El músico Sting fue demandado por sus antiguos compañeros de banda de The Police, que le reclaman millones de dólares en derechos de autor. El solista y exlíder del trío londinense, cuyo nombre real es Gordon Sumner, recibió una demanda de parte del guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland por daños considerables. La noticia llega tras años de disputas legales entre el grupo, según ha informado el periódico The Sun.

“Esto se venía gestando desde hacía bastante tiempo”, comentó una fuente al medio británico. “Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero no lo consiguieron”, agregó esta fuente. Tanto Summers como Copeland decidieron que no les quedaba otra alternativa que recurrir a los tribunales, presentando una reclamación por daños y perjuicios “sustanciales” después de años de disputas legales. Ambos afirman que se les debe millones en pérdidas de regalías por derechos de autor.

El caso parece haber sido registrado en el Tribunal Superior de Londres bajo el nombre de “contratos y acuerdos comerciales generales”. Sting aparece como demandado junto con su empresa, Magnetic Publishing Limited. El éxito Every Breath You Take, que aparece en el quinto y último álbum de la banda, Synchronicity, fue el sencillo más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década, como recoge el medio especializado NME.

Sting, a quien se le atribuye ser el único compositor de la canción, supuestamente gana medio millón de libras al año en regalías solo por esa canción. Un portavoz de Sting negó a The Sun que la demanda estuviera relacionada con el tema Every Breath You Take. Sin embargo, no dio más detalles sobre el caso. The Police, que se ha reunido en numerosas ocasiones en el pasado, no volvió a dar un concierto desde 2008.

The Police se formó en 1977 y se separó a mediados de los 80 tras haber vendido 75 millones de discos en todo el mundo. Sting, por su parte, también ha tenido éxito con su carrera en solitario. El músico fue la figura princial en festivales de música de todo el mundo y parará en Londres con su gira Sting 3.0, en la que se encuentra sumergido actualmente.

El 26 de abril es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. La efeméride fue promulgada en el año 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El objetivo de la fecha es divulgar la función de los derechos de propiedad intelectual (PI) para fomentar el debate que estos desempeñan a la hora de alentar la innovación y la creatividad. La propiedad intelectual define el crecimiento del mundo, ya que es implementada como una herramienta estratégica vinculada al desarrollo económico de cada país.

La propiedad intelectual suele relacionarse con las creaciones de la mente humana: invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes. Está protegida por legislación, como por ejemplo patentes y derechos de autor, que permiten obtener reconocimiento o ganancias. De esta manera, se procura fomentar un entorno propicio para la creatividad y la innovación.

¿Qué es la propiedad intelectual? Distintos tipos

La propiedad intelectual es una disciplina de orden jurídico, que protege todas creaciones artísticas, literarias y científicas, tangibles o intangibles. Abarca nombres, símbolos e imágenes que se utilizan comercialmente. Con ello, se pretende evitar que cualquier obra creativa sea objeto de plagio, y en caso que suceda, se apliquen sanciones.

En la protección legal de la propiedad intelectual, se contempla la figura de las patentes. A través de ellas, se logra que las personas involucradas logren prestigio, reconocimiento y ganancias por su trabajo. Algunos tipos de propiedad intelectual son:

Lema 2023: “Las mujeres y la propidedad intelectual: acelerar la innovación y la creatividad”

En el marco de la celebración de este día, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual selecciona un tema central todos los años. Para el 2023, es “Las mujeres y la propiedad intelectual: acelerar la innovación y la creatividad”.

A lo largo de generaciones, las mujeres dieron forma al mundo con su ingenio y creatividad impulsando avances científicos, marcando tendencias, creando empresas y transformando el mundo en un lugar mejor. Sin embargo, pocas mujeres en la actualidad e históricamente se benefician de los derechos de la propiedad intelectual.

LC

El foso es la frontera. Un hueco que separa al artista de su público en los conciertos. A veces se transgrede ese espacio de seguridad, tanto de un lado como de otro, pero durante las primeras canciones, el foso —un nombre que hace pensar en castillo, agua y cocodrilos— es el lugar de trabajo de los fotógrafos y, lo que ocurre allí, más allá de los codazos respetuosos, a veces también es otra transgresión, invisible: la línea roja de la profesión periodística. Los fotoperiodistas han consentido exigencias “abusivas” por parte de los músicos, hasta ahora.

