El 2 de abril de 1976, apenas una semana después del golpe de Estado, José Alfredo Martínez de Hoz anunció su programa económico desde el Ministerio de Economía. El plan prometía una ruptura drástica con el pasado a partir de tres objetivos: la redefinición del rol del Estado, la liberalización y modernización de la economía, y la estabilización de la moneda. Lo que vino después fue una sucesión de ensayos, correcciones y fracasos que dejaron lecciones que la Argentina tardaría años en aprender, y que, en muchos sentidos, aún no hemos terminado de procesar.  

Para entender la génesis de este experimento, es necesario recordar que el equipo económico heredó un escenario complejo: el “Rodrigazo” de 1975, un ajuste traumático, con devaluaciones de entre el 100% y el 160%, que dejó una inflación inercial que superaba el 180% anual. A nivel internacional, en la segunda mitad de los setenta, la economía mundial estaba todavía sufriendo el impacto del shock petrolero y del alza de los precios de las materias primas en general, incluyendo las agropecuarias que exportaba Argentina, fortalecidos por el boicot a la URSS, de los cuales la dictadura sacó provecho. Por otra parte, las condiciones de liquidez internacional dieron lugar, en un primer momento, el arribo de un importante flujo de capitales financieros que posibilitaron un incremento irresponsable del endeudamiento externo de nuestro país y, posteriormente, el reflujo de estos generó la crisis de la deuda. Así, los pagos al exterior por servicios de la deuda y utilidades pasarían de 2,2% a 9,4% del PIB, entre 1980 y 1983.

Ni shock ni gradualismo, un plan “pragmático”. El Ministro rechazaba tanto el shock como el gradualismo extremo. Su palabra era pragmatismo. Sin embargo, los cinco años de gestión pueden leerse como cuatro etapas distintas, cada una nacida de la frustración con la anterior en el objetivo de abatir la inflación.

La primera arrancó con la liberación de precios, el congelamiento de salarios y la unificación cambiaria. La inflación de 1976 llegó al 444%. En enero de 1978, ante la falta de resultados, se introdujeron ajustes. En diciembre de ese año llegó la apuesta más ambiciosa: la célebre tablita cambiaria, un cronograma de minidevaluaciones diarias preanunciadas, que buscaba anclar expectativas mediante la previsibilidad del tipo de cambio. La cuarta y última fase, en julio de 1980, fue un intento de corrección de urgencia ante el colapso del modelo.

La “plata dulce” y el costo de la tablita. La tablita trajo consigo el fenómeno conocido popularmente como la “plata dulce” o “deme dos”: un boom de importaciones y turismo al exterior alimentado por un dólar artificialmente barato. El propio Martínez de Hoz lo reconoció años después con crudeza: “La tablita nos causó mucho daño. Estuvimos viendo alternativas para bajar la inflación. Una opción era la estrechez monetaria, pero como iba a causar recesión, preferimos no hacerlo. Tampoco se quería bajar el gasto… luego de dos años nos dimos cuenta de que 100% era un piso que no podíamos perforar, si no inventábamos algo”.

El tipo de cambio real cayó a los niveles más bajos de la historia argentina. Las importaciones pasaron de u$s 3.033 millones en 1976 a u$s 10.540 millones en 1980, mientras el balance de cuenta corriente se desplomaba de un superávit de u$s 650 millones a un déficit de u$s 4.767 millones. La liberalización comercial, que debía ser gradual, fue acelerada por la urgencia antiinflacionaria: sectores industriales sufrieron una desprotección arancelaria de shock para la que en teoría no estaban preparados hasta 1985.

El “Monstruo de Mil Cabezas” que venció a la apertura programada. La prioridad absoluta del equipo económico, abatir al “monstruo de mil cabezas” de la inflación, terminó por “contaminar” los instrumentos de largo plazo. La política arancelaria, diseñada originalmente para una apertura gradual que incentivara la eficiencia industrial, fue utilizada como un garrote antiinflacionario.

Bajo la Resolución 6/79, el gobierno implementó un mecanismo de adelantamiento de rebajas arancelarias para castigar a los sectores que aumentaran precios por encima de las metas oficiales. La distorsión fue tal que, para octubre de 1979, el arancel promedio ya era inferior al que se había programado originalmente para enero de 1981. Además, se combinó con una fuerte apreciación del tipo de cambio real, cuyos efectos sobre la protección efectiva real fueron mayores que los de la reducción arancelaria. Esta “desprotección de shock” no fue el resultado de una estrategia de competitividad, sino de una táctica antiinflacionaria desesperada de corto plazo que canibalizó la estructura industrial argentina.

La reforma financiera: euforia y crisis en tres años. La reforma del sistema financiero, lanzada en julio de 1977, fue otro de los pilares del programa. Se liberaron las tasas de interés —que venían siendo negativas en términos reales—, se trasladó la asignación del crédito a los bancos comerciales y se estableció un seguro de depósitos total, obligatorio y gratuito. Esta última medida, lejos de generar confianza, alentó comportamientos irresponsables: los bancos podían tomar riesgos excesivos sabiendo que el Estado garantizaba el 100% de los depósitos.

