La Misión de la ONU en Afganistán (Unama) publicó hoy un informe done advierte sobre nuevas y continuas violaciones de los derechos a las mujeres impuestas por los talibanes, el grupo islamista que retomó el poder en agosto de 2021 tras derrotar a Estados Unidos y sus aliados en una guerra de 20 años.

Las intervenciones del Ministerio de la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio talibán derivaron en repetidas violaciones a los derechos de la mujeres en los últimos tres meses del 2023 tanto en materia laboral y educativa como sanitaria y de libertad de movimiento.

La Unama también detectó incumplimientos del gobierno talibán a sus propias normas como es el caso del uso del hiyab, velo facial para las mujeres. El marco legal prevé avisos en caso de que las mujeres no lo utilicen y castigos progresivos ante reincidencias. Sin embargo, desde Naciones Unidas han informado que las mujeres que son sorprendidas sin el hiyab son detenidas “arbitrariamente” durante horas, lo que va en contra de lo estipulado por la ley. Para ser liberadas, sus familiares deben firmar un compromiso de no repetición.

Otras penalidades impuestas contra las mujeres atienden a la falta de un custodio masculino o “mahram”. Según la versión más conservadora de la “sharia” (ley islámica), las mujeres siempre deben asistir a lugares públicos con la compañía de un hombre.

Por otro lado, el divorcio también está prohibido ahora en Afganistán. Sin embargo, antes de retorno de os talibanes, se consumaron algunas separaciones que ahora fueron avalados por dos tribunales del país. Lo llamativo es que, si bien se admitió la validez del divorcio, las mujeres fueron obligadas a pagar una compensación económica a su exmarido. Como advierte la misión internacional, esto deriva de una “falta de claridad sobre la legislación aplicable a las denuncias de violencia de género contra mujeres y niñas”.

Tras la publicación del informe, autoridades del gobierno talibán salieron a cuestionarlo por basarse en un “desconocimiento” de las normas islámicas y generar “información sesgada o malinterpretada”. “La Unama critica o califica las normas islámicas como actos contra los derechos humanos, lo que evidentemente es un insulto para las creencias del pueblo”, protestó el portavoz talibán, Zabihullah Muyahid, según información de la agencia de noticias Europa Press.

Y agregó: “El abandono de las leyes islámicas condena a la opresión, la violencia, la corrupción y el conflicto social. El informe se centra en la aplicación de la 'sharia' islámica cayendo en la ignorancia y el desconocimiento de sus normas y su necesaria aplicación”.

Desde el gobierno sostuvieron que tanto el hiyab y los castigos por su falta de uso como las condiciones de trabajo y educación de las mujeres “son compromisos y responsabilidades de un gobierno atento e islámico”.

Más allá de los derechos de las mujeres, Unama también advirtió sobre las violaciones a los derechos que se están produciendo en Afganistán sin distinción de género. En su informe, documentó una serie de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y castigos físicos en público publicitados con antelación en redes sociales. También denunció torturas y maltratos a miembros del gobierno anterior o militares, pese a la amnistía general anunciada por lo talibanes tras retomar el poder.

ACM con información de la agencia Télam.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al fisco chileno que pague una indemnización millonaria por “crímenes de lesa humanidad” a 20 funcionarios y estudiantes detenidos en septiembre de 1973 en la entonces Universidad Técnica del Estado (UTE) y torturados en distintos recintos inmediatamente después del golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet.

El Estado deberá pagar 1.615 millones de pesos chilenos ─equivalente a alrededor de 2 millones de dólares─ en concepto de daño moral a 20 víctimas por la “obligación de reparación íntegra” que tiene frente a casos de violaciones de derechos humanos.

Las personas indemnizadas son Sergio Muñoz Cáceres, Luis Cifuentes Seves, Héctor Peña Soto, Carlos Vega Pizarro, Gregorio Suárez Bustos, Emilio Daroch Fernández, María Geraldina Lisham Guerrero, Carlos Galaz Muños, Eduardo Nallar Abud, Mario Navarro Cortés, Fedora Demsky Verdugo, Érica Osorio Araya, Sergio Moscoso Bustamente, Aldo Leal Lacrín, Marcela Lizana Fuentes, Rimski Reyes Ramírez, Álvaro Palacios González, Eduardo Tourrel Navarrete, Iris Aceiton Venegas y Juan Martínez Amigorena. Cada uno de ellos, recibirá montos que oscilan entre los 40 y 90 millones de pesos según su caso particular.

