Escribo esta nota desde Ecuador, donde por estos días las organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, sindicales y sociales protagonizan un momento de efervescencia popular en protesta por las políticas neoliberales de ajuste y las estructurales violaciones a los derechos sociales, económicos y culturales del pueblo pobre del campo y la ciudad. Son momentos de disputa en las narrativas y contranarrativas sobre la naturaleza de las protestas que, en definitiva, es una discusión sobre el carácter de la democracia.  

¿La democracia se instituye meramente a partir de la institucionalidad formal o requiere la participación popular activa en la vida pública? En este momento, en Ecuador, la participación popular se expresa en el legítimo ejercicio al derecho a la protesta por mejorar sus condiciones materiales de existencia. Esta protesta ocupa el espacio público en Quito y las zonas rurales de todo el país, con una masividad inédita. La respuesta estatal es una brutal represión que se justifica desde el Gobierno apelando al ejercicio de la autoridad estatal. Está así justificado el “uso progresivo de la fuerza” frente a grupos de vándalos -según algunas versiones- o personas manipuladas por líderes maléficos -en otras-. 

La explosión social, sin embargo, es una circunstancia de algo que late en el seno del pueblo y se manifiesta cotidianamente en los territorios. Son los múltiples mecanismos de organización comunitaria y gestión social de lo común que despliegan los perdedores del sistema. Se trata de un denso entramado de resistencia social frente a la exclusión que, como toda relación social, no está exenta de contradicciones. En cualquier caso, la gestión de lo común constituye parte sustancial de la vida en las barriadas populares, zonas campesinas y comunidades indígenas.  

Gran parte de mi generación se formó con la convicción de que los procesos de cambio se construyen desde abajo y que sólo la justa lucha de los últimos por su dignidad permite abrir las puertas a las expresiones institucionales de la democracia formal que den alguna vigencia a los derechos conculcados creando políticas públicas populares. En otras palabras, es la fuerza del pueblo la que orienta la política superestructural y crea las condiciones para todo avance social, aunque los dirigentes políticos no sean conscientes de esto y prefieran sentirse artífices exclusivos de dichos avances. Ese es nuestro pedacito de verdad. No es verdad única, pero quien vea los procesos históricos comprenderá que hay algo de cierto en ella.  

Las organizaciones sociales de base, agrupadas hoy en grandes movimientos populares, crecieron como producto de la crisis de las recetas neoliberales. En un primer momento, fueron los trabajadores de las empresas privatizadas, en particular YPF, los que protagonizaron las masivas puebladas en las zonas petroleras. Buscaban la reincorporación de los despedidos. No lo lograron. El sistema no daba para eso. Sin embargo, a partir de esos procesos de lucha, se crearon formas de gestión, cogestión y autogestión de lo común que permitieron la resolución de las problemáticas elementales de salud, vivienda y trabajo. Fueron soluciones precarias, pero fueron las soluciones posibles. En todos los casos implicaron una dinámica de conflicto y negociación, avances y retrocesos, desviaciones y rectificaciones. Las organizaciones sociales iniciales, como la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, demostraron el potencial enorme de las organizaciones libres del pueblo para resolver mucho de lo que el sistema no resolvía.  

La expansión de aquellas formas de lucha a los conurbanos empobrecidos empezaron a romper el espejismo neoliberal, particularmente durante el segundo mandato menemista. En Santiago el Estero, Neuquén, Salta, Río Negro, Jujuy y Corrientes, entre otras provincias, se produjeron enormes conflictos que incluyeron prolongados cortes de ruta y fortísimas manifestaciones frente a las respectivas gobernaciones. La provincia de Buenos Aires no fue la excepción y se sumó a esta marea hacia finales de los noventa y principios del siglo actual. Ese fue el contexto de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 que marcaron la conciencia de muchos de nosotros.  