“Las condiciones para cubrir un concierto de Rufus Wainwright son tan abusivas que solo salen fotos oficiales de sus conciertos”, señala un veterano fotógrafo del mundo musical, Alfredo Arias. La web especializada en fotografía Photolari publicó el contrato de cesión de derechos y revisión previa de las imágenes (fijas y en movimiento) antes de su publicación que el artista exige firmar a los fotógrafos: una cesión “a perpetuidad” y de las imágenes tomadas “antes, durante y después” del concierto. Según el contrato, Wainwright paga al fotógrafo un dólar por esos derechos y puede utilizar las fotos para su propia promoción. “Esta exigencia es un chantaje, porque si no la aceptan no les acreditan para cubrir informativamente el acto”, ha dicho la Federación de Sindicatos de Periodistas sobre este tipo de actuaciones.

La restricción habitual es que un fotógrafo solo pueda trabajar durante las tres primeras canciones de un concierto, es decir, tiene apenas unos diez o quince minutos para conseguir la mejor instantánea posible, que ni siquiera será el mejor momento de la noche, por lo que el criterio periodístico decae en favor de, sencillamente, aquello que haya pasado al principio de la actuación. Como novedad, “este año en el Azkena y en el BBK Live se gestionó con los artistas que los fotógrafos oficiales pudieran estar durante todo el concierto. No todos aceptaron pero sí una gran mayoría”, indica otro fotógrafo especializado en conciertos, Óscar L. Tejeda, que hace un repaso a cómo se está trabajando este verano. “En cambio, con Patti Smith en el festival Azkena nos tuvimos que posicionar a izquierda y derecha del foso y fue bastante restrictivo el resto del concierto. Con Pet Shop Boys en el BBK Live, nos colocaron en el FOH (Front of the house)”, la mesa de control de sonido frente al escenario, en medio del público, un lugar al que también mandan a los fotógrafos en los conciertos de Kraftwerk. “Desconozco los motivos de esto aunque puedo intuir que el artista quiere que se retrate el espectáculo en su conjunto”, señala Tejeda. De nuevo, una decisión editorial tomada por el artista y no por el periodista. Además, el fotógrafo señala que en muchas ocasiones el 'no' más rotundo se lo llevan las agencias de información, que sirven de imágenes y textos a los medios, como es el caso de EFE o Europa Press: “Las bandas presuponen que las agencias van a hacer negocio con las imágenes, que las van a vender, y el artista de turno no pasa por ello”.

Control de imagen

Este año, Tejeda ha sufrido la exigencia de algunas bandas en festivales de dar su aprobación antes de la publicación, un trámite realizado por el departamento de comunicación del evento y que ha provocado que “en algunos casos ni se publican las fotografías por falta de una respuesta”. “Entiendo que el artista quiera gestionar su imagen. The Killers, por ejemplo, son una banda que lleva sus propios fotógrafos y distribuyen las fotos a los medios. El rumor es que a Brandon Flowers no le gusta su barbilla”, dice el fotógrafo.

“Contratos abusivos de derechos que no tienen validez y que no te entregan copia ni se cumplen las condiciones es algo ya muy habitual, en su mayoría infringen la legislación nacional y la europea porque suelen ser redactados por bufetes estadounidenses y contemplan cesiones de derechos que son impensables en la legislación europea”, señala Alfredo Arias. “Hay muchos contratos de bandas inglesas en los que especifican que al darte acceso a una zona de trabajo durante el concierto te pagan una libra por tu trabajo y les cedes tu trabajo, pero esa libra no la he visto en más de 25 años de carrera”, añade. 

La Federación de Sindicatos de Periodistas ha respaldado este verano la petición de los fotoperiodistas y ha calificado estas actuaciones de “censura previa”. “Estas prácticas no son nuevas, pero cada vez son más frecuentes incluso por parte de artistas que no son precisamente de reconocido prestigio internacional”, ha dicho la federación sindical en un comunicado. “Es un gesto de prepotencia y una humillación para un colectivo que merece el máximo respeto personal y profesional, y también un ataque al derecho a la información de la ciudadanía”, señalan, indicando que la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) han constatado estas prácticas en otros países. Hace unos años, el diario quebequés Le Soleil se negó a firmar un contrato que restringía derechos de su fotógrafo para cubrir un concierto del grupo Foo Fighters y envió a un dibujante. En su concierto en el WiZink Center de Madrid de 2019, Bryan Adams exigió por contrato ver las fotografías antes de ser publicadas y prohibió los primeros planos, una exigencia que visibilizó el diario ABC.

Qué pueden hacer medios y fotógrafos

Ambos fotoperiodistas, tanto Arias como Tejeda, coinciden en que ellos no deben firmar contratos restrictivos. “Si un artista solicita las fotos para decir cuál se puede publicar y cuál no, yo no voy a su concierto”, indica Arias. “Yo soy el editor de mi trabajo y respondo a la línea editorial del medio que me contrata, que es quien decide qué publica y a quién quiere de fotógrafo por su enfoque. Si piden fotos para su promoción y uso libres de derechos, tampoco voy. Los medios con los que colaboro entienden mi postura y suelen respaldarla”, añade.

