Medio centenar de muertos. Entre ellos 15 niños. Y 27 niñas de un campamento cristiano no mixto –Camp Mystic– siguen desaparecidas mientras se intensifica la búsqueda en la zona arrasada por las inundaciones del río Guadalupe, en el centro de Texas. El número total de personas desaparecidas podría ser mayor, temen las autoridades.

El gobernador de Texas, Greg Abbott (republicano), emitió una declaración de desastre para 15 condados afectados por las inundaciones: el estado ha desplegado más de 1.000 efectivos de respuesta, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el sábado que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estará al frente de la respuesta del Gobierno desde Texas.

Los equipos de rescate llevan desde el viernes recorriendo un devastado paisaje del centro de Texas, con árboles destrozados, coches y furgonetas del revés y escombros llenos de barro. La misión se vuelve cada vez más complicada para localizar a sobrevivientes, entre los cuales se encuentran las 27 niñas desaparecidas de un campamento azotado por la inundación.

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que en un periodo de apenas 12 horas el viernes se acumularon más de 30 centímetros de precipitaciones, lo que elevó el caudal del Guadalupe, cerca de Hunt, a su segundo nivel más alto registrado, con 9,9 metros de altura, informa Efe.

La mayoría de las muertes ocurrieron en el condado de Kerr, una zona al noroeste de San Antonio que sufrió las peores inundaciones. Las autoridades informaron que 43 personas murieron; 15 eran niños. En otras partes del estado, cuatro personas murieron en el condado de Travis; tres en el condado de Burnet; y una en el condado de Kendall, informa The New York Times. Trece personas también estaban desaparecidas en el condado de Travis, que incluye Austin.

Las inundaciones en el centro de Texas han causado, de momento, 51 muertes –sólo en el condado de Kerr se han contabilizado 43 personas, entre ellos 15 niños–.

Las autoridades, informa Associated Press, aún no informado de cuántas personas permanecen desaparecidas, más allá de las 27 niñas del Camp Mystic, un campamento de verano cristiano junto a un río en el condado de Kerr, donde se han registrado la mayoría de las víctimas mortales

Las aguas subieron 8 metros en el río Guadalupe en tan solo 45 minutos antes del amanecer del viernes, arrasando casas y vehículos. Pero el peligro no se detuvo, ya que las lluvias torrenciales continuaron azotando comunidades a las afueras de San Antonio el sábado, y las advertencias y alertas de inundaciones seguían vigentes.

Los equipos de rescate utilizaron helicópteros, barcas y drones para buscar víctimas y rescatar a personas atrapadas en árboles y en campamentos aislados por las carreteras arrasadas.

El gobernador de Texas, Abbott, prometió que las autoridades trabajarán sin descanso para rescatar y recuperar a las víctimas, y añadió que se estaban buscando nuevas zonas a medida que cedía el nivel del agua.

Ya son 223 las personas que han perdido la vida por las riadas provocadas por el temporal en España. Según confirmó el ministro de Transportes, Óscar Puente, ascienden a 215 los muertos en Valencia. De ellos, 208 ya tienen autopsia, 167 están identificados y 78 personas continúan desaparecidas.

Este viernes los equipos de búsqueda en el lago de la Albufera encontraron dos cuerpos, según pudo confirmar Europa Press. Además, se localizó el cadáver de una mujer de 30 años en el término municipal de Pedralba. En este caso, ha sido una familiar de la víctima el que se ha personado en dependencias de la Policía Local para informar del hallazgo del cuerpo.

Precisamente este viernes el servicio de Devesa-Albufera del Ayuntamiento de Valencia ordenó la suspensión de toda la navegación en el lago y sus canales, excepto la destinada a labores de rescate, inspección o limpieza, para facilitar las tareas de búsqueda en profundidad de víctimas, con el propósito de “mantener la seguridad”.

Los efectivos de emergencia tienen como prioridad ahora mismo la búsqueda de víctimas tanto en el río Magro como en la Rambla del Poyo, la desembocadura del Túria y l'Albufera.

Además, hay una persona fallecida en Andalucía y la confirmación de siete muertos en Castilla-La Mancha por el temporal de hace diez días: seis en Letur y una en Mira.

