María Migliore renunció en agosto pasado al cargo de ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, después de ponerse al hombro la integración sociourbana de barrios enteros como el Rodrigo Bueno o el Playón de Chacarita. Lo hizo tras la derrota de Horacio Rodríguez Larreta frente a Patricia Bullrich en las primarias de Juntos por el Cambio, el mismo día en que Jorge Macri venció en la interna a Martín Lousteau. Ahora es directora de integración socioproductiva de Fundar, una organización que preside el empresario informático Sebastián Ceria que se proclama a favor del “desarrollo y la igualdad” y que ha impulsado investigaciones de pensadores progresistas como Daniel Schteingart, Sebastián Etchemendi, Martín Guzmán o Fernando Morra.

—¿Cómo ve al gobierno de Milei?

—Es un gobierno que no me representa. Que sí respeto porque fue elegido por la mayoría de los argentinos, con mucho apoyo en los sectores populares. Es un momento para escuchar y para intentar entender, creo que Milei conectó con un enojo y una frustración muy grande de la sociedad ante una política que hace mucho no estaba dando resultados. Para mí Milei es expresión de todo ese enojo, no la solución. Creo que es un momento para tomar distancia, preguntarse cuáles fueron todas las cosas que nos trajeron hasta acá, e intentar responderlas con honestidad y desde ahí encarar un ejercicio de imaginación política nueva para poder construir futuro. Ante un gobierno que hace de la agresión su arma cotidiana, creo que esa es la mejor respuesta.

—¿Cómo ve la situación social hoy? Me imagino que, además de estar en Fundar, seguirá en contacto con toda esa gente con la que había fundado en su momento el movimiento La Popular...

—Sí, sigo en contacto con varios referentes de la ciudad de Buenos Aires y algunos lugares donde yo trabajaba en la provincia y demás. Eso es para mí parte una parte importante de lo que hago: el poder acompañar y estar en contacto con distintos líderes de distintos lugares que siempre te cuentan y viven las problemáticas desde otros lugares.

—¿Y cómo ven la situación social?

—La situación social en la Argentina venía mal hace varios meses, no es una cosa del último tiempo, pero en este contexto se está agravando. Sí veo que todos los indicadores sociales están tendiendo a a empeorar. Y ante una situación tan delicada es importante que haya una política social robusta que acompañe a los sectores populares, especialmente durante un plan de estabilización.

—Yo me preguntaba por qué no hay un estallido social, no hay saqueos, no hay protestas. Y en el gobierno dicen “duplicamos la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que iba a comedores era nada más que el 4% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ahora estamos empezando a mandar”. A su vez, en las organizaciones sociales dicen que a los comedores la comida no está llegando, pero ho hay un estallido social porque la gente viene muy disgustada con las políticas anteriores y le está dando todavía un crédito al nuevo gobierno, pero en los hechos come menos y hay caída de venta de alimentos, de leche. ¿Usted cómo la ve?

—Estamos en una situación social que es muy distinta a 2001 y el hecho de que nos preguntemos si va a haber un estallido nos marca de alguna manera que seguimos pensando con esa configuración que vos bien describías. Hay una caída en en el consumo, hay un aumento de la pobreza, hay un aumento del consumo problemático. Eso es algo que es silencioso, pero yo creo que está se estaba profundizando mucho. Y hay un aumento de la violencia. En el caso de Rosario, en los últimos días, se pone en discusión, pero son fenómenos que ya venían consolidándose. La Argentina está estallando de manera silenciosa desde hace tiempo, lo cual nos pone en la obligación de pensar políticas que permitan construir desarrollo. Y se empieza, como decimos siempre, por una economía, una macro ordenada, un plan de crecimiento y la promoción del bienestar. Son todas políticas que tienen que ir juntas.

—¿Qué le parece que está faltando desde la política macro hasta la social?

—Yo puedo hablar de la política social, que es mi ámbito de competencia. Lo que yo no veo es un rumbo claro: la política social necesitaba tener muchas discusiones en la Argentina. Estoy totalmente convencida y lo vengo planteando hace tiempo. Ahora, lo que no se puede es poner en crisis las políticas que venían implementándose sin ofrecer una alternativa mejor. Un tema que estuvo en la agenda de las últimas semanas es el Fondo de Integración Socio Urbana. Es un error muy grande del gobierno el desfinanciar esta política porque es una política que ataca justamente el núcleo de pobreza estructural y se implementó no solamente en Argentina sino en distintos lugares de América Latina, como Medellín, Río, San Pablo, Uruguay. En la Argentina tiene un altísimo nivel de consenso político y se viene sosteniendo en distintos gobiernos. Entonces, si eventualmente hubo una irregularidad, hay que acreditarla, pero eso no significa poner en crisis o desfinanciar o cortar una política que viene mostrando ser efectiva. Si el Gobierno considera la política dacertada, ¿cuál es la propuesta?

