Luego de que Bolivia fuera incluida por Estados Unidos en el bloque de países en los que el presidente Donald Trump busca explorar tierras raras y minerales críticos para la transición energética y tecnologías avanzadas, la decisión despertó alertas por los posibles impactos ambientales que implicaría la explotación de estos elementos, pero también por la afectación a pueblos indígenas que habitan zonas donde se extendería la minería.

El país sudamericano posee 31 de los 38 minerales críticos identificados para la transición energética, pero no hay planes claros para su explotación sostenible, aseguran expertos consultados.

Estados Unidos busca unir a 50 países en torno a los minerales críticos y tierras raras con la intención de contrarrestar la potencia china en este ámbito. En Bolivia, la Chiquitania, en el oriente del país, es la zona donde se presumen más tierras raras y minerales críticos, pero a la vez es donde los pueblos indígenas se pusieron en alerta frente a un posible avance sobre sus territorios.

Leer más: Argentina: diputados aliados a Milei modificaron la Ley de Glaciares a favor de la minería

Los minerales críticos son elementos naturales, como metales y minerales, esenciales para la fabricación de tecnologías modernas, pero cuyo suministro es escaso debido a su concentración geográfica en pocos países y la elevada demanda global. Los potenciales de Bolivia se encuentran alrededor de tres zonas: Santa Cruz, Cochabamba y Potosí.

Las tierras raras son 17 elementos químicos: escandio, itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio). Se incluyen el escandio y el itrio porque aparecen frecuentemente mezclados con los lantánidos en los mismos yacimientos.

Los proyectos que ya se activaron

En Bolivia ya hay tres proyectos que ponen en alerta a pueblos indígenas y defensores ambientales en el departamento de Santa Cruz. El primero es el La Cruz Pico Suto, que está en la provincia Ñuflo de Chávez, donde los pueblos indígenas guarayo, chiquitano y ayoreo no fueron consultados, contraviniendo normativas de derechos indígenas. Además, existe preocupación por la supuesta contaminación y afectación a los bosques y recursos hídricos en la zona de influencia.

El segundo proyecto es el del Cerro Manomó, con 12 000 hectáreas para explotar. El tercer proyecto es el Rincón del Tigre. Entre los elementos que se han encontrado en estas áreas están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

Mongabay Latam envió una solicitud de información al Ministerio de Minería y Metalurgia para conocer los cuidados ambientales que se realizan en estos proyectos, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió una respuesta.

Sin embargo, José Córdova, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), empresa pública encargada de administrar la cadena productiva de la minería estatal en el país, afirmó a este medio que el Gobierno boliviano estuvo presente en marzo en la Convención Anual de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), donde existió -dijo- interés de al menos 20 empresas para explorar y explotar minerales críticos y tierras raras. El país también estuvo en Washington, en febrero pasado, en la reunión ministerial de minerales críticos impulsada por el gobierno de Donald Trump.

“Obviamente se verá todo el tema ambiental, se verá el cuidado del medioambiente en todos estos proyectos. Este tipo de nueva minería puede atraer muchos recursos para el país y la idea es generar esos recursos sin dañar el ambiente”, afirmó Córdova.

 *FOTO MANOMO* El cerro Manomó está ubicado en la Chiquitania boliviana. Allí proyectan explorar minerales críticos y tierras raras. Foto: cortesía Revista Nómadas

El funcionario dijo respecto al caso de Cerro Manomó que “se trata de un proyecto asociado a una formación de tipo carbonatítico, es decir, a un tipo de roca ígnea que constituye una de las principales fuentes mundiales de tierras raras ligeras, y también de niobio”. Además, del proyecto Rincón del Tigre, detalló que está “enfocado en minerales del grupo del platino, [y que] también está en fase de prospección”.

Córdova añadió que, en el caso del Rincón del Tigre, Comibol presenta un proyecto con trabajos de muestreo, perforación y análisis geoquímicos con control de calidad, “lo que muestra un proceso técnico de evaluación más allá de una identificación preliminar del área”.

En Bolivia, varios de estos metales ya son explotados por algunos actores productivos que operan en el país, algunos tienen proyectos de explotación y sobre otros no se tienen cuantificadas las reservas. Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, afirmó a Mongabay Latam que se necesita una nueva ley minera que integre a todos los actores del sector, promueva tecnologías limpias y garantice seguridad jurídica para los inversionistas. Pero que también proteja el medioambiente.

“La transición hacia una minería sostenible y competitiva es crucial para que Bolivia pueda aprovechar su potencial mineral y contribuir a la transición energética global. Esto requiere un compromiso político firme, inversiones en infraestructura, tecnología y una estrategia nacional que priorice el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades afectadas”, dijo Oporto.

Según un reporte publicado en septiembre de 2025 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), varios países latinoamericanos ocupan un sitial en el ranking mundial de reservas probadas globales de minerales críticos. Por ejemplo, Bolivia ocupa el primer lugar en litio (21.6 %) y Chile en cobre (9 %). Argentina tiene las segundas mayores reservas de litio (20.6 %), Perú la tercera mayor de cobre (3.9 %), Brasil tiene la tercera de níquel (15.7 %) y Cuba la tercera mayor de cobalto.

Críticas de expertos y líderes indígenas

Héctor Córdova, especialista en minería de la Fundación Jubileo, indicó que Bolivia no cumple los requisitos para grandes explotación de minerales críticos y tierras raras, a pesar de que desde hace muchos años se los explotan, como el cobre, el antimonio, bismuto, wólfram, pero a escala muy pequeña en fundiciones.

“El Estado no tiene la posibilidad de hacer inversiones grandes ahora, las cooperativas tampoco y solo queda el sector privado, pero para que este se anime a invertir, tiene que venir capital de afuera. Y para que venga ese capital tiene que haber condiciones, porque si invierten y después las cooperativas [mineras, muchas de ellas irregulares] avasallan la mina, ¿quién va a venir así?”, cuestionó Córdova.

Cirila Tapendaba, presidenta de la Central de Organización de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), afirmó a Mongabay Latam que en los territorios guarayos no se realizaron un proceso de consulta previa y que tampoco tienen información sobre los proyectos de minerales críticos y tierras raras. La dirigente pidió al Gobierno no realizar trabajos mineros en zonas indígenas.

“Nosotros, como Copbag, no tenemos información sobre los proyectos mineros que tiene el Gobierno en este tema [minerales críticos y tierras raras]. No queremos zonas afectadas como en el norte de La Paz, donde los hermanos indígenas denuncian que sus territorios están contaminados por la minería”, destacó Tapendaba.

Según Miguel Vargas, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), más de la mitad de los proyectos extractivos de minerales críticos en América Latina y el Caribe afecta de manera directa o indirecta a territorios indígenas titulados.

Además del impacto ambiental -como la pérdida de bosques y el aumento del estrés hídrico-, Vargas afirmó que la explotación de estos recursos genera riesgos sociales y culturales, entre ellos, desplazamiento forzado, fragmentación territorial, migración y debilitamiento de los sistemas de autoridad y toma de decisiones comunitarias.

Vargas explicó a Mongabay Latam que en Bolivia el área de la Chiquitania es la zona de transición a la Amazonía y que toda actividad extractiva en comunidades chiquitanas tendrá efectos en los pueblos amazónicos, que abarcan los departamentos de Beni, Pando y el norte de La Paz.

“La transición energética no puede construirse a costa de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas ni mediante la devastación de sus territorios y el medioambiente. La situación que enfrentan las comunidades indígenas de las regiones de la Chiquitanía y el Pantanal evidencia que, lejos de representar una salida al modelo extractivista, la llegada de proyectos de prospección y explotación de tierras raras y minerales críticos tiende a profundizarlo. Esto genera mayores presiones sobre los territorios y nuevas violaciones a los derechos indígenas”, afirmó Vargas.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

La Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes tiene una extensión de 14 450 kilómetros cuadrados en el noroeste de Argentina, más que países como Jamaica, Líbano o Montenegro. Pero apenas cuenta con un único guardaparque, sin vehículo, para cuidar sus salares y salinas de alta montaña, sus vicuñas y sus sitios arqueológicos y ceremoniales.

Los Andes es un gran desierto lleno de vida, hogar de flamencos y lagartos en peligro donde confluyen las ecorregiones de la Puna y el Altoandino. La reserva es tan importante para la provincia de Salta que representa el 80 % de toda la superficie que el gobierno provincial ha declarado como área protegida. Desde su creación en 1980 necesita un plan de manejo pero las autoridades no consiguen implementarlo.

Leer más | Litio en Argentina: qué plantea el plan para proteger la reserva Los Andes y los impactos en la población de flamencos

Mientras tanto, las empresas mineras avanzan sobre ella, en busca del mineral estrella de la transición energética: el litio.

Dentro de los salares del área protegida que se declaró hace casi medio siglo, el gobierno provincial de Salta ha concesionado 22 proyectos mineros para explorar y extraer litio. El mineral es usado para fabricar las baterías que ponen a andar a los vehículos eléctricos, esenciales para alejarnos de los combustibles fósiles que todavía mueven gran parte del transporte mundial.

El litio también se usa cada vez más en baterías que permiten almacenar a gran escala la energía producida por fuentes renovables como la solar y la eólica, de modo que esa electricidad no esté disponible únicamente cuando está soleado o sople el viento. Precisamente hoy el transporte y la generación de energía eléctrica a base de derivados del petróleo o carbón son los sectores que más emisiones de gases de efecto invernadero producen en el planeta.

La minería es permitida dentro de ciertas zonas de la reserva natural provincial, que lleva el nombre de la cordillera que lo alberga, justamente porque se estableció desde un inicio que sería un área de usos múltiples: se pueden realizar actividades productivas pero controladas y en ciertas áreas preestablecidas, siempre y cuando no generen impactos en los ecosistemas.

Leer más | Chile invierte 33 veces más en impulsar la industria del litio que en investigar cómo proteger los salares

Esa contradicción entre estar protegida pero que no se aplique su instrumento de manejo, a la par de que sus puertas se han abierto a la minería, ha llevado a especialistas y funcionarios consultados a coincidir en que hay un interés político y económico por mantener a Los Andes como una “reserva de papel”.

Este equipo periodístico se comunicó en reiteradas oportunidades con el gobierno provincial de Salta pero las autoridades consultadas nunca respondieron las preguntas enviadas, ni quisieron confirmar en qué medida se está aplicando el plan de manejo aprobado en 2018. El 2 de febrero se envió al secretario de ambiente y desarrollo sustentable de Salta, ingeniero Alejandro Aldazábal, a pedido de su secretaria privada, un cuestionario de siete preguntas. Tras semanas de esperas, su secretaria dejó de responder los mensajes y llamadas y nunca envió las respuestas.

Leer más | Litio en Conflicto lanza una herramienta para rastrear los proyectos de litio de ocho países de Latinoamérica

Estos son los hallazgos de una investigación periodística realizada por Mongabay Latam y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) como parte del proyecto Litio en Conflicto, que coordinó el CLIP y reunió a diez medios de la región para entender algunos de los problemas que rodean a la industria del litio en América Latina.

El plan que existe pero no se aplica

Entre 2016 y 2018, un grupo de científicos y funcionarios se reunieron para dar vuelta la historia de Los Andes y elaborar un plan de manejo que, por primera vez, estableciera en qué zonas de la reserva la minería no podría avanzar. El resultado fue un documento de 108 páginas en el que plasmaron la misión de la reserva: conservar la vicuña, los abundantes recursos naturales de la Puna y zonas altoandinas y el patrimonio cultural e histórico. Y sobre todo resguardar los salares y el agua “como recurso estratégico para la vida dentro de la reserva”, dice el documento público que analizó Mongabay Latam.

Leer más | Chile: Kast frena las áreas protegidas en salares y otras 37 normas ambientales aprobadas por Boric

Sin embargo, es allí, en los salares altoandinos que busca proteger, donde se están instalando las mineras de litio, a pesar de que la zonificación aprobada por las autoridades en agosto de 2018 establece explícitamente que estos cuerpos de sal deben ser protegidos y recibir, en sus palabras, un “cuidado especial”.

Los salares de Rincón, Pozuelos, Arizaro, Pocitos e Incahuasi fueron catalogados en un mapa de zonificación como “subzonas de gestión especial”. Allí no debería estar permitida la minería, según el documento.

El plan de manejo también buscaba mantener la viabilidad de las poblaciones de especies bandera para la Puna, como la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe), la rana puneña (Telmatobius atacamensis) y los flamencos (Phoenicoparrus andinus); y poner en valor y resguardar el Qhapaq Ñan, el antiguo camino de los incas hoy declarado Patrimonio de la Humanidad, y otros posibles sitios arqueológicos, que podrían ser atractivos para el futuro turístico de la provincia.

A pesar del largo trabajo, de la inversión de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del esfuerzo de 49 personas directamente involucradas en la producción de un programa formulado para implementarse durante cinco años, el Gobierno de Salta nunca puso a funcionar el plan de manejo como fue aprobado. En Argentina, los estados provinciales tienen potestad constitucional sobre los recursos minerales e hidrocarburíferos, por lo que pueden abrir licitaciones y concesionar áreas dentro de sus territorios.

La búsqueda del codiciado litio para la transición energética desplazó por completo cualquier interés de las autoridades salteñas por proteger esta reserva. Esta alianza periodística publica aquí el plan de manejo abandonado por considerarlo de interés público.

Entre tanto, Los Andes cuenta con un único guardaparque, quien no tiene vestimenta adecuada ni vehículo para movilizarse, según confirmó Mongabay Latam con fuentes oficiales que conocen el territorio. ¿Cómo puede entonces proteger la fauna y flora endémicas del lugar? “Camina o hace dedo”, respondieron a este medio, en referencia a la modalidad de los viajeros que piden aventones por las rutas.

Tierra de sal: una reserva habitada por salares y lagunas

En la reserva, se formaron extensos salares por evaporación. Existen 12 cuencas, aunque las precipitaciones son extremadamente escasas durante todo el año. Es una zona de estrés hídrico y alta amplitud térmica, con temperaturas estivales que pueden alcanzar los 40 °C y mínimas invernales nocturnas de hasta -40 °C. El índice de radiación solar es uno de los más elevados del mundo, de acuerdo con la investigación realizada para el plan de manejo del área protegida.

Leer más | El litio en México, de la ilusión a la incertidumbre

Aquí reinaban las vicuñas. También los guanacos, los suris (Rhea pennata), guaipos o queús (Rhynchotus maculicollis) y predadores como el zorro colorado (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor), aguiluchos (Geranoaetus poecilochrous) y matamicos (Phalcoboenus megalopterus). Todavía habitan el lugar junto a mamíferos como la vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), el cavícola tojo o tocotuco puneño (Ctenomys opimus). Abundan las aves, como las camineras, banduritas, canasteros, dormilonas, yales y jilgueros. Y los reptiles: una especie de culebra, el sapito puneño, lagartijas del género Liolaemus y la amenazada rana acuática puneña (Telmaobius atacamensis), considerada En Peligro Crítico.

También se encuentran en Los Andes las tres especies de flamencos del cono sur, todos en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y el flamenco puna o de james (Phoenicoparrus jamesi). Además, los dos últimos anidan en los salares de la reserva.

Las extremas condiciones de vida en la reserva de Los Andes hacen que las especies de flora y fauna que habitan esta área protegida sean “particularmente frágiles ante alteraciones e interferencias agudas como las provocadas por las actividades humanas irruptivas”, resaltaron los expertos y funcionarios en el plan de manejo que las autoridades no pusieron en práctica. Por eso, en Los Andes habitan “altas proporciones de especies categorizadas bajo alguna condición de amenaza”. Esas actividades incluirían la minería y el turismo realizados sin los cuidados específicos que reclamaron los especialistas.

Aquí no solo habitan especies carismáticas o bandera. En estos salares también viven comunidades de organismos muy extraños y particularmente adaptados a condiciones extremas: son llamados extremófilos, representantes de formas muy antiguas que iniciaron la vida en el planeta. Algunas de ellas son las arqueobacterias, como los estromatolitos, capaces de fijar carbono de calcio. Habitan en los humedales de Laguna Socompa y los Ojos de Mar de Tolar Grande, dentro de la reserva. Existen numerosos estudios en curso que defienden la protección de los estromatolitos y de sus aplicaciones biotecnológicas.

El plan de manejo y la zonificación ubicaron sitios clave dentro de Los Andes con presencia de extremófilos dentro de los salares de los Pocitos y Rincón. Los expertos dejaron por escrito en el documento público que debían ser especialmente protegidos. Sin embargo, en ambos salares, las autoridades de Salta concesionaron proyectos de litio.

Litio y salares

En estas tierras, el mineral crítico no se encuentra en roca, como en otros lugares del mundo, sino en la salmuera, lagos subterráneos que se ubican debajo de las costras salinas de los salares. Estos humedales centrales para sostener la vida en el desierto son clave para las comunidades indígenas que habitan dentro de la reserva, ya que son fuente de agua para sus animales y ganado. También son importantes para la fauna y la flora, ya que sostienen ríos subterráneos y se transforman en extensos espejos de agua durante los veranos.

La Reserva Los Andes se encuentra dentro del Departamento de Los Andes, donde habitan 7182 personas, según el último censo de 2022. Su capital es San Antonio de los Cobres y el pueblo de Tolar Grande, de unos 200 habitantes, donde vive el único guardaparque que protege estas tierras, se encuentra dentro de la reserva.

Entre la población, quienes no viven de la minería, se dedican a la producción de ganado menor —llamas, ovejas, cabras—, en gran medida bajo condiciones de subsistencia. Por ello necesitan las vegas de los salares para dar agua a sus animales. El turismo también es central: por aquí pasa el célebre Tren de las Nubes, por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar.

Para hacer aún más complejas las cosas, dentro de esta vasta reserva se encuentran otras dos áreas protegidas creadas en 2011: los refugios provinciales de vida silvestre Laguna Socompa y Ojos de Mar de Tolar Grande.

Además, la tenencia de la tierra en el Departamento de Los Andes es foco de conflicto con las autoridades, ya que los pueblos originarios de la zona reclaman posesión comunitaria. En 2018, cuando se terminó de elaborar el plan de manejo, había nueve comunidades indígenas de los pueblos kolla y atacama dentro del área reconocidas oficialmente.

Por eso era importante que, por primera vez en más de cuatro décadas, Los Andes contara con un plan de manejo. Este es un documento de política pública que establece cómo proteger los ecosistemas y las especies que habitan la reserva, al tiempo que zonifica o delimita las áreas donde se podrían realizar ciertos tipos de actividades productivas, como el turismo, la ganadería y la minería.

La minería “conlleva posibles impactos no deseados tanto en las comunidades como para el ambiente”, reconocieron los expertos en el plan de manejo.

El abandono de Los Andes es de larga data. Hasta octubre de 2000, cuando se sancionó una ley de áreas protegidas en la provincia, las reservas de flora y fauna se creaban por decreto pero quedaban en los papeles. A partir de 2001, comenzaron a implementarse algunas políticas de conservación en el territorio y recién en 2010 el Gobierno provincial contrató guardaparques en la provincia, según explicó un exfuncionario que prefiere no ser citado con nombre propio para evitar represalias. La razón es que en Salta, como en otras provincias litíferas del norte argentino cuyas economías dependen en gran medida del mineral, criticar en voz alta las políticas pro-minería puede traer consecuencias laborales. El Gobierno salteño estimaba en 2024 que el sector aportaba casi 6000 empleos directos y 20 000 indirectos.

A la reserva de Los Andes recién le fue asignado un guardaparque en 2016. Es decir, 36 años después de su fundación. “Esto se da en un contexto en el que el sistema de áreas protegidas de Salta, en general, está totalmente desarticulado por las últimas gestiones. Salta vacía [ignora] la cuestión ambiental”, asegura un funcionario nacional que también pidió reserva de identidad. De hecho, la Secretaría de Ambiente de Salta actualmente depende del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia.

