La Fiscalía ha presentado su escrito de acusación contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un documento en el que solicita una condena de 3 años y 9 meses de cárcel años de cárcel para él por defraudar más de 350.000 euros utilizando un sistema de facturas falsas entre 2020 y 2021, han informado a elDiario.es fuentes próximas al caso.

La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid solicita que Alberto González Amador sea condenado por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Por la cantidad defraudada en 2020 solicita dos años y un día mientras que por el de 2021 pide un año y nueve meses de cárcel.

Alberto González Amador se encuentra a las puertas de juicio más de un año después de que la Fiscalía, tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, le denunciara por este fraude fiscal salido de las comisiones millonarias que cobró durante la pandemia por intermediar en operaciones de compraventa de material sanitario.

Según la Fiscalía y la jueza que le ha investigado usó un sistema de facturas falsas para endosar gastos ficticios a sus empresas y, en la práctica, reducir drásticamente su factura del Impuesto de Sociedades. Entre 2020 y 2021, según la Fiscalía, dejó de ingresar en total más de 350.000 euros, superando el umbral del delito fiscal en ambos cursos.

Del pacto de ocho meses a casi cuatro años

En un primer momento la intención de Alberto González Amador era cerrar su caso con el menor “ruido” posible, tal y como ha explicado él mismo en el Tribunal Supremo, su abogado buscó un pacto con la Fiscalía. Una propuesta de conformidad presentada en febrero de 2024 en la que el letrado reconocía el fraude fiscal en nombre de su cliente y se ofrecía a pagar sus deudas y aceptar ocho meses de cárcel, cuatro veces menos de lo que ahora pide la Fiscalía para él.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha difundido este miércoles una información falsa sobre el caso. El asesor de la presidenta madrileña ha afirmado en su cuenta de X que la Fiscalía pedía seis años de cárcel para González Amador, cuando la petición real no llega a los cuatro años.

Una información falsa que han rebotado algunos medios acusando, incluso, al Ministerio Público de haber filtrado la información que se ha inventado el jefe de gabinete de Ayuso.

El empresario todavía está imputado en una segunda ramificación de su caso. La investigación sobre si ejecutó un “soborno” a un directivo del grupo Quirón al comprar una sociedad de su mujer a un precio muy superior al de mercado. Esa causa ha recibido un reciente impulso por parte de la magistrada al encargar las pesquisas a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El empresario, por el momento, se ha limitado a alegar que compró esa empresa sin valor por medio millón de euros para acceder a las posibilidades de distribución que le daba esa sociedad.

El premio a Milei, que Díaz Ayuso le otorgó en Madrid hace un año

Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, condecoró a Javier Milei con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid durante su visita a España, en junio de 2024. Este reconocimiento es una distinción honorífica creada en 2017 para personalidades extranjeras, con el objetivo de destacar los lazos históricos, culturales, económicos y lingüísticos entre la región madrileña y sus países hermanados.

La entrega generó polémica política: mientras Ayuso lo justificó como un gesto institucional y un reflejo de afinidad ideológica —ambos comparten una visión liberal de la economía—, el Gobierno central español, liderado por Pedro Sánchez, criticó la decisión y puso en dudas su adecuación jurídica. De hecho, el PSOE presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegando que Milei no cumplía con las condiciones de “visita oficial” requeridas por la normativa vigente.

Una vez más, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró la puerta a una estrategia judicial de Ricardo Echegaray, funcionario de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

El rechazo de la Corte no está dirigido contra una sentencia definitiva, como dice la sentencia sino a un pedido de nulidad de la defensa. Según explicaron a elDiarioAR fuentes del máximo tribunal, en la práctica el exfuncionario nacional no va preso con esto porque quedan trámites pendientes ya que la Cámara Federal de Casación Penal, en su decisión original, reenvió la causa al Tribunal Oral Federal Nº3 para que determinaran la pena.

