La denunciante de Ricardo Bussi dio un crudo testimonio sobre el calvario que vivió en 2020 previo y posterior a la acusación que realizó en contra del candidato a gobernador de Tucumán por el partido de La Libertad Avanza por abuso sexual.

“Trabajaba de lo que podía, quedé embarazada y sufrí violencia de género. Conocí a Ricardo Bussi porque su familia era amiga de mi expareja”, contó Lupe.

La joven sostuvo que Bussi la ayudó en reiteradas oportunidades cuando denunció a su expareja por tirar una bomba molotov en su vivienda.

“Le conté a Bussi y tuvo mucha solidaridad, me sorprendí mucho. Entre las cosas que me trajo había calmantes para mis quemaduras”, explicó en diálogo en Campanas en la Noche con Carolina Fernández por Radio Splendid. 

Sin dudarlo Lupe aceptó, pero comenzó a ver cosas extrañas: “Me llevó a trabajar a una sede donde hacían fiestas que eran cualquier cosa, no era para ayudar a la gente. Nos decían que íbamos a colaborar con el partido para cobrar plata”.

“En el galpón no estaba el candidato, pero había otros políticos conocidos. Yo en ese momento tenía 25 pero había chicas de 16 o 14 años”, indicó.

Después de haber visto lo que ocurría dentro del galpón, la mujer decidió no volver al partido: “Me apareció una cuenta a mi nombre que nunca abrí, tuve que hacer la denuncia para desconocerla. Las únicas personas a las que le di mis datos fueron a las del partido”.

“Cuando fui a enfrentar a la concejal me quisieron cagar a piñas y me fui a mi casa. Cuando llegué le mande un mensaje a Bussi para hablar y ahí empezaron a llegar amenazas por lo que le hice una denuncia a la concejal”, continuó con su relato.

Frente a este escenario, la denunciante sostuvo que Bussi la llamó y le dijo de tener una reunión: “Cuando salí hable con unas compañeras y me quebré, me llevaron a un hospital. Como era la pandemia tenías que tener síntomas, yo no podía hablar, tuvo que decirlo una compañera”.

“A mí me amenazó hasta la Policía, entraron a mi casa, me la balearon. Con el calvario que viví me vine a encadenar a la Casa Rosada porque quisieron secuestrar a mi hija”, contó.

Al ser consultada sobre si hicieron algo en la Legislatura, Lupe sostuvo: “Nadie hizo nada”.

Por último, expresó que desea por parte de la Justicia: “Que se pongan a laburar y hagan lo que tengan que hacer, que metan en cana a todos los delincuentes”.

La denuncia de 2020

Según la denuncia que realizó la joven hace cuatro años, “el pasado 10 de marzo de 2020 cuando la misma (la víctima) se comunicó con el legislador mencionado (Bussi), el mismo la citó en su despacho ubicado en el edificio de la Legislatura, y quedando sola con él en el mismo lugar, Ricardo Bussi la forzó a practicarle sexo oral, luego de lo cual la liberó y pudo huir del lugar”. 

En la presentación realizada frente a la fiscalía en 2020, hay una cronología de los hechos con detalles, lugares y circunstancias desde enero de este año, hasta que ocurrió el abuso sexual por parte del hijo del genocida. El abogado pidió, entre otras medidas, protección de manera urgente para la víctima y para su entorno familiar y advirtió que, tanto Bussi como sus colaboradores, podrían haber incurrido en otros delitos.

También en 2020, Bussi fue denunciado ante el INADI por la agrupación MuMaLa, por sus dichos en contra de las mujeres: “No conozco casos de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer. El hombre y la mujer no son iguales”, había dicho el hijo del represor. Según remarcó la presidenta de la organización, Milsa Barros, en aquel momento, “este hecho constituye un acto de discriminación hacia las mujeres que están en situación de violencia, revictimiza a las mismas, ofende a los/as familiares de víctimas de femicidos, y al colectivo femenino en general, puesto que intencionalmente desconoce lo que se ha avanzado en materia de derechos en el mundo y en Argentina particularmente”.

En reiteradas ocasiones, la víctima denunció ser perseguida por “personas misteriosas, personal policial, y miembros del partido al que pertenece el legislador”, los cuales la amenazan y la tratan de amedrentar para que no cuente más lo sucedido.

La historia de Lupe

Lupe sufría violencia de género por parte de su expareja hace años. Durante el 2019 el agresor le tiró una bomba, explotó la garrafa de su casa y ella sufrió quemaduras graves. “Me salvé porque me tiré en la pileta de mis nenas”, detalló. “En ese momento me quedé sin trabajo y sin nada. Me había separado pero mi ex me perseguía por todos lados. Ya no sabía que más hacer”, agregó en declaraciones que recogió en 2021 el diario Tiempo Argentino.

Fue en ese contexto que se acercó a Fuerza Republicana, el partido de Ricardo Bussi, hijo del genocida y exgobernador Antonio Bussi. Allí la ayudaron a gestionar la Asignación Universal por Hijo, le abrieron una cuenta bancaria y le ofrecieron trabajo.

Luego de un tiempo de cobrar la AUH, Lupe descubrió que en el banco había dos cuentas distintas a su nombre: una con el plan social y otra con $600 mil. Después de negar la existencia de esa cuenta a las autoridades del banco, la joven se dirigió a la sede del partido Fuerza Republicana para plantear esta situación. Le dijeron que lo iban a resolver pero al mes siguiente, cuando volvió a ir al banco, notó que la cuenta seguía abierta y con más dinero: había $800 mil y una deuda con la AFIP.

