El Gobierno nacional anunció este jueves que, a través de la Secretaría de Industria y Comercio y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), imputó a las principales empresas de medicina prepaga del país tras hallar “indicios múltiples de un acuerdo colusivo”, en relación a los aumentos de precios de los planes de salud detectados entre diciembre de 2023 y abril de 2024. Por caso, en el dato de inflación conocido hace menos de 24 horas, las cuotas de las prepagas aumentaron en noviembre entre 3,9% y 6,9%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor promedio fue del 2,4%.

El encargado de dar a conocer la información fue el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que la CNDC “imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepagas, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt; a Galeno, al Hospital Italiano, OSDE, Hospital Britanico, Hospital Alemán, OMINT y Swiss Medical”.

De acuerdo al funcionario, “esto surge a raíz de la denuncia entre los meses de diciembre de 2023 y abril 2024”.

En tanto, en una comunicación oficial de la Secretaría de Industria y Comercio, se explicó que en el marco de “una investigación por presuntas conductas anticompetitivas iniciada a mediados de enero de este año, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) emitió un dictamen aconsejando al secretario de Industria y Comercio imputar a un conjunto de empresas de medicina prepaga, la confederación que las agrupa y la persona que la presidía, por haber hallado indicios múltiples de un acuerdo colusivo”.

Asimismo, detallan que las empresas investigadas por la CNDC y alcanzadas por la imputación “son Galeno Argentina S.A., Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil, Hospital Alemán Asociación Civil, Medifé Asociación Civil, Swiss Medical S.A., Omint S.A. de Servicios, OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios, así como también la Unión Argentina de Salud (UAS); y el Sr. Claudio Fernando Belocopitt, en su carácter de actual presidente de la firma Swiss Medical S.A. del entonces presidente de la UAS”.

También aclaran que la apertura de la presente investigación, que se encuentra en curso, “se realizó a partir de una denuncia ante la CNDC por cartelización en los términos del artículo 2°, inciso a), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC), en virtud del aumento coordinado de los valores de las cuotas de los planes de salud médico-asistenciales de las empresas detalladas, entre los meses de diciembre de 2023 y abril de 2024”.

“En abril de este mismo año, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía en conjunto con la CNDC intervinieron dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre y cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial”, dice el texto que difundió el Gobierno.

De acuerdo a los plazos fijados por la Ley de Defensa de la Competencia, “a partir de la notificación, personas jurídicas y humanas imputadas tienen 20 días hábiles para realizar su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar la conducta imputada”.

“La CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles ―y que considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más― para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis (6) días hábiles para presentar sus alegatos”, advierten.

En tanto, sostiene que, en caso de que la prueba producida “resulte suficiente para desvirtuar imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones”, pero que en caso contrario, “la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30% de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido”.

La CNDC recordó en su texto que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, “comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30 % de la facturación de las empresas infractoras en Argentina”.

Y clasifica “a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas”.

Para conocer más sobre qué constituye una conducta anticompetitiva, La CNDC aconseja ver la siguiente infografía.

También se puede consultar una “guía de buenas prácticas para cámaras y asociaciones empresarias y colegios de profesionales”:

Se puede denunciar una conducta anticompetitiva de manera virtual a través del sistema de Trámites a Distancia (TaD), tal como se describe aquí:

¿Qué se considera una conducta anticompetitiva?

Son prácticas realizadas por personas humanas o jurídicas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general (Ley N° 27.442, art. 1).

El procedimiento de investigación se iniciará de oficio o por denuncia realizada por cualquier persona humana o jurídica, pública o privada (siempre y cuando se trate del denunciante).

¿A quién está dirigido?

Cualquier persona humana o jurídica (pública o privada) denunciante que pretenda denunciar una infracción a la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 27.442).

¿Qué necesito para realizar la denuncia?

Presentar un escrito con los siguientes datos:

Todas sus hojas, tanto las de la denuncia como las de la documentación adjunta, deben estar firmadas por quien la presente.