El exjefe de la AFIP fue condenado por administración fraudulenta agravada en la causa conocida como “Oil Combustibles”, tras el rechazo del recurso que había presentado su defensa. La acusación se centró en el rol que tuvo como jefe del organismo recaudador en el otorgamiento indebido de planes de facilidades de pago a una empresa ligada al empresario Cristóbal López, lo que derivó en una multimillonaria deuda tributaria impaga entre 2013 y 2015.

Cristóbal López es un empresario que desarrolló un conglomerado económico con fuerte presencia en sectores como el juego, el petróleo, la construcción, los medios de comunicación y el transporte (Oil Combustibles, Oil M&S, Clear Petroleum, C5N, Radio 10, FM Vale, Mega 98.3, Pop Radio, TKM, Minuto Uno, Ideas del Sur, Casino Club, Invernes, Alcalis de la Patagonia (ALPAT), Constructora CPC, Indalo Transporte, Autovía Buenos Aires-La Plata, South Media Investments). Durante los gobiernos kirchneristas, se consolidó como uno de los principales contratistas y concesionarios del Estado, lo que le valió el apodo de “el empresario K” por parte de la prensa.

La investigación judicial se inició a partir de una denuncia de Elisa Carrió, que puso el foco en la omisión sistemática de Oil Combustibles S.A. en pagar el impuesto a la transferencia de los combustibles líquidos, con la anuencia de la AFIP durante la gestión de Echegaray. A través de planes especiales de financiación, la empresa retuvo montos millonarios sin transferirlos al Estado, lo que fue interpretado por los tribunales como una maniobra fraudulenta que perjudicó directamente a la administración pública.

El 16 de diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión y lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos. Desde entonces, su defensa intentó distintos caminos procesales para revertir la sentencia, todos sin éxito.

Primero presentó un recurso de casación, que fue rechazado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Luego planteó la nulidad de esa decisión, también desestimada. Al considerar agotadas esas vías, la defensa de Echegaray recurrió a un recurso extraordinario, que también fue declarado inadmisible por la misma Sala de Casación. Finalmente, en un último intento, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema.

Ese recurso fue rechazado por el máximo tribunal, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La Corte sostuvo que el planteo no se dirigía contra una sentencia definitiva ni contra una resolución equiparable a tal, y por lo tanto no podía ser revisado por esa vía.

Por lo tanto, el caso no se cierra de manera definitiva, pues una vez que el TOF fije la pena, Echegaray podría volver con un recurso a la Corte.

Este fallo es uno de los primeros con la Corte integrada por tres, después de el breve tiempo en que tuvo cuatro integrantes, por la jura del recientemente renunciado Manuel García-Mansilla. Como hubo acuerdo entre los tres, no fue necesario que el tribunal convocara a conjueces.

Según pudo saber elDiarioAR, la Corte, con esta integración, por ahora no tiene previsto abocarse al tratamiento y pronunciarse sobre casos de más grueso calibre político, como el recurso de queja de Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, por la que está condenada.

JJD

El frente judicial de Shakira en España no se cerró tras admitir que defraudó a Hacienda. La cantante tiene abierta otra causa por otro delito fiscal del ejercicio 2018. Este jueves la artista negó el fraude en una breve declaración como investigada. La comparecencia judicial de la cantante, adelantada por El País y que ha confirmado elDiario.es, se ha practicado por videoconferencia desde Miami, ciudad en la que reside Shakira actualmente.

En la breve comparecencia, la cantante ha negado que se sirviera, como mantiene la Fiscalía, de un “entramado societario” en paraísos fiscales “movida por su deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas” en el ejercicio de 2018, en un fraude que el Ministerio Público cifra en seis millones de euros. La defensa ha pedido el archivo del caso.

La estructura del fraude que describe la Fiscalía en 2018 es similar a la que ya le valió una condena –que ya es firme– a la cantante por fraude fiscal entre los ejercicios 2012 y 2014. Pese a reconocer dentro de la sala de vistas el delito, la cantante criticó con contundencia a Hacienda y aseguró que la decisión de pactar se basó “en razones personales, emocionales y sentimentales que nada tienen que ver con lo jurídico”. La artista accedió a pagar una multa de 7,3 millones de euros (la mitad de la cuota defraudada) y se suspendió su ingreso en prisión a cambio del pago de 432.000 euros. Por haber defraudado 14,5 millones, Shakira pagó en conjunto 25,2 millones de euros.

