El gobierno de Venezuela dio un paso más en su reclamo contra Argentina por el secuestro del avión de Emtrasur y se presentó formalmente ante el juez federal Federico Villena para oponerse a la incautación de la aeronave de bandera venezolana y solicitar acceso al expediente, según reveló este jueves CNN en Español. 

La gestión de Nicolás Maduro le dio un poder judicial al abogado Gabriel Palmeiro, socio del estudio de Maximiliano Rusconi, informó la corresponsal del medio en Caracas. Ambos son abogados del ex ministro de Planificación y otrora aliado del fallecido presidente Hugo Chávez, Julio de Vido, a quien representan en el juicio oral y público por el caso Vialidad, entre otras causas.

Palmeiro realizó su presentación en la causa días después de que Rusconi visitara Venezuela la semana pasada y mantuviera una reunión con la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, y el canciller Carlos Faría para asesorar al gobierno de Maduro en la causa del avión de carga, informó CNN en Español en base a fuentes del gobierno argentino y de la defensa.

Villena ordenó la incautación conjunta del Boeing modelo B747-3B3 a pedido de un tribunal de Columbia, Estados Unidos, por lo que el avión, que estaba secuestrado a disposición de la Justicia argentina, quedó retenido en el país a disposición de ambos países. Palmeiro afirmó en un escrito presentado este miércoles ante el juez que la medida “representaría una arbitraria injerencia en el  patrimonio público de la República Bolivariana de Venezuela y en los derechos que atañen a su soberanía”, de acuerdo con el escrito al que accedió CNN. 

Maduro y miembros de su gobierno se han manifestado públicamente contra la Justicia argentina tras la decisión del juez del caso pero esta es la primera vez que el gobierno de Venezuela se presenta ante el juzgado. Palmeiro informó en su escrito que representa a Reinaldo Enrique Muñoz Pedroza, procurador general de Venezuela y principal abogado del Estado de ese país. 

Palmeiro acompañó el escrito con un poder especial judicial firmado por el Procurador venezolano y solicitó acceso a la causa para extraer copias “con el objeto de analizar los caminos procesales tendientes al aseguramiento de los  derechos” del Estado de Venezuela por tratarse de un avión de bandera venezolana y “en razón del carácter público de la firma Consorcio Venezolano  de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (CONVIASA)”, accionista de Emtrasur. El abogado también solicitó representar a Emtrasur, que ya tiene otro abogado en el expediente.

El avión de matrícula venezolano, se encuentra retenido en Ezeiza desde el 8 de junio principios de junio mientras se investiga si la tripulación tendría vínculos con posibles actividades terroristas en el país. La tripulación, integrada por catorce venezolanos y cinco iraníes, tiene prohibición de salida del país. El juez había levantado esta restricción para doce de ellos (once venezolanos y un iraní), tras el análisis de sus dispositivos electrónicos, pero la fiscal Cecilia Incardona apeló la medida a favor de los imputados y ahora la Cámara Federal de La Plata debe analizar su planteo.

La aeronave fue objeto de una inspección de rutina de la Policía Federal Argentina y con la participación del agregado del FBI en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, previa al secuestro conjunto autorizado por el juez.

La fiscal Incardona había dictaminado que era “formalmente procedente” el reclamo de la Justicia de los Estados Unidos.

Palmeiro también adelantó en el escrito que planteará que “el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales con el gobierno de Estados Unidos de América no resulta aplicable al caso que nos ocupa y por lo tanto, no puede utilizarse dicho instrumento  con el objeto de cercenar los derechos de mi poderdante”, ya que el juez se basó en este tratado de cooperación internacional para hacer lugar al pedido de Estados Unidos.

Este tratado, dijo Palmeiro “resulta de exclusiva aplicación en los procedimientos relacionados con cuestiones penales mientras que la pretensión que pretende canalizar en autos el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica resulta de otra naturaleza (comercial), cuestión que, además, lo priva de legitimación activa en estos actuados”.

El pedido se suma al ya realizado por otro abogado argentino, Daniel Ramón Trava, quien representa a Emtrasur en el expediente y ya apeló la decisión de incautar el avión a disposición de Estados Unidos, argumentando que “se está produciendo un gravamen irreparable”, según otro documento al que accedió CNN.

En la orden de incautación de la Justicia de Columbia se indicaba que el avión de fabricación estadounidense “está sujeto a decomiso en base a violaciones de las leyes de control de exportaciones” de ese país y que en este caso la violación estaría relacionada “con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní” a una firma venezolana. Mahan Air estaría vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a las Fuerzas Quds, calificada como supuesta organización terrorista por Estados Unidos.

La venta del avión, según surge de un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fue por parte de Mahan Air a Emtrasur, aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A (Conviasa), una empresa pública de Venezuela.

ED

El juez federal Federico Villena espera que en las próximas horas la Policía Federal Argentina (PFA) le entregue un informe completo con el análisis del contenido del teléfono celular del piloto iraní, principal imputado en la causa del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, informó a elDiarioAR una fuente directa de la causa. El magistrado busca imprimir la mayor celeridad posible a la investigación para definir la situación procesal de los diecinueve tripulantes imputados por presuntas relaciones con el terrorismo internacional. 

El capitán de la aeronave y los otros dieciocho miembros de la tripulación quedaron formalmente imputados tras un dictamen de la fiscal federal Cecilia Incardona presentado este martes último ante el juzgado. El juzgado ya tiene parte de los resultados de las pericias y la Federal, que reforzó el equipo de técnicos informáticos dedicados al caso, se concentró en culminar el análisis del teléfono del piloto para ampliar luego el del resto de los tripulantes iraníes. 

Villena tiene pendiente una reunión con la fiscal Cecilia Incardona y autoridades de la Policía Federal por el caso. Hasta el momento, el contenido del teléfono del piloto no habría aportado prueba significativa para la causa, como adelantó este miércoles Página/12 y confirmó la fuente con acceso a la investigación. Se hallaron fotografías de unos 30 años de antigüedad en la que pueden verse a hombres jóvenes recibiendo instrucción militar, presumiblemente en Irán, debido al escudo en sus uniformes. 

Los analistas creen que uno de ellos sería el piloto y que habría tenido un paso por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de las fuerzas armadas de Irán, fundadas tras la revolución de 1979.

También encontraron imágenes de los llamados mártires de la Guardia Revolucionaria Islámica y consignas contra Israel. 

