El Gobierno nacional disolvió tres fondos fiduciarios tras denunciar que las en las auditorías se hhalaron irregularidades en el manejo de los fondos y el incumplimiento de objetivos.

Se trata del “Programa De Desarrollo Rural y Agricultura Familiar” (PRODAF), el “Fondo Fiduciario Del Servicio Universal” (FFSU) y el “Fondo Fiduciario Para La Vivienda Social”.

Lo hizo a través del decreto 6/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión se fundamenta en la necesidad de reestructurar la administración pública y optimizar la gestión de los recursos del Estado.

Entre los considerandos se indica que la Sindicatura General de La Nación (SIGEN) realizó las auditorías correspondientes y detectó irregularidades en su funcionamiento.

“Con estos cierres, ya son 18 los fondos fiduciarios disueltos por tener deficiencias identificadas en la gestión de sus instrumentos financieros y por debilidades para velar por un uso transparente”, señaló el Gobierno en un parte de prensa.

El Fondo Fiduciario para la Vivienda Social había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”.

“Este instrumento fue utilizado con finalidades políticas y clientelisticas, y había evidenciado irregularidades e incumplimientos”, indicó el parte oficial.

En esta línea, “las auditorias efectuadas por la SIGEN pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros”.

En tanto, el FFSU había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC (servicios de tecnologías de la información y la comunicación), con servicios pagados por los usuarios.

“Su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, el instrumento evidenció múltiples deficiencias en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN”, añadieron

El Ministerio de Economía subrayó que “entre las principales falencias se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera”.

“Estos motivos evidenciaron que el FFSU no cumplió con su finalidad y que su disolución permitirá mejorar la administración de los recursos públicos asignados al acceso universal de tecnologías, asegurando mayor transparencia y eficiencia”, agregó.

En tanto, el PRODAF había sido creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895 con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito.

“En este caso, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, ha informado que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución”, precisó Economía.

Qué era el PRODAF

Era el programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar que tenía como objetivo “aumentar los ingresos de los pequeños y medianos productores, a través del incremento de su productividad y competitividad. Para este fin, el Programa apoyó la incorporación de nuevas tecnologías y ofreció asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, en acceso al financiamiento y en gestión asociativa y comercial”.

Para ello, se planteaba como estrategias:

Qué dijo Sturzenegger

Sobre el Decreto que elimina “Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (PRODAF), el ”Fondo Fiduciario del Servicio Universal“, y el ”Fondo Fiduciario para la Vivienda Social“, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo a través de sus redes sociales que se trata de un ”avance hacia un gasto público más eficiente y más transparente“.

“Del primero (Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar - PRODAF), no se reportan beneficios evidentes. El segundo (Fondo Fiduciario del Servicio Universal) por los extraordinarios cambios en cobertura que requieren un rediseño integral de los programas para dar servicio universal (por ejemplo el despliegue de la tecnología satélite a teléfono haría obsoleto el objeto porque la cobertura territorial sería absoluta), y el tercero (Fondo Fiduciario para la Vivienda Social) porque el gobierno se retira de la actividad de construcción de viviendas, una actividad más apropiada al sector privado (máxima en una economía con una macro ordenada), además de por problemas de rendición (un eufemismo para la palabra corrupción)”, detalló el funcionario.

Con información de agencias.

IG

Con el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), 250 mil pequeños productores se quedaron sin el apoyo vital de 900 técnicos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. Los productores sostienen que lo que se busca con esta medida, fundamental para la subsistencia de los pequeños y medianos chacareros, es su destrucción, a favor del modelo “pool de siembra”, manejado por pocas grandes empresas agroexportadoras. Además, enfatizan en que el cierre del INAFCI es “una tragedia” para el mercado interno: la Agricultura Familiar produce más del 60% de los alimentos que se consumen dentro de la Argentina. 

El trabajo de los técnicos del INAFCI era, entre otras tareas, el de acompañar a los campesinos en los trámites que necesitaban, como ayudarlos con el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (ReNAF). “Ayer le comunique a los productores, en la Feria Franca de Luján, que no voy a ser más su técnico. ¿Y sabes lo que me dijeron? ‘Ahora te vamos a tener que pagar nosotros’. Necesitan si o si de asistencia y soporte para poder trabajar la tierra”, sostiene Roberto Burgos, –ex- técnico del INAFCI de la delegación Buenos Aires, en diálogo con elDiarioAR. Además, desde el Instituto facilitaban el contacto de los productores con otras instituciones, como el SENASA, el INTA o el Anses.

“Nos ayudaban en los trámites para conseguir créditos blandos, subsidios”, comenta Daniel Alonso, pequeño productor de Bragado, Provincia de Buenos Aires. “También nos gestionaban los contactos para conseguir los insumos necesarios para la producción”. 

“Con el cierre del INFACI se pierde el direccionamiento del poco financiamiento que había hacia la Agricultura Familiar”, agrega Martin Sereno, diputado provincial en Misiones del bloque Tierra Techo y Trabajo. El trabajo del técnico del INAFCI no era solo de asesoramiento, sino también la de la ayuda ante condiciones climáticas adversas y la de ser una especie de “soporte” del pequeño productor, una guía y acompañamiento. 