La declaración por videoconferencia de este jueves ha permitido a Shakira ahorrarse la escena que protagonizó en el juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) en su declaración como imputada en 2019 en la primera causa por fraude fiscal: la cantante obvió la orden de la magistrada para entrar por la puerta principal del juzgado como todos los ciudadanos y usó un parking trasero para acceder al edificio judicial y esquivar a la prensa.

En esta nueva causa, el fisco mantiene que, en concepto de IRPF, Shakira dejó de ingresar a Hacienda 5,3 millones de euros en 2018, mientras que las arcas de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) se quedaron sin percibir 773.600,24 euros del impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas.

A través de una sociedad de Malta –paraíso fiscal que también apareció en su primera causa–, y de varias sociedades pantalla domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, la cantante “canalizó los movimientos de capital” generados por su trabajo en 2018 lugar de hacerlo en España. Además de no declarar el IRPF que le tocaba (26,7 millones de base imponible)., tampoco lo hizo con el Impuesto de Patrimonio.

La denuncia de la Fiscalía menciona hasta 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la investigada utilizó supuestamente para gestionar sus ingresos como artista y su patrimonio inmobiliario y financiero.

Además de tributar en paraísos fiscales para pagar menos impuestos a la Hacienda española, la Fiscalía mantiene que Shakira se dedujo hasta siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter “eminentemente personal”. Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles figuran viajes particulares en jet privado –150.483 euros–, así como billetes de avión para sus dos hijos y su educadora.

La artista ya entregó el pasado mes de agosto en el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat la suma supuestamente defraudada en esta segunda causa, lo que le permitiría beneficiarse de una atenuante de reparación del daño en el caso de que acabe condenada de nuevo por fraude fiscal, al haber devuelto el dinero presuntamente evadido. Esa atenuante de reparación del daño fue la que propició el pacto en su primer juicio por fraude fiscal.

Shakira facturó mucho en 2018, pero no pagó seis millones de euros. Así lo cree al menos la Fiscalía en su segunda querella por delito fiscal contra la artista. Según el Ministerio Público, la cantante se habría servido de un “entramado societario” en paraísos fiscales como Luxemburgo “movida por su deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y dejar de ingresar a las Arcas del Estado lo que le correspondía”.

La nueva causa por delito fiscal llega a dos meses de su juicio por el presunto fraude cometido entre los ejercicios de 2012 y 2014. Los detalles de la segunda acción legal de la Fiscalía contra la cantante se han conocido este martes después de que la querella ya haya sido notificada formalmente a la artista. El texto permite conocer a cuánto asciende la cuantía presuntamente defraudada por Shakira, según los cálculos del Ministerio Público.

El fisco mantiene que, en concepto de IRPF, Shakira dejó de ingresar a Hacienda 5,3 millones de euros en 2018, mientras que las arcas de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) se quedaron sin percibir 773.600,24 euros del impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas.

La nueva querella llega en vísperas del primer juicio por fraude fiscal que deberá afrontar la cantante. El próximo 20 de noviembre está señalada la primera sesión de la vista en la que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel. La segunda causa añade complejidad al posible pacto para sustentar el primer caso por delito fiscal, que Shakira rechazó antes del verano pese a ser la vía más habitual en la que se sustentan los contenciosos entre la Fiscalía y las grandes fortunas.

De cara al segundo procedimiento, que se encuentra en una fase muy inicial de instrucción, la Fiscalía se ha abierto a que la cantante pueda declarar por videoconferencia desde Miami, ciudad estadounidense donde reside la artista después de separarse del exfutbolista y empresario Gerard Piqué y abandonar Barcelona.

