El Gobierno nacional finalmente dio a conocer en la noche de este martes los dos proyectos de ley más importantes de la aún joven gestión del presidente Javier Milei: la nueva versión de la propuesta Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, bautizada ley ómnibus por la cantidad y heterogeneidad de sus medidas, y el paquete de medidas fiscales, que vuelve a bajar el piso a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto a las Ganancias.

La pretensión del Gobierno es abrir el recinto para votar ambas iniciativas dentro de dos miércoles, el 24 de este mes. Las dos iniciativas fueron dadas a conocer públicamente después de dos meses de arduas negociaciones que encabezaron el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con los gobernadores, los diputados que les responden y los jefes parlamentarios que forman parte de la oposición dialoguista. Entre ellos, el presidente del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto.

Qué dice el paquete de medidas fiscales

El paquete de medidas fiscales incluye:

• La creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social.

• El Régimen de Regularización de Activos.

• La modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.

• La eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas.

• La modificación del Impuesto a las Ganancias.

• La modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

• Y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.

Respecto del impuesto a las Ganancias, se establece que se empezará a pagar una vez que se excedan los $1,8 millones de mínimo no imponible.

Qué dice la nueva ley ómnibus

A su vez, la nueva ley ómnibus tiene un 57% menos de artículos que el texto que el Poder Ejecutivo había mandado el 27 de diciembre último: el original, que no pasó el filtro de la Cámara de Diputados, tenía 664 artículos y el actual tiene 279.

Estos son los principales puntos de esta ley Bases XS:

• Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

• El Gobierno podrá intervenir, también por un año, los siguientes organismos descentralizados, empresas y sociedades: Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursátil, Pellegrini SA y Yacimiento Carbonifero Río Turbio (YCRT). Quedan exceptuados de estas posibles intervenciones las universidades nacionales, el Conicet, el INTA y las instituciones de la seguridad social.

• Se declara “sujeta a privatización” a las empresas Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentia SA, Radio y Televisión Argentina SE (Televisión Pública y Radio Nacional) e Intercargo SAU. Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades se podrá considerar la transferencia a las Provincias de contratos que se encuentren en ejecución, dice el proyecto.

• A su vez, se declaran sujetas a privatización/concesión las siguientes: AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse) y Corredores Viales. Igual que con la tanda anterior, para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades se podrá considerar la transferencia a las Provincias de contratos que se encuentren en ejecución.

• El Gobierno podrá renegociar o rescindir contratos de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados.

• Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas, dice el proyecto.

• Se faculta al Poder Ejecutivo nacional, durante un año, a disponer la derogación o modificación de las nomas de rango legal que: a) generen, de forma manifiesta, distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente; b) impliquen la constitución de monopolios artificiales en actividades en las que sea posible la competencia; o c) se vinculen con la negociación de instrumentos de oferta pública a los fines de fomentar el uso de los mismos.

• Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI).

• Derogación de la ley 27.705, que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional, cuyo objeto es el ingreso de aportes previsionales para el acceso a las prestaciones previsionales.

JJD

La nueva ley ómnibus

El paquete de medidas fiscales

Sin diálogo no hay política pero tampoco hay economía. Si el Gobierno central y los provinciales no se armonizan una hoja de ruta fiscal, se empezarán a ver conflictos generalizados en todas las provincias y en todos los municipios, conflictos que podrían evitarse si los responsables de las administraciones se sientan a una misma mesa a trabajar en acuerdos.

Es el diagnóstico del economista Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y exasesor del Gobierno de Córdoba durante la gestión de Juan Schiaretti, que dialogó en Radio Con Vos con los periodistas Hernán Cappiello, Ariel Cohen y Juan José Domínguez, en el programa Gambito de Datos, acerca de los desafíos fiscales de los nuevos gobiernos, tanto del nacional, encabezado por Javier Milei, como los de las provincias.

—Mirando sus últimas publicaciones, usted advierte que en enero las transferencias de capital enviadas a las provincias son las más bajas de los últimos 31 años.

