“Aguanté todo lo que pude, pero ya era sumamente difícil”, relató una joven venezolana llegada hace un año a Madrid, durante una concentración en apoyo a la oposición de su país. Como ella, miles siguen eligiendo España como destino para rehacer su vida lejos de la persecución, la crisis económica y el colapso institucional en Venezuela.

Según el censo español al 1 de enero de 2025, ya residían 377.809 personas de nacionalidad venezolana, lo que representa un crecimiento del 16,2% en un año y casi diez veces más que en 2014. De este modo, la comunidad venezolana pasó a ser el 5,5% de la población extranjera en el país y es, por amplísimo margen, la más numerosa de Europa.

La gran mayoría se radicó en las zonas con mayor actividad económica: el 33% vive en Madrid y el 11,3% en Barcelona, de acuerdo al Observatorio Permanente de la Inmigración. Y aunque España es solo uno de los destinos posibles, se destaca dentro de la Unión Europea: en 2023 había allí más de 209.000 venezolanos con residencia legal, frente a los 14.000 de Italia, su inmediato seguidor, según Eurostat.

La lengua, la historia compartida y la existencia de redes familiares explican parte de la elección. Pero el dato más significativo es que se trata de una migración masiva, continua y cada vez más joven: el 80% de los residentes venezolanos en España tiene entre 16 y 64 años, y la mitad son menores de 35.

Trabajo, asilo y formación profesional

A fines de 2025, 214.904 venezolanos tenían permiso de trabajo en el país. De ellos, el 87% eran asalariados y casi la mitad mujeres. Esto ubica a la comunidad como la segunda más importante entre las latinoamericanas en términos de aportes a la Seguridad Social, solo detrás de la colombiana.

Más de 66.000 personas solicitaron protección internacional en 2024, y ya en el primer trimestre de 2025 se sumaron otras 23.724, que representaron el 59% de todas las solicitudes en ese período. El año pasado se resolvieron 33.004 peticiones, con una aprobación del 99%, una señal de reconocimiento generalizado a la situación crítica que atraviesa Venezuela.

Pese a ello, la inserción laboral no siempre refleja el capital profesional de quienes emigran. Según la fundación Código Venezuela, más de 5.000 médicos, 7.000 ingenieros, y cientos de odontólogos y veterinarios venezolanos residen en el país, aunque cerca del 40% trabaja en hostelería, comercio, atención al cliente, cuidados, limpieza o agricultura.

Muchos llegan con títulos universitarios y experiencia, pero enfrentan obstáculos burocráticos para homologar sus estudios o acceder a empleos acordes a su formación. La fundación apunta que hay una gran demanda de acompañamiento para la integración sociolaboral, especialmente entre los jóvenes y profesionales calificados.

Expectativas, desafíos y redes de apoyo

El crecimiento sostenido de la comunidad venezolana plantea nuevos desafíos para las políticas de integración y el sistema de reconocimiento de cualificaciones. También visibiliza una transformación profunda del perfil migratorio latinoamericano en España: más politizado, más joven, con más mujeres y más propensión al arraigo permanente.

En paralelo, se expanden las redes de apoyo entre migrantes y las organizaciones que impulsan capacitaciones, acceso a derechos y espacios de contención. “No es fácil empezar desde cero, pero hay mucha solidaridad”, destacan desde varias asociaciones.

Con decenas de miles de nuevas llegadas cada año, la experiencia venezolana en España seguirá marcando el pulso de las políticas migratorias en la región y cuestionando modelos de inserción laboral que muchas veces desperdician talento y esfuerzo.

JJD

Un solicitante de asilo que estuvo encarcelado en Irán por su activismo de derechos humanos dice que no ha podido dormir desde que recibió el aviso de que lo trasladarían al polémico barco Bibby Stockholm que, según él, sería otra “cárcel”.

El hombre, que prefiere no revelar su nombre por razones de seguridad, trabajó como abogado de derechos humanos y activista en Irán y fue encarcelado por sus actividades antigubernamentales. Se las arregló para escapar de Irán y solicitó asilo a su llegada al Reino Unido hace varios meses, citando la persecución política en su país de origen.