La Justicia encargó a una compañía especializada la apertura y análisis de una tablet de marca Apple hallada durante uno de los allanamientos y que no sería propiedad de los tripulantes que se encuentran en Buenos Aires.

La causa acumulaba este miércoles ocho cuerpos y el juez ya cuenta con la información de las cajas negras, cuyo análisis debe realizar el juzgado, y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo. 

Durante el allanamiento al avión varado en Ezeiza desde el miércoles 8 de junio también surgió un plan de vuelo de la aeronave datado en abril pero que no se encontraría a nombre  de Emtrasur sino de Qeshm Fars Air, una de las aerolíneas iraníes sancionadas por los Estados Unidos por su supuesta vinculación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y presunta colaboración con el terrorismo internacional a través del transporte de armamento, personas y dinero en Medio Oriente.

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que la agencia sostiene que el piloto sería CEO y miembro de la administración de Qeshm Fars Air. Esta fue la principal causa de la imputación que dictaminó la fiscal el martes.

Sin embargo, Villena e Incardona deben determinar si la tripulación cometió algún delito en Argentina y el juez espera que esa definición no pase de la próxima semana, confió la fuente consultada.

La investigación gira en torno a tres ejes: el avión, la tripulación y la carga que se transportó en la aeronave hasta Buenos Aires, explicó la fuente. Durante este miércoles, el juez continuó tomando declaraciones testimoniales.

Este artículo se actualizó el 23 de junio a las 19:49 para corregir la marca del celular del piloto.

ED

El juez federal Federico Villena busca determinar en los próximos días la situación judicial de los diecinueve tripulantes del Boeing 747-300 de la compañía Emtrasur, propiedad del Estado venezolano, afirmó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR. El magistrado ya cuenta con la información de las cajas negras, parte de las pericias de los teléfonos de los tripulantes y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo pero también surgió un elemento que vincularía al avión con una de las empresas sancionadas por sus vínculos con el terrorismo internacional.

Algunos de los pasos a seguir son determinar a qué compañía pertenece legalmente el avión y qué hablaron el piloto y copilotos durante el último vuelo, cuando el avión despegó de Ezeiza hacia Montevideo pero debió regresar a Argentina. Villena debe determinar si hay pruebas de espionaje o actividades ilegales en Argentina.

La causa judicial por el avión de matrícula venezolana varado en Ezeiza desde el 8 de junio dejó a la Argentina en una situación política desventajosa, surfeando entre Venezuela y los Estados Unidos para evitar conflictos diplomáticos con ambos países, enfrentados por la alianza de Nicolás Maduro con el régimen iraní, entre otras razones. 

Hasta el momento, el expediente se denomina “NN sobre averiguación de delito”, pero a raíz de las pruebas incorporadas en los últimos días, Incardona analiza y escribe un dictamen para circunscribir los hechos investigados en una nueva carátula. Tampoco tiene imputados.

Los investigadores ya cuentan con algunos de los resultados de las pericias de los teléfonos y Aerolíneas Argentinas logró abrir las cajas negras del avión. Fue la forma que encontró el juzgado para acceder a la información guardada en los dispositivos que graban las conversaciones en la cabina de las aeronaves. Se trata de cajas negras de tecnología antigua, explicó una fuente del caso. El avión es de 1986.

La información extraída ya está en poder del juzgado federal de Lomas y va a ser analizada en las próximas horas. Permitirá a los investigadores escuchar las conversaciones del piloto y copilotos del día 8 de junio, al menos, cuando el avión partió de Ezeiza sin poder cargar combustible por las negativas de las petroleras a abastecerlo e intentó ingresar a Uruguay, donde las autoridades prohibieron el aterrizaje y obligaron a la tripulación a regresar a Buenos Aires.

Las cajas negras también permitirían corroborar si el avión efectivamente apagó o no el transponder, que transmite información para que las torres de control aérea puedan identificar a la aeronave y su altitud, como denunciaron diputados de la oposición. Si se determina que se apagó, el juzgado quiere establecer si es significativo o no para la causa.

Informes

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que el organismo sostiene que el piloto sería una autoridad de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air y que esta compañía formaría parte de una operación de las fuerzas Al-Quds y de la inteligencia iraní para trasladar personas y armas a lugares de conflicto en Medio Oriente, confirmó la fuente consultada. 

Durante el allanamiento a la aeronave el jueves último, el juzgado obtuvo al menos un elemento que relaciona al avión con esta compañía, Qeshm Fars Air, que está siendo analizado para entender los alcances de ese vínculo, afirmó una fuente de la investigación a elDiarioAR, que prefirió no especificar por el momento de qué elemento se trata.  

El avión varado en Ezeiza, según el FBI, no habría sido adquirido por la empresa pública Emtrasur sino que habría sido cedido como leasing por Mahan Air, otra aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos. El leasing es una operación usual en la aviación. El juez solicitó a la compañía venezolana que acredite con toda la documentación necesaria cuál es su vínculo con la aeronave.

El venezolano Víctor Pérez Gómez, el gerente general de Operaciones de Emtrasur y uno de los tripulantes investigados, presentó una denuncia contra el director general de la PSA, José Glinsky, por el presunto allanamiento ilegal del Boeing antes de que interviniera la Justicia en el caso y como parte de la documentación que respalda su versión adjuntó un contrato denominado “Sale and Purchase and Technical Support Services Contract between LANCE TECH GENERAL TRADING and CONVIASA” y sostuvo que se trata del contrato de compraventa de la aeronave en su idioma original, según el escrito al que accedió elDiarioAR. Este expediente contra Glinsky aún no ha sido abierto y la fiscal Incardona debe determinar si considera que debe iniciarse una investigación, explicó la fuente del caso.

Sin embargo, el FBI no aportó aún ningún documento que acredite ese vínculo y que sirva como prueba para la Justicia argentina, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. El informe se basa en la información aportada por sus fuentes anónimas, protegidas, cuya identificación sería prácticamente imposible.

El juez Villena ya solicitó a Emtrasur que acredite la propiedad del avión con documentación, que la compañía venezolana no ha aportado por el momento.

Estados Unidos tampoco realizó ningún requerimiento sobre el piloto para su eventual extradición o interrogatorio.

El juzgado y la fiscalía no descartan la hipótesis de que algunos de los miembros de la tripulación estén vinculados a estas empresas sancionadas por los Estados Unidos, pero lo central para los investigadores es definir si pueden probar que cometieron algún delito en Argentina

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportó oficialmente sobre las sanciones que pesan sobre estas dos aerolíneas -Mahan Air y Qeshm Fars Air- y sobre el avión. En la sanción la aeronave figura con matrícula iraní, que fue modificada en enero de este año a una matrícula venezolana cuando el avión cambió de manos, de Mahan Air a Emtrasur.