Los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech) revelaron que, durante la dictadura de Pinochet, un total de 31.686 personas sufrieron violaciones a los derechos humanos. De ellos, 28.459 corresponden a casos de tortura, mientras que los 3.227 restantes refieren a ejecuciones o desapariciones forzadas.

Este año se cumplen 50 años desde el golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente constitucional Salvador Allende. Por el aniversario, el gobierno planificó una agenda con distintas actividades conmemorativas a nivel nacional e internacional en rechazo a cualquier acción que busque atentar contra el sistema democrático. Se impulsaron, además, proyectos de ley e iniciativas para investigar el destino de los desaparecidos como es el caso del Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el presidente Gabriel Boric.

ACM con información de agencias.

El comisionado de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dimitro Lubinets, acusó al Gobierno de Rusia de “militarizar” a menores en los territorios “temporalmente ocupados” por las fuerzas rusas en Ucrania.

Asimismo, advirtió de la violación de los derechos de la infancia en estas zonas y remarcó que la lucha contra la explotación infantil está determinada por el Derecho Internacional, que fue ratificado tanto por Rusia como por Ucrania.

En este sentido, acusó a Moscú de “ignorar todas las normas del Derecho Internacional” y apunto a Rusia por hacer uso de la explotación infantil. “Desafortunadamente, Ucrania no tiene acceso a toda la información, por lo que no puede supervisar la protección de los derechos de los menores en estos territorios ocupados. Millones de ucranianos, incluidos miles de niños, están fuera del marco legal”, aseguró.

Lubinets instó a la comunidad internacional a condenar las acciones de Rusia. “Pido apoyar la fórmula de paz para Ucrania para proteger a nuestros niños y su derecho a tener una infancia feliz y libre en un Estado independiente”, subrayó en un mensaje de su cuenta de Telegram.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas identificó al menos seis violaciones graves contra menores durante el conflicto armado, que incluyen el reclutamiento y uso de los niños, así como el asesinato, la violencia sexual y los ataques contra colegios y hospitales.

Europa Press.

IG

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó en las últimas horas que fueron trasladados 2.000 pandilleros más a una nueva prisión de alta seguridad, con capacidad para 40.000 miembros de estas estructuras criminales y, de acuerdo con el mandatario, “la más grande de América”.

“Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, publicó el mandatario en Twitter y agregó que “ya son 4.000 pandilleros los que habitan la cárcel más criticada del mundo”. En el posteo incluye un videocon nuevas imágenes de los presos que vuelven a conmover al mundo y a poner en alerta a los organismos de derechos humanos.

Hasta antes de la publicación de Bukele, las autoridades de Seguridad del país centroamericano no habían informado sobre el movimiento de reos y se desconocen los detalles del traslado.

El primer traslado de se dio a finales de febrero, en esa ocasión familiares de detenidos bajo el régimen de excepción vigente desde finales de marzo se movilizaron a las afueras de las prisiones.

Bukele inauguró el Cecot a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo al mandatario que esta “se constituiría en la cárcel más grande de toda América” y que “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.

La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que señaló falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

A comienzos de marzo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que la prisión de máxima seguridad es realmente un “campo de concentración”.

Esta declaración generó una serie de intercambio de mensajes entre Bukele y Petro en Twitter.

Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por esta nueva cárcel en El Salvador, y expresó su “profunda preocupación”, dado que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”.

De acuerdo con las cifras oficiales, bajo el régimen de excepción, aprobado en marzo pasado tras una escalada de asesinatos, se ha detenido a más de 65.000 personas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros y de las que se han liberado a más de 3.300.

Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ya recibieron más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.

A pesar de los señalamientos de violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción y del traslado de presos, el presidente salvadoreño cuenta con un respaldo de aprobación de la población de un 91 %, según una reciente encuesta de la Unidad de Investigación del periódico La Prensa Gráfica.

EFE.

IG

El 27 de enero se recuerda el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La fecha tiene como objetivo rendir homenaje a los cientos de personas que fallecieron en campos de concentración nazi y a las seis millones de hombres, mujeres y niños judíos que perecieron en el Holocausto.

