La justicia entrerriana dio a conocer este jueves el procesamiento por de los hermanos Etchevehere, de la madre Leonor Barbero Marcial y otros administradores, en la causa formulada hace diez años atrás, por Dolores Etchevehere contra sus familiares directos, por el vaciamiento del tradicional periódico El Diario de la ciudad de Paraná, que dejó a más de 80 familias de trabajadores en la calle, sin que hasta la fecha hayan podido cobrar la indemnización.

La jueza de Garantías Carola Baccaluzzo resolvió dictar el procesamiento a los directivos de la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER) –Leonor Barbero Marcial viuda de Etchevehere, Luis Alberto Guevara y Germán Esteban Buffa- al considerar que “obligaron abusivamente a la empresa cuyos bienes e intereses dirigían y administraban, perjudicándola, al aprobar en fecha 16 de marzo de 2012 la venta de diversos inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná, Victoria, Nogoyá y Diamante. También dictó el procesamiento de los hermanos Etchevehere, Luis Miguel, Arturo Sebastián, Juan Diego y de Walter Roberto Grenón, al encontrarlos partícipes necesarios de dicho fraude. 

“Tales operaciones contaron con la cooperación imprescindible de Walter Grenón, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere -en sus dobles caracteres de socios de SAER y de las empresas Arroyo Ubajay S.A. y Nexfin S.A., y de Construcciones del Paraná S.A.- quienes no solo aprobaron las ventas de aquellos bienes de capital en la Asamblea Extraordinaria de la sociedad anónima, sino que a su vez, decidieron la adquisición de tales bienes para las sociedades que integran, en connivencia y de previo y común acuerdo con los Directores de SAER” dice la sentencia que además advierte sobre el móvil que llevó a los imputados a tener como objetivo el “obtener ventajas patrimoniales personales de tales operaciones, y causar un daño a ésta al dejarla descapitalizada de bienes inmuebles con los cuales garantizar y cumplir sus obligaciones contractuales, comerciales, financieras y fiscales” explica Bacalluzzo en la sentencia, deberes entre los que se encuentra el pago a las y los trabajadores despedidos de “EL Diario”, que afecta a unas 80 familias, que hasta la fecha no han recibido su indemnización.

Una vez concretadas las operaciones de venta de los inmuebles, los montos se distribuyeron siguiendo un acuerdo previo, entre Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agronomía del gobierno de Mauricio Macri, sus hermanos Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere, la madre de estos Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere y la Asociación Mutual Unión Solidaria, de propiedad de Walter Grenón

También fue procesada Viviana Graciela Grenón y Germán Esteban Buffa, como autores del delito de administración fraudulenta, quienes  integraban el directorio de SAER, incluso Grenón ejercía la presidencia, cuando junto a Leonor y sus hijos, decidieron vender los bienes inmuebles de SAER a Walter Grenón, propietario de Red Mutual, que dirigía las empresas Arroyo Ubajay y Nexfin SA.

En un comunicado Dolores Etchevehere calificó como “un fallo histórico” la decisión de la jueza Baccaluzzo en la causa que se iniciara en 2012 a partir de su denuncia contra SAER, la firma propietaria de “EL Diario” de Paraná, por el vaciamiento de la empresa familiar que terminó con 80 trabajadores en la calle. 

La querella que representa a Dolores Etchevehere celebró el procesamiento por vaciamiento de El Diario pero adelantaron que van a apelar el sobreseimiento de Luis Miguel Etchevehere en lo que respecta a la utilización para beneficio personal  de fondos de Las Margaritas S.A, otras de las empresas familiares dedicadas a la ganadería, lo que califican como estafa. “Las pruebas son contundentes y no teníamos dudas de la autoría y participación de los Etchevehere en el vaciamiento de El Diario, pero también hay elementos para procesarlos por la estafa a Las Margaritas S.A. y estamos analizando apelar esa parte de la decisión”, afirmó el abogado Patricio Cozzi, quien junto a Lisandro Mobilia y Daniela Verón llevan adelante la querella de Dolores Etchevehere en múltiples causas.

La jueza dispuso además el sobreseimiento Barbero Marcial, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, imputados como autores de los delitos de administración fraudulenta y tentativa de administración fraudulenta en la causa en donde se investigó que en carácter de Directores de la sociedad Las Margaritas S.A., y con la anuencia de Luis Miguel Etchevehere, en su carácter de socio de dicha firma, tomaron un crédito del Banco Itaú por 250 mil dólares, por considerar que existe ya otro trámite judicial por este tema en el ámbito de la justicia federal.

