El fin último de un libertario es hacer justicia por mano propia. Si se reduce el Estado a su mínima expresión, teniendo en cuenta que este no es el fin ya que el propósito final es extinguirlo definitivamente, ¿quién imparte la seguridad y la justicia? Uno mismo. Entonces, ¿cómo no tener un arma?

Breve digresión. Los libertarios anarquistas y los (neo)libertarios, son cosas muy distintas, obviamente. El contexto actual no es el de España de comienzos del siglo XX cuando la causa libertaria se asociaba con Buenaventura Durruti. En nuestros días, al hablar de libertarios se significa a los seguidores de Murray Rothbard, quien capturó el término al esbozar lo que llamó el anarcocapitalismo, un sistema que, como se sabe, propone abolir el Estado de manera radical, delegando en el mercado el suministro de seguridad y justicia. Javier Milei es seguidor de esta doctrina y en su marco teórico está el libertarismo de Rothbard. A uno de sus perros le ha puesto Murray.

La Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos [NRA por sus siglas en inglés] se encuentra hoy más cerca de este presupuesto ideológico que del de sus fundadores, un grupo de veteranos del Ejército de la Unión preocupados por la incapacidad de disparar con precisión que demostraron los soldados en la Guerra Civil. Viajaron al Reino Unido y desde allí trajeron el modelo británico para promover un sistema de tiro competitivo. Nadie pensaba entonces en la Segunda Enmienda de la Constitución que permite a los ciudadanos poseer armas. Las portadas de la revista de la NRA a lo largo de aquellas décadas así lo demuestran.

En los números de The American Rifleman, durante la primera mitad del siglo pasado, se alternan diferentes ilustraciones que exhiben escenarios naturales como los que se pueden ver en cualquier portada de la revista española Jara y Sedal. Pero si damos un salto hasta los años noventa, nos encontramos con escenas dramáticas, más cercanas a la caza ideológica que a la cinegética. En un número de 1994, se ve una ilustración en la que un hombre –supuestamente un liberal–, toma con violencia por detrás a la estatua de la libertad y le tapa la boca con toda la impronta de un ultraje. “Paremos la violación de la libertad”, piden desde el titular.

¿Cuándo se produjo esta inflexión, de las prácticas de tiro a la pretensión de tomar el Estado? En la década de 1970 un grupo disidente que consideraba que el debate sobre las armas perdía impulso, consiguió hacerse con el poder y desde entonces, el sujeto de la organización pasó a ser la portación de armas y la Segunda Enmienda, una bandera que antes estaba desatendida, no deja de flamear.

Hay dos hitos políticos que han impulsado el nuevo carácter disruptivo de la NRA. El primero, el vínculo con la presidencia de George W. Bush, favorable a las armas, que asumió las posiciones de la organización. El segundo y definitivo, la relación con las administraciones de Donald Trump, a quien, la NRA aportó para la primera campaña electoral treinta millones de dólares. Se entiende, a partir de este gesto, que el lazo que les une sea muy estrecho.

La Asociación Nacional del Rifle, con su carga de violencia narrativa y como correlato de los baños de sangre periódicos, es una figura estelar en el paisaje americano.

Cliven Bundy es un ganadero de Nevada que en 2013 se enfrentó con los agentes federales por el uso de terrenos del Estado para el pastoreo de sus vacas durante dos décadas. La Oficina de Gestión de Tierras (BLM por sus siglas en inglés) decidió confiscarle el ganado por una deuda superior al millón de dólares en tasas impagas. Desde todos los rincones de Estados Unidos se acercaron integrantes de una autodenominada “milicia ciudadana”, cuyos miembros armados defendieron a Bundy “de la tiranía del Gobierno”, tal como él lo expresa. Los agentes se retiraron temiendo una masacre. Hasta hoy, más de una década después, en la que el ganado sigue pastando indiferente al mundo que lo rodea y bajo la mirada de Cliven Bundy. “Quizás seamos el lugar más libre de la Tierra”, le dijo al escritor Rory Carroll cuando lo entrevistó.