Un beneficio para los pools de siembra

“Acá en la Provincia de Buenos Aires, los únicos que salen beneficiados de esta medida son las empresas agroexportadoras, a través del modelo ‘pool de siembra’”, comenta Alonso. Este modelo consiste en que los grandes productores, que pueden afrontar el pago de los insumos y de la mano de obra, le alquilan campos a los dueños de la tierra, a cambio de su usufructo. En Bragado, el arrendatario de la mayor cantidad de tierras es Grobocopatel, cuenta Alonso.

Alonso tiene 68 años. Desde hace 25 años se dedica a producir harina en esa tierra (se define como un “molino artesanal”). Antes que eso, se dedicaba a la huerta. Trabaja en el campo junto a sus dos hijas mujeres. 

“Hace muchos años, todos mis primos vivían acá en el campo. Ahora, yo soy el único: los demás le alquilan una empresa pool de siembra para que trabajen en el campo, porque con lo caro que están los insumos, no rinde producir a pequeña escala”, cuenta Alonso. 

Por eso, este productor de Bragado sostiene que “hay una intención clara del Gobierno Nacional de destruir al pequeño y mediano chacarero, a favor de las grandes empresas agroexportadoras”. “Esto está bien pensado, no son ningunos improvisados. El precio de los granos planchado, el precio de los insumos el doble que el año pasado, la eliminación del INAFCI”, sostiene Alonso. 

Economías regionales 

El impacto del cierre del INAFCI lo sienten tanto los pequeños productores y campesinos de la Provincia de Buenos Aires como del resto de las provincias. “Uno imagina que en PBA va a golpear fuerte. Pero es un golpe, en su mayor parte, a las economías regionales, donde se destacan las producciones familiares”, cuenta Juan Pablo Acosta, delegado gremial de la Coordinación Nacional de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra). 

En Misiones, como en Santiago del Estero, entre el 30 y el 35% de la población es rural, con mucha cantidad de minifundio y una gran proporción familias campesinas. Es decir, casi 1 de cada 3 familias se sostienen en base a su producción propia en el campo; sin la ayuda de los técnicos del INAFCI, esta producción se verá mermada y perjudicada. “Todo el desguace que están haciendo en el Estado viene de la mano: si van a liberar la importación de alimentos, ¿entonces para qué quieren Agricultura Familiar? La quieren afuera”, comenta Sereno. 

“Del 100% de los alimentos en el mercado interno, el 60% lo hace la agricultura familiar con el 25% de la tierra”, y con el 75% de la tierra la agroindustria produce el 40% de alimentos“, agrega Sereno. 

Acosta coincide: sostiene que el escenario para el 60% de los consumidores del mercado interno “es terrible”. “Es un cuadro de enorme complejidad, un escenario de tragedia en términos productivos, y de abastecimiento de alimentos para el mercado interno”, agrega Acosta.   

AS/MG

En lo que parece ya un método de conducción política basada en el caos y la desorganización social, el gobierno de Javier Milei anunció el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), y el despido inminente de más de 900 trabajadores y trabajadores. Lo hizo estigmatizando a las víctimas de la medida y fundando la misma en frases panfletarias sin respaldo documental.  

La agricultura familiar representa al 75% de los productores, aunque accede sólo al 13% de la tierra agrícola. En el sector hortícola, más de la mitad son arrendatarios y, en el campo profundo, a pesar de estar en la tierra desde hace generaciones aún no están regularizados sus títulos.

En el rubro hortalizas y verduras el sector produce más del 60% de nuestro país, en ganadería menor más del 80% y tiene impacto en bovinos de cría, en fruticultura, pollos y huevos de campo. Es el sector que garantiza el arraigo y más puestos de  trabajo en el campo. Sin embargo no cuenta con acceso al financiamiento, tiene dificultades para acceder a la formalización de su producción y la diferencia entre lo que le pagan los intermediarios y lo que los alimentos luego cuestan en la góndola promedia el 400%.

A medida que el Estado se repliega, el acceso a los alimentos en Argentina se hace más difícil, los aumentos de precios no se moderan, y el gobierno “libertario” tuvo que sentarse a debatir con los formadores de precios, desatendiendo su modelo teórico de la regulación vía libre competencia. Frente a su impotencia, anuncia la importación de alimentos, sin atender que el mercado global de alimentos está cartelizado y concentrado por corporaciones y que en Europa, EE.UU. y China los estados invierten grandes masas de subsidios en la producción primaria y agregado de valor. Libre mercado no hay en ningún lugar de la tierra.

Marchas y contramarchas en las políticas para el sector

La construcción de políticas para la agricultura familiar tal como las conocemos comenzó paradójicamente con Menem, el  ídolo de Milei. En ese gobierno se lanzó el Programa Social Agropecuario y el ProInder. Fue Carlos Menem y el PSA el que desarrolló oficinas en todas las provincias, con equipos técnicos que llegaban al campo de todo el país y no solo en la zona núcleo.