Un análisis posterior del período (Roque Fernandez, 1987) señaló que entre 1977 y marzo de 1980 fue “probablemente el período más próspero en toda la historia del sector financiero argentino”. La prosperidad terminó de manera abrupta. En marzo y abril de 1980, el Banco Central debió intervenir tres de los mayores bancos privados del país, que representaban el 10% de los depósitos del sistema. Los redescuentos emitidos superaron los u$s 2.000 millones, equivalentes al 27% de la base monetaria. La emisión asociada a las instituciones liquidadas ese año representó el 3% del PIB.

Fracaso rotundo. No se logró ninguno de los objetivos propuestos. El PIB mostró una volatilidad extrema: cayó 0,7% en 1976, creció 6% en 1977, se contrajo 3,9% en 1978, rebotó 6,8% en 1979 y volvió a casi estancarse en 1980 (0,7%). El PIB per cápita en 1980 era 0,6% inferior al máximo de 1974. En materia fiscal, el déficit, en promedio, se mantuvo en más del 6% del PIB, nunca llegó a niveles manejables. El gasto público creció del 39% al 44% del PIB, impulsado, en parte, por el reequipamiento militar. La inflación, que había llegado al 444% en 1976, se “estabilizó” en torno al 100% anual en 1980 y 1981: un fracaso rotundo frente al objetivo de estabilidad. Las privatizaciones, en tanto, fueron casi inexistentes. Las Fuerzas Armadas no tenían voluntad de desprenderse de lo que consideraban sectores estratégicos. El programa se limitó a una “privatización periférica”: la tercerización de servicios a las empresas estatales.

Un saldo deplorable. La política de Martinez de Hoz, que terminó con sucesivas devaluaciones, entre 1981 y 1982, para ajustar al sector externo, dejó un saldo deplorable para la economía y la sociedad. Dio comienzo el fenómeno de dolarización de las carteras de los agentes económicos frente a un proceso de alta inflación persistente, hasta los anos 90s, que deterioraría el valor de la moneda local, haciéndole perder su capacidad de reserva de valor y afectando la demanda de dinero. Una desindustrialización prematura por el atraso cambiario con apertura comercial y altas tasas de interés, que determinó la precarización laboral y una redistribución regresiva del ingreso en contra de los asalariados y los sectores de más bajos ingresos. La desindustrialización prematura se reflejó en la caída de participación de la industria en el PIB, desde 28% en 1976 al 23% al terminar la dictadura. Para 1980, el PIB industrial era idéntico al de 1974, marcando el ciclo de estancamiento más severo desde la Gran Depresión (Sourrouille, J y Lucangelli, J, 1983). La contracara de este proceso fue la caída abrupta de la participación de los salarios en el ingreso nacional desde 45% en 1974 al 26% en 1983 (Beccaria, L, 1991) y el incremento de los hogares pobres sobre el total desde 2,6% en 1974 al 25% en 1982 (Altimir, O, 1989). La distribución personal del ingreso muestra que, entre 1974 y 1981, los sectores de ingresos altos pasaron de representar 28% al 35% del total, mientras los sectores de ingresos bajos y medios, de 81% descendieron a 65%, desnudando las consecuencias regresiva del programa en materia de distribución del ingreso (Torrado, S, 1992). Finalmente, un endeudamiento externo acelerado, desde USS 8 mil millones en 1975 hasta 45 mil en 1983, que implicó un condicionamiento fuerte en materia económica al gobierno democrático entrante, por el peso de los servicios de la misma sobre las cuentas externas y fiscales. La relación entre intereses de la deuda/exportaciones que, hasta 1979, no había superado el 15%, se disparó al 69% en 1983 y la deuda externa neta representó cerca del 70% del PBI, en tanto los intereses de la misma alcanzó 8% del PBI. En términos fiscales, el peso de la deuda determinó que el déficit de las finanzas públicas se duplicaran entre 1976-80 y 1981-3, ubicándose en niveles de 1975: 14,6% (Damill y Frenkel, 1990)

La lección que nos dejó. La gestión de Martínez de Hoz ilustra que, cuando los precios relativos están distorsionados, la apertura se convierte en destrucción de capital y empleo y la modernización en espejismo. Argentina vivió entonces lo que Guido di Tella describió como el ciclo de “fijación y explosión” del tipo de cambio nominal: un intento de dar certidumbre a corto plazo que termina en una volatilidad incontrolable con devastadores efectos sobre el tipo de cambio real, la inversión, el empleo y la demanda de dinero. El uso del tipo de cambio como ancla nominal combinado con la apertura provocaría, en otro ciclo, durante los 90s con la convertibilidad, que reformas estructurales potencialmente razonables quedaran históricamente asociadas al colapso macroeconómico, perdiendo toda aceptación social y legitimación.

A estas distorsiones se sumó una ausencia que atraviesa toda la historia económica reciente del país: ninguna de las experiencias de reformas habidas contó con un plan estratégico de desarrollo que orientara la inversión privada hacia sectores con potencial de largo plazo. Confiaron en que el mercado resolvería por sí solo los problemas del desarrollo. La historia los desmintió.