—El Gobierno cortó la asistencia a muchos comedores. ¿Hay desabastecimiento? ¿Le parece bien quitarle el poder de distribución de alimentos a las organizaciones sociales?

—La pregunta es más amplia: ¿qué tipo de política alimentaria se quiere tener? Si es una que sea por transferencia directa, si es una que se ejecute a través de comedores de manera directa desde el Estado nacional, si es una en la cual el Estado Nacional compra alimentos y los distribuye. Esa discusión es válida. Yo tengo una mirada en la cual la política alimentaria debería emprender un camino y centralizarse en lo que son programas de transferencia directa como componente principal y aprovechar toda la red comunitaria que hay en la Argentina para realizar otras tareas de trabajo sociocomunitario que son muy necesarias. Ahora, no veo hoy una propuesta de cambio de rumbo. El Gobierno da una discusión por la desintermediación, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Desintermediar quiere decir cambiar una organización social por una iglesia? Sin entrar en juicios de valor sobre cada uno, porque creo que hay tantas organizaciones sociales como iglesias que trabajan muy bien. Pero eso no es un cambio de fondo en la política. Al final del día es una discusión política sobre con quién quieren ejecutar. Lo que está faltando es una dirección, un rumbo de hacia dónde se quiere ir. Y, por supuesto que mientras que no hay, no se puede poner en crisis la asistencia básica. Vos no podés cortar de un día para el otro la red de protección social en un contexto tan complejo.

—Otra política que adoptó el Gobierno es eliminar el plan Potenciar Trabajo y dividirlo en un nuevo plan Volver al Trabajo para los menores de 50 años y otro de asistencia social para los mayores de 50 y las madres de cuatro hijos o más. ¿Qué opina?

—El planteo de segmentación del plan era importante. Creo que son dos universos muy distintos quienes están en situación de extrema vulnerabilidad respecto de aquellos que pueden trabajar en mejores condiciones. Pero esa segmentación de entre 18 y 49 años sigue siendo muy amplia. Además hay muchísimas preguntas abiertas sobre cómo se va a implementar. Primero hay que pensar bien los programas, pero después de tener la capacidad de ejecutarlos bien, cómo se va a transicionar entre los beneficiarios del Potencial Trabajo y los nuevos programas, cómo se actualiza el monto, cómo van a ser las capacitaciones, cómo se implementa en los hechos esta desintermediación, si va a seguir siendo un programa que depende del Estado nacional, si va a pasar a depender de Estados provinciales. Yo creo que hay muchas preguntas abiertas que marcarán la capacidad o no de tener éxito.

-Tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández intentaron hacer ese plan de empalme para que la empresas contraten a la gente que estaban en su momento en el plan, pero muy poca gente que pasó a un empleo formal. ¿Por qué no funcionó y cómo se puede hacer para que esta vez funcione?

--Depende de muchas variables. Una es que se cree empleo privado formal en la Argentina, cosa que no viene sucediendo en el último tiempo. Lo que a mí me parece es que se está pasando de largo algo muy importante: la gran mayoría de las personas que cobra un programa como el Potenciar Trabajo está trabajando de manera informal. Este programa hoy opera más como un complemento de ingresos que otra cosa. La problemática que hay que mirar con muchísima atención es la dinámica de la economía informal. Vos tenés aproximadamente 8 millones de personas que trabajan ahí. El problema es cómo hacer para que todos esos trabajadores y trabajadoras de la economía informal puedan trabajar en mejores condiciones. ¿Cómo los podemos formalizar? ¿Cómo los podemos regularizar para que puedan integrarse al sistema económico de alguna manera, para que puedan ser más productivos, para que su trabajo valga más?

—He visto gente que estaba en el plan Potenciar Trabajo que prácticamente iba una vez por semana a marcar tarjeta, pero también otros que participaban en cooperativas de cartoneros, reciclando basura, barriendo barrios populares, atendiendo comedores. ¿De todo eso no va a quedar nada?