Estos programas dieron con un sujeto agrario diverso, campesinos, minifundistas, pequeños productores, pueblos originarios, que se sintetizaron institucionalmente como “agricultura familiar”. 

En paralelo, con la crisis alimentaria global la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) insistirá con que la salida a la crisis es de la mano de la producción local y la agricultura familiar y que esta requiere políticas y programas específicos y con financiamiento.

La estadística fue contundente, con el avance del capital financiero en la agricultura, desaparecieron más de 300.000 agricultores, en el marco de un proceso de concentración de la producción de alimentos y agregado de valor.

En el año 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner,  en el marco de esta resignificación regional y global de las políticas específicas para la Agricultura Familiar, el INTA creó el CIPAF, Centro de Investigación para la Agricultura Familiar. Casi 20 años después se pueden ver los aciertos en torno a la cantidad de desarrollos tecnológicos que este centro alcanzó. El año pasado, uno de los premios que obtuvo el INTA por sus desarrollos fue gracias a este centro y la puesta a punto del “Chango”, un micro tractor con múltiples aplicaciones del cual INTEA (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A., una empresa de capitales mixtos conformada mayoritariamente por el INTA) tiene la patente y este año se comienza a fabricar ya para la venta.

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner creó la Subsecretaría de Agricultura Familiar, en el marco del Ministerio de Agricultura. No como un programa de asistencia sino como una herramienta transformadora para potenciar al sector.

En este proceso, las organizaciones campesinas y de pequeños productores fueron protagonistas. En la primera etapa las ligas agrarias que enfrentaron a los monopolios a fines de los 60 , la Federación Agraria Argentina y el Movimiento de Mujeres en lucha que protagonizaron luchas en los 90 contra el neoliberalismo agrario que impulsó los remates de los campos de pequeños productores y el resurgir de las organizaciones campesinas que enfrentaron fundamentalmente los desalojos y despojos asociados al avance del agronegocio en el campo argentino de la mano del paquete tecnológico transgénico de alta demanda de agrotóxicos. Esos procesos se articularon con el desarrollo del tema en el MERCOSUR, y la REAF (Reunión Especializada de la Agricultura Familiar ) donde las experiencias del Cono Sur encontraron espacios de discusión entre las organizaciones y los estados. En Argentina se constituyó el Foro de las Organizaciones de la Agricultura Familiar, donde se impulsó la necesidad de programas efectivos para el desarrollo rural, con arraigo tecnología apropiada para el sector

En 2014 la FAO y la Asamblea general de Naciones Unidas declararon ese año como Año internacional de la Agricultura Familiar, con el objetivo de llamar la atención a los estados para que desarrollen programas y políticas específicas, para luchas contra la inseguridad alimentaria. En ese marco, en nuestro país se sancionó la Ley de  Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina y elevó el rango a Secretaria de AFCI. Se creó por ley el Consejo Nacional de la Agricultura familiar, que tenía por objeto articular organizaciones y Estado para potenciar políticas de desarrollo de la “nueva ruralidad”, con la visión de pensar un campo con agricultores en condiciones  de vida digna, y eso requiere, no solo de fortalecer la producción y acceso al mercado sino también de avanzar en el acceso a la tierra y ordenamiento territorial, y garantizar el derecho a la salud , la educación, la vivienda, la conectividad  y el trabajo en el campo. 

El Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) no fue excepción, dadas las dificultades de normativas que plantean las mismas exigencias de instalaciones y protocolos para un pequeño emprendimiento familiar que para una mega industria, se constituyó el Senaf, una comisión que también nutrida de experiencias regionales (Chile, Brasil, Ecuador) fue modificando normativas del código alimentario argentina y resoluciones internas del Senasa, para facilitar la aprobación de salas de faena y agregado de valor de pequeña escala y para los circuitos cortos de comercialización

Este camino permitió avanzar en experiencias y tecnologías en todos los niveles, a nivel de organización y asociativismo, a nivel de producción agroecológica y convencional, a nivel de agregado de valor y de acceso a mercados 

Además del desarrollo de nuevas tecnologías, de la agroecología, y los insumos biológicos, se desarrollaron nuevas organizaciones y movimientos que enriquecieron el abanico de la gremialidad agraria argentina.

En 2016 Mauricio Macri no se animó a cerrar la entonces Secretaria de Agricultura familiar, pero la bajó de rango y la desfinanció, por lo que los trabajadores de la misma quedaron de manos atadas en provincias.

Luego el Gobierno de Alberto Fernández la volvió a convertir en secretaría, y posteriormente fue convertida en instituto trasladándola fuera del Ministerio de Agricultura. Los vaivenes y cambios de firma y organigrama  luego de la pandemia fueron quizás uno de los elementos que impidió que se avanzara con la velocidad que los tiempos requerían y las organizaciones demandaban.

Quizás lo imperdonable para esta historia haya sido no lograr la visibilización de este “otro campo”,  rompiendo el fetiche construido por los medios concentrados de comunicación de que el campo es uno solo y está representado únicamente por la Mesa de Enlace y permitiendo ver que el campo va más allá de la zona núcleo, que es diverso acorde a la diversidad de sus clima, suelo y culturas, y que la gran mayoría de los y las que producen son pequeños y medianos agricultores.