El autor es profesor de Historia de la Economía y las Polítcas Económicas en la Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

AR

Cuando concluya el mandato de Milei, habremos pasado 28 de los últimos 52 años bajo gobiernos de orientación económica ortodoxa (llamémosle “neoliberal” para abreviar): 8 de los militares, 12 y medio de Menem/De la Rúa, 4 de Macri y los 4 de Milei. El resto de esos 52 años lo ocuparon presidentes como Alfonsín, vacilante en lo económico (comenzó heterodoxo, pero terminó volcado a la ortodoxia) y Alberto Fernández, que chapuceó medidas de manera incoherente. Solo hubo un cambio consistente en aquella orientación, durante los 14 años de Duhalde y los Kirchner, que aplicaron un programa heterodoxo más o menos articulado. Fuera de esa interrupción, el neoliberalismo dominó ampliamente la agenda del Palacio de Hacienda y marcó los rumbos de la economía argentina. 28 de los últimos 52 años: esa es la cuenta que no vemos, distraídos por otras, más caprichosas, como la de los “setenta años de peronismo” o la de los “cien años de declive”. 

El efecto combinado de los tres ciclos neoliberales anteriores transformó la Argentina de manera dramática. Les propongo un esfuerzo de memoria: ¿Cómo era este país antes de cada ciclo? ¿Qué cosas fuimos perdiendo en el camino? ¿Qué rasgos nuevos fueron apareciendo?

Parémonos en los primeros años de la década de 1970. Por supuesto, había problemas. Teníamos dictaduras, como casi todo el mundo en vías de desarrollo y como las había entonces en España, Portugal, Grecia y tantos otros sitios. Había organizaciones políticas armadas, como las había entonces por todas partes en América Latina, en Gran Bretaña, en España, en Italia o incluso en EE.UU con las Panteras Negras. Pero centrémonos en la economía. Desde hacía dos décadas la inflación era alta, cierto. Después de haber superado el 60% anual en los dos años anteriores, en 1974 bajó al 30%. Todavía alta, pero menor a la que en ese año registraron Chile (586%), Islandia (42%), Israel (39%) o Brasil (34%), por mencionar algunos casos. Nada del otro mundo.

Así y todo, la economía argentina tenía un desempeño muy bueno. En los treinta años que siguieron a 1945 nuestro país duplicó su ingreso per cápita y amplió su PBI a ritmos superiores a los de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda. Un crecimiento a todo vapor que nos iba acercando a los países más ricos. Era, además, un crecimiento que venía de la mano de mayor igualdad y bienestar. Hacia 1974 la Argentina había alcanzado una de las distribuciones del ingreso más equitativas de toda su historia y se contaba entre las sociedades menos desiguales y con menos desempleo del continente. Con la metodología que usa hoy el INDEC, la pobreza ese año rondaba el 10%. La deuda externa era mínima, cercana a lo irrelevante. El país venía teniendo un desarrollo científico y tecnológico notable, reconocido con los premios Nobel que recibieron Houssay en 1947 y Leloir en 1970; en la década de 1950 se había sumado al pequeñísimo club de las naciones con desarrollo en energía atómica y había inaugurado el primer reactor nuclear de América Latina. 

Todo eso cambió con el programa ortodoxo que aplicaron los militares desde 1976, de la mano de José Martínez de Hoz, con las recetas de ajuste, privatizaciones, apertura indiscriminada de las importaciones, timba financiera y represión que serían típicas desde entonces. La Argentina entró a partir de ese momento en un largo declive económico, del que no logra salir. Al revés de lo que venía pasando, su crecimiento se retrasó no solo por comparación con los países más ricos, sino prácticamente con cualquier otro. Los salarios se desplomaron rápidamente, muchas industrias cerraron y creció la pobreza y la desigualdad. Además, el Estado tomó una deuda externa que desde entonces es impagable y desmanteló sus herramientas de regulación financiera. Lejos de solucionar el tema de la inflación, lo empeoró. Cuando se retiraron en 1983, dejaron un país en llamas que Alfonsín no logró encaminar. En 1989 todo eso derivó en nuestra primera hiperinflación, saqueos y la entrega anticipada del gobierno. 

En ese punto comenzó, con Menem, el segundo ciclo neoliberal, casi continuidad del primero. El Estado se deshizo de lo que quedaba de sus herramientas de regulación. YPF y Aerolíneas Argentinas se entregaron grupos empresarios, que las fueron desguazando. La privatización parcial de los fondos de jubilaciones y pensiones terminó de destruir el sistema jubilatorio. El desempleo fue en aumento y, luego de una baja inicial, también la pobreza. La desigualdad se disparó. La inflación dio un respiro gracias a un programa de convertibilidad sostenido artificialmente con dinero que ingresaba por préstamos y privatizaciones. El proceso de endeudamiento siguió avanzando. Argentina perdió entonces la que era una de las redes ferroviarias más grandes del mundo, amputada para poder privatizar sus tramos más rentables.

