que dejan a miles de pacientes del oeste del Conurbano sin atención.

La reacción gremial de la salud, al ser sancionado el paquete de reformas en el Congreso, enturbió las mejoras que se habían alcanzado en 40 de los 58 nosocomios que integran el Plan Integral de Guardias.

La última, en el Hospital Dra.Cecilia Grierson, de Guernica, en Presidente Perón.

En el interior de la provincia, se refaccionaron en los hospitales de Las Flores, Monte y San Nicolás.

Con las 40 guardias recuperadas a través del Plan del Ministerio de Salud bonaerense, con una inversión total es de 2.500 millones de pesos, dos millones los bonaerenses accedían a una mejor atención, e inclusive mayor seguridad en 58 hospitales, de los cuales 22 son interzonales.

Con información de NA.

IG

Médicos residentes dependientes del Ministerio de Salud de la Nación realizarán este jueves un paro de 24 horas y movilización como medida de fuerza “frente al deterioro significativo” de su salario, anunciaron en un comunicado.

“Como es de público conocimiento, la sociedad argentina se encuentra en un contexto de crisis económica, con una pérdida de poder adquisitivo sustantiva de los trabajadores”, señalaron sobre las causas de la convocatoria y explicaron: “En nuestro caso, hemos tenido una disminución del 40% de nuestro sueldo debido a la inflación acumulada de los últimos 7 meses y sin recomposición salarial. Los y las residentes, de diversas especialidades llevamos a cabo extenuantes jornadas laborales que ascienden hasta las 12 horas diarias, con guardias de 12 y 24 horas, realizando tareas fuera de nuestras competencias laborales”.

“Nuestro salario neto promedio se encuentra hoy por debajo de la canasta básica familiar, siendo el más bajo en comparación al de otras jurisdicciones. Es por ello que exigimos recomposición salarial y recategorización de todos nuestros compañeros y compañeras. Hemos intentado mantener una vía de diálogo con el Ministerio de Salud de la Nación pero seguimos sin obtener respuestas a nuestros reclamos”, agregaron.

Por otro lado se sumaron “al repudio frente al despido sin causa de trabajadores del hospital Posadas en áreas esenciales que comprometen el acceso a la salud para miles de personas” y exigieron “su inmediata reincorporación”.

“Los y las residentes de salud somos profesionales en formación y continua evaluación que prestamos servicios fundamentales en organismos públicos de todo el país. Nuestro trabajo es sustancial para el funcionamiento del sistema sanitario argentino. Nos encontramos en estado de alerta y movilización en defensa de la salud pública y mejores condiciones laborales”, cerraron.

MM

España afronta un vacío de residentes de medicina para cubrir la especialidad de médicos de familia. Según los últimos datos oficiales, este año no fue posible cubrir 246 plazas disponibles de médicos de Atención Primaria que se quedan sin dueño frente a las 131 desiertas en 2023 tras la denominada “repesca” de última hora.

Con esa “repesca”, un llamado extraordinario del Ministerio de Sanidad de España, se buscó cubrir las llamadas plazas MIR para Médico Interno Residente. Con ese llamado se logró adjudicar 227 puestos que estaban libres. 213, la mayoría, pertenecen a la especialidad de Medicina de Familia; 12 a Medicina Preventiva y Salud Pública y dos a Medicina del Trabajo.

La convocatoria ha aliviado el elevado número de vacantes pero el resultado sigue siendo récord: 246 plazas continúan vacantes para la Atención Primaria.

La especialidad de Medicina de Familia es la más numerosa en número de plazas. Este año ofertaba 2.492, de las cuales se han cubierto el 90%. Es decir, una de cada diez de las ofertadas se queda sin médico o médica en formación. A corto plazo esta situación deja a los centros de salud sin aprendices, pero a medio, es decir en los próximos cinco años, impacta sobre el relevo generacional pendiente en la sanidad, resalta María José Gamero, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Son 246 especialistas nuevos que nunca existirán porque los recursos del sistema para formarlos no se van a utilizar.

A la sesión de reparto de estas plazas fueron convocadas 3.460 personas, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad. De ellas ,tramitaron su solicitud solo 250, el 7% de las que estaban llamadas. La mayoría, 228, pertenecen al cupo de médicos extracomunitarios.

Vacantes en 10 comunidades

Las plazas desiertas están distribuidas por diez comunidades autónomas. El informe de Sanidad detalla puestos sin cubrir en Andalucía (39), Aragón (17), Castilla y León (47), Cataluña (22), Extremadura (49), Galicia (42), Illes Balears (10), La Rioja (9), Navarra (7) y Asturias (4). Entre los puntos más gravemente afectados está Miranda de Ebro, que ofertaba 11 plazas y no adjudicó ninguna. O Soria, con 11 vacantes de las 15 ofertadas.

“Si hacemos lo mismo, lo normal es que tengamos el mismo resultado. O peor, como ha pasado”, criticaba la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), que tiene la sensación de que lo que se examina cada año “es la especialidad”. “No es justa esa tensión porque esto no es el fracaso de la Medicina de Familia sino del sistema sanitario y distributivo para el acceso a las diferentes especialidades”, asegura Pilar Rodríguez Ledo.