En marzo de 2020, Lupe se dirigió a la Legislatura para hablar con el legislador Bussi en un intento de aclarar la situación. “Primero me ofreció dinero y después me insinuó que tenía que tener relaciones con él para solucionar el tema. Le dije que no, pero se me vino encima y empezó lo peor”. En ese momento, según el relato de Lupe, el funcionario abusó sexualmente de ella.

En junio de ese año la joven realizó la denuncia en la fiscalía y comenzaron las amenazas.

Los vaivenes judiciales

En 2021, a un año de la denuncia de Lupe, no había ninguna persona imputada relataban los letrados a cargo de la denuncia. La causa pasó ese año por tres jueces de instrucción y una serie de vaivenes que reflejaron el entramado político y judicial que obstaculizó el avance del proceso.

En un principio, la investigación del caso estuvo en manos de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la integridad Sexual, a cargo de María del Carmen Reuter. Frente a ella Lupe ratificó la denuncia. Pero como el legislador contaba con fueros, la investigación quedó a cargo del juez de instrucción de ese momento, Raúl Armando Cardozo, donde Lupe amplió su denuncia.

El Código Procesal Penal de Tucumán establece que en los casos en los que las personas denunciadas sean legisladores, funcionarios o magistrados se abre una investigación jurisdiccional sumaria que tiene un plazo de dos meses: se trata de 60 días para recolectar los elementos suficientes. Si se recolectan las pruebas necesarias, se avanza y el juez o la jueza hacen un requerimiento a la Legislatura pidiendo el desafuero de la persona investigada. Finalizado el plazo, si no se hace el requerimiento, se archiva y la investigación se suspende hasta que el imputado pierde la inmunidad que le dan los fueros.

El 22 de agosto de 2020 se venció ese plazo y la jueza que intervenía en ese momento, Carolina Ballesteros, no ordenó el desafuero de Bussi, la única vía para que el funcionario pudiera ser imputado.

Según detalló en 2021 Salvador Iovane, el abogado de la denunciante, desde septiembre de 2020 lo que se estuvo tratando fue la protección urgente para Lupe y su familia. Luego de muchas idas y vueltas, en mayo de 2021 la defensa logró la aplicación del Régimen del Programa de Protección de Testigos. “Hubo que batallar bastante para obtenerla. Eso fue lo último que se trató hasta el momento”, aseguró Iovane.

En paralelo, en septiembre de 2020 y luego de hacer lugar a un pedido de la defensa del legislador, el entonces camarista Enrique Pedicone, quien recibía las apelaciones de la causa, denunció que el vocal de la Corte tucumana Daniel Leiva lo llamó para pedirle que maneje “la intensidad” de ese caso. El poder judicial no tuvo en cuenta esta situación y luego de realizarle un jury el magistrado fue destituido en febrero de 2021.

Por este tema existe también una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por encubrimiento por parte de la justicia de Tucumán. “Esta denuncia tampoco tuvo tratamiento aún, lo cual es bastante más curioso porque lo entendemos como una protección al gobierno de la provincia de Tucumán”, remarcó el abogado. Y agregó: “La justicia tucumana y la justicia federal funcionaron más como un filtro y un dique contenedor. Buscan el retardo, entorpeciendo y obstruyendo la investigación”.

Durante los primeros meses de 2021 se pudo encontrar el DNI falso con el que se abrieron las cuentas a nombre de Lupe y que se encontraba en posesión de la secretaria de Bussi. La defensa solicitó nuevas medidas de prueba que no fueron ordenadas y se planteó la cuestión de competencia federal, un pedido que ya había sido planteado y que tampoco se resolvió.

Por otra parte, se pidieron las cámaras de seguridad de la Legislatura del día que se habría perpetuado el abuso y la respuesta fue que se borraban cada 30 días.

Por un cambio en el Código procesal penal en la justicia tucumana, la causa se tramitó en el Juzgado Conclusional Nº 1, cuyo titular es Juan Francisco Pisa, quien fue cuestionado por su actuación en el femicidio de Paola Tacacho.

Con información de NA y Tiempo Argentino.

IG

“Con Florencio Randazo (quizás, futuro presidente de la Cámara baja) evaluamos la composición de la Cámara y las posibilidades ciertas de contar con el apoyo de diputados de fuera de nuestro espacio político. Serán importantes los consensos y los acuerdos para garantizar que cada promesa de campaña de Javier [Milei] se cumpla a rajatabla”.

El texto acompaña a una foto en que Randazzo y Ricardo Bussi aparecen sonrientes, mientras en la Cámara de Diputados el exministro de Interior de Cristina Kirchner compite contra el macrista Cristian Ritondo por la presidencia del cuerpo, y se mencionan a otros diputados electos, Miguel Pichetto y Alberto Benegas Lynch (n).

Ricardo Bussi, futuro diputado por Tucumán de La Libertad Avanza, posteó la imagen con Randazzo en Twitter, donde además dijo que el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, le encomendó “la tarea de continuar con el armado del espacio liberal-libertario en Tucumán y el Noroeste Argentino (NOA).

La foto que posteó Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi —fallecido en 2011 después de haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad aunque nunca purgó su pena en una cárcel común sino en su casa— no es una foto cualquiera, porque supone una señal de que Randazzo sigue en pie en la batalla por la presidencia de la Cámara de Diputados, puesto que desvela a Ritondo.