Una vez presentada, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia citará al presentante para que ratifique la misma y se labrará el acta correspondiente.

Para consultas respecto de la guía de “Abuso de Posición Dominante de Tipo exclusorio”, se solicita acceder al siguiente enlace.

¿Cómo hago?

1) Ingresá a la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) con tu CUIT y clave fiscal nivel 2. En el caso de una persona humana ingresar mediante el DNI o CUIT correspondiente a la persona que efectuará la denuncia. En el caso de persona jurídica, ingresa con el cuit de la persona jurídica denunciante.

2) Iniciá el trámite ingresando a “Presentación por Presunta Conducta Anticompetitiva” y validá tus datos.

3) Completá el formulario correspondiente.

4) Adjuntá la documentación que corresponda. En algunos casos la misma es obligatoria.

5) Seleccioná “Confirmar trámite''.

6) Una vez que el expediente se encuentre confirmado, en la solapa “Mis trámites” vas a poder verificar la creación del mismo y realizar su seguimiento del trámite.

En el caso de que desees realizar una presentación de manera presencial, deberás dirigirte a la Mesa de Entradas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ubicada en Julio A. Roca 694, Planta Baja, Capital Federal.

Para cualquier consulta podrás remitir un mail a cndcfirma@produccion.gob.ar.

Podes consultar el Manual de TAD para efectuar la presentación de una presunta denuncia por conductas anticompetitivas en el siguiente Instructivo.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito

Con información de agencias.

IG

El unicornio tecnológico Despegar, la prepaga y obra social de los empresarios OSDE, la misteriosa Fundación de Ciencias Políticas Tercer Milenium y la fundación democristiana alemana Konrad Adenauer fueron los cuatro principales aportantes de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, entre 2013 y 2015, los años en que allí se prepararon la campaña y los planes de gobierno que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia. En la lista de financiantes, que hasta ahora se había mantenido oculta, figuran además Minera Alumbrera, el banco español Santander, Sancor Cooperativa de Seguros e IRSA, el grupo inmobiliario de Eduardo Elzstain.

En 2017, este cronista investigó quiénes habían financiado a las fundaciones vinculadas a los principales candidatos presidenciales de dos años antes: Macri, con sus fundaciones Pensar, Formar (que dirigía Guillermo Dietrich) y Suma (que presidía Gabriela Michetti); Daniel Scioli, con Dar, que ni siquiera había presentado un balance; y Sergio Massa, que sostenía que carecía de una estructura similar. Las fundaciones del PRO habían presentado balances con demora, recién durante el gobierno de Cambiemos, pero la Inspección General de Justicia (IGJ) sólo había intimado a Formar y Suma a detallar sus aportantes, no a Pensar. Entonces este cronista solicitó que se procediera de la misma manera con la principal fundación del PRO. La entonces jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky, consultó a la fundación, que a su vez respondió que no le correspondía informar sus donaciones porque supuestamente los montos eran menores al nivel a partir del cual era obligatorio detallarlas. La funcionaria no volvió a insistir y el requerimiento se archivó.

Pero en 2018 la Dirección de Entidades Civiles de la IGJ reflotó el expediente y se lo encargó a la inspectora Estefanía Di Bella, que también investigó los donantes del Instituto Patria. La contadora cumplió con una auditoría técnica: requirió a Pensar que detalle la lista de aportantes y la fundación esta vez cumplió con su obligación legal de informarlos.  Tras el cambio de gobierno, en 2020, Di Bella le pidió por escrito al actual jefe de la IGJ, Ricardo Nissen, que interviniera en el caso al considerar que Pensar no había presentado las declaraciones de origen y licitud de los fondos y se había negado a informar en un principio sobre donaciones que en realidad debían detallarse. También señalo que se registró en 2015 un aporte anónimo de $ 1 millón de entonces (US$ 93.632 de entonces, según el tipo de cambio promedio de ese año) y en diciembre varias empresas recibieron una devolución parcial o total de sus contribuciones de aquel año electoral, como fueron los casos de Sancor Seguros, Gyl Group, TTS Viajes, Minera Argenta, Editando SRL, la firma de servicios informáticos Datastar, Valid Soluciones y Servicios, Corporate Corp, Activia, Caseros SA, Catalinas Center, Copelle SRL y la china de telecomunicaciones ZTE. Nissen no avanzó en la investigación y en 2022 desvinculó a Di Bella de la IGJ.