La Asamblea General de la ONU decidió declarar esta efeméride en 2005, en conmemoración de un 27 de enero de 1945, cuando tropas soviéticas hacia el final de la Segunda Guerra Mundial liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. En ese día, fueron rescatadas más de 7000 personas.

Ese lugar fue uno de los mayores centros de detención ilícita durante el Holocausto, que fue uno de los genocidios más grandes de la historia de la Humanidad. Fue entre 1933 y 1945 cuando se llevó a cabo el régimen nazi en Alemania, donde tuvo lugar una etapa de persecución y violación de derechos humanos sin precedentes.

En la actualidad, se propagaron en la población otros tipos de discriminación, como aquellas promovidas por grupos neonazis o de supremacistas blancos. Es por eso que el objetivo del día es condenar manifestaciones o acciones de intolerancia religiosa, incitación al odio, acoso, violencia y discriminación hacia el origen étnico o creencias religiosas de las personas.

Más de setenta y cinco años después, los Estados comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas aún vivos, conmemorar los hechos, cuidar de los lugares históricos para guardar la memoria y promover la educación, documentación y la investigación, todo para recordar al mundo que la perspectiva que nos otorga el Holocausto es relevante para prevenir futuros genocidios. 

¿Qué es la xenofobia?

La xenofobia es el miedo irracional hacia los extranjeros, lo que provoca su rechazo e incluso puede conducir a actos violentos como maltrato y violaciones de los derechos humanos de una persona. Se dice que es irracional porque no existen bases que justifiquen el odio hacia una persona diferente, más allá de su idioma, color de piel o condición de extranjero.

La xenofobia es uno de los problemas de la actualidad que puede desencadenar crímenes de odio, debido al alto número de inmigrantes que se han visto en la necesidad de abandonar sus lugares de origen ya sea por situaciones bélicas, problemas políticos o falta de oportunidades.

LC

La organización Amnistía Internacional presentó en su sitio web un espacio que compila el trabajo de investigación que realiza en Qatar desde 2012 respecto a las violaciones de derechos humanos en el país anfitrión de la Copa del Mundo 2022. Se llama “Qatar en falta” y se divide en tres secciones: trabajadores migrantes explotados, mujeres sin libertades y comunidad LGBTIQ+ discriminadas.

El objetivo de la entidad es que, tanto el Estado qatarí y la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), garanticen los derechos de trabajadores, mujeres y diversidades sexuales en el país y en futuras competencias. Las polémicas en torno a la sede de la cita mundialista trajo aparejado un fuerte repudio internacional, que aún no cesa.

En la sección de “trabajadores migrantes explotados”, los documentos narran las historias de personas que viajaron al país con el fin de desempeñarse como obreros en la construcción de estadios, hoteles, sistemas de transporte y otros servicios en diversas ciudades. El registro señala que muchos de ellos fueron sometidos a desempeñar su labor en condiciones laborales extremas.

Con respecto al ítem de “mujeres sin libertades”, Amnistía reveló, a través de una investigación propia, que las trabajadoras domésticas migrantes fueron empujadas a una sobrecarga de trabajo, trato abusivo y degradante. Mientras que en relación con la “comunidad LGBTIQ+”, expuesta a sanciones por la legislación qatarí, la institución reclama la derogación de las mismas de forma urgente.

Por estas horas, la FIFA se encuentra en el ojo de la tormenta con respecto a los brazaletes “OneLove”, que aumentaron su demanda en las últimas dos semanas, luego de que la federación amenazara a varios capitanes de equipos europeos con la imposición de tarjetas amarillas en el caso de usarlos durante los partidos. Las pulseras pretenden enviar un mensaje de tolerancia, conexión y oposición a toda forma de discriminación.

Los fabricantes, que son neerlandeses, dicen que se agotaron tras enviar 10.000. “El gran auge se produjo con la llegada del Mundial de fútbol y, sin duda, con la declaración de la FIFA de no permitir estos brazaletes de capitán en el campo”, dijo el director general de Badge Direct BV, Roland Heerkens, en una entrevista.

Con información de agencias.