Sin embargo, el hecho crítico que consolido la conciencia militante de muchos de nosotros fue el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. No por una cuestión ideológica, política o metodológica, sino por la disposición de dos jóvenes de nuestro pueblo a poner el cuerpo por los más humildes. Cada 26 de junio se nos estremece el corazón recordando a los dos mártires que, con su sangre, clausuraron cualquier intentona de volver a las recetas más feroces del neoliberalismo. Fueron ellos, fue el pueblo organizado, fue el pueblo luchando, fue la juventud dispuesta a darlo todo. El hecho heroico de la resistencia social sintetizado en Maxi y Darío logró parcialmente su objetivo. Nuestros dos héroes marchaban bajo la bandera de “trabajo, dignidad y cambio social”. En los años siguientes a la salvaje represión de aquel día -que, en gran medida, sigue impune- hubo más trabajo, más dignidad y más cambio social. Nada de ello hubiera sucedido sin su lucha, nuestra lucha.  

No quiero entrarle hoy a la polémica abierta en estos días sobre las organizaciones y políticas sociales. Entiendo que está teñida por disputas políticas y pujas de poder que impiden proyectar una síntesis para mejorar la situación actual. Esa síntesis es lo que debemos buscar, pensando cómo mejorar la dramática situación de los pobres e indigentes de nuestra patria que son niños, ancianos, hombres y mujeres vecinas de los barrios populares, agricultores familiares, campesinos e indígenas o trabajadores urbanos sin derechos. Ya dijimos lo que teníamos que decir. Queremos trabajar en esta síntesis y creemos que el momento es ahora. En algunos meses será demasiado tarde. Esto implica que todos los actores y actrices de este debate pongamos por delante el bien del sector por sobre nuestras propias verdades, posiciones e intereses.  

Trabajo, Dignidad y Cambio Social son consignas que siguen vigentes, que siguen sintetizando las aspiraciones de todas las organizaciones populares. Trabajo con derechos para vivir, respeto a la dignidad de los de abajo y un horizonte de cambio político-económico que permita a todos acceder a las 3-T, la salud, la educación, la justicia en la cantidad y calidad que se merece todo ser humano. En el ADN de los miles y miles de militantes sociales que activan en los territorios de las periferias olvidadas está la entrega y el sacrificio de Maxi y Darío, los girones de vida dejados en los proyectos productivos, las ollas populares, las cooperativas, los espacios de niñez, la ruralidad pobre, las comunidades originarias y desde luego las acciones de protesta.  

Hace algunos años que participo activamente en la política como parte del Frente Patria Grande, sin dejar de pertenecer y priorizar la construcción social de base. Ahora que conozco las estructuras políticas y burocráticas del Estado, estoy en condiciones de afirmar mi convicción que la militancia más comprometida, sacrificada, eficiente y honesta está en los movimientos sociales, sobre todo en la juventud dispuesta a embarrarse las zapatillas donde no hay veredas en vez de transitar cómodamente por las alfombras de los despachos gubernamentales. Esto no implica la romantización de un sector ni la defenestración de otro. En ambas idiosincrasias hay prácticas execrables y chantas totales, así como personas sumamente comprometidas que buscan mejorar la sociedad tanto desde las organizaciones de base como desde los espacios institucionales. Pero nuestro corazón siempre va a estar en los pasillos de la villa, en el lodazal de los barrios populares, en los galpones cartoneros, en los polos textiles, en las calles de las mantas, en el campo pobre, en los puentes y las rutas de la resistencia, al menos hasta que no quede ni una sola ni un solo excluido en la Argentina.  

Necesitamos el salario básico universal sin intermediación para complementar los ingresos a todo el sector que trabaja en la informalidad, pero también reivindicamos la organización popular como vector de lucha contra la exclusión, como parte integrante de un proyecto de democracia sustantiva y como reaseguro de las conquistas sociales frente a los vaivenes del proceso político.  

Es nuestra historia. Reivindicamos esa historia. Una historia poco conocida por los principales dirigentes políticos que sólo pueden vernos de dos formas -que en lo esencial no se diferencian mucho una de la otra-: como “contención” de la injusticia social según la versión amable, o como tercerización de la asistencia social según la versión dura. Frente a ello, reafirmamos: trabajo, dignidad y cambio social.  