El 21 de agosto se celebra el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, una fecha que busca recordar a las personas que han sufrido los estragos del terrorismo en diversas partes del mundo. Esta conmemoración, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como objetivo honrar la memoria de las víctimas y apoyar a los sobrevivientes, reconociendo el impacto profundo y duradero que el terrorismo tiene en sus vidas.

Este día fue proclamado en 2017, en respuesta a la creciente necesidad de abordar el terrorismo desde una perspectiva humanitaria, enfocándose en las experiencias de las víctimas y en la importancia de garantizar sus derechos. La conmemoración busca sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias del terrorismo, destacando la resiliencia de quienes han enfrentado tales tragedias y la necesidad de construir sociedades más seguras y justas.

A nivel mundial, diversas organizaciones y gobiernos llevan a cabo actividades y eventos para recordar a las víctimas y para fortalecer los esfuerzos en la prevención del terrorismo. Estas actividades incluyen ceremonias de homenaje, conferencias y campañas de sensibilización, todas orientadas a mantener viva la memoria de quienes han perdido la vida o han sido afectados por estos actos de violencia.

El terrorismo no solo afecta a las víctimas directas, sino que también deja una huella imborrable en las comunidades y naciones enteras. Por ello, el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo también sirve como un recordatorio de la importancia de la solidaridad global en la lucha contra este flagelo, así como de la necesidad de apoyar a las víctimas en su proceso de recuperación.

Esta fecha invita a reflexionar sobre el impacto del terrorismo y a comprometernos con la promoción de la paz, el respeto por los derechos humanos y la dignidad de todas las personas. Mantener viva la memoria de las víctimas es un paso crucial para evitar que estas tragedias se repitan y para trabajar hacia un mundo libre de violencia y terror.

NB

El 11 de marzo, unos días después del inicio de la invasión rusa, la familia de Mykola Trukhan se marchó de Hostomel, en la región de Kiev. Él, sin embargo, decidió quedarse en su casa. “Mi suegra corrió hacia él cuando estábamos evacuando. Intentó convencerle de que se fuera, pero él dijo: 'No, no me voy a ir, no quiero dejar mi perro y mi casa”, dice su sobrina, Lidiya Yarosh. Según le contaron los vecinos a la mujer, el hombre de 86 años murió unos días después cuando un proyectil cayó sobre su vivienda.

El de Mykola es uno de los casos de personas mayores que se quedaron en el país y murieron o resultaron heridas en las hostilidades y han sido documentados por Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado este martes. La organización denuncia que el número de víctimas entre personas de más edad durante la invasión rusa es “desproporcionado”, y señala que hay más personas mayores asesinadas y heridas que de otros grupos.

El informe se apoya en los datos sobre víctimas recopilados y facilitados a la ONG por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según los cuales las personas mayores de 60 años constituyen el 34% de la población civil que ha muerto violentamente desde febrero hasta septiembre de 2022 en los casos en los que se ha podido verificar la edad –no todos los que la ONU ha confirmado–. También son el 28% de los heridos.

Amnistía Internacional señala que estas cifras son “significativamente superiores” a su proporción en la sociedad ucraniana –los mayores de 60 años constituían antes de la guerra casi una cuarta parte de la población (23%), según el informe–.

“Muchas personas mayores no han huido: a veces porque eran reacias a abandonar sus hogares, a veces porque no sabían adónde ir y a veces porque las rutas de evacuación no eran accesibles para ellas”, dice el documento. “Como resultado, las personas mayores parecen constituir un número desproporcionado de las personas que permanecen en algunas de las zonas más afectadas por el conflicto de Ucrania, lo que plantea riesgos para su seguridad y su salud”.

Condiciones peligrosas

El informe, para el que la ONG ha entrevistado a 226 personas, documenta cómo las personas de más edad se quedan a menudo en zonas afectadas por el conflicto o no pueden huir de ellas, lo que las expone a sufrir condiciones de vida peligrosas en viviendas gravemente dañadas.

“La devastadora invasión rusa está teniendo un impacto desproporcionado en las personas de más edad en Ucrania porque muchas se quedan en zonas donde a menudo están en peligro de sufrir los incesantes ataques por tierra y por aire”, dice en un comunicado Laura Mills, investigadora de Amnistía Internacional sobre personas de edad avanzada y personas con discapacidad.