IG

Instituido por el Congreso de la Nación en el año 2004, la Ley 26.001 estableció todos los 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Se recuerda la fundación de las Abuelas de Plaza de Mayo, en un día como hoy pero de 1977. Esta asociación civil luchó para recuperar a los nietos y nietas apropiadas de manera ilegal por las fuerzas represivas de la última dictadura cívico-militar en nuestro país.

Desde un principio, las Abuelas tuvieron como objetivo localizar y restituir a sus familias legítimas todos los niños desaparecidos en el Proceso de Reorgnización Nacional entre 1976 y 1983. Por más de 40 años llevaron adelante su labor, guiadas por la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”, y su resultado son los 130 nietos y nietas cuya identidad de origen les fue restituida.

Las búsqueda de las Abuelas llevó a realizar tareas detectivescas: se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfanatos, oficinas públicas, mientras que investigaban las adopciones de la época y recibían información que la sociedad les hacía llegar sobre sus posibles nietos. Así, incidieron en muchos ámbitos; el político, el científico, el judicial, el educativo y el cultural.

Todavía quedan centenares de bebés que fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Se estima que fueron 500 los niños y niñas apropiados, abandonados como NN o vendidos, por lo que les fue negado su derecho a la identidad. Las Abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos que, como sus padres, ven violado su derecho.

¿Qué es el Derecho a la Identidad?

El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental para la construcción de la personalidad de cada persona; es muy importante saber sus orígenes, de dónde proviene y quién es su familia. La identidad no es sólo el nombre, apellido, fecha de nacimiento, y nacionalidad, sino la existencia de una persona como parte de una sociedad, como individuo que forma parte de un todo y conoce su historia.

La Argentina, que ratificó la Convención de los Derechos del Niño, asume el compromiso de velar por el derecho de las niñas, niños y adolescentes a conocer y preservar su identidad, su nombre, su nacionalidad y sus relaciones familiares, así como a tener su propia vida cultural, a profesar su religión y a conservar su lengua de origen.

De los 54 artículos que conforman la Convención, las Naciones Unidas destacaron tres de los compromisos inspirados en la tarea de las Abuelas de Plaza de Mayo de búsqueda, reparación y ampliación de derechos. Por estas tres propuestas realizadas desde la Asociación, es que se los conoce a los artículos 7, 8 y 11 como “artículos argentinos”.

El derecho a la identidad es importante y no caduca, no distingue de edades y es necesario desde la niñez hasta la adultez, dado que es el punto de partida de otros derechos fundamentales.

Actividades por el Día Nacional por el Derecho a la Identidad

Las Abuelas de Plaza de Mayo invitan a celebrar su 45° aniversario en Tecnópolis, el sábado 22 de octubre, con el festival “Abuelas 45 años, la búsqueda continúa”. Junto con los eventos conmemorativos tradicionales, habrán múltiples actividades con entrada libre y gratuita para todas las edades. Más información en este link.

LC

El gobierno de Alberto Fernández optó por abstenerse en la votación que investiga violaciones a los derechos humanos en Venezuela, bajo la gestión de su par Nicolás Maduro. A pesar de la falta de apoyo de la Argentina, el proyecto de resolución fue aprobado con el respaldo de 19 países contra 5 que votaron en contra y 23 abstenciones.

De esa manera, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años la misión para investiga y supervisar la situación en país gobernador por el régimen chavista.

“La Argentina decidió abstenerse en el presente proyecto de resolución por entender que el diagnóstico realizado por la FFM (Misión Internacional Independiente) no responde a un trabajo producto de investigación en el terreno y al diálogo directo con todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados. Si bien coincidimos que es el propio gobierno de Venezuela quien debe permitir el acceso de la FFM al país para investigar adecuadamente las denuncias recibidas, la renovación de la FFM en las actuales condiciones solamente contribuye a continuar un mecanismo que en la práctica y el terreno no puede mejorar los derechos humanos del pueblo venezolano”, argumentó el ministro Sebastián Rosales durante su intervención. 

En ese sentido aclaró: “La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Resulta imprescindible que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano recupere la convivencia pacífica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible”.

En otro pasaje de su exposición, Rosales planteó que “desde un inicio” la Argentina “apoyó el diagnóstico y trabajo realizado por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país que indican claramente que existen desafíos para lograr el pleno respeto de los derechos humanos en Venezuela; pero que también es el diálogo y la cooperación con todos los actores del gobierno y de la sociedad civil venezolanas, el único camino para lograr que estos desafíos sean enfrentados adecuadamente y que el estado venezolano cumpla con todas sus obligaciones internacionales”.