La causa ya cuenta con más de 40 medidas de prueba, que incluyen testimoniales, exhortos internacionales y a organismos de la aviación.

Se corrigió error de tipeo en Aerolíneas Argentinas el 20 de junio a las 14.36.

ED

Dos cajas negras, una notebook, un pendrive, una tablet y documentación son los elementos hallados en el Boeing 747 de bandera venezolana y secuestrados la madrugada del viernes por orden del juez federal Federico Villena, informó a elDiarioAR una fuente con acceso directo a la investigación que tiene a los diecinueve tripulantes iraníes y venezolanos impedidos de salir del país.

Este viernes por la mañana, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) finalizó el allanamiento a la aeronave que iba a ser llevado adelante el miércoles hasta que el procedimiento se filtró en los medios y el juez ordenó fajar la aeronave y suspenderlo por 24 horas. El ejecutivo Miguel Medina estuvo presente como representante de Boeing en Argentina.

El caso continuaba por cuarto día bajo secreto de sumario y sin imputados, según pudo confirmar elDiarioAR de dos fuentes directas de la investigación. 

La investigación comenzó la semana pasada con una denuncia realizada por un abogado contactado por Emtrasur. Rafael Resnick Brenner -exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone- se presentó ante el juez de turno, Villena, en nombre de los catorce venezolanos y los cinco iraníes para solicitar que se ordene a las tres petroleras que operan en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) que abastezcan de combustible al avión y que las autoridades devuelvan los pasaportes a los afectados para poder regresar a Caracas. Se abrió así un expediente denominado “Resnick Brenner, Rafael sobre Habeas Corpus”.

El ministro de Interior de Paraguay, Federico González, dijo a radio ABC Color que su servicio de inteligencia alertó a Uruguay y Argentina sobre la supuesta conexión del avión y la tripulación con la Guardía Revolucionaria Islámica en Irán y las brigadas Al-Quds, consideradas terroristas por los Estados Unidos -aunque no por Argentina-. El alerta fue el 6 de junio, razón por la cual el avión no fue abastecido por las petroleras en Ezeiza ni pudo ingresar a Uruguay y Paraguay.

A su vez, González dijo que la información provino de la inteligencia estadounidense. Su país ya venía investigando a Emtrasur y el avión por un viaje realizado a mediados de mayo a Ciudad del Este. 

En aquella oportunidad, el avión ingresó, permaneció y salió de Paraguay sin problemas, pero la investigación surgió después, tras la revelación de la periodista Mabel Rehnfeldt. La aeronave había partido de Ciudad del Este con un cargamento de cigarrillos de la empresa Tabesa, propiedad del denunciado expresidente Horacio Cartes. Este viernes, el ministro de inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, afirmó a la emisora ABC: “De acuerdo a lo que nosotros sabemos, y nos confirmaron agencias aliadas, se trata de una persona vinculada a Al-Quds”, dijo sobre el piloto del avión varado.

El lunes último los tripulantes pasaron de denunciantes a denunciados tras dos presentaciones ante el juzgado realizadas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) -en base a artículos periodísticos, según surge del documento- y diputados de la oposición -también basada en notas de medios-. 

La fiscal federal Cecilia Incardona ordenó abrir un nuevo expediente con la carátula “NN/sobre averiguación de delito”, informaron ambas fuentes. Los tripulantes no han tenido acceso a la causa. No están acusados de ningún delito y no son parte, pero están siendo investigados y tienen prohibido salir del país hasta que el juez Villena tenga en su poder los resultados de las pericias informáticas de los teléfonos, notebook y laptops secuestradas. No se encuentran detenidos y pueden circular dentro del país, aunque no tienen documentos que acrediten su identidad.

Las claves

La causa depende ahora de los resultados de tres medidas centrales: la identificación por huellas digitales que se les tomaron a los tripulantes y se enviaron a los Estados Unidos con el fin de determinar si algunos de los iraníes está vinculado a organizaciones terroristas; las pericias de los dispositivos informáticos secuestrados en el hotel y el avión; y el análisis de las cajas negras de la aeronave.

Las pericias informáticas se están realizando en tiempo récord, dijo una de las fuentes consultadas. Las copias forenses de los dispositivos secuestrados a los tripulantes el martes por la madrugada, durante el allanamiento al hotel donde se hospedan, ya fueron culminadas y se espera que este fin de semana haya resultados para aportar al juzgado, pero es una presunción.

Por cuestiones de acceso a tecnología específica, los teléfonos Iphone están siendo analizados por la Federal mientras que los de otros sistemas operativos quedaron en manos de la Policía porteña.

La causa avanzará o se cerrará de acuerdo a las evidencias o carencia de pruebas para retener a los tripulantes después de los resultados de las pericias y de la identificación o no de las huellas digitales.

Días de ocio

Durante el allanamiento en el hotel, tanto los tripulantes venezolanos como los iraníes sostuvieron la misma versión ante la Policía Federal: vinieron a Argentina a entregar un cargamento de autopartes que se cargó en México. 

Los diecinueve habían sido seguidos y vigilados durante todo el fin de semana del 11 y 12 de junio por orden del juzgado. En el interín, cambiaron de hotel: del Holiday Inn al Plaza Central Canning. Las tareas estuvieron a cargo de la Unidad Antiterrorismo de la Federal, la Agencia Federal de Inteligencia y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Los iraníes hablan poco inglés, son de extremo bajo perfil y se movieron con menor frecuencia que los venezolanos, quienes salieron el viernes por la noche a un bar muy cercano al hotel, contó una fuente del caso a este medio. 

Podrían haber dejado el país en un vuelo de línea, pero se quedaron supuestamente a la espera de que el avión pudiera cargar combustible. La aeronave acumula unos US$40.000 de cánon por su estadía en la pista, según informó una fuente del sector aeronáutico. 

Una mujer integra la tripulación y tendría un cargo en la empresa Emtrasur, al igual que otros de sus compañeros de vuelo. Uno de ellos es ejecutivo del área de Finanzas, por ejemplo. Al menos dos de ellos tienen domicilios legales en Estados Unidos y España y varios tienen pasado militar. No tienen actividad en redes sociales.

Los venezolanos también mostraron a la policía durante el allanamiento sus tarjetas del banco Bi-National Bank, una entidad creada por Venezuela e Irán.