—¿Cuál es la mejor manera de implementar eso? En el Potencial Trabajo se plantearon cuatro cambios. Uno es la segmentación que hablamos. Otro son las condicionalidades: eliminan las condicionalidades laborales y establecen condicionales educativas, lo cual yo creo que es acertado. Lo tercero, supuestamente se elimina la incompatibilidad con tener un trabajo formal. Cuarto: se elimina la intermediación. Acerca de todas las tareas de cuidado que se hacen, por ejemplo, en un barrio, o las tareas de reciclado, o todo ese tipo de trabajo que se hace para contener la situación de un montón de personas que están en proceso de recuperación, tiene que haber una política que acompañe eso definitivamente. La pregunta que yo me hago es si la mejor manera de contener esto es el Potenciar Trabajo. Pero vemos un valor social en la función del cuidado. Necesitamos aumentarla. En la conversación cotidiana en los barrios hay una demanda insatisfecha de centros de cuidados para chicos entre los cero a 3 años. ¿Por qué no apostar a ampliar la cobertura de primera infancia, con esquemas mixtos, con el Estado e intradomiciliarios?

—El secretario de Niñez, Pablo de la Torre, viene de San Miguel, donde tienen esos centros...

—Sí, en San Miguel desarrollaron una red de centros de primera infancia.

—El otro día usted dio una conferencia en la Universidad de Buenos Aires con Matías Kulfas. Facundo Manes se juntó con Daniel Menéndez y otros líderes sociales y funcionarios de Córdoba. ¿Se está reconfigurando la política o no tiene nada que ver?

—Yo siempre aposté por algo que hoy parece que no está de moda: el consenso y el diálogo. Las únicas políticas que pueden tener algo de largo plazo son las que se llevan adelante con consensos verdaderos, que no quiere decir estar de acuerdo en todo, ni acordar traicionando los valores, sino poder sentar distintos actores a la mesa. Y en este momento de la Argentina, a mí me parece recontranecesario fortalecer eso, con lo cual siempre voy a estar a disposición para tratar de pensar la situación, pero sobre todo también para hacernos las preguntas incómodas que permitan entender cómo llegamos hasta acá.

—¿Por qué se fue del Ministerio de Desarrollo Humano a mitad del año pasado?

—Porque yo venía trabajando en el proyecto de Rodríguez Larreta. Yo soy expresión de esa mirada que que él siempre tuvo de ampliar las coaliciones políticas, de sumar gente que viniera con trayectorias diferentes para poder hacer políticas más diversas y de largo plazo. Yo aposté también a ese proyecto presidencial, pero eso no se expresó a nivel nacional. Y las nuevas autoridades de la ciudad consideraron que que había que marcar otro rumbo y yo en ese rumbo no estaba de acuerdo.

AR/JJD

Esta noche, María Migliore presentó su renuncia al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires por “diferencias con Jorge Macri”, candidato a jefe de gobierno porteño por Juntos por el Cambio. Según indicaron allegados a la ex funcionaria, las rispideces entre ambos integrantes del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta surgieron como consecuencia de una “horrible frase” del ministro de Gobierno en la que afirmaba que “las personas en situación de calle hacían de los cajeros un monoambiente”.

“María se va con la certeza de haber sido parte, durante esos 8 años de gestión de Horacio Rodríguez Larreta de una de las transformaciones más visibles de la Ciudad, con la política de integración de barrios populares más ambiciosa de la historia”, detallaron las mismas fuentes.

Migliore había participado activamente de los proyectos de urbanización e integración sociourbana del Barrio 31, el Barrio 20, el Playón Chacarita, el Barrio Rodrigo Bueno, entre otros, desde sus cargos en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y el ministerio.

Quién sucederá a María Migliore en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

Hasta el 10 de diciembre, la cartera quedará a cargo de Gabriel Mraida, actual viceministro, cuya visión “tiene muchas coincidencias” con la del primo del ex presidente, según indicaron allegados a Migliore. En redes sociales, el funcionario había felicitado al ex intendente de Vicente López por su victoria sobre Martín Lousteau en la interna de Juntos por el Cambio.

“Tu triunfo es la muestra de que los vecinos de la Ciudad quieren seguir profundizando las transformaciones que venimos encarando desde hace años. Ahora, vamos a poner todo para ganar en primera vuelta en octubre”, publicó.

La presidenta de Propuesta Republicana (PRO) Patricia Bullrich, cuestionó este jueves la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma de ley de integración socio-urbana de barrios populares, la cual fue sancionada originalmente en 2018. “Suspendieron el desalojo en los barrios populares por 10 años” dice la imagen de su publicación en Twitter.

“Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo.” sentenció Bullrich en el tuit. La ley fue aprobada con 227 votos, 39 de los cuales provenieron del espacio el cual preside. Entre los positivos, destacan Diego Santilli, María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.

La reforma obtuvo apenas dos votos en contra, uno de Carolina Píparo de Avanza Libertad y otro de Francisco Sánchez, diputado del PRO de Neuquén, cercano a Bullrich. Marilú Quiroz y Gustavo Hein, ambos del PRO, fueron dos de los tres votos que se abstuvieron. Entre los ausentes, estuvieron Fernando Iglesias y Gerardo Milman, otros dos diputados afines.

La ex ministra de Seguridad fue cruzada por una funcionaria del Gobierno de la Ciudad. María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, le recordó que la norma había sido sancionada durante el gobierno de Cambiemos.

También a través de Twitter, Migliore dijo: “La ley que sacamos en 2018 para la integración de los barrios populares viene a dar respuesta a 5 millones de personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, y salió con el consenso de todo el espacio”. Aclaró que “de ninguna manera implica validar tomas o usurpaciones, la ley define territorios específicos de intervención, y estamos en contra de las tomas”.

Además, Laura Rodríguez Machado, otra diputada del PRO, dijo en sesión ayer: “Estamos aprobando la prórroga de una ley macrista, sancionada durante el gobierno de Cambiemos, que está destinada a urbanizar y darle dignidad a los barrios populares”. 

La diputada Silvia Lospennato hizo hincapié en Diputados que se trata de una ley que se va “convirtiendo en una política de Estado, de esas que nos faltan muchísimas en la Argentina”. En Twitter, retuiteó las declaraciones de la ministra porteña.

El proyecto que ahora se dirige al Senado, amplía los alcances del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), sumando 1271 barrios populares al registro de los 5687 ya contabilizados, así como establecer mecanismos para agilizar procesos administrativos, lograr urbanizaciones más completas y mejoras en el acceso a servicios públicos. Ante la inminencia del vencimiento del plazo de la ley del 2018, se prorrogó por 10 años la suspensión de los desalojos.

LC

En el capítulo 1 de la temporada 3 (Caída en picada - Nosedive) de la ya no tan distópica serie “Black Mirror”, se desarrolla la historia de una mujer joven y soltera que en sólo una semana se le vence el contrato de alquiler y debe encontrar otra casa. 

Para poder alquilar la casa que reúne sus aspiraciones debe cumplir algunos requisitos. En la reunión con la agente de bienes raíces le informan que el alquiler es por un plazo de 6 meses, aumentos semanales y de forma excluyente debe tener una puntuación, un “scoring social” de 4,5. 

El sistema de puntuación que se vive en esta sociedad se construye a través de los vínculos. Todos califican a todos desde sus celulares y con unos implantes oculares pueden ver reflejadas sobre las personas su puntuación. Estas puntuaciones se construyen por las publicaciones de la vida social en redes, por el trato cotidiano, etc. Este sistema de puntaje es fundamental para poder acceder a diferentes servicios - alquiler de autos, de casas, e inclusive a trabajos -. Por supuesto los puntajes son clasistas, quiere decir que tiene más valor un puntaje dado por los más populares que por aquellos que tienen pocos seguidores o puntajes “marginales”. El sistema de clases sociales se divide por los puntos que cada uno tiene.

El clima de sospecha, miedo y presión que se vive en esta sociedad es insoportable. Una especie de todos contra todos en la carrera por no quedar afuera, en los márgenes de un capitalismo cada vez más inhumano. 

En este contexto es que la protagonista deberá hacer lo imposible para llegar a la exclusiva puntuación de 4,5 y conseguir el alquiler de la vivienda. No será fácil, deberá extremar su “simpatía” pero por sobre todas las cosas lograr que algunos seguidores populares le den puntajes altos. Una vieja amiga de la infancia, que goza de una altísima popularidad, se comunica con ella luego de años sin hablarse y le propone que sea la “dama de honor” de su exclusivo y popular casamiento. Allí asistirán los puntajes más altos de una sociedad que se ha convertido en algo que recuerda mucho al retrato que Fritz Lang hizo en M el Vampiro de los años anteriores a la llegada el nazismo. La persecución acecha sobre todos y entre todos, pero ahora, noventa años después, detrás del consumo. Todo lo que se imagina puede ser real, y por eso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Instituto de la Vivienda y junto al Colegio de Corredores Inmobiliarios ha puesto en marcha el sistema de “Scoring” para inquilinos. 