La foto, además, confirma el acuerdo político que hay entre Milei y Juan Schiaretti —excandidato a presidente de la Nación y gobernador saliente de Córdoba, donde el libertario le ganó a Massa por 74% a 26%— para formar una nueva mayoría con el PRO y con el peronismo cordobés en el Congreso, así como un Gabinete con una distribución de cargos con representantes de estos espacios.

El posteo de Bussi provocó una reacción inmediata de parte de Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado que compartía el interbloque Federal con Randazzo y por cuyo acercamiento a Milei decidió abandonar ese espacio junto con otra peronista federal, la histórica Graciela Camaño. “Aquí Ricardo Bussi anuncia que construye con Randazzo los consensos y acuerdos que requiere la Argentina. Nunca más atinada nuestra renuncia al interbloque Federal junto con Graciela Camaño”, tuiteó Rodríguez.

Cómo se indicó en esta nota de elDiarioAR, la división es simbólica en lo institucional porque Camaño y Rodríguez —quienes, a diferencia del silencio de Randazzo, habían expresado públicamente su apoyo a Massa para la segunda vuelta— dejarán sus bancas el 9 de diciembre pero sí es un mensaje político: no comparten ningún acercamiento a Milei.

JJD

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Ricardo Bussi, comparó a la comunidad LGBTIQ+ con las personas con discapacidad y consideró que, como minoría, no deberían recibir ningún tipo de asistencia del Estado. “El que decide ser travesti, que se la banque solo; no se puede dar una cuota del Estado a alguien que pertenece a un grupo minoritario”, expresó en un encuentro realizado en la Universidad Santo Tomás de Aquino (UNSTA).

“Son seres humanos que merecen todo nuestro respeto. Como los rengos, como los ciegos, como los sordos. Son pequeños sectores de la sociedad que tienen que ser reconocidos, claramente”, agregó el postulante a legislador ante otros candidatos como el senador nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) y el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (Juntos por el Cambio).

Para Bussi, “el que decidió su camino sexual es responsable de sus decisiones” por lo que la comunidad no tiene “por qué hacerse cargo” de él.

Sus dichos no tardaron en despertar las reacciones distintos dirigentes políticos como la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Greta Pena. “Asombrada por la capacidad para ofender, discriminar e incitar al recorte de derechos de varios grupos vulnerados a la vez. Y de paso bastardear el concepto de democracia e igualdad”, expresó y agregó que se siente “orgullosa de vivir en el país que incluye laboralmente a las personas con discapacidad y a las personas trans”.

En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria, Mónica Macha, también repudió las declaraciones de Bussi que “profundizan la violencia y la desigualdad” y celebró las políticas de cupo laboral. “La población travesti sufre una discriminación y una exclusión histórica que ha llevado su expectativa de vida a apenas 40 años”, indicó.

“Otra vez justificando al proceso con la desaparición de personas. ¿Y catalogando a los 'homosexuales' como discapacitados? Qué es este desastre. Vergonzoso, Bussi. Mal LLA”, puntualizó, por su lado, Carlos Maslatón, en referencia también a la apología de la dictadura militar que realizó el candidato tucumano.

“La desaparición de una sola persona es lamentable; ocurre en todas las guerras y en Tucumán hubo una guerra”, había señalado Bussi durante su exposición, recurriendo así, a la teoría de los dos demonios a la que también hizo alusión Javier Milei en el bloque sobre convivencia democrática en el debate presidencial del pasado domingo.

De acuerdo al postulante a legislador, hijo del represor Antonio Bussi, “la Justicia actuó parcialmente, con un ojo tapado, y juzgó solamente a los militares y no a los montoneros como Patricia Bullrich”. Así, redobló la apuesta contra la candidata presidencial de Juntos por el Cambio al asociarla nuevamente con actos de terrorismo, una acusación que ya le valió una denuncia penal a Milei.

ACM con información de agencias.

Los tucumanos podrán acudir a las urnas el próximo domingo para elegir a su gobernador y vicegobernador y al resto de las autoridades provinciales, luego de que la Corte Suprema de la Nación rehabilitara el proceso electoral, tras haber suspendido los comicios previstos para mayo pasado por una denuncia de la oposición.

La provincia del norte es una de las 18 jurisdicciones que resolvió desdoblar sus elecciones con respecto de las nacionales, por lo que los tucumanos podrían llegar a ir hasta cuatro veces a las urnas este año, de acuerdo con el cronograma del Gobierno nacional, que estableció que el 13 de agosto serán las PASO, el 22 de octubre las presidenciales y el 19 de noviembre un eventual balotaje.

Inicialmente, el gobernador Juan Manzur había convocado a comicios provinciales para el 14 de mayo, pero cinco días antes de esa fecha la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una medida cautelar del Partido de la Justicia Social, liderado por el intendente de la capital tucumana, Germán Alfaro.

El planteo advertía sobre la posibilidad de que la candidatura a vicegobernador de Manzur no respetara la alternancia reglamentada en la Constitución provincial.

Al aceptar la medida cautelar, la Corte suspendió la elección para las categorías de gobernador y vicegobernador, pero Manzur -quien secunda al vicegobernador Osvaldo Jaldo en la fórmula para el Ejecutivo provincial- suspendió de plano el día de votación para todos los cargos luego de que el máximo tribunal rechazara un recurso de reposición del Gobierno tucumano con el que pretendió revertir la cautelar inicial.

Dos días después del fallo de la Corte, Manzur anunció su decisión de declinar su candidatura a vicegobernador e informó que el ministro del Interior Miguel Acevedo ocuparía ese lugar en la fórmula oficialista (Frente de Todos por Tucumán) junto a Jaldo.