Las sociedades médicas que agrupan a los especialistas de esta rama, ponen el acento en que 2.246 personas optaron por la Medicina de Familia y Comunitaria frente a las 508 que eligieron Pediatría o las 124 cuya elección fue Dermatología. La diferencia de oferta respecto a otras especialidades es abismal porque el sistema descansa sobre la base de Atención Primaria; sobre los centros de salud y consultorios diseminados a lo largo y ancho del territorio.

Con esta convocatoria extraordinaria se da por cerrado el MIR 2024, que concluyó con la adjudicación de 8.522 plazas, el 97% de las ofertadas. 8.522 profesionales comenzarán a partir de mayo su formación de cinco años en hospitales y centros de salud de toda España.

Los médicos deberán consignar el nombre genérico o denominación común internacional en la receta, aunque también podrán sugerir una marca comercial que el farmacéutico podrá sustituir por otra de menor precio a pedido del consumidor, según estableció el Gobierno a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, al tiempo que definió que la venta libre de medicamentos en establecimientos no habilitados como farmacias estará limitada a los antiácidos y analgésicos.

Con esta medida, publicada hoy en el Boletín Oficial mediante el decreto 63/2024, el Poder Ejecutivo avanza en la reglamentación de los artículos concernientes al área de salud, vinculados a la prescripción de medicamentos y su comercialización que contiene el DNU 70/2023 firmado en diciembre último.

Según indicó el Ministerio de Salud, en esta nueva norma “se definen los alcances del primer decreto reglamentario, estableciendo medidas complementarias y aclaratorias para su mejor aplicación, garantizando las condiciones de seguridad sanitaria”.

Estas medidas disponen el principio rector de facilitar la utilización de genéricos, las condiciones que facultan a los profesionales a prescribir especialidades medicinales bajo un sistema electrónico, así como para la comercialización de aquellas de venta libre fuera de farmacias, y el despacho de recetas por parte de las droguerías habilitadas.

Según detallaron fuentes de la cartera sanitaria, “en esta dirección, y como resultado del diálogo con los distintos sectores, se avanzó en la definición de las especificaciones sobre la prescripción de medicamentos y su comercialización”.

Los cambios

Según el nuevo decreto, los profesionales de la salud facultados a prescribir especialidades medicinales deberán consignar el nombre genérico o denominación común internacional del medicamento en la receta y podrán sugerir una marca comercial, mientras que el farmacéutico “tendrá la obligación, a pedido del consumidor, de sustituir la misma por una especialidad medicinal de menor precio que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades que el prescripto”.

“El farmacéutico, debidamente autorizado por la autoridad competente, es el único responsable y capacitado para la debida dispensa de especialidades medicinales que requieren recetas, como así también para su sustitución”, agrega la norma.

Asimismo, el sistema de receta electrónica deberá devolver al profesional actuante la información, en caso de sustitución en farmacia, para preservar un adecuado seguimiento del tratamiento clínico del paciente.

En cuanto al expendiendo de medicamentos en establecimientos que no sean habilitados como farmacias, que había generado reclamos por parte del sector tras la publicación del DNU 70/2023, el nuevo decreto especifica que la comercialización de medicamentos de condición de expendio de venta libre “estará limitada a los antiácidos y analgésicos”.

A tales efectos, y con carácter previo a la autorización de la autoridad sanitaria correspondiente, dichos establecimientos deberán presentar la documentación que acredite su derecho sobre el inmueble, de acuerdo con la legislación vigente, y una póliza de seguro que cubra riesgos de venta de productos farmacéuticos por una suma asegurada mínima equivalente a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos, vitales y móviles.

También, contar con un espacio para almacenar las especialidades medicinales, separado e independiente de otros productos comercializados por el establecimiento, resguardado bajo llave y que reúna las condiciones de higiene, seguridad, limpieza, amplitud, luz y ventilación adecuadas conforme las especificidades que determine la autoridad de aplicación.

Por otra parte, los medicamentos de venta libre en establecimientos que no sean farmacias deberán encontrarse de modo tal que el público no pueda acceder directamente a las especialidades medicinales y fuera del alcance de los niños, debiendo ser entregados por un dependiente del establecimiento.

En tanto, la temperatura máxima del establecimiento no podrá superar los 24 grados centígrados.

El decreto publicado hoy añade que se encuentra prohibida la comercialización de las especialidades medicinales a menores de 18 años y que queda prohibido el fraccionamiento del envase primario y secundario en todos los casos.

Según el nuevo decreto, la autoridad competente podrá establecer por vía reglamentaria otros requisitos para asegurar que las especialidades medicinales indicadas en el primer párrafo conserven inalteradas sus propiedades fisicoquímicas.

En tanto, las droguerías podrán despachar únicamente al público recetas en las que se prescriba exclusivamente medicamentos oncológicos o los de tratamientos especiales listados por la autoridad de aplicación. Así, quedará excluida de este canal la comercialización de cualquier otra especialidad medicinal.

Finalmente, en el artículo 5 del decreto se indica que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) podrá incorporar otros ingredientes farmacéuticos activos (IFA), como monodroga o como asociación o combinación a dosis fija para la realización de estudios de bioequivalencia/biodisponibilidad, así como establecer excepciones sobre la base de la evidencia científica y/o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

NB con información de agencia Télam

La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FEPROSA) rechazó hoy el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la desregulación económica del Gobierno nacional por considerar que beneficia a la medicina prepaga en detrimento de la salud pública. Según indicó la titular de la entidad, María Boriotti, esto perjudica a los argentinos dado que “el 90% no se atiende en una prepaga y más de 20 millones tiene Cobertura Pública Exclusiva (CPE) en los 1.700 hospitales y 6 mil unidades sanitarias”.