Bombear salares: una provincia donde prima la minería sobre lo ambiental

La Reserva Los Andes tiene un salar principal, llamado Arizaro, cuya mitad norte está dentro del área protegida. En el plan de manejo que no ha sido implementado, es mencionado como uno de los depósitos salinos fundamentales de la región. También es uno de los salares con mayor proyección para la extracción de litio en Argentina, de acuerdo con la revista minera especializada Salta Mining.

Ese atractivo se ve reflejado en las transacciones recientes. En diciembre de 2025, la minera canadiense Lithium Chile Inc. firmó un acuerdo para vender su participación en el proyecto de litio que desarrolla en este salar con la empresa argentina LitiAr S.A. Lo vendió al grupo chino China Union Holding Ltd. por 175 millones de dólares, según la empresa que desarrolla el proyecto.

Este es uno de siete proyectos en Arizaro. Además de éste, hay otros impulsados por las mineras Lítica Resources y Alpha Lithium Argentina, que pertenecen a las petroleras multinacionales argentinas Pluspetrol y Tecpetrol (parte del grupo Techint) respectivamente. Otros son de la chino-canadiense Tibet Summit Resources; de la china Hanaq; de la canadiense NOA Lithium Brines; de la francesa Eramet; y de la australiana Power Minerals.

Esa misma tensión entre conservación y minería se observa en muchos de los otros salares dentro de la reserva Los Andes. Existen al menos 14 proyectos de litio que se desarrollan en salares enteramente ubicados dentro de Los Andes, según un levantamiento de datos de proyectos y empresas hecho por el CLIP con apoyo de Columbia Journalism Investigations (CJI), que será publicado próximamente. Hay cuatro en el de Pocitos, tres en Rincón, dos en Incahuasi, uno en Pular y tres en Pozuelos-Pastos Grandes, además de uno que contempla trabajar en los cuatro primeros salares. Adicionalmente, hay un proyecto en el salar de Llullaillaco, cuya punta norte también está en el área protegida.

Todos están en fase de prospección o exploración, y todos fueron concesionados por el Gobierno provincial. Varias de las beneficiadas son mineras de peso global: Ganfeng es una de las mayores productoras de litio y Rio Tinto es el segundo mayor conglomerado minero, que entró de lleno en el negocio del litio al comprar en 2025 a la junior canadiense Arcadium Lithium.

Esta alianza periodística revisó los documentos de los 22 proyectos en la zona de Los Andes (los siete proyectos en Arizaro, otros 14 en el resto de los salares enteramente ubicados en la reserva y un proyecto en el salar de Llullaillaco que está parcialmente dentro de la reserva) así como los de sus empresas operadoras, incluyendo páginas web, presentaciones corporativas e informes técnicos. En solamente dos encontró menciones a la existencia de la reserva Los Andes y al traslape de sus iniciativas con éste. En la mayoría de los casos, los mapas que incluyen las mineras son esquemáticos y omiten el polígono de la reserva natural.

Una de las excepciones es el gigante británico Rio Tinto, que impulsa un proyecto en el salar de Rincón, que describe como su “primera operación de litio a escala comercial”. Su presidente, Jakob Stausholm, encuadró al proyecto en su informe anual de directivo de 2024 como parte de la estrategia de “alinear” su cartera “con las materias primas cuya demanda está experimentando un mayor crecimiento”. La empresa prevé iniciar la producción hacia 2028, tener dos plantas de producción de carbonato de litio y una vida útil de 40 años.

En el resumen ejecutivo de su estudio de impacto ambiental (EIA), disponible en su página web, Rio Tinto reconoce explícitamente que “el proyecto se encuentra en la Reserva de Los Andes”. El estudio cita el plan de manejo que finalmente no fue adoptado, incluyendo menciones a sus sitios de usos restringidos y la necesidad de llevar a cabo estudios de los extremófilos. Además subraya que la empresa está aplicando “las medidas de manejo y restricciones incluidas en el Plan de Manejo de la reserva”.

En el informe técnico de su proyecto en Arizaro fechado en julio de 2024, Lithium Chile menciona que hay varias áreas protegidas cerca, incluyendo la Reserva Los Andes, que “se superpone con la parte norte del área de concesión”. No menciona si su iniciativa minera tendría algún impacto en el área protegida ni el plan de manejo, aunque subraya que uno de los objetivos de la reserva es “estudiar y aplicar técnicas de desarrollo y uso racional de los recursos naturales para mantener el buen funcionamiento de los ecosistemas clave”, como salares y humedales altoandinos.

Mongabay Latam y CLIP contactaron a las 15 empresas mineras que operan en salares de la reserva, preguntándoles qué medidas están tomando para operar dentro de un área protegida y habitada por comunidades indígenas. Al cierre de esta investigación solo había respondido Alpha Lithium, de Tecpetrol.

Esa minera, propiedad de la familia Rocca, una de las más ricas de Argentina, respondió que su proyecto en el Salar de Arizaro se encuentra en etapa de exploración inicial, “con tareas geofísicas que no afectarán en forma relevante a la fauna del entorno, debido a que son actividades puntuales y de corta duración”. La compañía sostiene que el impacto “será irrelevante”, pero que aun así elaboró un plan de gestión con medidas preventivas.

“El plan de manejo era una cosa muy grande”

La minería de litio —que se ha extendido por los salares en las provincias argentinas de Jujuy, Salta y Catamarca— ya se vislumbraba en la reserva cuando se realizó el plan de manejo de 2018. “Finalmente, el plan de manejo no sirvió para ponerle obstáculos al avance del litio en la reserva”, explica uno de los científicos que participó del proceso de elaboración del documento oficial.

“Existía un acuerdo con el área de minería para trabajar en conjunto y generar un comité interdisciplinario. Nosotros estábamos contentos porque era algo innovador. Era una cosa muy grande”, recuerda Flavio Moschione, biólogo de la Administración de Parques Nacionales, especializado en aves acuáticas y uno de los expertos que participó en el plan de manejo. Lo cuenta en diálogo con Mongabay Latam, ocho años después de aquel esfuerzo conjunto.

Cuando el plan de manejo de Los Andes quedó en la nada, Moschione y otros expertos que habían participado pidieron explicaciones a las autoridades de Salta. El biólogo incluso presentó un reclamo formal desde la Administración de Parques Nacionales. Nunca les contestaron, asegura.

Esa tensión entre el boom económico que está trayendo el litio a Salta y la conservación de sus ecosistemas de alta montaña es justo el tipo de escenario que menciona la investigadora estadounidense Thea Riofrancos en su recién publicado libro Extraction: the Frontiers of Green Capitalism sobre el boom mundial del litio. “En los lugares donde se están abriendo minas para obtener materias primas para la transición energética, la acción climática global termina entrando en conflicto con la protección ambiental local”, escribió la profesora de ciencias políticas de Providence College.

Mongabay Latam, con la colaboración del equipo de Ruido, envió en 2025 una solicitud de información pública al Ejecutivo salteño para obtener información sobre las concesiones mineras que se superponen con la reserva, pero la administración del gobernador Gustavo Sáenz nunca respondió.

“La minería es prioridad y nuestros informes no son vinculantes”, afirmó a Mongabay Latam un funcionario de una provincia litífera que pidió reserva de su identidad. Como aquellos informes, el plan de manejo que ayudaría a proteger la reserva Los Andes quedó en el olvido, y sus salares y la vida de una tierra inmensa seguirán siendo postergados.

El artículo original fue publicado por Andrés Bermúdez Liévano (CLIP), Daniela Quintero Díaz y Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

*Con la colaboración de Ruido.

Litio en Conflicto es un proyecto liderado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en alianza con Consenso (Paraguay), La Región (Bolivia), Quinto Elemento Lab (México), Repórter Brasil (Brasil), Ruido (Argentina), Climate Tracker América Latina, Dialogue Earth, Mongabay Latamy Columbia Journalism Investigations (CJI) sobre cómo está funcionando la industria del litio en América Latina. Con el apoyo del equipo legal El Veinte.

Estados Unidos, el país que más carbono ha inyectado a la atmósfera, acaba de decidir oficialmente que los gases de efecto invernadero no suponen ninguna amenaza para la salud humana y del planeta. El responsable histórico número uno del cambio climático ha revocado el informe científico que determinaba el peligro de estos gases y su relación con los vehículos a motor.

La ofensiva negacionista –y anticientífica– ha obtenido uno de sus grandes trofeos: la derogación exprés, en menos de un año, de la Endangerment Finding, la determinación científica y legal emitida en 2009 por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) sobre el peligro que representan estos gases. Era su objetivo desde hacía mucho tiempo y se lo habían exigido a Trump.

“A partir de ahora se ha establecido el negacionismo como la política oficial de esta administración”, explica el analista de política climática del Centro para el Progreso de EE.UU. (CAP), Leo Banks.

Para los que piensan que el cambio climático es un bulo este informe era el santo grial. Creen que con esta derogación han asestado un golpe en el corazón del movimiento climático

Leo Banks — Analista de política climática del Centro para el Progreso de EEUU

“Para los que piensan que el cambio climático es una mentira [aquello del ”hoax" expandido por Donald Trump], este informe era el santo grial –describe este sociólogo para elDiario.es–. Creen que con esta derogación han asestado un golpe en el corazón del movimiento climático”.

En la práctica, estos documentos de la EPA sirvieron para que existiera una base legal y científica con la que imponer a los emisores de gases en EE.UU. la obligación legal de recortar de emisiones CO₂, metano y otros gases de efecto invernadero. Por eso se había convertido en la pieza de caza mayor para los negacionistas. Sin ellos, esperan que se establezca barra libre para los contaminadores.

El actual director de la EPA, Lee Zeldin, ha dicho que “la administración de Trump no va a sacrificar la prosperidad, la seguridad energética y la libertad de nuestro pueblo por una agenda que socava a nuestras industrias, nuestra movilidad y las opciones de los consumidores al tiempo que beneficia a nuestros adversarios extranjeros”.

El director del Instituto Woods para el medio ambiente de la Universidad de Stanford (EE.UU.), Christopher Field, cuenta a elDiario.es que, desde este momento, “el Gobierno no tiene manera alguna de establecer límites de emisiones de gases a los motores de los vehículos o la generación de electricidad”. El científico estadounidense añade que “aunque esta medida no afecta directamente a los incentivos para las energías limpias, la administración Trump ya ha retirado muchos de estos estímulos con otras regulaciones”.

Leo Banks afirma que nos hallamos ante “una cúspide del negacionismo. La EPA ha hecho de esta derogación su prioridad principal desde el primer día y lo ha perseguido de manera religiosa”. El analista subraya que “al impulsar esta desregulación ambiental se deja a los contaminadores hacer lo que quieran”.

Y lo que quieren es multiplicar el uso de combustibles fósiles (el origen de las emisiones de gases invernadero) y no acotar la contaminación que salga de los tubos de escape de los automóviles. EE.UU. es el principal emisor histórico mundial: acumula el 25% de todo los gases inyectados a la atmósfera (la costra que atrapa el calor y termina por alterar el clima). Europa es el segundo responsable con el 22% desde 1750, China el tercero con el 12%.

'Conspiración' anticientífica

La ofensiva contra esta clave de bóveda climática viene de lejos. Desde que Donald Trump tuvo que dejar la Casa Blanca en 2021, cuatro antiguos colaboradores suyos comenzaron a trabajar para dinamitar el Dictamen de Peligro de la EPA: Russol Vought, Jeffrey Clark, Mandy Gunasekara y Jonahathan Brightbill conformaron un grupo de presión, según reveló New York Times.

Los tres primeros aparecen como autores o colaboradores en el documento llamado Proyecto 2025 elaborado por la Fundación Heritage que afirma: “La EPA debería revisar y rescindir el dictamen de peligro de 2009, que sustenta gran parte de la autoridad reguladora del gobierno federal en materia climática”. Y prosigue: “Deberían eliminarse las oficinas y programas que promueven el activismo en materia de cambio climático”.

Es una gran abdicación de EEUU. La evidencia científica ya era robusta en 2009 y lo es mucho más hoy. Cualquier evaluación honesta concluye que esos gases de efecto invernadero son, ciertamente, un peligro para la salud y el bienestar de las personas

Christopher Field — Director del Instituto Woods para el medio ambiente de la Universidad de Stanford

No se limitaron a eso. También socavaron la Agencia Meteorológica de EE.UU. al afirmar que “se ha convertido en uno de los principales impulsores de la industria del alarmismo climático”. Llegaban a decir que “sus programas de investigación climática han sido utilizados para impulsar una agenda política más que la ciencia”.

En realidad, la ciencia es la que ha saltado por los aires con esta derogación. Christopher Field no duda en resaltar que “la evidencia científica para la Endangerment Finding ya era robusta en 2009 y lo es mucho más hoy. Cualquier evaluación honesta concluye que esos gases de efecto invernadero son, ciertamente, un peligro para la salud y el bienestar de las personas”.

Banks, por su parte, concluye que hemos asistido a un “ejemplo de política anticiencia”, ya que se ha desmontado un informe “sin tener ninguna evidencia de que los gases no son un peligro. Es una bofetada en la cara de la ciencia que no había hecho nada más que fortalecerse desde 2009”.

El investigador de Stanford admite que esta derogación “representa una gran abdicación de los Estados Unidos como líder global de la acción climática”. El analista del CAP, por su parte, sostiene que esto “deja a los aliados de EE.UU. en una situación delicada. Y lo hemos visto recientemente con el acuerdo entre Canadá y China sobre los coches eléctricos”. Trump reaccionó a ese anuncio con una amenaza: aranceles del 100% a su vecino continental del norte si persiste en el acuerdo.

Ambos investigadores coinciden en que el mundo seguirá avanzando en políticas climáticas aunque EE.UU. se borre. Sin embargo, también se constata un movimiento de arrastre fuera del país norteamericano. En la Unión Europea, por ejemplo, se han aguado hasta cierto punto las medidas contra las emisiones con la prórroga a los motores de combustión decidida hace pocos meses o la revisión de los objetivos de reducción de gases que se tuvo que estirar hasta las puertas de la cumbre climática de Brasil.

Con todo, Christopher Field vaticina que “la acción global continuará con o sin los EE.UU. porque los demás han comprendido que este asunto es importante y también porque las tecnologías verdes son la opción más económica, segura y confiable”.

Los glaciares, la última línea de defensa de Chile ante las periódicas sequías, aportarán en 2100 la mitad de agua que ahora, por lo que perderán su capacidad de mitigación si el país sufre otra megasequía como la que se prolonga desde hace 15 años, según un estudio publicado este martes.

“El alza de las temperaturas en los escenarios que se proyectan para el siglo va a llevar a que los glaciares vayan perdiendo más masa de la que ganan. Digamos que, sostenidamente durante todo el siglo, van a ir retrocediendo”, explica a la agencia EFE Álvaro Ayala, del Instituto Federal Suizo de Investigación de Bosques, Nieve y Paisaje (WSL).

Este centro, el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria (ISTA) y el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas de Chile, han concluido que si una sequía como la actual afecta al país en 2100, los grandes glaciares en el sur de los Andes, en el centro de Chile y en Argentina, sólo podrán contribuir con la mitad de agua que ahora, ya que habrán perdido entre el 50 y el 80 % de su actual volumen.

La situación de los más pequeños, no contabilizados en este estudio, será probablemente aún más grave y habrán desaparecido totalmente.

Incluso sin tener en cuenta cómo será la evolución del consumo de agua, la reducción a la mitad del aporte de agua de los glaciares será un importante problema adicional, advierte Ayala

Este ingeniero civil chileno explica que el estudio, publicado en la revista 'Communications Earth & Environment', parte de la pregunta de qué pasaría si una megasequía como la actual afectara a la misma zona a finales de siglo, cuando los glaciares sean bastante más pequeños.

La última reserva

“Encontramos que el aporte hídrico de los glaciares durante el verano va a ser alrededor de la mitad de lo que sucedió en los años recientes”, alerta este experto en hidrología.

Ayala destaca que una vez consumida el agua de la nieve caída en invierno y la almacenada en el subsuelo, “los glaciares son como la última reserva en la naturaleza” cuya contribución se nota especialmente al final del verano, cuando los ríos de montaña bajan ya con un caudal mínimo.

Este experto indica que la actual megasequía en Chile “llegó como una sorpresa”, en un país con episodios periódicos, pero más breves, de escasez de agua.

Una situación que se ha visto agravada porque apenas ha habido cambios en el uso del agua y sin políticas suficientes de ahorro o gestión del consumo.

Francesca Pellicciotti, ingeniera medioambiental, señala en un comunicado del ISTA que los climatólogos sólo se percataron en el año 2015 de la gravedad del actual periodo de sequía.

“La megasequía chilena nunca fue pronosticada en ningún modelo climático”, señala en esa nota, en la que plantea la cuestión de si estamos preparados para futuros desastres climáticos.

Ayala recuerda que ya desde hace años hay estudios que hablan de un progresiva desertificación desde el norte hacia el sur de Chile.

Además, el estudio de la megasequía en Chile, cuyo autor es también el chileno Eduardo Muñoz-Castro y otros investigadores de Chile, Austria y Suiza, ha servido para empezar a analizar ese fenómeno, aún poco estudiado, en Europa.

Aunque Ayala señala que no puede afirmarse que los Alpes vayan a acabar pareciéndose a las montañas más secas del sur de Europa, sí indica que hay proyecciones de disminución de precipitaciones y de aumento de las temperaturas que apuntan en esa dirección.

Antonio Sánchez Solís, para la agencia EFE.

IG

Los habitantes de las islas pequeñas viven condicionados por un equilibrio frágil que se mantiene bajo tierra. Su abastecimiento de agua dulce procede casi siempre de reservas subterráneas que dependen de la lluvia y del grosor de las dunas o suelos arenosos que la retienen. Esta dependencia convierte cualquier alteración del nivel del mar o de las tormentas en una amenaza inmediata.

Los científicos que estudian la gestión hídrica en entornos aislados advierten que el cambio climático está reduciendo el margen de seguridad de estos ecosistemas, un proceso que se hace evidente en el Atlántico norte y que se manifiesta de forma clara en una isla remota de Canadá.

Un estudio canadiense revela un deterioro alarmante en las aguas subterráneas de Sable Island

Un equipo de la Universidad de Dalhousie ha analizado la evolución del agua subterránea en Sable Island, una franja de arena situada frente a las costas del país, y ha comprobado que su calidad se deteriora con rapidez. La investigación, publicada en la revista Advancing Earth and Space Sciences, comparó registros actuales con datos de los años 70 y constató un aumento considerable de la salinidad.

La autora principal, la investigadora Julia Cantelon, explicó que el seguimiento histórico de la isla ofrece una oportunidad excepcional para estudiar la relación entre las reservas de agua dulce y los cambios en la forma de las dunas. Esa relación, añadió, revela hasta qué punto los procesos costeros determinan la viabilidad del ecosistema.

El acuífero de Sable actúa como un depósito natural que alimenta los estanques interiores donde se refugian aves marinas y caballos salvajes. Los datos recogidos en los últimos cuatro años muestran que los temporales repetidos han desplazado hacia el interior el límite del agua salada, reduciendo la extensión del llamado “ente de agua dulce.

Cada vez que el oleaje inunda las playas, el agua marina se filtra hacia el subsuelo y eleva la salinidad de la capa freática. Las lluvias ayudan a arrastrar parte del exceso de sal, pero el ritmo de recuperación es demasiado lento para compensar la frecuencia de los episodios de tormenta. Según Cantelon, los grandes eventos meteorológicos modifican con rapidez la topografía de la isla y afectan sus recursos hídricos.

Esa alteración constante se traduce en una erosión progresiva de las dunas que antes actuaban como barrera protectora. El ecólogo de Sable Island, Dan Kehler, afirmó que las investigaciones hidrológicas iniciadas en los 70 siguen mostrando cómo los procesos costeros influyen de manera decisiva en la dinámica del agua. Explicó que el estudio confirma la importancia de mantener una vigilancia continua sobre este entorno cambiante, donde el mar y el viento transforman el terreno cada año. Los investigadores subrayan que la pérdida de agua dulce en Sable tiene valor más allá del caso concreto porque refleja un patrón global.