La provincia solicitó entonces -a través de la Fiscalía de Estado- el levantamiento de la cautelar, un planteo que fue aceptado por la Corte y, de esa forma, el Gobierno tucumano anunció la nueva fecha de votación del 11 de junio.

De acuerdo con la Junta Electoral Provincial son 1.309.648 los ciudadanos habilitados en Tucumán para elegir el domingo a su próximo gobernador y vicegobernador, 49 legisladores provinciales y 25 suplentes -19 por la capital, 18 de la zona oeste y 12, del este-, 19 intendentes, 184 concejales y 93 comisionados comunales.

En total, hay 17.943 candidatos para los 347 cargos que se disputan en la provincia.

Es que en Tucumán funciona el sistema de acoples y eso permite a los candidatos a cargos ejecutivos llevar “acoplados” a sus boletas a otros partidos que sólo disputan cargos legislativos.

Los dos principales frentes de la provincia son los únicos que competirán el domingo con acoples: el FdT por Tucumán inscribió 61 acoples y Juntos por el Cambio (JxC), 15.

Los candidatos a la Gobernación

La fórmula oficialista a gobernador y vice Jaldo-Acevedo se enfrenta a la lista opositora encabezada por el diputado nacional radical Roberto Sánchez para gobernador y el intendente Alfaro para vice, que cuenta con el respaldo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, la derecha tucumana estará representada por Fuerza Republicana (FR) -con peso electoral en la provincia y con apoyo del candidato a presidente de la Libertad Avanza, Javier Milei-, que propone a Ricardo Bussi para gobernador y a Gerardo Huesen, como vice, ambos actualmente legisladores.

El partido FR fue fundado por el represor Antonio Bussi, uno de los militares a cargo del llamado Operativo Independencia que en 1975 se desplegó en Tucumán. Luego, a partir de 1976, Bussi se desempeñó como interventor en la provincia durante la dictadura militar y, ya en democracia, fue electo gobernador por el voto popular entre 1995 y 1999.

Beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Bussi recién fue condenado a perpetua en 2008 luego de que se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad.

Otras fuerzas que competirán el domingo en Tucumán son Libres del Sur, con la fórmula Federico Masso-Florencia Guerra, y la izquierda, que tendrá dos representaciones: por un lado, Martín Correa y Alejandra Arreguez, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT); y por el otro Raquel Grassino y Luis Toranzo, por Política Obrera (PO).

Por último, Juan Coria y Liliana Guzmán son los candidatos del partido de derecha Nos Une el Cambio (NEC).

Con información de Télam.

IG

Si el comercio de órganos y niños es lícito, ¿por qué no lo sería la compra-venta de candidaturas políticas? En esa línea, cuando Javier Milei dice que se reserva los nombres de sus aliados en las provincias para evitar que Horacio Rodríguez Larreta los compre, al economista libertario se le podrá reprochar poca confianza en la gente que se le ofrece en el mercado de la política, pero no incoherencia. Para Milei, son comercializables las personas, partes de sus cuerpos y su pertenencia partidaria.

Tampoco se le debería atribuir recelo paranoico al candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA). El reclamo airado para que Larreta guarde un poco las formas a la hora de adquirir lealtades ya recorrió de Gerardo Morales a Patricia Bullrich, de Facundo Manes a Carlos Maslatón. Todos, a su turno, pidieron públicamente fair play, pero ninguno fue tan claro como Martín Lousteau cuando explicó entre risas, por televisión, el mecanismo de acumulación política del Jefe de Gobierno porteño (“todo lo que puede comprar, lo compra, y todo lo que puede vender en términos inmobiliarios, lo vende”). La crudeza del diagnóstico no le impidió a Lousteau dejarse convencer pocos meses más tarde de que la gestión del PRO en la Ciudad no tenía defectos.

Sin embargo, un consultor que cobra tan caro en dólares como Milei exhibe una falencia en el razonamiento. Aunque él guarde el nombre de sus candidatos provinciales hasta cinco minutos antes de la oficialización de las listas, aquel que esté dispuesto a comercializarse se ocupará de ir a golpear la puerta del dueño de la chequera, y el daño que le provocaría a LLA sería mayor.

Una razón más simple subyace en la reticencia de Milei de mostrar sus cartas en las provincias: no encuentra nombres que muevan el amperímetro. La historia democrática reciente demuestra que los liderazgos que surgen de los medios o las redes, o buscan nacionalizarse a partir de un éxito en una ciudad o una provincia, encuentran dificultades estructurales. Los investigadores Gabriel Vommaro y Mariana Gené dan cuenta en su reciente libro El sueño intacto de la centroderecha (Siglo XXI) que el referente del PRO en Córdoba hasta 2011 no sabía siquiera dónde quedaba la redacción del diario La Voz del Interior.

En el caso de la LLA, la identificación personalísima del sello con su rockstar es exacerbada, y a ello se suma una desconfianza constitutiva de la personalidad del líder (por debajo de su hermana, Karina, y los cinco perros con los que habita, parece no creer en nadie). Muchos dólares, abundancia de tele y redes, notable carisma y poca política para construir en las provincias, salvo en un par de distritos.

La estrategia nacional le fue encomendada al gestor Carlos Kikuchi, una mente noventista cuyo empleo de mayor relieve en el pasado fue haber sido vocero de Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía. Karina Milei supervisa y lleva la contabilidad. Desde la oficialización de este esquema, hace un año, llueven los reclamos por manejos arbitrarios tanto de jóvenes rebeldes surgidos de la vida política virtual como de una vieja guardia de derecha que olió sangre, intentó llevarse su tajada y le cortaron la mano.