El 80% de la financiación del sistema público está a cargo de las provincias y los municipios ─65% y 15% respectivamente─ mientras que el 20% restante corresponde al Gobierno nacional. De este modo, la retracción del volumen de recursos coparticipables sumado al congelamiento de las transferencias nacionales en niveles de 2023 ─lo que representa una devaluación del 140% para el presupuesto─ impactará directamente en el sistema público.

En este sentido, la también jefa del Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad de Santa Fe (SIPRUS) destacó que, pese a los problemas de financiamiento, la productividad del sistema de salud público creció en los últimos años. “El 70% de los usuarios del sistema público es pobre y no solo tiene CPE sino que muchos no tienen cobertura de seguridad social. Este sistema público estatal está creciendo en productividad a pesar de su crónica crisis de financiamiento. En 2013 se realizaron 110 millones de consultas ambulatorias y, en 2019, 150 millones”, señaló Boriotti.

Sin embargo, según evaluó, el continuo recorte de fondos para este sistema podría afectar los programas de vacunación, salud reproductiva, SIDA tuberculosis, tratamientos oncológicos, entre otros. “El descreme programado de la cartera de las obras sociales y la caída del salario real impactará de lleno en el nivel de prestacional de la seguridad social, lo que significará que la rueda de auxilio ─siempre fue el sector público─ deberá funcionar el doble y sin recursos”, explicó.

La dirigente reclamó que, en este contexto, las prepagas sólo absorberán a los usuarios de salarios más altos y “deglutirán a las prepagas pequeñas” de modo que se concentrará aún más la prestación del servicio de salud. “El complejo médico industrial financiador y prestador será el gran ganador y los usuarios del sector público ─trabajadores en blanco de ingresos medios y bajos y los jubilados─ serán los perdedores”, puntualizó. También se verán perjudicados medio millón de trabajadores de la salud pública.

ACM con información de agencias.

Unas 33 asociaciones y sociedades médicas de diversas especialidades, incluidas las de traumatología, obstetricia y cirugía, anunciaron este jueves por una solicitada que sus integrantes comenzarán a cobrar $6.000 por consulta. Otras rechazaron sumarse a la medida. Por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría. En la Unión Argentina de la Salud (UAS), que reúne a prepagas, clínicas e institutos de diagnóstico, explican que por ahora sólo una minoría de los médicos está cobrando ese bono, sobre todo en el interior, y cuentan que la mayoría de las prepagas lo reintegran, siempre y cuando se presente la factura. Por ejemplo, Swiss Medica, Galeno y Medifé lo retornan, pero OSDE no.

En la UAS señalan que el atraso de los aranceles de las prepagas comenzó en 2020, cuando el Gobierno admitió un alza del 10% pese a la inflación superior al 30%, continuó en los últimos años y desde entonces se vienen desactualizando las remuneraciones que las prepagas abonan a los médicos. Históricamente, les pagaban el equivalente a medio tanque de nafta. Ahora llegan a un cuarto, unos $ 3.500. Las prepagas reconocen que los honorarios médicos caen y lo atribuyen a un “fuerte desfinanciamiento”. Citan un trabajo encargado a la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, que indica que en los últimos 12 meses las cuotas de las prepagas subieron 98%; las de los afiliados con menos ingresos que acceden a un tope en el aumento, 84%; los medicamentos se encarecieron entre 144% y 156%, según quien lo media; y los salarios de la salud privada, 125%.

En las prepagas reconocen que les pagan a los médicos 60 días después del turno, entre papeleo lógico y retrasos por el desfinanciamiento. La demora daña el bolsillo de los profesionales en tiempos en que la inflación salta al 12% mensual.

Por contrato con las prepagas, los médicos no pueden cobrar adicionales a los afiliados, salvo a los que tienen planes con copagos. Pero en el contexto actual las empresas de medicina privada están tolerando que los profesionales de su cartilla pidan el aporte, no los dan de baja. “Tienen razón y en este marco es imposible que las prepagas y obras sociales pueden resolverles el problema. Igualmente, algunos médicos, la minoría, cobran, sobre todo en el interior, y otros no. Y la mayoría de las prepapas va a devolver el 100% de la plata al socio”, sostiene un alto directivo de la UAS.

elDiarioAR consultó a 12 médicos que atienden por prepagas y obras sociales y cinco de ellos cobran copago y siete no. Todos los interrogados en el interior, en provincias como Santa Fe, Mendoza y Misiones, piden paga extra a sus pacientes. En cambio, en las clínicas no están exigiendo complementos. El Hospital Austral había anunciado que lo haría, pero a los pocos días dejó de cobrarlo. Fuentes del sector comentan que el presidente de la UAS y dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, llamó al Austral para advertirle que si cobraban lo iba a quitar de la cartilla de su prepaga.

Por su parte, Ana María Salvati, presidenta de la Fundación Cardiológica Argentina, defendió la decisión de cobrar un bono. En declaraciones a Radio con Vos, dijo: “No me cabe duda que a la gente esto no le cae bien y no crea que no los comprendemos, pero también, las sociedades científicas tenemos que proteger a todos los miembros de la comunidad médica porque los honorarios se han ido pauperizando”. También aclaró que los médicos tienen la obligación de entregar una factura para que los pacientes puedan hacer el reclamo en sus prepagas y pedir un reintegro.