Otras islas del mundo, incluidas las españolas, repiten el mismo patrón de degradación de sus acuíferos

En el océano Pacífico, los atoles de Kiribati y Tuvalu afrontan un deterioro parecido. Sus acuíferos superficiales se están contaminando por la entrada de agua salada desde capas inferiores. Ingenieros han probado sistemas de drenaje mediante tuberías perforadas que permiten extraer el agua con suavidad antes de que se salinice, aunque se trata de soluciones costosas y de eficacia limitada.

En el Caribe, los científicos que trabajan en la isla de Gran Bahama han detectado una reducción acusada del volumen de su reserva subterránea principal. Los modelos que elaboran prevén que, si la lluvia no aumenta, la intrusión salina convertirá buena parte de esa agua en inutilizable en pocas décadas.

También en España se observan señales parecidas. En las Baleares y en Canarias, varios estudios han detectado un aumento de la salinidad en los acuíferos costeros y un descenso de la calidad del agua subterránea, provocado por la sobreexplotación y la presión del mar. Aunque no alcanzan la gravedad de los casos del Pacífico o el Caribe, muestran que las islas del Mediterráneo y del Atlántico oriental afrontan un problema que avanza con el mismo patrón.

Los ejemplos de estas regiones, junto al caso de Sable Island, evidencian que los procesos de erosión y ascenso del nivel del mar están modificando el equilibrio de los acuíferos insulares. La pérdida de reservas dulces compromete no solo la fauna y la flora, sino también la habitabilidad de muchas islas habitadas.

Los especialistas de Dalhousie insisten en la necesidad de crear programas amplios de cartografía y seguimiento de aguas costeras para anticipar los efectos del cambio climático. Lo que ocurre bajo las dunas canadienses, invisibles al paso de los vientos del Atlántico, resume la situación de numerosos territorios rodeados por el mar, donde el agua dulce se convierte cada vez más en un recurso frágil y disputado.

Detrás del caso 30-2019-0V-00180 asoma una mordaza multimillonaria que se cierne sobre el activismo ecologista. Una demanda por 300 millones de dólares amenaza con hundir a Greenpeace-EEUU y succionar el movimiento de protesta ambiental. La constructora de oleoductos Energy Transfer persigue a la organización en los tribunales desde hace ocho años por unas protestas contra uno de sus proyectos en Dakota del Norte hasta haber conseguido sentarla en el banquillo. Este lunes comienza el juicio. “El resultado definirá los límites del poder corporativo y la posibilidad de la sociedad para resistirlo”, vaticinan juristas y politólogos.

“Las petroleras quieren silenciar a los que se les oponen y, como Greenpeace ha sido históricamente efectiva, quieren destruir no solo a la organización sino al movimiento de protesta”, comenta unos días antes de iniciarse las vistas la directora ejecutiva de Greenpeace-EEUU, Sushma Raman.

Durante el proceso contra Greenpeace, los argumentos de la empresa se han alineado con la ola mundial de criminalización del activismo verde. En un primer momento acusó a los ambientalistas ante un tribunal federal de violar la ley contra organizaciones criminales. En los diversos escritos presentados ante los jueces, Energy Transfer ha hablado de “situar ecoterroristas” en las protestas, de impulso de una “agenda extremista” o “diseminación de falsedades” al decir que su oleoducto –hecho para llevar combustibles fósiles– agravaría el cambio climático.

Este caso es un disparo de advertencia a todos los grupos de protesta, no solo los ecologistas. El objetivo de demandas como esta es instalar el miedo y la duda. Hacer a las organizaciones pensárselo dos veces antes de desafiar intereses muy poderosos

Nadia Ahmad — Profesora de la facultad de Derecho en la Universidad Barry

“Este caso es un disparo de advertencia a todos los grupos de protesta, no solo los ecologistas”, analiza para elDiario.es la profesora de la facultad de Derecho en la Universidad Barry, Nadia Ahmad. Ahora el temor es que una condena así no solo afecte de manera casi fatal a Greenpeace, sino que en esa caída arrastre también al movimiento de protesta ecologista. “El objetivo de demandas como esta es instalar el miedo y la duda. Hacer a las organizaciones pensárselo dos veces antes de desafiar intereses muy poderosos”, aclara la académica.

“Energy Transfer está intentando dar ejemplo con Greenpeace. Lanzar el mensaje: si te enfrentas a las infracciones de una empresa afrontarás consecuencias graves. Se trata de un caso de libro de SLAPP”. La investigadora se refiere por su siglas en inglés (strategic lawsuit against public participation) a la denominada litigación estratégica contra la participación pública. Una estrategia a base de presentar procesos judiciales “diseñada para intimidar, agotar y mutilar financieramente a las organizaciones”, aclara Ahmad. “Este caso va de si las corporaciones pueden usar sus bolsillos para silenciar a quienes están en contra”.

El codirector de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Bristol, Oscar Berglund, considera que, si bien “la táctica de demandar a los activistas no es nueva, lo que sorprende en este caso es que se apunte a una organización tan respetada como Greenpeace”. El catedrático cuenta a elDiario.es que sospecha que “el nuevo clima político en EEUU hace que Energy Transfer actúe descaradamente, que no le preocupe dar mala imagen”.

La empresa por su parte insiste en que su demanda contra Greenpeace “no trata sobre la libertad de expresión, sino sobre saltarse la ley. Cuando el derecho de protesta no se hace de acuerdo con la ley tenemos un sistema legal para solventarlo” defiende. Y considera que la ONG “busca eludir las consecuencias de sus actos ilegales”.

¿Cómo se llegó hasta el banquillo?

El juicio comienza este lunes y se prolongará unas cuatro semanas, pero el caso arrancó hace casi nueve años.

En 2016 Greenpeace apoyó las protestas que una tribu sioux llevó a cabo contra la construcción de un oleoducto denominado Dakota Access Pipe Line o DAPL en lo que consideraban parte de sus tierras. Sostenían que el tubo iba a contaminar el agua, iba a contribuir a quemar más combustibles fósiles y que invadía su reserva. La campaña derivó en un campamento multitudinario durante ocho meses en el que se congregaron miles de personas hasta ser desalojados por las fuerzas policiales en febrero de 2017.

En agosto de 2017, Energy Transfer presentó una denuncia contra Greenpeace y otros activistas en la que les acusaban, básicamente, de organización criminal. En su demanda alegaban que la organización recaudó dinero con “falsos testimonios”, que “entrenó a miles de manifestantes”, se “coordinó para situar a ecoterroristas en los campamentos” [de protesta] y que Greenpeace publicó un artículo de la activista Krystal Two Bulls que pedía unirse a las protestas o donaciones. El juez federal –al desestimar el caso el 14 de febrero de 2019– tuvo que recordar a la empresa que “publicar artículos de personas que comparten tus creencias no crea una organización criminal”.

La sede judicial, casi en medio de la nada, no está escogida al azar. Nadie presta mucha atención a lo que ocurre en ese estado. Y se trata de un pequeño juzgado en un estado minero y petrolero donde el juez es elegido por votación

Scott Wilson Badenoch — Abogado ambientalista

Lejos de abandonar, Energy Transfer presentó una semana después una nueva demanda, esta vez ante un juez estatal de Dakota del Norte, para obtener resarcimiento económico. “La sede judicial, casi en medio de la nada, no está escogida al azar”, explica el abogado ambientalista Scott Wilson Badenoch. Badenoch, que coordina un equipo de juristas que va a supervisar el juicio, argumenta que, “por un lado, nadie presta mucha atención a lo que ocurre en ese estado. Y, por otro, se trata de un pequeño juzgado en un estado minero y petrolero donde el juez es elegido por votación, es decir, que es pro minería y pro petróleo”.

Las acusaciones son por allanamiento, difamación, interferencia ilícita [perjudicar el negocio de otro], conspiración, complicidad en allanamiento y en apropiación indebida. “Están intentando extender la responsabilidad civil de manera que destruya a Greenpeace. Les hacen responsables por cualquier acto que hagan individuos, de cualquier daño que hagan porque apoyaron esa protesta general. Esto podría matar directamente a la organización”, analiza el abogado.

Lo que pasa en Dakota no se queda en Dakota: repercusiones

Badenoch afirma que “la situación es más preocupante ahora con la nueva administración Trump. Esta Casa Blanca quiere eliminar a los manifestantes y la protesta, así que el plan es presentarlos como terroristas sin importar lo que hayan hecho. Ahora es Greenpeace, pero van a ir a por más”.

La organización defiende que se está intentado “crear precedentes legales que limitarían la capacidad del movimiento climático para organizarse, protestar y expresar disenso”.

Además, prosigue el letrado, “este caso pone en peligro el sistema de organizaciones no gubernamentales incluso en Europa, porque si una ONG con sede en Europa critica o protesta o molesta a una empresa con base en EEUU, la corporación podrá demandarles en un tribunal estadounidense y los jueces aquí están muy dispuestos a escucharles. EEUU se está convirtiendo en un refugio seguro para los contaminadores”, sostiene.

A Javier Milei le podría gustar Azerbaiyán: el clima es frío, los autos de alta gama ya reemplazaron a casi todos los Lada de la era soviética, hay un exacerbado culto a la personalidad y la sociedad que creció en los años 90’s tiene una fascinación indeclinable por los Estados Unidos –tanto es así que existe una cadena de cafeterías llamada Friends, en homenaje a la serie televisiva de amigos que se juntaban a pasar las horas en el Central Perk—.

Sin embargo, el Presidente dio la orden este miércoles de retirar de manera intempestiva la delegación oficial argentina en Bakú, la capital de Azerbaiyán, donde se lleva a cabo desde el lunes la 29° conferencia de las partes (COP) de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Para Laura Baron Mendoza, abogada consultora en derecho Internacional y medio ambiente, magister de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra y doctoranda de la Universidad de McGill, la reciente retirada de la delegación de Argentina de la COP 29 es, sin duda, un evento lamentable aunque no inesperado.

“Esta decisión sigue un patrón preocupante que comenzó con la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y las continuas amenazas de abandonar el Acuerdo de París. Al dejar de lado la agenda ambiental, no solo se evade la responsabilidad política; se evade una realidad palpable que trasciende la ideología en relación con los argumentos de que la emergencia climática es una mentira socialista”, dice Baron Mendoza.

Con la victoria de Trump, casi todos los analistas están discutiendo nuevamente qué pasará con los estados que deciden retirarse de las negociaciones en Bakú o del Acuerdo de París, pero no pueden retirarse del planeta en ebullición. Cuesta mucho creer el argumento de que tal o cual decisión unilateral de un país pone en riesgo la estabilidad el acuerdo de Paris, ya que, aunque que lo ponga o no, la emergencia climática no da tregua —los huracanes siguen azotando a los votantes republicanos del estado de Florida— y las obligaciones ya existen.

“Desde la perspectiva del derecho internacional el retiro anunciado tiene poco o ningún efecto jurídico en término de obligaciones macro. A pesar de las decisiones tomadas el día de hoy, las obligaciones de anticipar, adaptar, mitigar y reparar el daño medio ambiental permanecen intactas. Estas responsabilidades existen a la luz del derecho internacional de los derechos humanos independientemente de las negociaciones sobre ”el cómo“ acatarlas. Las obligaciones en materia de derechos humanos trascienden las maniobras políticas; es un imperativo jurídico en cabeza de actores estatales y no estatales”, agrega Baron Mendoza.

La Argentina sigue siendo parte de tratados regionales e internacionales en donde se establecen obligaciones como la protección al un medio ambiente limpio y saludable. Y aunque no fuese parte, los derechos humanos medio ambientales son normas imperativas de derecho internacional que no admite derogación o negación caprichosa política alguna.

Un silencio sepulcral

Por lo general, la delegación argentina tiende a ser efusiva y fácilmente identificable en las COP: en la cumbre de Egipto en 2022, y por primera vez, nuestro país contó con una oficina propia y con una participación moderada en las negociaciones. El año pasado en Dubai se logró acercar posiciones con los otros bloques negociadores de América Latina, ofreciendo por primera vez en mucho tiempo una postal de integración regional que todavía dista mucho de la fortaleza ofrecidas por las naciones de África, Asia y las Islas del Pacífico Sur. 

Con Milei recién electo, se decidió sobre la marcha enviar a la diplomática de carrera Marcia Levaggi para que representase a la Argentina durante el traspaso de mando a principios de diciembre pasado. Levaggi, quien cuenta con amplia experiencia en materia ambiental y climática, fue removida del cargo de subsecretaria de Política Exterior tras la salida de Diana Mondino. Cabe resaltar que este tipo de decisiones extravagantes no son algo nuevo cuando se mueven las piezas al interior del Palacio San Martín: en 2021, Alberto Fernández decidió remover a Felipe Solá de su cargo como Canciller cuando el mismo se encontraba a mitad de camino hacia la cumbre de la CELAC en México, donde Argentina recibiría la presidencia para el año subsiguiente.

Sergio Federovisky, biólogo y viceministro de Ambiente entre 2019 y 2023, comentó que “Milei retiró su ínfima delegación de la COP29 confirmando su negacionismo, en un grave gesto simbólico, mientras desde algunos sectores de la sociedad civil se guarda un silencio atronador”.

Pasada la medianoche del miércoles, el silencio en las calles de Bakú es sepulcral: la policía cortó varias avenidas por motivos de seguridad, y la falta de circulación vehicular se asemeja mucho a la casi nula comunicación oficial argentina. Son varios los consultores, diplomáticos y activistas que prefieren no dar notas por miedo a posibles represalias una vez que aterricen en Ezeiza, ignorando tal vez que “no darle publicidad al gobierno, porque en definitiva busca llamar la atención” puede tener consecuencias irreversibles para nuestra política tanto doméstica como interna.

De lo global a lo local

Delegaciones de casi todos los países del mundo llegaron a esta COP para discutir financiamiento a los planes de transición energética que permitirían una descarbonización de la economía global a gran escala, permitiendo que quizás así la humanidad llegue a fines del siglo XXI con un aumento de la temperatura no superior a los 2°C por encima de los valores preindustriales –la meta de quedar por debajo de los 1,5°C de calentamiento global ya resulta casi inalcanzable—.

Hacer catarsis sobre la crisis climática desde este rincón del planeta no es nada fácil: el país anfitrión no se caracteriza exactamente por ser referente de las libertades democráticas, y los grupos de la sociedad civil se manifiestan por lo bajo, casi susurrando sus críticas al actual gobierno.

La Francia de Macron también boicoteó la COP con la ausencia de la ministra de Transición Energética, pero por otros motivos geopolíticos y sin retirar a su delegación. Esto agita aún más el debate de las libertades civiles en un momento en el que el activismo climático alcanzar la trasversalidad y dejar claro su mensaje de que “no puede haber justicia climática sin derechos humanos”.

“La solidaridad está suspendida”, señaló un activista de la red de Acción Climática para América Latiana (Canla), en relación a la restricción por parte de la ONU para que las distintas ONGs presentes en Bakú puedan hacer mención a los crímenes de guerra en Gaza y a resaltar la contradicción de que desde el norte global exista presupuesto para financiar guerras, pero no para un fondo de Daños y Pérdidas que permita a los países más vulnerables como Filipinas de recuperarse de huracanes e inundaciones, o de que países de ingresos medios puedan tener acceso a una transferencia de recursos para dejar de extraer combustibles fósiles y tener una matriz energética más sustentable.

JR/JJD/DTC

Luego de una participación en la COP16 –la cumbre mundial sobre Biodiversidad– en la que dejó en claro que para el presidente Javier Milei el cambio climático es una cuestión de mercado, la subsecretaria de Ambiente, Ana Lamas, intentó explicar sus dichos y se quejó porque los países ricos imponen restricciones comerciales “bajo el pretexto de proteger ecosistemas forestales”.

“No es justo que en este contexto se impongan restricciones comerciales bajo el pretexto de proteger ecosistemas forestales en países emergentes, cuando muchos de los países que las imponen han alcanzado su desarrollo con la explotación de sus propios bosques”, expresó Lamas. Desde su perspectiva, “estas restricciones no protegen, sino que actúan como barreras comerciales disfrazadas de medidas de conservación”.

La subsecretaria habló este miércoles en el llamado Segmento de Alto Nivel en el que participaron jefes de Estado, ministros y líderes mundiales y que se está desarrollando en Cali, Colombia.Durante su intervención oficial en la reunión de negociación, Lamas reafirmó que la gestión de Javier Milei persigue una “firme integración de la biodiversidad en políticas públicas”, aunque incorporó ciertos reparos.

La delegada nacional apeló al “principio de soberanía nacional sobre los recursos naturales” para señalar que Argentina respeta las “responsabilidades comunes pero diferenciadas” de países desarrollados y emergentes. “Los países que construyeron su prosperidad explotando nuestros recursos naturales, pretenden ahora que los países más pobres no desarrollen sus economías,” resumió.

 Lamas señaló que Argentina tiene “potencial para contribuir al mundo con minerales críticos y energías renovables necesarios para la transición energética, así como con prácticas agropecuarias amigables con la biodiversidad a un nivel de excelencia”. 

 Como contracara, pidió que se reconozcan los esfuerzos ambientales según las características de cada territorio. “Para nosotros, el desarrollo económico y social, hacer todos los intentos para sacar a la población de la pobreza, son prioridades supremas, y cualquier esfuerzo ambiental debe reconocer esta realidad, tal como establece el artículo 20 del Convenio de Biodiversidad”, finalizó.  

El martes, en su único contacto directo con periodistas, la funcionaria afirmó que Milei entiende “todo el tema de cambio climático” como una cuestión “de mercado”. Según explicó, el presidente estaría dispuesto, por ejemplo, a respetar metas de reducción de gases de efecto invernadero para evitar barreras comerciales. En ese sentido, aclaró que no hay una “bajada de línea” desde el Ejecutivo para salir de acuerdos e instancias internacionales. 

Y resaltó que el Gobierno argentino busca evitar créditos climáticos, como aquellos provistos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Solo las obras que están avanzadas en un 80% serán terminadas; el resto quedará cancelado. En este aspecto, la posición del gobierno contrasta con la de diversas provincias, cuyos representantes en la conferencia sí aceptan este tipo de financiamiento.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta y directora de biodiversidad de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que también participa de la COP16: “Es un gran paso, pero no podemos quedarnos con un lindo texto conservacionista: hay que pasar a la acción, y que se movilicen los recursos humanos y dinerarios necesarios”, sugiere

FARN es miembro de la Comisión Nacional Asesora para la Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), un ámbito de articulación interinstitucional para consensuar políticas públicas en esta materia. Como tal, integró los procesos participativos para la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción. Se espera que el documento final sea subido próximamente. 

 Respecto a las declaraciones oficiales sobre el cambio climático, Di Pangracio aclaró que estas no se alinean con el consenso de la comunidad científica. “Lamentamos ese tipo de declaraciones, así como el rechazo de créditos y proyectos en marcha, ya que son fondos provenientes del mundo desarrollado que, por su responsabilidad histórica, tienen el deber de apoyar a países en vías de desarrollo para hacer posible la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la crisis climática, la contaminación y la desertificación”.

 Di Pangracio también subrayó que Argentina posee una amplia legislación en materia ambiental, así como diversos convenios internacionales ratificados por ley nacional que obligan al país a comprometerse seriamente con la preservación ecológica. Comentó que, generalmente, solo una pequeña parte del presupuesto nacional se destina a este asunto urgente, mientras que existen incentivos y subsidios perjudiciales para la biodiversidad, como los dirigidos a los combustibles fósiles y las plantaciones forestales exóticas.

En relación con las declaraciones sobre bosques de Ana Lamas, la vocera de FARN recordó que entre 2006 y 2007 Argentina atravesaba una de las mayores crisis de deforestación de su historia. Gracias a la presión de la sociedad civil, se logró una política pública para frenar esta tendencia: la Ley de Bosques de 2008.