La distopía ya llegó

Mateo 19, 23-30: 

“Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, 

que un rico entre en el reino de los cielos.“

La política de vivienda de la ciudad de Buenos Aires está frente a nuestros ojos cuando caminamos. Torres y más torres en construcción, edificios nuevos con ventanas a oscuras, alquileres impagables, cajeros de bancos repletos de colchones donde duermen los olvidados, cada vez más gente habitando villas, etc, pero poco se dice de las causas. El blindaje mediático, los negocios a diestra y siniestra logran ocultar del debate público la infame desigualdad que reina en una de las ciudades más ricas del mundo. Aquí no hay ningún tipo de regulación ni política de acceso a la vivienda salvo para las constructoras y los amigotes del poder que se van quedando con la ciudad. 

Aquí no hay ningún tipo de regulación ni política de acceso a la vivienda salvo para las constructoras y los amigotes del poder que se van quedando con la ciudad.

El ministerio que tiene a cargo la política de vivienda de la Ciudad es el que conduce “la popular” ministra María Migliore, y el Instituto de la Vivienda el encargado de ejecutarlas. Gabriel Mraida es el presidente del IVC. De trayectoria evangelista llega al Instituto de la mano de Patricia Bulrich luego de ocupar el cargo de director nacional de prevención del delito y la violencia en el Ministerio de Seguridad. Desde su llegada los lazos con la corporación inmobiliaria porteña son cotidianos y los pasillos relatan reuniones en el IVC a diario para planificar políticas de alquiler de vivienda. 

El IVC, por ley 5859 -17 (impulsada por la organización Inquilinos Agrupados) tiene la obligación de controlar y hacer cumplir todas las leyes porteñas que impliquen derechos en el acceso a la vivienda. Sin embargo, el rol que ha tomado la política del difusor del evangelio, asesor en seguridad de Bulrich y ahora “experto” en política de vivienda, es hacer la vista gorda, ensanchar el ojo de la aguja para que así cualquiera (con gruesas billeteras) pueda entrar al reino de los cielos. 

Al sistema de “scoring inquilino” que pronto lanzarán el Gobierno porteño, el IVC y el Colegio de Corredores, no lo denominan “puntaje”, sino “scoring”. 

Asumidas las políticas de vivienda de los organismos de crédito internacionales (BID, BM, FMI) desde los '90 ha cambiado el enfoque y se ha llevado adelante la desregulación total del mercado inmobiliario mientras el Estado sólo se dedica a dar marginales créditos hipotecarios, y focalizar en políticas paliativas sobre los sectores más empobrecidos (subsidios, hogares de tránsito, magras urbanizaciones, etc). Se puede discutir y estudiar la pobreza, pero bajo ningún punto de vista la riqueza. En ese sentido el sistema de scoring pretende llevar adelante una perversa evaluación de inquilinos e inquilinas para determinar quién se “merece” y quién no la intervención del Estado a la hora de acceder a la vivienda en alquiler. Seguros de caución, intermediación del Estado entre propietarios e inquilinos, algún crédito para ingresar a la vivienda, etc.

El boomerang

“Basta que los recién llegados tengan que temer a la vida un poco más que a la muerte, 

y el torrente de violencia rompe todas las barreras“.

Sartre. Prólogo a “Los condenados de la tierra”. F. Fanon. 1961

Lacie, la inquilina protagonista de nuestro citado capítulo de Black Mirror verá insoportable e imposible cumplir con la puntuación necesaria para alquilar la vivienda. 

Es entonces que durante el casamiento de su amiga entra en un brote violento. Consciente del perverso sistema que la ha llevado a degradar la condición humana no puede evitar tomar el micrófono, una cuchilla y denunciar frente a todos los populares invitados la humillación, la hipocresía que los rodea. 

Entre llantos y risas psicóticas será reducida por la seguridad del barrio privado donde se desarrolla la boda. Para finalmente terminar presa. Ya no podrá calificar a nadie. Ha quedado fuera del sistema. 

En la Ciudad donde hay una vivienda cada dos personas, doscientas cincuenta mil viviendas vacías, cientos de hectáreas públicas se rematan para que el mercado inmobiliario se la lleve a un precio vil, mientras los alquileres se dolarizan y las inmobiliarias tienen vía libre para violar cualquier ley, el gobierno nos va a puntuar a los inquilinos y las inquilinas. Llenaremos planillas y planillas que deberán garantizar que somos “confiables” para los propietarios rentistas y las inmobiliarias. 