La sociedad experimentó cambios muy profundos. En los años setenta existía la expectativa cierta del ascenso social y de que los hijos vivirían mejor que sus padres. Las escuelas y secundarios públicos eran todavía un sitio de encuentro entre personas de diferentes clases sociales. Todo eso terminó: el desfinanciamiento del sistema educativo desde los años ochenta devastó la educación pública y los sectores medios migraron a escuelas privadas. La ciudad también dejó en alguna medida de ser espacio compartido: los countries y barrios cerrados, que casi no existían en 1970, se multiplicaron. Los sectores de buen poder adquisitivo se auto-segregaron allí y el espacio urbano decayó. Para el resto, el empleo se volvió precario y la subsistencia insegura. La sociedad argentina se fragmentó ahora de manera irremediable. Continuado bajo De la Rúa, el segundo ciclo neoliberal desembocó en la crisis de 2001, la peor de toda nuestra historia, con el mayor índice de pobreza que se haya alcanzado hasta ahora. De nuevo, un gobierno tuvo que irse antes de tiempo.

Los años siguientes, de políticas heterodoxas, revirtieron algunas de las consecuencias de los ciclos previos, sin cambiar de todos modos el modelo de país. El desempleo se redujo y también la pobreza, aunque con bolsones que permanecieron muy desatendidos. Mejoraron la distribución del ingreso, los salarios, los derechos laborales y las jubilaciones, pero la sociedad siguió profundamente fragmentada. El Estado recuperó algunas herramientas de regulación y se revirtieron las privatizaciones de los fondos jubilatorios, de YPF y de Aerolíneas, todas fracasadas. El desarrollo científico y tecnológico volvió a dar motivos de orgullo y el CONICET, que en los noventa había estado casi cerrado, se convirtió en la institución de ciencia y tecnología mejor rankeada de América Latina.

La economía estuvo lejos de la visión idílica que muchos kirchneristas sostuvieron y en el tramo final reaparecieron los viejos problemas de la restricción de divisas y el déficit fiscal. La inflación volvió a ser motivo de preocupación: antes de las elecciones de 2015 se ubicó en torno del 23% anual. Así y todo, es un hecho que hasta 2012 la economía volvió a crecer de manera sostenida y a una tasa mayor que la de EEUU. El endeudamiento externo se redujo. 

El tercer ciclo neoliberal –el de Macri– destruyó los precarios fundamentos de esa recuperación. El país entró en un nuevo ciclo de megaendeudamiento, la pobreza volvió a crecer de manera explosiva, la desocupación, la desigualdad y la precariedad aumentaron. El gobierno volvió a desmantelar sus capacidades de regulación de la economía y la inflación aumentó de manera galopante. El país estuvo en recesión tres de los cuatro años del mandato de Macri y el PBI se retrajo. La inflación terminó en 55% interanual. Un dato significativo: en 1913 Buenos Aires había inaugurado el primer subterráneo de América Latina. Hasta 1955 la red tuvo su mayor expansión, que continuó en las décadas posteriores. Incluso en los momentos de mayores dificultades económicas el subte siguió creciendo. Todavía en la década de 1980 descollaba por comparación con otros países latinoamericanos. Por contraste, la llegada de Macri al gobierno de la ciudad y luego al de la nación derivó en la interrupción total de esa expansión por primera vez en 100 años. Otro dato en el mismo sentido: nos fueron quitando rápidamente el derecho a acceder a una vivienda. Mientras que en los años noventa solo el 10% de los porteños alquilaba, hoy son más del 40%. Y no porque haya menos viviendas o más habitantes, sino porque, en ausencia de regulación del mercado (como tienen las ciudades europeas), los que pueden hacerlo compran casas y departamentos para obtener una renta. Sumemos los alquileres imposibles de pagar, que por decisión reciente se pueden “pactar” (imponer) en dólares. La vida empeora en todo sentido.

Todo indica que el cuarto ciclo que se inicia con Milei será bastante más destructivo en lo económico que el de Macri. Está por verse si supera al de Menem/De la Rúa y si, además de desmantelar todo lo que pueda del Estado, nos quita incluso la moneda nacional, como promete. En todo caso, en el largo plazo la imagen aparece clara. Teníamos un país. Con problemas, como muchos otros, pero era un país. Desde 1976 lo vienen tratando de convertir en un atractivo parador para inversores en la autopista del capital. Este es el cuarto intento. Y parece que reunirá y potenciará los peores aspectos de los precedentes.

José Alfredo Martínez de Hoz se despidió de su gestión de cinco años como ministro de Economía mediante un mensaje en cadena nacional que duró 93 minutos. Fue el 12 de marzo de 1981.

El economista y abogado eligió un tono didáctico para expresar autoalabanzas, con algún dejo de decepción por el comportamiento social que no terminaba de hacer carne su ambicioso intento de erradicar “conceptos” que habían prevalecido “en los últimos treinta años”.

Sobre el fondo de una cortina marrón y la bandera argentina a su lado, el ministro filosofó sobre “el principio de la subsidiariedad del Estado”. “Hemos puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Consideramos que ella hace a la esencia misma de la existencia del hombre”.

Martínez de Hoz se atribuyó el don de la sinceridad: “El 2 de abril de 1976 afirmamos que no existen soluciones mágicas ni recetas milagrosas… El proceso de ajuste no ha sido fácil. El camino fue largo y difícil, pero hemos siempre hablado con franqueza”. Acaso no fuera consciente de que su malversación de las palabras “libertad” y “franqueza” encontrarían apropiadores que las levantarían décadas más tarde para enterrar, no ya treinta años, como estimaba el jerarca de la dictadura en 1981, sino setenta.