Mis únicos héroes en este lío siguen siendo Maxi, Darío y todos los que siguen por distintos caminos, pero honesta y consecuentemente, la estela luminosa que dejaron.

JG

Organizaciones sociales se movilizaron este domingo en Buenos Aires para reclamar justicia por la “Masacre de Avellaneda”, en la que murieron los jóvenes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, producto de la represión policial durante una protesta hace 20 años.

Por segunda día consecutivo, las marchas y concentraciones tuvieron lugar entre el puente Pueyrredón -uno de los puntos de acceso a la capital argentina- y la ciudad de Avellaneda, donde Kosteki y Santillán fueron abatidos por la Policía el 26 de junio de 2002 en medio de las protestas populares ante la crisis social y económica que atravesaba Argentina.

Por el hecho, dos expolicías de la provincia de Buenos Aires fueron condenados a cadena perpetua y otros seis sentenciados a condenas menores, pero los organismos sociales, nucleados bajo la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), continúan demandando a la Justicia que se condene a los responsables políticos.

“Los responsables políticos siguen impunes hasta hoy. Las causas judiciales no avanzan, ya presentamos 14 testigos a prestar declaración testimonial, donde han descripto situaciones particulares relacionadas a las órdenes para aquella jornada represiva”, indicaron las agrupaciones sociales durante la lectura de un documento.

Por su parte, el hermano de Darío, Leo Santillán, reclamó que el crimen lo cometió el Estado y debe ser investigado.

“Hace 20 años seguimos exigiendo el juicio y castigo a todos los responsables políticos, denunciando que la ‘Masacre de Avellaneda’ es un crimen de estado y tiene que ser investigado”, dijo Leo Santillán, en declaraciones al canal de televisión TN.

“Hubo una orden y una planificación que salió desde el gobierno de Eduardo Duhalde con todos sus funcionarios”, afirmó el hermano del militante asesinado.

Durante el año que se cometió el crimen, gobernaba el entonces presidente de transición de Argentina, Eduardo Duhalde (2002-2003).

Las organizaciones sociales también apuntaron contra el actual ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández -que en ese momento ejercía el cargo de secretario general de Presidencia- y el excanciller Felipe Solá, quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires (2002-2007).

La “Masacre de Avellaneda” sucedió durante las protestas populares ante la crisis social, política y económica que atravesaba Argentina.

Una columna de manifestantes con la intención de cruzar el puente Pueyrredón hacia la capital argentina fue interceptada por una división de policías antidisturbios de la Provincia de Buenos Aires que les bloqueaban el paso.

El comisario a cargo del operativo, en ese momento, Alfredo Fanchiotti, les dijo que debían despejar la zona inmediatamente, pero al poco tiempo comenzaron a oírse escopetazos policiales contra la multitud.

Las personas empezaron a correr en dirección contraria hacia distintas calles de la ciudad de Avellaneda, sin embargo, uno de los disparos -que contenían postas de plomo- impactó en la espalda de Maximiliano Kosteki de 22 años, que se derrumbó en el suelo.

Un grupo de militantes lo llevó hacia el interior de una estación de trenes para intentar asistirlo, cuando se hacen presentes un grupo de policías encabezados por Fanchiotti, todos escapan salvo por Darío Santillán de 21 años, que se queda de espaldas y agachado junto a Kosteki.

La Policía abre fuego y ejecuta a Santillán, para luego arrastrarlo por el vestíbulo del lugar y dejar su cuerpo tirado frente a un quiosco.

El excomisario Alfredo Fanchiotti y el excabo Alejandro Acosta fueron condenados a reclusión perpetua en 2006 tras ser encontrados culpables de doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de asesinato, según el dictamen de la Justicia.

Durante el enfrentamiento resultaron heridas 90 personas y más de 150 quedaron detenidas.

Tras este episodio y con la crisis en alza, Duhalde adelantó en seis meses las elecciones presidenciales, al 27 de abril de 2003.

CRM con información de la agencia EFE

“Vamos a reventar el puente Pueyrredón”, arengó Orlando Agüero del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) en la previa a la saga de homenajes previstos para todo el fin de semana. 

