La información se dio a conocer el 25 de julio. Un hombre posa sosteniendo en sus brazos un ejemplar de puma que habría sido abatido en una finca aledaña. La foto, distribuida por las redes sociales, se hizo viral, y facilitó la detención del sospechoso de infringir la ley que protege a la especie, y puso una vez más sobre la mesa un tema que aparece de manera periódica en los canales de noticias. Dos meses antes, la policía de la provincia de Corrientes detuvo un camión que se disponía a cruzar la frontera con Brasil. El vehículo trasladaba en su interior decenas de cabezas de animales disecados. La mayoría, perteneciente a diversas especies de ciervos, pero también una de jabalí y una de puma, la más grave desde el punto de vista legal, ya que la práctica del furtivismo sobre el Puma concolor está prohibida en toda Argentina.

Pero si bien en estos casos no se trató de animales vivos, estos hechos volvieron a poner en entredicho una problemática que permanece oculta al conocimiento de la mayoría de la gente en el país: la cría en cautiverio de ejemplares que después serán objeto de lo que se conoce como “caza enlatada”, una práctica ilegal por la cual se le garantiza al cazador que tendrá a su disposición uno de esos animales para dispararle y matarlo sin grandes dificultades y que mueve muchísimo dinero en todo el mundo. Por ejemplo, matar un león con este método en Sudáfrica tiene un precio que oscila entre los 10.000 y los 45.000 dólares.

El tráfico de trofeos de caza de especies protegidas como el puma es el paso siguiente en la cadena de actos contrarios a las normas. Los trofeos son diferentes partes de un animal —cabeza, cornamentas, pieles, colmillos— que suelen utilizarse disecadas como elementos decorativos.

El segundo félido más grande del continente goza en Argentina de una población ampliamente distribuida que en los últimos 20 años viene recolonizando espacios de los cuales había desaparecido hacía varias décadas. En diciembre de 2024 se dio a conocer la aparición de ejemplares en el Parque Nacional Islas de Santa Fe, y más recientemente, las cámaras trampa han registrado pumas en el Delta del Paraná. Pero esta abundancia relativa ofrece, al mismo tiempo, mayores opciones para que un puma sea abatido por una bala.

“Tres factores se suman para que haya mucha caza, legal e ilegal. Por un lado, una cultura cazadora muy arraigada; por otro, todo un comercio ligado a las cacerías y el tráfico de trofeos; y finalmente, la captura y traslado de ejemplares para que sean cazados en otros sitios”, comenta Andrés Novaro, director de conservación terrestre de Wildlife Conservation Society Argentina (WCS).

La respuesta de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación a un pedido de información pública solicitado por Mongabay Latam en marzo último indica que, entre 2017 y 2024, fueron rescatados 20 individuos vivos. Y en el mismo período se incautaron 63 cráneos, 61 garras, siete cueros y cuatro partes de los esqueletos de pumas, además de ocho ejemplares taxidermizados y otros tres congelados.

El informe aclara que los datos “incluyen sólo las incautaciones efectuadas por el área de fiscalización de fauna del Estado Nacional”, y que al no existir en el país una base de datos sistematizada que recopile todo lo relacionado al tráfico de fauna, las operaciones que las provincias hayan realizado por su cuenta no figuran en el resumen general.

El federalismo que rige en Argentina ofrece a cada uno de los 24 distritos en que se divide el país la posibilidad de definir las políticas a seguir sobre los recursos naturales, y esto incluye a la fauna y la flora. De esta manera, la legislación sobre las distintas especies puede variar. Por ejemplo, provincias como Santa Cruz y Neuquén, que hasta este mismo año autorizaban la “caza de control”, es decir, la eliminación de individuos que los criadores de ganado denuncian como “problemáticos” por atacar a sus cabras, ovejas o vacas, dieron marcha atrás con la medida. Santa Cruz incluso había otorgado permisos temporales para caza deportiva en 2024, que también quedaron sin efecto. Sin embargo, es unánime en todas las provincias, al menos en teoría, la persecución al furtivismo y a la denominada “caza enlatada”.