Los aportantes

Para dimensionar el valor de las donaciones en pesos recibidas por Pensar entre 2013 y 2015, elDiarioAR las convirtió a dólares según el tipo de cambio promedio de cada uno de esos años. La conclusión es que Despegar, el portal de viajes creado por Roberto Souviron, Martín Rastellino, Christian Vilate, Mariano Fiori y Alejandro Tamer, fue el mayor aportante en ese trienio clave para la preparación del programa de gobierno que después ejecutó Macri con una contribución de US$ 110.201. Lo siguió OSDE, que preside Juan Carlos Palacios, con US$ 82.906. 

En tercer lugar apareció la Fundación Tercer Milenium, que carece de página web y cuenta con sede social en un edificio austero de la calle Venezuela 1969, en el barrio de Montserrat, y otros dos domicilios alternativos en una casa de Mataderos y en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Figura como proveedora de la ciudad de Buenos Aires y, como tal, participó sin suerte una licitación de estudios de satisfacción de contribuyentes en 2015 en la que el entonces ministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, declaró vencedora a una empresa de Diego Kravetz, su actual jefe de Gabinete en ese municipio bonaerense. elDiarioAR consultó al entonces presidente de Pensar, Francisco Cabrera, quiénes estaban detrás de la Fundación Tercer Milenium. El ex ministro de la Producción de Macri respondió: “No tengo ni idea, ni me suena”.

En cuarto término, Konrad Adenauer aportó US$ 74.268 a Pensar. Después, como presidente argentino, Macri supo entablar una excelente relación con la entonces canciller (primera ministra) de Alemania, la democristiana Angela Merkel. El quinto mayor donante, con US$ 60.487, fue Minera Alumbrera, la empresa de la suiza de commodities Glencore que contaba con la que fue la mayor mina de cobre del país, Bajo La Alumbrera, en Catamarca. Su representante legal en aquellos años era Raúl Mentz. El sexto lugar fue para Air SRL, que se autodefine como el mayor mayorista y distribuidor de productos informáticos del país. Es una firma rosarina propiedad de Sergio, Carlos y Sandra Airoldi que aportó US$ 58.199.

En séptimo puesto figuró la Fundación Gestión y Desarrollo, que sí cuenta con página web en la que informa que afirma que persigue el “desarrollo personal, intelectual y espiritual de las personas y las organizaciones de distintos ámbitos”. Cuenta con tres institutos, de Desarrollo Pyme, Tecnología y Desarrollo e Innovación Social. En su web no informa quiénes la dirigen, pero en LinkedIn figura que esta fundación con sede en Barrio Norte está presidida desde 1998 por Roberto Olivero, el también presidente de Datastar.

El octavo mayor donante fue el Santander, el banco de la familia española Botín cuya filial argentina es presidida desde 2002 por Enrique Cristofani, uno de los empresarios que más abogó por la presidencia de Macri. La entidad puso US$ 52.088. El noveno financiante fue Exo, fabricante porteño de computadoras que preside Luis Szychowski. Donó US$ 49.772. El top ten se completó con la productora audiovisual Vod Argentina, que en aquellos años presidía Martín Kraft y contribuyó con US$ 44.823.