En este caso, la demanda de Dolores Etchevehere puso al descubierto que la devolución del crédito que tomó la familia Etchevehere, había sido pactada en dólares americanos, a una tasa del 8 por ciento  anual, y a cinco años, mientras que -paralelamente- los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar -cheques de pago diferido-, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, se encarecían los valores de las cuotas a pagar al Banco Itaú, y las que devolvían los miembros de la sociedad no alcanzaban a igualar tales valores, al punto tal, que SAER debió gestionar ante el Banco de la Nación Argentina otro crédito a tasa subsidiada destinado a pequeños productores por  900 mil pesos que fue aprobado por resolución del Banco el septiembre del 2016, cuando Luis Miguel Etchevehere ya era ministro de la Nación. El propósito del crédito era destinarlo a saldar la última cuota pendiente del Banco Itaú. Sin embargo la operación se frustró cuando el Banco Nación no realizó el desembolso correspondientes, no obstante desde la querella entienden que hubo un uso abusivo por parte de los hermanos de los dividendos que ingresaban a la firma Las MargaritasS.A., que perjuidcaron económica y financieramente a Dolores Etchevehere, además de plantear que Luis Miguel, Sebastián, Juan Diego y su madre se habían beneficiado a través de un lucro personal indebido.

La jueza indica que el sobreseimiento se basa en que ya existe una causa en el Juzgado Federal y en este sentido hace referencia  a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha resuelto que la garantía prohibe la doble persecución penal y no solo veda la aplicación de una nueva sanción por un hecho anteriormente penado sino también la exposición al riesgo que ello ocurra. Por eso el sobreseimiento en el caso de la administración de Las Margaritas S.A fue impuesto para sobreseimiento de Leonor Barbero Marcial, los hermanos Sebastián y Juan Diego Etchevehere, imputados en principio como autores de los delitos de administración fraudulenta y tentativa de administración fraudulenta, y de Luis Miguel Etchevehere, que estaba imputado como partícipe necesario de dichos delitos.

No obstante la querella entiende que entre las maniobras de vaciamiento se encuentra el traspaso fraudulento de propiedades y el desvío de créditos en dólares a tasa subsidiada por el Estado, que habían sido otorgados a Las Margaritas S.A. para la producción de soja y los hermanos Etchevehere los utilizaron para beneficio personal. “Del análisis de la ruta del dinero hay elementos suficientes para afirmar que esos créditos fueron utilizados para financiar el vaciamiento de El Diario” expresaron. 

La causa que comenzó hace una década a partir de la denuncia de Dolores Etchevehere adquirió relevancia pública a partir de noviembre de 2020, días después de que Dolores junto a pequeños productores y militantes referenciados con Juan Grabois ingresaran en Estancia Casa Nueva para desarrollar el Proyecto Artigas.

“Lo dijimos desde un principio, la única manera que los Etchevehere corruptos tenían de zafar de la justicia era comprar la dilatación de los procesos. Y lo lograron porque pasó una década desde que denuncié este fraude al Estado, a los trabajadores de El Diario y a mí. Pero la contundencia de las pruebas y el esfuerzo que hicimos para visibilizar los pactos de poder que siguen vigentes en Entre Ríos rindió sus frutos y hoy fueron procesados. Esta es una victoria histórica porque de a poquito se va desenmascarando lo que realmente son, unos delincuentes. Esperamos que no tenga que pasar otra década para que los condenen como corresponde”, afirmó Dolores Etchevehere luego de conocer la noticia del procesamiento.

“Esta decisión de la justicia reconoce la actividad delictiva de la familia Etchevehere y por lo tanto impacta en otras causas que están en curso como la causa por extorsión y violencia económica hacia Dolores Etchevehere y la causa por lavado de activos, ambas en la justicia federal de Entre Ríos; la causa por la sucesión de Luis Félix Etchevehere que tramita en la justicia civil de la provincia” concluyen.

SM/MG

En una escalada que vuelve a profundizar la tensión entre el kirchnerismo y el poder Judicial, la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto peculado -malversación de fondos- mientras el presidente del tribunal, Mariano Llorens, a quien la expresidenta criticó hace cuatro semanas por su participación en los partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri, planteó la “necesidad” iniciar el juicio político contra la funcionario y detenerla para salvaguardar la investigación.

La causa, que había sido instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio, tiene dos capítulos: una investigación por la utilización de la flota presidencial para trasladar muebles y otros elementos a los hoteles de la familia Kirchner, en El Calafate; y el transporte de diarios y partes de prensa a través de los mismos aviones a Río Gallegos y El Calafate. 