Los fotógrafos especializados en conciertos no son muchos en España. Alfredo Arias, en su dilatada carrera, considera que no llegan a 20 personas las que tengan una experiencia superior a los 10 años. “La profesión está plagada de ‘paracaidistas’, personas que tienen otro trabajo remunerado y hacen esto por pasión, muchas veces gratis y por el mero placer de contar que han estado allí”, dice, lo cual merma la “profesionalidad” del sector y, a su juicio, impide que haya la suficiente “solidaridad” para poder organizar plantes y otras medidas de presión.

Pero, además, ambos señalan que lo que daría fuerza a su petición es un respaldo más decisivo por parte de las cabeceras. “De nada sirve que nos plantemos si el medio luego publica la foto del fotógrafo oficial que, además, le sale gratis. Sería muy sencillo si los medios fueran solidarios con sus colaboradores”, dice Arias. “Lo que no puede ser es sacar una nota diciendo que no hay foto por las condiciones abusivas pero sí hablar del artista y hacer una crítica de lo maravilloso que fue su concierto”, opina. “El medio debería rechazar cubrir el concierto y no darle ‘publicidad’ al artista”, coincide Tejeda. “Cuando los medios en Suecia se plantaron en la gira de Foo Fighters, los grupos con contratos abusivos desaparecieron del contenido editorial y el resultado fue que en seis meses allí ya no había contratos abusivos en las giras”, recuerda Arias.

Los sindicatos reclaman “una respuesta decidida de los medios de comunicación” en defensa de sus profesionales y les emplaza “a buscar soluciones”. “Soy pesimista respecto a la solución”, señala Alfredo Arias, “sobre todo viendo lo precario del periodismo cultural y musical que tenemos en España. Pero, aunque sea pesimista, no voy a dejar de luchar por una ética periodística y una profesionalidad en los fosos, por intentar dialogar con promotores, festivales, artistas y salas. Hay que intentar educar, y entender, entre todos, que sin las imágenes y los medios no hay grandes artistas y nunca los ha habido, sin los periodistas no se cuenta lo que ocurre en las salas que son el germen de la música, antes de los grandes espacios. Nos necesitamos todos y cuanto antes lo entendamos, antes podremos mejorar el ecosistema musical”, concluye.

Joaquín Sabina tendrá que hacer frente a un pago millonario al Estado español. La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que impuso el cantante andaluz contra una liquidación de 2,5 millones de euros por no haber declarado sus derechos de autor en los años 2008, 2009 y 2010, tal y como ha adelantado el diario El País.

La Agencia Tributaria ha recibido el amparo de los magistrados de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional frente al recurso judicial de Sabina. El 27 de enero de 2017, el Tribunal Económico Administrativo de Madrid también desestimó el reclamo.

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sabina era socio o administrador de tres empresas familiares: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas, con las que gestionaba inmuebles en Madrid y Rota, un velero, libros antiguos y sus derechos de autor. La explotación de estos últimos le generaron más de 12 millones de euros durante los tres años que figuran en la inspección tributaria. Sabina los generaba según el fallo a través de “realización de galas, royalties, ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa, etc”.

Sabina alegó en su defensa que no tenía relación con alguna de esas sociedades, de las que intentó desligarse. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional citan sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declararon “inverosímil” ese punto y que determinaron que el cantante tuvo una tributación inferior a la que le correspondía por aplicación del valor normal de mercado, “lo que hubiera determinado un tipo de gravamen superior al del Impuesto sobre Sociedades, y un consiguiente aumento de la renta a imputar”.

Según El País, Sabina estuvo asesorado por el caso de estas sociedades el bufete Nummaria, que ha llevado a Ana Duato y a Imanol Arias a tener un proceso penal en la Audiencia Nacional. Según las bases de la Agencia Tributaria, Sabina podría traspasar a su empresa sus derechos de autor pero a un precio de mercado, no gratuitamente.

En 2014, Hacienda reclamó a Sabina el pago de más de cuatro millones de euros y embargó provisionalmente algunos de sus bienes. En concreto fue el 87,45 % del capital de la sociedad Ultramarinos Finos, propiedad al 50% de Sabina y su pareja, Jimena Coronado, y prohibió al cantante vender o ceder parte de su vivienda de Madrid, su garaje en la capital y su casa en Rota.

Con información de elDiario.es

CG