En la Ciudad donde hay una vivienda cada dos personas, doscientas cincuenta mil viviendas vacías, cientos de hectáreas públicas se rematan para que el mercado inmobiliario se la lleve a un precio vil,

Los gobiernos de las grandes ciudades están llevando adelante medidas regulatorias para limitar las viviendas vacías, los aumentos de precios de alquileres y propiedades. En algunos casos se discute la expropiación a grandes tenedores de viviendas. El mundo no es el mismo luego de la crisis de las hipotecas del 2008 y mucho menos luego de la pandemia. El acceso a la vivienda esta en crisis producto de sectores concentrados de la economía que ven el negocio de bienes raíces como un elemento más del negocio financiero. 

El IVC hará el trabajo sucio que no se anima a hacer contra el mercado inmobiliario. Pero esto no es un capítulo de Black Mirror. 

Acá la vida duele de verdad, la desigualdad se está tornando escandalosa e insoportable y siguen tirando de la soga. 

La respuesta se está construyendo. Organización para defendernos, pero también para evitar que la lógica del “scoring social” avance sobre nuestra dignidad. 

Vamos a lograr que la vivienda sea un derecho. 

GM

“No va a haber ningún cambio, sigue todo en pie”. La decisión de la administración de Horacio Rodríguez Larreta de continuar con su propuesta de revisión del plan social Ciudadanía Porteña coronó una semana en la que el anuncio del jefe de gobierno recibió fuertes críticas no solo del kirchnerismo, sino también de sus socios de Juntos por el Cambio. 

Fuentes del ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a cargo de María Migliore, y que trabajó a la par de la ministra de Educación, Soledad Acuña, fueron quienes marcaron la postura oficial ante la consulta de elDiarioAR, incluso admitiendo por lo bajo que el anuncio buscó dar más un mensaje político-electoral. Se difundió el lunes, a pocos días de que el Gobierno, con Sergio Massa a la cabeza, también anunciara una auditoría para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

La medida del gobierno porteño pone la lupa sobre los 23.686 menores de edad que reciben un componente del programa, que en total abarca a 41.792 hogares –unas 100 mil personas–. Los adultos considerados en condiciones de pobreza reciben unos $7.200 y los menores que concurren a la escuela, $5.256. A su vez, los hogares catalogados como indigentes reciben en la tarjeta pre cargada $10.800 y los menores, $7.884. El monto promedio, que varía según composición del hogar, índice de vulnerabilidad y situación de escolaridad, es de $15.722, según datos oficiales de la Ciudad que brindaron a este medio.

La contraprestación de que cada niño esté escolarizado para recibir el monto también es una condición que exige la Asignación Universal por Hijo (AUH), que está bajo la órbita de la Anses y que no es compatible con el plan porteño, así como tampoco lo es el Potenciar Trabajo. Lo que cambió la Ciudad a partir de este mes es la forma en que se controla la regularidad escolar: en vez de ser anual, pasa a ser bimestral en una primera etapa —contempla el actual mes de agosto y septiembre–, y luego, desde octubre, trimestral. Si el menor no cumple en dichos periodos una asistencia del 85% –tener más de 5 o 6 faltas por período–, sus padres o tutores a cargo perderán del plan el componente destinado al menor: $5.256 o $7.884, de acuerdo a cada situación. 

'El objetivo no es cortar el plan, sino que los pibes vuelvan a la escuela. La medida no es ni persecutoria ni discriminatoria', justificó una fuente oficial

“El objetivo no es cortar el plan, sino que los pibes vuelvan a la escuela. La medida no es ni persecutoria ni discriminatoria”, justificó la fuente oficial consultada, que explicó que el “castigo” no es automático, sino que luego de cada corte parcial, en aquellos casos que se detecten problemas en la asistencia escolar, el ministerio concurrirá a cada domicilio para interiorizarse de la situación y “asistir” a la familia. Hay tres meses de plazo para regularizar al menor. Si la inasistencia persiste en el corte siguiente, se suspende el componente. Si la falta continua por seis meses, está en riesgo el beneficio completo.

“Queremos que haya una búsqueda de toma de conciencia por parte de los adultos de que los niños tienen que estar en las escuelas. Entendemos que pueda haber complejidades de todo tipo de porqué no van a la escuela, pero por eso ofrecemos acompañamiento y desde el gobierno se le dará toda la mano posible a las familias”, se explicó cuando este medio consultó si la medida no es especialmente perjudicial para los menores, así como si están contemplados casos en que los menores no asisten porque en sus hogares hay situaciones de extrema vulnerabilidad que les impide ir a clases. 