Por este caso, Fernández de Kirchner enfrenta una posible pena de entre dos y diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los camaristas de la Sala I, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmaron parcialmente el procesamiento de Fernández de Kirchner, ya que revocaron la medida en su contra por el uso de la flota presidencial para el traslado de diarios y reportes de prensa a Santa Cruz entre 2007 y 2015, al entender que estar informada era parte de sus funciones como mandataria. 

Los jueces también dictaron la falta de mérito del senador Oscar Parrilli, entonces secretario general de la Presidencia, por considerar que no hay pruebas suficientes para mantenerlo procesado como partícipe necesario del delito.

Cada juez del tribunal de apelaciones escribió su fallo. El de Llorens sobresalió por el tono extremadamente crítico hacia Fernández de Kirchner y porque instó al juez de primera instancia, Sebastián Casanello -quien quedó a cargo del expediente-, a notificar al Senado sobre el fallo de la Cámara para que se analice un juicio político contra la vicepresidenta y que considere su prisión preventiva. 

La vicepresidenta y el presidente cuentan con fueros por los que sólo pueden ser detenidos si se encuentra cometiendo un delito (in fraganti) o tras su destitución por juicio político. 

Al mismo tiempo, revocó otro procesamiento por el traslado de diarios en la flota 

Dardos cruzados

A principios de agosto, mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzaban con el alegato de acusación en el juicio oral y público del caso Vialidad, Fernández de Kirchner recusó a Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal número 2 que lleva adelante el proceso.

“Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri”, publicó Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, luego de que Página/12 publicara fotos en las que se veía a ambos magistrados integrando el equipo de fútbol “La Liverpool” en un torneo en la propiedad de la familia Macri. En una de las imágenes se veía también a Llorens, quien fue nombrado por Macri en la Cámara Federal porteña luego de un concurso.

“A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”, escribió entonces la vicepresidenta.

Llorens, quien ya había firmado fallos duros contra la exmandataria, escribió en el fallo de este jueves que “tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional”, en referencia a la utilización de la flota presidencial para trasladar mobiliario a los hoteles de El Calafate.

Estos hechos, dijo el juez, “evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública, y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición, la avaricia, la ostentación, el refinamiento, la extravagancia y el lujo por parte de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública”.

Llorens sostuvo: “Tampoco puede desconocerse que una perspectiva integral y conjunta de todos esos expedientes, pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”. Por este motivo, dijo, “habré de encomendar un análisis conjunto e integral de los elementos de prueba que, recabados en el marco de otras actuaciones- tales como aquellas en las que se investiga el traslado de bolsos o valijas con dinero en efectivo (Vialidad, José López y Cuadernos)-, permitan corroborar comportamientos jurídico-penalmente relevantes que tengan alguna clase de gravitación y vinculación con las conductas analizadas en el presente expediente”.

Estas circunstancias “imponen la obligación de examinar” los posibles “riesgos procesales” para considerar si Fernández de Kirchner debe conservar los fueros que le da su función, afirmó Llorens. Consideró que los hechos investigados forman parte de “una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación, que debe ser prevenida, erradicada y sancionada” y por ese motivo encomendó al juez Casanello “analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.

“Corresponde poner en conocimiento de las autoridades competentes del Parlamento Argentino esta resolución para que, en el ámbito de su competencia, evalúe el inicio del proceso constitucional en cuyo marco se analice el desempeño revelado por los imputados”, en referencia también al senador Parrilli.

Tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional.

Mariano Llorens — Presidente de la Cámara Federal porteña.

Mobiliario

Llorens citó a los testigos que declararon durante la investigación. Resaltó que el Tango 01 “se utilizó para trasladar muebles para equipar el hotel que la familia presidencial había construido en la localidad de El Calafate”.

Uno de los citados fue José Alberto Luna, mecánico del avión presidencial Tango 01, quien declaró recordar “un solo vuelo en el que llevamos muebles, televisores y rollos de cables violetas que se usan para enterrar, subterráneos, y equipamientos varios, todo eso fue al Calafate y creo que eran para el hotel de la Presidenta”. 

Gabriel Omar Falaschi,  otro mecánico del Tango 01, sostuvo que “en una oportunidad solo llevamos cosas de mueblería, mesas de vidrio y muebles, que creo que fue para El Calafate”. 

Ángel Alejandro Heitt, comisario a bordo de la misma aeronave oficial, declaró cómo era el procedimiento de carga y descarga del equipaje, refiriendo que “a veces era equipaje y a veces eran muebles, por ejemplo, hacia El Calafate, que estimo que eran para un hotel por la cantidad”.

