El juez federal Federico Villena recibió formalmente este miércoles la orden de la Justicia de los Estados Unidos para mantener secuestrado el avión de la aerolínea venezolana Emtrasur, según confirmó una fuente judicial a elDiarioAR. El magistrado de Lomas de Zamora registró el pedido y deberá resolver si hace lugar a la requisitoria, presentada en el marco del tratado de asistencia mutua entre ambos países.

La aeronave se encuentra actualmente retenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza a disposición del juzgado argentino pero el Departamento de Justicia estadounidense busca que el secuestro del Boeing 747 quede también bajo control de un tribunal del distrito de Columbia.

El pedido de Estados Unidos se hizo público este martes a través de un comunicado del Departamento de Justicia -que ya no está disponible en la web oficial del organismo-, un día después de que se diera a conocer que el juez Villena había autorizado la salida del país de doce de los diecisiete tripulantes del avión. La orden de incautación que emitió el tribunal de Columbia data del 19 de julio último.

La Justicia estadounidense informó que el avión fabricado en los Estados Unidos está sujeto a decomiso porque la empresa que lo controlaba supuestamente violó las leyes de control de las exportaciones de ese país. La aeronave pertenecía entonces a la empresa iraní Mahan Air, relacionada con la Fuerza Quds, a la que Estados Unidos considera terrorista y la transferencia del avión a la empresa venezolana Emtrasur hace alrededor de un año habría sido irregular.

El caso

El 6 de junio, el jumbo aterrizó en Buenos Aires para entregar una carga de autopartes fabricadas en Querétaro, México, adquiridas por la automotriz Volkswagen Argentina.

En Argentina, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó al juez Villena determinar si el objetivo del arribo de la aeronave al país fue transportar autopartes o si podría implicar un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse en un acto terrorista.

El avión llegó con diecinueve tripulantes. Cinco de ellos son iraníes y catorce, venezolanos. El juez Villena les prohibió salir del país, luego de que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) solicitara investigar a los cinco tripulantes de nacionalidad iraní.

César Pérez, presidente de Emtrasur, dijo en una entrevista transmitida en Twitter que los iraníes instruían a sus compatriotas sobre el manejo técnico del avión. “Yo le pido a las autoridades de nuestra hermana República Argentina que ya terminen de abrir los ojos y terminen esta farsa porque aunque continúen escudriñando no van a conseguir nada ilegal porque no hay nada ilegal”, afirmó Pérez.

El avión tiene matrícula venezolana desde enero de 2022. Tanto Mahan Air como el avión fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presuntamente brindar apoyo a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el traslado de armamento, fondos y personas para supuestos ataques terroristas.

El gerente de relaciones públicas de Mahan Air dijo a la agencia estatal de noticias de Irán que la aeronave se encuentra retenida en Argentina por “objetivos políticos” y que “la tripulación (iraní) ha estado trabajando para la empresa venezolana y que el tema no tiene relación con Mahan Air”.

ED

Víctor Pérez Gómez, gerente general de operaciones de la compañía Emtrasur, tripulante venezolano del avión de origen iraní retenido en Ezeiza, negó que haya “cualquier tipo de conspiración”, al tiempo que que insistió que la relación de los tripulantes de su país con los pasajeros de Irán “es bastante técnica, no enseñan”.

Según Pérez Goméz, “al momento de la compra de la aeronave, se incluyó una cláusula que incluía asistencia técnica. Se necesita un traspaso del conocimiento, y por eso tuvimos la asistencia técnica de vuelo de los iraníes. Es algo totalmente común en el mercado aeronáutico”, remarcó, en diálogo con Radio con Vos.

Asimismo, el representante de Emtrasur confirmó que todos los tripulantes siguen “en el hotel de Ezeiza” y con respecto a su situación judicial, “fuimos notificados de que estamos imputados, pero no tenemos restricciones”. Además, aseguró no saber “cómo evaluar qué fue lo que generó que no nos abastecieran de combustible. En otros aeropuertos cargamos sin problemas”, explicó.

Para el ciudadano venezolano, “ni siquiera hay que ser un experto en aeronáutica” para entender que Emtrasur tiene ese avión “de gran porte” desde febrero y que su utilización “requiere de un amplio número de tripulantes y de adiestramiento”, por lo que la empresa buscó quienes pudieran capacitarlos en el uso ya que “en Venezuela no hay pilotos instructores de 747-300”.

Días atrás, en una denuncia judicial contra el director general de la PSA, José Glinsky, por el presunto allanamiento ilegal del Boeing, que presentó ante el juez federal Federico Villena, Pérez Gómez contó que arribaron a Ezeiza “luego de una parada obligada en el aeropuerto de Córdoba que duró menos de dos horas”. Esa primera noche, la del lunes 6 de junio, la tripulación se alojó en el Hotel Plaza Central Canning para regresar al día siguiente al aeropuerto bonaerense con el objetivo de volar de regreso a Caracas. “Al momento de hacer migraciones se nos entrevistó personalmente a cada tripulante, situación por demás llamativa. Allí se nos indagó sobre quiénes éramos, por qué éramos tantos, el cargo y función de cada uno, lugar donde nos alojamos, etc. Nunca nos había sucedido con anterioridad”, relató.