Mientras la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP, la organización acusada por Cristina Kirchner por los planes sociales del Potenciar Trabajo) preparaba un acto sobre el puente para este sábado desde las 10.30, la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi, tenía agendada comenzar sus actividades a las 11 en la estación de tren.

Allí habrá espacios para la niñez y una feria popular. También se prevé la presentación de tres libros relacionados a los 20 años de la Masacre de Avellaneda y paneles de debate con transmisión en vivo por internet. En dos escenarios habrá shows musicales y culturales, y a las 21 habrá un acto central, que continuará con una marcha de antorchas debajo del puente, con una posterior vigilia nocturna.

El domingo, el acto central será sobre el puente, entre las 12 y las 13, el horario en que Kosteki y Santillán fueron asesinados por Fanchiotti y Acosta el 26 de junio de 2002.

Sentado a la vera de la autopista Buenos Aires-La Plata, cigarrillo en mano, camisa blanca a rayas y un pañuelo en el cuello, con el pelo morocho largo hasta los hombros y la barba tupida, Darío Santillán explica el porqué del piquete: “Cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo. No nos vamos a casa tranquilos porque tenemos un plan de 160 o 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina”, dice a la cámara, y sus palabras parecen tener una vigencia demoledora: golpean con fuerza al escucharlas hoy, en un país otra vez sumido en una grave crisis socioeconómica, con casi 40% de pobreza, más de 50 puntos de inflación interanual, y con un gobierno peronista enfrentado internamente, incluso con los movimientos piqueteros en el medio.

El video grabado de Santillán –que en YouTube ya supera las 155 mil reproducciones– fue al calor de la crisis de diciembre de 2001, pocos días antes de que el 26 de junio de 2002, cerca del mediodía, él mismo entrara corriendo a la estación Avellaneda del tren Roca para intentar auxiliar a Maximiliano Kosteki de la cacería policial. La represión buscaba evitar el corte en el puente Pueyrredón contra el por entonces gobierno de Eduardo Duhalde. 

Darío ya había escapado de las fuerzas de seguridad y hasta se había pasado de la estación de tren, pero volvió a la zona para rescatar al compañero caído. Sabía las maniobras de primeros auxilios y pretendía ayudarlo. El por entonces comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta, que le habían disparado a Maxi, lo abatieron por la espalda.

Darío y Maxi militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD): Santillán tenía 21 años y era referente del MTD-Lanús, Kosteki, 25, y militaba hacía dos meses en el MTD-Guernica. No se conocían, pero la tragedia de la Masacre de Avellaneda los unió para siempre. Quiso la historia que se convirtieran en mártires de la lucha y la resistencia popular. Incluso la solidaridad y sensibilidad social de Santillán lo relegó en un segundo lugar en la consigna que hoy es bandera, como si pudiera seguir sosteniendo desde atrás a Kosteki más allá del tiempo: este 26 de junio recordamos los veinte años de Kosteki-Santillán.

“Aquel día se sentía la tensión en el aire. Sabíamos que iba a haber represión, pero no que nos iban a matar. Subimos al puente Pueyrredón, y a las doce menos cinco empieza la provocación del comisario Fanchiotti para que comenzara el enfrentamiento. Un enfrentamiento en el que en realidad los únicos que tenían armas eran los policías”, recuerda Orlando Agüero –también integrante del MTD y hoy dirigente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS)– ante elDiarioAr.

Como si lo estuviera reviviendo, Agüero recuerda salir corriendo del puente hacia la avenida Hipólito Yrigoyen y acercarse a la zona del bingo. Recuerda encontrarse con compañeros heridos “con balas de plomo”. Recuerda asistir a uno al que un balazo le había atravesado el pie. Recuerda haber parado una ambulancia en medio de la calle y gritarle que los lleven al hospital de Fiorito. Recuerda entonces el peor final: “La situación era grave, con cuerpos de compañeros por todos lados en los pasillos, hasta que me entero que uno había sido asesinado y que era Darío. Fue un día bien fiero, no tuvimos tiempo para sustraernos al dolor y al llanto. Al día siguiente marchamos a la Plaza de Mayo para exigir justicia”. 

