Jeremías Sosa sufría ataques de pánico. En la noche del 22 de febrero, cuando visitaba a su hermana en Olivera, partido de Luján, se asustó por el ruido de una moto y empezó a correr. Un vecino dio el alerta y la voz corrió de boca en boca: era un ladrón. Perseguido y acorralado, entre seis y diez personas lo golpearon hasta provocarle la muerte mientras otras azuzaban a los agresores. Tenía 31 años, era padre de dos hijos y trabajaba como albañil.

El asesinato de Jeremías Sosa representa un caso extremo pero no aislado de un nuevo tipo de violencia: el que ejercen vecinos contra personas a las que acusan por delitos reales o imaginarios. “Las tentativas de linchamientos, las detenciones vecinales, las quemas intencionadas de viviendas con la expulsión de habitantes de un barrio, forman parte de repertorios securitarios a disposición de la vecinocracia”, reflexiona Esteban Rodríguez Alzueta, docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

Vecinocracia “es el gobierno de los vecinos vigilantes”, según Rodríguez Alzueta, autor de un libro que enuncia la categoría desde el título: Vecinocracia. Olfato social y linchamientos (2019). Las acciones directas contra presuntos delincuentes “son maneras que tienen los vecinos de reponer umbrales de seguridad y certidumbre en el barrio y de gestionar una sanción moral que compense la falta de justicia y la desconfianza hacia la policía”, agrega el también director del Laboratorio de Estudios Criminales.

Según distintas versiones, los vecinos acusaron a Jeremías Sosa por los robos en general en la localidad de Olivera o por haber intentado un robo o por un robo del que nadie aportó detalles. Cuatro de los agresores están detenidos y otras cuatro personas tienen pedido de captura y permanecen prófugas. La fiscal María Laura Cordiviola investiga el hecho como homicidio agravado por alevosía, delito que contempla la pena de prisión perpetua.

Un devenir delincuente

“Hay cambios en las prácticas de vigilancia vecinal”, observa Manuel Tufró. El punto de referencia son los años 90, cuando la figura del vecino comenzó a erigirse en una autoridad sobre políticas de seguridad. “En ese momento y en los primeros 2000, los grupos de clase media tenían contacto con algún tipo de estatalidad para reclamar, interpelar o colaborar con la policía. En los últimos años, a medida que las lógicas de violencia y de degradación del tejido comunitario fueron avanzando, empezaron a aparecer prácticas muy distintas en los barrios populares, desde pasacalles que advierten sobre represalias contra delincuentes hasta acciones difundidas en redes sociales con carácter ejemplificador y disciplinante. En el fondo, es un devenir delincuente de los propios grupos”, agrega Tufró, director del área de Justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y autor de La patria chica. Genealogía política de la figura del vecino (2018).

En la mañana del 28 de febrero, un empleado de seguridad privada de 62 años iba en moto a su trabajo en General Rodríguez. De pronto observó que otro motociclista se ponía a la par, los vehículos se rozaron y ambos cayeron al asfalto. El vigilante extrajo un arma de fuego y ejecutó al desconocido porque tuvo miedo de que fuera un ladrón. La víctima, de 31 años, se llamaba Raúl Ricardo Kapelinski, carecía de antecedentes delictivos, estaba desarmado y trabajaba como jardinero.

“El temor por el delito era más de la clase media hacia la clase baja –sigue Tufró-. Ahora hay una preocupación extendida en barrios de sectores populares que están a la intemperie en cuestiones de seguridad. El cambio es el pasaje a la acción directa, porque los grupos de clase media del ciclo anterior apuntaron a generar reclamos a las autoridades, a la policía o a los medios de comunicación”.

Las agresiones vecinales se perpetran en grupo y definen además un nuevo motivo para el periodismo, el linchamiento que generalmente no se concreta por la intervención policial o de personas menos violentas. El título se repite: “Vecinos de Berisso casi linchan a un joven delincuente”, “Vecinos casi linchan a un delincuente en Luis Guillón”, “Casi linchan a un motochorro en Ramos Mejía”. Otros casos terminan en asesinatos, como el de Sosa, o el de David Moreira, de 18 años, apaleado por una decena de vecinos de barrio Azcuénaga, en Rosario, que además organizaron marchas de protesta cuando la Justicia intentó una investigación.