El exdirector de la Compañía Ítalo Argentina y estanciero amonestó por si hubiera algún levantisco. “Los resultados no pueden esperarse que se vean (sic) completamente realizados de la noche a la mañana y ni siquiera en cinco años”.  Reclamó “el abandono de muchos hábitos y costumbres” que obstaculizaban los objetivos de inserción en el mundo.

Una lucha contra la decadencia

El listado de presuntos éxitos fue extenso, pero “el gran tema de la inflación… ha condicionado negativamente todo este proceso de transformación y lo ha hecho mucho más dificultoso”, reconoció el ministro de los dictadores Jorge Rafael Videla y Roberto Viola.

En 1976, con el “sinceramiento” por el reacomodamiento de precios relativos ante la “debacle” dejada por el peronismo, la inflación tocó uno de los mayores valores del siglo XX, 444%. Le siguió un trienio en el orden de 165% anual. El año de la despedida de Martínez de Hoz, 1981, sería, según estimó, el tiempo de cosechar los frutos de su política responsable. Falló el cálculo y tocó 104%. La dictadura se despediría en 1983 con más del triple de ese porcentaje.

Es como creer que la Argentina puede ser una excepción y se puede reducir y eliminar una tasa inflacionaria sin ningún costo. Es una ilusión y una falacia

José Alfredo Martínez de Hoz, 12 de marzo de 1981

En el mensaje final, Martínez de Hoz identificó “la raíz del problema inflacionario”: el gasto público.

Denunció haber recibido un orden fiscal “en quiebra” de parte del gobierno de Isabel Perón, la presidenta constitucional derrocada en marzo de 1976. Pero él había llegado para refundar las bases materiales y morales del país. Allí fue cuando dijo haber emprendido la “transformación de conceptos que han venido primando en el país en los últimos treinta años, casi sin interrupción”. El germen del mal, el peronismo, había llegado a su fin.

El ministro se atribuyó haber bajado el déficit fiscal de 14,5% en relación al PBI en 1975 a una previsión de menos de 3% en 1981.

Ataque al tren

Fue al grano. Explicó que había logrado despedir a 20% de los empleados estatales dependientes de la administración central. Fueron 108.000 de 505.000. Al contabilizar todo el sector público (incluidas empresas y organismos autónomos), el sablazo afectó a 250.000 trabajadores, se enorgulleció. Sólo de los ferrocarriles estatales habían sido despedidos 56.000 “agentes”, 40% de la plantilla, y en YPF, 15.000.

De 15 grandes empresas públicas, 14 recibían subsidios en 1976, contó Martínez de Hoz. Dijo que aplicó criterios de mercado para el manejo del personal y el pago de impuestos, de manera que ganaran eficiencia en la competencia. Las transformó en sociedades de capital y las puso a cobrar precios reales, “no políticos”, y ya en 1978 había tornado el déficit en superávit en casi todas, excepto los trenes y Encotel (correo), dijo.

Se notaba que el asunto de los ferrocarriles lo obsesionaba. Tenía, pese a todo, medallas para mostrar, como el desmantelamiento de 10.000 de los 42.500 kilómetros de vías, y de 1.000 de las 2.400 estaciones.

Los reproches a consumidores, trabajadores y empresarios que expresaban —según dejó saber que intuía— disconformidad circundaron el sermón. “Es como creer que la Argentina puede ser una excepción y se puede reducir y eliminar una tasa inflacionaria sin ningún costo. Es una ilusión y una falacia”. Se ahorró agravios a “choriplaneros”.

“La población debe saber que en economía no hay nada gratis. Si un sector recibe un subsidio, es porque otro sector lo está pagando”, pinceló para la posteridad.

En particular, ese punto fue dedicado a explicar que había puesto punto final al subsidio del campo a la industria que había prevalecido —según dijo— desde la década de 1940. Defendió la tesis “para el campo lo que es del campo”, y la industria, a competir como pueda.

Martínez de Hoz dijo haber sido un funcionario honesto y se dedicó a probarlo en el capítulo de la obra pública, abordado hacia la mitad de su hora y media de exposición. Narró que con los mismos fondos que el tercer peronismo había hecho un kilómetro de rutas, él hizo dos. Eso sí. Fijó un “orden de prioridades” para las obras de infraestructura, “con criterios de rentabilidad, para que se haga en forma ordenada y de acuerdo a la posibilidad de financiamiento del país”.

Balance ayer, hoja de ruta hoy

El ministro de Economía se privó de expresiones como “parásito hijo de puta”, “excremento” o “rata” a la hora de hablar de quienes recibían un sueldo estatal, pero dejó ver alguna crueldad cuando aludió a “estructuras administrativas enquistadas” y “eliminación de elementos redundantes” en la administración pública.

Al cabo de su gestión, Martínez de Hoz había ejecutado gran parte de la quintuplicación de la deuda externa argentina que legó la dictadura, de US$ 8.000 millones a US$ 40.000 millones. No hizo mención a ello en su despedida. Las tasas de interés por el cielo y una paridad cambiaria que inauguró la penosa escena de argentinos en Miami cantando “deme dos” fueron no más que rasgos de una economía que pronto encontraría un equilibrio, proyectó el ministro.