Tucumán y Neuquén

Hasta ahora, el logro más visible de Kikuchi fue montar la oferta de LLA en Tucumán sobre Fuerza Republicana, partido que lidera Ricardo Bussi, heredero político del terrorista de Estado que fue su padre. Esa alianza encuentra razones en el olfato de Kikuchi, pero también en aquel antiguo contrato que se dejó pagar el economista anticasta para asesorar a Antonio Domingo Bussi en la Cámara de Diputados de la Nación, más de dos décadas atrás.

Como ocurrió en casi todas las expediciones a las provincias en 2022, Milei causó sensación en la Plaza Alberdi de la capital tucumana en septiembre pasado, y allí recalará nuevamente el 8 de mayo, una semana antes de las elecciones de gobernador. Las encuestas señalan que la imagen del economista supera por mucho al tradicional segmento bussista que ha resultado esquivo para el peronismo y la UCR. Algunas, como la de la consultora Zubán Córdoba, ubican al postulante presidencial de LLA a la cabeza de las preferencias en Tucumán bajo determinados escenarios. La dimensión de ese apoyo, que se solapa con votos peronistas, ratifica para el encuestador Gustavo Córdoba que Milei dejó hace meses de ser un fenómeno meramente porteño-juvenil.

La alianza de Milei con Ricardo Bussi encuentra razones en el olfato de Kikuchi, pero también en el contrato que se dejó pagar el economista anticasta para asesorar al represor Antonio Domingo Bussi en la Cámara de Diputados, más de dos décadas atrás.

En su origen, el PRO tucumano sumó a referentes del partido fundado por el represor Bussi, pero no logró despegar. JxC cobró cuerpo en Tucumán con el renacimiento de la UCR y una escisión del peronismo que gobierna la capital provincial, alianza extraña que, muy probablemente, este año quedará en suspenso para las elecciones del 14 de mayo.

En cada elección tucumana, un sector de la UCR agarra la calculadora, simula tomar aceite de ricino y esboza una alianza con Fuerza Republicana como única forma de vencer al peronismo. Pero Raúl Alfonsín clama desde el cielo y Bussi hijo mantiene la pureza de su propuesta, decisión que algunos atribuyen a una mano discreta del oficialismo peronista. El 7% a 15% de los votos que cosecha Fuerza Republicana desde hace años (ocho legisladores provinciales en la actualidad) resulta clave para que el peronismo ratifique una hegemonía que sólo se vio interrumpida por un mandato de Bussi padre entre 1987 y 1991.

Cuánto ayudará Milei a Bussi para pegar un salto en la Legislatura y los concejos deliberantes, y en qué medida la estructura de Fuerza Republicana beneficiará al libertario en las elecciones nacionales está por verse. Por lo pronto, las candidaturas locales quedaron bajo la órbita de Bussi, informa el periodista David Correa, lo que disparó una nueva ola de quejas del incipiente movimiento tucumano que se había visto seducido por el Milei que reina en las redes sociales.

En las legislativas nacionales de 2021, el sello oficial de Milei tuvo una buena elección en Capital Federal (17%) y, en el interior, sólo consiguió sobresalir en La Rioja con un Menem (Martín, hijo de Eduardo) a la cabeza de lista para la cámara provincial (11,5%).

Otro distrito en el que Milei hizo pie este año es Neuquén, que vota el 16 de abril. El periodista Carlos Eguía, cara visible del mileísmo provincial, busca las firmas necesarias para anotar legalmente al partido del libertario en la provincia patagónica. Por lo pronto, Eguía dijo a elDiarioAR que la cosecha de voluntades marcha bien, sobre todo en las tomas, como llaman en Neuquén a los barrios más precarizados. La oferta provincial neuquina se llamará La Libertad es Cumplir.

Gracias a su programa matutino por su propia radio, Cadena 1, su actuación televisiva y algún Martín Fierro, Eguía tiene un recorrido en la vida pública neuquina. A comienzos de febrero, abrió su emisión diaria con una agria denuncia de compra millonaria de candidaturas, se declaró asqueado y renunció a la carrera electoral, decisión que revirtió a la media hora —cuenta— por pedido de sus bases. Maslatón, adversario de Milei, atribuyó el desmanejo al armado comercial del eje Kikuchi-Karina, pero luego Eguía aclaró que la oferta dineraria para vaciarle las listas provino de las huestes del diputado nacional Rolando Figueroa, el disidente que amenaza la hegemonía de seis décadas del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Según el periodista-candidato, la estrategia comercial-electoral de Figueroa cuenta con el auspicio de Larreta.

De Carrió al libertario

Eguía jugó con Elisa Carrió en las elecciones legislativas nacionales de 2021. Intentó anotarse en la primaria de JxC, la nomenklatura del macrismo y parte de la UCR se lo impidieron, y el armador carrioísta Maximiliano Ferraro le abrió las puertas a una lista disidente por la Coalición Cívica. Eguía alcanzó 14% de los votos, casi todos en el área de Neuquén capital. Este año, Cadena 1 amplió sus repetidoras a toda la provincia, por lo que el periodista tiene confianza en expandir su zona de influencia. Tendrá candidatos propios en NQN Capital, Centenario, Cutral-Co, Plaza Huincul, Zapala, San Martin de los Andes y Chos Malal, entre otras jurisdicciones.

