Recientemente, un grupo de diputados, junto con diversas organizaciones sociales, presentaron un proyecto de ley para establecer en Argentina lo que denominan “Salario Básico Universal” (SBU). El SBU sería “una prestación monetaria mensual, no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos” y lo percibirían personas desocupadas, que trabajen en la economía informal, que estén inscriptas en la categoría 'A' del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente. También podrían percibirlo quienes trabajen en relación de dependencia con registro de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en tanto perciban un salario bruto anual igual o inferior al establecido para la categoría “A” del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes.

El SBU tendría un valor igual al de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto equivalente informada por el INDEC, consistente con el objetivo planteado de eliminar la indigencia en el país. Algunos grupos recibirían 100% de ese valor, otros 50%; cada familia podría percibir beneficios por un monto mensual de hasta dos veces el valor del SBU. La Anses debería realizar evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales de las personas para corroborar “la real necesidad del individuo y de su grupo familiar”. Como contrapartida, quienes perciban el SBU deberán realizar anualmente alguna de las siguientes actividades: finalización de estudios primarios y/o secundarios; diversos “talleres” (de formación profesional y capacitación laboral, de orientación laboral para la búsqueda de empleo o de orientación al trabajo independiente, de Profesionalización del Trabajo Doméstico); desarrollar actividades socio-comunitarias. El proyecto no establece fuentes de financiamiento del gasto, remitiéndose a fondos de rentas generales del Tesoro nacional. 

En los fundamentos, se supone que el SBU lograría fomentar la producción y el empleo (particularmente de pequeñas unidades productivas) y también un mayor reconocimiento social del trabajo de los grupos beneficiarios. Pese a estas valoraciones positivas, se considera que el SBU sería transitorio hasta que “el crecimiento económico permita recuperar el empleo”. De hecho, las contrapartidas que se exige cumplir suponen que así se aumentaría la “empleabilidad” de las personas.

Hay otros detalles, pero lo anterior alcanza para comprender los fundamentos y reglas operativas del proyecto que sigue una tendencia ya afianzada en Argentina y América Latina desde la década del noventa: agregar programas asistenciales de transferencias monetarias de ingresos condicionados para grupos seleccionados por el poder político. El objetivo es distribuir beneficios monetarios a grupos de bajos ingresos y precaria inserción laboral para mejorar sus ingresos y cubrir necesidades básicas. No hay dudas que el país necesita políticas que busquen este objetivo y este es el mayor mérito del SBU. Sin embargo, las reglas operativas planteadas para lograr este objetivo son cuestionables.

Como explico en otro artículo publicado en este diario, este tipo de programas consolida la segmentación social, estigmatiza a las personas beneficiarias de asistencia, al tiempo que sigue construyendo mecanismos de control social que dividen y enfrentan a la propia fuerza laboral. Es un modo de regulación “estática” de la pobreza y el empleo precario que, en lugar de “integrar” la protección social de la fuerza laboral, fragmenta programas según criterios arbitrarios del poder político.

Por ejemplo, el proyecto sugiere que el SBU potenciaría la autonomía de la fuerza de trabajo para resolver su insuficiencia de ingresos. Por el contrario, lo que hace es establecer un mecanismo que potencia la dependencia de las personas necesitadas del poder político y sus intermediarios con poder para “fichar” las condiciones de vida de la población, seleccionando quienes merecen asistencia y quiénes no. Así se sigue alimentando una “trampa” de la pobreza, del desempleo y del empleo precario: si para recibir el beneficio se debe acreditar las condiciones que establece el poder político, las personas no tienen otra alternativa que “especializarse” en registrar esa situación porque de lo contrario pierden el beneficio. Como una de las exigencias es tener bajos ingresos y tener una situación laboral precaria, se desestimula que busquen salidas a esa situación.

Esto no promueve la formalización de las personas como sugiere el proyecto. Como sucede con la AUH, las personas seguirán consintiendo la ilegalidad de la “informalidad” para seguir percibiendo beneficios que son su “fuente” de ingreso estable en un mercado laboral degradado. No van a aceptar un empleo formal salvo que sus condiciones sean muy favorables en comparación con el SBU, y eso es improbable en las condiciones del mercado laboral que el propio proyecto señala.