Los compañeros y familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki hace veinte años que reclaman justicia. Emulando a las Madres de Plaza de Mayo comenzaron a movilizarse mensualmente cada día 26 en la que hoy es la estación que lleva sus nombres. Lograron que los policías identificados como los que dispararon, primero contra Kosteki, y luego a Santillán por la espalda, hoy estén tras las rejas. 

Fanchiotti y Acosta fueron condenados a cadena perpetua y permanecen en el penal de Baradero. Y como publicó el jueves elDiarioAr, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora –Sala III– acaba de rechazar un nuevo pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Fanchiotti. “Nosotros interpusimos varios escritos desde la querella con la intención de observar que no eran presos comunes, que formaban parte de la fuerzas de seguridad y que fueron parte necesaria de un armado de la más alta cúpula del gobierno para llevar adelante un crimen de Estado”, contó Agüero a este medio.

El registro fotográfico y la causa política

“Ese día fue caótico. Mi recuerdo más doloroso es el hospital, cuando no nos decían quiénes eran los muertos. Fue terrible. La represión no terminó en el puente mismo, sino que se extendió por toda la zona de Avellaneda, era una cacería. Después nos juntamos en el estudio de uno de los abogados de derechos humanos de la zona, éramos varios, estaba María del Carmen Verdú y otros abogados de Correpi, hasta que llamó uno de los fotógrafos, Sergio Kowalewski, diciendo que tenía las fotos de lo ocurrido”. 

Quien habla es Myriam Bregman, referente del PTS, hoy diputada nacional por el Frente de Izquierda-Unidad y desde siempre abogada en causas vinculadas a los derechos humanos. La mención a Kowalewski no es al azar: el registro logrado por el fotógrafo colaborador con las Madres de Plaza de Mayo fue clave para que apenas al día siguiente de lo sucedido en Avellaneda se le torciera el brazo a la narrativa oficial: que había sido un mero enfrentamiento y que la provocación fue de los piqueteros. “El comisario entró al hall de la estación a los tiros junto a otro oficial delgado al que le quedaba grande la chaqueta, y le dispararon al pibe por la espalda, a unos cinco metros. Después supe que era Darío Santillán”, le contó el 27 de junio de 2002 Kowalewski a Página/12. 

Sus imágenes fueron tan importantes como las del fotógrafo Pepe Mateos de Clarín, que el día siguiente a la masacre llevó en tapa el tristemente célebre titular de “La crisis causó 2 nuevas muertes”. “Al día siguiente a la represión, el clima seguía siendo de terror y pensábamos que nos iban a meter en cana a todos, pero igual propusimos hacer una marcha. Y cuando estábamos haciendo la movilización aparece la foto de Clarín –recordó a elDiarioAr Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y también hoy legislador porteño del FIT–. En muy poco tiempo se dio vuelta la situación, involucrando al gobierno. Porque este fue un operativo de los servicios y del gobierno, y les salió el tiro por la culata”.

Condenados Fanchiotti y Acosta, la Justicia nunca avanzó sobre las responsabilidades políticas detrás de la Masacre de Avellaneda. La querella apunta contra Duhalde, el por entonces secretario de la presidencia Aníbal Fernández –actual ministro de Seguridad–, el ex gobernador Felipe Solá –también ex canciller de Alberto Fernández–, el ex titular de la ex SIDE, Carlos Soria, el ex canciller Carlos Ruckauf –que había alertado en la previa que iba a haber “días de desbordes”–, y el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genoud, actual juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. 

La última prueba aportada por los familiares de Kosteki y Santillán en el expediente que duerme en la fiscalía de Paloma Ochoa y el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py fue parte del documental Diciembre de Alejandro Bercovich y César González, del año pasado, donde el ex presidente de alguna manera admite que lo de Avellaneda fue un operativo pensado políticamente. 

