Poco o nada se debate en la sociedad sobre las consecuencias ecológicas y sociales del modelo forestal de especies exóticas, como el pino y el eucalipto ya que se trata de plantar árboles y, ¿por qué eso podría ser malo? Mientras los gobiernos y corporaciones forestales ocultan los impactos negativos, también lideran y organizan campañas sistemáticas de desinformación. Se alimenta el mito de las bondades de los monocultivos forestales instalando fraudulentos carteles en las rutas, llamando bosques a sus plantaciones y resaltando que representan algún beneficio ambiental y social.

Pero quienes habitamos el territorio, somos testigos de que nuestro entorno está siendo sacrificado para beneficio de solo un puñado de corporaciones. Los impactos negativos de este modelo son muchos y diversos, convirtiendo a esta actividad en una figura extrema del extractivismo dentro del agronegocio, como la megaminería o la explotación petrolera. El modelo forestal, aunque se pinte de verde, ya es reconocido por las comunidades locales como un actor de dominación y depredación de la vida de los pueblos y la naturaleza.

Greenwashing certificado

Cuando hablamos de un bosque, nos imaginamos solamente árboles, pero en sólo una hectárea de bosque nativo podemos encontrar decenas de organismos leñosos distintos -disetános, que van desde pequeñas plántulas a muchos metros de altura- coexistiendo con helechos, enredaderas, epífitas, hongos, y siendo el hábitat de una amplia diversidad de animales con requerimientos distintos de refugio y alimento.

En cambio, en una hectárea de monocultivo forestal encontramos solamente clones de árboles de una especie, pensados y diseñados para que crezcan y sean cortados en un corto período de tiempo. Es un cultivo que al impedir el ingreso de luz, impide también el desarrollo de otras especies vegetales que son fuente de alimento para la fauna local, convirtiéndose en un desierto verde para los animales nativos.

A pesar de las intensas campañas de greenwashing de las corporaciones forestales, es necesario dejar en claro que estas plantaciones no son bosques y no vienen a salvarnos de las consecuencias del cambio climático. Por el contrario, son monocultivos creados y sostenidos artificialmente por el ser humano, destinados a extraer agua y nutrientes de nuestros suelos para producir, de la manera más veloz posible, la madera o pasta de celulosa que será sacada del territorio.

Es por ello que una de las cuestiones más polémicas es que estas plantaciones, además de los innumerables privilegios y exenciones impositivas y financieras (Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y ahora el RIGI), reciben también millonarias compensaciones económicas con la venta de “bonos de carbono” al mercado internacional. Estos monocultivos promocionan el “servicio ecosistémico” de absorción de dióxido de carbono (CO2), muy limitado por el corto tiempo de almacenamiento, como una paliativo a la crisis climática. Pero lo cierto es que nunca una actividad con tantos impactos negativos, que destruye la diversidad de la vida, puede ser una solución ecológica.

Asimismo, la mayoría de las empresas forestales insólitamente obtienen “certificados de manejo forestal”. Este perverso mecanismo de certificación es otro elemento de propaganda de la actividad ante los cada vez más evidentes impactos sociales y ecológicos. 

Zonas de Sacrificio

La actividad forestal se encarga de convertir a ecosistemas como humedales y pastizales en zonas de sacrificio en el altar de las ganancias de las corporaciones. Para avanzar sobre ellos, oculta o minimiza el enorme rol ecológico de estos ecosistemas.

Además todas estas plantaciones se realizan sin un debido proceso participativo e informativo y, mucho menos, se evalúa la incidencia de la combinación de efectos de los distintos proyectos acumulados. El descontrol es absoluto.

Podríamos resumir algunos de los impactos ambientales directos del monocultivo forestal, de la siguiente manera:

Provincia de Corrientes

A mediados del siglo XX se inicia una fuerte expansión de plantaciones forestales en Argentina mediante la implementación de diversos regímenes de incentivos por parte de los gobiernos, que permitieron llegar a una cifra de más de 1.3 millones de hectáreas en la actualidad. Estas inmensas superficies forestadas están conformadas casi exclusivamente por especies exóticas de crecimiento rápido como pinos y eucaliptus y en menor medida por álamos y sauces. Las plantaciones se concentran mayoritariamente en las provincias de la mesopotamia, Misiones, Corrientes y Entre Ríos y en la región del Delta del Río Paraná.

La provincia de Corrientes es un paradigma del avance del modelo forestal de especies exóticas. Actualmente en su territorio la superficie forestada supera el medio millón de hectáreas (lo que la convierte en la provincia más forestada del país, con un crecimiento del 84% con relación al año 2013). En una investigación de la organización Defensores del Pastizal se revela que los monocultivos forestales alcanzan hoy una cifra similar en superficie a la de los bosques nativos en la provincia.

Paralelamente se va dando un proceso de extranjerización de la tierra y apropiación ilegítima de terrenos pertenecientes a familias campesinas que practican agricultura comunitaria y de baja escala. En Corrientes, las manos en manos extranjeras ya superan el millón de hectáreas de las aproximadamente 9 millones totales de la superficie rural total de la provincia. En el año 2019, la Legislatura correntina aprobó una Ley que habilitó a los grandes capitales extranjeros a que adquieran grandes extensiones de tierra, a medida de grandes corporaciones, como el grupo chileno ARAUCO, el mismo que ocasiona desastres tras la cordillera y en la provincia de Misiones.

Se ha avanzado sobre los ecosistemas naturales disminuyendo la diversidad de funga, fauna y flora nativa, llevando a muchas especies a la extinción. Además, ha propiciado las condiciones necesarias para el inicio y expansión de incendios rurales masivos, como los ocurridos entre los años 2019 y 2022 (en 2022 la provincia sufrió incendios equivalentes al 12% de su territorio). Los incendios forestales ascendieron de forma abrupta en la provincia de Corrientes, según los registros del Reporte del Manejo del Fuego del ex Ministerio de Ambiente de Nación. En el año 2019, se registraron 3.000 ha arrasada por los incendios forestales, en 2020 ascendieron a 45.000 ha; y en 2022 se llegó al récord de más de 1.000.000hectáreas.