Antes de partir, la empresa Shell les comunicó que nos les vendería combustible y decidieron volar el miércoles a Uruguay, donde se les impidió el aterrizaje. “Esta decisión por parte de las autoridades aeronáuticas uruguayas, no solo puso en peligro la seguridad operacional del vuelo que previamente había sido aprobado, sino que estando en conocimiento de las limitaciones de combustible con que partimos desde el aeropuerto de Ezeiza, criminalmente impidieron una escala técnica, pactada internacionalmente”, contó, según consta en la denuncia judicial.

Con poco combustible, el avión regresó a Ezeiza y allí fueron sometidos a un operativo especial que incluyó la participación de varios organismos y las fuerzas de seguridad. “La tripulación procedió a descender de la aeronave y nos dirigimos al área de migración. En ese momento nos hicieron esperar y hacen pasar primeros a los ciudadanos iraníes y luego a los venezolanos. Una vez realizados todos los trámites migratorios nos informan que el ingreso al país sería provisorio y se retendrían los pasaportes de toda la tripulación, para luego dirigirnos al hotel Holiday Inn en compañía de personal de la PSA”, detalló. Allí permanecieron dos noches y el viernes 10 se mudaron al Plaza Central Canning.

Ese día, con la noticia ya protagonista de todos los medios, se llevó a cabo un nuevo operativo que incluyó unos 60 efectivos de la PSA, y perros anti drogas y anti explosivos. “Terminada esta cuestión, se procede a mover la nave a la posición remota; una vez allí se cierra y se asegura mediante precintos por parte del personal técnico de nuestra empresa. Luego de ello, se comunican con quien suscribe de la dirección de Migraciones para informarnos que se había dispuesto la devolución de los pasaportes de todos los ciudadanos venezolanos, quedando retenido no obstante los de los iraníes”, de acuerdo al escrito de Pérez Gómez.

Asimismo, el gerente de Emtrasur presentó a la Justicia el contrato de compraventa del avión entre Lance Tech General Trading y la venezolana Conviasa (“Sale and Purchase and Technical Support Services Contract between LANCE TECH GENERAL TRADING and CONVIASA”) y sostuvo que se trata del contrato de compraventa de la aeronave en su idioma original.

Hasta el momento, el expediente se denomina “NN sobre averiguación de delito”, pero a raíz de las pruebas incorporadas en los últimos días, Incardona analiza y escribe un dictamen para circunscribir los hechos investigados en una nueva carátula. Tampoco tiene imputados.

Los investigadores ya cuentan con algunos de los resultados de las pericias de los teléfonos y Aerolíneas Argentinas logró abrir las cajas negras del avión. Fue la forma que encontró el juzgado para acceder a la información guardada en los dispositivos que graban las conversaciones en la cabina de las aeronaves. Se trata de cajas negras de tecnología antigua, explicó una fuente del caso. El avión es de 1986.

La información extraída ya está en poder del juzgado federal de Lomas y permitirá a los investigadores escuchar las conversaciones del piloto y copilotos del día 8 de junio, al menos, cuando el avión partió de Ezeiza sin poder cargar combustible por las negativas de las petroleras a abastecerlo e intentó ingresar a Uruguay, donde las autoridades prohibieron el aterrizaje y obligaron a la tripulación a regresar a Buenos Aires.

Las cajas negras también permitirían corroborar si el avión efectivamente apagó o no el transponder, que transmite información para que las torres de control aérea puedan identificar a la aeronave y su altitud, como denunciaron diputados de la oposición. Si se determina que se apagó, el juzgado quiere establecer si es significativo o no para la causa.

Informes

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que el organismo sostiene que el piloto sería una autoridad de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air y que esta compañía formaría parte de una operación de las fuerzas Al-Quds y de la inteligencia iraní para trasladar personas y armas a lugares de conflicto en Medio Oriente, confirmó la fuente consultada. 

Durante el allanamiento a la aeronave, el juzgado obtuvo al menos un elemento que relaciona al avión con esta compañía, Qeshm Fars Air, que está siendo analizado para entender los alcances de ese vínculo

El avión varado en Ezeiza, según el FBI, no habría sido adquirido por la empresa pública Emtrasur sino que habría sido cedido como leasing por Mahan Air, otra aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos. El leasing es una operación usual en la aviación. El juez solicitó a la compañía venezolana que acredite con toda la documentación necesaria cuál es su vínculo con la aeronave.

De momento, el FBI no aportó aún ningún documento que acredite ese vínculo y que sirva como prueba para la Justicia argentina, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. El informe se basa en la información aportada por sus fuentes anónimas, protegidas, cuya identificación sería prácticamente imposible.

Estados Unidos tampoco realizó ningún requerimiento sobre el piloto para su eventual extradición o interrogatorio.