De acordar el juzgado su declaración como imputada por videoconferencia, Shakira se ahorraría una escena como la que protagonizó en 2019 en su comparecencia en su primera causa por delito fiscal: la artista obvió la orden de la magistrada de Esplugues de Llobregat (Barcelona), quien le había instado a que entrara por la puerta principal del juzgado como todos los ciudadanos, y usó un parking trasero para acceder al edificio judicial y esquivar a la prensa.

Los seis millones de euros en cuestión son 8,5 menos que los 14,5 que la cantante, siempre según la tesis de Hacienda, habría defraudado entre 2012 y 2014 simulando no residir en España pese a vivir habitualmente con Piqué en Esplugues –algo que la artista niega.

Hay paraísos fiscales que se repiten en las dos causas. Es el caso de Luxemburgo, país en el que, a través de una sociedad en 2012 Shakira habría tributado varias de sus actuaciones. En 2018, la cantante habría repetido la estrategia llegando a acuerdos con las autoridades luxemburguesas para conseguir, en palabras de la Fiscalía, “una tributación efectiva muy reducida”. En concreto, de solo el 1,39% sobre el total de ingresos declarados a través de una empresa que carecía de actividad real.

En paralelo a su pacto con Luxemburgo para tributar en el país a cambio de menos impuestos, Shakira “omitió” millonarios ingresos en España. Según el servicio de delitos económicos de la Fiscalía de Barcelona, la cantante no declaró, entre otros, 12,5 millones de dólares percibidos en 2011 y que devengó en 2018 en ocasión de su gira 'El Dorado', que incluyó 53 conciertos en 22 países

A través de una sociedad de Malta –paraíso fiscal que también aparece en su primera causa–, y de varias sociedades pantalla domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, la cantante “canalizó los movimientos de capital” generados por su trabajo en 2018 lugar de hacerlo en España. Además de no declarar el IRPF que le tocaba (26,7 millones de base imponible)., tampoco lo hizo con el Impuesto de Patrimonio.

La denuncia de la Fiscalía menciona hasta 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la investigada utilizó supuestamente para gestionar sus ingresos como artista y su patrimonio inmobiliario y financiero.

Además de tributar en paraísos fiscales para pagar menos impuestos a la Hacienda española, la Fiscalía mantiene que Shakira se dedujo hasta siete millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter “eminentemente personal”. Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles figuran viajes particulares en jet privado –150.483 euros–, así como billetes de avión para sus dos hijos y su educadora.

Allen Weisselberg, el ex director financiero de la Organización Trump, se declaró este jueves culpable por haber conspirado durante años con la empresa en una trama de fraude, según anunciaron las autoridades.

Weisselberg, que trabajó durante décadas para el negocio del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) y que está considerado como uno de sus escuderos más fieles, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y será sentenciado a cinco meses de cárcel, cinco años de libertad condicional y al pago de casi 2 millones de dólares a las arcas públicas.

Además, el ejecutivo se compromete a declarar si así se le solicita durante el juicio por fraude fiscal al que se enfrenta la Organización Trump y que arrancará el próximo 24 de octubre, aunque se ha resistido a cooperar con los fiscales en otras investigaciones sobre la compañía.

“Hoy Allen Weisselberg admitió ante la Corte que usó su posición en la Organización Trump para estafar a los contribuyentes y enriquecerse”, dijo en un comunicado el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien destacó que la declaración de culpabilidad “implica directamente a la Organización Trump en una amplia gama de actividades delictivas”.

Bragg consideró que el testimonio del exjefe financiero será “de valor incalculable” durante el juicio contra la compañía y dejó claro que las investigaciones sobre la empresa y sobre el propio expresidente continúan.

Weisselberg se declaró culpable de los 15 cargos que se le habían imputado y que incluyen delitos de fraude fiscal, conspiración y falsedad documental.

La empresa de Trump y el directivo fueron acusados el pasado verano de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, en la que supuestamente pagaban a ejecutivos “por debajo de la mesa”, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que se pudiese reducir el pago de impuestos.