El resultado es una invitación al desastre, no solo porque son grandísimas extensiones donde predominan, como dijimos, las especies que ayudan a la propagación del fuego sino que -paralelamente- provoca la pérdida de los valores ecosistémicos que proveían los zonas donde avanzó la industria forestal (humedales, pastizales y bosques nativos) que podrían prevenir el inicio de incendios o mitigar sus impactos. Mientras en las ciudades se ha normalizado vivir con humo y vientos de cenizas, las comunidades rurales sufren desesperadamente el daño en la salud y en la economía.

A pesar del crecimiento vertiginoso de las áreas ocupadas con estas plantaciones, la provincia de Corrientes sigue siendo una de las provincias con peores índices socioeconómicos de Argentina. Basta comparar los índices oficiales de indigencia y de pobreza brindados por el INDEC entre los años 1998 y la actualidad para comprobar que no ha servido para revertir la dramática situación social de la provincia.

Argentina, Brasil, Chile Uruguay: un modelo implantado en la región

Sabemos que la lógica extractivista de la industria forestal se desarrolla casi de idéntica manera en Chile, Brasil, Uruguay y en el litoral argentino.

Por eso no es casual la irrupción -desde la sociedad civil- de la Alianza Latinoamericana de Resistencia al Monocultivo Forestal, de la cual formamos parte, y tiene por objeto ser una plataforma y un espacio para visibilizar realidades y diversas afectaciones a nivel regional, a la vez que amplifica y potencia las luchas locales contra los monocultivos forestales.

Es que en realidad, se trata de un modelo implantado en la región, con las mismas grandes corporaciones y características. Incluso se copiaron las mismas leyes de entrega y saqueo.

Así en América del Sur, el 97% de las plantaciones son de especies exóticas, principalmente pino y eucalipto, que se utilizan principalmente para obtener madera y pasta de papel, respectivamente. Entre los cuatro países se alcanzan la suma de 16,8 millones de hectáreas de plantaciones forestales totales. La mayoría se concentra en Brasil (67%), luego en Chile (19%), Argentina (7,1%) y Uruguay (7,1%).

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza en la provincia de Corrientes

En noviembre de 2024 el prestigioso Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza visitó oficialmente a la provincia de Corrientes ante la denuncia de organizaciones locales (como Defensores del Pastizal) sobre los impactos socioambientales del modelo de monocultivo forestal.

Este Tribunal fue constituído en el año 2014 para juzgar éticamente las distintas violaciones a los Derechos de la Naturaleza y a los defensores ambientales en distintas partes del planeta. Es una instancia de la sociedad civil, apoyada por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza (GARN, por sus iniciales en inglés), con representantes de todos los continentes. Conformado por jueces y juezas de reconocida autoridad ética y compromiso como Vandana Shiva (India), Nimmo Bassey (Nigeria), Leonardo Boff (Brasil), Maristella Svampa (Argentina), Arturo Escobar (Colombia), Casey Camp Horinek (Nación Ponca, EE.UU) Alberto Acosta (Ecuador, que viajará a Corrientes), entre muchos otros y otras.

Este Tribunal, pionero en la búsqueda de construir caminos de Justicia Global frente a los delitos contra la Naturaleza, se constituye como una plataforma permanente para escuchar y juzgar casos de violación a los derechos de la Madre Tierra alrededor del mundo.

Y el Tribunal le dió un tratamiento regional a la problemática del modelo forestal.

A principios del 2024 se constituyó en la región del Biobío, Chile, donde el modelo forestal de especies exóticas -como dijimos- está provocando estragos ecológicos y sociales. El Tribunal observó in situ, entre otras cosas, las consecuencias del megaincendio que, durante el verano del año 2023, se extendió en más 326.000 hectáreas entre las regiones de Ñuble y Araucanía del país trasandino. De la superficie quemada, un 61,3% correspondió a monocultivo forestal y sólo un 9,4% a bosque nativo. El Tribunal, en su veredicto preliminar, pudo constatar que el actual modelo forestal chileno ha provocado un ecocidio en el territorio y contra todos los seres vivos que lo habitan, humanos y no humanos; que el modelo forestal, y las corporaciones que la llevan adelante, violan los Derechos de la Naturaleza e incluso las débiles normas de protección ambiental existentes en el país. Además exigió con urgencia la realización de un plan de restauración y regeneración integral que nazca desde los territorios y espacios locales; así como la declaración de una moratoria o prohibición de establecimiento de especies invasoras y pirófitas en el territorio.

Con este antecedente y contexto, una delegación con Jueces y Juezas del Tribunal, entre las que estaban la flamante ganadora del prestigiosa Premio Goldman (Yuvelis Morales, Colombia), recorrieron los territorios afectados en el interior de Corrientes, se reunieron con vecinos y vecinas y sesionaron en una audiencia pública en la capital provincial donde escucharon los testimonios de especialistas y víctimas del modelo para luego emitir un veredicto preliminar.

Esta sesión en Corrientes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza permitió, por un lado, el fortalecimiento de las organizaciones y comunidades locales, así como el reconocimiento de los derechos de los ecosistemas predominantes (humedales, pastizales, bosques nativos y sus especies animales asociadas) afectados por las consecuencias del monocultivo forestal de pinos y eucaliptos. Una oportunidad histórica de sacar a la luz un modelo del que no se debate, y que trae más injusticia, tanto ambiental como social y económica.

Sentencia Final

El Tribunal verificó in situ las afectaciones, observando el grado de degradación de suelos, la disminución de los niveles freáticos, el avance de especies exóticas pirófitas y el aislamiento de parajes rurales producto de los alambrados de las empresas forestales. Durante la audiencia pública, se escucharon testimonios y peritajes técnicos que confirmaron la sistematicidad de los impactos del modelo forestal y la ausencia de control y fiscalización estatal.

Basados en esta visita y audiencia el Tribunal emitió la Sentencia siguiente donde:

“1. Reconoce que el modelo forestal vigente en la provincia de Corrientes ha provocado y continúa provocando un ecocidio, afectando a todos los seres vivos humanos y no humanos— que habitan el territorio.

2. Declara que el modelo forestal viola los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos, los cuales se complementan y refuerzan mutuamente

3. Afirma que este modelo viola sistemáticamente las débiles normas de protección ambiental existentes, con la complicidad de los tres niveles del Estado —nacional, provincial y municipal—, que han sido omisos o partícipes en la promoción y expansión de este esquema extractivo.

4. Declara que el agua, la tierra y las formas de producción campesina y comunitaria son sujetos de derechos, en tanto elementos esenciales para la vida y el arraigo territorial.