El juzgado y la fiscalía no descartan la hipótesis de que algunos de los miembros de la tripulación estén vinculados a estas empresas sancionadas por los Estados Unidos, pero lo central para los investigadores es definir si pueden probar que cometieron algún delito en Argentina

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportó oficialmente sobre las sanciones que pesan sobre estas dos aerolíneas -Mahan Air y Qeshm Fars Air- y sobre el avión. En la sanción la aeronave figura con matrícula iraní, que fue modificada en enero de este año a una matrícula venezolana cuando el avión cambió de manos, de Mahan Air a Emtrasur.

La causa ya cuenta con más de 40 medidas de prueba, que incluyen testimoniales, exhortos internacionales y a organismos de la aviación.

Con información de agencias.

IG

El juez federal Federico Villena espera que en las próximas horas la Policía Federal Argentina (PFA) le entregue un informe completo con el análisis del contenido del teléfono celular del piloto iraní, principal imputado en la causa del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur, informó a elDiarioAR una fuente directa de la causa. El magistrado busca imprimir la mayor celeridad posible a la investigación para definir la situación procesal de los diecinueve tripulantes imputados por presuntas relaciones con el terrorismo internacional. 

El capitán de la aeronave y los otros dieciocho miembros de la tripulación quedaron formalmente imputados tras un dictamen de la fiscal federal Cecilia Incardona presentado este martes último ante el juzgado. El juzgado ya tiene parte de los resultados de las pericias y la Federal, que reforzó el equipo de técnicos informáticos dedicados al caso, se concentró en culminar el análisis del teléfono del piloto para ampliar luego el del resto de los tripulantes iraníes. 

Villena tiene pendiente una reunión con la fiscal Cecilia Incardona y autoridades de la Policía Federal por el caso. Hasta el momento, el contenido del teléfono del piloto no habría aportado prueba significativa para la causa, como adelantó este miércoles Página/12 y confirmó la fuente con acceso a la investigación. Se hallaron fotografías de unos 30 años de antigüedad en la que pueden verse a hombres jóvenes recibiendo instrucción militar, presumiblemente en Irán, debido al escudo en sus uniformes. 

Los analistas creen que uno de ellos sería el piloto y que habría tenido un paso por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama de las fuerzas armadas de Irán, fundadas tras la revolución de 1979.

También encontraron imágenes de los llamados mártires de la Guardia Revolucionaria Islámica y consignas contra Israel. 

La Justicia encargó a una compañía especializada la apertura y análisis de una tablet de marca Apple hallada durante uno de los allanamientos y que no sería propiedad de los tripulantes que se encuentran en Buenos Aires.

La causa acumulaba este miércoles ocho cuerpos y el juez ya cuenta con la información de las cajas negras, cuyo análisis debe realizar el juzgado, y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo. 

Durante el allanamiento al avión varado en Ezeiza desde el miércoles 8 de junio también surgió un plan de vuelo de la aeronave datado en abril pero que no se encontraría a nombre  de Emtrasur sino de Qeshm Fars Air, una de las aerolíneas iraníes sancionadas por los Estados Unidos por su supuesta vinculación con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y presunta colaboración con el terrorismo internacional a través del transporte de armamento, personas y dinero en Medio Oriente.

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que la agencia sostiene que el piloto sería CEO y miembro de la administración de Qeshm Fars Air. Esta fue la principal causa de la imputación que dictaminó la fiscal el martes.

Sin embargo, Villena e Incardona deben determinar si la tripulación cometió algún delito en Argentina y el juez espera que esa definición no pase de la próxima semana, confió la fuente consultada.

La investigación gira en torno a tres ejes: el avión, la tripulación y la carga que se transportó en la aeronave hasta Buenos Aires, explicó la fuente. Durante este miércoles, el juez continuó tomando declaraciones testimoniales.

Este artículo se actualizó el 23 de junio a las 19:49 para corregir la marca del celular del piloto.

ED

Mientras la fiscal Cecilia Incardona avanza en la investigación del avión venezolano con tripulación iraní que permanece retenido en Ezeiza desde que aterrizó el pasado 6 de junio y en las últimas horas imputó al piloto de la aeronave que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenece a Emtrasur, filial del estatal Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), trascendió este miércoles que al menos otro avión de Mahan Air (el Airbus A340-642 - YV3533) estuvo en Buenos Aires los días 28 de abril y 3, 9 y 17 de mayo de este año.

De acuerdo a “vuelos y spotters”, sitio especializado en seguimiento de vuelos, estadísticas y noticias aeronáuticas de la región, la aeronave, que también trasladó el presidente de Venezuela, Nicolás maduro, en su última gira que incluyó a Irán, arribó a Ezeiza procedente de La Habana (Cuba) con 133 pasajeros, de una capacidad de 308 (ocupación: 43,18%).

