La Argentina perdió una demanda presentada por cuatro fondos ante el Tribunal Superior de Londres vinculada con bonos “cupones PBI” y deberá pagar unos 1.330 millones de euros.

Se trata de los fondos de cobertura (“hedge founds”) Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que demandaron al país en 2019 y solicitaron una indemnización de hasta 643 millones de euros (US$704 millones).

Este miércoles, el juez Simon Picken falló a favor de esos cuatro fondos y dispuso que la Argentina debe pagar ese monto más intereses: unos 1.330 millones de euros (casi US$1.500 millones) en relación con todos los valores vinculados al PBI, de los cuales esas empresas poseen aproximadamente el 48%.

Susan Prevezer, representante de los fondos, señaló que las estadísticas económicas fueron “objeto de dirección política” en la Argentina bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

Pero los abogados del Estado argentino aseguraron que “ningún Gobierno racional subestima deliberadamente el PBI” y señalaron que el país había pagado casi US$10.000 millones a los tenedores de los bonos vinculados al PBI desde que se emitieron por primera vez, en 2005.

Una de las abogadas de la Argentina, Tamara Oppenheimer, dijo en una audiencia que es probable que el país solicite permiso para apelar el fallo, de acuerdo con un cable de la agencia Reuters.

Los bonos en cuestión fueron lanzados cuando Roberto Lavagna estaba el frente del Ministerio de Economía: establecían pagos a bonistas cuando el crecimiento económico del año superara el 3% y por eso se los conoce como “cupones PBI”.

Esos títulos fueron emitidos en distintas monedas y el objetivo era que la Argentina pagaría más cuanto más creciera su economía.

Ya en 2012 dejaron de pagarse y dos años después el ex ministro de Economía y actual gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció que el crecimiento económico de 2013 había sido del 3%, inferior al 3,2% necesario para que se ejecutara el pago del Cupón PBI por un total de US$3.000 millones.

También en 2014 el INDEC informó que la economía había crecido un 4,9% en 2013, según la estimación hecha con base de cálculo en 1993, pero finalmente se optó por aplicar una nueva metodología para calcular el PBI, con base en 2004.

En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, se determinó que en 2013 el PBI argentino había crecido solo un 2,4%: en consecuencia, los cuatro fondos demandaron a la Argentina por los pagos que el país no concretó y finalmente un Tribunal de Londres aceptó el reclamo de las empresas.

Con información de NA.

IG

El presidente Alberto Fernández decidió hoy recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, argumentó el Gobierno, a través de un comunicado, luego de una reunión mantenida entre el Presidente y 14 gobernadores peronistas en Casa de Gobierno.

A continuación, el texto difundido por el Gobierno bajo el título: “Un fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento”.

“En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.

“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.

“Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.

“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA.

“Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad. ”Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis´ de la resolución cautelar dictada.

“Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación ´in extremis´ de la misma.

El encuentro de hoy entre el Presidente y los gobernadores se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, pero un grupo de mandatarios asistió en forma virtual. Fernández estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.

Participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela; el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raul Jalil.

También, el mandatario sanjuanino Sergio Uñac; el santiagueño Gerardo Zamora; el chubutense Mariano Arcioni y el pampeano Sergio Ziliotto.

A ellos se sumaron en forma virtual el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich; el fueguino Gustavo Melella; el misionero Oscar Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia Kirchner.

DA

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que es un “día aciago” para el “federalismo”, tras la difusión del fallo “tremendo” de la Corte Suprema sobre fondos coparticipables, una decisión que, dijo, “genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta”, en referencia a Buenos Aires, y el “resto” del país.

El mandatario se expresó en estos términos después de que se conociera que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.

“Sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y federalismo: que todos tengamos las posibilidades de crecer y desarrollarnos”, insistió el mandatario desde Formosa, donde encabezó junto al gobernador Gildo Insfrán el acto de entrega de 476 viviendas en el barrio Nueva Formosa.

Para el mandatario, es un “día aciago para el federalismo” por el fallo “tremendo” de la Corte Suprema que “genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta del país y el resto del país”.

El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo, sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.

 El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó esta tarde que a partir de mañana quedará eliminado el impuesto a las tarjetas de crédito que su gestión había creado luego de la quita de fondos de coparticipación federal a la Ciudad, situación que se revirtió con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia.

  “Una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar como jefe de gobierno fue cuando pedí un esfuerzo extra y creamos un impuesto en el uso de tarjetas de crédito. Dimos la cara y sabíamos de la bronca de mucha gente pero no teníamos alternativa, estábamos en medio de la pandemia”, recordó sobre una de las maneras que encontró su gestión para compensar la pérdida de fondos tras la medida de la Nación.

  “Teníamos la confianza en que íbamos a ganar el juicio y ahora estoy cumpliendo mi palabra: todo lo que la Corte devuelva será bajado en impuestos. Vamos a eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito desde mañana mismo, este jueves desaparece. Estamos enviando el proyecto a la legislatura y también vamos a estar bajando ingresos brutos”, agregó en una conferencia de prensa en la sede del gobierno porteño en Parque Patricios.

  Además, envió un mensaje a los gobernadores: “Esta decisión no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia, porque cuando la Nación nos sacó los fondos no le dieron un peso a ninguna provincia, salvo a la de Buenos Aires”.

La Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra el gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020 para asignárselo a la provincia de Buenos Aires.

El máximo tribunal, por unanimidad, le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables.

La medida cautelar obliga al Estado Nacional a devolver ese dinero, que –no obstante- no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50 por ciento.