Tras las declaraciones del flamante jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, quien refirió que creía que los iraníes estaban instruyendo a los venezolanos sobre cómo pilotear el avión, los venezolanos redactaron un texto para presentar eventualmente ante el juez Villena con su descargo, pero hasta este miércoles no lo habían presentado. Allí explicaban que el motivo de que la tripulación estuviera integrada por personal civil y de ambas nacionalidades se debía justamente a eso: una fuente directa del caso explicó a elDiarioAR que los venezolanos sostienen que los iraníes estaban capacitando a los venezolanos sobre el manejo de Boeing 747-300, no porque los pilotos de Caracas no supieran volar sino porque se trata de un avión fabricado en 1986 -es muy viejo- y se requieren conocimiento específicos -según la versión de los tripulantes latinos- desde mecánica hasta mantenimiento.

Como el avión perteneció hasta el año pasado a la iraní Mahan Air y comenzó a volar con Emtrasur a finales de enero de este año, se supone que aún están en proceso de adecuación técnica.

elDiarioAR revisó las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump en las que se basaron las petroleras que operan en Ezeiza para no cargar combustible al avión, varado desde el 8 de junio en el aeropuerto internacional. 

Estados Unidos mantiene sanciones contra Mahan Air, Conviasa (dueña de Emtrasur, según un decreto de Nicolás Maduro) y el avión con matrícula iraní (EP-MND) pero no con su actual matrícula venezolana (YV3531). También pesan sobre la empresa aérea de carga Qeshm Fars Air, pero no hay ningún nexo público de esa compañía con los iraníes. 

Conviasa hace vuelos regulares a Ezeiza y hasta el momento no había tenido impedimentos en Argentina.

El piloto

Hasta el momento, los únicos datos fehacientes sobre el piloto en dominio público son su nombre completo, su fecha de nacimiento y número de pasaporte -se filtró la foto de su pasaporte-, nacionalidad y un antecedente laboral: es sindicado como CEO de una compañía aérea iraní. Hasta al menos 2016, era CEO de Iranian Naft Airlines, según la agenda online de la cumbre de finanzas en aeronavegación iraní de ese año, en la que participaron decenas de autoridades del área de ese país. 

Iranian Naft Airlines cambió su nombre al año siguiente por Karun Airlines. Ninguna de las dos figura en la lista de sancionados de los Estados Unidos, según las búsquedas online en el Departamento del Tesoro de ese país. En algunos medios de comunicación se le ha adjudicado un cargo administrativo en otra aerolínea iraní que sí está sancionada por los Estados Unidos, Qeshm Fars Air, pero ni la DAIA -que lo incluyó en su denuncia- ni quienes lo publicaron explicaron de dónde surge ese dato o cuál es la fuente.

En un comunicado, la embajada de Israel en Argentina sostuvo que su país está “particularmente preocupado por la actividad Mahan Air y Qeshm Fars Air en América latina, empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para la Fuerza Quds, las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas”. No hizo mención al piloto. 

ED

Bolivia se vio repentinamente envuelta en el caso del avión venezolano retenido en Ezeiza por las autoridades argentinas. Otro avión con tripulación iraní y de parecidas características al que se encuentra inmovilizado en Argentina aterrizó a las 14:00 del miércoles 15 de junio en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, llamando la atención de la prensa.

La decisión afecta a unas 400 personas: 200 que quedaron varadas en Bolivia y otras 250 en Buenos Aires.

El avión desviado a Santa Cruz de la Sierra es un Airbus A340-642 con matrícula YV3535, ahora propiedad del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), pero que originalmente navegaba con bandera iraní.

Estaba previsto que la nave, que había partido de Caracas, llegara a Buenos Aires para recoger a los 19 miembros de la tripulación del Boing de Conviasa retenido en esta ciudad. Debía hacer una escala en Santa Cruz y luego continuar vuelo hacia la Argentina. Sin embargo, por alguna razón, que la prensa local supone fue miedo a sufrir un problema similar al que ya tiene esta línea aérea en este país, el avión se quedó en Viru Viru y la tripulación, que también estaba compuesta por personas de origen iraní, viajó a Buenos Aires en un vuelo comercial de una nave de Boliviana de Aviación, programada para volver a Bolivia la noche del 15 con los 19 tripulantes liberados. 

La flota de Conviasa se halla sancionada por Estados Unidos, lo que dificulta sus operaciones en múltiples sentidos. Desde Argentina se reportó, por ejemplo, que las petroleras que operan en el aeropuerto se rehusaron a recargar de combustible al avión retenido. En Bolivia, estos problemas están allanados por el control estatal de todas las operaciones aéreas. El gobierno boliviano reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y rechaza las sanciones estadounidenses en su contra. En el pasado, el oficialista Movimiento al Socialismo ha mantenido buenas relaciones con Irán, a pesar de las sanciones que pesaban sobre este país.

El escándalo comenzó este lunes cuando el primer avión despertó las alertas internacionales al llegar a Ezeiza. El avión y los 19 tripulantes quedaron bajo la lupa de la justicia argentina que ordenó retenerlos en el país.

El juez que investiga la causa, Federico Villena, y la fiscal federal Cecilia Incardona ordenaron una serie de medidas para intentar establecer si hubo irregularidades en la aeronave que arribó el 5 de junio a Ezeiza.

La impunidad del atentado a la AMIA, la caldeada Triple Frontera y las internas internacionales, la falta de transparencia en las comunicaciones oficiales y la desconfianza naturalizada sobre los organismos de seguridad y control en Argentina desencadenaron el nuevo escándalo nacional: el ingreso al país de un avión de cargo de la empresa pública Emtrasur, de Venezuela, en la mira de las autoridades de los Estados Unidos por su relación con Irán y el gobierno de Nicolás Maduro; y la investigación que ahora pesa sobre la tripulación integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos. 

La oposición insiste con que fallaron los controles y el Gobierno respondió que actuaron correctamente porque las alertas llegaron cuando el avión ya estaba en Ezeiza ¿Qué está confirmado hasta el momento sobre el caso? elDiarioAR analizó en los últimos dos días documentos presentados por los organismos oficiales de aviación y denunciantes ante la Justicia, resoluciones judiciales, comunicados de los Estados Unidos y declaraciones de funcionarios de Uruguay, Paraguay y Argentina, información aportada por fuentes del caso y datos abiertos en la web para responder algunas de las preguntas del caso.