En tanto, el 3 de mayo llegó procedente de Caracas (Venezuela) con 161 pasajeros y una ocupación del 52,27%. El 9 de mayo arribó también desde la capital venezolana, pero solo con 18 pasajeros (5,84% de ocupación). Mientras que el vuelo del 17 de mayo, con la misma procedencia, llevó 195 pasajeros y tuvo una ocupación del 63,31%.

La causa

En un dictamen presentado este martes ante el juez federal Federico Villena, la fiscal Icardona resaltó la necesidad de proseguir la investigación respecto del piloto del avión retenido en Ezeiza, Ghasemi Gholamreza, “de toda la tripulación que de él dependía, de la aeronave y de su carga, conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo”, informaron fuentes judiciales.

“Tales circunstancias irregulares llevan a indagar si el verdadero objetivo del arribo de la aeronave a nuestro país fue exclusivamente para transportar mercadería de autopartes, o bien si estuvo fundado en razones diferentes a las alegadas y constituya, eventualmente, un acto de preparación para proveer bienes o dinero que pudieran utilizarse para una actividad de terrorismo, su financiamiento u organización”, sostuvo la fiscal.

La investigación comenzó la semana pasada con una denuncia realizada por un abogado contactado por Emtrasur. Rafael Resnick Brenner -exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone- se presentó ante el juez de turno, Villena, en nombre de los catorce venezolanos y los cinco iraníes para solicitar que se ordene a las tres petroleras que operan en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) que abastezcan de combustible al avión y que las autoridades devuelvan los pasaportes a los afectados para poder regresar a Caracas. Se abrió así un expediente denominado “Resnick Brenner, Rafael sobre Habeas Corpus”.

El ministro de Interior de Paraguay, Federico González, dijo a radio ABC Color que su servicio de inteligencia alertó a Uruguay y Argentina sobre la supuesta conexión del avión y la tripulación con la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán y las brigadas Al-Quds, consideradas terroristas por los Estados Unidos -aunque no por Argentina-. El alerta fue el 6 de junio, razón por la cual el avión no fue abastecido por las petroleras en Ezeiza ni pudo ingresar a Uruguay y Paraguay.

A su vez, González dijo que la información provino de la inteligencia estadounidense. Su país ya venía investigando a Emtrasur y el avión por un viaje realizado a mediados de mayo a Ciudad del Este. 

Las claves

La causa depende ahora de los resultados de tres medidas centrales: la identificación por huellas digitales que se les tomaron a los tripulantes y se enviaron a los Estados Unidos con el fin de determinar si algunos de los iraníes están vinculados a organizaciones terroristas; las pericias de los dispositivos informáticos secuestrados en el hotel y el avión; y el análisis de las cajas negras de la aeronave.

Las pericias informáticas se están realizando en tiempo récord, dijo una de las fuentes consultadas. Las copias forenses de los dispositivos secuestrados a los tripulantes el martes por la madrugada, durante el allanamiento al hotel donde se hospedan, ya fueron culminadas y se espera que este fin de semana haya resultados para aportar al juzgado, pero es una presunción.

Por cuestiones de acceso a tecnología específica, los teléfonos Iphone están siendo analizados por la Policía Federal mientras que los de otros sistemas operativos quedaron en manos de la Policía porteña.

La causa avanzará o se cerrará de acuerdo a las evidencias o carencia de pruebas para retener a los tripulantes después de los resultados de las pericias y de la identificación o no de las huellas digitales.

La postura del Presidente

Alberto Fernández habló el último sábado sobre el avión venezolano-iraní. Al respecto el Presidente de la Nación expresó que la oposición “trató de aprovechar” el tema del avión con matrícula venezolana retenido en el aeropuerto de Ezeiza, y dijo que “quisieron mostrar algo oscuro que no es, algún movimiento oscuro del Gobierno, aunque nosotros actuamos rápidamente”.

“La oposición trató de aprovecharlo para vincularlo con hechos tan dolorosos como el atentado a la AMIA. Es parte de la locura que se vive en la política argentina”, dijo el mandatario en declaraciones a Radio 10.

Fernández también precisó: “Lo que pasó es que llegó un avión venezolano con una carga de México, contratada por una empresa argentina, donde no hubo ninguna irregularidad. A bordo del avión había cinco personas iraníes, respecto de las cuales hasta donde nosotros sabemos no pesa ningún tipo de restricción. Tampoco respecto de los venezolanos”.

En esa misma línea, Fernández admitió que podría haber problemas si se procede al cargamento de combustible para el avión. “Sí hay un problema con la carga de la nafta, porque las sanciones impuestas por Estados Unidos pueden afectar a quien le de nafta a ese avión. Es un tema que hay que resolver”, detalló.

IG

El juez federal Federico Villena busca determinar en los próximos días la situación judicial de los diecinueve tripulantes del Boeing 747-300 de la compañía Emtrasur, propiedad del Estado venezolano, afirmó una fuente directa de la investigación a elDiarioAR. El magistrado ya cuenta con la información de las cajas negras, parte de las pericias de los teléfonos de los tripulantes y documentación que acredita la teoría de la instrucción del vuelo pero también surgió un elemento que vincularía al avión con una de las empresas sancionadas por sus vínculos con el terrorismo internacional.