Al principio, el Ministerio del Interior le alojó en un hotel en la costa sur, pero luego le entregó una carta en la que decía que lo trasladarían al Bibby Stockholm en Portland, Dorset.

Varias personas y organizaciones expresaron sus preocupaciones sobre el uso de la barcaza para los solicitantes de asilo, incluida la seguridad contra incendios, el hacinamiento y las amenazas de la extrema derecha. El primer grupo de solicitantes de asilo llegó al barco este lunes.

“Mientras vivo en el hotel, puedo salir y dar un paseo al aire libre. También tengo el apoyo de la comunidad. Me sorprendió cuando recibí una carta hace aproximadamente una semana del Ministerio del Interior diciéndome que me enviarían al barco Bibby Estocolmo. Hemos visto las noticias sobre esta barcaza. Es una especie de cárcel”, explica.

El solicitante de asilo confiesa que ha estado muy estresado desde que recibió la carta y que no ha podido dormir por miedo a lo que le podría pasar a él y a otros solicitantes de asilo si los trasladan.

“Sé de al menos nueve personas en mi hotel que recibieron esta carta. Todos los que la recibieron están realmente molestos y tristes”, cuenta.

La carta del Ministerio del Interior, firmada por el equipo de alojamiento alternativo, establece que el alojamiento está cambiando al barco Bibby Stockholm y, aunque las personas no serán detenidas en la barcaza, deberán registrarse al entrar y salir de la barcaza “para garantizar su seguridad”, sostiene el escrito.

El solicitante de asilo iraní cuenta que él y otros que también recibieron la carta están más preocupados por la seguridad en el barco.

Steve Smith, director ejecutivo de la ONG para refugiados Care4Calais, que apoya a algunos de los solicitantes de asilo que recibieron cartas anunciando su traslado al Bibby Stockholm, asegura: “Entre aquellos a los que prestamos apoyo hay supervivientes de tortura, personas con discapacidad y personas que han sufrido traumas en el mar. Es inaceptable alojar a cualquier ser humano en una 'prisión flotante' como Bibby Stockholm. Hacerle eso a gente así es completamente inhumano. Está generando mucho miedo”.

“Sé que cuando otros solicitantes de asilo reciben cartas del Ministerio de Interior diciendo que los enviarán a los barracones de Napier en Folkestone, se les dice cuánto tiempo permanecerán allí. Esta carta no nos da ninguna información. No tenemos ni idea de cuánto tiempo estaremos en el barco. Hemos leído información sobre cómo el barco no será un lugar seguro para nosotros. Estaremos fuera de la comunidad”, afirma el solicitante de asilo.

“Trabajé como abogado de derechos humanos en Irán y creo que este plan del Ministerio de Interior va en contra de los derechos humanos. La gente normal no iría a vivir allí. Cuando estuve en la cárcel en Irán, lo pasé muy mal. Todo lo que quiero hacer aquí es vivir una vida normal, hacer cosas positivas y ser parte de la sociedad”, apunta.

El barco que servirá de alojamiento flotante lleva atracado frente a la costa de Dorset desde hace casi tres semanas y permaneció vacío desde entonces debido a preocupaciones por la salubridad y la seguridad de las instalaciones.

ONGs como la Cruz Roja británica y Amnistía Internacional criticaron la medida. “Sabemos por nuestro trabajo de apoyo a hombres, mujeres y niños que buscan asilo que estos sitios serán completamente inapropiados para las personas y provocarán un sufrimiento significativo”, señaló la Cruz Roja.

“Las personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares ya experimentaron un trauma inimaginable. Necesitan estabilidad, apoyo, poder mantener el contacto con sus seres queridos y sentirse seguros”, asegura la organización. “Nos encontramos en esta posición como resultado directo de la incapacidad de abordar la acumulación de solicitudes de asilo, con más de 172.000 personas viviendo en el limbo. Necesitamos un sistema de asilo más eficaz y compasivo, que ayude a las personas a integrarse en una comunidad para que puedan encontrar seguridad y vivir con dignidad”, advierte.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, afirmó en diciembre: “Es injusto y espantoso que estemos gastando 5,5 millones de libras todos los días en el uso de hoteles para albergar a solicitantes de asilo. Debemos terminar con ello”. El Partido Laborista, sin embargo, denuncia que estas cifras han aumentado e insta al Gobierno a acelerar el trámite de asilo.