Hay más milicias. La llamada Michigan Militia es un grupo paramilitar nacido en los años noventa en ese estado y asume su rol como una respuesta a la supuesta conculcación de los derechos ciudadanos por parte del Gobierno federal. En el documental Bowling for Columbine de Michael Moore, dejan claro su credo: “¿Quién va a defender a tus hijos? ¿La policía? ¿El Gobierno Federal? Ninguno de ellos. Es tu trabajo defenderlos”. Otro de los milicianos, hermano de un terrorista que participó en el atentado en la ciudad de Oklahoma en 1995 con un saldo de 198 muertos, exhibe su laconismo: “Cuando un Gobierno se vuelve tirano, tu deber es deponerlo”.

No sabemos si Cliven Bundy es socio de la NRA. Tampoco hay un vínculo explícito de la organización con esta milicia como no se lo puede predicar de manera directa al asalto del Capitolio el 6 de enero de 2021. Hay, eso sí, un hilo conductor.

El profesor Firmin DeBrabander del Maryland Institute College of Art sugiere que la idea de interpelar a los estadounidenses para que se unan con el fin de derrocar violentamente al Gobierno fue clave para crear y ampliar el mercado de armas.

La NRA, según DeBrabander, desbordó el argumento de la autodefensa para la cual, basta con una pistola en el ámbito doméstico y si es pequeña, mejor. ¿Para qué necesita un ciudadano un fusil semiautomático? Es más, ¿por qué lo exhibe en sus paseos? Es ponerlo en pie de guerra pero, además –y este es el móvil central–, amplía el mercado de armas.

¿Es descabellado empujar a la turba contra el Estado que cuenta con el ejército más sofisticado del planeta? Al caer la noche de aquel 6 de enero en Washington quedó claro que sí. También es asimétrico enfrentar una persona armada ante una comunidad que solo espera del prójimo empatía y no una ráfaga de balas. Así ocurrió en la escuela de Sandy Hook, en Connecticut, donde un perturbado mató a 20 niños y 8 adultos con un fusil semiautomático. O en Columbine, donde dos adolescentes asesinaron a 12 alumnos y un profesor. En lo que va del siglo, solo los tiroteos en colegios alcanzaron la decena y el número de víctimas supera ampliamente el centenar.

En Columbine, días después de la masacre, el actor Charlton Heston, entonces presidente de la ANR, se negó a suspender la convención anual de la organización que ya estaba programada. El olor a sangre, saben, despierta miedo y la inseguridad es el reclamo para adquirir un arma.

Heston, el hombre que interpretó a Moisés, levantó aquel día una vez más su rifle y soltó, como siempre, su grito de guerra: “me lo quitarán solo de mis manos frías y muertas”. Es un eslogan, claro, pero encierra un mensaje letal que busca rentabilidad para la industria y alienta una ideología que no incomoda al presidente estadounidense, al contrario, es estimulada desde ese lugar central del poder.

Durante la administración Biden, el entonces presidente de la NRA, Wayne LaPierre (quien fue destituido por corrupción e inhabilitado diez años para ejercer un cargo en la organización), declaró ante el Congreso que los padres fundadores consagraron el derecho a portar armas en la Constitución porque “habían vivido bajo la tiranía del rey Jorge III y querían asegurarse de que las personas libres de este nuevo país nunca volvieran a ser sometidas”. Como contrapunto, si es que lo necesita, Larry Pratt, entonces presidente de la Asociación de Propietarios de Armas de Estados Unidos (GOA por sus siglas en inglés), una organización aún más radical que la NRA, dijo: “Tenemos las armas en nuestras manos para gente como la que está ahora mismo en el Gobierno y que cree que puede imponernos una tiranía; tenemos algo para ellos”.

El mal, se sabe, es una construcción. El siglo avanza y teje, de momento, con estas pulsiones la aversión y el desencuentro. Aquellos a quienes se les hace el mal, hacen el mal a cambio, escribió Auden. Salir de este bucle es la marca de nuestros días.

En 1993, la agencia de protección salud de Estados Unidos –Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés)– publicó un estudio que decía que tener un arma de fuego en casa estaba relacionado con un mayor riesgo de morir asesinado. Los científicos ponían así en jaque uno de los principales artículos de fe del lobby de las armas, el de la autoprotección, y casi inmediatamente iban a pagar un enorme precio por ello.

En el Capitolio de Estados Unidos empezaron a sonar los teléfonos. Jay Dickey, un congresista republicano de Arkansas que se definía como “el hombre en Washington” de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, según sus siglas en inglés), presentó una enmienda que hacía desaparecer del presupuesto de los CDC exactamente la cantidad de dinero que el organismo dedicaba a investigar los efectos de las armas. También le prohibía por ley “solicitar o promover el control de armas”.

