La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos revocó este lunes la expulsión del expresidente Donald Trump de las primarias republicanas en Colorado, un fallo que le allana el camino para ser elegido el candidato de su partido a la presidencia.

La decisión del máximo tribunal, que se anuncia la víspera del 'supermartes', fecha clave en el camino a la Casa Blanca y día en el que se celebran primarias en Colorado. El fallo podría afectar también a denuncias similares que han interpuesto los estados de Maine e Illinois.

La Corte concluyó que la enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular, no le impide participar en las primarias. La decisión fue unánime, aunque los jueces dieron diferentes razones.

Durante la audiencia de los discursos iniciales, el pasado mes de febrero, los magistrados ya se mostraron escépticos sobre la idea de impedir que el el expresidente pudiera presentarse a las primarias del estado.

El pasado diciembre, la justicia de Colorado vetó a Trump de las primarias del estado por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Disconformes con la decisión, los abogados de Trump recurrieron la decisión ante el Tribunal Supremo el pasado enero. Durante las deliberaciones del alto tribunal, en Colorado se habían imprimido las boletas con el nombre de Trump a la espera de saber cuál sería la decisión final.

La sección 3 de la enmienda 14 de la Constitución estadounidense fue el argumento que utilizaron los jueces de Colorado para prohibir a Trump participar en las primarias. De acuerdo con este punto, ningún funcionario (officer) que haya jurado la Constitución puede presentarse a unos comicios si ha participado en una rebelión o insurrección. La enmienda en cuestión enumera varias categorías, pero no hace referencia explícita a la figura de presidente y expresidente. Este es uno de los principales detalles al que se aferró la defensa de Trump, además de seguir negando que el 6 de enero fuera una insurrección.

Trump es el favorito para convertirse en el candidato republicano para desafiar al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre. “¡¡¡GRAN VICTORIA PARA ESTADOS UNIDOS!!!”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales inmediatamente después del fallo.

Las universidades de Estados Unidos ya no podrán tomar la desproporción racial en consideración a la hora de admitir a alumnos en sus aulas. Así lo dictaminó este jueves la Corte Suprema del país, con una mayoría conservadora de 6 votos contra 3 jueces progresistas, poniendo punto y final a la discriminación positiva de los estudiantes negros y latinos, que llevaba dos décadas en vigor.

El caso fue llevado hasta el máximo tribunal por la denuncia de Edward Blum, el fundador de Estudiantes por Admisiones Justas (SFFA, en inglés), contra los sistemas de admisión de la Universidad de Harvard y la de Carolina del Norte. El promotor del recurso considera que este modelo es injusto porque perjudica a los estudiantes blancos y asiáticos en favor de los negros y los latinos.

Tras conocer la sentencia de hoy, Blum celebró que la Corte le haya dado la razón: “Poner fin a las preferencias raciales en las admisiones universitarias es un resultado que la gran mayoría de razas y etnias celebrará. Una universidad no tiene verdadera diversidad cuando simplemente reúne a estudiantes que parecen distintos pero proceden de entornos similares y actúan, hablan y piensan igual”. 

El argumento de las dos universidades demandadas es que el sistema de admisión basado en la discriminación positiva (también llamada acción afirmativa) promueve la igualdad de oportunidades, facilitando la llegada de las minorías a las universidades, pero no ha convencido a los jueces del Supremo.

Su decisión tendrá efectos sobre las universidades de todo el país, que se verán obligadas a introducir cambios en su sistema de admisiones, sobre el cual se pronunció la Corte en 2003, con una composición de jueces muy distinta. Hace dos décadas, el tribunal había aprobado el uso de criterios raciales en las admisiones, justificándolo en que la existencia de un alumnado diverso genera beneficios educativos superiores para el conjunto.

En el caso contra la Universidad de Carolina del Norte, que es pública, la SFFA argumentó que las políticas de acción afirmativa no cumplían la cláusula de igual protección recogida en la 14ª enmienda. En cambio, en el caso de Harvard, una universidad privada, se le impugna una violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe a los programas que reciben fondos federales la discriminación racial. En este caso, la SFFA sostiene que estas prácticas discriminan a los asiáticoamericanos.

La Administración de Joe Biden afirma que la eliminación de estas admisiones basadas en la raza tendrá un efecto “desestabilizador”, que provocará una caída en picado de los estudiantes negros y latinos en las universidades más selectas del país.

Esta decisión es el último ejemplo del rumbo ultraconservador que ha tomado la máxima instancia judicial del país, que el año pasado ya publicó polémicas sentencias, como la que derogó el derecho al aborto, la que amplió el derecho a llevar armas o la que limitó la capacidad legislativa del Ejecutivo en materia climática.