Otros testigos dijeron haber visto el traslados de “aparatos para gimnasios, como cintas o bicicletas fijas”. 

Nota: este artículo se corrigió a las 20:51 del 20 de septiembre. El juez que está actualmente a cargo del expediente en primera instancia es Sebastián Casanello y no Julián Ercolini, como se había consignado.

ED

La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó este jueves a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por homicidio calificado en grado de tentativa y dictó la prisión preventiva para ambos detenidos por el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de acuerdo con el documento al que accedió elDiarioAR.

La magistrada ordenó además trabar embargos sobre los bienes de ambos por $100 millones y consideró que ambos son coautores del principal delito que se les imputa. Como agravantes del delito de homicidio en tentativa, Capuchetti consideró “el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas”, lo cual podría agravar las penas de los acusados en juicio.

La jueza también procesó al hombre que apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la expresidenta y a su novia, considerada principal cómplice del hecho, por otros delitos: autores del delito de “portación de arma de guerra sin la debida autorización legal en calidad de autor, receptación, a sabiendas de su procedencia ilegítima de un arma de fuego”, “acopio de municiones sin la debida autorización legal”, “tenencia ilegítima de DNI ajeno” y “falsificación de documento público” (este último, en calidad de partícipes necesarios), por la falsificación de los certificados de discapacidad a nombre de ambos que se hallaron en uno de los allanamientos al departamento que habitaban juntos.

La investigación determinó que el “plan criminal” para matar a la vicepresidenta comenzó el 22 de abril, según el escrito. Ese día, Uliarte “habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada para cometer el hecho investigado”, según surge de las conversaciones en su teléfono celular peritado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Es la primera vez que se informa que fue la acusada y no su cómplice quien adquirió la pistola utilizada en el atentado. 

Uliarte le contó a un contacto identificado como “Serena” que había adquirido un arma de fuego: “Si tengo un fierro lo compre porque mi ex está jede” (sic). El mismo día también le informó esa circunstancia a otro contacto agendado como “Fran”, a quien le afirmó: “Tranqui no va a pasar nada… es mío el fierro” (sic). Así surge del escrito del procesamiento.

La pistola Bersa estaba registrada a nombre de un hombre fallecido que fue vecino de Sabag Montiel en el barrio de Paternal, según los registros del arma, pero hasta el momento no se ha precisado si fue robada a su dueño original o comprada. 

Ambos acusados “actuaron con el determinado designio de causar la muerte” de Fernández de Kirchner, “de conformidad al previo plan ideado entre ambos”. “Dicho suceso no se vio concretado por razones ajenas a su voluntad y a partir de la inmediata reacción de las personas que estaban en el lugar”, sostuvo Capuchetti en el procesamiento.

En cuanto a la planificación, la jueza sostuvo que la “situación fue detalladamente estudiada por ambos para elegir el momento oportuno del ataque, a fin de poder lograr su cometido”, aseguró la magistrada, quien confirmó que el 27 de agosto último, “Sabag Montiel estaba en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta observando sus movimientos con la intención de llevar a cabo el hecho, pero que en esa ocasión decidió no ejecutarlo por entender que no iba a poder acercarse lo suficiente a la víctima”.

“Luego de una detallada preparación, llegamos al día 1° de septiembre de 2022 donde sí encontraron la oportunidad de acercarse a la víctima, escondidos entre la gente para no ser advertidos por la custodia de Fernández de Kirchner”, escribió la jueza.

“Disimulado entre las personas, Sabag Montiel apuntó con el arma de fuego a corta distancia hacia el rostro de la nombrada, tirando de la cola del disparador y logrando accionar adecuadamente el mecanismo del disparo, sin detonación conforme se pudo advertir del análisis de audio del video aportado por la testigo que realizó la PSA”, afirmó en referencia a un video aportado por una de las testigos que la Policía de Seguridad Aeroportuaria peritó en detalle para intentar establecer si Sabag Montiel efectivamente gatilló con intención de que el proyectil fuera disparado.

“Ambos actuaron con el dolo homicida, siendo que aquel designio quedó en evidencia también en los mensajes que intercambiaron previo al hecho donde expresamente hicieron referencia a la voluntad de matar a Cristina Fernández de Kirchner”, aseveró Capuchetti.

Capuchetti afirmó que la existencia de un plan pudo ser confirmada por las conversaciones registradas en el teléfono celular de Uliarte y que los acusados “intercambiaban distintas alternativas evaluando la posibilidad de cada una de ellas y la que mejor asegure el resultado teniendo en cuenta los movimientos de la víctima y todo lo relativo a su custodia”. 