AR/MG

Más de 30 entidades que congregan a médicos de distintas especialidades anunciaron que comenzarán a cobrar un copago o bono adicional por atender a pacientes de prepagas y obras sociales, y que lo ajustarán cada dos meses.

“Hoy, los médicos decimos ¡basta! Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo”, advirtieron.

Ese adicional, que representará un dolor de cabeza extra para millones de argentinos, podría tener un piso de 6.000 pesos por consulta.

La decisión la comunicaron 33 sociedades y federaciones médicas de distintas especialidades de todo el país, con seis más que se solidarizaron.

Lo llaman “bono complementario no reintegrable”, que deberán abonar los pacientes para que los profesionales puedan llegar al piso de 6.000 pesos por consulta que, según reclaman, no estarían alcanzando.

El anuncio lo hicieron a través de un comunicado enmarcado en el “Día de la Sanidad”.

“Este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”, alertaron.

“La consulta médica es un acto fundamental en el que atendemos las necesidades de nuestros pacientes, diagnosticamos enfermedades y trabajamos en su recuperación. También es el acto mediante el cual percibimos un honorario profesional que nos permite vivir dignamente”, sigue el documento.

“Tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo”, argumentaron.

Además, advirtieron que “en los últimos años, el valor de la consulta médica ha experimentado una drástica caída, situándose como uno de los más bajos de la región”, al tiempo que explicaron que a esto se sumó “el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses”, lo cual, advierten, es “insostenible para los profesionales de la salud con el alto nivel inflacionario existente”.

Asimismo, dijeron que “a partir de este momento el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan”.

De acuerdo al comunicado, “para seguir manteniendo la calidad y excelencia en la atención”, implementarán a partir de la presente, un “valor ético mínimo de la consulta médica, y el ´honorario medico ético mínimo´ al que hemos arribado para mantener un piso arancelario federal digno es de 6.000 pesos”.

“La diferencia entre lo que percibamos del sistema (gerenciadores, obras sociales, prepagos, sanatorios, clínicas) como valor de consulta y dicho ´honorario médico ético mínimo´, deberá ser abonado por el paciente en la consulta”, señalaron.

Ese valor, anticiparon, “será ajustable bimestralmente teniendo como referencia el índice inflacionario en todo el territorio nacional”.

“No es un coseguro. No es un adicional. No es un copago. Dicha diferencia es un bono complementario no reintegrable”, aseguraron, lo que sugiere que tampoco pretenden facturarlo.

El texto lleva las adhesiones de 33 entidades, como la Asociación Argentina de Cirugía, la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, la Sociedad Argentina de Cardiología, la federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Argentina de Urología y la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Además, otras seis entidades, entre las que se cuentan el Consejo Argentino de Oftalmología y la Federación Argentina de Cardiología, también expresaron su implementación.

El comunicado completo y todos los adherentes

“Este 21 de septiembre, los médicos de la República Argentina no tenemos motivos para celebrar. Estamos atravesados por una triste realidad: una crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia.

La consulta médica es un acto fundamental en el que atendemos las necesidades de nuestros pacientes, diagnosticamos enfermedades y trabajamos en su recuperación. También es el acto mediante el cual percibimos un honorario profesional que nos permite vivir dignamente. Tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos los profesionales determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo.

En los últimos años, el valor de la consulta médica en nuestro país ha experimentado una drástica caída, situándose como uno de los más bajos de la región. En los últimos meses, esta situación se ha agravado, sumándole el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses después de prestar nuestros servicios. Insostenible para los profesionales de la salud en la actualidad con el alto nivel inflacionario existente.

Hoy, los médicos decimos: ¡basta!

Basta de imponernos un valor no digno para nuestros honorarios, basta de demoras en los pagos, basta de débitos injustificados, y basta de no tener control sobre el valor de nuestro trabajo. A partir de este momento, el precio del servicio, el valor de nuestros honorarios estará en manos de los propios médicos, a través de nuestras asociaciones, cámaras, consejos, federaciones y sociedades médicas que nos representan.

Para seguir manteniendo la calidad y excelencia en nuestra atención, por medio de la presente comunicamos a las autoridades Gubernamentales, Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud, a todos los financiadores y gerenciadores de salud, incluyendo obras sociales, prepagas, seguros, Sanatorios, Clínicas, consultorios, etc, incluyendo asimismo todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras consultas y prácticas médicas, y a toda la población argentina que:

Se difunde esta decisión conjunta, firme e irrevocable, ya que no forma parte de ningún convenio grupal o individual, a todos los colegas del país y se implementa con el apoyo de todas las Asociaciones, Cámaras, Consejos, Federaciones y Sociedades Médicas Autoconvocadas que suscriben.

Es la mejor manera posible de dar atención adecuada a nuestros pacientes.

Muchas gracias.

Muy atte.“

AGREMIACIONES, ASOCIACIONES, CÁMARAS, COLEGIOS, FEDERACIONES Y SOCIEDADES ASCCFS

 ADHIEREN:

1) AGREMIACIÓN ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (A.AOT) y ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (AAOT)

2) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA

3) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO. (AACCYC)

4) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE CONTROVERSIAS EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA (AACOG)

5) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE GINECOLOGÍA ONCOLÓGICA

6) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MENOPAUSIA ANDROPAUSIA (AAMA)

7) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE NEUROCIRUGÍA

8) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ONCOLOGÍA CLÍNICA

9) ASOCIACIÓN ARGENTINA PARA EL ESTUDIO DEL CLIMATERIO (AAPEC)

10) ASOCIACIÓN CIVIL ARGENTINA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA (ACACIP)

11) ASOCIACIÓN DE OTORRINONARINGOLOGÍA DE BUENOS AIRES

12) ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE SANTA ISABEL (APROSI)

13) ASOCIACIÓN MÉDICA ARGENTINA DE ANTICONCEPCIÓN (AMADA)

14) ASOCIACIÓN UROGINECOLÓGICA ARGENTINA (AUGA)

15) COLEGIO ARGENTINO DE CARDIOLOGÍA

16) FEDERACIÓN ARGENTINA DE SOCIEDADES DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA. (FASGO)

17) FEDERACIÓN ARGENTINA DE SOCIEDADES DE OTORRINONARINGOLOGÍA (FASO)

18) FEDERACIÓN NACIONAL DE NEUROCIRUGÍA (FNNC)

19) SOCIEDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DE BUENOS AIRES (SOGIBA)

20) SOCIEDAD ARGENTINA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (SOGBA)

21) SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA (SACPER)

22) SOCIEDAD ARGENTINA DE ENDOCRINOLOGÍA GINECOLÓGICA Y REPRODUCTIVA (SAEGRE)

23) SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA (SAC)

24) SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA (SAD)

25) SOCIEDAD ARGENTINA DE ELECTOFISIOLOGÍA CARDIACA (SADEC)

26) SOCIEDAD ARGENTINA DE ENDOMETRIOSIS (SAR)

27) SOCIEDAD ARGENTINA DE GINECOLOGÍA INFANTO JUVENIL (SAGIJ)

28) SOCIEDAD ARGENTINA DE MASTOLOGÍA (SAM)

29) SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA REPRODUCTIVA (SAMER)

30) SOCIEDAD ARGENTINA DE PATOLOGÍAS DE URGENCIAS Y EMERGENTOLOGÍA (SAPUE)

31) SOCIEDAD ARGENTINA DE REUMATOLOGÍA (SAR)

32) SOCIEDAD ARGENTINA DE UROLOGÍA (SAU)

33) SOCIEDAD ARGENTINA DE CIRUGÍA GINECOLÓGICA (SACIG)

SOLIDARIZAN

1) CONSEJO ARGENTINO DE OFTALMOLOGÍA (CAO)

2) FEDERACION ARGENTINA DE RADIOLOGÍA (FAARDIT)

3) FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA

4) SOCIEDAD ARGENTINA DE RADIOLOGÍA (SAR)

5) SOCIEDAD ARGENTINA DE ULTRASONOGRAFÍA EN MEDICINA Y BIOLOGÍA (SAUMB)

6) SOCIEDAD ARGENTINA DE MEDICINA INTERNA GENERAL (SAMIG)

Con información de NA.

IG

Los médicos en España, especialmente los especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, destinan una gran parte de su actividad laboral a multitud de trámites burocráticos y diversos papeleos: justificantes, informes, recetas, volantes, partes, historias clínicas... De esta forma, la tarea a la que más tiempo destinan los facultativos no es a hablar con el paciente, sino a teclear frente a la pantalla de un ordenador. En Catalunya, por ejemplo, entre un 30 y un 40% de la jornada laboral de un médico de Atención Primaria está dedicada a la burocracia.

Los galenos llevan décadas reclamando a los gestores y consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas diversas medidas para limitar el papeleo y poder dedicar más tiempo al paciente. En ese sentido, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) publicó en 2016 un documento con propuestas para desburocratizar las consultas de Atención Primaria. Entre las medidas que se proponen destacan la eliminación de tareas administrativas innecesarias, la incorporación de personal específico para elaborar documentos que no requieren la implicación total de un médico y la optimización del sistema informático para realizar trámites.

Quitar carga burocrática a los médicos de familia es importante por diversas razones. En primer lugar, porque la Atención Primaria sufre un nivel de sobrecarga como nunca antes en nuestra historia. Las listas de espera para una consulta del médico de familia se han duplicado en cuatro años. A la infrafinanciación de la Atención Primaria se suma un aumento progresivo de la demanda de atención sanitaria con el paso de los años por numerosos factores como el envejecimiento progresivo de la población española, la mayor oferta de prestaciones sanitarias, la progresiva medicalización de la vida o menores autocuidados por parte de los pacientes...

Por otro lado, esa elevada burocracia que carga a los médicos de familia (además de sus condiciones laborales) es una de las razones que hacen menos atractiva esta opción a los facultativos que eligen especialidad tras el examen MIR. Así, cada año quedan vacías múltiples plazas de Medicina Familiar (131 plazas solo en 2023).

El aumento de la demanda de servicios sanitarios no va a parar, sino que todo apunta a que va a continuar en las próximas décadas. Además de destinar más dinero y recursos a la sanidad pública, cobra relevancia que la atención sanitaria sea más eficaz y eficiente mediante la agilización de los documentos médicos. Precisamente, la inteligencia artificial (IA) podría brindar una gran ayuda en este terreno en un futuro próximo, con las capacidades con las que ya cuenta.

La tecnología como alivio

No hablamos de ciencia ficción. Diversas tecnologías de IA están ya más que capacitadas para facilitar y acelerar varias tareas rutinarias de los médicos que, aunque sencillas, requieren gran cantidad de su tiempo. Su potencial podría aprovecharse en unos pocos años, de implementarse correctamente en la infraestructura informática de los servicios sanitarios. En ese sentido, la IA no sustituiría la labor del facultativo, sino que sería un asistente en sus quehaceres como lo son en la actualidad el asistente de Google, Siri o Alexa. Estas son algunas de las tareas que esta tecnología podría realizar:

Este último punto merece desarrollo y explicaciones: un equipo de profesionales sanitarios se encargó de valorar las respuestas escritas tanto del chatbot como de los médicos, sin saber cuál era el origen de cada una. En el 79% de los casos, el equipo prefirió las respuestas de ChatGPT por presentar más calidad y, paradójicamente, más empatía. Una de las autoras del estudio, Jessica Kelley, explicó a los medios que “los mensajes de ChatGPT respondían con información matizada y precisa que a menudo abordaba más aspectos de las preguntas del paciente que las respuestas de los médicos”. La investigación pone de manifiesto el potencial de esta herramienta para orientar e informar a los pacientes tanto en el manejo de su enfermedad como en una utilización más racional y eficiente de los servicios sanitarios.

El 19 de mayo es el Día Mundial del Médico de Familia, un homenaje a aquellos especialistas médicos de la familia que les brindan asistencia integral. Esta efeméride, establecida en el año 2010 por la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA), pretende destacar su importancia y contribución a los sistemas de salud del mundo.

La WONCA (de las siglas en inglés World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) es una organización internacional afiliada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reúne a universidades, academias y asociaciones interesadas en la práctica de la medicina general o de familia.

En mayo del 2010 en Cancún, México, el Consejo Mundial de la WONCA en su ceremonia de apertura del Congreso Mundial de Medicina Familiar estableció esta fecha. El día mundial se celebró por primera vez en el 2011.

¿Qué es un médico de familia?

El médico de familia es un especialista de la salud que ofrece atención médica personal, primaria e integral a las personas y familias. La medicina familiar es una especialidad médica, con una formación científica que tiene una duración de estudios de 3 años. Entre sus principales funciones, se destacan:

Lema 2023: “Médicos de familia, el corazón de la atención médica”

Todos los años, la WONCA organiza una campaña para celebrar este Día Mundial. Para el 2023, el tema es “Médicos de familia, el corazón de la atención médica”. Esto es porque los médicos de atención primaria tienen una relación de largo plazo con sus pacientes. No solo tienen en cuenta su bienestar físico, sino también el bienestar emocional, social y psicológico.

LC

La etapa de presentación de prueba del juicio a los ocho acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa, que coincidió con el tercer aniversario del crimen ocurrido en Villa Gesell, finalizó este miércoles con los testimonios de dos peritos que cuestionaron durante más de dos horas el informe de autopsia al considerar que no es concluyente sobre la causa de la muerte porque no precisa si ciertas lesiones fueron producto de los golpes o de las maniobras de reanimación que le practicaron.

“Tuvo 60 segundos de golpes y más de 45 minutos de RCP (reanimación cardiopulmonar)”, dijo el especialista en medicina legal Juan José Fenoglio en su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores. Para el forense convocado por la defensa a cargo de Hugo Tomei, “es importantísimo saber qué arteria sangró y qué golpe le produjo la lesión”, ya que consideró “raro que una persona con este traumatismo se muera en el lugar del hecho”.

Al iniciar su declaración, el testigo dijo que “no coincide la conclusión” del informe de autopsia elaborado por el forense Diego Duarte “con lo observado en la autopsia” y consideró que la lesión en el hígado de Fernando a la que se refiere el perito oficial “puede ser por un aplastamiento en el hígado provocada por la reanimación por RCP”.

“Un golpe no produce este tipo de lesiones”, destacó Fenoglio, quien agregó que “el médico que hizo la autopsia tenía que investigar” la posible “presencia de un aneurisma” para determinar si podía explicar la rotura de una arteria.

Cuando el querellante Fabián Améndola le preguntó concretamente por qué murió Fernando, el perito respondió: “No lo sabemos, porque la autopsia no lo explica”. Además dijo que según consta en la autopsia, el fallecimiento fue constatado a las 6, pero no hay datos “de lo que pasó entre las 5.15” cuando la médica que trasladó a la víctima “lo deja en el shock room hasta las 6”.

Otro de los peritos convocados por la defensa, el médico emergentólogo Jorge Rodolfo Velich, aseguró por su parte que “el escrito de la autopsia causa vergüenza ajena como médico forense”. A su criterio, la víctima “inicia su camino a la muerte por golpes en el cráneo, golpes de determinadas intensidades que no quedaron claras en la autopsia” y aseguró que no cree que el joven“ haya muerto en el lugar, pero sí que estaba inconsciente”.

Además aclaró enfáticamente que “no fue la RCP la que mató a Fernando Báez Sosa pero agravó la situación por la movilización” del cuerpo. “El cuadro tiene nombre y apellido: politraumatismos graves”, indicó Velich, a partir de una pregunta del fiscal Gustavo García.

Los forenses estaban sentados frente al estrado mientras analizaban los puntos salientes de un informe que hicieron sobre la autopsia, el cual fue incorporado a la causa como parte de la Instrucción Penal Suplementaria por pedido de la defensa. Acompañan su declaración con imágenes del informe realizado del por el médico Duarte, que practicó la autopsia seis horas después del crimen en el Hospital de Pinamar.

Los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, quienes llegaron a los tribunales vestidos con una remera que tiene estampada una foto de ambos con su hijo junto a una frase que dice “nos tenemos”, optaron por retirarse de la sala de audiencias para no escuchar en detalle la descripción de los forenses.

En cambio, sí seguían de cerca las declaraciones de los peritos los ocho imputados, Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Ayrton Viollaz (23), Luciano (22), Ciro (23), Lucas Pertossi (23) y Blas Cinalli (21). Éstos dos últimos solicitaron hablar ante el tribunal para explicar su postura sobre la prueba. Cinalli fue el único que aceptó responder preguntas de la fiscalía.

“Los chicos mintieron. Un borracho no puede escribir mensajes. Espero que lo de hoy salga todo bien. Esperamos que se haga Justicia para que Fernando pueda descansar tranquilo”, dijo Silvino Báez, padre de Fernando, al terminar la audiencia.

El Tribunal, por su parte, dispuso que los alegatos de las partes en el juicio sean llevados a cabo los próximos miércoles 25 y jueves 26 de enero: el primer día será el turno de la fiscalía y el particular damnificado, mientras que al siguiente alegará la defensa.

Los cruces durante el debate

“No pueden discutir entre ustedes”, exclamó en un momento la jueza María Claudia Castro cuando Fenoglio y el abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, tuvieron un cruce sobre uno de los puntos relacionados con la autopsia.

Es que Burlando cuestionó al testigo por el uso de “conceptos confusos” y por su falta de definición respecto de las posibles causales de la muerte en caso de que no fueran correctas las determinadas por Duarte, perito oficial que realizó la autopsia, a lo que el especialista expresó: “Usted entiende cualquier cosa”.

En otro tramo de la audiencia, el querellante insistió en que el perito no era preciso en sus respuestas, por lo que se generó otro momento tenso: “A ver doctor: pupilas midriáticas, sin signos vitales, sin pulso, no responde a ningún tipo de estímulo, una persona que está inmóvil, inerte, ¿qué diagnóstico me da?”, le preguntó, a lo que el médico respondió: “Según el estado en que se encuentre. La medicina no es una cosa exacta. Puede estar viva. Hay criterios”.

Antes, cuando ya había pasado más de una hora y media de exposición, había tenido otro contrapunto con el fiscal García, quien le preguntó al mismo perito si tenía conocimiento y habían podido analizar cerca de 60 fotografías de la autopsia que el Ministerio Público pidió incorporar a la causa dos semanas antes del inicio del juicio.

“Para nosotros, las fotografías que ilustran la autopsia van en la autopsia, no tres años después”, respondió el forense, quien agregó: “Si me viene un alumno con esta autopsia, la nota es cero”.

La presidenta del tribunal, por otro lado, debió intervenir también en otro momento para pedirle al forense que se limitara a responder por sí o por no, sin “explicaciones” que no sean solicitadas, cuando Fenoglio se encontraba parado con el puntero en la mano junto a la pantalla donde se exhibía la imagen del cuerpo de Fernando.

DA/MB

Trabajadores de la salud nucleados en la Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaran este miércoles un nuevo paro de actividades, con movilización a la sede del Ministerio de Salud porteño, para “exigir respuestas al Gobierno” de Horacio Rodríguez Larreta.

“Lamentablemente son totalmente intransigentes, soberbios, por eso continúa mañana” la jornada de lucha ya que el Gobierno de CABA “no escucha”, expresó el dirigente gremial de ATE-Salud en los hospitales Durand y Pedro de Elizalde, exCasa Cuna, Héctor Ortiz.

A la vez, trabajadores y trabajadoras nucleados en la Asamblea de la Salud, con los residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires, continuaron este martes con paro por tiempo indeterminado, el que vienen sosteniendo desde hace dos semanas, y se movilizaron desde Callao y Corrientes al Obelisco y, luego hacia la cartera de Salud porteña.

Allí, incluida la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), exigieron una reunión con el titular de la cartera, Fernán Quirós.

Tras finalizar la convocatoria y realizar una asamblea, decidieron continuar con el paro y marchar nuevamente hoy, acompañados por la Agrupación Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires de ATE, a las 10, desde el Obelisco hasta Salud de CABA.

Se mantendrán las consignas en reclamo de un “urgente aumento de salarios, con un piso de 200.000 pesos” y la “incorporación inmediata” de nuevos profesionales.

El personal de enfermería no participará de la acción de hoy pero sí del reclamo.

En tanto, el Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires emitió un comunicado en el que expresó “su preocupación acerca de la situación que se está viviendo en el país con los médicos residentes”. “Muchos colegas recién recibidos no quieren iniciar su formación en el sistema de residencias y concurrencias hospitalarias”, dice la nota, según indicó la agencia católica AICA.