“Hablamos de una especie específicamente atractiva para la caza furtiva, para los cotos de caza, habilitados o no, y para el extranjero que viene a cazar, porque dado que el número de yaguaretés [jaguares] aquí es escaso, seguramente el puma será el animal más peligroso que ese cazador vaya a encontrar”, dice Carina Righi, coordinadora del Programa de Prevención de Tráfico de Vida Silvestre de WCS.

La perversidad de la “caza enlatada”

“Lo que llamamos ‘caza enlatada’ es una forma muy perversa y desigual de cacería. También muy antigua y poco ética”, asegura Kai Pacha, el nombre quechua que adoptó Karina Maschio a partir de 2009, cuando decidió hacerse cargo de El Edén, una reserva natural que había sido destruida por un incendio y que dirigía su padre en Villa Rumipal, provincia de Córdoba. La rebautizó Pumakawa y la especializó en la protección de la fauna autóctona en riesgo, con especial atención a los pumas. “Comenzamos con cuatro ejemplares y hoy tenemos 22 porque no hay espacio para más”, comenta.

En los 16 años transcurridos, el crecimiento de Pumakawa —“el que vigila con el sigilo del puma”, en lengua quechua— ha sido exponencial, aun pese a las dificultades que plantea mantener individuos que ya no podrán ser devueltos a la vida silvestre. “Cada uno come unos cuatro kilos de carne cada día y medio”, relata Kai Pacha y aclara que no compran semejante cantidad de alimento: “Sería imposible. Buscamos caballos o vacas que mueren en la zona, ya sea de muerte natural o porque se fracturan y se les practica eutanasia, o los atropella un coche, algo bastante frecuente” y agrega que la gente les avisa porque, por lo general, no saben qué hacer cuando se les muere un animal y de alguna manera ellos les prestan un servicio retirándolo. “Los procesamos en un pequeño frigorífico y vamos guardando la carne en una cámara de congelación”.

El factor económico siempre ha sido una limitante para la tarea que cumple Pumakawa. Donaciones como la recibida en su momento de la Fundación Brigitte Bardot para ampliar el número de refugios disponibles y la asociación con otras organizaciones de conservación permitieron mantener el funcionamiento de la reserva.

“El año pasado, sin que se lo hayamos pedido, el gobierno de Córdoba nos otorgó un subsidio bimestral. No es mucho, nos alcanza solo para pagar un mes de luz, pero todo suma”, comenta Pacha, cuya historia personal parecía predestinada a establecer una relación especial con los pumas.

Diagnosticada con autismo cuando era pequeña, la llegada de Cuca, una cría de puma nacida con serios problemas de salud, le cambió la vida. Los veterinarios se planteaban sacrificar al cachorro, pero Pacha creyó ver en los ojos del pequeño félido la fuerza necesaria para sobrevivir. La conexión entre ambas fue la mejor medicina. Pacha fue superando el aislamiento en el que se encontraba y Cuca vivió hasta los 23 años.

Lentamente, los esfuerzos desarrollados desde Pumakawa fueron dando frutos. Primero fue el reconocimiento creciente dentro y fuera de Argentina. Después llegarían los resultados concretos. En 2021, Aerolíneas Argentinas —línea bandera de la aviación en el país— se sumó a otras 45 compañías en el mundo que se niegan a trasladar trofeos de caza en sus vuelos.

Al año siguiente, el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina emitió una resolución por la que se prohibió la importación, exportación y el tránsito interjurisdiccional de trofeos de caza de especies de la fauna silvestre autóctona, así como la inscripción de criaderos de especies autóctonas con fines cinegéticos (el proyecto para convertirla en ley continúa esperando su trámite en el Parlamento nacional).

Más tarde, en agosto de ese mismo año, se logró el desarme de un criadero de pumas que funcionaba en un coto de caza en la provincia de La Pampa y el rescate de los ejemplares que allí estaban. Todavía hoy, Kai Pacha relata con emoción aquel hecho que se saldó con la llegada de seis nuevos individuos a Pumakawa: “Fue súper conmovedora la imagen de traerlos sabiendo que podrían haber sido trofeos de caza”, recuerda, antes de explicar cómo se desarrolla el negocio.