“No puedo dejar de señalar que el modo en que se ejecutó la maniobra investigada refleja la existencia de una cogobernabilidad del hecho por parte de ambos imputados, en tanto la determinación del modo, tiempo y lugar de su ejecución estaba previamente establecida por ellos”, dijo la jueza sobre la coautoría del homicidio calificado en tentativa. 

“Si bien fue Sabag Montiel quien utilizó el arma de fuego contra la víctima, lo cierto es que Uliarte también tuvo activa participación en la ejecución del hecho, en el cual estaba presente a escasos metros de lo ocurrido, brindando el apoyo logístico y moral para su realización”, agregó la jueza en el escrito. 

ED

La Cámara Federal de Casación Penal anuló hoy la resolución con la que se había confirmado un procesamiento contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el supuesto uso irregular de la flota presidencial para el traslado de muebles hacia el sur del país, y ordenó que se dicte un nuevo fallo.

La resolución anulada había sido emitida por la Cámara Federal porteña cuando decidió rechazar un planteo de la defensa de la exmandataria que reclamaba la nulidad de lo actuado por el juez Claudio Bonadio, dado que el fallecido magistrado había obrado como denunciante (al extraer testimonios de la causa de los cuadernos) y luego como instructor de la causa.

“Las circunstancias reseñadas dan cuenta, por un lado, del fundado temor de parcialidad respecto del entonces magistrado actuante, tal como resolvió esta Sala en su oportunidad, impedido desde siempre de haber intervenido en este expediente”, sostuvo el juez Alejandro Slokar, autor del voto principal del fallo emitido por la Sala 2° del tribunal de Casación.

“Coincido con el primer ponente en que procede anular la resolución impugnada por arbitrariedad, y en que el vicio que la origina finca en la omisión de tratamiento de una de las impugnaciones efectuados por la defensa en punto a la presunta afectación de la garantía de juez natural y de imparcialidad del juzgador”, agregó el juez Carlos Mahiques en la resolución, a la que accedió Télam, y que también suscribió el magistrado Guillermo Yacobucci.

Este caso, conocido como “Vuelos canillitas”, es un desprendimiento de la causa de los cuadernos y se inició luego de que el juez Bonadio extrajera testimonios del expediente principal y resultara nuevamente sorteado para intervenir en la causa luego del sorteo realizado por la Cámara Federal porteña.

En el fallo de hoy, los jueces de Casación recordaron que, en 2019 –con otra composición–, se había apartado a Bonadio del expediente a instancias de un pedido del senador Oscar Parrilli, y señalaron que jurisprudencia establece que un juez no puede intervenir en un caso concreto si fue su promotor.

En noviembre de 2019, los jueces de la Sala 1 Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi habían confirmado de manera parcial el procesamiento que pesaba sobre la expresidenta por el uso de la flota presidencial: le dictaron la falta de mérito por haberla utilizado para transportar diarios e informes de prensa, pero le confirmaron el procesamiento por el supuesto traslado de muebles.

En el mismo fallo, aunque en este caso por mayoría y no por unanimidad, los jueces del tribunal de apelaciones decretaron la falta de mérito para el senador Parrilli.

Tanto la expresidenta como su exfuncionario habían sido procesados por el fallecido Bonadio, acusados de haber cometido el delito de “peculado”, dado que el magistrado los responsabilizó por “haber usado y/o haber ordenado el uso de los aviones de la flota presidencial con el único fin de llevar diarios a Néstor Kirchner y/o a Cristina Fernández de Kirchner a las ciudades de Calafate y/o Río Gallegos cuando cualquiera de ellos se encontraba en dichas ciudades”.

“Ello habría sucedido en forma regular entre los años 2003 y 2015, mientras Néstor Kirchner ejerciera la Presidencia del país, y Cristina Fernández fuera Senadora Nacional o Presidenta, en tanto que Oscar Parrilli era Secretario General de la Presidencia, de la cual dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial y se realizaba en los aviones Tango 02, 03, 04 y/o Tango 10 y excepcionalmente en el avión denominado 5T20”, sostenía la acusación en su contra.

También habían sido acusados de “haber usado y/o el haber ordenado el uso del avión Tango 01 en varias oportunidades para transportar desde el exterior muebles, ropa de blanco y u otro tipo de enseres cuyo destino final era alguno de los hoteles de la ciudad del Calafate, propiedad de la familia Fernández-Kirchner”.

La causa de los “Vuelos canillitas” es uno de los procesos por los cuales el fallecido Bonadio había sometido a la expresidenta a una maratón de ocho declaraciones indagatorias el 25 de febrero de 2019.

DA