En un pasaje de éste y otros discursos de meses previos, el creador de la “tablita financiera” sintetizó los ejes de su política con el verbo “eliminar” como estrella del relato:

“Sinceramiento” impuesto a fuerza de desapariciones

Martínez de Hoz terminaba su tarea en momentos en que los organismos de derechos humanos denunciaban 30.000 desapariciones y el Departamento de Estado norteamericano barajaba en sus documentos entre 15.000 y 22.000. Es decir, el régimen militar había insertado a Argentina en la economía libre con la potestad autoasignada de desaparecer o asesinar a comisiones sindicales que resistieran despidos y rebajas salariales, y hasta disidencias internas por los negocios surgidos al amparo de las ideas de la libertad.

La dictadura se valió de la descripción de una herencia económica calamitosa del tercer gobierno peronista. De más está decir que no tuvo que lidiar con gobernadores que reclamaran fondos especiales o con bancadas legislativas opositoras renuentes a aprobar, por ejemplo, el despido de 250.000 “agentes”.

Las consecuencias de la gestión de Martínez de Hoz ya son parte de la historia. El país resquebrajó su tejido económico y social e inició un ciclo de endeudamiento a gran escala del que no se liberó hasta ahora. Ni un indicador económico central, sea de crecimiento, empleo o inflación, quedó exceptuado de la debacle. La promesa de que esa vez “el esfuerzo” valdría la pena se desintegró tan rápido como la burbuja de “sinceramiento” y deuda que crearía Mauricio Macri cuatro décadas después. Todos los problemas reales que tenía la economía argentina antes de la dictadura, descriptos por Martínez de Hoz con hipérbole y en clave de agonía, fueron empeorados.

Orgullo, prejuicio y reparación

De la autoevaluación de Macri tras su paso por la Casa Rosada queda la idea de que no fue lo suficientemente duro con los “orcos”. El expresidente y sus adláteres se lamentaron hasta el cansancio de su “gradualismo” y de no haber avanzado decididamente en el cierre de empresas, derogación de leyes y despidos de “elementos redundantes”. Lo que enorgullecía a Martínez de Hoz, en Macri fue melancolía por la oportunidad perdida.

Javier Milei viene a reparar el error. En el proyecto de una ley ómnibus que, al parecer, será transformada en varias combis, el presidente libertario delineará sus cuatro años de mandato.

El balance del exministro de Videla parece una hoja de ruta de Milei con una similitud asombrosa. En un punto, si el presidente que asume hoy consigue hacer menos de la mitad de lo que ejecutó su antecesor, habrá cumplido sus objetivos. Por caso, los ferrocarriles del Estado empleaban en 1981, consumado el guadañazo de 40% de su plantel, a unos 100.000 trabajadores. Esa cifra, de una única empresa pública, es apenas inferior a los 110.647 empleados de todas las firmas estatales en la actualidad, incluidos los bancos estatales nacionales, trenes, Aysa, medios públicos, energéticas, etcétera.

El hilo de filosofía meritocrática emparenta al ultraderechista de hoy con el Macri de ayer, los noventistas de Carlos Menem y los terroristas de Estado de 1976 y 1955. La singularidad de Milei es que ninguno de los mencionados exhibió una precariedad tan evidente para completar un elenco de gobierno. El desembarco —legítimo en Menem y Macri, y siniestro en el caso de los dictadores—, fue con un plantel más o menos sólido, pero con visos de integración ausentes en la experiencia que comienza hoy.

En 1981, los ferrocarriles estatales tenían, tras un drástico ajuste, casi tantos empleados como la totalidad de las empresas públicas de la actualidad

Leyes que se cocinan en despachos no estatales

El presidente de la Libertad Avanza parece haber tercerizado el gobierno antes de empezar. A tal punto que, por estas horas, estudios jurídicos privados revisan desinteresadamente y a contrarreloj los textos de la “ley ómnibus” o las variantes de “leyes combi” que marcarán el puntapié inicial para que la Argentina se convierta en Alemania en 20 años y en Estados Unidos, en 35.

En una transición normal, la tarea debería hacer eje en el futuro secretario Legal y Técnico de la Presidencia, el funcionario que debe ser de máxima confianza del jefe de Estado. No fue el caso. Milei exploró infructuosamente entre abogados de Corporación América para ocupar el puesto y recién el miércoles se decidió por Javier Herrera Bravo, un hombre con experiencia en el área durante el gobierno de Macri. Ese mismo día, el designado se presentó ante la titular de la Secretaría hasta hoy, Vilma Ibarra. No hubo mucho que coordinar mientras las leyes y decretos por venir se estaban cocinando en despachos no estatales.

Milei adoptó un plan de reforma del Estado que los medios oficialistas relataron en función de su cantidad de páginas, como si ello expresara algo en sí mismo. El mentor, Federico Sturzenegger, fue funcionario en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Macri y es asesor de empresas y docente en las universidades de San Andrés y Harvard.

Ya electo presidente, tras varios descartes a las apuradas, Milei optó por Luis Caputo para el ministerio de Economía y el socio de éste en la consultora Anker, Santiago Bausili, para el Banco Central. Ambos fueron los arquitectos del endeudamiento asumido por Macri en favor de todos los argentinos.