“Los criaderos, ilegales o habilitados como los cuatro que había en La Pampa, les compran las crías muy baratas a la gente del campo. Luego, esperan hasta que crezcan y las venden a los cotos que organizan las cazas enlatadas. Y en algunos casos promueven la reproducción en los mismos criaderos”, comenta Pacha.

Un centenar de pumas rescatados

La mera descripción del estado en el que viven los pumas que se destinan a las cazas enlatadas exime de mayores comentarios. “Las imágenes del sufrimiento de los animales son terribles”, señala Pacha. “Los mantienen en pequeñas jaulas de cemento con techos muy bajos de zinc y mal alimentados. Al principio, cuando trajimos esos seis ejemplares nos llamaba la atención que no salieran del cubil. Después nos dimos cuenta de que era porque nunca habían pisado la tierra”. Según dice, hoy cambiaron de vida, tienen árboles, tierra, una barranca donde pueden bajar y subir.

“Nosotros recibimos visitantes en la reserva y les contamos esta historia para sensibilizarlos sobre el tema. No pueden creer que algo así exista en Argentina”, asegura la presidenta de Pumakawa. Pero sin duda existe: “En breve vamos a publicar una investigación que realizamos con cámara oculta, donde se ve cómo nos ofrecieron hospedaje, servicios, el arma y la absoluta seguridad de tener un puma a disposición para matarlo por el precio de 10 000 euros [aproximadamente 11 700 dólares]”.

En la actualidad, Pacha estima en un centenar la cantidad de pumas rescatados que se reparten en centros y reservas del país, aunque saber la cifra exacta es una utopía para las autoridades ambientales y las ONG.

“Los pumas son carnívoros, felinos que necesitan desarrollar sus instintos, aprender de su madre a buscar sus recursos de supervivencia. Las pésimas condiciones en las que se desarrollan en esos criaderos les hace perder las cualidades que les permiten ser depredadores tope cuando se mueven en libertad”, explica Carina Righi.

Los criaderos, ilegales o habilitados como los cuatro que había en La Pampa, les compran las crías muy baratas a la gente del campo. Luego, esperan hasta que crezcan y las venden a los cotos que organizan las cazas enlatadas. Y en algunos casos promueven la reproducción en los mismos criaderos

Kai Pacha — Fundadora de Pumakawa

Esta característica torna prácticamente imposible la posibilidad de que el animal sea reintroducido en la vida silvestre una vez que creció en cautiverio. “Por eso los centros de rescate están abarrotados de animales que no se pueden liberar”, añade la investigadora de WCS Argentina.

Control y fiscalización, los grandes déficits

Los criaderos clandestinos son una de las consecuencias de la falta de criterios unificados entre las administraciones de las 24 provincias del país. Las grandes extensiones de tierra con escasa población humana, que dificultan los controles estrictos, colaboran en la “cocción” de un caldo ideal para la expansión y subsistencia de estos sitios.

El objetivo actual de Kai Pacha es acabar con estas “fábricas” de ejemplares preparados para ser asesinados y de esa manera terminar también con la caza enlatada: “La idea es castrar a los ejemplares que todavía crecen en esos sitios y de ese modo quitar la posibilidad de reproducción en cautiverio para que el mantenimiento deje de ser rentable”, comenta.

Las deficiencias en el control, la fiscalización y la recolección de datos aparecen una y otra vez cuando se busca información que explique de modo fehaciente qué ocurre con la caza de especies autóctonas y el tráfico de trofeos. En el caso del puma, ni siquiera existen registros fidedignos de la cantidad de individuos que se mueven de punta a punta del país.

“Estimar la población de pumas es muy difícil, lleva muchísimo tiempo y necesita de una inversión que nadie está dispuesto a hacer. Cualquier número que se diga no tiene ningún sustento científico”, subraya Emiliano Donadío, director científico de la Fundación Rewilding.