La señalización de que es una política “estigmatizante” fue una de las principales críticas que recibió el anuncio de Larreta, junto con la falta de certeza sobre que actualmente haya chicos que no estén yendo a la escuela. Incluso hubo cuestionamientos del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

“La AUH –que incluso es un derecho, no un plan– tiene como requisito la escolaridad y la salud de quienes la reciben. Pero en tal caso se retiene un porcentaje. El gobierno de la Ciudad debería estar priorizando la accesibilidad  de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo”, señaló Tania Etulain, directora del Centro de Estudios para el Desarrollo Nacional “Atenea”, a elDiarioAR. “Hay un slogan de campaña claro en el vamos a sacar los planes construyendo una estigmatización y un claro 'responsable' de dónde se va el dinero, que por supuesto es la idea que quieren construir Larreta”, agregó.

En la cartera de Educación defendieron la medida con un dato de ausentismo que abarca a todo el universo de alumnos de escuelas públicas porteñas, y que fue lo que les “encendió la alarma”: el 30% de los 200 mil estudiantes faltó 1 semana por mes desde el comienzo de clases este año. A su vez, indican, un 16% de los alumnos faltó 7 veces o más veces por mes. “Tenemos miles de estudiantes que van a la escuela solo 3 de cada 5 días de clases”, concluyen en el área de Acuña –quien suena como posible anotada para pelear por el cargo de Larreta en 2023–. Otra justificación que dan es que durante la pandemia los controles de regularidad se hicieron muy laxos –así como también se amplió el número de beneficiarios, aseguran–, y que por eso ahora quieren volver a “ordenar” la situación.

La polémica también reside en que de todo el universo de alumnos, apenas son más de 23 mil los menores que reciben el plan Ciudadanía Porteña, menos del diez por ciento. En la Ciudad piden esperar a que se conozca el primer corte bimestral, que se difundirá durante los primeros días de octubre próximo, para medir el impacto del anuncio. 

En ese sentido, el vocero de la cartera de Hábitat y Desarrollo no esquivó el tinte político del anuncio, que tuvo impacto hacia afuera de JxC pero sobre todo hacia adentro, donde Larreta compite en la carrera preelectoral contra Patricia Bullrich y hasta el propio Mauricio Macri, de perfiles mucho más duros y conservadores: “Tenemos un interés real porque hay un 30 por ciento de niños que no van a clases, pero obvio que también se dio un mensaje político”.

MC

¿Es posible generar “diagonales” vinculando el orden macroeconómico con la integración social de cada argentino excluido? En la Ciudad de Buenos Aires ¿se están tendiendo esas diagonales? 

La Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, María Migliore, en una nota publicada el 25 de mayo, abrió estos interrogantes que nos invitan a reflexionar.

En nuestro país los datos macroeconómicos muestran una recuperación muy clara de la economía. El crecimiento de la actividad económica, en particular de la industrial, los niveles récord de las exportaciones y la creación sostenida de empleo son signos sustanciales del sendero de desarrollo económico que debemos transitar. Estos datos se traducen en la vida de los argentinos y las argentinas: no son sólo números, implican –concretamente-  que las personas de carne y hueso, pese a todo lo que aún falta, viven un poco mejor.

En este marco de ordenamiento macroeconómico, la generación de empleo es fundamental para consolidar la integración social. Para ello, el Gobierno Nacional ha dado pasos fundamentales y los datos están a la vista. Sin embargo, ¿qué está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires? 

El Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta no ha promovido ni un modelo de planificación y desarrollo económico, ni tampoco políticas para motorizar el crecimiento de la economía. La recuperación del empleo de calidad es más lenta que en el resto de las jurisdicciones del país. De hecho, respecto de 2019, no solamente es la que perdió mayor cantidad de asalariados privados (-34.941), sino que también es la que presenta mayor caída en términos relativos (- 2,4 %) junto a Mendoza y Salta (-2,7 %).

En este contexto, el Gobierno porteño ha presentado en la Legislatura un proyecto de “Ley 

de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares“. Mediante esta iniciativa se crea un nuevo ”Distrito“ en la Ciudad para ”promover“ la instalación de comercios nuevos en los barrios Rodrigo Bueno, Padre Carlos Múgica (villa 31), Playón de Chacarita y Villa 20. A tal fin, el Gobierno incentiva a las grandes cadenas de comercio minorista que podrán descontar, del pago de Ingresos Brutos, hasta el 80% de la inversión realizada. Recordemos que -en nuestra Ciudad- tenemos la alícuota más alta de ingresos brutos del país para comercios minoristas[1].