Asimismo, subrayó que fue “el diálogo y la cooperación” lo que permitió “registrar el mejoramiento de las condiciones de detención y la reanudación de las visitas de familiares, la disolución oficial de las FAES y la autorización para establecer una oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Caracas”.

Rosales además indicó que espera que el gobierno venezolano “permita que el trabajo de la FFM pueda incorporarse como mecanismo de investigación de la propia oficina del Alto Comisionado”, y concluyó: “Si los informes de la misión fueran el resultado de investigaciones realizadas con la anuencia del gobierno venezolano, sus conclusiones tendrían más posibilidades de producir cambios y efectos concretos en el mejoramiento de los derechos humanos del pueblo venezolano”.

Tras conocerse la decisión de la Argentina, la Amnistía Internacional lamentó que el país “esté dando pasos regresivos en su política exterior de derechos humanos”. “Como miembro y presidente del Consejo, Argentina ha faltado a su misión y compromiso con los derechos humanos, incluidos el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva, a través de un comunicado.

Y remarcó: “El deber de países como el nuestro es el de redoblar sus esfuerzos para exigir al gobierno de Venezuela que ponga fin a la política de represión y que permita que las y los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo de forma segura, en lugar de darle la espalda a víctimas y sobrevivientes”.

Votación dividida

Durante el debate en Ginebra, América Latina se mostró dividida: tanto Brasil como Paraguay apoyaron la prórroga, y Bolivia, Cuba y Venezuela rechazaron su continuidad y la Argentina junto con México se abstuvieron.

Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, por su parte, votaron en favor de la comisión investigadora; y China y Eritrea denegaron su apoyo. 

MB

Al cabo de 246 entrevistas confidenciales y el análisis de cientos de expedientes y documentos, el grupo de trabajo sobre Venezuela enviado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas informó ayer que el Gobierno de Nicolás Maduro continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad, incluidos casos de tortura y detenciones arbitrarias de disidentes y opositores. La misión encabezada por la portuguesa Marta Valiñas y secundada por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá, expertos con amplia experiencia en observaciones internacionales, presentó en Ginebra el tercer informe que ratifica y amplía el escenario planteado en los reportes de 2020 y 2021. En diálogo con elDiarioAR, el abogado Cox (universidades Diego Portales y Columbia) considera que Maduro y el diputado de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, virtual número dos del Gobierno, deberían rendir cuentas por las presuntas violaciones a los derechos humanos. El funcionario aclara que el mandato del Consejo no incluye investigar los vínculos entre el opositor Juan Guaidó —reconocido como presidente por muchos países— y grupos paramilitares y mercenarios que han promovido golpes de Estado e intentos de magnicidio, entre otros presuntos delitos.

¿Qué evolución percibe sobre la situación en Venezuela en relación al primer informe de la misión, presentado en septiembre de 2020?

El informe que presentamos se centra en el modus operandi de los delitos y en las estructuras que cometen estos crímenes de lesa humanidad. Se recogen las entrevistas previas y otras nuevas con exfuncionarios de estas estructuras. Como dijimos en el primer informe y ratificamos en éste, la política de aplastamiento y silenciamiento de opositores y personas percibidas como tales persiste. Hay una política de Estado, se toman decisiones a altos niveles, y lo que hacemos es señalar a personas que dentro de las estructuras, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que deben ser investigadas, sea por los órganos internos o los tribunales internacionales.

Ver que en Venezuela se ha utilizado la detención de familiares para motivar la entrega de una persona es algo muy llamativo y muy fuerte

 ¿Qué tipos de crímenes de lesa humanidad son los que persisten en Venezuela?

En este informe hay ejemplos del año 2021 y 2022 de detenciones arbitrarias, torturas y personas que son remitidas al SEBIN o al DGCIM. En los informes anteriores señalamos una política de silenciamiento de la oposición y otra de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES, un comando de la Policía Nacional Bolivariana) en operativos de supuesta lucha contra la criminalidad.

¿En qué medida afectó la investigación el hecho de que el Gobierno de Maduro no haya autorizado el trabajo dentro de las fronteras?