5. Señala que las plantaciones industriales no son bosques, sino monocultivos que no reproducen la vida, y denuncia las falsas soluciones basadas en los mercados de carbono y otras herramientas financieras que solo benefician a los grandes grupos económicos.

6. Condena las condiciones de trabajo esclavo e infantil presentes en la cadena forestal, exigiendo su inmediata erradicación.

7. Declara a los pastizales y humedales como sujetos de derechos, reconociendo su derecho a la existencia, regeneración y mantenimiento de sus ciclos vitales.“

Esta sentencia representa un avance en la discusión sobre los Derechos de la Naturaleza, la cual no puede seguir siendo entendida exclusivamente como un recurso económico. Los ecosistemas tienen valor intrínseco. Tienen derecho a existir, regenerarse y mantener sus funciones ecológicas, de las además dependemos todos los seres humanos.

Por eso es importante esta sentencia que construye historia, construye memoria, construye nuevos marcos jurídicos y culturales.

Cada noche, los hombres kisêdjê llevan sillas de plástico al centro de un enorme patio rodeado por las decenas de chozas que componen la aldea Khikatxi. La estación seca y la escasa luz se combinan para crear un cielo negro profundo y estrellado sobre el territorio indígena wawi, en el noreste del estado brasileño de Mato Grosso. Habitualmente se reúnen para tratar los asuntos de la comunidad o simplemente para hablar sobre el día. Se sientan en círculo en la oscuridad, interrumpida ocasionalmente por el brillo ardiente de un cigarrillo o la pantalla de un teléfono móvil. 

Aquella tarde de finales de octubre, un visitante inició la conversación. El jefe Paulo Xavante había llegado unas horas antes tras un viaje de 400 kilómetros desde otro territorio indígena. Su misión era recoger semillas de pequi, una fruta amarilla de sabor fuerte nativa del Cerrado, que había empezado a crecer curiosamente por encima de la media en la zona de transición de la sabana con la Amazonia.

Xavante planeó cultivar pequi en un agroforestal, integrando los cultivos comerciales con el bosque nativo como forma de generar ingresos sin deforestar. A pesar de enfrentarse a las presiones de la expansión de la producción de productos agrícolas en Mato Grosso, su pueblo quiere evitar asociarse con los agricultores y plantar soja, como ya hacen otros pueblos xavantes, como en el territorio de Sangradouro.

“He venido a buscar pequi para alimentarnos y comerciar, para favorecer nuestra salud y el aire que respiramos”, dijo Xavante, dirigiéndose a los oyentes sentados. “Estoy en contra de lo que están haciendo en Sangradouro. Allí hubo manipulación, porque el agricultor se lleva el 80% y el indio el 20% [de los ingresos de la soja], y luego se destruye la tierra”.

La frontera agrícola avanza rápidamente en Mato Grosso. En sólo una década, la superficie plantada de soja creció un 50%, ocupando en gran medida los pastizales degradados y empujando la ganadería hacia el norte. En 2021, el estado cosechaba una cuarta parte de toda la soja brasileña, unos 35 millones de toneladas, una cifra equivalente al 80% de la producción total de Argentina y el doble de la de China. Además de su abundante soja, el estado cuenta con 79 territorios indígenas.

En Mato Grosso y en sólo una década la superficie plantada de soja creció un 50%, ocupando en gran medida los pastizales degradados y empujando la ganadería hacia el norte

Los campos ya tocan los límites del territorio wawi. Aunque no se ha cruzado la línea, los kisêdjê se sienten amenazados por el impacto del monocultivo en su tierra y su gente. Son vecinos, pero viven una existencia antagónica. Por esta razón, en 2018, el jefe Kuiussi Suyá tomó la drástica decisión de trasladar la totalidad de la aldea Khikatxi, de 380 personas, unos 10 kilómetros hacia la selva amazónica. El proceso aún está en marcha.

Explosión de la soja en Querência

Me reuní con el jefe Kuiussi en el puesto de salud indígena de Querência, un municipio de 17.000 kilómetros cuadrados que abarca un centro urbano de 18.000 habitantes y el territorio wawi. Kuiussi, que se está recuperando de una afección cardíaca, dijo que siempre que puede evita ir a la ciudad. Contó que creció pescando en el cercano río Pacas y corriendo por el pueblo, antes de que los emigrantes del sur ocuparan la región en la década de 1980, alentados por el gobierno federal.

Querência se ha convertido en el décimo municipio productor de soja de Brasil. También se encuentra en la ruta del Arco Norte, un corredor de tránsito de productos básicos planificado que hoy es prioritario para la agroindustria y el gobierno de Jair Bolsonaro. El Arco Norte pretende desarrollar un sistema de ferrocarriles, vías fluviales y carreteras para trasladar las cosechas de cereales del medio oeste de Brasil a sus puertos del norte y noreste, reduciendo el coste de las exportaciones. Brasil exporta alrededor del 60% de su soja y el 70% de los envíos van a China, según datos de comercio exterior. 

Hasta ahora, sólo empresas brasileñas han conseguido contratos para construir el Arco Norte. Pero se esperan inversiones de China en la red logística. “China ha empezado a centrarse en toda la cadena de producción agroalimentaria, desde su inicio en la agricultura del país productor hasta incluir la logística, la energía, los puertos, los ferrocarriles, las distintas etapas de toda la cadena de producción”, dijo Yan Tian, del Global Environmental Institute, una ONG con sede en Beijing.

El Arco Norte ya es una parte importante de la logística de la agroindustria y aún puede crecer más. “En 2009, exportamos unos 7 millones de toneladas [de cultivos de cereales] a través del Arco Norte, y hoy son aproximadamente 42 millones de toneladas. La tendencia es seguir creciendo”, dijo Elisangela Pereira Lopes, de la Confederación de Agricultura y Ganadería, durante una audiencia pública en el Senado en 2021.

Sin embargo, las infraestructuras de la agroindustria se extienden hacia zonas social y ambientalmente vulnerables, según André Ferreira, director del Instituto de Energía y Medio Ambiente (IEMA). “Hemos identificado 200 intervenciones de infraestructuras logísticas propuestas, planificadas o deseadas por el mercado en la Amazonia, y eso refuerza el movimiento hacia los puertos del Arco Norte, en una zona que es muy sensible”, dijo en un reciente seminario web sobre rutas sostenibles de productos básicos hacia China.