“A pesar de los desafíos de implementación, la Ley de Bosques creó una base sobre la cual construir. No es algo para destruir o retroceder. Debemos identificar áreas de mejora y avanzar en el derecho ambiental,” explicó.

 Asimismo, enfatizó el principio de progresividad que rige las problemáticas ambientales. “Se debe ser cada vez debe ser más tuitivo con el ambiente, más ambicioso, no regresivo, construir sobre lo logrado”, resaltó.

Por último, destacó la necesidad de que el país asegure que toda producción, tanto para consumo local como para exportación, esté alineada con la protección ambiental. “Debe asegurarse que la producción no se corresponda con sucesos de deforestación y vaya de la mano con la conservación, el uso sostenible y la restauración. No hay producción ni vida posible con ecosistemas degradados”, sintetizó.

Este artículo contó con el apoyo de la Fellowship impulsada por Earth Journalism Network para cubrir la COP16.

Desde que en 2006 la revista Time ilustrara su titular de portada “Preocupate mucho” acerca del cambio climático con la imagen de un oso polar buscando un pedazo de hielo marino al que saltar, este animal se convirtió en el ícono de la crisis del clima –“es casi imposible no asociarlos con el cambio climático”, describe esta investigación sobre el simbolismo del animal–. Quizá una actualización plausible sería pasar del oso blanco a una hilera kilométrica de seres humanos huyendo de un huracán, una inundación o una sequía. Aunque sea en Estados Unidos.  

No sale gratis. Saturar la atmósfera con gases de efecto invernadero deriva en recalentar el planeta –y sobre todo el mar– a niveles peligrosos. Esos océanos alimentan huracanes superdestructivos como Helene o Milton que golpean a todos: la primera economía del mundo es incapaz de blindarse a pesar de sus recursos ante la fuerza del cambio climático. Solo Milton obligó a huir a tres millones de personas de golpe en Florida.

El calentamiento global que causan las emisiones de gases de las actividades humanas hace que los huracanes devastadores sean ahora el doble de probables, según concluyen los científicos del World Weather Attribution (WWA). Esta semana se vio algo inédito en los registros por satélite: tres huracanes activos al mismo tiempo en el Atlántico norte ya entrados en el mes de octubre: Leslie, Milton y Kirk.

Millones de personas deben abandonar cada año sus hogares por los episodios meteorológicos extremadamente violentos que conlleva la alteración del clima. La crisis de Milton supuso pasar de estampas de animales en peligro a imágenes del primer mundo azotado por el impacto, predicho y cumplido, de la crisis climática.

China, Filipinas, Pakistán, Bangladesh...

El Banco Mundial calculó en 2021 que el cambio climático “podría forzar a desplazarse a 216 millones de personas hasta 2050”. Entre 2013 y 2023 este fenómeno acumuló 250 millones de desplazados en todo el mundo, según el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno (IDMC). El propio Banco Mundial –bajo la presidencia de David R. Malpass que fue propuesto por Donald Trump– explicaba que “reducir las emisiones globales de gases y apoyar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo podría reducir la migración climática hasta en un 80%”.

Solo en 2022 se contabilizaron 31 millones de desplazados por culpa del clima. 7,5 de ellos específicamente por ciclones. Al año siguiente, en 2023, fueron otros 20 millones (9,8 de ellos por inundaciones y otros 9,5 por tormentas).

Aunque es cierto que Estados Unidos “suele registrar algunas de la cifras de desplazados por desastres naturales más elevadas de la región” –500.000 personas en 2022 y 200.000 en 2023–, según el IDMC, esos dos años los países con mayor número de desplazados por esos fenómenos fueron China –con más de siete millones–, Filipinas –siete millones–, Pakistán, India, Nigeria Somalia y Bangladesh.

Un informe del departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmaba que los desastres meteorológicos de 2022 provocados por el cambio climático (no solo los huracanes) habían costado al país 165.000 millones de dólares “sin contar con el impacto en vidas perdidas, la carga sobre el sistema de salud y sobre las familias desplazadas por la crisis climática”.

Estados Unidos tiene la mayor potencia económica del mundo en términos globales para afrontar este impacto, con un producto interior bruto de 27 billones de dólares, según el Banco Mundial. Solo en Miami Beach disponen desde 2017 de un presupuesto de 500 millones de dólares para intentar soportar los embates del mar mediante la elevación del nivel de las carreteras, montar estaciones de bombeo y mejorar el sistema de drenaje de agua de lluvia.

Es cierto que muchas ciudades de esa zona no pueden siquiera contar con un presupuesto de esas características. Florida es el sexto estado del país con más desigualdad económica, según el coeficiente Gini y también tiene un gobernador, Ron de Santis, que eliminó cualquier referencia al cambio climático de su legislación al tiempo que afirmaba: “Estamos devolviendo la cordura a nuestro enfoque sobre energía y expulsando la agenda de los fanáticos verdes radicales”.

Si se mira a los países con más desplazados por desastres climáticos, China tiene un PIB de 17 billones, Filipinas tiene una economía de 437.000 millones, similar a Bangladesh. Pakistán dispone de un PIB 374.000 millones de dólares.

Más de un año y medio alertando de la temperatura del mar

El investigador de huracanes de la Universidad de Miami, Brian McNoldy, decía el pasado 6 de octubre: “El alto contenido de calor en el océano provee a un huracán de una fuente constante de combustible”. ¿Y cómo esta subiendo ese contenido de calor? La mayoría del exceso de calor atrapado por la “creciente cantidad de gases de efecto invernadero”, se queda en el mar.

Los investigadores llevan más de un año y medio alertando sobre el calor extremo en los océanos. “Territorio desconocido”, lo llamaron en abril de 2023. No aflojó la tendencia en los meses siguientes que empezaron a dejar obsoletas las escalas de los meteorólogos. En 2024, la temperatura del Atlántico norte en general y del golfo de México en particular hacían presagiar un año peligroso de huracanes. Estas últimas semanas hicieron que el número de huracanes a estas alturas llegue a nueve cuando la media 1991-2020 está en 5,5.

América Latina y el Caribe se enfrentan a una grave crisis de biodiversidad, ya que el tamaño medio de las poblaciones controladas de más de mil especies de fauna y flora silvestres se ha desplomado un 95% en tan solo 50 años, según un nuevo informe de la organización WWF. Se dice que la región, una potencia en biodiversidad, ha experimentado la tasa más rápida de declive de la vida silvestre del mundo durante este período, superando con creces el promedio mundial del 73%.

El Informe Planeta Vivo 2024 hace un seguimiento de los cambios en los tamaños de las poblaciones monitoreadas para indicar si, en promedio, la abundancia relativa de las especies aumentó, disminuyó o se mantuvo igual entre 1970 y 2020. Incluye casi 35.000 tendencias poblacionales de 5.495 especies, incluidas 3.936 poblaciones y 1.362 especies de América Latina y el Caribe.

Su índice sugiere que, a escala mundial, los descensos más graves se han observado en las poblaciones de agua dulce (-85%), seguidas de las terrestres (-69%) y luego de las marinas (-56%).

Los autores destacan que, en todo el mundo, la degradación y pérdida de hábitats es la amenaza más reportada para la fauna y la flora silvestres, impulsada sobre todo por el sistema alimentario, seguido de la sobreexplotación, las especies invasoras y las enfermedades. La contaminación también se considera una amenaza importante, al igual que el cambio climático, que se deja sentir con especial fuerza en América Latina, donde, por ejemplo, se ha observado que está provocando el declive de algunas aves amazónicas.

Según la plataforma de seguimiento Global Forest Watch, la deforestación tropical disminuyó un 9% en 2023 en comparación con 2022, pero sigue siendo muy alta, con una superficie de casi el tamaño de Suiza perdida en todo el mundo durante el año. Brasil, la República Democrática del Congo y Bolivia fueron los tres países con mayor pérdida de bosques primarios, a pesar de que en Brasil se ha producido un descenso del 36% desde la introducción de políticas de conservación más estrictas bajo la presidencia de Lula da Silva.

“Monitoreamos todos los factores, pero la deforestación es particularmente agresiva en América Latina, en muchos casos vinculada a la expansión de la frontera agrícola”, dijo a Dialogue Earth Roberto Troya, director regional de WWF en América Latina. “La explotación de los recursos naturales también continúa a toda velocidad, con la minería ilegal arrasando ríos y poblaciones”.

Algunas de las poblaciones de especies destacadas en el informe incluyen una disminución del 65% en los delfines rosados de río del Amazonas (Inia geoffrensis) entre 1994 y 2016, y una disminución del 75% en su pariente más pequeño el tucuxi (Sotalia fluviatilis) en la reserva de Mamirauá en el estado de Amazonas, en Brasil. El año pasado, se informó de la muerte de más de 330 delfines de río en solo dos lagos, en medio de una sequía histórica y bajos niveles de agua.

“La naturaleza está emitiendo una llamada de socorro”, declaró Kirsten Schuijt, Directora General de WWF Internacional, en una conferencia de prensa con motivo de la presentación del informe. “Las crisis vinculadas de la pérdida de naturaleza y el cambio climático están llevando a la vida silvestre y los ecosistemas más allá de sus límites, con peligrosos puntos de inflexión globales que amenazan con dañar los sistemas de soporte vital de la Tierra y desestabilizar las sociedades”.

Una superpotencia en biodiversidad

En Brasil, Colombia y México, América Latina alberga tres de los cinco países con mayor diversidad de aves, anfibios, mamíferos, reptiles, peces y plantas. Solo la selva amazónica alberga alrededor del 10% de la biodiversidad mundial, y estas cifras solo se refieren a las especies conocidas. Desde las praderas uruguayas hasta los arrecifes de coral mesoamericanos, la región desempeña un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad.

Sin embargo, se ha producido un rápido declive de las poblaciones de muchas de las especies de la región. Algunas de las más destacadas son la vaquita marina (Phocoena sinus), la marsopa más pequeña y amenazada del mundo, cuyos últimos ejemplares se encuentran en las aguas septentrionales del Golfo de California, y el jaguar (Panthera onca) de Sudamérica, el mayor felino salvaje del hemisferio occidental, amenazado por la deforestación.

Rebecca Shaw, autora principal del informe, afirma que el declive de una sola especie puede provocar una reacción en cadena: “En la Mata Atlántica brasileña, la pérdida de animales frugívoros como los ciervos, que dispersan las semillas de los grandes árboles tropicales, puede provocar la disminución del almacenamiento de carbono. Estos animales son cazados, y los árboles son sustituidos por otros más pequeños que capturan menos carbono”.

Según los investigadores, el declive de las poblaciones de animales salvajes también puede servir de indicador de alerta temprana sobre el riesgo de extinción y la posible pérdida de ecosistemas. Cuando los ecosistemas resultan dañados, tienen dificultades para proporcionar los beneficios de los que dependen los seres humanos y pueden volverse más vulnerables a los puntos de inflexión, es decir, a cruzar un umbral que puede provocar cambios sustanciales y a menudo irreversibles.

Los puntos de inflexión mundiales, como la extinción de la selva amazónica, tendrían consecuencias negativas más allá de la zona inmediata, afectando a la seguridad alimentaria y a los medios de subsistencia. En septiembre, los incendios en la Amazonía brasileña alcanzaron su nivel más alto en 14 años en medio de una grave sequía y niveles récord de agua en algunos de los principales afluentes del río Amazonas, como el río Negro. Estos fenómenos contribuyen a la desecación de la selva tropical, así como al aumento de las emisiones de carbono.

“El planeta es un sistema integrado, y si una parte está enferma afecta al resto. Si la Amazonía libera muchas emisiones de carbono, esto puede alterar los patrones climáticos en todo el planeta”, dijo a Dialogue Earth Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia. “No es solo una crisis medioambiental, también es humana, con medios de vida afectados”.

El camino a seguir

En su informe, WWF sugiere una serie de estrategias para proteger mejor la biodiversidad, empezando por las áreas protegidas. Sus investigadores destacaron que en la actualidad hay casi 300.000 zonas protegidas designadas en todo el mundo, que cubren el 16% de la superficie terrestre del planeta y el 8% de los océanos, pero que su distribución sigue siendo desigual e insuficiente para apoyar los servicios que la naturaleza aporta a la humanidad.

Uno de los objetivos del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, aprobado por 196 países en 2022, insta a proteger el 30% de las tierras, aguas dulces y océanos para 2030 “mediante áreas protegidas ecológicamente representativas, bien conectadas y gobernadas de forma equitativa”. Se espera que los gobiernos presenten sus nuevos planes sobre biodiversidad en la cumbre sobre biodiversidad COP16 de las Naciones Unidas, que se celebrará este mes en Cali, Colombia.

Los autores del informe también reclamaron cambios en los sistemas alimentarios, optimizando el rendimiento de los cultivos y la productividad ganadera de forma sostenible para evitar una mayor expansión de la frontera agrícola. Sugirieron el uso de prácticas positivas para la naturaleza, como la agroecología y la agricultura regenerativa, no solo en favor de la biodiversidad, sino también para cumplir los objetivos climáticos y mejorar la salud en general, añadieron.

En medio de los intentos mundiales de abandonar los combustibles fósiles, los autores también hicieron un llamamiento para que la transición energética se planifique cuidadosamente, a fin de evitar impactos negativos en los ecosistemas y las comunidades, con casos de tensiones en torno a proyectos renovables ya visibles en América Latina. El paso a las energías renovables debe ser coherente con otros objetivos de desarrollo sostenible y conservación de la naturaleza.

“Aunque la situación es desesperada, aún no hemos pasado el punto de no retorno”, afirmó Schuijt. “Tenemos acuerdos y soluciones mundiales para encaminar la naturaleza hacia la recuperación en 2030, pero hasta ahora se ha avanzado poco en su cumplimiento y ha faltado urgencia. Las decisiones que se tomen y las medidas que se adopten en los próximos cinco años serán cruciales para el futuro de la vida en la Tierra”.

El 13 de agosto de 2022, la región de Andalucía en España vivió una de las peores jornadas de calor de su historia, en un verano en el que se registraron alrededor de 4.600 muertes en el país directamente relacionadas con las altas temperaturas. Sin embargo, un meteorólogo que hubiera mirado parámetros aislados como la temperatura máxima del aire, el índice de humedad o la temperatura del termómetro de bulbo húmedo, no habría previsto la peligrosidad de la situación y habría subestimado su impacto en la salud de las personas.

Aquella jornada de calor extremo en Andalucía es uno de los ejemplos que dos investigadores de la Universidad Politécnica de Hong Kong utilizaron para poner a prueba los diferentes índices que se utilizan para estimar la gravedad y el peligro para la salud de las olas de calor. En un trabajo publicado este miércoles en la revista Nexus, Pir Mohammad y Qihao Weng utilizaron datos reunidos durante varios episodios sucedidos en los últimos años en España, India y Estados Unidos, y comprobaron que cinco de los seis índices principales no fueron capaces de captar con suficiente efectividad su gravedad y distribución espacial, especialmente en condiciones de baja humedad. 

Según este análisis, solo resultó útil el llamado “índice de estrés térmico letal”, aunque los autores creen que también es mejorable y que se necesita un marco más global para poder mitigar las olas de calor peligrosas. “Descubrimos que algunos de los índices existentes pueden no ser apropiados para todas las regiones geográficas y condiciones climáticas”, afirma Weng, autor principal y experto geoespacial de la Universidad Politécnica de Hong Kong. “Es importante que las comunidades científicas, los círculos de salud pública y los responsables de las políticas se reúnan y reconsideren los índices existentes”.

Índices desactualizados

En la actualidad conviven distintas formas de medir y definir las olas de calor, pero no está claro cuál de estos métodos es más eficaz ni cómo las condiciones climáticas de fondo afectan a su rendimiento. Algunas de estas métricas se basan exclusivamente en la temperatura máxima del aire, mientras que otras incluyen factores como la radiación, el viento y, fundamentalmente, la humedad. En esta investigación, en concreto, se evaluaron la temperatura máxima del aire (Ta), el índice de humedad (HI), el humidex (Hu), la temperatura del termómetro de bulbo húmedo (WBGT), el índice de estrés por calor letal (Ls), y el índice climático térmico universal (UTCI). 

Descubrimos que algunos de los índices existentes pueden no ser apropiados para todas las regiones geográficas y condiciones climáticas

Qihao Weng — Autor principal e investigador de la Universidad Politécnica de Hong Kong

Cada uno de estos índices tiene diferentes umbrales para definir condiciones peligrosas de estrés por calor, explican los autores del estudio. Una de las desventajas de esta práctica es que puede no aplicarse a todas las condiciones climáticas, pero lo peor es que no cuantifican significativamente el efecto de la humedad sobre el estrés por calor. “Con el avance de un calentamiento global más rápido, un índice puede no detectar días peligrosos de estrés por calor debido al uso de la antigua normalidad para calcular la desviación del umbral”, escriben. “El umbral para definir condiciones peligrosas de estrés por calor se basa en la ley teórica de la física, y un estudio reciente sugirió que este umbral puede sobreestimarse o subestimarse según las condiciones climáticas ambientales, el género y la edad de las personas y varía de un país a otro”. 

“Incluso en condiciones de temperatura relativamente bajas, si la humedad es alta, puede ser peligroso para personas con problemas de salud”, indica Weng. “En condiciones de humedad, incluso de 28°C, las condiciones de bulbo húmedo pueden provocar un estrés severo y un golpe de calor”.

Las olas de calor son experimentadas de manera diferente debido a factores que incluyen la edad, las condiciones de salud preexistentes y el estatus socioeconómico

Los investigadores enfatizan que las olas de calor son experimentadas de manera diferente por distintas personas, incluso dentro de la misma región, debido a factores que incluyen la edad, las condiciones de salud preexistentes y el estatus socioeconómico, que se asocia con el acceso a una refrigeración adecuada y el privilegio de no trabajar al aire libre durante condiciones de calor. También señalan que, dado que se producen más muertes relacionadas con el calor en interiores que en exteriores, habrá que tener en cuenta en el futuro factores como la antigüedad y los materiales de los edificios. 

Por último, aunque identificaron el índice de estrés térmico letal como la mejor opción actual, creen que este índice aún podría mejorarse con más investigaciones. “Necesitamos implementar un marco global que tenga en cuenta la temperatura, la humedad y otros factores como el estatus socioeconómico y la edad para poder mitigar las condiciones peligrosas de las olas de calor”, afirma Mohammad. “El gobierno del Reino Unido redefinió recientemente sus criterios limitantes para las olas de calor, y podría ser un buen momento para que otros países también piensen en cómo podemos definir las olas de calor de manera más efectiva”.

Los límites del cuerpo humano

“La importancia del estudio radica en destacar la urgencia de realizar análisis más exhaustivos sobre qué constituye una ola de calor mortal y cómo prepararnos para ellas”, destaca Anna Cabré, científica del clima asociada a la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos), en declaraciones a SMC España. “Esto implica estudiar con mayor detalle los límites que el cuerpo humano puede soportar en diversas condiciones, identificar a las personas con mayor riesgo y determinar las medidas necesarias para evitar consecuencias fatales, integrando conocimientos de múltiples disciplinas”.

Para el catedrático de geografía física de la Universidad de Barcelona (UB), Javier Martín-Vide, el artículo tiene un notable interés al tratar los efectos negativos del calentamiento global en la salud humana y, concretamente, en la mortalidad producida por las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas. En su opinión, aunque los autores consideran que el índice de estrés letal por calor, propuesto en 2022, es el mejor en condiciones de aire seco, el índice climático térmico universal (UTCI), creado en 2012, es mejor. “Este índice plantea un balance energético del entorno del humano, utilizando no solo la temperatura del aire y su humedad relativa, o la presión parcial de vapor de agua, sino también la velocidad del viento y la radiación del entorno”, señala. “Desde un punto de vista conceptual el UTCI es más robusto, aun pudiendo este dar un resultado más ajustado a la realidad en aire seco”. 