Eso es algo que sin duda comparten casi todas las misiones de esta naturaleza. Sin embargo, tuvimos acceso a testimonios de personas, incluso dentro de Venezuela, con los resguardos de seguridad necesarios, y de otras que han salido del país. También accedimos a informes, expedientes judiciales e incluso un memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Cuba y el de Venezuela para implementar estas medidas de persecución de disidentes.

Mediadores internacionales, como el expresidente de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, han señalado la falta de voluntad real de ciertos líderes de la oposición de avanzar en la normalización democrática. ¿En qué medida ese obstruccionismo de parte de la oposición contamina la investigación?

Sin duda que un Estado tiene todo el derecho a investigar y sancionar a aquellas personas que intentan tomar el Gobierno por la fuerza. Eso está señalado expresamente en nuestros informes. El Estado tiene todo el legítimo derecho a investigar, juzgar y sancionar esos intentos. Se señala que la forma en que se hace esa investigación tiene que ser con respeto al debido proceso, con auténtica independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, y de ninguna forma tiene que existir tortura ni condiciones de detención que están en evidente contradicción con los estándares de los derechos humanos.

¿La implicación de líderes de la oposición en intentos de golpe de Estado y magnicidio en coordinación con mercenarios puede tergiversar la veracidad de las denuncias que reciben?

No podemos opinar del proceso de negociación. Tratamos de mantenernos al margen de las discusiones políticas. Todas las fuentes de información que recibimos son confrontadas unas con otras para ver qué nivel de legitimidad y de manipulación pueden tener. Nosotros concluimos cuáles alcanzan un estándar de motivo razonable para creer, que es un estándar para solicitar una investigación o una orden de arresto, no para condenar a una persona. No somos un órgano judicial, pero sí hacemos una confrontación entre las fuentes de información.

¿La existencia de Juan Guaidó, quien se arroga potestades estatales y es reconocido como presidente de Venezuela por muchos países, no abre una vía para investigar también su actuación concreta en la probable violación de los derechos humanos?

Como le digo, si tuviéramos dentro del mandato ese ámbito de competencia, podría llevar una respuesta de la investigación. No puedo opinar sobre la percepción. Nuestro mandato es investigar la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas desde 2014 a la fecha, cometidas dentro de las fronteras de Venezuela. No se nos ha dado mandato para investigar los vínculos con intentos de golpe de Estado o la relación con fuerzas paramilitares.

Ante ejecuciones y represiones ilegales de opositores a Maduro que alcanzaron repercusión internacional porque fueron filmadas, el Gobierno de Venezuela dijo que sancionaría a los responsables. ¿Pudieron hacer un seguimiento de esos casos?

El Gobierno no nos ha proporcionado información que nos pueda hacer de contrapeso. Hemos visto las manifestaciones públicas y los expedientes en el contexto de muertes durante las protestas. En esos expedientes, se observa que cuando se persigue a funcionarios públicos, miembros de la Policía Nacional Bolivariana u otro organismo, la acusación se mantiene en un nivel muy bajo y no se sube en la cadena de mandos. Si bien es cierto que hay investigaciones y sanciones, son por delitos que no encuadran con las violaciones que nosotros denunciamos, y con personas de muy bajo rango.

De acuerdo a su conocimiento de América Latina, donde hay problemas endémicos en cárceles, violencia institucional y, en algunos casos, persecución a opositores y disidentes, ¿diría que la situación de derechos humanos en Venezuela está fuera del rango general?

Sí, en el sentido de que, si dejamos de lado los períodos de dictaduras militares en América Latina, el otro país que yo conozco en el que una misión estableció que había crímenes de lesa humanidad sería Nicaragua. En Colombia los hubo, pero la Corte Penal Internacional expresó un principio de deferencia hacia el Acuerdo de Paz (2016). En ese contexto, me parece que Venezuela sí sale de la norma general respecto de esta política de persecución de la oposición. Insisto, es una política de Estado en la cual hay estructuras y va más allá de las personas en cargos intermedios. Lo de Venezuela escapa de la situación de graves violaciones a los derechos humanos. En Chile, durante el estallido social, hubo violaciones, pero al menos se está discutiendo por parte del Ministerio Público si alcanzan el nivel de crímenes de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional desestimó eso, por ahora.