Milei, consultor antes y durante su incursión en la política, eligió a sus colegas Caputo, Bausili y Sturzenegger para reconfigurar la Argentina que viene. Se podría evaluar a este terceto en función del resultado de su gestión con Cambiemos, pero mejor dejar el intento para quienes verdaderamente creen en la meritocracia.

Loteo que no otorga músculo político

El gobierno libertario va completando casilleros de la administración pública como puede, o como le indican. Para la secretaría de Agricultura, dirigentes y empresarios del negocio de la soja; para los resortes decisorios del Ejecutivo, como jefatura de Gabinete, Interior, Justicia e Infraestructura, sus conocidos de Corporación América, el “grupo aeropuerto” que podó las ambiciones de Macri. En YPF, un hombre de Tecpetrol, quien, tras décadas en la petrolera de Techint, ahora administrará el destino de la competidora estatal que cumple un papel crucial en la conformación del mercado.

Ni los consultores, ni los exejecutivos de la empresa de Eduardo Eurnekian, ni los de Paolo Rocca, ni la inspiración tarotista de Karina Milei, ni el espectro de Conan o Martínez de Hoz darán a Milei músculo político.

¿Colaborará en la tarea Patricia Bullrich, a minutos de dejar atrás su enésima identidad política? ¿Se esmerarán los cordobesistas y Florencio Randazzo para ampliar su exiguo capital electoral nacional y entregarlo en ofrenda al libertario? ¿Habrá borocotós pejotistas dispuestos a venderse por un sanguchito? Los melones se acomodarán al andar. Mientras, Bullrich tendrá que repetir la sonrisa incómoda como la que le tocó exhibir el sábado en el encuentro entre Milei y su socio Jair Bolsonaro, quienes, aunque en Argentina se diga poco, son parias hasta en círculos conservadores del mundo.

Ni los consultores, ni los exejecutivos de la empresa de Eduardo Eurnekián, ni los de Paolo Rocca, ni la inspiración tarotista de Karina Milei, ni el espectro de Conan o Martínez de Hoz darán a Milei músculo político

Una cosa fue para Bullrich sacar pecho por una represión e inventar un relato sobre las 14 toneladas de piedras en nombre de una coalición de centroderecha que construyó una victoria como la de Cambiemos en 2015, y otra es hacerlo por un presidente extravagante que le habilitó una silla de prestado y “a título personal”.

Decenas de exfuncionarios de Juntos por el Cambio se aprestan a tomar posesión de sillas de segunda y tercera línea, sin dar crédito al mote despectivo que un rival les concedió alguna vez de estar “juntos por el cargo”.

Rostros de la derrota

El ascenso de un líder forjado sobre sus ataques de rabia, su odio al adversario y su negacionismo de los crímenes cometidos por el régimen de Martínez de Hoz se explica por los 14,5 millones de votantes que hicieron uso de su derecho.

Habrá argumentos para sopesar la decisión del soberano (deuda, inflación, pandemia, una era, Alberto, Cristina). Para completar el cuadro, la mirada debe alcanzar a quienes pudieron haber sido alternativas si las urnas se hubieran expresado de otro modo. Por ejemplo, Daniel Scioli, quien se bajó de la carrera presidencial horas antes del cierre de la inscripción de candidatos.

Scioli continuará como embajador en Brasil. Cada cierto tiempo, este sobreviviente de la política se ve compelido a demostrar su confusión entre ética de la responsabilidad del hombre de Estado y la volubilidad de la gelatina que se adapta a cualquier molde.

Queda Sergio Massa, el receptor de 44% de los votos en la segunda vuelta. El ministro de Economía planea seguir en la actividad política y hacer base en una fundación llamada Encuentro, en la que lo secundarán funcionarios que lo acompañaron en el Palacio de Hacienda, como Gabriel Rubinstein, Ricardo Casal y José Ignacio de Mendiguren.

El excandidato de Unión por la Patria agregará otra línea a su currículum. Será asesor de una empresa extranjera y de un fondo financiero especializado en bonos verdes (para proyectos energéticos de mitigación del cambio climático).

Habrá que ver si Massa sigue la senda de líderes europeos como José María Aznar, Felipe González, Tony Blair y Gerhard Schroeder, que cuando dejaron sus respectivos gobiernos y fueron contratados por empresas privadas, asumieron la tarea de lobistas, pero se apartaron de la competencia por los cargos y la conducción partidaria. Aunque sea, para guardar las formas. 

SL/DTC

El arquitecto Eduardo Saiegh murió a los 85 años en Buenos Aires, informó sus familia en las redes sociales. Saiegh fundó el Banco Latinoamericano de Inversión en los años '70, fue secuestrado por un grupo de tareas de la última dictadura militar y obligado a ceder la titularidad de la entidad tras ser torturado. “Me persiguieron , me secuestraron y me torturaron porque me quisieron arrebatar patrimonio por judío”, aseguró meses atrás en una entrevista con el diario Página 12 sobre ese episodio que marcaría su vida.

Su drama no terminó entonces. Aunque la justicia confirmó que aquellos hechos deben ser investigados como un delito de lesa humanidad, Saiegh denunció que el caso había sido “paralizado” en la Corte Suprema después de que el máximo tribunal anuló el fallo que lo beneficiaba. “La causa no murió. La quieren matar, pero no se animan”, aseguró Saiegh en enero pasado.