Traducción de Javier Biosca

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró “inadmisible” un último planteo del abogado argentino Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para que le sea concedido el estatus de “refugiado” y ordenó que se reanude de inmediato el proceso de extradición impulsado por la jueza María Servini.

El fallo de la Corte uruguaya establece que la jueza de primera instancia Adriana Chamsarián, quien ya había denegado el asilo político, debe reanudar el “juicio de extradición” para enviar a Rodríguez Simón a la Argentina.

Rodríguez Simón no regresará de inmediato a la Argentina, puesto que la decisión del tribunal uruguayo abre la instancia de tramitación que tiene instancias de apelación y aún podría demorar un largo tiempo la concesión de la extradición.

La Corte no cerró definitivamente la posibilidad de que Rodríguez Simón obtenga finalmente el carácter de refugiado, pues explicó que es en el juicio de extradición donde debe determinarse tal situación. Y rechazó el planteo de Rodríguez Simón porque no se trata de una “sentencia definitiva”, ya que “justamente, la confirmatoria de la Sala, por la cual se desestimó la solicitud de refugio, permite su continuación”.

“Se trata de una sentencia interlocutoria que hace referencia a una cuestión conexa e incidental que el juez debía resolver dentro del proceso de extradición”, dijeron los jueces uruguayos Elena Martínez,  Tabaré Sosa Aguirre y John Pérez Brignani.

El fallo recuerda que “no está prevista ninguna vía judicial autónoma para plantear la solicitud de refugio”, pues se trata de una decisión administrativa que, no obstante, podría obturar la extradición en caso de ser concedida.

“Va de suyo que la solicitud de refugio es una cuestión diferente de la cuestión principal, pero que su resolución -en gran medida- influye en la extradición, dado que, en caso de acogerse el pedido de refugio, clausura el proceso principal de extradición”, explicaron los jueces.

“Dicha sentencia interlocutoria lejos está de poner fin a la acción penal o de hacer imposible su continuación, dado que, por el contrario, saneada tal cuestión, corresponde dar trámite a la solicitud de extradición promovida por el Estado Argentino”, concluyeron.

La cronología del caso

Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito. El 25 de mayo del 2021 la justicia uruguaya recibió el pedido de detención y extradición de Rodríguez Simón por parte de la justicia argentina, en el marco de la causa en la que se investiga la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

Al día siguiente, Rodríguez Simón se presentó ante la justicia uruguaya para ponerse a disposición y, sobre todo, para anunciar que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un “refugiado político”, algo que le sería esquivo. Desde junio del 2021, “Pepín” Rodríguez Simón debió entregar sus pasaportes ante la justicia uruguaya que, además, dispuso el cierre de fronteras para evitar que el acusado por la justicia argentina se fuera a otro país cuando ya tenía emitida una alerta roja de Interpol. En agosto de ese año, la CORE realizó el informe en el que se señaló que no había elementos para considerar que Rodríguez Simón fuera un perseguido político, sino que, por el contrario, podía evidenciarse que en la Argentina gozó de todas las garantías del debido proceso.

Con ese informe en su poder, el 23 de diciembre del 2021 la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, rechazó el planteo de Rodríguez Simón que busca que se le otorgue refugio político. En junio del año siguiente, ese fallo de primera instancia sería confirmado por el tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo, que luego sería recurrida por la defensa de “Pepín”. “Al momento, se coincide con la primera instancia y la CORE (Comisión de Refugiados), que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada -que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente- no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse”, sostuvieron los jueces del tribunal de apelaciones que rechazaron el planteo.

Cuando la jueza Servini lo declaró en rebeldía, remarcó que Rodríguez Simón “dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021” y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria. La jueza detalló que el imputado tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida. En la causa se investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción”, según surge de la imputación que obra en la causa.

DA con información de agencias

Se hizo famoso con el libro superventas internacional El librero de Kabul, y sobrevivió a varios regímenes represivos en Afganistán. Ahora, dos décadas después, Shah Muhammad Rais vive en un hotel de Londres alojado por el Ministerio de Exteriores británico, tras huir de los talibanes para solicitar asilo en el Reino Unido. 