¿Observa un doble estándar por parte de algunos organismos internacionales y organizaciones de países centrales a la hora de observar los derechos humanos en Venezuela o Nicaragua y en Colombia, con Iván Duque, u Honduras, durante el Gobierno de Juan Hernández?

Yo me puedo hacer cargo de mi postura personal. En México fui acusado de izquierdista ultramontano por haber participado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Ayotzinapa (44 normalistas desaparecidos) y en Venezuela me han tratado de fascista. Yo considero que la oficina de la Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachelet, ha trabajado y antes de irse dejó un informe muy claro sobre China. A veces se ve un doble estándar en políticos que opinan, pero no en los organismos ni en organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Ellos hacen una crítica equiparada por violaciones a los derechos humanos más allá del color político.

No se nos ha dado mandato para investigar los vínculos (de la oposición venezolana) con intentos de golpe de Estado o la relación con fuerzas paramilitares.

¿Para la misión, Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno de Venezuela deben ser juzgados por crímenes de lesa humanidad?

Nuestra conclusión es que Nicolás Maduro y (el diputado de la Asamblea Nacional) Diosdado Cabello participan activamente en el diseño de estas políticas de Estado, que es uno de los elementos de los crímenes de lesa humanidad que documentamos. Deberían ser investigados. No condenamos como un tribunal, pero sí llamamos a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional a que investigue las responsabilidades.

¿Qué aspecto distintivo encontró en Venezuela en cuanto a violaciones a los derechos humanos que no son tan comunes en otros países?

Los familiares de las víctimas siempre tienen una importancia fundamental. Ver que se ha utilizado la detención de familiares para motivar la entrega de una persona es muy llamativo y muy fuerte. Insisto sobre el punto de que sea una política de Estado, con la movilización de todo el aparato. Que apunten a los familiares, es algo realmente llamativo. 

SL

La ONU pidió este lunes a Rusia que dé marcha atrás con la ley que se aprobó recientemente en este país, que aumenta aún más la represión contra los individuos particulares, aunque inicialmente sólo afectaba a organizaciones que tenían algún tipo de actividad política y recibían fondo del exterior.

A esas entidades la ley las calificaba de “agentes extranjeros”, pero ahora esta denominación también alcanza a las personas que pueden estar bajo “la influencia” o “presión” del exterior, una acusación imprecisa y que puede ser sujeta a múltiples interpretaciones.

No obstante, sus consecuencias son muy claras e implican, por ejemplo, que esas personas no podrán enseñar en establecimientos del Estado ni crear ningún tipo de información, entre otras graves limitaciones.

“Pedimos que Rusia reconsidere la expansión de la denominación de agente exterior que incluye a individuos considerados estar bajo influencia del extranjero, y que criminaliza contactos no declarados con representantes de otros estados u organizaciones internacionales”, dijo hoy la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada al-Nashif.

La ONU se encuentra en una campaña para eliminar una tendencia muy alarmante que se está observando de castigo, por parte de Estados totalitarios, de sus ciudadanos, en caso de que colaboren con investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, sean estas realizadas por organizaciones civiles o por comisiones o expertos de Naciones Unidas.

En la presentación de un informe mundial sobre derechos humanos, Al Nashif denunció que sigue en Rusia la intimidación y sanciones contra los que se atreven a criticar la agresión contra Ucrania, en clara violación de la Constitución rusa.

En la sesión inaugural de la 51 sesión del Consejo de Derechos Humanos, Al Nashif sostuvo que también continúa la censura de todas las fuentes informativas independientes en Rusia -desde medias establecidos hasta blogeros-, violando el derecho a la información de los ciudadanos.

Para Rusia, el informe es “infundado”

Rusia calificó este lunes de “infundado” el informe de las Naciones Unidas que critica el aumento de la represión en Rusia y pidiera a Moscú dar marcha atrás con una ley aprobada recientemente en este país.

“No estamos dispuestos a escuchar estas declaraciones y estas conclusiones porque las consideramos infundadas”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Peskov agregó que es “imposible tomar en consideración” los argumentos esgrimidos por la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Nada al-Nashif, que “hace caso omiso” a las vulneraciones de los derechos de los rusos y de sus medios en otros países.

“Nosotros no podemos tener en cuenta una postura tan unilateral”, aseveró.