Hernán Ibáñez, especialista en tráfico de vida silvestre de la Fundación Azara, trabajó en este tema durante mucho tiempo en el Ministerio de Ambiente de la Nación y es categórico al respecto. “Los informes que se presentan sobre caza deportiva o caza ilegal son muy mentirosos, y hablo a nivel mundial, no solo en este país, porque dependen del nivel de fiscalización y control de lo que sucede en cada lugar. En Argentina no se investigan ese tipo de delitos, y entonces el dato es cero, cuando se sabe que no es así”.

Pese a ello, un informe elaborado en 2016 por la Fundación Internacional por el Bienestar Animal (IFAW, por sus siglas en inglés) ubicaba al país en el décimo lugar entre los exportadores de trofeos de caza. Años después algunas agencias situaban a Argentina en el séptimo puesto de la misma clasificación.

Las actuales autoridades nacionales no respondieron a las solicitudes de entrevistas de Mongabay Latam para conocer más sobre estos temas.

Cada provincia es un mundo aparte

En 2024, Santa Cruz, la provincia continental más meridional, permitió la caza deportiva del puma, despertando una polémica que llegó a las páginas de la prensa nacional. Arreciaron las críticas y para la temporada 2025 la dirección local de fauna dio marcha atrás con la medida.

Para Gustavo Aprile, naturalista, técnico en manejo y conservación de vida silvestre y uno de los que mejor conoce toda la dinámica que se mueve en torno al Puma concolor, otorgar permisos para caza deportiva y de control deja un riesgo latente: “No hay control ni fiscalización a la altura de la medida que se adopta. Es abrir una válvula que después es difícil de cerrar porque nadie se entera de la finalización de la temporada de caza deportiva y el desmanejo del recurso de control [el puma] permanece vigente en la gente”.

También la provincia de Neuquén derogó una reglamentación que desde hace 20 años aceptaba esa modalidad de cacería. F Federico Pelizzari, subdirector de Fauna de la provincia de La Pampa, una de las que cuenta con mayor densidad de población de pumas, puntualiza: “Nosotros solo permitimos la caza de control, pero la realidad es que hasta ahora nunca nadie solicitó ejecutarla, y si alguien lo hiciera iríamos con nuestros técnicos a comprobar si el daño causado [por el puma] habilita la medida”, dice.

Sin embargo, Donadío plantea un problema: “El papeleo a realizar es tan engorroso que nadie hace el trámite. Se elimina al animal sin que nadie se entere”, comenta.

En Santiago del Estero existe el mismo régimen de prohibiciones y permisos que en La Pampa, Neuquén o Santa Cruz, y también la misma carencia de fiscalización. De hecho, allí operaban los cotos donde el empresario Jorge Noya ofrecía a través de la página web Caza & Safaris la garantía de matar pumas, pecaríes y muchas otras especies por fuera de la vista de los responsables de vigilar el cumplimiento de las normas. El descubrimiento de esta organización, que fue desactivada en agosto de 2024, dejó a la vista el sistema criminal de caza y tráfico de animales que opera en el país.

El hallazgo pareció activar la atención de las autoridades y solo en los últimos dos meses se conocieron varios procedimientos policiales en distintas provincias —Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chubut, Corrientes y los alrededores de la ciudad de Buenos Aires— en los que se encontraron piezas de taxidermia, cuernos, dientes, pieles y hasta cortes faenados de especies silvestres. Al contrario de lo sucedido en el caso de Caza & Safaris, ninguna pertenecía a pumas o jaguares. Tampoco se hallaron criaderos de animales en cautiverio, como sí tenía dicha empresa en un campo de Santiago del Estero.

Crimen organizado y mascotismo

“Lo que debería abordarse de manera seria es la caza de especies de valor en Argentina, entendiendo por ello las que son autoctónas o las que están catalogadas en algún nivel de riesgo de extinción, pero en ese aspecto existe un agujero negro debido a la falta de datos y al desacople entre los organismos de aplicación provinciales y los del Estado nacional”, indica Hernán Ibáñez.

Entre muchos otros puntos que aborda, el Decreto Reglamentario 666/1997, sobre Conservación de la Fauna disponía la creación de un Registro Nacional de Cazadores, medida que nunca llegó a ejecutarse.

