En 1993, la agencia de protección salud de Estados Unidos –Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés)– publicó un estudio que decía que tener un arma de fuego en casa estaba relacionado con un mayor riesgo de morir asesinado. Los científicos ponían así en jaque uno de los principales artículos de fe del lobby de las armas, el de la autoprotección, y casi inmediatamente iban a pagar un enorme precio por ello.

En el Capitolio de Estados Unidos empezaron a sonar los teléfonos. Jay Dickey, un congresista republicano de Arkansas que se definía como “el hombre en Washington” de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, según sus siglas en inglés), presentó una enmienda que hacía desaparecer del presupuesto de los CDC exactamente la cantidad de dinero que el organismo dedicaba a investigar los efectos de las armas. También le prohibía por ley “solicitar o promover el control de armas”.

Aunque la enmienda de Dickey no impedía expresamente investigar, el mensaje quedó claro: “Si haces estudios que cabrean al lobby de las armas, te arriesgas a perder tu presupuesto”. Las consecuencias fueron dramáticas: al cerrarse el grifo de la financiación, los científicos comprendieron que investigar sobre el tema era un peligro para sus carreras y desaparecieron entonces el 90% de los proyectos. En ese momento, se dejó sin estudiar con fondos públicos una crisis de salud pública que hoy representa la principal causa de muerte entre los niños estadounidenses.

La enmienda Dickey no solo sigue vigente, sino que en 2011 se amplió para incluir también a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su siglas en inglés) que habían publicado otra investigación incómoda: la que decía que alguien que lleva un arma tiene cuatro veces más posibilidades de morir durante un asalto que alguien que no la tiene. De nuevo, el argumento de la autoprotección se ponía en duda y la Asociación Nacional del Rifle reaccionaba. 

La enmienda Dickey sigue vigente hoy en día, aunque con una aclaración que especifica que no prohíbe la investigación de las causas de la violencia con armas. Vuelve a haber fondos públicos para investigar, pero es difícil compensar tres décadas de retraso. Antes de fallecer, el excongresista Dickey se arrepintió y publicó un artículo pidiendo que se dejara investigar a los científicos. Lo firmó junto al exdirector del programa público de investigación al que castigó en los años 90.

Ocultando datos

Incluso cuando hay financiación, las investigaciones que incomodan al lobby de las armas son difíciles de llevar a cabo por falta de datos. Sabemos que unos 45.000 estadounidenses murieron por arma de fuego en 2020, pero no tenemos los detalles de cada caso porque no existe un registro público como el de accidentes de tráfico, que sí contiene las circunstancias de cada muerte. ¿Y por qué no existe tal registro? Es fácil intuir la razón.

A veces los datos sí están, pero son secretos. En los años 90 se publicó un estudio que decía que el 60% de las armas con las que se cometían crímenes en EEUU habían sido vendidas en un 1% de las armerías. La respuesta más natural hubiera sido investigar qué pasaba en esas armerías, pero la Asociación Nacional del Rifle decidió tomar otro camino. Llamó al congresista republicano de Oklahoma, Todd Tiahrt.

Tiahrt, como Dickey unos años antes, escribió una enmienda que llevaba su apellido y que se aprobó en 2003. La ley prohíbe desde entonces a la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF) compartir con los investigadores y con el público su base de datos de las armas que se usan para cometer crímenes. La que se había usado para el estudio. La información sigue recopilándose, pero ahora es secreta.

La enmienda Tiahrt ha sido ampliada varias veces, por ejemplo para impedir a la ATF solicitar a las armerías inventarios de las armas que tienen y que venden, para controlar robos. También obliga al FBI a destruir en 24 horas todas las peticiones de antecedentes penales que se cursan para poder comprar un arma en una armería: así no solo los investigadores no pueden usar los datos, sino que la policía tampoco puede, por ejemplo, retirarle un rifle a una persona tras ser condenada o recibir una orden de alejamiento.

Y la lista sigue y sigue. Los seguros médicos tienen prohibido preguntarle a una persona si tiene un arma en casa, porque eso aumenta sus posibilidades de tener un accidente y eso podría hacer crecer sus cuotas. Los estadounidenses tampoco pueden reclamarle una indemnización a un fabricante de armas tras haber sufrido un disparo con uno de sus productos, se lo impide desde 2005 la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, apoyada por la NRA.

Para el lobby de las armas, cuanto menos se sepa, mejor. Si los legisladores pueden redactar las leyes a ciegas, sin saber qué dice la evidencia científica, mejor. Si se impide ahondar en las causas de los tiroteos escolares, la NRA podrá seguir diciendo que se podrían evitar armando a los profesores o reduciendo el número de puertas de los colegios. Si a los estadounidenses se les impide conocer el verdadero precio de vivir en un país armado hasta los dientes, tanto mejor para los que viven del negocio de promoverlas.