Saiegh había iniciado una causa para recuperar parte de su patrimonio, que se encuentra en la Cámara de Apelaciones, y presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le recomienda al Estado argentino llegar a una “solución amistosa”.

“Hace años que estoy esperando justicia. Fui víctima de una maniobra llevada a cabo por los agentes civiles de la dictadura que todavía controlan el sistema financiero de nuestro país. Es la única causa de lesa humanidad que se sigue contra un funcionario de Martínez de Hoz (José Alfredo, exministro de Economía de la dictadura, muerto en 2013)”, contó en abril en un diálogo con la agencia Télam.

Terrorismo de Estado

El principal acusado por el despojo que sufrió el denunciante es Alejandro Reynal, vicepresidente del Banco Central en tiempos del terrorismo de Estado y quien según la denuncia orquestó una maniobra para liquidar a este banco. “Reynal no quería judíos en el sistema financiero”, según la denuncia Saiegh.

Saiegh fue un empresario próspero que tenía contratos con el Estado y sindicatos y a fines de los años '70, junto a su familia, proyectó la conformación de un banco orientado a la financiación de proyectos productivos. Así nació el Banco Latinoamericano, que en 1980, cuando el modelo de valorización financiera de Martínez de Hoz comenzó a hacer agua, controlaba en caución el paquete accionario de la aerolínea Austral, con serios problemas financieros, y cuya propiedad era de William Reynal, primo del entonces vicepresidente del Banco Central.

La dictadura resolvió estatizar la empresa, pero antes era necesario saldar las deudas que tenía para que la operación prosperara, y en consecuencia, debía salir de circulación el Banco Latinoamericano, el único acreedor privado que tenía Austral. El 31 de marzo de ese año, Saiegh, de 37 años, fue secuestrado por una patota que respondía a la División Bancos de la Policía Federal.

“Me detuvieron en base a una denuncia falsa. Me torturaron durante una semana para ablandarme y despojarme de mis bienes Banco y de las acciones caucionadas de Austral. Pude negociar mi vida mientras el banco era llevado a una quiebra fraudulenta”, contó Saiegh en la entrevista con Télam.

La lucha del empresario para lograr justicia comenzó en 1982, con una denuncia penal que presentó por secuestro, torturas y extorsión contra Martínez de Hoz y Reynal. Ocho años después, la Procuración del Tesoro dictaminó que la quiebra del Banco Latinoamericano era nula, y que sus accionistas debían ser indemnizados. En 1991, el juez Martín Irurzun procesó a Reynal y le concedió la excarcelación, pero tiempo más tarde, la Cámara de Apelaciones lo sobreseyó.

Ocho años más tarde, otro magistrado, Gabriel Cavallo, volvió a imputar al exvicepresidente del Banco Central, pero en instancias superiores se interpretó que el delito había prescripto.

Con las leyes de impunidad y los indultos vigentes, Saiegh presentó una denuncia ante el juez español Baltasar Garzón, quien reconoció que se trataba de un caso donde se conjugaban el antisemitismo y el terrorismo de estado.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se logró que por intermedio del secretario de Derechos Humanos, Luis Eduardo Duhalde, se investigara la causa del Banco Latinoamericano como delito de lesa humanidad, y la Procuración del Tesoro determinó que las actuaciones administrativas estaban resueltas y que el Ejecutivo debía dar una respuesta.

Saiegh también presentó en 2008 su caso ante la Embajada de los Estados Unidos, que se interesó por su caso, y eso quedó reflejado en los cables filtrados de Wikileaks.

Tras pasar por varios juzgados, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en una causa de lesa humanidad que quedó en manos de María Servini. Al presentar varias apelaciones, Reynal logró eludir el llamado a indagatoria, y logró que la justicia correccional desestimara el caso como delito de lesa humanidad.

Dos años después, Saiegh logró que sala II la Cámara de Casación, en un fallo firmado por los magistrados Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, volviera a considerar la causa como delito de lesa humanidad. Reynal presentó tres recursos a la Corte, y logró de esta forma eludir el llamado a indagatoria, que no se producirá hasta que haya una resolución en el máximo tribunal.

“En el Banco Central todavía hay depositados 500 mil dólares del Banco Latinoamericano, que figura liquidado sin que nunca le pidieran la quiebra. Con el resarcimiento que obtenga pienso crear un fondo para costear proyectos productivos. No hago esto por mí. Quiero justicia y que cambie el sistema financiero de este país”, aseguró en abril Saiegh. “No puede ser que siga vigente la ley de entidades financieras que sancionó la dictadura militar. Es una ley creada por toda esta gente que me despojó”.

Días atrás, y tras la participación de Federico Braun en el encuentro por el 20º aniversario de la Asociación Empresaria Argentina, Saiegh cargó contra los dueños de la cadena de supermercados La Anónima. “Hace 40 años los vengo denunciando penalmente pidiendo el embargo de La Anónima por los crímenes de lesa humanidad por la estatización de Austral LA y los Vuelos de la muerte y la impunidad total que tienen,mas ahora que nunca, les da para decir estos sincericidios!!”, dijo en Twitter. También hizo una agradecimiento público a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien había difundido una nota que mencionaba su caso.

La muerte lo sorprendió el domingo pasado, en su casa.

CC