La organización explica que gran parte de los mayores que huyen no pueden pagar un alquiler. “Muchas personas mayores desplazadas tienen dificultades para encontrar un alojamiento adecuado y se ven expulsadas del mercado privado por los precios cada vez más altos del alquiler y unas pensiones muy por debajo de los niveles de subsistencia”.

Según explica la organización, miles han tenido que quedarse en “instituciones estatales desbordadas que no tienen personal suficiente para proporcionar el nivel de cuidados necesario”. Amnistía Internacional indica que ha visitado siete instituciones para personas mayores y personas con discapacidad y ha hallado que estos centros no pueden proporcionar el nivel de cuidados necesario en parte porque no tienen personal suficiente para atenderlas.

“Simplemente no teníamos adónde ir”

El documento indica que hay casos de personas mayores que viven en casas sin electricidad, gas o agua corriente, y sin protección de la lluvia, la nieve o el frío por los daños en ventanas y tejados.

“Todo el mundo en nuestra calle se marchó. Solo quedamos yo y otras dos mujeres mayores (...) Una tenía una discapacidad. Simplemente no teníamos adónde ir. Yo me escondía en un agujero en el sótano”, dice Hanna Selivon, de 76 años, desde Chernígov. Cuando fue entrevistada, Selivon solo tenía techo en el cuarto de baño, donde había un colchón en la bañera para que pudiera dormir. “El 29 de marzo cayeron muchas bombas y cuando salí [del sótano] solo vi que volaban las llamas (...) que [mi casa] se estaba quemando. Mis piernas no se movían”.

Por otro lado, Amnistía Internacional señala que las personas mayores, que tienen con más frecuencia problemas de salud, corren un riesgo mayor en las zonas ocupadas, “donde las fuerzas rusas han restringido severamente el acceso a la ayuda humanitaria en flagrante violación del derecho internacional”.

El informe recoge el caso de Svitlana, de 64 años, en un pueblo ocupado por Rusia cerca de Járkov. Según cuenta, su hermano de 61 años tuvo un ictus en abril de 2022. El hospital en el que lo ingresaron no tenía electricidad ni agua corriente y le dieron de alta al día siguiente. “No podían hacer nada, no podían hacer electrocardiogramas, no podían hacer electroencefalogramas, no tenían medicamentos”, dice. Menos de una semana después, su hermano murió por un segundo ictus, según el certificado de defunción al que ha tenido acceso la ONG.

La entidad reclama a los gobiernos y a las organizaciones internacionales que “aumenten la ayuda a las personas mayores en Ucrania facilitando su evacuación voluntaria al extranjero, garantizando que tienen prioridad para recibir ayuda en efectivo y apoyando la creación de alojamientos físicamente accesibles para las que tienen una discapacidad”. “Ahora que han llegado los gélidos meses del invierno, la gente mayor debe ser evacuada a refugios accesibles y debe darse prioridad a la reparación de sus casas”, dice Laura Mills.

Una cascada de dolores y perdones. Muchísimas décadas después. Eso es lo que una sencillísima carta manuscrita que ha aparecido en el pueblo de Santa Eulalia de Cabrera (municipio de Encinedo en la provincia de León) ha conseguido arrancar a raíz de reconocerse de manera por primera vez pública y directa algunos salvajes asesinatos de represión ocurridos en la comarca leonesa de la Cabrera, que fuera santuario de la primera guerrilla antifranquista de España, con el mítico Manuel Girón como uno de sus líderes.

La carta del perdón final, asumiendo aquellos crímenes siempre conocidos pero jamás aireados, está firmada por Gema Rodríguez Ballester. Ella ha querido hacer el esfuerzo que varias generaciones obviaron y escribir el reconocimiento de algunas muertes de la represión en la dura posguerra de esta comarca, repleta de violencia silenciada durante décadas.

En la puerta del Cabildo del pueblo, el punto donde de manera habitual se sitúan escritos y avisos oficiales o populares, ella pegó hace unas semanas una carta de su puño y letra que seguro que fue difícil de escribir. Decorada con unas flores, el texto reza así:

“Santa Eulalia. 7 de julio de 2022

Estas flores blancas son para el hombre y la mujer, cuyos nombres desconozco, vecinos de Santa Eulalia de Cabrera, que en los años 50 fueron torturados y asesinados a manos de mi abuelo, Benjamín Rodríguez Cañueto, y de su hermano pequeño, José Rodríguez Cañueto. Ambos emigraron a Sevilla, como una forma de huida, imagino.