Un sector estratégico

La agricultura familiar es un sector estratégico para construir la soberanía alimentaria, y esto solo requiere  policías públicas segmentadas y apropiadas, tal como lo venimos proponiendo desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, organización que nuclea a cinco federaciones del “otro campo”, y que presentó cinco proyectos de ley y propuestas para trabajar en el acceso a la tierra, el fortalecimiento cooperativo, el financiamiento, la promoción de la agroecología, el agregado de valor y  los corredores logísticos para el acceso al mercado

Si bien, hay críticas atendibles a la gestión del  gobierno de Alberto Fernández, en tanto se produjo cierta “conurbanización” del área de agricultura familiar, en la que pueden haber primado otros objetivos, está claro que la razón del cierre del INAFCI responde a hipocresía o ignorancia del actual gobierno libertario. Y en todo caso, los cambios necesarios, deben hacerse utilizando todas las herramientas institucionales para auditar y corregir en el caso de que existieran irregularidades reparar.

La gran mayoría de los y las trabajadores del instituto tienen muchos años de antigüedad , son agrónomxs, veterinarixs y trabajadores sociales que se han desempeñado de la mejor manera según las condiciones llegando a los territorios rurales y  acompañando técnicamente al sector

Una política de desarrollo rural, requiere una estructura federal, que no puede agotarse en una oficina en CABA, eso sí se convertiría en una estructura ociosa e ineficiente. La agricultura familiar debe contar con más política no con menos, para protagonizar la transformación agroalimentaria que conduzca a una Argentina sin hambre, en la que todos y todas sus habitantes puedan acceder a alimentos saludables a precio justo

El autor pertenece a la Coordinación del MNCI Somos Tierra y es referente de la Mesa Agroalimentaria Argentina.

A 100 días del inicio de su Gobierno y después de hacer un balance de la gestión de Javier Milei al frente del Ejecutivo, el portavoz Manuel Adorni anunció este martes en su habitual conferencia de prensa, esta vez post reunión de Gabinete ampliada, con las presencias de Victoria Villarruel y de Martín Menem, la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que había sido creado en 2022 bajo la presidencia de Alberto Fernández, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar“.

“El ministerio de Economía decidió avanzar con la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar”, introdujo el vocero, y amplió: “Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Tenía 160 delegaciones, dos sedes, uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos. Casi una agencia de empleo político”, dijo.

“Luego de una revisión de datos absolutamente calamitosos y profundamente desoladores, este instituto, que tenía un total de 964 empleados, se va a transformar en una Dirección con tan solo 64. Esto va a significar un ahorro de $ 9.000 millones”, especificó y atacó con dureza a la gestión anterior: “Para que tomen dimensión de la fiesta que había en el gasto público sólo en este instituto, además de los 964 empleados, tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero; uno de cada tres empleados eran delegados; tenía 204 vehículos; y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una empresa de empleo político. Además, se transferían fondos discrecionales donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo está a las claras ya que, como se fue comunicando en estos días, no hemos recibido ni una sola queja ni reclamo de productores o de trabajadores del sector”, detalló Adorni.

Sobre los 100 días de gestión de Javier Milei, el portavoz presidencial consideró que es el único Gobierno “que ha cumplido puntillosamente con lo que prometió en campaña”, aunque se quejó porque, según su visión, “todos los gobiernos, al menos hasta el del presidente Milei, han sido acompañados en los primeros 1.200 días de gestión por la política acompañando las reformas. El caso de Milei es un caso atípico: es el primer Gobierno donde dentro de los primeros 100 días se le rechaza un DNU, se intentó parar el país, se pararon trenes, colectivos, se nos amenazó con cortes de gas y combustible. Y llamativamente unió a un espectro variopinto de la oposición”, reflexionó el funcionario desde Casa Rosada.

Para Adorni, Milei “cambió el concepto de gobernabilidad. La gobernabilidad estaba dada porque parte de la política esté de una misma vereda, y ahora se da por el apoyo de la gente en virtud de cumplir lo que habíamos prometido y hace lo que había que hacer y por lo que la gente votó que hagamos”.

Asimismo, sostuvo que ningún otro Gobierno “se había animado a meterle la mano en el bolsillo a la política. El Estado está donde debe estar, al servicio de la gente”, remarcó, al tiempo que aseguró que a la gestión libertaria “nos indigna saber que cada día que nos levantamos seguimos teniendo siete de cada diez chicos pobres en Argentina, resultado de una política que no estuvo a la altura de lo que merecemos. Esta vez llega a una argentina empobrecida un nuevo sol”, dijo.

“A pocos días de asumir, algunos personajes que en pocos días probablemente se apropien de la marcha por la memoria, fantaseaban desde alguna reposera con que el Gobierno por estos meses cayera”, concluyó Adorni, en referencia a las marchas organizadas para el próximo 24 de marzo, en un nuevo aniversario del golpe militar de 1976.