—Así es, el ajuste de gasto que se hizo en enero es el ajuste más grande que se haya hecho en un mes durante los últimos 30 años. O sea, el Gobierno nacional bajó en enero el gasto público un 40% con respecto a enero del año pasado. Obviamente, después de inflación. Otros gastos también fueron los más bajos en los últimos 30 años en el mes de enero.

—O sea que hay que irse al periodo previo a la convertibilidad para ver un ajuste semejante.

—Sí, y no sé si existirá un nivel de ajuste de esta magnitud en la historia. Prácticamente, decidieron que se gasta 60, que sería la reducción del 40. No sé si hay un antecedente. En 30 años, no.

—¿En este periodo las provincias qué es lo que reciben?

—Reciben la coparticipación, que es el dinero que va automáticamente, que les gotea diariamente y que básicamente es la recaudación de IVA, la de Ganancias, la del impuestos a los Combustibles y varios impuestos nacionales que son coparticipables. Pasa que en diciembre del año pasado se aprobó una ley de Ganancias que prácticamente eliminó el pago de Ganancias de las personas humanas en la Argentina, y eso significa una caída importante de recaudación, tanto para Nación como para provincias, pues en las provincias ya arrancaron con esa pérdida de ingresos, y a esa pérdida de ingresos nacionales que suman lo que se está perdiendo por recesión, por la caída de la actividad económica, por la caída del consumo. Entonces las provincias en enero tuvieron una reducción de transferencias automáticas del orden del 10% real, 10-12% real, y eso es significativo. Cuando uno pondera en todo medio del país las transferencias nacionales, eso significó a lo mejor una caída de ingresos del 5%. O sea, cayó un 5% de todo el ingreso de una provincia, debido a que cayó la coparticipación. Eso es muy importante. A eso se le suma lo no automático, porque si Nación avanza en búsqueda de un ajuste fiscal al eliminar el déficit, el 20% de ese aporte necesario se lo pueden hacer las transferencias no automáticas a provincias. Si se eliminan eso, aportarían el 20% del ajuste. En enero hubo una virtual eliminación de las transferencias no automáticas a las provincias.

—No les dieron nada.

—No les dieron un peso, literalmente, ni un centavo. Otras sí recibieron pero unas cifras menores. Por ejemplo, no se recibió nada del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Si eso continúa, obviamente, el impacto va a ser en todas las jurisdicciones, pero va a ser mayor en aquellas que más dependen de esos fondos.

—Arrancó Chubut, ¿cuál sigue en la lista?

—No, si eso continúa, el impacto va a ser en todas las jurisdicciones, pero va a ser mayor en aquellas que más dependen de esos fondos. Van a ir recrudeciendo conflictos en las distintas provincias, porque las provincias van a tener que decidir: qué hago con este gasto que yo tenía y que venía una plata no automática de Nación; lo corto al gasto o lo sostengo; si lo sostengo, a quién le saco; subo los impuestos provinciales; subo Ingresos Brutos; bajo este otro gasto; dejo de hacer una ruta, una escuela... Ahí vamos a ir viendo, creo yo, de manera generalizada, conflictos en todas las provincias, en todos los municipios, cuando se vayan generando estas cuestiones que, obviamente, se van a seguir dando en la medida en que Nación sostenga esta virtual eliminación de las transferencias no automáticas; que no son todas discrecionales, y es bueno aclarar eso porque muchos creen que las no automáticas son discrecionales, que dependen de un funcionario.

—Están establecidas por ley.

—En algunos casos. Otros casos son los subsidios al transporte, por ejemplo, que están en el Presupuesto, que es una ley.

—El Gobierno nacional dice: nosotros en enero llegamos al déficit cero y redujimos el gasto, ¿por qué no lo pueden hacer las provincias? ¿Este es un argumento válido?

—Sí, sí, sí, es válido.

—Pero las provincias iban a administrarse con un dinero con el supuestamente que ya contaban. Y ahora se encuentran con que les cambiaron esa disponibilidad de fondos.