Rais, de 69 años, llegó al Reino Unido el pasado 26 de septiembre y pidió asilo en el aeropuerto. Está a la espera de que se procese su caso y vive junto a otros solicitantes de asilo provenientes de varias zonas de conflicto. “El Reino Unido era mi única puerta abierta para protegerme de los talibanes”, dice. Los miembros de su familia, entre ellos sus nueve hijos y cuatro nietos, están desperdigados por varios países. Pero su librería en Kabul sigue abierta tras el retorno al poder de los talibanes, junto con su librería online. Entrega con orgullo su tarjeta de visita: “Shah M Book Co, impresores, editores, libreros. Shah Muhammad Rais, director ejecutivo”. 

Pero son tiempos difíciles para las librerías independientes y Rais no está seguro de que su librería, fundada en 1974 y que ha aguantado casi cinco décadas turbulentas, pueda resistir los desafíos actuales del régimen talibán. “Poca gente compra libros ahora”, dice con tristeza. Una de las consecuencias del retorno de los talibanes ha sido un éxodo masivo de intelectuales y otras personas que eran parte de la población que compraba libros cuando las fuerzas del Reino Unido y los Estados Unidos estaban aún en Afganistán. “Voy a mantener la librería abierta todo lo que pueda, quizás los talibanes la prohíban o destruyan”, dice encogiéndose de hombros. 

Desde 1979

Rais vivió bajo diferentes regímenes en Afganistán y fue dos veces encarcelado en tiempos soviéticos, primero en 1979 durante un año, y otra vez un año y medio después de su liberación. Dice que sufrió torturas y malos tratos en la cárcel, incluyendo la privación de sueño y ser sometido a condiciones de frío extremo. 

La periodista noruega Åsne Seierstad viajó a Afganistán poco tiempo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y regresó la primavera siguiente para escribir un relato de la vida en el país a través de un retrato íntimo de las vidas de una familia afgana: el librero Rais, sus dos esposas y su familia. El libro de la periodista se basó en el relato del librero después de que la invitara a mudarse con la familia, con la que vivió durante cinco meses. 

Así, Rais se hizo famoso tras la publicación en 2002 del libro, que encabezó las listas de ventas internacionales y fue traducido a docenas de idiomas. Sin embargo, junto a los miembros de su familia inició acciones legales contra la autora, aduciendo que el libro era inexacto e invasivo. Tras una extensa batalla legal, un tribunal de apelación en Noruega determinó que la autora no había invadido la privacidad de la familia y concluyó que los hechos relatados del libro eran exactos. 

La librería

Se cree que la librería de Rais cuenta con la mayor colección de libros sobre Afganistán, expresando una variedad de puntos de vista acerca de acontecimientos históricos, todos bajo el mismo techo. Junto con textos para estudiantes en áreas como medicina, ingeniería e idiomas hay muchos libros únicos que Rais ocultó en caso de que su tienda sufriera una redada. “Tengo escondites en Irán y Pakistán para algunos de los libros”, dice. 

Rais habla seis idiomas y dice, con pesar, que ha olvidado un séptimo que antes podía hablar: el ruso. Tras obtener un título de maestría en ingeniería civil por la Universidad de Kabul, pensó que no sería posible vivir de la ingeniería y decidió tratar de transformar su amor por los libros, el que había desarrollado desde su adolescencia, en un negocio. Junto con su colección enorme y diversa de libros afganos, le encantan los clásicos como Tolstoi, Balzac y Hemingway, así como su favorito Rumi, el poeta persa del siglo XIII. “Me encantó leer Otelo, de Shakespeare, en persa”, dice. 

“Entre 2002 y 2020 vendí más de 15.000 copias de literatura europea y estadounidense”, dice Rais. Dice que su objetivo siempre fue reflejar una pluralidad de puntos de vista sobre los acontecimientos significativos de la historia y no tomar partido. “Estoy del lado de la sinceridad”, dice. “Los soviéticos me encarcelaron por coleccionar decretos de Mullah Omar y otros periódicos yihadistas que conseguí en Pakistán. Dije al juez: ‘Mañana necesitaremos estos periódicos para estudiar el yihad afgano, para entender a sus enemigos’”. 