Algunos de los pasos a seguir son determinar a qué compañía pertenece legalmente el avión y qué hablaron el piloto y copilotos durante el último vuelo, cuando el avión despegó de Ezeiza hacia Montevideo pero debió regresar a Argentina. Villena debe determinar si hay pruebas de espionaje o actividades ilegales en Argentina.

La causa judicial por el avión de matrícula venezolana varado en Ezeiza desde el 8 de junio dejó a la Argentina en una situación política desventajosa, surfeando entre Venezuela y los Estados Unidos para evitar conflictos diplomáticos con ambos países, enfrentados por la alianza de Nicolás Maduro con el régimen iraní, entre otras razones. 

Hasta el momento, el expediente se denomina “NN sobre averiguación de delito”, pero a raíz de las pruebas incorporadas en los últimos días, Incardona analiza y escribe un dictamen para circunscribir los hechos investigados en una nueva carátula. Tampoco tiene imputados.

Los investigadores ya cuentan con algunos de los resultados de las pericias de los teléfonos y Aerolíneas Argentinas logró abrir las cajas negras del avión. Fue la forma que encontró el juzgado para acceder a la información guardada en los dispositivos que graban las conversaciones en la cabina de las aeronaves. Se trata de cajas negras de tecnología antigua, explicó una fuente del caso. El avión es de 1986.

La información extraída ya está en poder del juzgado federal de Lomas y va a ser analizada en las próximas horas. Permitirá a los investigadores escuchar las conversaciones del piloto y copilotos del día 8 de junio, al menos, cuando el avión partió de Ezeiza sin poder cargar combustible por las negativas de las petroleras a abastecerlo e intentó ingresar a Uruguay, donde las autoridades prohibieron el aterrizaje y obligaron a la tripulación a regresar a Buenos Aires.

Las cajas negras también permitirían corroborar si el avión efectivamente apagó o no el transponder, que transmite información para que las torres de control aérea puedan identificar a la aeronave y su altitud, como denunciaron diputados de la oposición. Si se determina que se apagó, el juzgado quiere establecer si es significativo o no para la causa.

Informes

El juez Villena recibió un informe del FBI de Estados Unidos en el que el organismo sostiene que el piloto sería una autoridad de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air y que esta compañía formaría parte de una operación de las fuerzas Al-Quds y de la inteligencia iraní para trasladar personas y armas a lugares de conflicto en Medio Oriente, confirmó la fuente consultada. 

Durante el allanamiento a la aeronave el jueves último, el juzgado obtuvo al menos un elemento que relaciona al avión con esta compañía, Qeshm Fars Air, que está siendo analizado para entender los alcances de ese vínculo, afirmó una fuente de la investigación a elDiarioAR, que prefirió no especificar por el momento de qué elemento se trata.  

El avión varado en Ezeiza, según el FBI, no habría sido adquirido por la empresa pública Emtrasur sino que habría sido cedido como leasing por Mahan Air, otra aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos. El leasing es una operación usual en la aviación. El juez solicitó a la compañía venezolana que acredite con toda la documentación necesaria cuál es su vínculo con la aeronave.

El venezolano Víctor Pérez Gómez, el gerente general de Operaciones de Emtrasur y uno de los tripulantes investigados, presentó una denuncia contra el director general de la PSA, José Glinsky, por el presunto allanamiento ilegal del Boeing antes de que interviniera la Justicia en el caso y como parte de la documentación que respalda su versión adjuntó un contrato denominado “Sale and Purchase and Technical Support Services Contract between LANCE TECH GENERAL TRADING and CONVIASA” y sostuvo que se trata del contrato de compraventa de la aeronave en su idioma original, según el escrito al que accedió elDiarioAR. Este expediente contra Glinsky aún no ha sido abierto y la fiscal Incardona debe determinar si considera que debe iniciarse una investigación, explicó la fuente del caso.

Sin embargo, el FBI no aportó aún ningún documento que acredite ese vínculo y que sirva como prueba para la Justicia argentina, de acuerdo con las consultas realizadas por este medio. El informe se basa en la información aportada por sus fuentes anónimas, protegidas, cuya identificación sería prácticamente imposible.

El juez Villena ya solicitó a Emtrasur que acredite la propiedad del avión con documentación, que la compañía venezolana no ha aportado por el momento.

Estados Unidos tampoco realizó ningún requerimiento sobre el piloto para su eventual extradición o interrogatorio.

El juzgado y la fiscalía no descartan la hipótesis de que algunos de los miembros de la tripulación estén vinculados a estas empresas sancionadas por los Estados Unidos, pero lo central para los investigadores es definir si pueden probar que cometieron algún delito en Argentina

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportó oficialmente sobre las sanciones que pesan sobre estas dos aerolíneas -Mahan Air y Qeshm Fars Air- y sobre el avión. En la sanción la aeronave figura con matrícula iraní, que fue modificada en enero de este año a una matrícula venezolana cuando el avión cambió de manos, de Mahan Air a Emtrasur.