El origen

La causa judicial se originó en Lomas de Zamora la semana última por una presentación de habeas corpus del abogado argentino Rafael Resnick Brenner, exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone y quien siempre negó las acusaciones. El letrado fue contactado por Emtrasur para presentar los habeas corpus de los diecinueve integrantes de la tripulación. En un escrito, denunció ante el juez federal Federico Villena que las autoridades argentinas tenían retenidos sus pasaportes.

Los catorce venezolanos y los cinco iraníes podían podían salir del país en un vuelo de línea, pero no en su avión, debido a que las proveedoras de combustible del aeropuerto de Ezeiza se negaban a abastecer al avión de bandera venezolana.

El avión es un Boeing 747, que según los documentos oficiales argentinos consultados por elDiarioAR tiene matrícula venezolana (YV3531), no iraní. Pertenece a la compañía venezolana pública Emtrasur, línea de cargo vinculada a Conviasa, línea aérea oficial de Venezuela. En el pasado perteneció a Air France hasta que fue adquirido por Mahan Air, de Irán, en 2007, según el sitio Airfleets. Desde enero de 2022, figura como avión de Emtrasur.

Antes de que la oposición y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentara sus denuncias por el caso, el avión y su tripulación ya estaban en problemas. Las tres compañías que proveen combustible a los aviones en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) se negaron a abastecer a la aeronave, confirmaron las tres compañías ante la consulta de este medio.  

La información nosotros la teníamos el día lunes (6 de junio) por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, con lo cual no es que nosotros tuvimos una información de la cual no hicimos utilización del tema.

Aníbal Fernández — Ministro de Seguridad.

Sanciones

Tanto Mahan Air como Conviasa están en las listas negras de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En ambos casos, las medidas fueron tomadas por el gobierno de Donald Trump.

La línea aérea iraní fue sancionada por las autoridades estadounidenses por supuestamente colaborar con el traslado de personas, fondos y armamento de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el conflicto de Siria y con el gobierno de Venezuela, según un comunicado del Tesoro de los Estados Unidos. Compañías y personas que prestaron colaboración con Mahan Air también han sufrido sanciones de ese país, según confirma el comunicado.

“No podemos abastecer combustible a aeronaves de países con restricciones”, informaron fuentes de Raízen sobre las razones de la decisión.

elDiarioAR se contactó con la embajada de Irán en Argentina pero aún no ha recibido respuesta sobre su posición frente a las sanciones. El avión fue vendido a una empresa venezolana hace un año, dijo Amir Hossein Zol-Anvari, gerente de la oficina de relaciones públicas de Mahan, a la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA). “La detención del avión cuya propiedad fue transferida hace un año obedece a objetivos políticos -agregó- y la tripulación ha estado trabajando para la empresa venezolana y el tema no tiene relación con Mahan Air”.

En la misma línea se manifestó el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Khatibzadeh: “Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad (en Irán) y este caso forma parte de ello”, según reflejó DW.

“Se interpreta que las empresas petroleras no pueden proveerle combustible al avión por temor a sanciones del gobierno norteamericano, por ser una aeronave de matrícula venezolana y tripulación iraní”, explicó una fuente del sector aeronáutico.

En 2020, Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro de la administración de Trump, afirmó que “el régimen iraní utiliza Mahan Air como una herramienta para difundir su agenda desestabilizadora en todo el mundo, incluidos los regímenes corruptos de Siria y Venezuela, así como los grupos terroristas en todo el Medio Oriente” y alertó que Estados Unidos tomaría medidas contra quienes “apoyen a esta aerolínea”. De hecho, sancionó, por ejemplo, a las empresas Parthia Cargo and Delta Parts Supply FZC por “apoyo material” a Mahan Air, según un comunicado del Tesoro.

En el caso de Conviasa, la sanción fue impuesta en febrero de 2020. “El régimen ilegítimo de Maduro depende de la aerolínea estatal venezolana Conviasa para transportar a funcionarios corruptos del régimen por todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos”, dijo entonces Mnuchin.

En el sitio web de la aerolínea venezolana se pueden adquirir pasajes para Buenos Aires-Caracas para el 28 de junio, saliendo de Ezeiza, y regresar a Argentina el 11 de julio. La línea aérea realiza viajes a países aliados de Maduro: tiene vuelos a La Habana, Moscú, Viru Viru, Teherán y Managua. También a Cancún e incluso a Lima, Santiago de Chile, Quito, Madrid, Panamá, Guayaquil, Santa Lucía y San Vicente.

Conviasa no ha hecho declaraciones sobre el caso del avión hasta el momento. El 11 de junio mientras el abogado de la compañía solicitaba los habeas corpus, la cuenta oficial de la empresa en Twitter republicó a Maduro: “¡Tremenda Noticia! A partir del #18Jul, se abrirá el vuelo Caracas–Teherán, con el fin de promover el turismo y la unión entre ambos países, a través de paquetes que nos permitan compartir turistas. Sin duda, las relaciones entre Irán y Venezuela, se fortalecen y expanden”.

El arribo a Ezeiza

El avión de Emtrasur aterrizó en Argentina el 6 de junio a las 12.12 del mediodía. Llegó desde México, previa escala en Caracas, de acuerdo con un reporte de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) que consta en el expediente. 

La aeronave fue contratada para transportar autopartes fabricadas en la ciudad mexicana de Querétaro y adquiridas por la empresa privada argentina SAS Automotriz SA, proveedora de la automotriz Volkswagen. 

El lunes, SAS Automotriz SA y Volskswagen desconocieron cualquier nexo con la contratación del avión en distintos comunicados. La automotriz informó que encargó las autopartes a SAS Automotriz y la proveedora sostuvo que “la contratación se realizó para el transporte de componentes destinados a la producción de paneles de instrumento y asientos para el modelo Taos” y responsabilizó al forwarder: Fracht, una compañía estadounidense con oficinas en Buenos Aires.

En un tercer comunicado, Fracht sostuvo: “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre este vuelo”. Aerocharter México aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Aquel 6 de junio, el avión no pudo aterrizar por la intensa niebla en Ezeiza y solicitó descender en Córdoba, según el documento oficial. Más tarde, a las 14.35, cuando las condiciones meteorológicas mejoraron, partió hacia Ezeiza. En las siguientes 48 horas, el avión presentaría cuatro planes de vuelo distintos. 

Planes de vuelo

Al día siguiente, la tripulación presentó un plan de vuelo de regreso, con destino al aeropuerto de Maiquetía, Caracas. A lo largo del día debió modificarlo y solicitó dos extensiones de vuelo. Las autoridades no informan las razones de la demora. Ese día no pudo despegar.