Cuáles eran los objetivos del Instituto de Agricultura Familiar Campesina creado en 2022

1. Entender en el diseño, propuesta, coordinación, elaboración y ejecución de políticas, planes y programas que atiendan las necesidades y fomenten el desarrollo y fortalecimiento de los diversos sectores agroproductivos vinculados a la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal, impulsando su formalización, modernización, tecnificación, complementación y diversificación de la economía relacionada con el sector productivo, tanto en la producción primaria como en la transformación asociada.

2. Entender en la promoción de las formas de producción agroecológicas, así como fomentar y acompañar la transición hacia estos sistemas de producción primaria y transformación asociada, a través de la ejecución de políticas de formación y fortalecimiento específicos.

3. Fomentar programas de construcción, ampliación y mejoramiento del hábitat rural, acceso al agua y sus condiciones productivas, propiciando el arraigo y la vuelta al campo, con el objetivo de promover la pesca artesanal y la permanencia en la tierra de las familias de los agricultores y las agricultoras familiares, campesinos y campesinas e indígenas, en condiciones dignas, con seguridad jurídica y garantizado el acceso a sus derechos, a través de la articulación de acciones con las áreas de la Administración Pública Nacional con competencia en la materia.

4. Entender en la ejecución de las políticas y programas que se orienten a la puesta en valor de los saberes de los agricultores y las agricultoras familiares, en especial, políticas de arraigo rural y de reconocimiento del valor social de la agricultura familiar en el desarrollo nacional, la seguridad y la soberanía alimentaria.

5. Entender en la coordinación de las instancias de relaciones institucionales con el Consejo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y las organizaciones de la Agricultura Familiar, y ejercer la representación en la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar en el MERCADO COMÚN DEL SUR (MERCOSUR) y en otras instancias nacionales e internacionales específicas.

6. Generar instancias de participación de los productores y las productoras de la agricultura familiar, campesina e indígena, como así también reconocer y fomentar sus formas asociativas, convocando y coordinando espacios interinstitucionales con participación de los ámbitos público y privado relacionados con la actividad de su competencia.

7. Entender en la coordinación con organismos de cooperación técnica y financiamiento nacional y/o internacional de la planificación y elaboración de programas y proyectos de desarrollo técnico, económico, comercial y de agregado de valor destinados a la producción de los pequeños y medianos productores y las pequeñas y medianas productoras familiares, campesinos y campesinas e indígenas, como así también intervenir y colaborar en su ejecución.

8. Intervenir en el seguimiento de las negociaciones multilaterales, regionales y bilaterales y la cooperación internacional, en coordinación con las áreas competentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y de los Ministerios u organismos relacionados con la temática propia del Instituto.

9. Elaborar, ejecutar y supervisar la ejecución de programas destinados a atender la problemática del agricultor y de la agricultora familiar, campesino y campesina e indígena y de la pesca artesanal, el desarrollo regional y territorial rural, con énfasis en el arraigo de los y las jóvenes, la inclusión social y en la promoción de la igualdad de género.

10. Intervenir en materias vinculadas al Consejo Federal Agropecuario, en los ámbitos de su competencia.

11. Entender en la coordinación con las áreas de la Administración Pública Nacional centralizada competentes en materia de agricultura, ganadería y pesca, en lo que hace a sus propias atribuciones institucionales.

Cuáles eran sus funciones

1. Proponer las políticas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de los bienes que pudiesen pasar a integrar conforme la normativa vigente al Banco de Tierras para la Agricultura Familiar, creado por el artículo 16 de la Ley N° 27.118.

2. Participar en la celebración, ya sea a título oneroso o gratuito, de los siguientes actos con relación a inmuebles estatales que integren el Banco de Tierras para la Agricultura Familiar conforme la normativa vigente y de acuerdo con las directivas que imparta la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS:

3. Contratar obras y servicios que hagan al cumplimiento de sus misiones y funciones, de conformidad con la normativa vigente.

4. Intervenir en la celebración de todo tipo de contratos y, en particular, contratos de concesión de uso, en los bienes que eventualmente integren el Banco de Tierras para Agricultura Familiar y en cualquier otro contrato civil o comercial, típico o atípico, nominado o innominado, que fuera conducente para el cumplimiento de su objeto con personas humanas y/o jurídicas.

5. Adquirir bienes que resulten necesarios para el cumplimiento de sus misiones y funciones, de conformidad con la normativa vigente.

6. Administrar el REGISTRO NACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR (RENAF) creado por la Resolución N° 255/07 de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y su modificatoria, creación que fuera ratificada por el artículo 6° de la Ley N° 27.118 y monitorear su actualización permanente.

7. Promover las relaciones institucionales del Organismo y, en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos en coordinación con los organismos con competencia en la materia.

8. Elevar anualmente a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS una memoria e informe sobre las actividades cumplidas en el año precedente y su propuesta sobre las actividades a cumplir en el siguiente ejercicio.