La causa ya cuenta con más de 40 medidas de prueba, que incluyen testimoniales, exhortos internacionales y a organismos de la aviación.

Se corrigió error de tipeo en Aerolíneas Argentinas el 20 de junio a las 14.36.

ED

La impunidad del atentado a la AMIA, la caldeada Triple Frontera y las internas internacionales, la falta de transparencia en las comunicaciones oficiales y la desconfianza naturalizada sobre los organismos de seguridad y control en Argentina desencadenaron el nuevo escándalo nacional: el ingreso al país de un avión de cargo de la empresa pública Emtrasur, de Venezuela, en la mira de las autoridades de los Estados Unidos por su relación con Irán y el gobierno de Nicolás Maduro; y la investigación que ahora pesa sobre la tripulación integrada por cinco iraníes y catorce venezolanos. 

La oposición insiste con que fallaron los controles y el Gobierno respondió que actuaron correctamente porque las alertas llegaron cuando el avión ya estaba en Ezeiza ¿Qué está confirmado hasta el momento sobre el caso? elDiarioAR analizó en los últimos dos días documentos presentados por los organismos oficiales de aviación y denunciantes ante la Justicia, resoluciones judiciales, comunicados de los Estados Unidos y declaraciones de funcionarios de Uruguay, Paraguay y Argentina, información aportada por fuentes del caso y datos abiertos en la web para responder algunas de las preguntas del caso.

El origen

La causa judicial se originó en Lomas de Zamora la semana última por una presentación de habeas corpus del abogado argentino Rafael Resnick Brenner, exfuncionario de AFIP condenado por el caso Ciccone y quien siempre negó las acusaciones. El letrado fue contactado por Emtrasur para presentar los habeas corpus de los diecinueve integrantes de la tripulación. En un escrito, denunció ante el juez federal Federico Villena que las autoridades argentinas tenían retenidos sus pasaportes.

Los catorce venezolanos y los cinco iraníes podían podían salir del país en un vuelo de línea, pero no en su avión, debido a que las proveedoras de combustible del aeropuerto de Ezeiza se negaban a abastecer al avión de bandera venezolana.

El avión es un Boeing 747, que según los documentos oficiales argentinos consultados por elDiarioAR tiene matrícula venezolana (YV3531), no iraní. Pertenece a la compañía venezolana pública Emtrasur, línea de cargo vinculada a Conviasa, línea aérea oficial de Venezuela. En el pasado perteneció a Air France hasta que fue adquirido por Mahan Air, de Irán, en 2007, según el sitio Airfleets. Desde enero de 2022, figura como avión de Emtrasur.

Antes de que la oposición y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentara sus denuncias por el caso, el avión y su tripulación ya estaban en problemas. Las tres compañías que proveen combustible a los aviones en Ezeiza (YPF, Shell/Raízen y Axion) se negaron a abastecer a la aeronave, confirmaron las tres compañías ante la consulta de este medio.  

La información nosotros la teníamos el día lunes (6 de junio) por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, con lo cual no es que nosotros tuvimos una información de la cual no hicimos utilización del tema.

Aníbal Fernández — Ministro de Seguridad.

Sanciones

Tanto Mahan Air como Conviasa están en las listas negras de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. En ambos casos, las medidas fueron tomadas por el gobierno de Donald Trump.

La línea aérea iraní fue sancionada por las autoridades estadounidenses por supuestamente colaborar con el traslado de personas, fondos y armamento de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en el conflicto de Siria y con el gobierno de Venezuela, según un comunicado del Tesoro de los Estados Unidos. Compañías y personas que prestaron colaboración con Mahan Air también han sufrido sanciones de ese país, según confirma el comunicado.

“No podemos abastecer combustible a aeronaves de países con restricciones”, informaron fuentes de Raízen sobre las razones de la decisión.

elDiarioAR se contactó con la embajada de Irán en Argentina pero aún no ha recibido respuesta sobre su posición frente a las sanciones. El avión fue vendido a una empresa venezolana hace un año, dijo Amir Hossein Zol-Anvari, gerente de la oficina de relaciones públicas de Mahan, a la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA). “La detención del avión cuya propiedad fue transferida hace un año obedece a objetivos políticos -agregó- y la tripulación ha estado trabajando para la empresa venezolana y el tema no tiene relación con Mahan Air”.

En la misma línea se manifestó el portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Khatibzadeh: “Las últimas semanas están llenas de propaganda, operaciones psicológicas, guerra de palabras para provocar un sentimiento de inseguridad (en Irán) y este caso forma parte de ello”, según reflejó DW.

“Se interpreta que las empresas petroleras no pueden proveerle combustible al avión por temor a sanciones del gobierno norteamericano, por ser una aeronave de matrícula venezolana y tripulación iraní”, explicó una fuente del sector aeronáutico.