“Dí orden que no pasaran para Capital Federal. Fue una cuestión de orden, porque la gente no puede hacer lo que quiere”, se lo escucha decir a Duhalde en esa entrevista, que 20 años después, al igual que la de Santillán, se puede ver por YouTube. Y como una provocación a la historia, sin lamentarse por lo sucedido, e imponiendo una mirada más cercana a la conservación del status quo frente al “cambio de fondo” que reclamaba Darío a la vera de la autopista Buenos Aires-La Plata, el ex mandatario sentencia: “La gente no debe hacer lo que quiere. Lo que no significa que hay que matarlas. Simplemente no hay que dejarlas pasar”.

A pocos días del 26 de junio, fecha en que se conmemora el vigésimo aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en lo que se llamó la “Masacre de Avellaneda”, la Justicia rechazó la libertad condicional de uno de los acusados: el ex comisario de la Policía bonaerense Alfredo Fanchiotti.

La decisión de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora –Sala III–, ante el pedido de la defensa de Fanchiotti, tiene fecha del pasado jueves 16, pero se conoció hoy a través de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi. También la defensa del otro acusado por los crímenes, el ex cabo Alejandro Acosta, había pedido salidas transitorias, pero aún no se conoce qué hará la Justicia al respecto.

“Fanchiotti hasta el día de hoy, y a pesar de que pasaron 20 años, actúa como si fuera funcionario público y comisario. Siempre se ha negado en colaborar con la investigación para hablar acerca de quién le dio la orden de la represión, y su silencio es lo que leyó la Cámara para rechazar sus salidas transitorias”, explicó a elDiarioAR Orlando Agüero, dirigente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), una de las principales organizaciones que está preparando varios actos homenaje durante todo el fin de semana en las inmediaciones del Puente Pueyrredón.

La “Masacre de Avellaneda” ocurrió el 26 de junio de 2002, apenas meses después de la caída de Fernando de la Rúa y cuando el gobierno provisional estaba a cargo de Eduardo Duhalde. Su secretario general en la Presidencia era Aníbal Fernández –hoy ministro de Seguridad– y el gobernador bonaerense era Felipe Solá, ex canciller de Alberto Fernández. La represión a cargo de las fuerzas de la Policía Federal intentaron detener el avance de varias columnas de agrupaciones piqueteras, que reclaman por la dramática situación socioeconómica que atravesaba el país. 

Kosteki, de 25 años y militante hacía dos meses en el MTD-Guernica, y Santillán, de 21 años y referente del MTD-Lanús, fueron las principales víctimas de un operativo policial que dejó un saldo de al menos 33 heridos. Fueron atacados dentro de la estación ferroviaria de Avellaneda, que en su homenaje hoy lleva sus nombres. 

Condenados a cadena perpetua y detenidos en la Unidad N° 11 de Baradero, no es la primera vez que Fanchiotti y Acosta piden la libertad condicional y la posibilidad de gozar de salidas transitorias, aunque siempre la Justicia se los negó. “Nosotros interpusimos varios escritos desde la querella con la intención de observar que no eran presos comunes, que formaban parte de la fuerzas de seguridad y que fueron parte necesaria de un armado de la más alta cúpula del gobierno para llevar adelante un crimen de Estado”, señaló Agüero.

En la Justicia no avanzó la causa por las vinculaciones políticas detrás de la Masacre de Avellaneda, que la querella apunta contra Duhalde, Fernández, Solá y también el ex titular de la ex SIDE, Carlos Soria, el ex canciller Carlos Ruckauf –que había alertado en la previa que iba a haber “días de desbordes”–, y el entonces ministro de Seguridad de la provincia, Luis Genoud, actual juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Ese expediente duerme en Comodoro Py, en la fiscalía de Paloma Ochoa y el juzgado de Ariel Lijo. “Jamás citaron a ninguno de los nombres que se propusieron en las testimoniales que presentamos”, se quejó Agüero. “La Justicia dice que le faltan datos, que no se puede acusar a nadie; sin embargo, hay información muy valiosa presentado, por ejemplo la declaración de Oscar Laborde (N. de R: entonces intendente de Avellaneda y hoy flamante embajador en Venezuela) quien declaró haber recibido amenazas de Juan José Álvarez, ex secretario de Seguridad, para que no dijera nada sobre la presencia de fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires, lo que no estaba permitido en su momento”, planteó el dirigente del FPDS. Además, señaló que recientemente sumaron como prueba un documental sobre el 2001 dirigido por el periodista Alejandro Bercovich, en el que “Duhalde asegura que dio la orden de que los piqueteros no pasaran a la Capital y que les cortaran el puente”.