El pase de Eguía desde Carrió a Milei tiene su lógica por las características de la construcción política de ambos líderes nacionales. El libertario y la liberal cristiana tienen en común el hiperpersonalismo de sus armados partidarios, la autopercepción como outsiders del establishment y la tendencia a explicar la política con teorías conspirativas. Difieren en un punto crucial. Milei despierta sus mayores olas de entusiasmo en plazas del país a las que acuden jóvenes varones convocados por Instagram, Tik Tok y YouTube. Carrió se siente como en casa en confiterías, salones e iglesias de Barrio Norte o Alta Córdoba a los que concurren, sobre todo, mujeres adultas más propensas a ver TN, escuchar Radio Mitre y leer La Nación que a armar spaces en Twitter.

La pelea de fondo en Neuquén será entre la tradición inexpugnable del MPN, con el actual vicegobernador Marcos Koopmann como postulante, y el citado disidente Figueroa, que armó una amplia alianza llamada Comunidad, que incluye a fragmentos del peronismo, el PRO oficial y otras expresiones de centroizquierda. La disputa por el tercer puesto será entre el peronista de izquierda Ramón Rioseco (Frente Neuquino de Todos), Eguía (La Libertad es Cumplir) y el diputado nacional y empresario agrícola Pablo Cervi (JxC, aunque sólo con la UCR y la CC), quien arriesga eventuales filtraciones hacia la oferta libertaria y la de Figueroa. El Frente de Izquierda y los Trabajadores tiene en Neuquén a una de sus principales fortalezas electorales, por lo que también entra en liza.

Armadores en tiempos virtuales

La política tradicional asume que el tejido en las provincias es una condición sine qua non para dar pelea en una elección nacional. El aparato y la militancia locales resultan fundamentales para que el mensaje llegue a los barrios, animar a la gente a ir a votar y fiscalizar las urnas. Armadores de las últimas cuatro décadas como Alberto Fernández, Emilio Monzó, Carlos “Chacho” Álvarez, Eduardo Bauzá o Enrique Nosiglia no habrían concebido iniciar una campaña electoral sin tener calibrada la realidad de Cipolletti, La Banda o Concordia. Cuánto de ese paradigma sigue vigente es algo que la experiencia de Milei podría poner a prueba.

La realidad política brasileña es incomparable a la argentina por varias razones, pero ello no impide echarle una mirada. En 1990, un outsider derechista pasó de la pantalla televisiva de Globo al Palacio Planalto con un crecimiento vertiginoso en pocas semanas. A los dos años, cayó por su propio peso. La política argentina se mediatizó en los noventa, pero estuvo lejos de aquel extremo.

El ejemplo reciente de Jair Bolsonaro aporta una novedad con algún paralelismo más factible hacia la aventura de Milei. En 2018, con similar vértigo al de Collor de Melo, el capitán ultraderechista, cuyo ámbito de influencia había sido por décadas algunos enclaves de Rio de Janeiro, escaló hasta los cincuenta millones de votos en primera vuelta y 57 millones en el ballottage. Se presentó a la Presidencia con un sello alquilado, algo más o menos habitual en Brasil. Los medios poderosos de San Pablo, Río de Janeiro y Porto Alegre tomaron su ascenso con cierta distancia, sin rechazarlo. El éxito de Bolsonaro fue subterráneo, se esparció por las redes sociales y traspasó barreras socioeconómicas, ideológicas y partidarias. En su caso, el precario armado territorial, basado sobre compra de estructuras y colectoras oportunistas, no obstaculizó la victoria. Brasil llevaba cuatro años de recesión, Luiz Inácio Lula da Silva estaba preso, y tanto el PT como los golpistas que habían derrocado a Dilma Rousseff, con su imagen pública por el piso.  

Hay otros espejos en el que Milei se puede mirar. El liberal chileno (enésimo en su país) Franco Parisi no pisó Chile durante la campaña por un problema legal. Con presencia virtual, cosechó 13% de los votos en 2021. José Antonio Kast, un ultraderechista que repitió sin gracia “viva la libertad, carajo”, pasó al ballottage y se llevó por delante a toda la derecha pinochetista y moderada. Algún punto de contacto también guarda LLA con la formación española Vox, nacida de la crisis por corrupción del Partido Popular y la reacción conservadora ante el avance de Podemos, los indignados anticapitalistas y las olas feminista y lgbt.

La avanzada de Milei no se parece por entero a ninguno de los ejemplos citados, pero tiene un poco de todos ellos.

El desvelo de JxC

Los estudios de la consultora Synopsis advierten que la corriente de Milei se alimenta en un 40% de un voto liberal de derecha reconocible en la tradición argentina. A ello se suma un 30% que encuentra en LLA la atracción de lo nuevo y otro 30% que ve en Milei un vehículo de la antipolítica.

El prototipo del votante de Milei —dice Lucas Romero, director de Synopsis— es un hombre menor de 30 años y nivel socioeconómico y educativo de medio a alto, lo que no excluye, desde ya, un caudal de adhesión en otras identidades del electorado. El 35% de los probables votantes de LLA proviene de sufragantes por JxC en 2019, mientras que el 11% optó por los Fernández, y el resto son jóvenes que acudirán a las urnas por primera vez y ciudadanos que eligieron a Roberto Lavagna, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión hace tres años.

El prototipo del votante de Milei —dice Lucas Romero, director de Synopsis— es un hombre, menor de 30 años y nivel socioeconómico y educativo de medio a alto

Con ese mapa, es lógico que la proyección de Milei quite el sueño a JxC. De allí derivan los tironeos en una coalición que entiende que, para ganar la Presidencia, deberá sumar los votos de LLA en una segunda vuelta, pero no puede arriesgarse a una seducción al votante de ultraderecha de tal grado que complique su propia cosecha en el primer turno. Si la inflación baja y el peronismo lleva de candidato a Sergio Massa u otro centrista, una candidatura dura en JxC —de Patricia Bullrich o Mauricio Macri— perdería un margen menor pero costoso a la hora de consagrar un ganador el 22 de octubre, dice Romero.