En 2020, Steven T. Mnuchin, secretario del Tesoro de la administración de Trump, afirmó que “el régimen iraní utiliza Mahan Air como una herramienta para difundir su agenda desestabilizadora en todo el mundo, incluidos los regímenes corruptos de Siria y Venezuela, así como los grupos terroristas en todo el Medio Oriente” y alertó que Estados Unidos tomaría medidas contra quienes “apoyen a esta aerolínea”. De hecho, sancionó, por ejemplo, a las empresas Parthia Cargo and Delta Parts Supply FZC por “apoyo material” a Mahan Air, según un comunicado del Tesoro.

En el caso de Conviasa, la sanción fue impuesta en febrero de 2020. “El régimen ilegítimo de Maduro depende de la aerolínea estatal venezolana Conviasa para transportar a funcionarios corruptos del régimen por todo el mundo para impulsar el apoyo a sus esfuerzos antidemocráticos”, dijo entonces Mnuchin.

En el sitio web de la aerolínea venezolana se pueden adquirir pasajes para Buenos Aires-Caracas para el 28 de junio, saliendo de Ezeiza, y regresar a Argentina el 11 de julio. La línea aérea realiza viajes a países aliados de Maduro: tiene vuelos a La Habana, Moscú, Viru Viru, Teherán y Managua. También a Cancún e incluso a Lima, Santiago de Chile, Quito, Madrid, Panamá, Guayaquil, Santa Lucía y San Vicente.

Conviasa no ha hecho declaraciones sobre el caso del avión hasta el momento. El 11 de junio mientras el abogado de la compañía solicitaba los habeas corpus, la cuenta oficial de la empresa en Twitter republicó a Maduro: “¡Tremenda Noticia! A partir del #18Jul, se abrirá el vuelo Caracas–Teherán, con el fin de promover el turismo y la unión entre ambos países, a través de paquetes que nos permitan compartir turistas. Sin duda, las relaciones entre Irán y Venezuela, se fortalecen y expanden”.

El arribo a Ezeiza

El avión de Emtrasur aterrizó en Argentina el 6 de junio a las 12.12 del mediodía. Llegó desde México, previa escala en Caracas, de acuerdo con un reporte de la estatal Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) que consta en el expediente. 

La aeronave fue contratada para transportar autopartes fabricadas en la ciudad mexicana de Querétaro y adquiridas por la empresa privada argentina SAS Automotriz SA, proveedora de la automotriz Volkswagen. 

El lunes, SAS Automotriz SA y Volskswagen desconocieron cualquier nexo con la contratación del avión en distintos comunicados. La automotriz informó que encargó las autopartes a SAS Automotriz y la proveedora sostuvo que “la contratación se realizó para el transporte de componentes destinados a la producción de paneles de instrumento y asientos para el modelo Taos” y responsabilizó al forwarder: Fracht, una compañía estadounidense con oficinas en Buenos Aires.

En un tercer comunicado, Fracht sostuvo: “Con la única intención de mover la carga aérea desde México para su cliente, Fracht contrató a la empresa Aerocharter México, quien asumió la completa responsabilidad sobre este vuelo”. Aerocharter México aún no se ha pronunciado sobre el caso.

Aquel 6 de junio, el avión no pudo aterrizar por la intensa niebla en Ezeiza y solicitó descender en Córdoba, según el documento oficial. Más tarde, a las 14.35, cuando las condiciones meteorológicas mejoraron, partió hacia Ezeiza. En las siguientes 48 horas, el avión presentaría cuatro planes de vuelo distintos. 

Planes de vuelo

Al día siguiente, la tripulación presentó un plan de vuelo de regreso, con destino al aeropuerto de Maiquetía, Caracas. A lo largo del día debió modificarlo y solicitó dos extensiones de vuelo. Las autoridades no informan las razones de la demora. Ese día no pudo despegar.

El avión partió (de Ciudad del Este) para Aruba con un cargamento de cigarrillos de Tabesa (empresa del expresidente Horacio Cartes).

Federico González, sobre el viaje de mayo a Paraguay. — Ministro de Interior de Paraguay.

El miércoles 8, el avión fue revisado. Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Policía Federal (PFA) y Aduana participaron de la revisión de la carga “restante” -se entiende que no es la original destinada a la automotriz, que informó que se despachó el cargamento con todos los controles aduaneros- con perros, escáneres y rayos X para detectar explosivos o drogas. “Todos los procedimientos realizados dieron resultado negativo”, comunicaron en un documento al juzgado. 

Ese mismo día, el avión presentó un nuevo plan de vuelo con destino al aeropuerto de Montevideo, Uruguay. Partió de Ezeiza a las 14.45, pero cuando estaba por ingresar al espacio aéreo uruguayo, las autoridades de ese país le denegaron el permiso para aterrizar. Debió regresar a Buenos Aires, donde está varado desde entonces. “Este país no lo acepta por no tener las autorizaciones de sobrevuelo para Uruguay”, dice el documento de EANA. No menciona cuestiones relativas a sanciones internacionales.