Con información de EFE.

IG

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este lunes recientes ataques contra al menos 120 activistas de derechos humanos en Honduras, en forma de amenazas, acoso y en algunos casos asesinatos, y pidió al Gobierno del país centroamericano más esfuerzos para proteger a ese colectivo.

“Dos tercios de las víctimas son activistas ambientales, muchos de ellos indígenas o afrohondureños”, señaló al respecto la alta comisionada de la ONU en funciones para los Derechos Humanos, la jordana Nada Al-Nashif, en su discurso durante la inauguración de la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Al-Nashif pidió a las autoridades hondureñas que “fortalezcan su Sistema Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, lo que incluye darle los necesarios recursos financieros”.

La alta comisionada en funciones, quien será sustituida próximamente por Volker Türk, destacó la positiva cooperación actual entre la oficina de Naciones Unidas y el Gobierno hondureño a fin de crear un nuevo marco para la elección de jueces de la Corte Suprema de Justicia, ratificada por el Congreso Nacional el 18 de julio.

Ese nuevo marco “fortalecerá el estado de derecho y la independencia judicial, dada también la prevista creación de un mecanismo anticorrupción apoyado por Naciones Unidas”, añadió Al-Nashif.

Con información de EFE.

IG

La organización Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves “violaciones masivas de derechos humanos” en El Salvador, perpetradas por las autoridades locales en el marco de la denominada “guerra contra las pandillas” del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

La ONG reportó miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en el país, así como tortura, malos tratos y la muerte de al menos 18 personas bajo tutela del Estado, según informó en un comunicado difundido este jueves.

Estas violaciones se enmarcan en el estado de excepción decretado a finales de marzo por el Congreso salvadoreño- controlado por aliados del Gobierno y a pedido de Bukele-, tras un auge de homicidios presuntamente cometidos por pandilleros.

“Como supuesta medida de castigo contra las pandillas, las autoridades salvadoreñas están cometiendo violaciones generalizadas y flagrantes de derechos humanos, y criminalizando a las personas en situación de pobreza. En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia”, alertó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

“Las víctimas de violencia por parte de pandillas merecen justicia de forma urgente, pero ésta sólo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva”, sentenció.

Durante las últimas semanas, la ONG documentó minuciosamente 28 casos de violaciones de derechos humanos, correspondientes a 34 personas, tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores y exoperadores de justicia, y líderes comunitarios.

La denuncia de la organización se da horas después de que Bukele asegurara ante el Parlamento que está a punto de ganar la guerra contra las pandillas, que controlaban el 80% del territorio de este país centroamericano, y llamara a los salvadoreños a apoyar sin titubeos esta lucha, pese a desarrollarse con la suspensión de las garantías constitucionales.

La “guerra” del mandatario contra las pandillas puso a miles de soldados a patrullar las calles y llevó en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36.000 presuntos integrantes de las “maras”, que se suman a 16.000 más que ya se encontraban en prisión, según consignó la agencia de noticias AFP.

AI destacó que el régimen de excepción, junto a las reformas penales, limitaron los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente, pese a que el derecho internacional de los derechos humanos, vinculante para las autoridades salvadoreñas, no permite estas restricciones, ni siquiera en caso de estado de excepción.

En consecuencia, se reportaron miles de casos de detenidos sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino “únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno”, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas de tener supuestos vínculos con una pandilla o simplemente por vivir en una zona controlada por pandilleros, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico.

Tras ser arrestadas, estas personas son privadas de la libertad y presentadas en audiencia judicial donde en su mayoría son acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas”, cuya pena versa entre 20 a 30 años de prisión.

Aunque las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron estas vulneraciones, los procesos no presentaron avances de momento.

“Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional”, advirtió Guevara Rosas.

La responsable insistió en que estas más de 35.000 detenciones arbitrarias reportadas en menos de tres meses no habrían sido posible si las instancias de justicia cumplieran su mandato.

“Están actuando como cómplices de una política de seguridad ordenada desde el más alto nivel, que pisotea derechos humanos irrenunciables, asumiendo como un mal necesario el procesamiento y encarcelamiento generalizado e injusto de personas en situación de pobreza”, lamentó y concluyó: “La magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU”.

Con información de agencias.

IG