En homenaje a Kosteki y Santillán, el FPDS y un sinfín de organizaciones sociales y de derechos humanos realizarán varios homenajes el sábado y domingo próximos. El sábado las actividades comenzarán a las 11 en la estación de tren y durante la noche habrá una vigilia debajo del puente Pueyrredón. El domingo, el acto central será sobre el puente, entre las 12 y las 13, el horario en que fueron asesinados los militantes sociales en manos de Fanchiotti y Acosta.

CC

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Lomas de Zamora, Sala III, ratificó en las últimas horas su decisión tomada el 16 de junio de 2022 de denegar el pedido de la defensa del excomisario bonarense Alfredo Fanchiotti, uno de los autores materiales (junto a Alejandro Acosta) de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y que fuera condenado en diciembre de 2005 a prisión perpetua, para acceder a la libertad condicional y seguirá detenido.

Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano, el joven militante asesinado por la Policía Bonaerense junto a Darío Santillán el 26 de junio de 2002 en la denominada masacre de Avellaneda, ya había descartado la posibilidad de que los autores de los crímenes que fueron condenados por la Justicia vayan a salir en libertad condicional.

En declaraciones a Télam, Kosteki aclaró que Alberto Fanchiotti y Alejandro Acosta “no saldrán con libertad condicional de ninguna manera”, y contó además que a fin de abril ella se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora, donde constató que el Juzgado de Ejecución Penal N° 3 rechazó tanto el pedido de libertad condicional como las salidas transitorias que había solicitado Fanchiotti.

“Fanchiotti pidió la libertad condicional y pidió salidas transitorias y el Juzgado penal N° 3 de Lomas de Zamora le denegó la salida y fundamenta y argumenta por qué tomó esa medida”, había subrayado en aquella oportunidad la mujer, que estudia Derecho y representa a la familia Kosteki como particular damnificada por el homicidio de su hermano, quien al igual que Santillán formaba parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón.

Sobre la resolución de la Justicia que ya en abril había rechazado las solicitudes de Fanchiotti, la mujer destacó incluso algunas “cosas muy importantes que dice”, en particular un dictamen criminológico en el que se deja constancia que el excomisario “si bien entiende que toda la responsabilidad haya recaído sobre él por su condición de jefe a cargo del cual se encontraba todo el operativo y por encontrarse cumpliendo una función pública, éste no se responsabiliza de los graves hechos por los cuales se encuentra detenido”.

El Juzgado de Ejecución Penal N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora está a cargo de la jueza Cecilia Vázquez.

Además, la hermana de Maximiliano Kosteki negó que Acosta, el otro condenado por los homicidios, haya hecho alguna petición a la Justicia.

A 20 años de la masacre

Con diversas actividades, organizaciones sociales, políticas, culturales y barriales recordarán este fin de semana a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los dos jóvenes del MTD Aníbal Verón, al cumplirse el domingo 20 años de su asesinato, en un histórico acontecimiento conocido como la “masacre de Avellaneda”.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) anunció para el sábado un acto en el Puente Pueyrredón desde las 10.30, con la consigna “A 20 años de la masacre de Avellaneda: Darío y Maxi presentes”

“Fueron dos compañeros que marcaron con su vida un ejemplo de compromiso para con los más humildes, que todo el movimiento popular tomaría después como bandera”, recordaron desde la Utep.