“Además, no hay colaboración entre las diferentes agencias encargadas de prevenir el delito. Un cazador entra al país como turista y nadie sabe por dónde se está moviendo, o si pasa en camioneta de una provincia a otra que tiene limitaciones diferentes con relación a la caza y nadie se entera. Ocurre con la caza mayor, pero también con la menor, como patos y cauquenes”, denuncia Ibáñez.

La escasa atención que las actuales autoridades del país prestan a las cuestiones ambientales, con su consecuencia de recortes presupuestarios y desfinanciación, no colabora para mejorar este panorama.

Experto en la materia, Ibáñez considera que el furtivismo y el tráfico de fauna caben perfectamente en el casillero de crimen organizado, según la definición de Interpol. “Se trata de delitos graves, participan más de tres personas —el que lleva al cazador al campo, el que lo alberga, el que le da el arma, el que pone el puma a su disposición—, tienen logística y reparto de tareas, y es internacional. En ese caso, deberían ser investigados de una manera especial, yendo a fondo y teniendo en cuenta que enfrente hay una organización criminal”, dice. Luego, concluye que “si no se hace así, lo que se encuentre será siempre insignificante”.

Al margen del placer que pueda ocasionarle a una persona disparar y matar a un animal salvaje, o al temor que infunde un gran félido cuando merodea una granja o un establecimiento ganadero, existe también un comercio muy extendido en torno a algunas partes del cuerpo de los pumas. “Sabemos que el producto animal procedente de los felinos como el tigre, el jaguar o el puma es muy buscado en Asia, ya sea por tradición, cultura, religión o artículo medicinal”, señala Carina Righi. “A los huesos o los dientes se les suelen otorgar poderes afrodisíacos”, aporta Kai Pacha.

Una simple búsqueda por internet encuentra colmillos de puma a la venta por un precio entre 12 y 18 dólares estadounidenses. “Por otro lado, no todos pueden notar la diferencia entre un colmillo de jaguar [en este caso, la cotización oscila entre 150 y 400 dólares] y uno de puma”, indica Righi.

Convertirse en un trofeo que se expone en el salón de una casa, la disección completa para vender las partes más demandadas en el mercado negro o simplemente ser eliminado por creerlo un peligro para los animales domésticos, de cría o para los propios humanos son los destinos más comunes que esperan a los pumas en Argentina. Pero hay otro más, aunque en principio pueda parecer insólito para un animal grande: ser una mascota.

“Aunque parezca increíble, los cachorros de la especie son muy codiciados. En los últimos años se los ha encontrado en numerosos registros y allanamientos de casas y hasta en edificios de departamentos. El problema es que muchas veces su captura se produce a través de la muerte de la madre”, indica Righi.

La semejanza que se puede vislumbrar entre un gato y un puma que acaba de nacer confunde a ciertas personas, que creen posible domesticar a un félido silvestre: “No entienden que nunca podría ser así, por más que se lo alimente con biberón”, dice Righi.

Presente desde el altiplano del norte hasta el extremo más austral y emblema natural de la Patagonia, el puma atraviesa una situación ambigua. Recupera territorios de los que había desaparecido al tiempo que sigue siendo perseguido y es uno de los objetivos principales de las cacerías ilegales y de los criaderos destinados a alimentar las piezas para dichas jornadas de caza.

Su supervivencia aún no corre un peligro inminente, “pero el desequilibrio de un predador tope en un ecosistema causa grandísimos problemas, cuyas consecuencias terminan siendo siempre disruptivas”, señala Righi. El futuro del puma depende del interés, los recursos y las estrategias que brinden las autoridades para que siga siendo uno de los grandes íconos de la fauna silvestre argentina.

ED

La Agencia Tributaria de España solicita a Juan Carlos I que justifique quién pagó los gastos de las cacerías a las que asistió entre 2014 y 2018, después de que abdicara, según adelantó El Mundo. Además del dinero con el que se financiaron sus paseos de caza y los vuelos, también se pide la justificación de otros regalos que recibió el rey emérito de menor importe.