Según la Corte, la decisión no afectará a los ingresos del resto de las provincias.

“Las provincias no se ven perjudicadas con la solución, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”, explicaron voceros del tribunal.

El reclamo por la diferencia entre el 2,95 por ciento otorgado hoy y el 3,50 que sostiene la CABA que le corresponde continuará tramitando en la acción de amparo, que aún no tiene una sentencia definitiva.

La adecuación al fallo de la Corte deberá hacerse mediante “transferencias en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

DA

El presidente Alberto Fernández recibió hoy a intendentes del conurbano bonaerense, quienes le plantearon la necesidad de mantener la obra pública en la provincia y analizaron las problemáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como la desocupación, la pobreza y la inflación, y otros temas de gestión. La reunión se realizó esta tarde en el Salón Eva Perón, en el primer piso de la Casa Rosada.

El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos; el ministro de Economía, Sergio Massa; y los secretarios general de la Presidencia, Julio Vitobello; y de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk.

Por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires estuvieron el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; el titular del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez; y el legislador bonaerense Mariano Cascallares.

En tanto que asistieron los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Pilar, Federico Achaval; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y de San Fernando, Juan Andreotti.

Tras la reunión, Descalzo dijo a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno que le hicieron saber al presidente “las necesidades del conurbano bonaerense, sobre todo en lo que hace a la vulnerabilidad social del cordón”, referidas a “mantener las obras públicas que se están llevando adelante para que rápidamente podamos seguir con el crecimiento y desarrollo que se está dando en la provincia de Buenos Aires”.

“Lo que hemos charlado y propuesto quedó en contestarnos algunas cosas el ministro de Economía”, indicó el jefe comunal, y agregó que “seguramente vamos a tener pronto una nueva reunión con él, para que estos puntos que hemos presentado al Presidente, de cada uno de ellos, tengan una contestación”.

Esos puntos planteados “tienen que ver con mantener este crecimiento y desarrollo que se está dando en el conurbano, que tiene que ver con la inversión privada y la pública, que vienen desarrollando los Gobiernos nacional, provincial y local, y de alguna manera tienen que ver con el trabajo, con la desocupación en la provincia de Buenos Aires y nuestra necesidad de articular con la Nación, que está haciendo el Presupuesto del año que viene”.

“Y conjuntamente con el Gobierno de la provincia articulamos con cada uno de los municipios para tratar que esa pobreza que hay en la provincia, esa falta de trabajo, y problemas que tienen que ver con la inflación, podamos ir entre todos trabajando cada una de las cosas que tenemos que hacer”, completó.

Por su parte, Watson explicó que este encuentro “viene como consecuencia de una (reunión) que hubo ya en Almirante Brown”, el 27 del mes pasado, “en donde el Presidente quedó comprometido a convocar a otra reunión” para analizar “estas problemáticas que provienen del conurbano, del AMBA específicamente, que tienen como parámetro la vulnerabilidad social y la densidad poblacional, que tiene una situación distinta al resto de los distritos”.

El intendente de Florencio Varela aclaró que de temas partidarios “no se han hablado” porque “estamos preocupados con la problemática social en cada una de nuestra gente, no estamos dialogando sobre temas políticos, sino de temas de gestión, que son los que más nos interesa en estos momentos”.

En ese sentido, Descalzo aportó que “son distintas propuestas que hicimos, volvemos a reiterar la agenda del conurbano bonaerense, que no tiene que ver con coyunturas políticas”.

“A nosotros nos preocupa más el compromiso que cada intendente tiene con las vecinas y vecinos, algo que nos comprometimos hace tres años y tenemos que llevar a cabo. Tenemos en cuenta la necesidad de la agenda, la agenda del día de cada uno de los municipios, y algún comentario político nos tiene sin cuidado”, refirió tras distintas declaraciones realizadas en el Frente de Todos durante el fin de semana.

“Vinimos acá, estamos contentos porque el Presidente siempre nos recibe con mucho cariño y afecto, y nos tiene muy en cuenta lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. En ese camino estamos y la verdad agradecemos la forma que nos atienden”, concluyó el intendente de Ituzaingó.

DA

Los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires concluyeron este miércoles las negociaciones por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña sin haber alcanzado un acuerdo y será la Corte Suprema de Justicia la que deberá fallar en el diferendo entre las partes.

La reunión se concretó en la misma jornada en que vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal y luego de que el viernes pasado 21 provincias aprobaran un informe de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice la posición de la Ciudad en el reclamo.

En tanto, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que “el federalismo no se negocia” y manifestó la “profunda preocupación por la injerencia indebida” por parte del máximo tribunal en la causa iniciada por la ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el actual Gobierno.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales, dado a conocer hoy.

En ese marco, los gobernadores advierten que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, remarcaron en el documento suscripto por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Durante la semana pasada, las partes en esta controversia entendían que las reuniones técnicas para acordar en el plazo fijado por la Corte -que finalizó este miércoles- seguirían sin dar resultado, dada la amplia diferencia entre las propuestas, y sólo se mostraban esperanzados en un diálogo político de alto nivel para destrabar la negociación.

Sin embargo, luego del dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores -incluso de aliados políticos de Rodriguez Larreta- la Ciudad motorizó un nuevo encuentro pero que no tuvo resultados positivos. Será ahora el máximo tribunal el que deba emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.

Las partes tuvieron, el 10 de marzo pasado, una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri, luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.

El 9 del septiembre de 2020 cuando, durante la pandemia de coronavirus y a través del Decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4%.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.

La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.

Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones, plazo vencido este 11 de mayo.

Con información de agencias.

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