La figura del vecino, expone Tufró, es tan significativa por lo que define como por lo que excluye: trabajadoras sexuales, travestis, migrantes y hasta “los manteros de Once” según la prédica actual de la organización Buenos Vecinos: “Sigue siendo una forma de marcar diferencias desde un lugar moral, no solo con delincuentes sino con otras figuras que en el imaginario se asocian al delito pero que en realidad tienen que ver con usos del espacio público que van en contra de cierta mirada de clase media. Por otro lado, también sirve para diferenciarse de los políticos como una forma de organización supuestamente apolítica y por eso más legítima”, afirma el investigador.

Rodríguez Alzueta describe una especie de pedagogía de los medios de comunicación: “El vecino es aquella persona replegada en la esfera privada, abocado a su familia, es decir, alguien sin empatía, que tiene muchas dificultades para pensar sus problemas con las dificultades que tiene el otro. Ese vecino antipático solo está dispuesto a salir de su zona de confort para acceder al espacio público cuando es víctima de algún hecho. Aprendió viendo la TV que esa es la única forma de que su voz tenga quórum o legitimidad”.

La retroalimentación del fenómeno por parte de los medios de comunicación es una constante desde el doble crimen perpetrado el 16 de junio de 1990 por el ingeniero Horacio Santos contra los ladrones del estéreo de su auto. “La responsabilidad de los medios está en cómo crean la cotidianeidad en la que se insertan estos episodios, en cómo construyen de manera sostenida la idea del peligro y el miedo al delito. También existe una diferencia en ese sentido: si hace 25 años había una amplificación, una exageración de situaciones, ahora muchos casos dialogan con la experiencia real de los sectores populares. También hay medios que se colocan en el lugar de los linchadores, hablan desde ese punto de vista”, destaca el director de Seguridad y Justicia del CELS.

Tufró señala que la categoría del vecino fue central en la argumentación macrista en la era de la grieta y la confrontación con el kirchnerismo pero cayó en desuso con el discurso libertario. Rodríguez Alzueta observa otra articulación con la coyuntura política: “Milei no solo supo interpretar el descontento que la política fue acumulando en las últimas décadas, sino que le puso un megáfono al resentimiento y el odio que surcaban gran parte de la sociedad. La Libertad Avanza fue una puesta en valor de las pasiones bajas y también una interpelación. Sobre todo para los vecinos o grupos y grupetes de personas que se sienten llamados o empoderados alrededor de determinados temas como la seguridad”.

En el nombre del bien

En Rosario, el intendente Pablo Javkin sostiene sus discursos sobre los problemas de seguridad en la distinción entre buenos y malos vecinos. Sin mayores precisiones y como si los actores vivieran en universos separados, Javkin reproduce así los discursos de mano dura habituales en el gobernador Maximiliano Pullaro.

Buenos Vecinos es el nombre del grupo de “vecinas y vecinos organizados, trabajando por el bien común desde 2012” que en abril denunció a una migrante peruana que vendía medias en la calle. Su cuenta de Instagram es una vocería de prensa de la Policía de la Ciudad y del gobierno de Jorge Macri, aunque también presume de hacer investigaciones y gestionar políticas por su cuenta, como el “plan antinarcos en la ciudad” para el que recolectan firmas en la calle.

“Ya en los 90 había grupos de clase media que intervenían para ejercer un control del espacio público y generaban vínculos con la policía en un sentido de colaboración. En realidad, amplificar la mirada y el discurso de la policía hacia el resto de la sociedad. Son funcionales a sus intereses. Buenos Vecinos sigue esa línea pero en un contexto en el que el discurso de La Libertad Avanza ofrece una nueva plataforma para desplegar racismo y discriminación explícitos; además encuentran eco en prácticas del gobierno de Jorge Macri en relación con el espacio público”, dice Tufró.

Hasta principios de los 2000, recuerda el director del CELS, “había un discurso sobre la necesidad de controlar a la policía y de la participación ciudadana como una forma de ejercer ese control; eso ha desaparecido”, apunta. Y concluye: “También el peronismo adoptó una política de Estado donde la policía es el principal y único instrumento de la seguridad”.