Aunque la enmienda de Dickey no impedía expresamente investigar, el mensaje quedó claro: “Si haces estudios que cabrean al lobby de las armas, te arriesgas a perder tu presupuesto”. Las consecuencias fueron dramáticas: al cerrarse el grifo de la financiación, los científicos comprendieron que investigar sobre el tema era un peligro para sus carreras y desaparecieron entonces el 90% de los proyectos. En ese momento, se dejó sin estudiar con fondos públicos una crisis de salud pública que hoy representa la principal causa de muerte entre los niños estadounidenses.

La enmienda Dickey no solo sigue vigente, sino que en 2011 se amplió para incluir también a los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por su siglas en inglés) que habían publicado otra investigación incómoda: la que decía que alguien que lleva un arma tiene cuatro veces más posibilidades de morir durante un asalto que alguien que no la tiene. De nuevo, el argumento de la autoprotección se ponía en duda y la Asociación Nacional del Rifle reaccionaba. 

La enmienda Dickey sigue vigente hoy en día, aunque con una aclaración que especifica que no prohíbe la investigación de las causas de la violencia con armas. Vuelve a haber fondos públicos para investigar, pero es difícil compensar tres décadas de retraso. Antes de fallecer, el excongresista Dickey se arrepintió y publicó un artículo pidiendo que se dejara investigar a los científicos. Lo firmó junto al exdirector del programa público de investigación al que castigó en los años 90.

Ocultando datos

Incluso cuando hay financiación, las investigaciones que incomodan al lobby de las armas son difíciles de llevar a cabo por falta de datos. Sabemos que unos 45.000 estadounidenses murieron por arma de fuego en 2020, pero no tenemos los detalles de cada caso porque no existe un registro público como el de accidentes de tráfico, que sí contiene las circunstancias de cada muerte. ¿Y por qué no existe tal registro? Es fácil intuir la razón.

A veces los datos sí están, pero son secretos. En los años 90 se publicó un estudio que decía que el 60% de las armas con las que se cometían crímenes en EEUU habían sido vendidas en un 1% de las armerías. La respuesta más natural hubiera sido investigar qué pasaba en esas armerías, pero la Asociación Nacional del Rifle decidió tomar otro camino. Llamó al congresista republicano de Oklahoma, Todd Tiahrt.

Tiahrt, como Dickey unos años antes, escribió una enmienda que llevaba su apellido y que se aprobó en 2003. La ley prohíbe desde entonces a la Agencia de Tabaco, Alcohol y Armas de Fuego (ATF) compartir con los investigadores y con el público su base de datos de las armas que se usan para cometer crímenes. La que se había usado para el estudio. La información sigue recopilándose, pero ahora es secreta.

La enmienda Tiahrt ha sido ampliada varias veces, por ejemplo para impedir a la ATF solicitar a las armerías inventarios de las armas que tienen y que venden, para controlar robos. También obliga al FBI a destruir en 24 horas todas las peticiones de antecedentes penales que se cursan para poder comprar un arma en una armería: así no solo los investigadores no pueden usar los datos, sino que la policía tampoco puede, por ejemplo, retirarle un rifle a una persona tras ser condenada o recibir una orden de alejamiento.

Y la lista sigue y sigue. Los seguros médicos tienen prohibido preguntarle a una persona si tiene un arma en casa, porque eso aumenta sus posibilidades de tener un accidente y eso podría hacer crecer sus cuotas. Los estadounidenses tampoco pueden reclamarle una indemnización a un fabricante de armas tras haber sufrido un disparo con uno de sus productos, se lo impide desde 2005 la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, apoyada por la NRA.

Para el lobby de las armas, cuanto menos se sepa, mejor. Si los legisladores pueden redactar las leyes a ciegas, sin saber qué dice la evidencia científica, mejor. Si se impide ahondar en las causas de los tiroteos escolares, la NRA podrá seguir diciendo que se podrían evitar armando a los profesores o reduciendo el número de puertas de los colegios. Si a los estadounidenses se les impide conocer el verdadero precio de vivir en un país armado hasta los dientes, tanto mejor para los que viven del negocio de promoverlas.