IG

Durante tres generaciones la familia Rask expandió su negocio y lo hizo prosperar hasta convertirlo en el más importante comercializador de tabaco de la costa este de Estados Unidos. Benjamín, único miembro de la cuarta generación Rask, decide liquidar todo el patrimonio heredado y dedicarlo a la actividad financiera. En pocos años, logra multiplicar varias veces el valor de lo recibido. No es este pasaje un acontecimiento relevante de la novela Fortuna del escritor Hernán Díaz, último ganador del Pulitzer de ficción, sin embargo, me quedó dando vueltas en la cabeza, hasta hoy.  

Hace pocas semanas fui invitado a moderar un “retiro” de un grupo de 15 empresarios, en el que el asunto central, además de los negocios, el turismo y la buena comida, sería la relación familia/empresa. Catorce de los quince integrantes del grupo estaban atravesando la etapa de traspaso generacional y todos, me confesaron los emisarios de la contratación, estaban impactados con la serie Succesion. Les advertí que no era un “especialista” en empresas de familia, pero también que no creía en la existencia de dicha especialidad.

Si bien no he podido encontrar la fuente de los guarismos que esgrimen los especialistas en empresas de familia, que el 4 % de esas empresas sobrevive la tercera generación y apenas el 1% a la cuarta, me pregunto: dado que el 90% de las Pymes en nuestro país son empresas de familia, ¿estamos ante el fracaso de empresas de familia que en su mayoría son Pymes o de Pymes, que en su mayoría son empresas de familia? En cualquier caso, creo que ningún protocolo familiar, ni coach, consultor o especialista hubieran logrado impedir que Benjamín Rask terminara con una empresa exitosa por 3 generaciones. Benjamín detestaba todo lo relacionado al tabaco, o sea, todo lo relacionado al modo de hacer negocios de su padre. Tampoco creo que ningún protocolo, coach, consultor, especialista, ni siquiera ningún reputado psicoanalista, hubiera impedido que Logan Roy fuera el ̈gran malvado¨ que fue mientras vivió y que sus cuatro hijos no intentaran durante 40 episodios repetir una y otra vez las de Caín y Abel. 

 Está claro que no existe capitalismo sin capital, pero tampoco sin trabajo. Benjamín invirtió toda su fortuna en el negocio financiero. En principio podríamos pensar que ese dinero, de manera directa o indirecta, fue a apalancar un negocio de la economía real. Pero ese primer paso como inversor, dejó rápidamente lugar a una frenética actividad especulativa. 

En nuestros días los activos financieros y derivados como porcentaje del Producto Bruto Global crecieron 10 veces en relación al mismo indicador en los 90´s. Este fenómeno se explica porque grandes corporaciones de la economía real, destinan una porción importante de sus rentas, a inversiones financieras. De esta manera logran mayor valor para sus accionistas en el corto plazo, pero esterilizan el rendimiento productivo y su consecuente efecto multiplicador en términos de empleo y consumo. El mercado financiero opera, muchas veces, al margen del desempeño real de las empresas. La ausencia de una conexión empírica entre la gestión y el desempeño financiero es, finalmente, lo que explica la falta de materialidad del valor para ese accionista.

Cuando leí Fortuna me desorientó que el autor eligiera que Benjamín liquidara todos los activos y bienes familiares en lugar de vender la empresa en funcionamiento. La primera acepción de liquidar es pagar una deuda, pero la segunda, es hacer desaparecer rápidamente algo. Bajo esta segunda acepción desaparecen los bienes, pero también los puestos de trabajo, las relaciones comerciales con clientes y proveedores, el consumo de servicios en las cercanías de la empresa. Desaparece una unidad económica en funcionamiento que produce valor. La venta de la empresa, en cambio, implicaría un mero pase de manos de la propiedad (acciones), pero seguiría en funcionamiento. Seguiría creando riqueza. Si lo pensamos desde el punto de vista de los intereses del propio Benjamín, es seguro que hubiera sacado más valor en la venta de la empresa en funcionamiento que en la suma de las partes en las que la dividió. En la primera aplica un concepto que las escuelas de negocios de Estados Unidos (me resisto a decir americanas) llaman good will, ese valor intangible que, aunque no se pueda tocar como las máquinas, en la mayoría de las veces vale más que aquellas. Son los años de reputación acumulada lo que más vale en una empresa en funcionamiento. Lo que ha sido capaz de hacer hasta aquí es una prueba de lo que será capaz de hacer a partir de ahora. 

El paso de una empresa en funcionamiento a un capital dedicado a la especulación financiera pone al propietario de ese capital en riesgo, le puede salir bien o le puede salir mal. En cambio, a la comunidad que gira alrededor de esa empresa discontinuada, con seguridad le irá peor. 