La Organización Trump, tal y como ha reconocido su ex director financiero, pagaba a esas personas sueldos más reducidos -con lo que reducía sus impuestos de plantilla- y a la vez les ofrecía compensaciones al margen que no se notificaban adecuadamente a las autoridades.

Entre otras cosas, Weisselberg y otros ejecutivos habrían obtenido alojamiento, matrículas para colegios privados y pagos en efectivo para cubrir todo tipo de gastos personales.

El ex director financiero reconoció este jueves haberse embolsado más de 1,7 millones de dólares por los que no pagó impuestos, tal y como aseguraban los fiscales.

El caso es fruto de las amplias investigaciones a las que ha sido sometida en los últimos años la Organización Trump, pero en él no está imputado el expresidente, que tiene abiertos numerosos frentes legales tanto por sus negocios como por sus acciones durante y después de su paso por la Casa Blanca.

En Nueva York, Trump se enfrenta a una investigación por las prácticas empresariales de su compañía, por la que tuvo que comparecer este mes ante la Fiscalía General del estado, aunque se negó a responder a sus preguntas.

El exmandatario vio también recientemente cómo el FBI registraba su mansión de Florida en busca de documentos clasificados que supuestamente se llevó cuando abandonó el poder en 2021 y se enfrenta a varias demandas por el ataque al Capitolio en enero de ese año.

Con información de EFE.

IG

Samuel Eto'o ha vuelto este lunes a Barcelona y se ha sentado en un banquillo. Pero no en el del Camp Nou, sino en el de la Ciudad de la Justicia. El exdelantero del Barça ha puesto fin a su pleito con la Hacienda de España al admitir un fraude fiscal de 3,8 millones de euros en la tributación de sus derechos de imagen. El exfutbolista ha sido condenado a 22 meses de cárcel, pero no pisará la prisión.

La Fiscalía pedía penas de hasta 10 años y medio de cárcel para Eto'o y su representante, José María Mesalles, por cuatro delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios de 2006 a 2009, así como el pago de indemnizaciones y multas que superan los 14 millones. Los escritos de acusación se formularon en 2016 y el juicio no se ha celebrado hasta seis años después tras un acuerdo entre acusaciones y defensas.

El pacto implica la suspensión del ingreso en prisión de Eto'o y Mesalles (condenado a un año de cárcel). Ambos se han comprometido a devolver la cantidad defraudada.

El fraude fiscal consistió en que Eto'o tributó indebidamente los ingresos derivados de la cesión de sus derechos de imagen a la marca deportiva Puma y al F.C. Barcelona. Debía hacerlo en su declaración de IRPF, pero lo hizo mediante dos sociedades, un fraude fiscal clásico de las clases más adineradas y los millonarios. 

En su declaración ante la magistrada, Eto'o ha admitido la simulación de los derechos de imagen, pero ha achacado la responsabilidad del fraude a Mesalles, quien en sus tiempos como jugador fue su representante y su hombre de confianza. El astro camerunés se ha llegado a referir a Mesalles en términos de paternidad.

“Era mi padre quien se ocupaba del niño que era entonces. Voy a pagar pero siempre he hecho lo que mi padre me decía que tenía que hacer”, ha manifestado Eto'o, que en el periodo en el que cometió el fraude tenía ya 25 años. Uno de los peritos que ha declarado en el juicio ha corroborado la versión del exfutbolista al señalar a Mesalles como el ideólogo del fraude.

Eto'o simuló que los derechos de imagen del futbolista habían sido cedidos a dos sociedades residentes en Hungría y España, de forma que las rentas desviadas hacia la sociedad húngara no tributaron a Hacienda, mientras las desviadas a la sociedad española lo hicieron a un tipo muy inferior al que correspondía en el IRPF.

En concreto, las cuotas defraudadas entre 2006 y 2009 fueron 504.003, 1.283.653, 1.138.000 y 946.965 euros, respectivamente, cantidades que Eto'o y Mesalles ya ha rembolsado en parte y se ha comprometido a devolver en su totalidad. Ambos condenados han presentado un plan de pago que la jueza ha aceptado.

OSA