En tiempos mejores, su librería era un centro en el que intelectuales de varias procedencias se reunían, se sentaban en colchones a escuchar noticias internacionales en una radio de buena calidad y luego debatían los asuntos políticos y filosóficos del día. 

Ahora el futuro de Rais es incierto, mientras espera con ansiedad el resultado de su solicitud de asilo. Además, lo que resulta particularmente inquietante para un amante de los libros, ahora padece problemas de vista. Pero su energía y su entusiasmo están intactos. “Si recibo el permiso para trabajar en el Reino Unido, me encantaría abrir una sala de lectura afgana en la Biblioteca Británica. Estoy escribiendo un libro sobre la tierra, la cultura y la historia de Afganistán, y me gustaría abrir una librería multicultural y multilingüe para gente de la región que está aquí, gente de Pakistán, Bangladesh, Irán. Ese es mi sueño”. 

Traducción de Patricio Orellana.

Oscar Parrilli regresó de su viaje a Ecuador con un pedido urgente para el canciller Santiago Cafiero. A través de una nota, el senador solicitó este miércoles al titular de la Cancillería que “arbitre los medios necesarios para agilizar” el asilo diplomático de María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno del ex presidente Rafael Correa. La arquitecta y su hijo de 11 años están desde hace casi dos años en la embajada argentina en Quito donde aún no hay canciller designado. Es el segundo pedido que recibe Cafiero por este tema, ya que el anterior -en octubre pasado- continúa sin respuesta hasta el día de hoy.

Parrilli formalizó su pedido este miércoles con un escrito dirigido a Cafiero tras participar de la celebración de los 200 años de la batalla de  Pichincha, en Ecuador. En su cuenta de Twitter, el senador describió que la ex funcionaria está en la embajada de nuestro país en Quito desde hace casi dos años junto a su hijo de 11, “en carácter de huésped por razones humanitarias”.

“La residencia se encuentra sin Embajador designado desde hace varios años, lo que motiva que la señora Duarte y su hijo están prácticamente solos y efectivamente encerrados con total imposibilidad de ejercer su derecho de libertad”, aseguró el legislador neuquino.

Para Parrilli, la actualidad ecuatoriana es similar a lo que “viene sucediendo” con la “vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con Correa y con tantos otros dirigentes políticos latinoamericanos”, que son “víctimas del lawfare que se ha impuesto en la región en los últimos años para intentar sacar de la escena política a los gobiernos nacionales y populares”, explicó en su nota dirigida a Cafiero.

En otro tramo, recordó que Correa, quien permanece exiliado en Bélgica desde 2017, “le fue concedido el asilo político en ese país en el mes de abril de 2022”. “Sin embargo, poco después la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana anunció que solicitó formalmente la extradición del ex mandatario en una clara muestra de persecución política en su contra”, continuó.

Dentro de la “causa sobornos”, Correa fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho agravado en un caso que el ex jefe de Estado denunció como “persecución política”. “El abogado defensor Marchand había explicado que la solicitud de la medida de protección fue hecha desde 2018, año en el que Ecuador empezó a abrir procesos de investigación contra él, entre ellos uno que relacionaba al ex mandatario con el supuesto secuestro de un opositor en 2012, el llamado caso Balda”, puntualizó Parrilli.

En la misma causa contra Correa también fue condenada Duarte, de 57 años, a ocho años de cárcel por corrupción. La pena fue emitida el 7 de abril de 2020, y la Justicia le dictó prisión domiciliaria a la ex ministra pero con la obligación de presentarse periódicamente ante el juez. Además tenía la prohibición de salir del país y lleva tobillera electrónica. En agosto pasado de 2020, sin embargo, ella se refugió con su en la embajada de Argentina en Quito.

El de Parrilli y Rodríguez Saa no es el primer pedido que recibe Cafiero por este tema. En octubre del año pasado, la también senadora María Inés Pilatti Vergara, le solicitó al canciller argentino la misma gestión, aunque no recibió respuesta.

MB