“El gobierno y gran parte de los productores de granos tienen un solo pensamiento, que es buscar la salida por el Arco Norte. Pero la sociedad tiene que debatirlo, evaluando cuáles son las ventajas y desventajas para el país, ya que es una zona sensible de la Amazonia. No sólo por la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero, sino también porque hay comunidades indígenas amenazadas por los proyectos de infraestructuras”, añadió Ferreira.

Querência está atravesada por la carretera BR-242, también conocida como la “ruta del grano”. Es una de las rutas “estratégicas” designadas por el gobierno para el transporte de productos agrícolas. En el futuro, podría conectarse a las redes ferroviarias Fico y Fiol, también destinadas al transporte de mercancías, y parte del proyecto Arco Norte.

A lo largo de los márgenes de la BR-242, son visibles los duros límites entre las extensas explotaciones de soja y los bosques autóctonos a ambos lados. En octubre, hubo incendios en varios tramos. Los incendios no se producen de forma natural en la selva amazónica. Sólo sirven para que la agricultura y la ganadería deforesten y gestionen la tierra. En los últimos años, Querência se ha convertido en víctima de su propio éxito: ha conseguido controlar la devastadora pérdida de bosques, lo que ha llevado a las autoridades medioambientales a dar prioridad a otros lugares. Pero el problema persiste, como muestran los datos de PRODES, el programa gubernamental de seguimiento por satélite para la deforestación.

Al llegar a Querência por la carretera, el primer monumento visible es un silo que almacena las cosechas de grano. Al lado de esa carretera, los concesionarios ofrecen tractores en lugar de automóviles. Las tiendas no venden artículos individuales, sino productos y servicios agrícolas. Las calles de la ciudad están principalmente bordeadas por camionetas polvorientas. 

El Portal do Xingu Business es un hotel de alta gama. Acoge a empleados de empresas comerciales de todo Brasil y del extranjero, y casi siempre está lleno, nos dice un recepcionista. El Hotel Brisa, mucho más sencillo, recibe a camioneros que transportan mercancías. Por la noche, las idas y venidas se intensifican y se forma una fila de camiones. 

El ruido de las obras de construcción está por todas partes. Los constructores levantan casas, apartamentos y otros establecimientos para dar cabida al crecimiento de un municipio con una economía en auge, pero que se distribuye de forma desigual. Los precios están inflados, mientras que el alcantarillado y la gestión de residuos son inadecuados.

La situación había angustiado al jefe Kuiussi durante años. “Pensé mucho, solo en el monte, hasta que anuncié mi decisión de trasladar la aldea. Y todos estuvieron de acuerdo. ”

Reconstruir un pueblo desde cero

Desde el centro urbano hacia el territorio wawi, el asfalto liso da paso a una carretera de tierra que pasa por asentamientos de la época de la reforma agraria de los años 80 y plantaciones en las que brotan plantones de soja. En medio de varias plantaciones hay caminos bordeados por las palmeras buriti típicas del Cerrado. A medida que me acerco a mi destino, todavía a más de 100 kilómetros, la vegetación adquiere rasgos amazónicos. Los árboles son más altos, más corpulentos, ocultando el interior de la selva a las miradas indiscretas. En otras ocasiones, el paisaje de transición dificulta la determinación de cuál era el bioma circundante.

En el camino, atravesé la finca de 210 kilómetros cuadrados de Agropecuária Rica, hasta su límite con el territorio wawi. Los propietarios de la empresa han intentado incluso ampliar su propiedad hacia la zona indígena, pero el Tribunal Federal denegó la petición. Hoy, los kisêdjê dicen que no hubo ninguna incursión, pero afirman que una avioneta rocía agroquímicos sobre la plantación de Rica una media de tres veces por cosecha, y que pasa por encima de su territorio. La información de contacto que figura en los registros oficiales de la empresa no está actualizada, y no ha sido posible localizar a los propietarios.

Con un mapa escrito a mano y sin conexión a Internet, dejé los campos de soja de Rica y tomé una carretera que bordeaba el bosque. Unos cinco kilómetros más tarde, un edificio de ladrillos abandonado reveló mi ubicación. Era la escuela del antiguo pueblo de Khikatxi. Más adentro, había ruinas de chozas, pero no había nadie a la vista.  

Volví a subir por el camino de tierra del campo y, con la ayuda de algunos de sus empleados, recorrí otros diez kilómetros antes de encontrar por fin el nuevo pueblo en construcción.

En el gran patio circular de entrada, los hombres estaban añadiendo fibra de buriti al techo de lo que servirá como puesto de salud. Los troncos cortados en el suelo de tierra delimitan el lugar donde estará la nueva escuela. También se está construyendo una tienda para vender o intercambiar alimentos y joyas.

Otro edificio de ladrillo alberga ya salas administrativas, una cocina comunitaria y un porche con sillas escolares y una pizarra. Además de ser una escuela improvisada, el centro acoge reuniones y es donde, de forma intermitente, funciona el wifi, por lo que siempre está ocupado.

En el segundo patio de la aldea, las chozas que albergan a las familias indígenas ya están levantadas en un amplio círculo. Más allá, hay pequeños campos, la selva amazónica y el río Pacas.

Una historia de disputas territoriales

Un antiguo camino abierto por los ganaderos, antes de la ratificación del territorio wawi en 1998, fue el punto de partida del nuevo pueblo. “Empezamos a abrir la zona desde la carretera, con el apoyo de maquinaria del municipio. Los primeros en llegar, en 2018, fueron el cacique y algunos dirigentes. Luego, marcamos las casas”, dijo Winti Suyá Kisêdjê, un líder local. 

Los indígenas ocupan imponentes chozas, construidas según la tradición kisêdjê. Pero la construcción de infraestructuras comunitarias avanza a su propio ritmo, dependiendo de la disponibilidad de personal y otros recursos de las autoridades públicas y las ONGs.

A lo largo de décadas, se taló parte del bosque para dar paso a los pastizales. Pero al no haber nueva deforestación, el bosque secundario creció y se superpuso al pastizal. Además del pasto, los kisêdjê conservan algunas tradiciones ancestrales.

Poco después del amanecer, la comunidad acude en peregrinación al río Pacas. Los hombres pescan matrinxãs y pacus y, con un poco de suerte, capturan caimanes para la comida del día. Las mujeres utilizan los troncos de los árboles como bancos para lavar los utensilios y la ropa, mientras los niños nadan a su alrededor. Un silencio tranquilo -interrumpido sólo por los pájaros, los insectos y el curso de agua- hace que parezca que siempre han estado allí. Pero la mudanza más reciente ni siquiera fue la primera.

A mediados del siglo XX, las disputas por la tierra se intensificaron en el centro de Brasil. En 1961, el gobierno federal creó el Parque Nacional del Xingu, una iniciativa sin precedentes. Fue el resultado de una década de esfuerzos liderados por los indígenas del Xingu y los hermanos Villas Bôas, sertanistas -líderes de expediciones al interior de Brasil- que en la década de 1940 encabezaron una comitiva oficial para cartografiar el país. Sin embargo, abandonaron la misión para instalarse en Mato Grosso.

Con la creación del parque nacional, varios pueblos que vivían fuera de sus límites tuvieron que trasladarse a la nueva zona protegida, los kisêdjê entre ellos. La presión de los exploradores y gobernantes para crear pistas de aterrizaje, pastizales y aldeas en el Mato Grosso fue cada vez mayor. Más tarde se convirtieron en grandes plantaciones y ciudades populosas. 

Sin embargo, los kisêdjê, como muchos grupos indígenas, tienen una fuerte conexión con sus territorios. La antropóloga Marcela Stockler escribió que las aldeas, los campos, los senderos y los cursos de agua se nombran en función de los acontecimientos y encuentros que tuvieron lugar allí: “donde nació tal antepasado, donde se capturaron enemigos, etc.”. La historia del pueblo Kisêdjê se construye sobre el espacio que ocupa su gente. 

Winti dice que sus antepasados no han olvidado la tierra que dejaron atrás. “Solían venir al antiguo pueblo todos los años. Remaban dos días en una canoa para llegar allí”, dice. “Pero una vez, cuando llegaron, estaba todo derruido. Había incluso una pista de aterrizaje. ”

Tras años de conflictos y peticiones oficiales, los kisêdjê regresaron a su antigua aldea en 1973. Allí permanecieron hasta hace poco, cuando nuevas presiones empezaron a preocuparles.

“El problema de hoy es diferente”

Era antes del mediodía, pero un sol y calor abrasador ya molestaban a los hombres kisêdjê vestidos con trajes tradicionales que se habían reunido bajo un refugio. “En el pasado hubo peleas [con los agricultores] cuando recuperamos nuestras tierras, pero quiero hablar de hoy: el problema de hoy es diferente”, dijo Yaiku Suyá.

Más que las disputas territoriales, las consecuencias a largo plazo de la ocupación desenfrenada por la agroindustria amenazan actualmente el modo de vida de los kisêdjê. Khikatxi es la mayor de las siete aldeas del territorio, ocupada por 608 personas, que viven de la pesca y la caza legalizadas, de pequeñas plantaciones de mandioca, papa y caña de azúcar, y de la recolección de frutos autóctonos.

“Las lluvias a veces son tardías y la planta se muere de calor”, explica el técnico agrícola Yaiku, que añade que, cuando llegan, las tormentas y los vientos se han vuelto lo suficientemente fuertes como para derribar los cultivos. “Alrededor del territorio, fíjate que todo está deforestado. No hay bosque que contenga el viento y el agua. Rezamos al espíritu para que desvíe las fuertes lluvias”.

La intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos se describe en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Según el texto, elaborado por científicos del clima de todo el mundo, la Amazonia es muy vulnerable.

El uso de pesticidas también tiene graves consecuencias para el medio ambiente y la salud humana. “Vi que los alimentos ya no crecían como en la tierra, vi que los cuerpos de la gente cambiaban, la gente tenía picores y diarrea”, dijo el cacique Kuiussi.

Yaiku cuenta que en el antiguo pueblo había una preocupación constante por la comida: “Sé cómo se gestionaba el antiguo campo y me di cuenta de que aparecían nuevas plagas”. Las orugas, las hormigas grandes y los cerdos de monte se multiplicaron, dice. “Con el avance de la soja, el campo empezó a debilitarse. Hay menos variedad de semillas y el veneno mata las plantas”. 

Los manantiales se han vuelto fangosos y están contaminados, dijo Yaiku. El agua que consumen proviene de pozos artesianos y a veces hay escasez. El suministro de pescado ha disminuido, y animales como los tapires huelen a agroquímicos, añadió. “La carne incluso ha cambiado de color y ya no tiene sabor. Los animales están consumiendo la soja.”

Los estudios demuestran la contaminación de las aguas de la cuenca del Xingu, incluido el río Pacas, cuyas fuentes se encuentran fuera de la reserva. Una investigación de la Universidad Federal de São Paulo detectó residuos de pesticidas en los cultivos. Otro trabajo de la Universidad de Brasilia constató el encenagamiento del río Pacas en los lugares en los que se habían deforestado los bosques ribereños, y encontró contaminantes en zonas adyacentes a los campos agrícolas. El estudio de la Universidad de São Paulo señaló un desequilibrio en las poblaciones de peces de la cuenca alta del Xingu.

También hay pruebas que demuestran los efectos agudos de la exposición cercana a los plaguicidas. Entre ellos están las irritaciones y alergias cutáneas, los vómitos y la diarrea. Las mujeres embarazadas, los niños y los adolescentes son el grupo de mayor riesgo. Los animales también pueden ser envenenados.

Pero la reubicación del pueblo ha renovado la esperanza. “Hemos creado nuestro primer campo y estamos entusiasmados. La tierra es buena, no tenemos que luchar contra las plagas. Es más seguro”, dice Yaiku.

Los retos de la economía forestal

Una tierra sana es importante para la recolección de especies autóctonas, una práctica que conecta a los indígenas con su entorno y con los mercados potenciales de productos forestales sostenibles fuera de su territorio. 

Los Kisêdjê recolectan entre 600 y 800 kg de miel al año, que, junto con la producción de otras especies, contribuye a Mel dos Índios do Xingu, la primera marca indígena aprobada en el país, que está a la venta desde 2001. 

La producción de aceite de pequi orgánico, que los propios Kisêdjê desarrollaron por primera vez, les valió el Premio Ecuatorial de la ONU en 2019. El premio se otorga a soluciones comunitarias innovadoras para el desarrollo sostenible.

La recogida del pequi es un ritual en el que participa toda la comunidad, especialmente las mujeres. Los árboles más grandes están cerca de la antigua aldea. Se plantaron hace décadas para recuperar las tierras degradados. Pero las semillas ya se están dispersando en los alrededores de la nueva aldea. 

“Nos mudamos lejos para estar tranquilos. Al quedarnos aquí, tenemos que pensar en el futuro de los niños”, dijo la matriarca Wekoí Suyá, a través de un traductor. “Pero creemos que habrá mucho pequi, que será suficiente para comercializar”.

Incluso con un menor riesgo de contaminación, la producción de aceite de pequi sigue teniendo problemas. Anteriormente, el procesamiento alcanzaba los 400 litros anuales, pero se interrumpió por la pandemia. Los comerciantes de Brasil y del extranjero también han tenido dificultades para venderlo.

La empresa estadounidense Culinary Culture Connections importa productos sostenibles de América Latina, como el aceite de pequi. Su cofundador, el antropólogo Gregory Prang, ha trabajado con grupos étnicos de Brasil y quiere estimular la economía forestal. Prang dice que el aceite es “muy sabroso” cuando se usa en moquecas (guisos), pero tiene pocos seguidores en suelo norteamericano.

“El pequi es poco conocido aquí [en Estados Unidos] y me falta presupuesto de marketing para promocionar el producto”, dice Prang. “Todos los años tengo que tirar la mitad. La compra es cara y la importación requiere mucho tiempo”. “ 

En el último envío, la empresa pidió cien tarros de 180 ml, que tardaron seis meses en llegar a su destino. El producto tiene una vida útil de un año. El tarro, que inicialmente se vendía a 20 dólares, cuesta ahora 7,50 dólares a través del sitio web de la empresa estadounidense.

Prang se pregunta si la bioeconomía -objeto de crecientes debates sobre cómo los pueblos amazónicos pueden generar ingresos y mantener la selva en pie- puede realmente prosperar. Después de hacer una encuesta sobre las decisiones de compra de más de 1.000 hogares latinoamericanos, se dio cuenta de que pocas personas están interesadas en pagar más por la sostenibilidad.  

“Es lo mismo en otras partes del mundo. Hay una tendencia a evangelizar sobre el comercio justo, pero la mayoría de la gente no piensa en ello”, añadió.

Los acuerdos con las cadenas de supermercados Pão de Açúcar y el famoso chef Alex Atala para la compra de aceite de pequi se han roto, dijeron sus oficinas de prensa, sin ofrecer detalles.

Un estudio del proyecto Amazonia 2030 muestra que la soja es la principal exportación de la región, generando 9.800 millones de dólares en ingresos entre 2017 y 2019. Mientras tanto, en el mismo período, las exportaciones de productos de la bioeconomía amazónica generaron 298 millones de dólares, apenas el 2% de las de la soja. El volumen de pequi exportado es tan pequeño que no se incluye en los datos. 

El apoyo estatal a las iniciativas respetuosas con los bosques también es desproporcionadamente bajo. Entre 2019 y 2020, el gobierno proporcionó 2.000 millones de reales (428 millones de dólares) en créditos para pequeños y medianos productores de la Amazonía. De esa cantidad, 55 millones de reales (11,7 millones de dólares) se destinaron a actividades sostenibles. El resto se destinó a la agroindustria, principalmente al cultivo de granos y a la producción de carne vacuna, según un informe de la organización Conexsus.

Aun así, los kisêdjê dependen de las actividades de recolección. Wekoí Suyá dice que las mujeres se han hecho cargo de la plantación de los frutos de achiote y muruci. Y este año, la aldea construirá una planta de procesamiento de aceite. “Siempre pensamos en los que vendrán después de nosotros”, dijo.

El ciclo de la deforestación por el avance de la soja

En mi última mañana en el pueblo de Khikatxi, Winti me llevó más al norte, a las orillas del río Pacas, que marca el límite del territorio wawi. En la otra orilla había una gran extensión de bosque autóctono, a diferencia de la parte sur del territorio, repleta de campos de soja. Sin embargo, incluso allí se podía ver la deforestación en la distancia.

Esta parte de la selva sirve de amortiguador del territorio indígena, con la agricultura intensiva, la ganadería y la tala prohibidas. Sin embargo, las autoridades medioambientales han confirmado que se ha producido una deforestación ilegal y han multado a los responsables. 

Las plantaciones de soja se han acercado tanto a los límites de un lado del territorio wawi que han obligado a sus habitantes indígenas a desplazarse. La coexistencia se ha vuelto imposible. Por otro lado, vuelve a empezar el proceso recurrente de ocupación de nuevas partes de la Amazonia. Winti se pregunta qué vendrá después: “¿Vamos a quedar atrapados? ¿Tendremos que desplazarnos de nuevo? ¿Cuándo? ¿Hacia dónde? Esta tierra tiene límites”. 

Este artículo publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

FM

El viento norte roza el rostro moreno de doña Antolina González. La piel curtida por el sol y callos en los pies reflejan la larga andanza de lucha y resistencia. Mientras camina sobre la tierra colorada, en una tarde de septiembre,  esta cruje con cada pisada, como signo del déficit de lluvia que golpea a su comunidad indígena Ypetî Tajy, del pueblo Mbya Guaraní, ubicada en el Departamento de Caazapá, Paraguay. 

A medida que se aleja de la vivienda, el paisaje de vegetación cambia por uno homogéneo, de miles de hectáreas de cultivo mecanizado: trigo, maíz y avena. En otras temporadas la soja se impone. Las plantaciones se ven hasta varios kilómetros por el área despejada.

La mujer se detiene justo en el límite de la propiedad de los indígenas y se inicia el cultivo a gran escala. En  el tramo no existe barrera verde de protección. El cultivo, en ese periodo del año, era avena, utilizado como abono verde sobre el cual luego se siembra soja, maíz o trigo.

“Aquí está pegado por nuestra línea el cultivo de los brasileros que no cuidan para fumigar. Cuando tiran el veneno, no respetan el viento fuerte y eso va hacia la comunidad. Tiene muy mal olor, es muy fuerte y nos preocupa. Deben proteger, si van a cultivar soja, por ejemplo, deben plantar vegetación, por lo menos unos 25 metros ya nos va a componer. Pero ellos casi entran en nuestra línea”, expresa. En el tono de su voz se percibe indignación.

El estudio denominado “Extranjerización del Territorio Paraguayo”, del 2009, de Marco Glauser, indica que por lo menos 7.889.128 hectáreas del país están en manos extranjeras, equivalentes al 19,4% del territorio nacional. El observatorio rural De Olho nos Ruralistas publicó, en el 2017,  que los propietarios brasileros tienen el 14% de las tierras en el Paraguay.

Por lo menos 7.889.128 hectáreas de Paraguay están en manos extranjeras, equivalentes al 19,4% del territorio nacional.

Doña Antolina avanza unos metros más y observa parte de su plantación ya seca. “Estas ramas planté en nuestra línea para que el veneno no pase y también con ello poder alimentar a mis animales, como cerdos, pero cuando ellos fumigan destruyen nuevamente la planta”.

Vuelve a emprender la marcha y el suelo empieza a tener una pronunciada pendiente. Frente a ella, en el horizonte, se inicia una de las pocas vegetaciones del entorno. A medida que ingresa hacia el pequeño bosque se escucha el sonido del arroyo que fluye con calma. 

La acompañan otros pobladores que, de a uno, descienden e ingresan al agua, hasta la altura de las piernas. Con las manos llevan el agua hasta el rostro para refrescarse luego de la caminata en una tarde calurosa. El cauce tiene un aspecto claro, la vegetación se refleja en él.

Pero no todo es armonía. El arroyo tuvo un importante descenso, no solo por la sequía, consideran los moradores, sino porque las nacientes se encuentran en la propiedad de los productores y no todas están protegidas.

 “Este arroyo bajó mucho. Nos preocupa, parece que va a desaparecer. Los sojeros destruyen las nacientes y esta agua puede terminar (…). También cuando llueve aquí cae el veneno de la fumigación”, asevera doña Antolina.

En el último censo de pueblos indígenas, en el 2012, la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec) reportó que 109 comunidades declararon fumigación con agroquímicos, 101 comunidades señalaron que existe contaminación de corrientes de agua y 134 consideraron una disminución significativa de animales silvestres.

En Paraguay habitan alrededor de 117.150 personas indígenas, pertenecientes a 19 pueblos y 493 comunidades.

Alquiler del territorio ancestral

Una de las pocas masas boscosas que quedan en Caazapá es la de la comunidad de Ypetî, donde se encuentra doña Antolina. Pero la cerca avanza hacia el pueblo. Uno de los principales problemas es que varios miembros ya decidieron alquilar parte de la tierra ancestral, ante las necesidades económicas y falta de políticas públicas que no llegan a la mayoría de los pueblos indígenas del país.

El pueblo Mbya Guaraní de esta comunidad cuenta con 1.526 hectáreas, de las cuales estiman que cerca de 150 hectáreas de bosque ya fueron alquiladas.

 “Somos muchos en la comunidad y tenemos parte de nuestra gente que fue convencida para ceder las tierras en alquiler. Intentamos atajar pero no nos ayudaron las autoridades, los fiscales, los policías. Nosotros aquí, los que estamos en esta punta, nos resistimos. Queremos conservar nuestro bosque”, relata el líder indígena, Jorgelino Villalba. 

La cultura aún fortalecida, las creencias ancestrales ayudan aún a resistir al pequeño grupo, relata Jorgelino. Pero sienten la desprotección del Estado y  las presiones no cesan. “Ahora estamos tranquilos, aparentemente, pero siempre hay advertencias de que los productores, que tienen cooperativa, con dinero van a lograr entrar, que no los vamos a poder atajar”.

Esta problemática del pueblo también se vive en otros territorios indígenas a nivel nacional. El último censo del 2012 reveló que de las 493 comunidades, 182 alquilan o prestan su tierra a terceros; esto equivale a 36,9%.

“Si hablamos de derechos del indígena, de leyes, todo es muy lindo, pero cuando reclamamos que se cumplan no nos hacen caso. Eso es lo que vemos en nuestra zona. Los sojeros con dinero, que trabajan en sociedad, tienen apoyo del intendente, del gobernador, de fiscales, de policías. Son todos sus amigos. Pero si nosotros vamos a reclamar no nos hacen caso porque no tenemos dinero”, comenta Villalba.

En la Constitución Nacional, en el apartado “De los Pueblos Indígenas”, en  el artículo 64 se establece que el Estado proveerá gratuitamente tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas.

En el Estatuto de las Comunidades Indígenas, Ley Nº 904/81, su artículo 17 señala que: “La fracción no podrá ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, prescrita ni comprometida en garantía real de crédito alguno, en todo o en parte”.

En la  práctica  no existen controles sostenidos para impedir esta situación.

“Los sojeros, de modo a burlar la normativa que prohíbe el alquiler de tierras indígenas, lo hacen a través de ‘contratos de prestación de servicios’ o de ‘parcería’. Al no mencionar las palabras ‘arrendamiento’ o ‘alquiler’, maquillan con otro nombre la situación real”, señala parte del estudio “Alquiler de tierras y territorios indígenas en el Paraguay”, de Marcelo Bogado, Rafael Portillo, Rodrigo Villagra.

Avance de la soja

“Las tierras habitadas por pueblos indígenas comenzaron a sufrir la deforestación en la década de los sesenta para la producción agrícola extensiva, intensificándose con el tiempo. Actualmente, el rubro de la soja es el más producido y con mayor impacto en las comunidades de la Región Oriental”, se describe en parte del estudio “Alquiler de tierras y territorios indígenas en el Paraguay”.

El total de superficie del cultivo de soja llegó en el 2021 a 3.701.631 hectáreas, según el Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO). La producción se triplicó en los últimos 25 años. La zafra de 1996-1997 comprendía 1.050.000 hectáreas, de acuerdo con datos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). Esta oleaginosa posiciona a Paraguay como el sexto mayor productor a nivel mundial y el cuarto en la categoría de exportadores.

Escasas investigaciones sobre impacto en la salud

En el país altamente agroexportador no existen muchas investigaciones sobre el impacto de agroquímicos en la salud, esto a pesar que los datos del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal (Senave) reportan una importación total de 54.189 toneladas de productos fitosanitarios en el año 2020. El 63% corresponde a herbicidas con 34.144 toneladas; en este grupo se encuentran algunos de los agroquímicos más utilizados como: Glifosato, Paraquat, 2 4D, Diquat.