Volviendo a los empresarios del ¨retiro¨ es probable que todos hayan coincidido en la denominación del asunto asignado a la convocatoria: la relación familia/empresa. Sin embargo, es muy poco probable que para todos ellos ese asunto tenga un mismo significado. A algunos les preocupará la perdurabilidad de sus empresas y la preservación de las fuentes de ingresos de todos aquellos que la hicieron posible, a otros, en cambio, mantener y en lo posible incrementar el valor de su patrimonio personal, aunque para ello tengan que ¨liquidar¨ la empresa. Algunos fomentarán el desvío de parte de la renta del negocio hacia la actividad financiera, otros irán más lejos, e ingresarán en el mundo de la especulación. Mientras que una parte de esos 15 empresarios habrán educado a sus hijos para que sintieran y dispusieran de la libertad de elegir que hacer de sus vidas, otros los habrán inducido desde muy temprana edad a participar del negocio familiar. En algunos casos las relaciones entre sus hijos serán amorosas y armoniosas, en otras amorosas y competitivas, en otras no amorosas. El número y combinaciones de variables que definen las relaciones empresas/familias es tan grande que resulta difícil de modelizar. Hablar de sucesión, de traspaso generacional, de conflicto intergeneracional, es hablar sobre lo que está en la superficie porque en el fondo, una empresa es un cúmulo de relaciones interpersonales. Tal vez el primer movimiento para comenzar a desatar este nudo, que es la relación familia/empresa, será preguntarnos por la distancia que existe entre el empresario que creemos y decimos ser y el empresario que realmente somos.

MS

Las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal dieron inicio este viernes al primer “Congreso Nacional por la Tierra, la Producción y Nuestra Casa Común”, que contará con un “feriazo federal” frente al Congreso de la Nación para proponer un “nuevo modelo para el campo y las regiones periurbanas”.

El congreso comenzó a las 9 con una “Gran Feria Federal de la Agricultura Familiar y la Pesca Artesanal” frente al Congreso, en las avenidas Rivadavia y Entre Ríos, informaron los organizadores en un comunicado.

El “feriazo” se desarrolla de 9 a 14 con la presencia de más de 100 puestos de venta directa de productores a consumidores donde se podrán conseguir a precios populares pescado fresco, verduras y hortalizas agroecológicas, chacinados, lácteos y envasados, entre otros.

Por la tarde, y hasta el domingo, los participantes se reunirán en el Centro Recreativo Nacional (Ce.Re.Na), ubicado en la Avenida Ingeniero Fernández García s/n, en los Bosques de Ezeiza de la provincia de Buenos Aires, para “sumar propuestas y acuerdos en el sector” que promuevan “un nuevo horizonte para el pueblo”.

Uno de los objetivos centrales será encontrar una “alternativa de unidad” basada en el concepto de “soberanía alimentaria” para enfrentar “el sistema de concentración de la tierra, empobrecimiento de las mayorías populares y daño ambiental irreversible en los territorios” planteado por los “sectores del poder económico concentrado”.

Del encuentro participarán organizaciones campesinas e indígenas, de la agricultura familiar, de la pesca artesanal; así como ambientalistas, académicos, eclesiásticos y sectores productivos e instituciones del sector agrario y popular.

Según detallaron, está confirmada la presencia de más de mil delegados pertenecientes a las organizaciones e instituciones del sector de todo el país.

“La expectativa es que se constituya en un nuevo hito para disputar un modelo de país de cara a los tiempos que vienen”, expresaron desde la organización.

El Congreso contará con tres ejes: “Tierra y Territorio”; “Producción, Comercialización y Agregado de Valor”; y “Cuidado de Nuestra Casa Común”.

Estos ejes incluirán aspectos relacionados con “el cuidado del ambiente, el modelo productivo con perspectiva de género, y la posesión y distribución de la tierra como medio de vida y no como mera 'mercancía' o 'inversión'”.

Dentro de las organizaciones que participarán se encuentran Frente Agrario Evita, Federación Nacional Campesina (FNC), Frente Agrario Octubres, Federación Rural para la Producción y el Arraigo, Movimiento Plurinacional Madre Tierra, Federación Argentina de Pesca Artesanal, entre otras.

Con información de Télam.

IG

Más de 25 organizaciones piqueteras se reunieron este miércoles con las centrales obreras CGT y CTA Autónoma para solicitarles que intercedan ante el Gobierno con un “pliego de reclamos” ante el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar, entre otros puntos.

En una rueda de prensa previa a la reunión en la sede central de la CGT en Azopardo 802 (CABA), el referente del Partido Obrero (PO), Eduardo Belliboni, señaló: “Venimos a reclamar más combatividad a la CGT. Queremos un paro nacional y un plan de lucha continuo que tenga una salida económica, donde la salida no sea el ajuste a los trabajadores”.

“Queremos saber cómo cree la CGT que es la mejor manera de defender a los trabajadores y los salarios porque cada vez más se nota el ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno es cómplice”, agregó.

Belliboni se preguntó “¿qué están esperando?” los dirigentes de la CGT para sumarse “a la lucha de los trabajadores”, y consideró “no habrá milagros ni soluciones mágicas” ante la suba de los precios.

“Le plantearemos la necesidad de la deliberación colectiva de los trabajadores mediante asambleas y plenarios de delegados. Hay que impulsar el reclamo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con los métodos de la clase obrera. Hay que llamar a un paro nacional inmediato y a un plan de lucha progresivo para derrotar el ajuste en marcha”, remarcó el dirigente del Polo Obrero.