Deberíamos registrar la temperatura en el interior de las viviendas, para conocer bajo qué temperaturas viven realmente nuestros conciudadanos

Javier Martín-Vide — Catedrático de geografía física de la Universidad de Barcelona (UB)

Por otro lado, el especialista subraya la importancia de tener en cuenta las condiciones de temperatura reales en el interior de los edificios, en el que científicos como él llevan años insistiendo. “Medidas puntuales que hemos realizado en Barcelona a medianoche en habitaciones de pisos superiores que miran hacia el oeste, desde donde el sol las calienta durante las largas tardes de verano, han dado valores de la temperatura del aire en la horquilla de 30ºC a 33ºC, lo que impide o limita mucho el descanso nocturno, con un efecto negativo en la salud de sus moradores”, concluye. “Se impone, desde luego, en España un gran proyecto, con la ayuda de la Ciencia Ciudadana, de toma de registros meteorológicos indoor, en el interior de una muestra amplia de viviendas, para conocer bajo qué temperaturas del aire y radiante de las superficies, y humedad del aire, viven realmente nuestros conciudadanos”.

AMR/CRM

Nos estamos acostumbrando a vivir en constante alerta metereológica. Hoy es la lluvia imparable, una lluvia intensa zarandeada por tormentas eléctricas cada vez más potentes, que hace que en distintas regiones de la Argentina numerosas ciudades y localidades se vean irreconocibles pero homogéneas, todas iguales, cada vez más pasadas por agua, viviendo de inundación en inundación. También son cada vez más frecuentes los vientos fuertes y los tornados que castigan la región pampeana, así como los megaincendios forestales (intencionales y no intencionales) a toda hora y en todas las provincias, cuando no la brusca oscilación entre temperaturas altas y bajas, y la sequía en los cuatro puntos cardinales, antes de que vuelvan una vez más las lluvias y las supertormentas... 

No hay récord posible ni estable en esta olimpíada del desastre climático, tan asociada a la dinámica concentradora y excluyente del capitalismo contemporáneo y sus modelos de maldesarrollo. Los eventos extremos y los picos de temperatura se van superando día a día en todo el planeta. La Organización Metereológica Mundial ya dijo que el 2023 fue el año más caluroso de la historia, y que hemos tocado el umbral de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, tan cerca ya de convertir el Acuerdo de París en papel mojado, en pura letra muerta. Y aunque lo parezca, en esta cadena de eventos extremos, nada es circular. La flecha está yendo hacia un nuevo régimen climático inestable, peligroso y hostil para el mantenimiento de la vida humana, muy lejos de los ciclos de regeneración de la vida toda.  

En este cuadro de situación quisiéramos apuntar a dos tesis generales, importantes de asimilar, para finalizar con una reflexión-desafío en relación al rol del Estado en la crisis.

En primer lugar, hay que entender el alcance y la dimensión del colapso ambiental. Decimos colapso, a condición de entender que éste no se traduce sin más por la desaparición del mundo, sino más bien por la transformación de sus condiciones de vida y muerte. Esto es, el colapso es el fin del mundo tal cual lo conocíamos antes. Sistémico y acelerado, el colapso climático no se manifiesta por un click o un chasquido de dedos que de un día para otro hace desaparecer el planeta (aunque Hollywood insista con esas imágenes catastrofistas), ni siquiera, creemos, en un blackout energético total (responsabilidad del o los villanos de turno). Es que en realidad el colapso ecológico ya está aquí, pero en forma de colapsos parciales. Su forma actual es lo que podemos llamar una persistente acumulación de “colapsos localizados”, que afectan ciudades y zonas aledañas y van erosionando las condiciones de vida, generando desastres cada vez más amplios y potenciándose entre si. 

Van algunos ejemplos recientes de colapsos localizados, a nivel global. El 23 de octubre de 2023, el tornado Otis destrozó la ciudad de Acapulco. De un día para otro, la joya turística de México, que cuenta con un millón de habitantes, quedó devastada. En menos de 14 horas, el huracán Otis pasó de categoría 1 a categoría 5, lo que en términos meteorológicos se conoce como fenómeno de “intensificación rápida”. En esa ventana de tiempo, el huracán aumentó su velocidad en 185 km/h.  Luego ya todo oscureció y Acapulco se convirtió en zona de guerra. Con más de 50 personas fallecidas, numerosos desaparecidos y una infraestructura de servicios destruida, la ciudad estuvo días y días sin luz, sin agua, sin víveres, asolada por los saqueos.

Poco antes, en agosto de ese mismo año, también otro conocido destino turístico internacional, Hawai, vivió un incendio forestal de proporciones dantescas, que hizo que sus habitantes huyeran hacia el mar. Los fuertes vientos y las condiciones climáticas secas crearon las condiciones para la expansión del fuego, en un contexto de interfaz urbano-forestal, donde las viviendas se encuentran en medio de la vegetación. Más de un centenar de muertos, ecosistemas destruidos de raíz, el incendió acabó con histórica ciudad de Lahaina. Seis meses más tarde la Cruz Roja continúa con sus equipos de Transición para Residentes en refugios. Para esas personas que lo perdieron todo, nada volverá a ser igual.

Si volvemos a la Argentina, contamos con ejemplos recientes de colapsos localizados. Uno, que tuvo su epicentro en la ciudad de Bahía Blanca, luego del paso de una tormenta fuerte, con ráfagas de viento intensas que siguieron el mismo frente de tormenta, y que afectó varios cientos de kilómetros, incluyendo el AMBA y ciudad de Buenos Aires. La desaforada tormenta dejó al menos 13 personas fallecidas en Bahía Blanca, mientras el viento derribaba centenares de árboles, postes de luz, volaba techos, con múltiples anegamientos y masivos cortes de luz, que durarían varios días.  

Otro caso, del que menos se habla, es la ciudad capital de Corrientes, donde a principios de marzo de este año llovieron 300 milímetros de agua sólo en cinco horas (más de lo previsto para todo el mes). Una catástrofe climática que dejó centenares de evacuados, cortes de luz masivos y en los barrios mas afectados protestas de los vecinos por la lentitud de la ayuda estatal. Ahí también el mismo escenario, personas –sobre todo pobres, sectores vulnerables- que lo perdieron todo; otras cuya vida no volverá a ser la misma de antes. 

Recordemos que ya en 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, con los cuerpos de animales carbonizados y aquellos otros con el horror en los ojos, intentando escapar del fuego y la muerte. Ahora, a principios de marzo, la inundación en la capital correntina pasó casi desapercibida, casi normalizada. A esto se suma que en la última semana una ola de calor de varios días llevó la temperatura a 55º de sensación térmica. La segunda ola de calor en Corrientes en lo que va del año; la primera sucedió en los primeros días de febrero y se extendió durante 12 días. Ante este embate climático, las maestras pidieron suspender las clases, imposibles de realizar a la hora de la siesta. 

Ciudades y regiones enteras se están convirtiendo en lugares imposibles de vivir. En estos días, en la ciudad de Río de Janeiro la sensación térmica superó los 60º. Si un horno de cocina arranca en 70º, parecería que casi –o literalmente– vivimos en un horno. Vamos de récord en récord y la única certeza que tenemos es que éste será el verano más fresco del resto de nuestras vidas. Mientras tanto, al compás del colapso ambiental, la salud empeora y las enfermedades infecciosas se esparcen. Por ejemplo, los casos de dengue se multiplican en todo el país, no sólo en el norte sino también en el AMBA. Tal como anticipaban los científicos hace décadas, el cambio climático va tropicalizando a gran parte del país, y llevando no sólo su errante clima sino también sus enfermedades. El dengue que tenía picos en el verano y solo en en el Norte de Argentina, después descendía y en época invernal no circulaba. Ahora la transmisión se da en todo el año, incluso en invierno, y en casi todo el país. 

Y así van sucediendo y acumulándose, cada vez más regiones y ciudades que sufren colapsos, que se convierten en zona de guerra, sumando más sufrimiento ambiental y social, más afectación a la salud, y en ciertos casos –como en Corrientes– los eventos extremos, aunque diferentes, se potencian entre sí. Todo eso frente a la creciente naturalización de los fenómenos climáticos por parte de las autoridades, quienes parecen estar a la espera de que “el tiempo se normalice”. 

Pero ya no hay nada normal. Eso que llamábamos “normalidad” ya no existe y ésta es la segunda tesis que debemos asimilar. Estamos, como afirman los españoles Juan Bordera y Antonio Turiel, en “El final de las estaciones”. Hemos roto el ciclo normal de la naturaleza, al que estábamos acostumbrados, nosotros, hijos de la Modernidad conquistadora, del Holoceno y la estabilidad climática. Por ejemplo, durante 2023, en la región de la Patagonia, el frío y la nieve no dejaron que terminara de cuajar la primavera. Así, mientras los turistas se enamoraban de una estupenda Bariloche cubierta tardíamente de nieve tupida, nada menos que a fines de octubre pasado, todo a su alrededor florecía a destiempo, ralentizado, desprogramado en sus ciclos naturales, y hay que decirlo -porque algunos ni se han dado cuenta-, hubo pocos cultivos y huertas que resistieran a tal oscilación y amplitud térmica. 

Como los gobernantes terraplanistas que nos tocan ahora, el clima se exacerba en violencia y crueldad; cada fenómeno parece mucho peor que el anterior, se entrelaza y potencia con otros fenómenos extremos, mientras el desconcierto y la falta de preparación nos hace preguntarnos si tenemos que acostumbrarnos o rebelarnos… 

Sabemos que los últimos informes del IPCC (Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático), la experiencia acumulada acerca de la aceleración de la crisis climática y la multiplicación de eventos extremos, revelan que la ventana de tiempo con la cual contamos es cada vez más estrecha, antes de sobrepasar las fronteras planetarias, un punto de inflexión que conllevaría un cambio del régimen climático. Ese resquicio pequeño exige una gran imaginación y una audacia política para pergeñar y poner en práctica políticas públicas de adaptación y mitigación, en todas las escalas, con el objetivo de evitar que los colapsos localizados generen mayores impactos destructivos. Porque efectivamente no podemos evitar muchos de estos fenómenos extremos, pero sí podemos mitigar sus impactos, adoptando medidas de emergencia, de prevención y adaptación, que exigen una fuerte transformación del Estado, en todas sus escalas. 

Los nuevos riesgos sociales y ambientales y los colapsos localizados harán que la tendencia estatalista, que reemergió durante la pandemia del Covid 19, se acentúe. Desde una óptica democrática, el cambio climático plantea, como sostiene el economista Ruben Lo Vuolo, la creación de un Estado Ecosocial que incorpore los riesgos ambientales. Se trataría de un Estado diferente del que conocemos, a partir de una reorganización del mismo, que ponga en jaque “las bases del Estado de bienestar, que por otro lado en los países del Sur nunca se consolidaron”. Ello implicaría reformas amplias, que apunten al corazón de las desigualdades existentes y de los riesgos ecológicos, que confronte con la doble injusticia –social y ambiental– de esta nueva realidad, desde la renta básica y la reforma tributaria, el reparto del trabajo, la creación de nuevos oficios y empleos verdes, hasta políticas de adaptación a los riesgos ambientales y un sistema nacional de cuidados, entre otras. Reformas profundas y complejas, que apunten a un horizonte de transición ecosocial justa y popular. Porque necesitamos más Estado y no menos, aunque un Estado diferente, con vocación democrática e igualitaria, que incorpore los desafíos ambientales globales y locales y vaya elaborando estrategias en clave de transición justa. 

En definitiva, de cara al cambio climático, es el momento para imaginar y crear una nueva institucionalidad estatal, un Estado ecosocial que incorpore respuestas a los riesgos ambientales a través de nuevas políticas de infraestructura (viviendas seguras, protección de la salud, ordenamiento territorial, cuidados, ciencia pública) que vayan en la dirección de la adaptación y prevención del daño múltiple. Citando nuevamente a Lo Vuolo, “se trata de un sistema de políticas públicas cuya función es garantizar, en el contexto de la crisis climática, que todas las personas accedan a los elementos necesarios para continuar con la reproducción de su vida en nuestras sociedades sobre bases igualitarias”.  

También exige el cuestionamiento de la ideología ciega del crecimiento económico, base del Estado de bienestar, como antiguo modelo de intervención sobre la sociedad, ya que éste fomenta modelos de maldesarrollo en los territorios, que acentúan los efectos negativos de la crisis ecológica. Todo ello no hace más que reforzar la idea de que es la economía la que debe adaptarse a la crisis climática y ecológica y no al revés, como pretenden las élites dominantes.

Porque si la política de ajuste del actual Gobierno ya genera más pobreza y desigualdad, todo ello se potencia con un Estado ausente en un contexto de agravamiento de la crisis climática, que siempre golpea de modo mas feroz a los más excluidos y vulnerables. Por eso el peor escenario es reducir y triturar la capacidad reguladora del Estado, tal como hoy está haciendo el gobierno libertario de Javier Milei. Un gobierno que no solo destruye lo que queda de institucionalidad estatal, que no solo desprecia la ciencia, la salud y la cultura, sino también atenta contra las mismas posibilidades de sobrevida de las y los argentinos, y sobre todo, de los más pobres, en un contexto de crisis climática y colapsos localizados, cada vez más generalizados.

Hay un hermoso relato de Donna Haraway que se llama “Las historias de Camille”, que recomiendo a todo el mundo. Algo así como una maravillosa novela no desarrollada, en la que en apenas treinta páginas de ficción futurista la autora sigue a varias generaciones de Camille. No diré en qué año, pero en un futuro cercano, posible, la decisión de sumar una persona más en el mundo, de tener un hijo o hija, se toma de manera colectiva, en comunidades más o menos autosuficientes que han sobrevivido al colapso ambiental y demográfico, pero que continúan amenazadas por la extinción. Así, dice la autora: “El poder más preciado de este tipo de libertad es el derecho —y la obligación— que tiene cualquier persona, en estado de embarazo, de elegir un animal simbionte para el nuevo bebé. Todos los miembros humanos del grupo nacidos en este contexto de toma de decisiones colectiva vienen al mundo como simbiontes enlazados con criaturas animales en inminente estado de extinción, y, por ello mismo, con el patrón de relacionamiento de vida y muerte de los muchos otros con los que éstos se relacionan”.

Simbionte reenvía a simbiosis, concepto que tiene una larga historia, pero fue sin duda la notable y hoy recuperada bióloga Lynn Margulis quien le dio estatus científico al postular una teoría de la evolución no en base a la competencia o la supervivencia del más apto, sino a la cooperación entre organismos en un mundo interdependiente. Lo que Margulis demostró con la teoría de la Endosimbiosis es que los organismos  más pequeños, los microorganismos, lejos de comportarse como seres egoístas en un mercado, desde las más tempranas edades de la vida en la tierra desarrollan diferentes formas de cooperación para poder sobrevivir. “Animales y plantas son en realidad comunidades de organismos menos complejos (células y bacterias) que cooperan para sobrevivir”. He ahí el origen y la continuidad de la vida, lo que explica también su resiliencia, su capacidad de regeneración.

Este argumento fue retomado por Haraway (entre otros) en estos tiempos de colapso ambiental (llámese Antropoceno, Capitoloceno, o como la propia autora lo denomina, Chthuluceno) para destacar la importancia y la urgencia de desarrollar estrategias de cooperación entre humanos y no humanos, en un escenario en el que lo prioritario es elaborar/practicar el “arte de vivir en un planeta dañado”. Esto es, el arte de desarrollar técnicas, capacidades y herramientas nuevas para sanar y construir mundos habitables en un planeta cada vez más roto.

En estos días en los que asistimos y enfrentamos como algo ya cotidiano a los eventos extremos (olas de calor, olas de frío extremo, megaincendios, tornados, inundaciones, sequías, entre otros) se me ocurría pensar cómo el colapso ambiental va generando nuevos oficios y habilidades, impensadas unos años atrás, vinculados al arte de vivir en un planeta dañado. Por ejemplo, son cada vez más los vecinos y vecinas que se convierten en brigadistas forestales y se preparan para entrar y salir del fuego en el marco de incendios voraces que no solo se llevan puestas vidas humanas y propiedades sino millones de vidas no humanas y territorios completos, sea monte, humedal, sierra o bosque. No se confundan, no son bomberos, tampoco pertenecen al servicio de defensa civil; son brigadistas forestales comunitarios (con una importante presencia de mujeres), que salen a combatir el fuego y para eso se preparan, construyen una red logística, de corte comunitaria, de soporte y acompañamiento. Por ejemplo, en Córdoba, en las Sierras Chicas, hace poco conocí un conjunto de mujeres que comparten su carácter de brigadistas que literalmente ponen el cuerpo enfrentando los incendios –muchos de ellos intencionales– y que formaron un colectivo feminista muy potente y conmovedor, “Fuegas”, que coloca el cuidado y la sanación en el centro de la experiencia común.

También en un artículo reciente la periodista Laura Rocha escribió sobre el caso de una científica argentina, Paola Salio, investigadora del Conicet, que junto con otros especialistas del país y de Latinoamérica está armando un mapa de eventos climáticos extremos con la colaboración de las poblaciones afectadas y de las publicaciones en las redes sociales, los medios de comunicación y los “cazadores de tormentas”. 

Megaincendios que dispararon la creación de nuevas brigadas comunitarias que se preparan y enlistan para el cuidado de los territorios en peligro;  nuevos cazadores de tormentas que, lejos de ser aventureros del canal National Geographic, buscan avanzar en una metodología del pronóstico  basado en el impacto  “para intentar poner en marcha una acción temprana y poder mitigar el sufrimiento humano”. Nuevas habilidades científicas y ciudadanas puestas en juego para ir pergeñando estrategias de adaptación al cambio climático, que tanto afectan y afectarán aún más la salud, sobre todo de los seres más vulnerables, humanos y no humanos. 

Estos son apenas dos ejemplos pioneros, quizá muy distintos entre sí, pero unidos por la idea de la cooperación y del cuidado como núcleo ontológico-comprensivo de la supervivencia común. Claro que, en los tiempos demenciales que vivimos en Argentina, suena casi a ciencia ficción lejana, sobre todo ahora que tenemos un nuevo presidente que sentencia que el individuo y el mercado son la base de la vida social, que no cree en valores de la solidaridad, la cooperación y mucho menos de la justicia social; que no por casualidad es terraplanista respecto del cambio climático y, además, apunta a destrozar cualquier capacidad regulatoria de parte del Estado (más allá de sus falencias actuales).

Peor escenario no podría vislumbrarse. Si las clases dominantes en Argentina y los diferentes gobiernos siempre se caracterizaron por su ceguera desarrollista, su falta de comprensión de las problemáticas ambientales, su indiferencia por la crisis climática y sus consecuencias y por su apuesta lineal a la expansión de la fronteras de todo tipo de extractivismo, la asunción del gobierno libertario-empresarial de Javier Milei no hará entonces más que exacerbar y empeorar todas estas dimensiones. Por ejemplo, habrá más megaincendios, una ausencia total de políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, y por supuesto, menos presencia y controles de parte del Estado.

Pero, más allá de la capacidad destructiva del nuevo gobierno, que es mucha, no hay que negarlo; no es posible relegar ni minimizar la importancia de las redes de solidaridad y cooperación frente al desastre vuelto sistema y horizonte, que hace emerger y potenciar eso que el escritor Marcelo Cohen llamaba “el tejido sano”. Porque no todo es individualismo, egoísmo ni mercado, el origen y la continuidad de la vida nada tiene que ver con eso. La urgencia de generar una agenda colaborativa de protección de nuestros bienes comunes, de adaptación al cambio climático y de transición ecosocial (esto es, de transformación productiva, alimentaria, energética, urbana) hará seguramente surgir nuevos oficios, nuevas hermandades, otras capacidades sociales. 

Es probable que, de tener futuro posible, en un futuro cercano todos y todas tengamos que ser simbiontes.