“La lucha por trabajo, dignidad y cambio social de aquel entonces es la lucha de hoy por Tierra, Techo y Trabajo (TTT). Por eso, hoy más que nunca, Darío y Maxi viven en la economía popular”, dijo a Télam Dina Sánchez secretaria adjunta de la Utep y referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS).

El 26 de junio de 2002, Darío y Maxi fueron asesinados en las cercanías y en el hall de la exestación Avellaneda -que hoy lleva por ley el nombre de los jóvenes asesinados- del Ferrocarril Roca, tras una brutal represión en las que las fuerzas de seguridad bonaerense dispararon balas de plomo contra quienes habían salido a las calles a reclamar por “trabajo digno, alimentos y planes de trabajo” en el contexto de la crisis económica y social del 2001.

Los expolicías de la provincia -Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta-, autores materiales del asesinato de Darío y Maxi fueron condenados en diciembre de 2005 a penas de prisión perpetua.

“No obstante -añadieron desde la Utep- seguimos exigiendo que los responsables políticos de la masacre de Avellaneda-, sean investigados y juzgados”.

El asesinato de Kosteki y de Santillán a manos de efectivos de la Policía bonaerense marcó un hito en la sociedad argentina, que “obligó al entonces presidente Eduardo Duhalde a adelantar las elecciones y marcó un piso de consenso en la sociedad de rechazo a la represión policial”.

“Veinte años después, el derecho a la protesta significa un piso de derechos que no se discute”, remarcaron desde la organización.

“A 20 años de la Masacre de Avellaneda, el ejemplo de Darío y Maxi se multiplicó como trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular y hoy seguimos levantando las banderas por las que luchábamos en aquel momento”, concluyó Sánchez.

En tanto, desde la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi -integrada por diversas organizaciones sociales de izquierda- anunciaron actividades para el sábado y el domingo, para “recordar a Darío y Maxi y reclamar justicia completa” por los responsables de los asesinatos.

Este sector tiene previsto instalar el sábado cuatro escenarios para realizar una transmisión por internet de casi diez horas, de una jornada político-cultural a realizarse tanto en la estación de tren como en el Puente Pueyrredón, todo en la localidad bonaerense de Avellaneda.

“También, habrá conversatorios, bandas musicales y entrevistas públicas”, dijo a Télam Juan Pablo Nocelli, histórico dirigente del MTD Aníbal Verón.

Según se anunció, la transmisión del sector se realizará este sábado a partir de las 16 por el Canal YouTube de Antena Negra TV o el Facebook de Estación Darío y Maxi, actividad que será acompañada por una “vigilia” en el Puente Pueyrredón.

En tanto, el domingo harán una concentración en la exestación Avellaneda y a partir de las 12, marcharán al Puente Pueyrredón, donde realizarán un acto bajo el lema: “Justicia completa por nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.

“El 26 de junio de 2002, el Estado argentino reprimió una marcha piquetera y asesinó Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. El diario Clarín escribía que ' la crisis causó dos nuevas muertes', mientras que los funcionarios repetían: ”Se mataron entre ellos“, recordaron en un comunicado de prensa conjunto.

La Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi es un colectivo formado por los familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; organismos de derechos humanos, personalidades del arte, la cultura; el pensamiento, los movimientos sociales, y militancia independiente que, “desde distintos sectores de la construcción popular, lucha por justicia y en contra de la impunidad en la Argentina”, según informaron en sus redes sociales.

Por su parte, el Polo Obrero-Tendencia se movilizará el domingo a la Estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki para “reivindicar la lucha de los desocupados y de los trabajadores”, informaron a esta agencia voceros de la organización trotkista.

“La lucha de los familiares, de las organizaciones piqueteras, de derechos humanos y políticas, llevó a la cárcel a los autores materiales de los asesinatos de Darío y Maxi. Los responsables políticos de los asesinatos de Kosteki y Santillán siguen en libertad y varios continuaron revistiendo cargos en los sucesivos Gobiernos”, anunciaron y reclamaron “cárcel de todos los responsables de la Masacre de Avellaneda”.

“Diciembre”, el documental de Alejandro Bercovich y César González

Con información de agencias.

IG