En la lista de donantes 2013-2015 aparecen más de 110 empresas. Entre ellas figuran la Administración Enrique Duhau, dueña de campos; Bodegas Esmeralda, de Nicolás Catena; Sancor Seguros, que en ese entonces presidía Carlos Casto; IRSA y el empresario Federico Zorraquín, en el top 20. Después, Establecimientos El Orden (del grupo Adecoagro, de Mariano Bosch), La Caja Seguros (que por aquellos años los Werthein vendieron a la italiana Assicurazioni Generali), Boldt Gaming (de Antonio Tabanelli), la constructora Rovella Carranza, Transportadora de Caudales Juncadella (de la española Prosegur), el banquero Julio Patricio Supervielle, Techint (de Paolo Rocca), Banco Columbia (de Santiago Ardissone y Gregorio Goity), la biotecnológica Biosidus y el laboratorio Sidus (ambas de Marcelo Argüelles), la de neumáticos Fate y la de aluminio Aluar (ambas de Javier Madanes Quintanilla), Bañado del Salado (otra firma de Adecoagro), los constructores Alberto, Eduardo, Juan Pablo y Santiago Tarasido, propietarios de Criba; o la Sociedad Rural de Jesús María, Córdoba. Para más información, se puede consultar aquí el listado completo.

AR

Cuando se inscribió en la obra social, Quimey Sol Ramos completó una extensa serie de preguntas e indicó que es una mujer trans (lo que valga la redundancia no es ninguna enfermedad). Seis meses después de afiliarse, en febrero de este año, recibió una carta documento de OSDE donde le informaron que estaba desafiliada, a menos que acepte pagar 800% más en sus cuotas. ¿El motivo? La acusaron de no haber declarado como “preexistencia” que deseaba hacerse una feminización facial, en línea con su identidad de género. Tras demandar a la obra social por incumplimiento de sus servicios, hoy Quimey recibió una respuesta favorable: el Juzgado Civil y Comercial N°7 ordenó a OSDE reafiliarla con las mismas condiciones que contaba hasta el momento de su rescisión, sin tener que abonar monto alguno por preexistencia.

El camino de adecuación física a su identidad de género comenzó hace 6 años, cuando Quimey cumplió 21 y pudo realizar el cambio de nombre. Tras eso decidió comenzar un Tratamiento de Reemplazo Hormonal (TRH) en el Hospital Gutiérrez, pero debido a situaciones discriminatorias y violentas en dicha institución no pudo continuar con el mismo, terminando en un tratamiento autoadministrado, según relató.

En la carta documento de OSDE, fechada el 21 de febrero de 2022, le informaron que del análisis comparativo que realizó la gerencia médica se advertía una sustancial diferencia que les lleva a creer que existió “una voluntaria actitud de reticencia y ocultamiento de esa verdadera situación de salud”. Dos días después le avisaron que el nuevo monto por el plan básico NEO 2-210 sería de $76.705 por mes: un aumento del 800% frente a lo que venía pagando.

El intercambio de cartas documento siguió y OSDE la acusó de falsear alevosamente la declaración jurada de salud, “al contestar el punto 14 en el que se pregunta si tiene planeado realizar algún tratamiento, práctica o intervención en los próximos 6 meses, y la accionante contesta un rotundo y cerrado no, lo que claramente no era cierto”. Cabe aclarar que al momento de solicitar la feminización facial Quimey ya había cumplido los seis meses de afiliada, por lo cual la obra social no tendría que haberla desafiliado en ningún momento, explicaron sus abogados.

La negativa de OSDE a dar asistencia a personas trans tiene larga data. Uno de los casos más conocidos se dio en 2013, cuando le negaron una cirugía a la performer Elizabeth Chorubczyck, también conocida como Effy Beth, y recién hicieron el reintegro por el tratamiento cuando la joven estaba fallecida.

Según los últimos datos del ReNaPer, 12.655 personas modificaron su DNI por la ley de Identidad de Género, a lo que hay que sumarle aquellas que sienten su identidad por fuera del binarismo pero no desean expresarlo en los documentos. El artículo 11 de la ley 26.743 indica que “todas las personas mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”. Desde la sanción de esta ley, que cumplió 10 años el pasado 9 de mayo, las prestaciones que apunten a la salud integral de personas trans están incluidas en el Plan Médico Obligatorio, por lo que ninguna obra social debería negarse a ofrecer sus servicios. 

MM