A las familias de este hombre y esta mujer, en nombre de mi familia quiero decir:

“LO SIENTO”

Siento mucho todo lo que sucedió.

Siento mucho vuestro dolor.

Una pérdida así no se puede reparar pero con este gesto pretendo al menos reconocer la responsabilidad que mi linaje paterno tuvo en estos actos criminales.

Y pedir PERDÓN.

La guerra terminó. Que la paz sea para todos, para los que ya murieron y para los que seguimos vivos.

Que Dios tenga en su Reino a aquellas víctimas que tanto sufrieron sin comprender y a sus perpetradores, haciéndoles reflexionar sobre sus actos y haciéndoles restablecer el equilibrio en el continuum de la vida.

La Guerra terminó.

Paz para todos.

Si alguien encuentra esta carta y conoce a algún miembro de estas familias a las que me dirijo, le agradecería que les hiciera llegar estas palabras“

No parecía conocer mucho los detalles pero sí el dolor que sin duda la actuación de sus propios familiares causó. Así, salió a la luz la historia de los Rodríguez Cañueto. Ahora se reconoce por fin que fueron ellos los artífices de la muerte de los vecinos Antonio León Carrera y Carmen Ballesteros Rodríguez un fatídico 23 de abril de 1951.

La traición que acabó con el mítico Girón

Tal y como relata y demostró en su libro 'El monte o la muerte' Santiago Macías, “mientras José fue uno de los autores materiales, su hermano Benjamín lo fue de forma intelectual, tanto para contactar con algunos miembros del último grupo guerrillero -que estaban al tanto de la operación- como señalando a los objetivos entre la población”.

Además de este episodio, también sale a la luz indirectamente una especie de demostración definitiva de que José Rodríguez Cañueto fue el artífice de la histórica traición por la que cayó El Girón, quien fuera desde 1936 la pesadilla de resistencia antifranquista en el monte para el régimen fascista de Francisco Franco.

Infiltrado en la última cuadrilla maqui de Girón, se ganó la amistad del líder y aprovechando una ocasión única le mató disparándole a bocajarro mientras desayunaba cerca de Molinaseca el 2 de mayo de 1951, desfigurándole la cabeza para causar confusión y enterrándole evitando que su sepultura se convirtiera en un referente de la lucha contra el dictador y su régimen de 40 años. Dicen que cobró 80.000 pesetas, una fortuna de la época.

Reacciones a la historia

Ahora, las simples líneas de Gema Rodríguez Ballester han desatado el perdón que reclamaban, en cascada. En el grupo de Facebook 'Cabreireses entusiastas', donde se compartió su escrito, ya son dos los familiares directos de los vecinos asesinados los que han reaccionado a los detalles de la historia.

Tere Franco afirma: “Soy nieta de Antonio León y aunque nada va a cambiar el dolor de mi abuela y de sus hijos me parece un buen gesto que desde aquí quiero dar las gracias”. Parecido mensaje que desde Francia ha escrito Carmina Cortes: “Hola. La mujer que mataron en Santa Eulalia era mi abuela Carmen Ballesteros. Gracias por reconocer públicamente el horror que cometió tu familia”, le replica ella a Rodríguez Ballester.

Para Santiago Macías, que arrojó tanta luz sobre hechos como estos, las de la emotiva carta “son unas palabras que no van a cambiar el pasado, pero honran a quien las ha escrito porque pocas veces se pueden ver cosas así”. Porque “para perdonar, alguien tiene que pedir previamente perdón”, zanja. Es así como la verdad, la historia y los sentimientos pueden ayudar a cerrar heridas.

No es una casa de acogida ni un centro de asistencia al uso. En ello insiste sin parar a sus 87 años Ana María Pérez del Campo, fundadora del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas (CARRMM) de Madrid. En pie desde 1991, es el lugar de estas características más antiguo de España, en el que las víctimas y sus hijos e hijas pasan una media de entre 10 y 18 meses no solo para alejarse de los maltratadores, sino, sobre todo, para salir recuperadas de las heridas que deja la violencia. Pero ahora el centro se encuentra en “una situación límite”, al borde del cierre por la falta de ingresos y debido a que los fondos públicos con los que ha contado hasta ahora se han desplomado.

La Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, que es quien gestiona el centro, cifra en algo más de 800.000 euros el presupuesto necesario para sostenerlo durante un año, pero por el momento solo cuenta con 326.758 euros. La suma proviene de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF para programas de interés social, pero el montante que ha recibido del Estado central está muy lejos de lo que recibía en otros ejercicios. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que es quien se encarga de repartirlo, asegura que no puede hacer otra cosa porque la competencia para financiar atención directa recae en las comunidades en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.

Los 260.641 euros adjudicados por el ministerio, la mitad de lo percibido en 2021, han llegado al centro en mayo. “Y además con retraso”, denuncia Pérez del Campo, lo que ha hecho que hasta este pasado mes “las trabajadoras y los proveedores hayan estado sin cobrar”. Con más de 3.500 metros cuadrados repartidos en 25 habitaciones, biblioteca, guardería, gimnasio o jardín, la casa acoge hoy a 42 personas, entre mujeres y sus hijos, con las que trabaja un equipo multidisciplinar formado por psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras y abogadas. Pero “tenemos plazas para más”, hasta 60, que están vacías por la falta de ingresos, asegura.

El centro se ha mantenido desde su fundación con fondos públicos, la inmensa mayoría de Derechos Sociales, pero además ha contado con la subvención de la Comunidad de Madrid también con cargo al 0,7%. Las cifras son las siguientes: del Ministerio ha recibido este año 260.641 euros, mientras que el año pasado fueron 549.000 y más de 600.000 en 2019 y 2020. El reparto de la comunidad ha ido fluctuando: de los 66.117 de este año a los 73.143 de 2021, los 40.962 de 2020 y los 53.557 de 2019. Esto en lo que respecta a lo que reparte la Administración del IRPF y al margen de otras subvenciones puntuales que también ha percibido en algunos ejercicios tanto del Ministerio como de la comunidad.

Un fallo a medio aplicar

Hay que retrotraerse a 2017 para entender qué está pasando. Entonces el Tribunal Constitucional resolvió, tras un recurso interpuesto por la Generalitat de Catalunya, que el Estado central no tiene competencias para financiar a través del 0,7% del IRPF ningún programa que tuviera por objetivo la asistencia y atención social directa, dado que estas son competencias de las comunidades. “Tampoco, en general, los gastos de mantenimiento [por ejemplo, de un centro, como en este caso], según su doctrina”, asegura un portavoz de Derechos Sociales. Se ideó entonces un modelo de doble tramo: las comunidades pasarían a gestionar el 80% de los fondos con el objetivo de atender a este tipo de proyectos y el Estado repartiría el 20%.

¿Y qué ha cambiado este año? Según explica el portavoz, en la práctica este fallo no se estaba cumpliendo al cien por cien, por lo que el departamento dirigido por Ione Belarra “firmó en 2021 un acuerdo con las comunidades y la Plataforma del Tercer Sector para darle cumplimiento” y garantizar que el modelo pervive durante al menos cinco años. Las mismas fuentes alegan que “este acuerdo necesario” ha sido el responsable de que se alarguen los plazos y que en él se especifican cuáles son los proyectos que puede financiar el Estado con su 20%: los que tengan que ver con la investigación, la internacionalización, promoción del buen trato o modernización del Tercer Sector, entre otros, pero “nunca” los relacionados con atención directa, que “es una competencia autonómica”, afirma el portavoz.

Lo que no entiende la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas es por qué si la sentencia es de 2017, en los ejercicios anteriores “no ha habido ningún problema con la subvención hasta este año”. Pérez del Campo señala directamente a “un problema político de Podemos” porque desde hace 30 años “gobernara quien gobernara, el centro ha recibido la subvención puntualmente” a excepción de la última convocatoria, en la que “lo hemos pedido como siempre, como veníamos haciéndolo antes”, afirma la fundadora, que pone el foco en la importancia de un centro pionero que es referencia internacional ante el “horror” de la violencia machista, que ha dejado cuatro asesinatos en solo una semana.