El avión partió (de Ciudad del Este) para Aruba con un cargamento de cigarrillos de Tabesa (empresa del expresidente Horacio Cartes).

Federico González, sobre el viaje de mayo a Paraguay. — Ministro de Interior de Paraguay.

El miércoles 8, el avión fue revisado. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal (PFA) y Aduana participaron de la revisión de la carga “restante” -se entiende que no es la original destinada a la automotriz, que informó que se despachó el cargamento con todos los controles aduaneros- con perros, escáneres y rayos X para detectar explosivos o drogas. “Todos los procedimientos realizados dieron resultado negativo”, comunicaron en un documento al juzgado. 

Ese mismo día, el avión presentó un nuevo plan de vuelo con destino al aeropuerto de Montevideo, Uruguay. Partió de Ezeiza a las 14.45, pero cuando estaba por ingresar al espacio aéreo uruguayo, las autoridades de ese país le denegaron el permiso para aterrizar. Debió regresar a Buenos Aires, donde está varado desde entonces. “Este país no lo acepta por no tener las autorizaciones de sobrevuelo para Uruguay”, dice el documento de EANA. No menciona cuestiones relativas a sanciones internacionales.

El ministro de Defensa uruguayo, Javier García, dijo el lunes a la prensa que dio la orden de que el avión no ingresara por información recibida de “agencias extranjeras”. Paraguay, más tarde, se atribuyó esa información. 

Medidas judiciales

La causa dio un giro de 180 grados este lunes, cuando los iraníes de la tripulación pasaron de denunciantes a denunciados. El juez Villena ordenó retener durante 72 horas sus pasaportes y solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que “que informe sobre cualquier movimiento” del avión. Por la tarde, la fiscal federal Cecilia Incardona abrió formalmente una causa y solicitó el secreto de sumario. Por la noche y durante toda la madrugada y parte de la mañana del martes, la división antiterrorismo de la Federal allanó el hotel donde se encuentra hospedada la tripulación y secuestró documentos y dispositivos electrónicos. 

Villena dio la orden luego de la presentación de la DAIA para que se investigue si los tripulantes iraníes pertenecen a las fuerzas Al-Quds, declaradas como terroristas por los Estados Unidos. La brigada responde a la Guardia Revolucionaria Islámica, rama de las Fuerzas Armadas de Irán. Argentina no tiene a esta organización en su lista de sospechosos de terrorismo aunque exautoridades y dirigentes de ese país están acusados en Argentina de haber ordenado el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Ese mismo lunes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó a radio Perfil que uno de los cinco ciudadanos iraníes sería homónimo de un integrante de Al-Quds. Fernández también aseguró que Argentina permitió que la tripulación ingresara al país porque no pesa sobre ellos ninguna alerta o restricción.

Cuando ingresaron a Buenos Aires por Ezeiza, las autoridades les dieron una estadía provisoria, “so pretexto de definir la situación de la aeronave” y se les impuso que sólo podían salir del país mediante avión de línea, lo que los obligaba a dejar “abandonada” la aeronave, según el escrito de su primer abogado. elDiarioAR no ha podido contactar a sus nuevos defensores por el momento.

Las alertas

El ministro Fernández dijo el lunes que el avión había realizado sólo dos vuelos en América Latina. El primero fue el 13 de mayo, cuando aterrizó en el Aeropuerto Guaraní, en Ciudad del Este, Triple Frontera, Paraguay, afirmó ese mismo día el ministro de Interior paraguayo, Federico González. 

Todos los procedimientos realizados dieron resultado negativo.

Informe de los organismos y fuerzas de control de Ezeiza sobre la inspección al avión el 8 de junio.

En declaraciones a la radio ABC Color, el funcionario guaraní dijo que en aquel vuelo la tripulación estaba integrada por dieciocho personas (seis iraníes y doce venezolanos) y que parte de ellos coincide con los tripulantes que se encuentran en Argentina. 

Los iraníes que ingresaron el mes último al Paraguay serían “miembros de la unidad Al-Quds, que forma parte de la Guardía Revolucionaria (Islámica) de Irán”, aseguró González y detalló que la fuente del gobierno de Asunción fue “un servicio de Inteligencia extranjero”. En la misma entrevista, aclaró poco después que se trata de los Estados Unidos.

En mayo, la aeronave permaneció en ese país durante el fin de semana del 13 al 16. Desde allí, el avión “partió para Aruba con un cargamento de cigarrillos de Tabesa”, dijo el funcionario. Se trata de una tabacalera del expresidente paraguayo Horacio Cartes. “Los dieciocho tripulantes partieron en esa fecha en el avión”, agregó.

Cuándo fue la alerta

El avión de Emtrasur intentó volver a aterrizar en Paraguay dos oportunidades más pero las autoridades de ese país se lo prohibieron, según González. Sostuvo que la última vez fue el 8 de junio, el mismo día en que Uruguay denegó el sobrevuelo en su territorio.

“El Servicio de Inteligencia del Paraguay fue el que alertó a los otros servicios de Inteligencia de la Región sobre la situación de esa aeronave y de la empresa que fue sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos”, aseguró González. 

El funcionario no precisó en qué fecha alertó a Argentina en la entrevista con ABC Color. Aún no ha respondido las consultas de elDiarioAR, pero Fernández dijo este martes que fue el mismo 6 de junio y que cuando Argentina fue notificada el avión ya estaba en Ezeiza.

Este último punto es el más confuso, hasta el momento.

“La información nosotros la teníamos el día lunes por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, con lo cual no es que nosotros tuvimos una información de la cual no hicimos utilización del tema”, afirmó el ministro de Seguridad.

Mientras tanto, el Gobierno paraguayo enfrenta actualmente su propio frente por el ingreso del avión a Ciudad del Este.

*Este artículo se actualizó el 14 de junio de 2022 para corregir el modelo del avión definido en un documento de la ANAC. El documento se refiere a un “Boeing 747 Dreamliner” pero el nombre del modelo es “Boeing 747-300” y se lo conoce como Dreamlifter.

ED

El misterio del avión venezolano con tripulantes iraníes sumó hoy un nuevo elemento a la trama: durante la madrugada de este martes, una nueva aeronave de bandera de Venezuela aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. Desde la oposición denuncian que estaba “vacío” y que se trató de un operativo para rescatar a los ciudadanos de ese país, proceso que se frustró luego de que la Justicia también les impidiera a ellos salir de la Argentina.