A diferencia de ocasiones anteriores, la apertura formal de un procedimiento de inspección, impide que Juan Carlos de Borbón puede acogerse a una regularización voluntaria de los fondos no declarados a la Agencia Tributaria. La clave a partir de ahora es determinar la cantidad con la que se incrementó su patrimonio mediante estos regalos sin declarar al fisco, teniendo en cuenta que el delito contra la Hacienda Pública está fijado en los 120.000 euros y que según esta información, por el momento, ninguno de los importes fiscalizados supera ese umbral.

No es la primera vez que Juan Carlos de Borbón se enfrenta a una investigación por sus gastos, aunque hasta ahora había logrado salir airoso. Según la información de El Mundo, los hechos ahora investigados están completamente desligados de las operaciones que el rey emérito regularizó entonces.

Las dos regularizaciones que realizó el rey emérito, y que fueron dadas por buenas por el Tribunal Supremo, sumaron algo más de cinco millones de euros. Una primera, de 678.393,72 euros en diciembre de 2020, fue llevada a cabo para hacer frente a una posible acusación de delito fiscal por los fondos opacos que recibió del empresario Allen Sanginés-Krause, un uso de fondos opacos revelado por elDiario.es.

La segunda regularización, de más de 4,4 millones de euros, llegó dos meses después por todos los gastos que la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans sufragó durante años al rey emérito, sobre todo vuelos para el monarca. Según informó en su momento el diario El País, el dinero fue aportado por empresarios amigos de Juan Carlos de Borbón que optaron por la opción más favorable ante el fisco a la hora de dejarle este dinero.

Triple investigación archivada

El pasado marzo, la Fiscalía archivó la triple investigación que mantenía en torno al emérito alegando esas regularizaciones, que los presuntos delitos habían prescrito y que otros se cometieron cuando gozaba de inviolabilidad a pesar de reconocer que se enriqueció de espaldas a Hacienda en lo peor de la crisis económica. La Fiscalía señaló entonces que había “detectado cuotas defraudadas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012, todas prescritas menos las de 2012, cuando también estaba protegido por la inviolabilidad”. Los hechos investigados ahora son posteriores a la abdicación, en principio no están prescritos y el emérito no puede acogerse ya a la regularización al haberse abierto de manera formal un procedimiento inspector.

Los escritos de la Fiscalía, que recogían la información recabada por el Ministerio Público, revelaron que Juan Carlos I había amasado una fortuna en el extranjero a espaldas del fisco y que había gestionado el dinero sin dar cuenta a las arcas públicas pero también que estaba protegido por su inviolabilidad, la prescripción y las regularizaciones.

Este martes se ha conocido que Juan Carlos de Borbón no regresará este fin de semana a Sanxenxo tras su polémica visita del mes pasado en la que evitó dar ningún tipo de explicación sobre su fortuna oculta, hasta el punto de ironizar sobre la posibilidad de hacerlo. Aunque la intención inicial del rey emérito era acudir a las regatas que llevan su nombre y que se celebrarán este fin de semana en la localidad pontevedresa, su entorno de amigos ha comunicado que la que iba a ser la segunda visita a España del emérito desde que en agosto de 2020 trasladó su residencia a Abu Dabi no se iba a producir por “razones estrictamente privadas”.

Este nuevo frente se suma al que Juan Carlos de Borbón tiene abierto en los tribunales británicos por la denuncia de su antigua amante, Corinna Larsen, por acoso. La aristócrata, pieza clave en la gestión de la fortuna del rey emérito, afirma que en un momento dado tanto el monarca como la entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, pusieron en marcha una estrategia de acoso y difamación contra ella.

Ese proceso, que no se trata de un proceso penal sino de reclamación de una indemnización ante los tribunales británicos, puso encima de la mesa el debate sobre el alcance de la inviolabilidad del rey emérito que en España le sirvió para evitar el banquillo. Los jueces de Reino Unido determinaron que, en este caso, las leyes británicas sobre inviolabilidad no pueden impedir que sea juzgado.