Allí entran a jugar mil especulaciones sobre el huevo y la gallina, el vaso medio lleno o medio vacío y la manta corta. Los sondeos coinciden en ubicar a JxC en un primer escalón, cerca del 30%, aunque con una baja sensible con respecto a 2021. Unos puntos más atrás, las encuestas anotan al Frente de Todos o lo de que él surja, en una adhesión que resiste contra viento y marea la vocación destructiva de sus principales líderes. En tercer lugar, en torno a 20%, asoma LLA. Así las cosas, el podio —con todo lo prematuro e incierto que resulta anticipar el voto en este contexto— aparece achatado entre el primero y el tercero, con varias alternativas sobre la mesa, incluida la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha.

Tanto Synopsis como Zubán Córdoba enfatizan dos aspectos centrales: el economista libertario dejó de ser un fenómeno del área metropolitana de Buenos Aires y la adhesión a él tiene un alto grado de resiliencia ante propuestas temerarias como la venta de órganos, el debate sobre cuánto cobra Milei la charla de treinta minutos con inversores y el endurecimiento del tono hacia LLA por parte del mainstream mediático.

“Cuesta encontrar provincias o ciudades donde Milei no mida”, describe Romero.

Mientras se desvivían por cerrar la lista de Cipolleti, La Banda o Concordia, los armadores ochentistas, noventistas y del siglo XXI habrían dado rienda suelta a la ilusión si un consultor les deslizaba esa frase. 

SL

En una versión anterior, la nota atribuyó por error a Lucas Romero haber dicho que el prototipo del votante de Milei es un “hombre blanco”. Romero no dijo “blanco”. SL

Con 16 años de retraso, la Legislatura de Tucumán aprobó por abrumadora mayoría la adhesión a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) que fue sancionada por el Congreso de la Nación en octubre de 2006. El camino para llegar a este día estuvo plagado de dificultades para los colectivos de distintas organizaciones que pedían que la provincia se ajuste a la normativa nacional vigente. En rigor, en Tucumán existe la Ley Provincial de Educación 8.391 del año 2010, que en su artículo 9, inciso 13, indica que en las escuelas se debe “incorporar a la propuesta educativa institucional la Educación Sexual Integral”. Sin embargo, en el ámbito de los establecimientos parroquiales, religiosos y privados, se observaron las mayores resistencias para la aplicación de la norma local que debería revertirse frente a la adhesión alcanzada.

En varias ocasiones la iniciativa perdió estado parlamentario por las resistencias de parlamentarios cercanos a sectores conservadores de la sociedad tucumana que públicamente se expresaban en contra. Entre ellos, referentes de colegios privados religiosos. En el arranque del año, ya con Juan Manzur en el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, los legisladores peronistas Sara Alperovich, Gonzalo Monteros y Javier Morof presentaron proyectos para que la provincia adhiriera a la ley 26.150. La señal más clara de que ahora el desenlace podía ser distintos fue el dictamen favorable de la comisión de Salud de la Cámara, que unificó los proyectos en uno.

Esta vez, el tema bajó al recinto y se debatió durante una hora y media, en sesión extraordinaria, pero se sabía que la decisión política del oficialismo estaba tomada, con la adhesión de radicales, por lo que todo indicaba que habría ley. Y hubo adhesión, aunque con los votos en contra de los parlamentarios Raúl Albarracín (UCR) y Nadima Pecci (ex Fuerza Republicana, hoy en Juntos por el Cambio). El bloque de Fuerza Republicana que preside Ricardo Bussi, hijo del ex gobernador Antonio Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad, se retiró de la sesión antes de la votación. La deliberación de los parlamentarios tuvo como eje dos dictámenes y se aprobó el de Alperovich, de la mayoría, con un agregado del perteneciente a Monteros, de la minoría, que implicó agregar un artículo para habilitar la intervención de la sociedad civil en los contenidos dictados en las escuelas.

Antes del debate el Ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer hizo un posteo en su cuenta de Twitter en donde afirmó: “La ESI es una herramienta vital para combatir el abuso sexual, la violencia de género y la discriminación. Es clave que hoy sea ley para estar más acompañados en la tarea que venimos haciendo. Los grandes consensos democráticos y legislativos son los pilares para que así sea”.

Al salir del recinto, Albarracín y Pecci justificaron sus posturas bajo argumentos de que se busca “adoctrinar a los niños y jóvenes”, “inducir a los chicos a dudar sobre su propia sexualidad” o al “lobby supranacional dominante que utiliza al Estado como herramienta para su implementación”, al referirse el primero a documentos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y UNICEF, en donde Argentina tiene representantes.

La legisladora Alperovich también hizo su propio balance ante los medios, entre los que estuvo elDiarioAr: “La ESI es prevención, es un día histórico en Tucumán, me parecieron horribles los argumentos de los legisladores opositores que se pronunciaron en contra, sobre todo, al afirmar que la ley incentiva a la sexualidad. La Ley nacional implica que en el nivel inicial a los chiquitos de jardín se les enseñará cómo se llaman sus partes íntimas, que no es un juego y nadie los puede tocar, que no hay una sola familia que integradas por mamá y papá, sino que ya tenemos otras realidades y que se pueden aceptar tal cual. Y es clave que en el nivel primario se desarman los estereotipos de belleza para evitar el bullying, el suicidio y todo lo que sabemos que le está pasando a nuestros jóvenes”. Se espera que en los próximos días la norma sea promulgada por el gobernador interino Osvaldo Jaldo.

Más que un trámite

Tucumán, aún siendo el eje productivo, educativo y artístico del NOA, es un distrito “pro vida”, una decisión que fue adoptada por esta misma Cámara en agosto de 2018, con el apoyo de 39 de los 43 legisladores presentes, cuando el cuerpo era presidido por Jaldo. Se consideró entonces como política de Estado la defensa de la vida “desde el momento de la concepción en el vientre materno hasta su muerte natural”. Esto ocurrió a seis días del debate en el Senado del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Casi una provocación, una declaración de principios, al menos de la representación legislativa local. Se desestimó así que en las Pruebas Aprender de 2017 a los estudiantes tucumanos se les consultó si había temas que la escuela secundaria debería enseñar y no aborda. La respuesta fue clara: el 56% pidió por educación sexual.

En 2019, según estadísticas del plan Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional Adolescente (ENIA), Tucumán y Jujuy eran las provincias con peores tasas de embarazo adolescente en el país. Pero además, el embarazo adolescente en menores de 19 años tucumanas, ya sean intencionales como no intencionales, alcanzó el 30% de los totales; mientras que el 20% de los nacimientos correspondió a madres menores de 19 años. elDiarioAr consultó a una fuente del Ministerio de Salud provincial que aseguró que estos porcentajes poco han cambiado desde entonces.

Tucumán también fue escenario en 2019 del “Caso Lucía”, la niña de 11 años que había expresado su deseo de interrumpir su embarazo porque era fruto del abuso sexual cometido por la pareja de su abuela. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, les dijo a los médicos, según sus abogados. La ley estaba de su lado pero no fue escuchada y la decisión se dilató. Mientras estaba internada en un hospital público, la niña y su familia fueron abordadas de manera ilegal por personas “antiaborto” hasta que un familiar se comunicó con abogados garantistas de derechos y el caso fue abordado por el colectivo Ni Una Menos.

Recién entonces se garantizaron sus derechos y aun cuando medió una intervención judicial, todos los médicos de ese hospital se declararon “objetores de conciencia”, por lo que el Ministerio de Salud de Tucumán tuvo que recurrir al profesionales privados, José Gijena y Cecilia Ousset, quienes realizaron el aborto. El feto murió a las pocas horas. Estos médicos fueron denunciados y tuvieron que atravesar por un calvario judicial hasta que en 2021 fueron sobreseídos. Un febrero de 2021 justicia tucumana ya había condenado a 18 años de prisión a Eliseo Víctor Amaya, el hombre de 67 años que violó a Lucía.

Mientras tanto, aún se tramitan en la justicia las denuncias por abuso sexual en contra del legislador provincial Ricardo Bussi y sobre el ex gobernador y senador tucumano José Alperovich, que ahora enfrenta el proceso sin fueros.  

CC

Será el 23 julio próximo. Se realizará en la histórica plaza Alberdi de San Miguel de Tucumán. Ricardo Bussi promete que el acto será más masivo que el protagonizado por Javier Milei en Mendoza, en abril pasado. El escenario de aquella performance fue el parque O´Higgins. Unas diez mil personas lo acompañaron. El acto mendocino fue organizado por el alicaído y conservador Partido Demócrata, que sólo cuenta con un concejal.

En Tucumán, en cambio, Fuerza Republicana (FR) es un partido competitivo. Se trata de una fuerza fundada por el genocida Antonio Domingo Bussi. De la mano de FR, Bussi gobernó Tucumán entre 1995 y 1999. Actualmente, el sello bussista cuenta con ocho legisladores provinciales, incluido el hijo de Antonio, Ricardo Bussi. 

“Está cerrado el acto. Lo vamos a apoyar para presidente. Vamos a proveer fiscales en toda la provincia, porque tenemos una estructura aceitada. Participamos en lecciones desde hace 35 años. A cambio él nos va a apoyar”, revela Bussi ante elDiarioAr. 

El candidato a gobernador tucumano de Fuerza Republicana será Ricardo Bussi. “Tengo chances porque el Frente de Todos está dividido. Y Juntos por el Cambio también”, explica el aliado de Milei. 

“Estuve en Mendoza con Javier y salí impresionado. Lo de la juventud es impresionante. Todos los hijos de mis amigos me preguntan por él. Es antisistema. Con una crisis como esta, el antisistema se impone”, concluye Bussi.

Desde el espacio de Milei, confirman el acuerdo. Pero a la vez revelan que hubo internas y debates respecto a la negociación con el partido de Bussi. 

“Hay mucha gente puteando por eso. Pero si vos decís ”no me gusta Bussi, pero voy a Tucumán igual“, ¿con quién armás ahí?”, opina el abogado liberal Carlos Maslatón. Y remata: “Con el peronismo tucumano es imposible. En Juntos por el Cambio no hay nadie del PRO, son todos radicales, ¿con qué armás? Estas son realidades provinciales que no se aplican a un razonamiento nacional”.

En San Juan, La Libertad Avanza tendió un puente con Juan Alfredo Avelín, presidente de Cruzada Renovadora. Avelín y Milei se reunieron hace un mes. El representante de la histórica familia Avelín sanjuanina reveló la charla. “Le dije 'mire Milei, usted es liberal, pero yo no soy liberal, yo vengo del desarrollismo, hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo, si nos respetamos las banderas estamos bien'”, afirmó Avelín. 

AF