“Le plantearemos la necesidad de la deliberación colectiva de los trabajadores mediante asambleas y plenarios de delegados, para votar el reclamo de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, con los métodos de la clase obrera, un paro nacional inmediato y un plan de lucha progresivo, para derrotar el ajuste en marcha”, advirtieron.

Estas agrupaciones tienen previsto además concretar un “plenario piquetero nacional” el lunes 13 de junio en el Obelisco, donde se votará un “plan de lucha progresivo que convoque a los trabajadores a luchar en unidad para derrotar el ajuste”.

Participan las organizaciones Polo Obrero, Barrios de Pie-Libres del Sur, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social y el Bloque Piquetero Nacional, entre otros.

Para Plaini es “histórica” la visita de piqueteros a la CGT

El senador bonaerense y dirigente del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, calificó como un suceso “histórico” que dirigentes de organizaciones piqueteras a las que definió como de “ultraizquierda” visiten por primera vez la CGT para analizar distintas propuestas ante los aumentos de los precios, pero advirtió que desde la central obrera no son partidarios de lanzar “medidas extremas”.

“Hoy vamos a recibir a este conjunto de organizaciones y analizaremos en conjunto cuáles son las propuestas y dificultades de esos sectores. Esto es histórico. Por primera vez la ultraizquierda visita a la CGT en sus 92 años de historia que vamos a cumplir en septiembre”, afirmó Plaini en declaraciones a radio AM 750.

“Los vamos a escuchar y vamos a intercambiar. Celebro el encuentro y que nos podamos ver cara a cara para analizar, discutir y ver cuáles son los asuntos que necesitan algún tipo de acción directa”, expresó Plaini.

En ese sentido, el dirigente canillita sostuvo que aunque “algunas cosas se van resolviendo” también hay “dificultades” y llamó a analizar “cuál va a ser la actitud del campo popular” porque “es terrible lo que propone Juntos por el Cambio (JxC) y los empresarios”.

“Todos los que nos denominamos sectores populares tenemos que aportar ideas y el gobierno más que nadie. Hay que resolver los problemas de alguna manera. Tenemos que ver cómo intentamos lograr para eso una correlación de fuerzas. No soy partidario de medidas extremas sin antes agotar todo lo que haya que agotar, pero vamos a escuchar a los compañeros para ver qué plantean”, completó.

Economía Popular, a la COPAL contra el aumento de precios

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep) marcha desde las 10.45 a la sede la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), en una protesta bajo el lema “Con la comida no se jode”, contra el alza de precios en los alimentos y contra la inflación, informaron voceros de la organización.

“Bajen los precios, con la comida no se jode”, es el eje de la marcha desde las inmediaciones del Obelisco a la sede de la Copal, ubicada en 25 de Mayo 516, en el microcentro porteño.

“Vamos a la Copal y a las sedes de 20 empresas alimenticias formadoras de precios del país, para exigir que no se hagan los vivos y vendan a precios justos. Estamos en una situación donde tenemos que poner límites claros a las grandes ganancias de algunos en detrimento de las familias que menos tienen”, anunció este martes la UTT a través de un comunicado de prensa.

La manifestación de la UTEP cuentan con el apoyo de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), el Movimiento Evita y el Movimiento Territorial Liberación (MTL), entre otras organizaciones.

Entre los argumentos de la protesta, los organizadores consideraron que “en la pandemia (de coronavirus) toda la sociedad ha hecho un gran esfuerzo por sostener la salud y la economía, mientras del otro lado están los que ganaron fortunas”, como “las corporaciones que pueden ser contadas con los dedos de una mano, y entre ellas, las que concentran el mercado alimenticio, teniendo en su poder casi toda la distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional”.

“A estos últimos solamente se les está exigiendo que no especulen con los precios mientras los y las de abajo luchan para comer dignamente. Que no sigan aumentando algunos productos estratégicos para garantizar un acceso justo a los alimentos para las familias que peor la están pasando. Con el hambre y la necesidad no se especula”, puntualizó.

“Verdurazo” de la UTT para reclamar la Ley de Acceso a la Tierra

Dirigentes y militantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se concentraron desde las 11 en la esquina de las Avenidas de Mayo y 9 de Julio en el marco de la realización de un nuevo “verdurazo” de protesta en Plaza de Mayo, en reclamo de la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra, y de “políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar”.

Con algunos camiones de carga y tractores, la protesta, -que comenzó pasadas las 10.30-, consistirá en la donación de 30.000 kilos de alimentos a los vecinos que se acerquen a Plaza de Mayo, informó a Télam Lucas Tedesco, vocero de la organización campesina.

Según explicaron los organizadores, la “jornada de lucha se desarrollará en todo el país con la exigencia al Congreso nacional de avances en el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra y por políticas públicas claras y concretas para el sector de la agricultura familiar, quienes producen más del 60% de los alimentos para las familias argentinas”.

El proyecto de ley de Acceso a la Tierra impulsado por la UTT, que representa a pequeños comerciantes y familiares agricultores de todo el país, fue presentado por cuarta vez en este año en el Congreso por la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau.

Con información de agencias.

IG