Como el SBU no se integra con otras políticas, puede generar superposiciones y conflictos. Por ejemplo, el proyecto plantea pagar beneficios a quienes trabajan formalmente con bajos ingresos, por lo que se superpone con la política de salario mínimo, vital y móvil. ¿Para qué tener varias políticas con el mismo objetivo? Esto se resolvería si en lugar de un “salario básico” para algunos grupos, se establece un “ingreso básico” universal e incondicional para toda la fuerza laboral, que sea independiente de la situación laboral y personal. Esto permite integrar varios programas en uno sólo y aliviar conflictos burocráticos innecesarios.

El problema es que, al igual que otros programas asistenciales, el SBU sigue aferrado al apotegma: “ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero bajo las condiciones que el poder te impone” (sea el poder económico o político). De hecho, el beneficio se denomina “salario”, como forma de reivindicar que la desigual relación salarial es la única fuente de ingresos reconocida. Por un lado, se critica el funcionamiento del mercado laboral y las condiciones de trabajo de las personas, pero por otro lado se sigue alimentando una cultura que obliga a las personas a someterse a cualquier relación de empleo mercantil para obtener un ingreso básico de supervivencia. 

¿Por qué condicionar la supervivencia a estas exigencias? Lo que hay que reconocer es el derecho a la existencia, y para ello las personas necesitan un ingreso básico sin condiciones. ¿Cómo puede condicionarse el acceso a una canasta básica de alimentos, que es una necesidad imprescindible para la existencia humana? Un ingreso incondicional es el modo efectivo de garantizar la existencia básica y fortalecer la autonomía para buscar empleo en el mercado negociando mejores condiciones laborales gracias a que la subsistencia está ya garantizada. Además, al ser incondicional, las personas pueden sumar más ingresos sin perder el beneficio: el SBU fija un “techo” de ingresos mientras que el ingreso ciudadano o renta básica establece un “piso” desde donde afirmarse para mejorar ingresos.

Por otra parte, todo proyecto de este tipo debería integrarse con una reforma tributaria progresiva. Al remitir el financiamiento a rentas generales. el SBU se financiaría con el actual sistema tributario regresivo. Por el contrario, todo proyecto de garantía de un ingreso básico debería servir para justificar una reforma que integre el beneficio de forma progresiva con el impuesto a los ingresos de las personas, reduzca los impuestos al salario, incorpore tributos progresivos como herencia, patrimonios, medio ambiente, etc. Mejor sería crear un fondo especial para pagar un ingreso ciudadano universal e incondicional asignando fuentes de financiamiento específicas y de carácter progresivo.

Tampoco el proyecto sugiere reformas al mercado laboral, que señala como el origen del problema, lo cual es consistente con sugerir que el SBU sería temporal hasta que el crecimiento económico genere empleo formal que absorba a las beneficiarias. Esta lectura es equivocada y crea esperanzas infundadas: no sólo hay un problema de corto y mediano plazo, sino que todo indica que en el largo plazo sin reformas la situación laboral será peor en el país (y en el mundo). Pensar que el mero hecho de transferir ingresos va a mejorar el empleo de las pequeñas y medianas empresas es tener una lectura demasiado simple de “insuficiencia de demanda”. Los problemas del mercado laboral argentino son mucho más complejos y cada vez más tienen que ver con la estructura heterogénea e improductiva de la oferta, así como con cambios tecnológicos. Si se quiere mejorar el mercado de empleo, hay que promover reformas laborales, además de pagar un ingreso incondicional por fuera del mercado de empleo: reducción y mejor distribución de las horas de trabajo disponibles, creación de empleo en servicios sociales básicos, institucionalización de un sistema de cuidado que crear empleo y facilitar la conciliación del trabajo mercantil con el doméstico, etc.

En síntesis, está bien dar un salario básico a personas necesitadas, pero el modo que el SBU pretende hacerlo es totalmente funcional a la consolidación del actual mercado de empleo y de un sistema de seguridad social fragmentado, desigual y sin fuentes sólidas de financiamiento. No hay que crear programas temporales, sino permanentes; no hay que ilusionar a la gente diciendo que su vida va a cambiar con crecimiento y empleo mercantil futuro, sino darle ya las herramientas para que tengan poder más autónomo para mejorar sus condiciones de vida y empleo. Esto se podría lograr con un ingreso ciudadano universal e incondicional, junto con reformas tributarias y del mercado laboral que tomen en cuenta las condiciones actuales y la proyección futura de sociedades cada vez más inseguras y desiguales. 

RLV