El vuelo en cuestión que llegó a Ezeiza se trata del V0 3550 de la aerolínea comercial venezolana Conviasa. Proveniente de Caracas, aterrizó a las 4 de la madrugada y se ubicó en la terminal A del aeropuerto internacional. En el registro de la web de Aeropuertos Argentina 2000 figura como “cancelado”.

“El avión estaba vacío. Yo intuyo que llegó para llevarse a la tripulación venezolana que estaba con los iraníes”, denunció ante elDiarioAR el diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, ex​​ secretario de Seguridad Interior cuando Patricia Bullrich estaba a cargo del ministerio durante el mandato de Mauricio Macri. “Fue cancelado porque el juez dispuso que los venezolanos no pueden salir del país”, explicó el ex funcionario macrista.

Conviasa es dueña del avión de carga Boeing 747 Dreamliner de la empresa de carga Emtrasur –con matrícula venezolana YV353 que está retenido en Ezeiza y que se sumó a la flota de la aerolínea que maneja el gobierno de Nicolás Maduro en febrero de este año, luego de pertenecer a Irán.

La propia aerolínea fue sancionada por Estados Unidos hace dos años, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Según la Casa Blanca, la línea aérea es utilizada por Venezuela para trasladar a funcionarios de Corea del Norte, Cuba e Irán, enemigos declarados de Washington, y por eso emitió un alerta y publicó un listado con 40 aviones, a los que sancionó, entre ellos, el Boeing 747.

Según Milman, quien fue el denunciante el viernes pasado de la presencia en Ezeiza del avión carguero, la llegada del segundo avión tiene vinculación directa con él primero. Para el diputado, todo se trata de “una operación de inteligencia venezolana-iraní sobre el Cono Sur”, en el que Venezuela le da apoyo a Irán, y que en las últimas semanas aterrizó en Ciudad del Este, cerca de la Triple Frontera que comparten Paraguay, Brasil y Argentina.

Siguiendo ese argumento, ayer el legislador había usado su cuenta de Twitter para exigirle a la Justicia que no deje salir al país a los 14 ciudadanos venezolanos que compartieron el avión con los cinco iraníes, cuyos pasaportes fueron retenidos a primera hora del lunes. “En un último intento por detener una actitud en contra del pueblo Argentino, les pido al Juez Federico Villenas y a la fiscal Cecilia Incardona que no permitan salir a los supuestos tripulantes venezolanos. La Patria está en peligro”, escribió Milman.

Horas después, se conoció que el magistrado ordenó un allanamiento en el hotel de la localidad bonaerense de Canning donde se aloja toda la tripulación del avión de bandera venezolana retenido en Ezeiza. El operativo encabezado por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la PFA concluyó esta mañana después de las 9:30 y no solo se le tomaron huellas dactilares a todos los involucrados, sino que se les secuestraron sus documentos y celulares. Como medida más firme, se decretó el impedimento de salir del país. 

Los 14 venezolanos apuntados por Milman como “agentes de inteligencia” del gobierno de Nicolás Madura llevan la identidad de Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez, Victoria Valdiviezo Marval, José García Contreras, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendon Oropeza, Albert Gines Pérez, Angel Marin Ovalles y Nelson Coello, según el expediente que se tramita en el juzgado de Lomas de Zamora. 

A ellos se suman los cinco iraníes, Mohammad Koswaviaragh, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh, Abdolbaset Mohammadi y Gholamreza Ghasemi, este último, señalado como miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán, organización calificada como terrorista por Estados Unidos.

MC

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo este martes que es “una vergüenza” el accionar de la administración de Alberto Fernández por el avión retenido en el aeropuerto de Ezeiza y pidió a la Justicia que “investigue a fondo” el asunto.

“Es una vergüenza. Una muestra más de la contradicción de lo que ha sido nuestra política exterior. Ninguno de los sistemas de seguridad de alarma parece haber funcionado. Es inadmisible, en esto cruzaron todos los límites”, afirmó durante el anuncio del desmantelamiento de una banda delictiva en la Ciudad, y reiteró: “Una muestra más de inoperancia del Gobierno”

En ese sentido, Larreta aseguró que la responsabilidad es del Gobierno nacional y pidió que la Justicia actúe a fondo. “No hay ninguna duda. El hecho de que Paraguay nos haya avisado agrava totalmente la situación”, manifestó.

Al ser consultado sobre declaraciones del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que indicó que la comunicación de alerta desde Paraguay llegó luego de que la aeronave aterrizara y que los pilotos estaban “adiestrando” a otros tripulantes, aseguró: “Me genera más preocupación que ellos minimicen la situación”.

Larreta indicó que se trata del “peor de los caminos” en un caso así. En ese sentido, consideró que hubiera sido mejor que el Gobierno nacional “reconociera el error” en el procedimiento. “Minimizar la situación muestra una superficialidad en el cuidado de los argentinos”, apuntó.

“La responsabilidad política ante una situación extrema como esta es, sin duda, del Gobierno nacional”, insistió al referirse sobre la aeronave que ingresó al país la semana pasada con 19 personas a bordo, 14 de ellas de nacionalidad venezolana y el resto iraní.

En paralelo a las declaracion del funcionario porteño, finalizaban los allanamientos en el hotel donde se hospedan los ciudadanos iraníes investigados que formaban parte de la tripulación de la aeronave.

DL

En el marco de la polémica por el avión varado en Ezeiza, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, planteó a modo de hipótesis que “los iraníes que estaban allí son instructores” y aseguró que no aparece la palabra “terrorismo” en la calificación de la empresa Coviasa, propietaria de la aeronave.

“En ningún momento se recibió algún tipo de alerta roja sobre los pasajeros del avión. La palabra terrorismo no aparece en la calificación política que el Gobierno de Estados Unidos hace sobre la empresa. Dice que se dedica a transportar funcionarios del régimen de Nicolás Maduro y que quien les prestase colaboración tendrá bloqueos y sanciones”, indicó este martes Rossi en declaraciones a la radio AM 750.

El funcionario calificó además como “una vergüenza” lo que hace la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) al relacionar este hecho con el atentados a la AMIA debido a “la sensibilidad que existe con este tema” en Argentina.

“Es una vergüenza lo que están haciendo, sobre todo en un país donde hay una sensibilidad especial por los atentados a la DAIA y a la AMIA. Las restricciones que están sobre la empresa Coviasa no tiene que ver con el terrorismo sino con el bloqueo financiero de Estados Unidos”, remarcó el titular de la AFI.