En un primer estudio de la pediatra y docente, Stela Benítez Leite, en el 2007, los resultados mostraron asociación entre la exposición a plaguicidas y malformaciones congénitas en neonatos nacidos en el Hospital Regional de Encarnación, en el Sur de Paraguay.

La doctora volvió a presentar en el 2018 otra investigación en la que se detectaron daños en el ADN de  43 niños que viven cerca de cultivos de soja, a diferencia de 41 chicos de una comunidad certificada por el no uso de plaguicidas.

Cuando existe daño en el material genético, explica la doctora, las células pueden repararse, pero también pueden mutar hacia enfermedades que afectan el neurodesarrollo e incluso estar relacionadas con mal de Parkinson, diabetes y hasta cáncer. O también se puede transferir a las generaciones futuras ocasionando malformaciones o abortos espontáneo, según Benítez.

Tras estos hallazgos,  los representantes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en su mayoría de gremios del sector productivo, resolvieron frenar las investigaciones con resultados que consideraban “deficientes”, como este estudio financiado por el ente, lo que generó el rechazo de la Sociedad Científica del Paraguay.

Fumigaciones

El Senave es la autoridad de aplicación de la ley de “Control de Productos Fitosanitarios”. En ella se establece que, en aplicación terrestre, se debe fijar una franja de protección de 100 metros entre el área a fumigar y todo asentamiento humano; 100 metros entre el área de tratamiento con productos fitosanitarios de cualquier clasificación toxicológica y todo curso de agua natural. No se debe realizar aplicación cuando la temperatura es superior a 32º C, humedad relativa inferior a 60% o velocidad de viento superior a 10 km/h. 

Los cultivos colindantes a caminos vecinales poblados, objeto de aplicación de productos fitosanitarios, deberán contar con barreras vivas de protección con un ancho mínimo de cinco metros y una altura mínima de dos metros. De no existir dicha barrera viva, se dejará una franja de 50 metros de distancia de caminos vecinales poblados para la aplicación de plaguicida.

“Si uno aplica en condiciones no óptimas se pierde producto. Entonces, el objetivo de controlar las plagas no se va a lograr. El agricultor, desde el punto de vista de la eficacia y evitar posibles contaminaciones, va a respetar las condiciones  atmosféricas”, argumenta Cristhian Marecos, jefe de la oficina regional del Senave.

La cantidad de funcionarios distribuidos por departamentos, cuatro a cinco en promedio, señala que es poca para las distintas  misiones del ente. En la institución no figuran sumarios abiertos este año por irregularidades sobre fumigaciones.

En el 2019, de  327 centros educativos rurales  analizados se encontraron que 48 estaban a menos de 200 metros de cultivo y 51 a menos de 100 metros,  según el estudio “Mapeamiento de centros educativos e identificación del peligro de contaminación ambiental”.

En el informe del Senave sobre cumplimiento de franjas verdes cerca de 258 escuelas, se concluye que todos los cultivos están en regla. En otro documento del 2021 aparecen verificaciones en asentamientos en general, pero ya no se describe si se encontró o no irregularidad. Ante insistencias, la institución remitió el dato “de que todas están en regla”.

Autoridades se llaman al silencio

La ausencia de barreras verdes en los cultivos colindantes, denuncia de alteración de cauces, desmontes, falta de titulaciones y hasta episodios de desalojos son constantes en las comunidades indígenas del país. A ello se le suma que en la mayoría de las comunidades no existen  servicios básicos como el agua potable.

Durante varias semanas se intentó tener la versión de representantes del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y del Instituto Forestal Nacional (Infona), pero se llamaron al silencio.

En  el momento de elaboración de este reportaje, Edgar Olmedo era el presidente del Indi. No contestó las llamadas y las veces que se lo buscó en la oficina  estaba de viaje. Se recurrió al portal de solicitudes que obliga a las instituciones públicas a responder en un plazo de 15 días hábiles, pero el pedido fue denegado,  infringiendo  la Ley 5282 de “Libre Acceso a la Información Pública”.

En el Infona, no son visibles en la página web los mapas de deforestación. Tanto  la presidenta del ente, Cristina Goraleski, como los directores de varias áreas no dieron declaraciones.

En el informe de la institución, entre 2014 y 2015, figura que la cobertura forestal fue de 16.623.000 hectáreas. En marzo de este año, Goraleski comentó al diario Última Hora de Asunción que a nivel país, la cobertura forestal total es de 15.117.473 hectáreas, hasta el 2019. Es decir, 1.505.527 hectáreas menos.

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), los datos a los que se tuvo acceso sobre  cambio de uso de suelo sin permiso, sean desmontes o remociones, solo son hasta el 2019. En la región Oriental, donde rige la ley de Deforestación Cero se reportaron 4.134 hectáreas transformadas, entre 2018 y 2019. En  Occidental, Chaco, se registra 205.723 hectáreas.

Desprotección

En el país aún no se concretan mecanismos de protección para defensores de derechos humanos que se exponen a amedrentamientos, si se trata de comunidades indígenas la vulnerabilidad es aún mayor, ya que sufren discriminación estructural por falta de acceso a derechos básicos, considera Maximiliano Mendieta, abogado y consultor de la Federación por la Autodeterminación de Pueblos Indígenas (FAPI).

“Los indígenas  viven y sobreviven desde y para sus tierras, que ahora tiene un enfoque profundamente comercial y va en contra de la cosmovisión. Tampoco hay políticas públicas importantes con enfoque intercultural porque colisionan con la visión económica, el monocultivo, la deforestación irracional”.

Para personas indígenas como doña Antolina, los recursos naturales son  claves para sobrevivir. “Vemos con nuestros propios ojos cómo destruyen la tierra. La tierra es nuestra madre, a través de ella existen los árboles y mediante estos el agua. Estos tres recursos no pueden separarse porque no estarán fortalecidos. Si ellos desaparecen nosotros también acabaremos”, concluye mientras sale del curso hídrico y escala la pendiente. 

Se apresta para  caminar nuevamente a la vera del cultivo mecanizado y luego sumergirse en su comunidad, entre árboles nativos y una reducida población que todavía resiste a la transformación del territorio ancestral.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que elDiarioAR forma parte.  En el caso del presente artículo, este también fue producido con el apoyo de Climate Tracker - América Latina.

KG