También se explicó que “después de una pandemia tan dura, muchos médicos a lo largo del país sienten un gran cansancio y agobio, y cuestionan que su trabajo no es remunerado acorde a su formación y esfuerzo, que deben realizar largas jornadas de trabajo y guardias, corriendo de un centro de salud a otro, y que el mismo no es reconocido por las instituciones públicas y privadas a las que pertenecen”.

La asamblea de residentes y concurrentes continuó ayer con una campaña de recolección de firmas (www.change.org/RecomposicionSalarial) que ya lleva reunidas casi 80.000 adhesiones, en la que reclama “sueldo digno para la salud pública” al plantear que, “con un sueldo de $121.000 equivalente a $340 la hora, no se llega a fin de mes”.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó este martes con los secretarios generales de los gremios de maestros, estatales, médicos y judiciales bonaerenses agregar 10 puntos a todos los aumentos cerrados hasta el momento para alcanzar en diciembre una suba total del orden del 60%, informaron fuentes oficiales y gremiales.

El acuerdo se alcanzó durante un encuentro en Casa de Gobierno, en La Plata, entre el gobernador Axel Kicillof; los ministros de Hacienda, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec; y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde.

“En esta oportunidad, el Poder Ejecutivo ha decidido actuar con premura agregando 10 puntos porcentuales a todas las etapas de los acuerdos concertados y adicionar asimismo un nuevo aumento en el mes de diciembre que asegure un piso de aumento salarial en línea con las proyecciones actuales aumentos salariales del 60%”, indicaron fuentes del Gobierno.

Remarcaron que, al mismo tiempo, continua vigente la cláusula de monitoreo, a la que se agrega revisión en el último trimestre del año.

“De esta manera se busca dar una perspectiva para lo que queda del año, creemos que es importante que los trabajadores pueden tener certidumbre en un contexto volátil como el actual”, señalaron y analizaron que así se aporta “certeza, tranquilidad y recuperación del poder adquisitivo a los trabajadores, con las herramientas que disponemos desde el Gobierno provincial, es una muestra del valor que asignamos al Estado y al trabajo de diario de cada trabajador”.

El último acuerdo paritario entre la provincia y los maestros se firmó en febrero pasado y contemplaba un incremento cercano al 42% en una escalada en tres tramos, mientras que el acuerdo con los trabajadores estatales y judiciales se cerró un mes después, con un incremento del 40%.

En aquel entonces, se consensuó también incluir una cláusula de reapertura y otra de seguimiento.

La palabra de los gremios

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, destacó este martes el acuerdo que firmaron los gremios de maestros, estatales, médicos y judiciales bonaerenses con el gobierno de Axel Kicillof por el que se agregaron 10 puntos a los aumentos cerrados hasta el momento para alcanzar en diciembre una suba total del orden del 60%, y dijo que la decisión “valora a los trabajadores” porque “significa estar por arriba de la inflación y recuperar el poder adquisitivo”.

“Es una gran decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires que respeta lo que hemos planteado los trabajadores, y valora a los trabajadores a diferencia del gobierno anterior que, me remito a las palabras del exministro de Trabajo (Marcelo Villegas), que dijo quisiera tener una Gestapo para terminar con los sindicatos”, dijo el dirigente tras el anuncio en la Gobernación de La Plata.

Asimismo, Baradel aseguró que el acuerdo firmado “significa estar por arriba de la inflación y recuperar el poder adquisitivo que perdimos durante el gobierno de (María Eugenia) Vidal, que en pandemia lo hemos sostenido y el año pasado terminamos conjuntos arriba, esto es continuar con ese camino”.

“Las organizaciones planteamos hace dos semanas la aplicación de la cláusula de revisión, el acuerdo paritario establecía un monto y decía que si la inflación era más alta se revisaba. Hoy el gobernador nos convocó a todos los gremios que representamos a trabajadores estatales, llegan los salarios la 60,4% en promedio, con un refuerzo del 10% para cobrar el mes que viene, con una proyección para estar por encima de la inflación pero sumándole además con cláusula de revisión, por lo que, si hubiera modificaciones, si no se para la escala inflacionaria, tenemos la cláusula plateada para seguir discutiendo la readecuación salarial”, concluyó el dirigente.

En ese marco, Oscar De Isasi, secretario general de ATE Buenos Aires, opinó: “Nos vamos conformes porque se vuelve a honrar el acuerdo paritario y que a pesar de los obstáculos, se apunta a la reparación de los derechos”.

En declaraciones a la agencia Télam agregó: “Que se activara la cláusula de revisión habla de una voluntad política. Es importante alcanzar el 60% a diciembre pero tener la revisión de mes a mes nos da garantías de que esa voluntad política del gobierno va a seguir avanzando”.

En ese punto, dijo que “el horizonte es reparar derechos de los estatales” y que por eso, “estamos contentos que este tipo de inconvenientes que se dan a partir de la situación inflacionaria, el gobernador los aborde mirando de frente a los ojos a las organizaciones gremiales y apostando a invertir recursos”.

Por último, Mirta Petroccini, titular de la FEB, comentó: “Nosotros queríamos no perder con la inflación y sobre todo esos puntos que habíamos conquistado. Con la inflación lo estamos viendo todos cómo come los bolsillos y de acuerdo a lo que se acordó hoy, se nos anunció el aumento con la clausula de revisión si fuera necesario”.

Con información de agencias.

IG