En otra entrevista, Rossi defendió ayer el accionar del Gobierno argentino: “La totalidad de las agencias del Estado actuaron adecuada y correctamente. Este avión ingresó a Paraguay en el mes de mayo, cargó y se fue. Acá el avión no se fue. La situación merece ser tratada con moderación”.

Consultado por una posible hipótesis, planteó: “Los iraníes que estaban allí son instructores. Me da la cuenta más o menos porque cinco iraníes y catorce venezolanos estaban instruyendo a dos tripulaciones para ese avión”.

“No es que usted compra un Hércules, por ejemplo digo el avión que tiene la Fuerza Aérea argentina, y sale a manejarlo cualquiera. No, señor. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlos adelante”, dijo Rossi.

Y profundizó: “El avión es comercial. Venía a la Argentina a traer autopartes. Fundamentalmente para una empresa proveedora de dos grandes multinacionales automotrices. Traía asientos para autos. Cargó en México, hizo Caracas, y de ahí a Buenos Aires. El lunes es desviado a Córdoba por la neblina. La tripulación no baja en Córdoba, no hace Migraciones, cuando lo habilitan va a Ezeiza y hace Migraciones en Ezeiza”.

La aeronave en cuestión ingresó al país la semana pasada con 19 personas a bordo, 14 de ellas de nacionalidad venezolana y el resto iraní. De acuerdo con información difundida por la agencia AFP, Irán vinculó lo sucedido con la tensión imperante entre el régimen de Teherán y países occidentales por cuestiones nucleares y consideró que forma parte de ciertas “operaciones” para sembrar “sospechas” sobre esa nación.

DL con información de Télam.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena ordenó un allanamiento anoche en el hotel de la localidad bonaerense de Canning donde se aloja la tripulación del avión de bandera venezolana retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El operativo comenzó anoche a cargo de la Policía Federal y seguía a primera hora de la mañana, luego de decretarse el secreto de sumario en la investigación, informaron fuentes vinculadas a la investigación.

Los efectivos ingresaron al Hotel Plaza Canning, que se encuentra dentro del shopping que lleva el mismo nombre, con orden judicial en busca de elementos de interés para la pesquisa, como computadoras personales o “pendrives”, que podrían estar en posesión de los 19 tripulantes de la aeronave.

Mientras se realizaba la requisa, todos los tripulantes del avión aguardaron fuera de sus habitaciones, precisaron las fuentes.

El secreto de sumario se impuso a pedido de la fiscal del caso Cecilia Incardona, quien ayer impulsó la investigación y pidió medidas de prueba para determinar si alguno de los tripulantes del avión de la empresa Emtrasur tiene vínculos con el terrorismo internacional

El juez Villena ordenó ayer que la Dirección Nacional de Migraciones retenga, al menos por otras 72 horas, los pasaportes de los cinco ciudadanos iraníes que conformaban la tripulación del avión.

La Policía Federal no sólo revisó los dormitorios de la comitiva del viaje de la sospecha, también ingresó a las habitaciones de todas las personas que pasaron la noche en ese hotel. “El hotel tiene tres pisos y se revisó todo”, informaron testigos. Tanto los iraníes como los venezolanos se mostraron tranquilos durante todo el operativo y no mostraron resistencia.

César Giuiggioloni, uno de los propietarios del Hotel Plaza Central Canning, dialogó esta mañana con radio La Red y precisó que los tripulantes del avión venezolano-iraní llegaron al lugar por medio de una agencia de turismo que suele trabajar con el complejo hotelero. Asimismo, aclaró que el allanamiento no es al hotel, sino que se trata de un procedimiento sobre las personas que están alojadas. “El hotel tiene 19 habitaciones y se revisó todo”, aseguró Giuiggioloni.

NB con información de agencia Télam.

El ministro de Interior de Paraguay, Federico González, indicó esta tarde que había alertado a las autoridades argentinas y de la región sobre el avión venezolano con tripulación iraní que fue retenido en Buenos Aires. “Se alertó a los otros servicios de inteligencia de la región y consecuencia de eso es que Argentina y otros países tomaron medidas también”, dijo González en una entrevista que concedió a la televisión paraguaya.

El avión, que pertenece a empresa venezolana EMTRASUR, aterrizó en Paraguay el pasado 13 de mayo y partió el 16 de mayo. En la aeronave había unos 18 tripulantes. El motivo del viaje, según indicaron las autoridades paraguayas, era para transportar un cargamento de cigarrillos desde Asunción hasta Aruba valuado en USD 755 mil.

“Recibimos la comunicación de que es una empresa y por ende una aeronave que está sancionada por el departamento del Tesoro de Estados Unidos y que los tripulantes son miembros de las fuerzas Al-Quds, que es la fuerza revolucionaria de Irán y que Estados Unidos los tiene en una lista de terroristas”, dijo el ministro paraguayo.

“En dos oportunidades posteriores a esa presencia en el mes de mayo, este avión volvió a solicitar su ingreso y sobrevuelo en Asunción y le fue denegado”, agregó.

Argentina investiga si uno de los tripulantes iraníes tiene vínculos terroristas

El Gobierno lleva adelante una investigación para conocer si uno de los tripulantes del avión tiene vínculos con el terrorismo. El procedimiento fue confirmado hoy por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ya que especificó que uno de los pasajeros del vuelo corresponde a “un homónimo” de la Guardia Revolucionaria de Irán y de las Fuerzas Quds, organizaciones marcadas como terroristas por Estados Unidos. 

El apuntado en la investigación es Gholamreza Ghasemi, uno de los cinco iraníes que viajaban en el avión de bandera venezolana. Esta mañana, el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena le ordenó a Migraciones que retenga por las próximas 72 horas el pasaporte tanto de Ghasemi como del resto de los iraníes que estaban en el vuelo: Mohammad Koswaviaragh, Mahdi Mouseli, Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi.

Se informó que la aeronave había sido operada por una compañía aérea relacionada con esta organización militar de Irán. Los miembros y las empresas de la fuerza Quds fueron marcadas como terroristas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2007“, explicó Fernández, aunque agregó que ninguno de los tripulantes tenía alerta roja ni prohibición para ingresar al país a partir del atentado a la AMIA.

De hecho, en su causa, el juez Villena además aceptó tener “como parte querellante” al titular de la DAIA, Jorge Knoblovits. El jefe de las fuerzas Quds en 1994 tiene pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la mutual judía.

DA