Mientras tanto un carnicero de la Villa 31 que -durante dos generaciones- invirtió con esfuerzo y mucho trabajo en su barrio, tendrá que competir de forma desigual con grandes cadenas y millonarios beneficios por parte del Estado Local. 

Por otra parte: ¿Por qué motivo una carnicería en el barrio de Belgrano va a descontar de ingresos brutos el monto invertido en los barrios que integran este “distrito”? En el caso de Rodrigo Bueno, el Ejecutivo ya adjudicó la concesión de un local a una importante cadena de carnicerías y – de aprobarse esta Ley- tanto el alquiler como el resto de la inversión va a poder descontarlo de su pago de ingresos brutos respecto de su actividad en toda la Ciudad.

Por otro lado, el proyecto que se tratará en la Legislatura, se refiere al “impulso al trabajo”. Para ello proponen otorgarle este beneficio impositivo a aquellas actividades que se asienten en estos barrios y contraten, al menos, un 30% de personas del barrio. Esta condición tiene dos inconvenientes: primero, que el porcentaje resulta muy bajo si el objetivo es crear empleo para esos barrios y segundo, que el proyecto –seguidamente- da la posibilidad de incumplir con este supuesto en los casos de no encontrar el perfil necesario.

En conclusión, este proyecto no integra, porque hace más difícil y desigual la competencia comercial en los barrios populares y tampoco incentiva el trabajo porque no garantiza condiciones para una oferta importante de puestos de trabajo.

Le propusimos al oficialismo que converse con los vecinos y vecinas de los barrios, que escuche sus demandas y propuestas. ¿Por qué traer carnicerías, verdulerías o peluquerías, que ya existen en esos barrios? ¿Por qué no se priorizan aquellas actividades que efectivamente faltan o son deficitarias en estos barrios? ¿Por qué no diseñamos una política integral para la distribución y la logística en barrios donde no ingresan los proveedores de mercadería? 

El camino elegido por el gobierno es otro: competencia desleal y destrucción de los comercios que se instalaron con esfuerzo e inversión genuina. Diagonales que, en vez de unir lo existente con lo nuevo, generan una nueva división.

Lo cierto es que la integración productiva de los barrios populares debe darse mediante políticas que involucran el desarrollo económico en su conjunto. Es necesario acompañar y potenciar la actividad comercial de los barrios, dar cumplimiento a la Ley de Economía Social y Popular votada en 2020, generando soluciones de financiamiento a proyectos productivos.  Y también es preciso tener políticas activas para actividades económicas dinámicas, como la textil, la gastronómica y la construcción, que son centrales para la generación de empleo y la inclusión social de los sectores populares. A nivel nacional, por ejemplo, ya se cuentan con 100 mil puestos de trabajo registrado más en la actividad de la construcción en el sector privado respecto del peor momento de la pandemia y se superó en 24 mil empleos registrados de este rubro en relación con diciembre de 2019. En la Ciudad, en cambio, el empleo para la construcción privada, es casi 14,75 % menor que en 2019. 

El Ejecutivo Porteño, con las políticas públicas adecuadas y voluntad política, también podría impulsar medidas para mejorar el empleo de la Ciudad y que aquellos porteños que tienen un trabajo no registrado pasen a ser asalariados. Un camino como el trazado a nivel nacional donde las empresas privadas y el Gobierno Nacional convenian para que aquellos que cobran planes sociales pasen a tener un trabajo privado registrado asalariado. En nuestra Ciudad nada de eso existe.

Desde Juntos por el Cambio han pretendido silenciar nuestras críticas al proyecto argumentando que el Frente de Todos está en contra de las empresas ¡Justamente el Gobierno Nacional que ya creó más de 700 mil puestos de trabajo registrado y que logró ubicar la serie de trabajo registrado en su máximo histórico: 12,5 millones de personas!

En la Ciudad de Buenos Aires es necesario un debate honesto. Construyamos diagonales en serio, con integración productiva, creación del empleo y un modelo de desarrollo económico. 

[1] Fuente: Informe de Presión Tributaria Provincial, Alícuotas Efectivas de Ingresos Brutos – Diciembre 2021, Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba.