Un grupo de docentes, investigadores e integrantes de organizaciones de distintas provincias de Argentina expresó en las últimas horas por medio de un comunicado su “preocupación por la amenaza de despojo de los territorios ancestrales que sufre la comunidad Yariguarenda perteneciente al Pueblo Guaraní, en la localidad de Tartagal del Departamento San Martín, Provincia de Salta”. 

De acuerdo al texto, “el 18 de diciembre de 2023, el Banco de la Nación Argentina (BNA) procedió a un remate judicial del territorio ancestral de esa comunidad, por compensación de deuda en relación a un juicio de 1996 que inició el BNA contra uno de los titulares registrales, Francisco Martínez”. 

De acuerdo a los firmantes del comunicado, “este riesgo de despojo territorial es de larga data. La comunidad viene siendo objeto de atropellos desde la década de 1930: ha sido atravesada por líneas destinadas a las prospecciones petroleras, además de una intensa actividad extractiva de empresas madereras, lo que significó cambios sustantivos en la biodiversidad del monte nativo. Esto generó grandes perjuicios para la comunidad ya que hubo cambios irreparables en la naturaleza, con la cual este pueblo se vincula y que es el sustento de la vida de sus integrantes. A su vez, en 1970, se aceleró la compra de tierras comunitarias y la explotación de grandes espacios para la producción de hortalizas y de monocultivos. Desde entonces, la comunidad ha sido objeto de desalojos, intimaciones y atropellos”, denuncian. 

Asimismo, desde las distintas organizaciones aseguran que la comunidad Yariguarenda “ha continuado habitando sus territorios, cuidándolos, produciendo alimentos agroecológicos que permiten la subsistencia de niños/as y adultos/as del mismo pueblo indígena y de la localidad de Tartagal y generando proyectos de turismo rural comunitario donde enseñan sobre el cuidado integral de la naturaleza”.

Con respecto a la situación judicial, sostienen que se trata de “una historia de despojo y resistencia la comunidad que llega a la situación de crisis territorial por la subasta que intenta realizar el Banco de la Nación Argentina, interponiendo frente a ello una acción de amparo colectivo, medida a la que dio lugar el Juzgado Federal de Tartagal, por estar, el catastro, dentro del territorio relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en 2012”. 

De acuerdo al escrito, “en un fallo del 9 de enero pasado, la jueza federal Soledad Ivana Hernández ordenó suspender la venta ”hasta tanto se dicte sentencia definitiva (...) sobre el fondo de la cuestión“ y el mismo Juzgado estableció que el despojo de tierras atentaba contra la continuidad cultural y la vida misma de la comunidad”.

Además, agregan como fundamento que los derechos indígenas a los territorios que habitan “están reconocidos por la Constitución Nacional Argentina (artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional), por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 805/2021 que dispone la prórroga de los plazos de la Ley N° 26.160, estableciendo así la suspensión de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, así como por normativas internacionales de rango constitucional, como la Declaración Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. 

Para finalizar, en un documento en el que piden a la ciudadanía que sumen con más firmas, los educadores y científicos expresaron su apoyo a la comunidad Yariguarenda con el fin de “cancelar la subasta pública. Debe tenerse presente además que el único oferente, el señor Dante Galeano, pretende instalar emprendimientos turísticos en el lugar (la empresa Tar- Tur SAS). Esta situación preocupa a la comunidad que entiende, que el mismo provocara impactos mayores y de características irreversibles, por las implicancias de un emprendimiento de turismo instalado en territorio comunitario”, concluye el texto que se puede firmar aquí. 

IG

A las 8.30  del viernes 3 de septiembre del 2021, tres policías entraron al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Salta para llevarse detenida a Miranda Ruíz. El día anterior, la médica de 33 años había armado un bolso con un libro y muda de ropa: sabía que un fiscal de la zona pedía por su detención. ¿El delito? Asistir una interrupción voluntaria y legal de embarazo en el marco de la Ley N° 27.610 diez días atrás.

“Siguen sin explicarme cómo habría cometido el delito”, cuenta Ruíz, que hace un año asistió -junto con otros profesionales médicos- a una joven de 21 años que llegó al hospital solicitando la interrupción legal de su embarazo. Dos días después, la familia de la joven la acusó de forzar a la paciente a abortar. “El tratamiento de Misoprostol es autosuministrado. Es imposible que alguien pueda obligar a una mujer a abortar con un procedimiento que consiste en ubicar dos pastillas debajo de la lengua durante media hora, cada tres horas”, explicó Miranda a elDiarioAR. Hoy, la médica lucha contra su imputación apelando a una justicia que no parece -o quiere- escucharla.

Miranda Ruíz s la única médica a cargo del consultorio de IVE del establecimiento, espacio que funciona a demanda espontánea todos los lunes y que recibe el 90% de las consultas en la zona. El lunes 23 de agosto del 2021, 8 meses después de que el Congreso Nacional sancionara la ley que lo habilita, una mujer de 21 años (L*) acudió al consultorio manifestando su voluntad de interrumpir un embarazo. Si bien el embarazo excedía las catorce semanas de gestación establecidas por la Ley No. 27.610 para acceder a la IVE, la situación de L. fue valorada por el equipo multidisciplinario de médicos debido a la causal de salud. “La dejamos internada en el servicio de Ginecología y Obstetricia y al día siguiente fue evaluada por la psicóloga y la trabajadora social”, contó Ruíz. “Discutimos el caso con el supervisor de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Salta, con el jefe de Ginecología y Obstetricia, con el gerente de nuestro hospital y entre todos determinamos y validamos la legalidad de la IVE bajo la causal de salud física, psíquica y sexual”.

El protocolo nacional que los médicos establecieron para cumplir con la voluntad de L. de interrumpir su embarazo fue el de Misoprostol. La médica -que lleva asistiendo más de 500 abortos desde que está en el hospital- no se encontraba presente al momento de la expulsión del feto, pero se quedó tranquila: el derecho de la paciente a acceder a la IVE se había cumplido.

Mientras L pasaba lo que quedaba del día en la sala de Ginecología y Obstetricia del hospital, su tío policía contactaba a una conocida concejal antiaborto para manifestarle su desacuerdo con el procedimiento. “Desde el minuto cero, la concejala Claudia Subelza empezó a hablar del caso en los medios de comunicación, exponiendo a la paciente, mintiendo sobre la historia clínica y llamando a los médicos, a L. y a mí para que no continuemos con la práctica”. 10 días después, a Miranda Ruiz la llevaron detenida.

Incomunicada, en un calabozo de dos metros por tres, mantuvo la calma: “Sabía que un movimiento de mujeres a nivel nacional luchaba, allá afuera, por mi liberación”. Cuatro horas más tarde, fue liberada. “El fiscal fue presionado para detenerme – considera hoy, mirando en retrospectiva–; no solo la familia presenta la denuncia a los dos días de la IVE, sino que la campaña mediática iniciada por la concejala fue en aumento. Las mentiras y calumnias que se hicieron, como que el feto lloró cuando se produjo la expulsión, surgieron también de políticos, curas antiaborto y del abogado de un ginecólogo que denuncié en el 2020 por abuso sexual a una menor”.

Miranda Ruíz busca explicaciones y no puede dejar de recordar que hace dos años denunció el de un presunto abuso sexual por parte de un médico. “Una menor de edad le solicitó un aborto de forma privada: el médico Marcelo Cornejo le habría propuesto sexo a cambio de la práctica”, explicó Ruíz. El profesional trabaja en el mismo hospital que ella y estaba de guardia el día que L. expulsó el feto. “El actualmente se encuentra imputado por presunta falsificación del documento público que establece que el feto nació con vida: Detalle que no figura en ningún testimonio de la causa”, siempre según Ruíz. Hoy, el abogado de Cornejo defiende a la familia de L.

“¿Por qué me están haciendo esto?, – se pregunta Miranda Ruíz a elDiarioAR–. Por un lado, ”creo que se trataría de la venganza de él por haberme animado a denunciarlo penalmente. Por el otro, si dejo de atender en el consultorio ambulatorio, el 90% de las demandas por el acceso a la IVE en la zona quedan desatendidas. Hay un oportunismo de los sectores políticos antiaborto, que utilizan el caso para militar su oposición contra la ley“. 

La causa hoy

La causa, que se alarga cada vez más, mantiene a Miranda Ruíz como imputada: “En el delito penal uno debe describir el móvil, el delito y el damnificado. Pasan los meses y le sigo preguntando al fiscal cuál es el móvil por el cual yo obligaría a una mujer a abortar, o cómo es que lo hago”.

El argumento del juez Mariscal Astigueta para negarle el segundo pedido de sobreseimiento (el primero fue negado porque se estaba ampliando la imputación) sería el faltante de carga de prueba y que no está probada la inocencia. Junto con sus abogadas presentó una apelación, que se encuentra radicada en un tribunal de impugnación salteño. “Mi inocencia está probada en el expediente”, sostuvo. La carga de prueba requerida por la fiscalía, que consiste en que una junta médica evalúe la historia clínica de la paciente, va en contra del fallo FAL y de las reglamentaciones vigentes. “Los protocolos nacionales de acción médica establecen que las causales no se judicializan –explicó Miranda–, en palabras más sencillas: no pueden venir tres médicos del poder judicial a determinar si la causal estaba bien o mal justificada mirando una historia clínica cuando una paciente fue valorada por todo un equipo multidisciplinario de salud previamente”.

La médica se siente apoyada por el movimiento de mujeres y de derechos humanos. Y también, por algunos políticos: “Si hay una ley nacional, Tartagal la tiene que cumplir. Esto se volvió un problema político desde el minuto en que la justicia local decidió imputar a una persona por cumplir con la ley”. La médica asegura que no tiene miedo a ir presa y duerme tranquila por las noches: “No cometí ningún delito. La Ley de IVE no tiene fallas, la falla la tiene la justicia”. 

*La inicial es ficticia y fue utilizada para proteger la identidad de la paciente.

LR