El Ministerio de Derechos Sociales asegura que la aplicación de la sentencia del Constitucional “ha sido progresiva”. “A partir de entonces hubo un ajuste de la convocatoria, pero dejaba muchos flecos pendientes y una cierta continuidad, lo que dio lugar a que hubiera algunos proyectos que estaban ahí en el límite”. Este año, con la incorporación al reparto de los fondos del Impuesto de Sociedades y tras la advertencia de la Abogacía del Estado, “era necesario objetivar mucho más y definir qué puede entrar y qué no para no dejarlo a la interpretación de los centros directivos”, añaden las mismas fuentes.

El portavoz del departamento apunta a que “todas las organizaciones saben desde hace tiempo que iban a recibir un importe menor porque había que solucionar esta imposibilidad jurídica que existía” y asegura que “todo se ha negociado con el tercer sector”, se han habilitado teléfonos informativos y se ha “publicado en la web” mediante “circulares aclaratorias”, además de realizar “una reunión abierta por streaming para informar sobre los cambios en la que participaron todas las entidades que quisieron”. La federación, sin embargo, alega que nadie les informó del cambio ni de que el ingreso se desplomaría de tal manera.

Por otro lado, afirma que la resolución que ha recibido a la subvención no ha sido negativa y que, de hecho, sí han recibido algo más de 200.000 euros, por lo que “no se entiende” que sea producto de la aplicación de la sentencia. Desde Derechos Sociales afirman, por su parte, que “en todos los casos se ha intentado hacer una interpretación lo más favorable posible” para “darles tiempo a las entidades a que vayan presentando proyectos sobre los que no haya ninguna duda”.

El centro, al límite

Pérez del Campo muestra preocupación sobre la continuidad del centro. “Puede que no podamos aguantar mucho más, aunque estoy moviéndome para que no pase aunque a esta edad tendría que estar descansando”, manifiesta la histórica feminista, que no disimula su enfado con que las ministras Ione Belarra e Irene Montero “no me hayan recibido a pesar de las veces que lo he solicitado”. “Me derivan a la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, pero sé que quien tiene la facultad para arreglar esto y decidir es la ministra”, añade.

Con el objetivo de solventar los perjuicios que sobre las entidades feministas tendría la aplicación completa de la sentencia del Constitucional, el Ministerio de Igualdad propuso en noviembre de 2021, durante la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “que las organizaciones de atención a víctimas reciban un porcentaje de los fondos”, algo que, aseguran fuentes del departamento, cristalizó en que “la última conferencia sectorial aprobó que las comunidades deben financiar de esta forma a estas entidades”. Además, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha habilitado una línea de subvenciones específica para programas de sensibilización, añaden.

Por otro lado, desde la Plataforma del Tercer Sector aseguran que “no ha habido un cambio de modelo” en la última convocatoria, sino que el sistema de doble tramo se aplica desde 2017, aunque reconocen que “es cierto que aún siguen coleando algunas cosas y posiblemente se han ajustado los criterios”, señala una portavoz. La plataforma admite que ha sido un proceso “complicado” y que en los primeros años “se hizo un esfuerzo para asesorar a las entidades”, que “cada vez en mayor número conocen el modelo de doble tramo” y que “todo lo que sea atención directa le corresponde al tramo autonómico”.

Las responsables del centro solicitaron a la Comunidad de Madrid un total de 268.381 euros y le concedió 66.117. “Lo hemos hecho como veníamos haciéndolo, el grueso se le solicita al ministerio porque nadie nos había informado de esto”, asegura Pérez del Campo. Un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales señala que “nunca se financia el 100% del proyecto, sino que la media está en el 25%”. “Intentamos alcanzar al máximo número de asociaciones, pero no sabemos cuánto tendremos del tramo hasta que no nos llega. Todo está pactado con el tercer sector”, añade.

En cualquier caso, la preocupación de la federación ahora es cómo garantizar la viabilidad de un proyecto considerado un éxito desde su primer año de implantación y que, según datos de la organización, ha dado como resultado un 71% de tasa de recuperación integral en las mujeres. “Esto está repercutiendo en la vida de las mujeres. ”Es el único centro de estas características, en el que impartimos un programa no solo para restablecer a las víctimas, sino para empezar a andar el principio del fin de la violencia, en ellas y en sus hijos e hijas. Y la realidad es que ahora mismo es que esto está en riesgo“, concluye Pérez del Campo.