MS/DTC

Casi un tercio de los acuíferos del mundo se están vaciando de forma acelerada en las últimas décadas, especialmente en las regiones secas, y parte del agua subterránea almacenada en el subsuelo está sufriendo descensos que llegan hasta medio metro por año. Son las principales conclusiones del análisis de alrededor de 170.000 pozos en 1.693 sistemas de acuíferos de más de 40 países publicado este miércoles por el equipo de Scott Jasechko en la revista Nature. Un trabajo para el que los autores revisaron las mediciones in situ de miles de sondeos a escala global, que ofrecen una visión más precisa de las tendencias de agotamiento de los acuíferos que las mediciones por satélite que se hacen habitualmente.

Los investigadores hallaron que el 36% de las reservas de agua subterránea están disminuyendo a un ritmo de 10 centímetros por año, mientras que el 12% está cayendo rápidamente a tasas que superan los 0,5 metros anuales. Al comparar estos hallazgos con los datos sobre la extracción de aguas subterráneas entre 1980 y 2000, fueron que el 30% de los acuíferos estudiados se enfrentan a un agotamiento acelerado en lo que llevamos de siglo XXI e identificaron disminuciones significativas en regiones como India, California y en zonas concretas de países como España.

En el lado positivo, los autores observaron que en muchos sistemas los acuíferos estudiados aumentaron o estabilizaron sus reservas y analizan las diferentes estrategias empleadas por las autoridades para conseguirlo. El estudio indica que la disminución del nivel del agua subterránea se desaceleró en el 20% de los sistemas acuíferos y se ha revertido en el 16%. Y destacan que se consiguió gracias a una combinación de reducciones en el consumo de agua subterránea, transferencias de agua superficial y proyectos de recarga gestionados, lo que ofrece una esperanza de cara al futuro. 

Un problema global

“Lo que hemos visto es que es un problema global, en el sentido de que muchos de estos sistemas están siendo sobreexplotados”, explica Richard Taylor, investigador del University College de Londres y coautor del estudio, a elDiario.es. “Lo más importante es que el descenso es especialmente rápido en las zonas secas del planeta y que observamos una alteración en el siglo XXI en comparación con las últimas décadas del siglo XX, lo que es alarmante”. Las buenas noticias —matiza— es que también encontraron zonas donde se recuperaron gracias a las intervenciones. 

Observamos una alteración en el siglo XXI en comparación con las últimas décadas del siglo XX, lo que es alarmante

Richard Taylor — Investigador del University College de Londres y coautor del estudio

Respecto a la vinculación con la crisis climática, Taylor destaca que alrededor del 80% de los acuíferos que están en declive se encuentran en regiones donde también ha disminuido la caída de lluvia. “Una de nuestras preocupaciones es que, mientras que el culpable principal es el uso abusivo por parte de los humanos de estas aguas, estamos viendo potencialmente los efectos provocados por el cambio climático”, asegura. “Y esto coincide con la observación general de que las zonas secas del planeta se están haciendo más secas y llueve más en las más húmedas”.

España, en el foco

Los autores del estudio incluyeron en su análisis dos casos específicos en España, el de la cuenca alta del Guadiana y el del acuífero Cingla-Cuchillo, en la Región de Murcia, con un descenso medio de 1,6 metros al año y el que se extrae dos veces más agua de la que se recarga de forma natural. El criterio por el que se han elegido estos dos, y no otros —admite Taylor— es que había acceso a datos que eran homologables con el resto. “Lo interesante de España —revela el especialista— es que vemos situaciones en las que un acuífero está siendo vaciado y en la misma región, en un acuífero adyacente, vemos recuperaciones”.

Según datos actualizados proporcionados por el Ministerio de Transición Ecológica, en España hay 353 masas de agua subterránea en mal estado (en lo que se refiere tanto a cantidad de agua como a contaminación) de los 804 totales, lo que se traduce en un 44%. Y de estas, solo 203 (un 25,2%) están en un bajo nivel (estado cuantitativo). Respecto a la masa de agua subterránea Cingla que se cita en el estudio, en la demarcación del Segura, tiene mal estado cuantitativo por una combinación de sobreexplotación e intrusión salina.

En una situación de sequía, este balance es especialmente relevante ya que, según datos del IGME, estas aguas subterráneas abastecen a más de 14 millones de personas y al 70% de los núcleos urbanos, además de a un millón de hectáreas de regadío. Una amenaza que se hace mucho más evidente en áreas teóricamente protegidas como las Tablas de Daimiel, Doñana o el Mar Menor. “Pero en España se aplican algunas de las soluciones más eficientes contra estos problemas”, indica Taylor, que se refiere a proyectos de recarga de acuíferos sobreexplotados como el de Los Arenales, en la cuenca del río Duero. “Diría que está tomando ejemplo de lugares como Israel y quizá este estudio sirva para compararse con lo que está pasado en otras partes del mundo”.

Una amenaza en ciernes

Los investigadores recuerdan que cuando hablamos de la sequía y el agotamiento de los recursos hídricos solemos pensar en ríos, lagos y pantanos, olvidando uno de los recursos más importantes de la cadena, quizá porque queda fuera de nuestra vista. Pero estos acuíferos son una reserva crucial de agua dulce para cultivos, hogares, industrias y ciudades de todo el mundo, que se están vaciando progresivamente, lo que amenaza las economías y los ecosistemas. 

“La consecuencia más obvia es que cuando vacías el acuífero empiezas a tener que negar el agua a la gente, para beber o para regar”, explica Taylor. “La segunda es que genera subsidencia, la tierra se hunde y tienes colapsos, y con el paso del tiempo se experimentan reducciones en el caudal de los ríos, que ya reciben el agua de los manantiales”. “Y la última —apunta— es que si estás es una región costera, y vacías los acuíferos, el agua del mar se introduce al interior y arruina los cultivos, como pasa en la franja de Gaza, por ejemplo”.

Para Enric Vázquez, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona (IDAEA), este trabajo hace una aportación muy interesante, porque muestra la tendencia global y permite ver por regiones cuáles tienen más estrés hídrico y en cuáles el recurso hídrico está siendo más explotado. “Estas zonas coinciden con los lugares con más demanda, pero también donde la regulación es más laxa”, señala. “Ya sabemos que en España no estamos muy bien, sobre todo en el sureste, una zona en la que ya se conoce que tenemos poca precipitación”. 

No vas a ver los campanarios descubiertos, como sucede en los embalses, pero abajo está ocurriendo lo mismo

Enric Vázquez — Investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona (IDAEA)

Sobre la cifra del medio metro de descenso al año, cree que es un dato orientativo que sirve para entender la tendencia global. “Aunque la gente no lo ve o no lo valora, el agua que está en el terreno entra por un sitio y sale por otro”, explica. Si esa salida disminuye, resume, los ecosistemas entrarán en estrés o pueden desaparecer, y esto afecta a los potenciales usos —el riego o abastecimiento— pero también es una pérdida ambiental. “Si lo vas agotando y no compensas, estás gastando los ahorros”, asevera. “No vas a ver los campanarios descubiertos, como sucede cuando bajan los embalses, pero abajo está ocurriendo lo mismo”. 

Así funcionan las masas de agua subterráneas

Se llama acuíferos a las formaciones geológicas que contienen agua subterráneas. Básicamente, se comportan como si fueran embalses

1

Recarga

Por precipitaciones, riegos o aguas residuales

Las rocas compactas pueden contener cierta proporción de agua en sus poros

Manantial

2

Caudal de salida

Porosidad

por fisuración

Sondeo

CAPA PERMEABLE

Sondeo

Aguas

subterráneas

Porosidad

intergranular

ZONA DE SATURACIÓN

CAPA IMPERMEABLE

3

Capacidad de

almacenamiento

y regulación

2

Los sondeos son pozos que bajan hasta la masa de agua y bombean líquido, sobre todo, para regar cultivos

Se produce por el afloramiento superficial en fuentes, humedales, manantiales y lagunas o mediante descarga subterránea hacia los cauces de los ríos

Está determinada por su volumen (definido por su extensión y espesor) y por su porosidad y fisuración

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE IGME Y UAL.

Así funcionan las masas de agua

subterráneas

Se llama acuíferos a las formaciones geológicas que contienen agua subterráneas. Básicamente, se comportan como si fueran embalses

1

Recarga

Por precipitaciones, riegos o aguas residuales

Sondeo

Son pozos que bajan hasta la masa de agua y bombean líquido, sobre todo, para regar cultivos

2

Caudal de salida

CAPA PERMEABLE

Aguas

subterráneas

ZONA DE SATURACIÓN

Porosidad

por fisuración

CAPA IMPERMEABLE

2

3

Capacidad de

almacenamiento

y regulación

Se produce por el afloramiento superficial en fuentes, humedales, manantiales y lagunas o mediante descarga subterránea hacia los cauces de los ríos

Porosidad

intergranular

Está determinada por su volumen (definido por su extensión y espesor) y por su porosidad y fisuración

Las rocas compactas pueden contener cierta proporción de agua en sus poros

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE IGME Y UAL.

Carlos Fernández Jáuregui, director del la organización WASA-GN, recuerda que el agua subterránea supone el 20% de los recursos hídricos del planeta, algo más del doble que el agua líquida superficial y que existe un problema de percepción del agua en el mundo. “Este artículo muestra dos cosas —comenta a elDiario.es—, que ha habido un deterioro rápido en muchos lugares sobre el uso del agua subterránea y también que hay lugares donde el agua ha recuperado sus niveles”. A su juicio, extrapolar estos resultados y concluir que es la situación global de los acuíferos no es correcto, porque se trata de una muestra con datos de 40 países, cuando hay más de 200, y se han dejado fuera del foco amplias zonas del planeta donde hay menos datos. 

Aunque el estudio abarca 40 países, han dejado fuera del foco amplias zonas del planeta

Entre los ejemplos positivos, los autores citan el caso de Bangkok, en Tailandia, donde la disminución del nivel de las aguas subterráneas de los años 1980 y 1990 se revirtió después de la implementación de regulaciones diseñadas para reducir el bombeo. También describen lo sucedido en Albuquerque (EEUU), donde un trasvase entre cuencas de agua superficial alivió la demanda de agua subterránea, y el caso del valle de Avra de Arizona (EEUU), donde un acuífero agotado se está rellenando con agua desviada del río Colorado. “Tenemos ejemplos, como Bangkok, donde para conservar las aguas subterráneas se empezó a cobrar a las empresas y la industria se empezó a pensar muy bien cómo lo usaban”, indica Taylor. “También hay regiones en las que la gente ha cambiado los tipos de cultivos, como en Bangladesh y Tanzania, donde han pasado del arroz al trigo. Y lugares donde las soluciones basadas en la ingeniería a gran escala, como el inmenso trasvase de agua de sur a norte en China, están vaciando los acuíferos”.

Hasta 15 metros de descenso al año

Miguel Fernández Mejuto, jefe de la Unidad Tecnologías del Agua de la Diputación Alicante, cree que el resultado de este trabajo no es una sorpresa, pero es un esfuerzo valioso por agrupar información global. Sobre el dato de posibles descensos de medio metro por año, considera que en realidad es una cifra pequeña si se pone en contexto. “Si miras en acuíferos particulares en los que se produce sobreexplotación encontrarás cifras mucho más altas”, precisa. “Aquí, en Alicante, tememos el caso del acuífero Jumilla-Villena, que en los años 90 bajaba alrededor de 15 metros al año”. Los casos más dramáticos son los de acuíferos que alimentaban manantiales y ahora se está bombeando el agua a 300 metros de profundidad, señala. “Los niveles han bajado a 300 metros cuando en los años 70 estaban en superficie”. 

Hay acuíferos que alimentaban manantiales en los 70 a nivel de superficie y ahora se está bombeando el agua a 300 metros de profundidad

Miguel Fernández Mejuto — Jefe de la Unidad Tecnologías del Agua de la Diputación Alicante

Fernández Mejuto cree que los autores del estudio han tomado dos ejemplos de España que no están entre los peores y, a pesar de que hay casos muy negativos, cree que el balance es bueno. “Creo que somos un ejemplo, porque somos uno de los países del mundo que ha sabido aprovechar los recursos a tope, casi por necesidad”. En ese sentido, recuerda que somos un país semiárido y con mucha agricultura y mucho turismo, y esta situación nos ha obligado a hacer de la necesidad virtud y tener una gestión muy avanzada. “El alto Vinalopó, una zona de riego muy grande, ha tenido descensos de 15 metros por año y, hoy en día, en plena sequía, se ha estabilizado y tiene una ligera recuperación de 2-3 metros por año”, explica. “Y el acuífero de Peñarrubia, que alimenta a Alicante, en los 90 bajaba de 10-15 metros por año y desde 2000 hasta ahora ha recuperado sobre 20 metros de nivel”.

“En épocas donde hay excedente lo que se hace es recargar el acuífero”, explica Enric Vázquez desde IDAEA. “En España somos bastante eficientes y ahora se hace cada vez más”, explica. “En Cataluña y Valencia, por ejemplo, se está usando el agua de las depuradoras que no se vierten al mar, se llevan aguas arriba de un río e incluso se recargan algunos acuíferos”. Al final, insiste, todo el sistema está interconectado y la clave es aplicar una vigilancia estricta sobre su uso. A su juicio, en esto sucede como con el tráfico: “mucha gente circularía a 200 km/h o se saltaría los semáforos si supiera que nadie le va a multar, que es lo que sucede en muchas de estas situaciones”.

Un problema que no se puede posponer

José Luis García Aróstegui, hidrogeólogo del IGME, cree que este estudio nos recuerda que en países como España tenemos una situación bastante complicada. “Esto es algo que viene de lejos y que en el último siglo se ha ido incrementado, porque a medida que aumenta la aridez se incrementa la explotación de agua subterránea”, recalca. El especialista recuerda que a nivel europeo somos el punto caliente del problema de la sobrexplotación de acuíferos y que no vamos a arreglar el problema para 2027 como indica la directiva marco del agua, después de dos prórrogas. La zona más crítica es la cuenca del Segura, apunta, donde se estima que se han extraído del orden de 13.000 hectómetros cúbicos de los acuíferos, el equivalente a cuatro veces el volumen del embalse de La Serena, el más grande de España. 

En la cuenca del Segura se ha extraído del subsuelo el equivalente a cuatro veces el volumen del embalse de La Serena, el más grande de España

“Agotar un acuífero significa que tienes niveles que están a 200 o 300 metros de profundidad, que los manantiales se agotaron hace ya 40 o 50 años, que cada vez se incrementa el coste de bombeo y que en algunos casos se deteriora el agua subterránea porque es más salina”, explica el experto. En su opinión, acudimos a los acuíferos cuando hay problemas críticos de sequía, como pasa ahora en Cataluña, pero después nos desentendemos de ellos. “Es como tirar de los ahorros del banco pero no rellenarlos cuando tienes superávit”, señala. 

“Desde mi punto de vista, uno de los problemas de España es que los acuíferos solo se tienen en cuenta para emergencias y hay pocas políticas que fomenten la recarga”, coincide Estanislao Pujades, hidrogeólogo de IDAEA. El cambio climático, advierte, nos va a conducir a una situación de descenso de precipitaciones que nos va a hacer echar de menos estas reservas de agua que hemos gastado. “Yo recuerdo que en la última sequía fuerte aquí en Cataluña, en 2008, hubo mucho revuelo, pero luego volvió a llover y la gente se olvidó un poco”, asegura. “Creo que solo le damos importancia a este asunto cuando tenemos el problema encima y esto requiere tiempo y tomárselo en serio”, concluye. “Pero si hacemos las cosas bien tendremos mucha más agua disponible cuando haga falta”. 

Luego de haber negado la existencia de la crisis climática y prometido cerrar el Ministerio de Ambiente, el gobierno entrante de Javier Milei enviará una representante a la conferencia de cambio climático de Naciones Unidas COP28 en Dubai, Emiratos Árabes. La conferencia finalizará el 12 de diciembre, dos días después de la asunción presidencial.

Marcia Levaggi, actual embajadora de Argentina en Senegal, será nombrada secretaria de Política Exterior por Milei y tomará el lugar de jefa de la delegación de Argentina en la COP28. Levaggi es una funcionaria de carrera con una trayectoria en temas ambientales. Durante el gobierno de Mauricio Macri, fue la directora de asuntos ambientales en Cancillería.

La COP, la conferencia anual de la ONU de cambio climático, ahora en su 28 edición, reúne a 198 países con el objetivo de avanzar en políticas para enfrentar la crisis climática. El rol de los combustibles fósiles está en el centro del debate, con la expectativa de un acuerdo en el cierre de la conferencia para la transición a las energías renovables. 

Argentina participa de la conferencia de cambio climático con representantes del gobierno saliente de Alberto Fernández, encabezada por la secretaria de Cambio Climático Cecilia Nicolini. Además, participan representantes de empresas, especialmente de energía, gobiernos provinciales y organizaciones sociales y ambientales. 

No es la primera vez que Argentina cambia su delegación en el medio de una conferencia del clima. En diciembre de 2015, luego de la asunción de Macri, Juan Carlos Villalonga, ex director de Greenpeace, quien luego sería diputado, fue enviado por Macri para encabezar la delegación. Allí, mostró disidencias con el gobierno saliente de Cristina Fernández.

“Fue una transición disruptiva, había que serlo ya que en ese entonces Argentina negociaba en la COP con países como Venezuela, Bolivia e Irán, un grupo con posiciones complicadas en ambiente. Posteriormente Argentina se fue acercando a Brasil y Uruguay y eso no creo que cambie con Milei,” afirmó Villalonga desde la COP28. 

Cecilia Nicolini sostuvo que no hay un equipo de transición para el área de ambiente, algo que sí existe para otras áreas de gobierno, como economía. Sin embargo, admite contactos a nivel de cancillería para la COP28, lo que explica la próxima llegada de Levaggi a Dubái. “Estaban mas o menos de acuerdo en seguir nuestra línea de trabajo,” agregó. 

A pesar de ello, la posición negacionista de Milei sobre el cambio climático genera preocupación y nervios entre los argentinos en la conferencia. El equipo técnico no sabe qué pasará con sus trabajos al regresar a Buenos Aires y las organizaciones de la sociedad civil están preocupadas por el futuro de la política climática luego de la conferencia. 

“No creo que la comunidad internacional los deje salir del Acuerdo de París,” sostuvo una delegada de Argentina que pidió no ser identificada, en relación al acuerdo internacional firmado en 2015 en la COP21 para limitar la suba de la temperatura. El antecedente más directo es la salida de Estados Unidos del acuerdo durante el gobierno de Trump.

El hecho de que la crisis climática haya llegado a la agenda internacional de todos los gobiernos puede actuar como un freno al negacionismo climático de Milei, sostienen los argentinos que participan en la conferencia

El hecho de que la crisis climática haya llegado a la agenda internacional de todos los gobiernos puede actuar como un freno al negacionismo climático de Milei, sostienen los argentinos que participan en la conferencia. Además, rechazar la acción climática también le jugaría en contra al gobierno ya que significaría un freno al financiamiento climático.

Argentina debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos ya visibles de la crisis climática y para ello accede a financiamiento internacional. En Brasil, cuando el expresidente Jair Bolsonaro redujo significativamente la acción climática, el gobierno dejó de acceder a gran parte del financiamiento para el Amazonas.

Además, reducir emisiones también puede ser una oportunidad económica para algunos sectores, como las renovables, un argumento que los argentinos en la COP esperan sirva para que Milei revea su postura. “Argentina es uno de los países con más cantidad y mejor calidad de recursos renovables”, Martín Dapelo, consultor en renovables, sostuvo desde la conferencia.

En la COP28, el presidente de Francia Emmanuel Macron le pidió a Milei que “se sume en lo que respecta a las cuestiones climáticas, porque verá que esto también es bueno para su país”. Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, también dijo estar preocupada por el negacionismo climático, el cual tiene “atado una tendencia autoritaria.”

Apenas se conoció su triunfo electoral, el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, también dejó en claro que para su gobierno la lucha contra el cambio climático es una prioridad.