—El Gobierno lo dijo en diciembre: vamos a ir, de esta forma, a la eliminación del déficit. Y ya puso ahí a las provincias aportando una parte de eso. Bueno, si se sanciona un nuevo presupuesto, para el 2024, ese presupuesto ya debería incorporar —y para mí sería central eso— cuál es la hoja de ruta fiscal, para disminuir la incertidumbre, para tener más previsibilidad. Y creo que la vía es la vía de la coordinación, la vía del diálogo, no la vía de una puja, de una disputa. Porque Nación y provincias deberían sentarse, coordinar esa hoja de ruta fiscal, de modo tal que se logren los objetivos, pero de la mejor manera posible. Ejemplo: si las provincias recurren a aumentar Ingresos Brutos, para financiar los baches y demás, después es más problema. más carga tributaria, más distorsiones, cuando creo que lo que se busca es lo contrario. Entonces, ahora sube el impuesto a los Combustibles, un 640% en estos meses, porque estaba atrasado, porque no se subió antes. Eso genera recaudación coparticipable. Todo eso tiene que ser, a mi criterio, discutido, y acordar una hoja de ruta conjunta. Discutir qué hacer con las transferencias no automáticas, si se eliminan de cuajo o se sostienen, y cuáles.

—A propósito de las decisiones que toman las provincias para poder surfear en un momento de ajuste generalizado, qué impacto puede tener la emisión de cuasimonedas, a partir de la decisión de La Rioja, y si esto se extiende a otras jurisdicciones.

—La información anual completa, la última que hay disponible, es del año 2022 y La Rioja tenía un leve superávit primario. No tenía déficit, al igual que casi todas las provincias de Argentina. Solamente tenían déficit Buenos Aires, La Pampa y una tercera provincia que ahora no recuerdo cuál era, del sur. Excepto esas tres, todas eran superávitarias. La cuasimoneda es un bono de cancelación de deuda que la provincia emite, sanciona, por lo cual va a pagar parte de los sueldos y a su vez los va a receptar para todo lo que sea recaudación propia, cobro de tasas y demás. Si uno lo toma como una cuestión transitoria —porque si La Rioja dice, bueno, como a mí no me están dando esa plata no automática, me están debiendo esto, yo voy a emitir esto— y La Rioja se compromete a rescatar esas cuasimonedas apenas la Nación le dé la plata, no debería haber grandes complicaciones.

—Claro pero el contexto es de ajuste y Milei ya dijo que la Nación esta vez no las va a rescatar, como lo hizo Eduardo Duhalde en 2002.

—Milei no va a rescatar nada. Ahora, si la provincia rescata ese bono en tiempo y forma tampoco habría una complicación. Pero si lo que se pone en circulación es mucho más alto que lo que la provincia recauda, puede generar que ese bono pierda valor; o sea que si uno paga con bono tenga que pagar más que si paga con pesos. Si los bonos que circulan son dos, tres, cuatro veces la recaudación propia de esa provincia mensual, esos bonos tienden a valer menos en esa provincia.

—Los fondos coparticipables son de las provincias pero la Nación los recauda, ¿quiénes son los dueños de esos recursos?

—Las provincias son preexistentes a la conformación de la Nación. Son impuestos nacionales que se coparticipan. Hay que hacer una discusión de fondo. Si las provincias tienen que arreglarse con lo suyo, lo suyo es toda la recaudación que generan. Vos tenés provincias que son aportantes netas, como el caso de Córdoba, que aportan más recaudación de la que reciben, y tenés provincias receptoras netas, que son aquellas provincias chicas, donde lo que generan es menor a lo que reciben. Hay que dar una discusión de fondo sobre esto.

—Bueno, es la famosa discusión pendiente desde 1994: la nueva ley de coparticipación.

—Por eso digo: si vamos a hablar en serio, hay que empezar a discutir en serio un nuevo esquema de reparto de recursos y una definición de roles. Este bien público lo presta Nación; este lo presta la provincia. Quién gasta, cuánto gastamos, cuánto necesitamos recaudar, cómo recaudamos, cómo distribuimos la recaudación entre Nación, provincias, municipios; de modo que esto sea sostenible, y que se sea eficiente en la prestación de bienes públicos.