El ministro de Defensa uruguayo, Javier García, dijo el lunes a la prensa que dio la orden de que el avión no ingresara por información recibida de “agencias extranjeras”. Paraguay, más tarde, se atribuyó esa información. 

Medidas judiciales

La causa dio un giro de 180 grados este lunes, cuando los iraníes de la tripulación pasaron de denunciantes a denunciados. El juez Villena ordenó retener durante 72 horas sus pasaportes y solicitó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que “que informe sobre cualquier movimiento” del avión. Por la tarde, la fiscal federal Cecilia Incardona abrió formalmente una causa y solicitó el secreto de sumario. Por la noche y durante toda la madrugada y parte de la mañana del martes, la división antiterrorismo de la Federal allanó el hotel donde se encuentra hospedada la tripulación y secuestró documentos y dispositivos electrónicos. 

Villena dio la orden luego de la presentación de la DAIA para que se investigue si los tripulantes iraníes pertenecen a las fuerzas Al-Quds, declaradas como terroristas por los Estados Unidos. La brigada responde a la Guardia Revolucionaria Islámica, rama de las Fuerzas Armadas de Irán. Argentina no tiene a esta organización en su lista de sospechosos de terrorismo aunque exautoridades y dirigentes de ese país están acusados en Argentina de haber ordenado el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Ese mismo lunes, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó a radio Perfil que uno de los cinco ciudadanos iraníes sería homónimo de un integrante de Al-Quds. Fernández también aseguró que Argentina permitió que la tripulación ingresara al país porque no pesa sobre ellos ninguna alerta o restricción.

Cuando ingresaron a Buenos Aires por Ezeiza, las autoridades les dieron una estadía provisoria, “so pretexto de definir la situación de la aeronave” y se les impuso que sólo podían salir del país mediante avión de línea, lo que los obligaba a dejar “abandonada” la aeronave, según el escrito de su primer abogado. elDiarioAR no ha podido contactar a sus nuevos defensores por el momento.

Las alertas

El ministro Fernández dijo el lunes que el avión había realizado sólo dos vuelos en América Latina. El primero fue el 13 de mayo, cuando aterrizó en el Aeropuerto Guaraní, en Ciudad del Este, Triple Frontera, Paraguay, afirmó ese mismo día el ministro de Interior paraguayo, Federico González. 

Todos los procedimientos realizados dieron resultado negativo.

Informe de los organismos y fuerzas de control de Ezeiza sobre la inspección al avión el 8 de junio.

En declaraciones a la radio ABC Color, el funcionario guaraní dijo que en aquel vuelo la tripulación estaba integrada por dieciocho personas (seis iraníes y doce venezolanos) y que parte de ellos coincide con los tripulantes que se encuentran en Argentina. 

Los iraníes que ingresaron el mes último al Paraguay serían “miembros de la unidad Al-Quds, que forma parte de la Guardía Revolucionaria (Islámica) de Irán”, aseguró González y detalló que la fuente del gobierno de Asunción fue “un servicio de Inteligencia extranjero”. En la misma entrevista, aclaró poco después que se trata de los Estados Unidos.

En mayo, la aeronave permaneció en ese país durante el fin de semana del 13 al 16. Desde allí, el avión “partió para Aruba con un cargamento de cigarrillos de Tabesa”, dijo el funcionario. Se trata de una tabacalera del expresidente paraguayo Horacio Cartes. “Los dieciocho tripulantes partieron en esa fecha en el avión”, agregó.

Cuándo fue la alerta

El avión de Emtrasur intentó volver a aterrizar en Paraguay dos oportunidades más pero las autoridades de ese país se lo prohibieron, según González. Sostuvo que la última vez fue el 8 de junio, el mismo día en que Uruguay denegó el sobrevuelo en su territorio.

“El Servicio de Inteligencia del Paraguay fue el que alertó a los otros servicios de Inteligencia de la Región sobre la situación de esa aeronave y de la empresa que fue sancionada por el Tesoro de los Estados Unidos”, aseguró González. 

El funcionario no precisó en qué fecha alertó a Argentina en la entrevista con ABC Color. Aún no ha respondido las consultas de elDiarioAR, pero Fernández dijo este martes que fue el mismo 6 de junio y que cuando Argentina fue notificada el avión ya estaba en Ezeiza.

Este último punto es el más confuso, hasta el momento.

“La información nosotros la teníamos el día lunes por la tarde y el avión ya estaba en Ezeiza, con lo cual no es que nosotros tuvimos una información de la cual no hicimos utilización del tema”, afirmó el ministro de Seguridad.

Mientras tanto, el Gobierno paraguayo enfrenta actualmente su propio frente por el ingreso del avión a Ciudad del Este.

*Este artículo se actualizó el 14 de junio de 2022 para corregir el modelo del avión definido en un documento de la ANAC. El documento se refiere a un “Boeing 747 Dreamliner” pero el nombre del modelo es “Boeing 747-300” y se lo conoce como Dreamlifter.

ED