Argentina en la COP y el rol de Macri

En la misma semana que se desarrollaba la conferencia climática en Emiratos Árabes, el ex presidente Macri estuvo en Abu Dabi reunido con Sheik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes. Macri publicó en sus redes sociales que compartió con el presidente miradas sobre problemas globales, entre ellos, el cambio climático. 

La evidente injerencia de Macri en el armado del gobierno de Milei podría ser un elemento que frene las posiciones negacionistas del nuevo presidente, coinciden los argentinos en la COP28. “Macri estuvo sumamente involucrado con clima en su gobierno y ahora está en todos lados en el gabinete de Milei,” sostuvo un especialista en clima de Argentina, que pidió no ser identificado. 

Un grupo de ex secretarios de Cambio Climático durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, Diego Moreno, Carlos Gentile, Pilar Bueno Rubial, Rodrigo Rodríguez Tornquist y Cecilia Nicolini, publicaron esta semana una carta donde pidieron que el clima continúe siendo una política de estado “para el beneficio de los habitantes”.

“La continuidad y coherencia en estas políticas es un activo nacional. Incumplirlas nos posicionaría dentro de un minoritario grupo de erráticos países negacionistas, con relevantes consecuencias para el desarrollo nacional”, se lee en la carta. “Esta política de Estado se ha mantenido en el tiempo, independientemente del color partidario”.

Para María Inés Zigaran, ministra de Ambiente de Jujuy, y Gervasio Malagrida, ministro de Ambiente de Misiones, ambos en Dubái, un posible desmantelamiento de políticas públicas climáticas con Milei podría ser compensado en parte por el accionar de las provincias. De todos modos, ambos esperan que Milei revea o por lo menos modere sus posturas. 

“Yo abogo para que el presidente se pueda sentar con las provincias y escuchar la mirada que tenemos de la crisis climática, que es un tema más allá de pertenencias políticas,” afirmó Zigaran. “No me puedo imaginar un gobierno que no tenga una política climática. De ocurrir sería regresivo y disruptivo. Espero lograr una relación racional con ellos.”

En la COP28, Argentina firmó una declaración voluntaria para triplicar las fuentes de energía renovable y duplicar la eficiencia energética. Además, reclamó por mayor financiamiento para la acción climática, incluyendo el canje de deuda, y evitó firmar una declaración para reducir las emisiones de agricultura y ganadería.

La conferencia finalizará el 12 de diciembre, con un escenario de conflicto abierto entre los países sobre el futuro del sector energético, el mayor contaminante a nivel global. De incluir una mención a la transición de los combustibles fósiles en el texto final, algo que hasta ahora nunca ha ocurrido en las COP, Argentina tendrá mucho trabajo por delante, considerando los planes para expandir Vaca Muerta.

“La agenda climática a futuro tiene que estar marcada por un cese de la exploración y explotación de combustibles fósiles y honrar los compromisos climáticos internacionales asumidos por el país,” sostuvo María Laura Castillo Díaz del área de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), presente en Dubái.

Es el presidente de la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Dubái y también el director de la petrolera de Emiratos Árabes Unidos. Al Jaber consideró que “no hay evidencias científicas” que justifiquen reducir el consumo de energías fósiles.

Al Jaber, que ya desató la polémica al compaginar su cargo en la petrolera con el liderazgo de la COP28, también afirmó que reducir el consumo de combustibles fósiles como el petróleo no es sostenible “llevaría al mundo de vuelta a las cavernas”. Según el mandatario, no existen pruebas de que esta reducción sea el mejor método para impedir que el calentamiento global supere la barrera de los 1,5 grados centígrados que recomiendan evitar los científicos, adelantó The Guardian en exclusiva.

Al Jaber realizó estas declaraciones durante una conferencia con una ex enviada especial de Naciones Unidas para el clima y con Mary Robinson, presidenta de la organización The Elders Group, fundada por Nelson Mandela en 2007. El diario ‘The Guardian’ afirma que en esa conversación, Robinson planteó que una de las razones por las que estamos en medio de una crisis climática es “porque no nos hemos comprometido a dejar atrás los combustibles fósiles”. 

“Esa es una decisión que la COP28 puede tomar y, dado que eres presidente de Adnoc”, añadió Robinson en referencia a la petrolera saudí, “podrías tomarla con aún mayor credibilidad”. Las palabras de la que fuera primera mujer presidenta de Irlanda, sin embargo, no sentaron bien al líder de la Cumbre del Clima. 

Al Jaber le respondió que había aceptado participar en el evento “para tener una charla madura y tranquila” y que rechazaba “cualquier conversación que sea alarmista”. El líder de la COP28 afirmó entonces que “no hay evidencias científicas que demuestren que reducir el consumo de petróleo sea lo que nos permita quedar por debajo del umbral de los 1,5 grados centígrados”.

Las palabras del líder saudí chocan con la defensa que ha realizado en la COP28 el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. “La ciencia es clara: el límite de 1,5 grados solo es posible si dejamos de quemar combustibles fósiles. No reducirlos, sino eliminarlos totalmente y con un plan claro”.

Octubre de 2023 fue el mes de mayor aumento de temperatura de la historia. Y con altísima probabilidad, 2023 será el año más cálido en la historia. Tomando lo que va del año, tenemos 1,43 °C por encima de la media preindustrial. 

Toda la evidencia científica demuestra que no hay espacio para aumentar la producción de combustibles fósiles si se quieren cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Solo este año lo han dicho el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía (IEA) y el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Si el mundo sigue expandiendo los fósiles, la ventana de los 1,5° se cerrará definitivamente.

Con esas evidencias en la mano llegaron este 30 de noviembre los países a encontrarse en una nueva Cumbre del Clima, la COP28 que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La ciudad –desarrollada gracias a las “bonanzas” del petróleo– recibe a representantes de todos los países para discutir el futuro del clima del planeta, ante la crisis originada -–en gran medida– por el mismo petróleo, junto al carbón y gas.

Las contradicciones y tensiones marcarán las dos semanas que durará la Cumbre. Aquí presentamos las claves para entender una discusión compleja, técnica y sumamente política, que puede ser fundamental para el futuro del planeta.

Los nudos de la discusión energética

La COP28 es única en muchos sentidos, pero tal vez el mayor de todos es el llamado Balance Mundial o Global Stocktake. Es la instancia que el propio Acuerdo de París determina para evaluar los avances y corregir el rumbo. Una respuesta ambiciosa de los países al Balance puede sentar el paso para lo que implica el cumplimiento del tratado: una transformación de los actuales sistemas energéticos, financieros y alimentarios para garantizar un planeta habitable para todos y todas.

En lo energético, aparece un resultado sobre el que todos parecen estar de acuerdo: triplicar la capacidad instalada de generación eléctrica a partir de fuentes renovables (solar y eólica, principalmente) para 2030.

Triplicar la capacidad de renovables en el mundo es la acción más grande que requiere el clima en esta década“, afirmó tajante Katye Altieri, analista de transición eléctrica global en Ember, think thank que presentó un detallado análisis sobre cómo lograrlo.

La Agencia Internacional de Energías Renovables, la Agencia Internacional de Energía y la propia presidencia de la COP28 están alineadas en esto: se requiere triplicar la capacidad instalada hasta 11,000 gigawatts para 2030, con el fin de mantener vivo el objetivo de 1,5°C.

El análisis de Ember muestra que la meta, aunque muy importante para la acción climática, no es tan inalcanzable como puede sonar. Las actuales promesas y compromisos proyectan que la capacidad instalada de renovables se duplicará para comienzos de la próxima década. Lo que se necesita es el último empuje.

Junto a esto, la presidencia de la COP también impulsa un compromiso para duplicar la eficiencia energética para 2030. En palabras simples, la mejora de procesos que permitan usar menos energía por el mismo o mejor servicio final. En su proyección de escenarios para la carbono neutralidad, la IEA asegura que dicho objetivo “ahorra el equivalente energético de todo el consumo de petróleo en el transporte por carretera hoy, reduce las emisiones, aumenta la seguridad energética y mejora la asequibilidad”.

Probablemente ambos sean uno de los resultados más ruidoso de la COP, ya sea con una mención en el Balance Mundial o como un anuncio paralelo liderado por la presidencia. 

Pero las cosas no suelen ser tan simples en las COP. Y es que la teoría dice que, de la mano de aumentar la capacidad renovable, debiese ir la disminución del uso y producción de combustibles fósiles. Y es que la construcción de mayores energías renovables no va a reducir por sí sola la dependencia de los combustibles fósiles. El actual boom solar y eólico lo demuestra: la industria fósil sigue expandiéndose. El problema es que no todos están de acuerdo en que eso se detenga.

Partiendo por los propios Emiratos Árabes Unidos (EUA), que según documentos revelados por Center for Climate Reporting, ha estado usando su posición en la COP28 para buscar negocios de nuevos proyectos de petróleo y gas fósil.

A esto se suma una preocupación creciente en el mundo en desarrollo: el despliegue, cada vez más creciente, de las llamadas tecnologías de “gestión del carbono” que pueden terminar perpetuando la explotación de petróleo, gas y carbón, retrasando así la mitigación.

Esta es una postura muy defendida por la misma industria, ya que en la práctica significa que pueden seguir existiendo. Estas tecnologías se dividen en tres: captura y secuestro de carbono (CCS), captura y utilización de carbono (CCU) y remoción de dióxido de carbono (CDR).

En una carta enviada a las partes en octubre, manifestando sus visiones y prioridades para la cita, el presidente de la COP, Sultan Al Jaber – CEO de la compañía nacional de petróleo de Abu Dhabi- apuntó claramente a triplicar las renovables acompañado del “desarrollo acelerado de todas las soluciones y tecnologías disponibles”.

Aunque estas tecnologías -sobre todo el CCS- pueden tener un rol fundamental en industrias difíciles de descarbonizar, como el cemento y el acero, lo cierto es que tienen un rol muy limitado en el sector energético. El IPCC identifica estos mecanismos como el método de mitigación más costoso y con menor potencial en el sector energético. La propia cabeza del organismo, Hoesung Lee, advirtió que depender de estas tecnologías podría llevar a cambios climáticos irreversibles. 

Para la IEA, el desarrollo de CCS “ha sido en gran medida uno de expectativas no cumplidas”. Las cifras lo dicen todo: solo el 0,1% del total de las emisiones anuales del sector se capturan con esta vía. Las soluciones, establecidas en su Roadmap to Net Zero, son claras: el desarrollo de renovables, la salida de todos los combustibles fósiles y la reducción de la demanda energética. 

Esta discusión viene ocurriendo en las últimas cumbres, con la inclusión de la palabra “unabated”, que dirige la atención del problema solo a los combustibles fósiles que no se pueden someter a estas tecnologías. 

La posición latinoamericana

América Latina y el Caribe es una región que puede liderar la transición energética global. Eso han dicho sendos estudios lanzados este año.

Para el Global Energy Monitor, tan solo implementando los proyectos prospectivos de energía solar y eólica, la región puede aumentar su capacidad en más del 460% para 2030.

Por su parte, el Latin America Energy Outlook de la IEA dice que la región, por su alto potencial renovable y minerales críticos, “podrían contribuir de forma importante a la seguridad energética mundial y a la transición hacia energías limpias con los paquetes de políticas adecuados, además de impulsar la propia transición de la región y generar importantes beneficios para las economías locales tras una década de lento crecimiento”.

La iniciativa Renovables América Latina y el Caribe (RELAC) busca la cooperación de países de la región y lograr que el 70% del consumo de electricidad provenga de fuentes renovables para 2030. Pero el problema es que los tres más grandes emisores de gases de efecto invernadero de la región – México, Brasil y Argentina– no son firmantes.

Y es que pese a la evidencia de que no hay lugar para más proyectos de hidrocarburos a nivel global, los tres países –junto a otros como Guyana– tienen planes para expandir sus ritmos productivos fósiles a gran escala.

“La evidencia científica sobre la necesidad de abandonar los combustibles fósiles es abrumadora. Sin embargo, actores financieros como Bancos Multilaterales de Desarrollo, Bancos de Desarrollo de los países del norte global y Agencias de Crédito a la Exportación continúan financiando los fósiles en el sur global. Y en connivencia, gobiernos de la región otorgan subsidios directos a las empresas hidrocarburíferas”, afirma Ariel Slipak, coordinador del Área de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

“En Argentina, por ejemplo, gran parte de la nueva infraestructura para evacuar el gas de Vaca Muerta y que el gas adicional se destine a exportar podría ser financiado por el BNDES de Brasil y la CAF. La nueva infraestructura permite acelerar la cantidad de fracturas, lo que se traduce en más agua inyectada, más demanda de arenas silíceas, más emisiones fugitivas de metano y más sismos inducidos por los sets de fractura”, agrega.

Brasil, por su parte, aunque viene con el ímpetu de liderar la cita con vistas a la COP30 en Belém, pone toda su narrativa en la deforestación y protección del Amazonas, sin entrar en los planes de expansión petrolífera en el mismo río Amazonas. Un programa del gobierno, que involucra más de 100 mil millones de dólares para la transición energética, destina el 62% de los recursos para petróleo y gas.

¿Dónde queda la equidad?

Una discusión clave en todo esto es la equidad y la justicia climática. En el marco de las negociaciones climáticas, se les llama “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, que apunta a países desarrollados como los que deben liderar la reducción de emisiones y financiar la transición en países no desarrollados.

Para muchos países latinoamericanos, esto también está en el corazón de las decisiones energéticas. Y es que si el presupuesto de carbono -el “espacio” de emisiones que existe sin cerrar la ventana a los 1,5°C- es limitado, debería corresponder al mundo en desarrollo, y no a los grandes emisores, ocuparlo.

Bolivia, a nombre del grupo de países en desarrollo, quiso llevar este tema a la agenda oficial de la COP28, con la intención de operacionalizar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en todas las decisiones que se toman bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Aunque no se adoptó, se aseguró que el tema será incorporado a otras negociaciones durante las próximas dos semanas de la Cumbre.

Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. Fue producido en el marco de la iniciativa “Comunidad Planeta en la COP28”.

El 25 de octubre pasado, el huracán Otis azotó con fuerza al estado de Guerrero en México, dejando a su paso más de 45 muertos, devastación masiva y más de 200,000 viviendas afectadas. Después de casi un mes, Acapulco, la ciudad más afectada, continúa sufriendo carencias graves. Antes de tocar tierra, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos describió su llegada como “un escenario de pesadilla” para el sur de México.

Las operaciones de búsqueda de más de 20 personas desaparecidas perduran. Los sistemas de transporte no han regresado a la normalidad y los precios del transporte han subido considerablemente. Las filas para los cajeros automáticos son enormes y las operaciones para comprar despensas se han complejizado, impactando a personas de bajos recursos de sobremanera.

Acapulco ha experimentado una respuesta solidaria de toda la nación, con envíos masivos de ayuda de víveres y otros suministros para hacer frente a las consecuencias de la tragedia. Pero la magnitud de la destrucción plantea un desafío monumental que requerirá meses, o incluso años, para su reparación.

Entrevistamos a Marjory González, coordinadora de divulgación de la Red Mexicana de Científicos(as) por el Clima, una nueva agrupación de casi 80 expertos en clima, en meteorología, en riesgo, protección civil, resiliencia y diversas áreas, que busca soluciones para la adaptación, mitigación y reducción del cambio climático en México.

González hizo hincapié en cómo la desigualdad económica ha sido un factor multiplicador clave de los efectos del huracán, y habló de cambiar la mentalidad ante los desastres que ya van en aumento en América Latina, tanto en frecuencia como en magnitud. Esta transformación, dijo, debe producirse con urgencia, y los cambios estructurales realizados en la región podrían servir de ejemplo para el resto del mundo, que se enfrenta a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos debido al cambio climático.

–¿Cómo podemos entender lo que ocurrió con Otis a nivel científico?

–Los huracanes son un fenómeno natural y es muy importante repetirlo, pero están siendo exacerbados por el calentamiento del planeta. Una cosa que ocurrió con este huracán fue la rápida aceleración. En 12 horas pasó de una tormenta tropical a un huracán de nivel cinco (el más alto nivel posible). Una aceleración rápida es un fenómeno poco común y dentro de lo poco común esta fue demasiado rápido.

¿Por qué ocurre esta aceleración? Tiene que ver con que llevamos desde marzo con temperaturas récords en los océanos. Se han roto los récords cada mes, y todo ese calor sirve como combustible para los huracanes. También está el inicio del fenómeno de El Niño, que implica más huracanes en el Pacífico que en el Atlántico. Otra de las cosas que estamos viendo es que hasta ahora no parece que haya más huracanes, pero los huracanes de categoría cuatro y cinco, que son los más violentos, comienzan a incrementarse.

–¿Acapulco estaba preparada para lo que ocurrió?

–Había mucha gente visitando Acapulco en ese momento y una queja recurrente que decían las personas es que cuando le preguntaban a la gente de los hoteles qué debían hacer cuando ya se sabía que venía un huracán, la respuesta de los hoteleros es que ya no iba a pasar nada, que la gente estaba acostumbrada a que lloviera mucho. Las personas en Acapulco no entendían la gravedad del tema y además, aunque lo entiendan, no tienen dónde refugiarse porque no tienen zonas de refugio. Eso es muy grave porque ya había ocurrido el huracán Paulina en 1997 que había dejado más de 200 muertos, y había habido otros violentos antes.

Las personas en Acapulco no entendían la gravedad del tema y además, aunque lo entiendan, no tienen dónde refugiarse porque no tienen zonas de refugio

Marjory González — Coordinadora de divulgación de la Red Mexicana de Científicos(as) por el Clima

En la época después de Paulina, sí se hicieron medidas de Protección Civil de alertamiento para la población; de hecho hay sirenas en Acapulco, pero no se siguió construyendo la ciudad, capacitando a la población y capacitando a los hoteleros, como sí ocurre en mejor medida en la zona de Cancún en la Riviera Maya. En Cancún, que también ha padecido fenómenos similares, tienen los hoteles y las ventanas anticiclónicas. En Acapulco hay muchas estructuras de vidrios y todos los vidrios se reventaron.

–La Red de Científicos ha hablado sobre el impacto que sufren las personas de bajos recursos con los desastres naturales ¿Cómo aplica en este caso?

Acapulco es el puerto más importante del Pacífico y prácticamente vive del turismo. Esta ciudad fue muy famosa en los 50s y llegó gente como Michael Jackson, Elizabeth Taylor, Elvis Presley y Jim Morrison también. Al mismo tiempo es una ciudad tremendamente desigual. Está la zona hotelera que tiene zonas de muchos recursos, como Acapulco Diamante, y el resto de la ciudad en realidad es pobre o de clase media, entonces la desigualdad es muy grande.

Estas desigualdades hacen que la recuperación sea mucho más difícil para la gente. Por ejemplo en Acapulco, tienes la zona hotelera donde hay transporte, pero a las afueras es muy deficiente. Además, si tienes una vivienda precaria y no tienes empleo, o tienes ingresos muy precarios, si vives al día y eres un comerciante de tacos en la calle por ejemplo, se vuelve más difícil la situación porque solamente tienes ingresos si sales a trabajar. Las personas que no tienen eso o acceso a salud y agua potable, alcantarillado, calles asfaltadas, o transporte, se vuelve muy difícil la recuperación frente a este tipo de fenómenos.

Entonces los fenómenos son naturales pero los desastres se construyen de manera social. Son un producto socioeconómico, de la manera que habitamos el espacio físico, no solo las construcciones físicas, son las diferencias sociales, el acceso a servicios y el acceso a derechos.

–Este evento soltó las alarmas. ¿Qué tiene que cambiar en México mirando hacia adelante?

–Ya hay cierta preparación, pero tiene que aplicarse. En Acapulco hay un mapa de riesgos, pero no se ordena el territorio en función del mapa. Entonces pesan más los intereses privados que el tema de los riesgos y de la protección civil. Esta es una de las cosas que tienen que cambiar radicalmente y se puede. En el caso de la ciudad de México, ya que es una zona de alta sismicidad, se modificaron en 1985 los reglamentos de construcción y se han modificado varias veces. Tenemos actualmente uno de los mejores reglamentos de construcción que hay en el mundo.