JJD

La Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publicó este lunes la Resolución General 5329 que establece la implementación del “Programa de Monitoreo Fiscal”. La iniciativa permite a la entidad recaudadora controlar de forma sistemática, instantánea y permanente las declaraciones juradas de los contribuyentes y responsables.

El programa se instrumentará mediante una Matriz de Riesgo de Indicadores Fiscales que determina un índice aplicable para realizar los controles correspondientes a la hora de presentar las declaraciones juradas de cada período fiscal, en base al impuesto pertinente. Esta herramienta será elaborada teniendo en cuenta todas las declaraciones juradas presentadas en los últimos 12 meses para impuestos mensuales y en los últimos 3 años para impuestos anuales.

La primera etapa del programa se aplicará sobre las declaraciones juradas de los impuestos al valor agregado (IVA). El índice a utilizar en este caso estará determinado por la relación entre débitos y créditos fiscales totales de cada período fiscal, entre otras variables.

En este periodo inicial, el programa también alcanzará al impuesto a las ganancias de personas jurídicas. La principal variable a utilizar para el índice correspondiente a este tributo es la relación ─por actividad económica─ entre el impuesto determinado y el total de los ingresos declarados de cada período fiscal.

En el micrositio “Programa de Monitoreo Fiscal” se encontrará el detalle de los parámetros e índices aplicables y el cronograma de implementación sobre nuevos impuestos.

La AFIP también estableció un nuevo régimen de percepción del IVA para las operaciones de venta de productos alimenticios para consumo humano, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza a partir del 1 de abril de 2023, inclusive. Los responsables inscriptos en el IVA que realicen estas ventas deberán actuar como agentes de percepción cuando el monto supere $60.

Se aplicará una alícuota del 3% sobre el precio neto de la operación resultante de la factura o documento equivalente. El porcentaje se reduce a la mitad para aquellas operaciones gravadas con la alícuota equivalente al 50%.

ACM

Joaquín Sabina tendrá que hacer frente a un pago millonario al Estado español. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que impuso el cantante andaluz contra una liquidación de 2,5 millones de euros por no haber declarado sus derechos de autor en los años 2008, 2009 y 2010, tal y como ha adelantado el diario El País.

La Agencia Tributaria ha recibido el amparo de los magistrados de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional frente al recurso judicial de Sabina. El 27 de enero de 2017, el Tribunal Económico Administrativo de Madrid también desestimó el reclamo.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sabina era socio o administrador de tres empresas familiares: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas, con las que gestionaba inmuebles en Madrid y Rota, un velero, libros antiguos y sus derechos de autor. La explotación de estos últimos le generaron más de 12 millones de euros durante los tres años que figuran en la inspección tributaria. Sabina los generaba según el fallo a través de “realización de galas, royalties, ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa, etc”.

Sabina alegó en su defensa que no tenía relación con alguna de esas sociedades, de las que intentó desligarse. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional citan sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declararon “inverosímil” ese punto y que determinaron que el cantante tuvo una tributación inferior a la que le correspondía por aplicación del valor normal de mercado, “lo que hubiera determinado un tipo de gravamen superior al del Impuesto sobre Sociedades, y un consiguiente aumento de la renta a imputar”.

Según El País, Sabina estuvo asesorado por el caso de estas sociedades el bufete Nummaria, que ha llevado a Ana Duato y a Imanol Arias a tener un proceso penal en la Audiencia Nacional. Según las bases de la Agencia Tributaria, Sabina podría traspasar a su empresa sus derechos de autor pero a un precio de mercado, no gratuitamente.

En 2014, Hacienda reclamó a Sabina el pago de más de cuatro millones de euros y embargó provisionalmente algunos de sus bienes. En concreto fue el 87,45 % del capital de la sociedad Ultramarinos Finos, propiedad al 50% de Sabina y su pareja, Jimena Coronado, y prohibió al cantante vender o ceder parte de su vivienda de Madrid, su garaje en la capital y su casa en Rota.

Con información de elDiario.es

CG