Rodríguez Alzueta confirma “la concepción policialista de la seguridad” como una especie de dogma instalado e insta a la creatividad política: “Siempre les digo a los funcionarios que faltan palabras para pensar los temas. Si convocás a los vecinos alrededor de la palabra seguridad, los invitás a pedir más policías, más camaritas de vigilancia, más patrulleros. Y además dejás a gente afuera, porque es muy difícil que los jóvenes se sientan convocados. En cambio, cuando los interpelás alrededor de la 'tranquilidad' estás procurando que los vecinos lean un problema al lado del otro, los conflictos urbanos al lado de la pobreza, la desigualdad social, la falta de infraestructura urbana. Pero los políticos son muy perezosos y les sale más barato, electoralmente hablando, tapar agujeros y patear los problemas para delante”.

Buenos Vecinos presume de haber logrado “importantes avances” en la Comuna 3 y en la Ciudad respecto a dos problemáticas clave: “la venta ilegal y el narcomenudeo”. Y sostiene un programa: “Todavía queda mucho por hacer, y no vamos a parar hasta que toda la Ciudad esté ordenada para todos”.

Rodríguez Alzueta no cree que alcancen esa utopía represiva: “Por el contrario, pueden recrear las condiciones para que los vecinos se sientan más inseguros, toda vez que estas estrategias securitarias contribuyen a fragilizar las relaciones entre los vecinos y a reproducir las distancias entre las distintas generaciones, y porque la policía ahora se hará presente de manera más violenta”.

Según Manuel Tufró, “estos grupos ejercen cierto poder, a veces simbólico, a veces con consecuencias directas sobre los cuerpos y las libertades de otros, pero al mismo tiempo son sectores subordinados, utilizados por la policía para sus propios fines; su poder surge de la clase social que representan y de cómo eligen sus blancos, siempre en sectores populares”. Como Jeremías Sosa, la noche en que cayó en manos de una horda de vecinos honrados. 

MC

Un grupo de vecinos mató a golpes y le prendió fuego a la casa a un hombre de 35 años, a quien acusaban de haber asesinado a otro con la complicidad de su hijo de 17 años en la localidad chaqueña de Sáenz Peña, informaron fuentes judiciales y policiales.

Los investigadores aseguraron que el joven de 17 años fue detenido luego por la policía, mientras que tres vecinos que aparentemente participaron del linchamiento también fueron apresados y quedaron a disposición de la Justicia.

Fuentes policiales informaron que el hecho inicial tuvo lugar a las 7 de la mañana cuando una ambulancia se encontraba circulando por la intersección de las calles 33 y 22 del barrio Santa Mónica, de Sáenz Peña, donde los médicos encontraron a un hombre inconsciente tendido en el suelo y lo trasladaron a un hospital cercano, donde arribó sin signos vitales.

El fallecido fue identificado por los investigadores como Luis Pereyra (35), quien pertenecía a una comunidad indígena, según especificaron los voceros.

A su vez, las fuentes confirmaron que la muerte de Pereyra fue causada por un “fuerte traumatismo en el cráneo”.

En tanto, la pareja de Pereyra denunció que su marido había tenido una discusión con dos hombres durante la madrugada, que vivían tan solo a una cuadra de su domicilio, y que lo habían asesinado.

Uno de los presuntos autores fue identificado como Gustavo Ruffino (35) y también se acusó de participar del crimen a su hijo de 17 años.

Ante esa situación, alrededor de 300 vecinos del barrio Santa Mónica se dirigieron al domicilio de los acusados, ubicado en la calle 33 entre 20 y 22. En ese lugar, solamente encontraron a Ruffino, a quien mataron a golpes y, tras consumar el asesinato, prendieron fuego su casa.

Por otro lado, como resultado de la investigación, el personal policial encontró al adolescente de 17 años, hijo de Ruffino, oculto en la casa de su abuelo, ubicada en el barrio Tiro Federal, donde fue detenido.

Posteriormente, el adolescente fue imputado por el fiscal a cargo de la causa, Marcelo Soto, por “homicidio simple” en perjuicio de Luis Pereyra.

Un investigador ligado a la causa dijo a Télam que “es poco probable” que la muerte de Pereyra haya sido en contexto de un robo y comentó que la hipótesis principal se basa en que el hecho fue un conflicto entre vecinos.

Por su parte, fuentes judiciales confirmaron que tres hombres que participaron del linchamiento de Ruffino fueron identificados por filmaciones y fueron detenidos en las últimas horas.

Con información de agencias.

IG