Lo que tenemos ahí es la necesidad de luchar contra la corrupción. No se puede construir Acapulco de la misma manera. En algunos casos se debe plantear: tal vez este hotel no debe ir ahí. Las zonas que están en estos cerros, tal vez es pensar, tenemos que reunir a esta población en zonas de vivienda asequibles, con servicios. No es quitar a la gente y dejarla sin casa, es ponerla en un lugar digno, con servicios y vivienda digna, hay que pensar que hay zonas que no se pueden habitar, por la posibilidad de ambos sismos o huracanes. 

–¿Qué más tiene que pasar en el futuro para estar preparados frente a estos fenómenos?

–Frente al cambio climático tenemos que considerar que van a seguir incrementando los huracanes de mayor categoría, entonces los sistemas de monitoreo deben fortalecerse. México debería tener aviones caza huracanes, porque los modelos como están no nos van a funcionar. Cuando los aviones de Estados Unidos pasaron por encima fue que ya vieron el fenómeno. Necesitamos la tecnología, aunque sí tenemos muy buenos datos y tenemos una capacidad científica instalada muy buena, tanto de técnicos como de científicos, pero necesitamos tener más datos en el Pacífico.

Debemos planear para los próximos treinta, cuarenta años, planear en lo inmediato y saber responder qué pasa si puede haber un huracán en las próximas 24 horas

Marjory González — Coordinadora de divulgación de la Red Mexicana de Científicos(as) por el Clima

También debemos reforzar la infraestructura urbana y volverla más digna, más equitativa, seguir combatiendo la pobreza para que entonces haya mayor resiliencia en las poblaciones. Debemos pensar cómo debe reconstruirse toda la ciudad y en general cómo deben construirse las ciudades en el Pacífico hasta lo micro: cómo debe organizarse la respuesta en los barrios en las colonias para que la gente sepa si tiene que buscar un albergue; cuáles son los albergues, que tengan tiempo de hacer lo que las rutas de salida. Debemos planear para los próximos treinta, cuarenta años y planear en lo inmediato y saber responder qué pasa si puede haber un huracán en las próximas 24 horas y cómo se organiza la población.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogo Chino https://dialogochino.net/es/

La exposición a los desastres se ha intensificado en las últimas décadas en América Latina y el Caribe. El aumento de la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, impulsado por los efectos del cambio climático, así como por el impacto de la actividad humana sobre el medioambiente, ha acentuado las ya vulnerables condiciones sociales y económicas de la región.

Un desastre es un acontecimiento repentino o gradual que causa trastornos en el funcionamiento de una sociedad o comunidad, provocando pérdidas humanas, económicas, materiales o medioambientales. Puede deberse a muchos tipos de peligros ―naturales, provocados por el hombre y tecnológicos―, así como a diversos factores que influyen en la exposición y vulnerabilidad de las poblaciones.

América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo más propensa a los desastres, después de Asia, y esta situación no hace más que volverse más compleja y urgente, dijeron expertos a Diálogo Chino. Se estima que hasta tres cuartas partes de la población de la región vive en zonas de riesgo de desastres, por lo que estos fenómenos tienen el potencial de producir efectos altamente destructivos.

Los desastres relacionados con el clima son los más destacados en la región, representando el 83% de los 106 desastres ocurridos en 2022, según datos recogidos por EM-DAT, una base de datos internacional sobre desastres. América del Sur fue la subregión más afectada, con inundaciones y tormentas como los desastres más comunes, siendo Brasil, Venezuela, Colombia y México los países que experimentaron el mayor número de desastres el año pasado.

¿Por qué América Latina es propensa a los desastres?

Además de la elevada exposición física a los peligros, los expertos señalan que América Latina y el Caribe tienen un complejo entorno de factores de riesgo, como desplazamientos y migraciones masivas, densas poblaciones urbanas, lento crecimiento económico, cambio climático e inestabilidad política.

Amaly Fong Lee, investigadora sobre desastres de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, afirmó que la población de la región es vulnerable “porque la mayoría de nuestras ciudades aún están en desarrollo”.

A medida que muchas ciudades de América Latina y el Caribe han crecido, a menudo lo han hecho sin una planificación adecuada, con asentamientos informales que se desarrollan en los bordes de entornos urbanos en expansión, a menudo en colinas y zonas de pendiente pronunciada, lo que aumenta el riesgo de peligros como los corrimientos de tierras. En una región de aproximadamente 660 millones de habitantes, unos 340 millones viven en ciudades de 500.000 o más habitantes que son muy vulnerables al menos a un tipo de peligro natural.

La región está expuesta a una gran variedad de peligros, desde terremotos a sequías. “Tenemos una variedad de ecosistemas que nos hace muy vulnerables, con muchos países situados en zonas sísmicas y volcánicas y otros en llanuras afectadas por inundaciones y sequías”, afirma Pascal Girot, experto en desastres de la Universidad de Costa Rica.

El Análisis Global de Riesgos de 2005 del Banco Mundial ―un estudio que no se ha vuelto a repetir desde entonces― estimaba que siete de los 15 países más vulnerables del mundo a los desastres, expuestos a tres o más peligros, se encontraban en la región. Muchos de los fenómenos que han azotado a América Latina se vieron agravados por el fenómeno climático El Niño-La Niña, que puede provocar alteraciones en las temperaturas, las precipitaciones y los patrones de viento. Es probable que el cambio climático aumente la frecuencia y gravedad de estos peligros.

¿A cuántas personas afectan los desastres ambientales en América Latina y el Caribe?

Entre 2003 y 2022, el número de personas afectadas por desastres en la región ascendió a 174 millones, lo que supone un aumento del 67,3% en comparación con los 20 años anteriores (1983-2002), según datos recogidos por EM-DAT. Entre estos dos periodos, el número de muertes (278 mil) y los daños (254.000 millones de dólares) también aumentaron un 93,2% y un 252,1%, respectivamente. Esto contrasta con un descenso global general en estas tres áreas.

En una región donde se estima que 201 millones de personas, casi un tercio de la población total, viven en la pobreza, un desastre puede hacer que personas que han conseguido salir de la pobreza vuelvan a estas situaciones, ya que los efectos de un desastre se magnifican entre los grupos más vulnerables. Esto es especialmente problemático para los países de América Latina y el Caribe, considerada por muchas ONG y grupos de reflexión como la región más desigual del mundo.

¿Cuál es el costo de los desastres en América Latina y el Caribe?

Las pérdidas asociadas a los desastres han provocado importantes trastornos en las economías de muchos países.

Los países caribeños propensos a los huracanes y con islas pequeñas ―como Antigua y Barbuda, y Dominica― son los que experimentan mayores daños económicos debido a los desastres, han perdido en promedio casi el 3% de su PIB anual entre 1980 y 2018. Algunos desastres son mayores que otros, como el huracán María en 2017, que en Dominica causó daños estimados en el 220%de su PIB.

Bolivia, uno de los países más pobres de la región, experimentó 84 fenómenos meteorológicos extremos ―como sequías, inundaciones, incendios forestales, corrimientos de tierras y olas de calor― entre 1965 y 2020, que causaron daños por el valor de 3.700 millones de dólares, equivalentes aproximadamente al 9% de su PIB actual.

Las inundaciones son el desastre más común en la región, afectando especialmente a Colombia, Brasil y Perú. En 12 ocasiones desde 2000, según los datos de EM-DAT, las inundaciones en América Latina y el Caribe han causado más de mil millones de dólares en daños totales. Las tormentas también son cada vez más frecuentes: la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 fue la más activa de la que se tiene registro, con 30 tormentas con nombre, 14 de ellas huracanes. La sequía, por su parte, es el desastre que ha afectado a un mayor número de personas: 53 millones desde el año 2000.

¿Qué desastres recientes han afectado a la región?

El año pasado, las lluvias extremas en Sudamérica provocaron inundaciones y corrimientos de tierra que afectaron a miles de personas. En el estado brasileño de São Paulo murieron al menos 19 personas. En Centroamérica y el Caribe también se registraron lluvias torrenciales e inundaciones, mientras que en Surinam el gobierno declaró zonas de desastre a siete de los diez distritos del país tras las inundaciones.

En lo que va de año se han producido acontecimientos igualmente perjudiciales. En Argentina, una grave sequía provocada por La Niña ha afectado a los agricultores y a la economía en general, reduciendo aproximadamente el 3% del PIB. En Haití, al menos 78 personas murieron y 143 resultaron heridas durante la tormenta tropical Arlene, mientras que al menos 88 murieron y 43 resultaron heridas a causa de un corrimiento de tierras en la ciudad de Alausí, en el centro de Ecuador, provocado por la erosión del suelo.

¿Qué es la reducción del riesgo de desastres?

Históricamente, los esfuerzos en materia de desastres se han centrado en la respuesta de emergencia. Sin embargo, hacia finales del siglo XX, los expertos reconocieron en gran medida que los países sólo pueden prevenir las pérdidas y aliviar el impacto de los desastres gestionando el riesgo y trabajando sobre los factores subyacentes, como el desarrollo urbano. Es lo que se conoce como reducción del riesgo de desastres (RRD).

La RRD es “el concepto y la práctica de reducir los riesgos de desastre mediante esfuerzos sistemáticos para analizar y reducir los factores causales de los desastres”, tal y como la describe Naciones Unidas. Implica actividades relacionadas con la prevención, como la reubicación de la población de una zona de peligro; la mitigación, como la construcción de defensas contra inundaciones; y la preparación, como la identificación de rutas de evacuación.

En 2015, los gobiernos de todo el mundo adoptaron el Marco de Sendai, un acuerdo mundial de las Naciones Unidas sobre la RRD. Incluye siete objetivos que deben cumplirse para 2030, como la reducción de la mortalidad por desastres y las pérdidas económicas, y el aumento del número de países con estrategias de riesgo de desastres. La aplicación del Marco cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR por sus siglas en inglés).

“Podemos prevenir los desastres abordando las vulnerabilidades”, afirma Deysi Jerez Ramírez, investigadora sobre reducción del riesgo de desastres de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. “Si no hay población vulnerable, se reducen los daños causados por un fenómeno natural”.

Fong Lee añadió: “Nuestros países están más acostumbrados a responder a la emergencia que a trabajar de antemano en los factores que conducen al desastre. Esto debe cambiar”.

Los expertos coinciden en que, en lugar de tratar las secuelas de los desastres, los países deberían centrarse en mitigar el riesgo de desastres. “Los países deberían incorporar una perspectiva de riesgo de desastres a todas las áreas de gobierno y pensar a largo plazo”, afirma Raquel Letjerer, arquitecta uruguaya especializada en gestión de riesgos. “Gastar dinero en hacer frente a los impactos de los desastres significa renunciar a fondos que deberían invertirse en el desarrollo de la región”. La ONU estima que cada dólar invertido en reducción y prevención de riesgos puede ahorrar hasta 15 dólares en la recuperación posterior al desastre, y cada dólar invertido en hacer que las infraestructuras sean resistentes a los desastres ahorra 4 dólares en la reconstrucción. Entre 2010 y 2019, se gastaron 133.000 millones de dólares en ayuda relacionada con desastres, pero solo 5.500 millones en medidas para reducir los riesgos y disminuir sus impactos.

¿Qué progresos ha realizado la región en materia de reducción del riesgo de desastres?

América Latina y el Caribe han avanzado en algunos de los objetivos del Marco de Sendai. Los gobiernos están asignando fondos regulares para la RRD y estableciendo normas para incorporar evaluaciones de RRD en los procesos de aprobación de proyectos públicos, informa UNDRR. Para 2020, la mitad de los 33 países de la región contaban con estrategias, planes y políticas nacionales de RRD.

Los países también han empezado a desarrollar e implantar sistemas de alerta temprana, una herramienta clave que mitiga el riesgo producido por los desastres. En Sudamérica, organismos gubernamentales, centros de investigación y el sector privado se han asociado para crear SISSA, un sistema de información sobre la sequía centrado en los países del sur de Sudamérica.

Muchos gobiernos siguen considerando la reducción del riesgo de desastres como un gasto innecesario, cuando en realidad es una inversión

Amaly Fong Lee — Universidad Marítima Internacional de Panamá

“En nuestro sitio web, la gente puede visualizar la situación actual de la sequía, tanto a nivel regional como local. Hay información sobre la humedad del suelo, la previsión meteorológica, la vegetación y mucho más”, explica María de los Milagros Skansi, una de las coordinadoras de SISSA. “También trabajamos en el fortalecimiento de la capacidad de nuestras instituciones miembros para mejorar nosotros mismos”.

También ha habido proyectos gubernamentales de divulgación para minimizar el impacto de los desastres. En Bolivia y Perú, las comunidades agrícolas locales que viven cerca del lago Titicaca colaboraron con gobiernos e investigadores en el proyecto Pachayatiña/Pachayachay (que significa “sabiduría de la tierra” en las lenguas aymara y quechua), en el que trabajaron para crear capacidad para hacer frente a la sequía, desde la mejora de las previsiones meteorológicas hasta la investigación sobre los impactos de la sequía y su prevención.

Dentro de la región también se están preparando proyectos bilaterales. Las ciudades de Córdoba, en Argentina, y São Paulo, en Brasil, están trabajando en un proyecto transfronterizo para hacer frente a su vulnerabilidad colectiva a las inundaciones, la sequía y los corrimientos de tierras. Mientras tanto, en Centroamérica, la ONG Global Water Partnership trabaja con comunidades urbanas y rurales para desarrollar sistemas de recogida de agua de lluvia y minimizar el impacto de las sequías.

A pesar de estos esfuerzos, los expertos coinciden en que siguen existiendo muchos retos en la prevención de desastres en América Latina y el Caribe. Muy pocos países han implementado enfoques multisectoriales para abordar los factores de riesgo, como el fortalecimiento de la planificación del uso del suelo para prohibir la construcción en zonas de riesgo, mientras que la financiación centrada en los desastres todavía se ha asignado principalmente a las actividades de respuesta de emergencia.

“Muchos gobiernos siguen considerando la reducción del riesgo de desastres como un gasto innecesario, cuando en realidad es una inversión”, afirmó Fong Lee. “Podríamos salvar vidas y dinero actuando hoy mismo. Ahora necesitamos un despertar político”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

Este año, al norte y al sur, el hielo polar del planeta siguió fundiéndose a toda velocidad. El Ártico se derritió mucho este verano, sí, pero en el sur, la Antártida acaba de registrar la menor extensión de la historia de océano congelado en su pico invernal: un millón de km2 más pequeño que el anterior récord. “Un dato significativamente bajo”, analizó el Centro del Hielo y la Nieve de EEUU (NSCD) en su lenguaje científicamente moderado.

El 10 de septiembre, el hielo que rodea la Antártida alcanzó su máximo anual de 2023 tras crecer durante todo el invierno austral: 16,9 millones de km2. A partir de ese día, la capa congelada de océano ya comenzó a retirarse. Fue un récord negativo “por un amplio margen”. Solo nueve días después, al otro lado del mundo, el océano Ártico tocó su mínima extensión congelada: en primavera y verano se fundió hasta permanecer helados solo 4,2 millones de km2. Es el sexto registro más escuálido de hielo marino. Las 17 peores mediciones se produjeron durante los últimos 17 años: entre 2007 y 2023, según informa el NSCD.

Como recordó el Panel Internacional Científico sobre Cambio Climático (IPCC), la superficie de hielo marino actual en la Tierra es la más pequeña desde hace 3.000 años. Es uno de los cambios acelerados que indican de “manera inequívoca” cómo está afectando la crisis climática. “El nivel medio del mar continuará aumentando durante siglos a milenios debido al continuo calentamiento de las capas profundas oceánicas y al derretimiento de los mantos de hielo”, explicó el IPCC.

El meteorólogo Juan Jesús González Alemán apuntó en su cuenta de X que este descenso del hielo marino –“Estamos en valores históricamente bajos y lejos respecto a otros años”, dijo– es un aspecto por estudiar de cerca por si estuviera detrás del “gran aumento repentino de las temperaturas globales”. Lo llama todavía “posible mecanismo” que debe confirmarse.

Lo que se observó este año en la Antártida “es un mínimo que pulveriza récords”, según el análisis científico del investigador del NSCD Walt Meier. “Este récord es la continuación de una tendencia hacia la baja en el océano Antártico que comenzó después de 2014”, apostilló la NASA tras revisar las observaciones. Y en el Ártico “el paso del norte está más abierto de lo que solía estar, incluso el hielo está más suelto y delgado en áreas del polo norte que eran bastante compactas”, aseguran en la misma agencia.

El calentamiento global del planeta que causa el efecto invernadero –generado mayoritariamente por los gases lanzados por las actividades humanas– se dejó sentir estos meses en los polos. La región del Ártico atravesó su verano más cálido, de acuerdo con la Agencia Meteorológica de EEUU (NOAA). En mayo, junio, julio, agosto... se constataron olas de calor marinas en los océanos Ártico y Antártico con sus aguas entre tres y cuatro grados por encima del promedio, advirtió el sistema de observación europeo Copernicus.

La pérdida de hielo, además, alimenta un círculo nefasto ya que, a la larga, hace que el mar se recaliente más todavía. La superficie blanca helada blinda el agua de radiaciones y refleja la luz solar. Sin hielo, las aguas oscuras se tragan el calor y lo almacenan. Y no es poco, ya que el océano absorbe el 90% de esa radiación extra. Con hielo, una buena parte rebota (se llama efecto albedo); sin él, queda almacenado cargando de calor y energía el océano.

Y el cambio climático es, básicamente, el desequilibrio energético del planeta: recibe más energía de la que emite –retenida por el efecto invernadero exacerbado–. A partir de ahí, se desencadenan todas las alteraciones que estamos viviendo: sequías más frecuentes –que redundan en incendios forestales más destructores– seguidas de precipitaciones más torrenciales, temporales costeros cargados de energía extra, olas de calor...

Con los datos en la mano, al terminar este septiembre se constató que este fue un curso de fundición polar acusada. Ya en el primer trimestre de 2023 se midieron también extensiones de hielo bajas en ambos océanos. Las aguas alrededor de la Antártida se deshelaron más que nunca. Ese mínimo –marcado en febrero– se quedó en 1,79 millones de km2, que estaba más de un millón de km2 por debajo de la media 1981-2010. Y batió el anterior récord registrado solo un año antes.

Lo que ocurrió es que, tras retroceder –es decir, fundirse– más de lo que nunca fue medido científicamente, la capa helada antártica creció poco durante los meses siguientes hasta quedarse muy atrás de los máximos de superficie que conseguía recongelarse.

El sur absoluto del planeta experimenta un acusado deshielo desde 2016. Una especie de cuesta abajo que los científicos estudian muy de cerca. “Una aguda recesión durante casi todos los meses del año”, la definen. “Se cree que esa persistencia de una baja extensión de hielo cerca de la Antártida desde 2016 está ligada al calentamiento de la capa superior del océano causada por la mezcla con agua más cálida”, apuntan.

Cuando el frío crece en la Antártida, afloja en el norte y viceversa. Por eso, cuando el océano austral del planeta estaba fundiéndose (y marcando un registro histórico negativo), el más septentrional –el Ártico– estaba creando su capa de hielo sobre la superficie marina. Avanzó hasta el 6 de marzo pasado y fue la quinta superficie más pequeña desde que hay registros.

Cada década, ese máximo cayó un 2,6% respecto a la media 1981-2010 lo que marca la decadencia sin freno del océano, supuestamente, helado. Cuando en 1979 el Ártico llegó a su máxima extensión congelada, sumó 16,58 millones de km2, con al menos un 15% de hielo. En 2023 fueron 14,6 millones. Un 12% menos, que se traduce en dos millones de km2. También hace más de 40 años, en 1980, el mismo océano se fundió en verano hasta permanecer congelados 7,5 millones de km2. Este septiembre, al tocar su mínimo, se acreditaron 4,2 millones. Son más de tres millones de km2 menos. Un declive del 44% en cuatro décadas.

LC