En representación de la parte progresista, la jueza Sonia Sotomayor ha destacado en su escrito el “impacto devastador de esta decisión” que “afianzará la segregación racial en la educación superior, porque la desigualdad persistirá mientras es ignorada”.

Sotomayor, la jueza más progresista del tribunal, se opone a la decisión de la mayoría conservadora, que agrava la discriminación en una “sociedad endémicamente segregada en la que la raza siempre ha importado y sigue importando”. De este modo, la jueza concluye que la decisión “subvierte la garantía constitucional de igual protección al afianzar aún más la desigualdad racial en la educación”.

Mientras, desde la mayoría conservadora (que consolidó el expresidente Donald Trump con sus nombramientos antes de dejar la Presidencia), el juez John Roberts ha explicado la opinión de ese bloque, según el cual los programas de Harvard y de la Universidad de Carolina del Norte violaban la Cláusula de Igual Protección porque no ofrecían objetivos “mensurables” para justificar el uso de la raza.

“Los programas universitarios deben cumplir con un escrutinio estricto, nunca pueden utilizar la raza como estereotipo, y -en algún momento- deben terminar”, escribió Roberts, que fue designado en 2005 por el entonces presidente George W. Bush.

Otra decisión crucial para estudiantes

Los jueces del máximo tribunal, que se encuentran en su última semana antes de irse de vacaciones, también tomarán una decisión entre hoy y mañana sobre una de las grandes propuestas de campaña de Biden: el plan para perdonar parte de la deuda estudiantil a millones de estadounidenses.

La propuesta del presidente consiste en eliminar 10.000 dólares de deuda federal a aquellos estudiantes con sueldos inferiores a 125.000 dólares al año, o unidades familiares que ingresen menos de 250.000 dólares. Además, tiene previsto cancelar unos 10.000 dólares adicionales para todos los que accedieron a la universidad con ayudas públicas por su bajo nivel de ingresos.

Este plan fue impugnado por la denuncia de seis estados liderados por el Partido Republicano y dos estudiantes de Texas que no son elegibles para el programa, y llegó en marzo al Tribunal Supremo, compuesto por nueve personas vestidas con túnica y formadas en universidades de la Ivy League, cuyos sueldos oscilan entre los 274.000 y los 298.000 dólares anuales.

Aunque parece improbable, una sentencia positiva por parte de la mayoría conservadora del Supremo supondría un gran alivio para los 43 millones de deudores que son elegibles para el plan, la mitad de los cuales podrían verse beneficiados de la cancelación de la totalidad de su deuda. De darse esta condonación masiva, el coste estimado para la Administración ascendería a unos 400.000 millones de dólares, segúnlos cálculos de la Casa Blanca.

Esto supondría un alivio, pero el problema de la deuda estudiantil, que oscila alrededor de los 2 billones de dólares en todo el país, seguiría lejos de resolverse. “No es suficiente con este plan, deberíamos cancelar las deudas en su totalidad”, dijo a eldiario.es una de las afectadas, Nailah, que a sus 35 años debe alrededor de 60.000 dólares. “No puede ser que tanta gente tenga que pagar decenas de miles de dólares, en algunos casos seis dígitos, durante toda la vida, para una educación a la que debería tener acceso todo el mundo. Hablan del sueño americano, pero este no incluye un grado universitario”.

Los estados de Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur, que conforman una de las dos partes demandantes, alegan que el mandatario excedió sus competencias al firmar el programa de ayuda sin la aprobación del Congreso.

Una corte inferior desestimó su demanda, indicando que no pueden impugnar el plan porque no se han visto perjudicados por él. Sin embargo, posteriormente la Corte de Apelaciones dejó en suspenso el programa hasta tomar una decisión. Fue en ese momento cuando la máxima instancia judicial aceptó intervenir.

Los jueces de la Corte expresaron dudas sobre la aprobación del programa, alegando una supuesta violación de la separación de poderes. El plan de Biden se basó en una ley promulgada por el Congreso en 2003 a raíz del atentado contra las Torres Gemelas, la Ley de Oportunidades de Alivio de la Educación Superior para Estudiantes (HEROES Act, en inglés). En ese momento, el objetivo era sostener económicamente a los militares que lucharon en Afganistán e Irak.

Cuando estalló el coronavirus, Trump se apoyó en dicha ley para pausar las deudas y también lo hizo Biden durante los dos primeros años de su mandato. Pero en agosto fue un paso más allá y dictaminó la cancelación de las deudas.

Redibujar el mapa editorial

En la primera decisión de calado de esta semana, la Corte rechazó este martes que los parlamentos estatales puedan aprobar nuevos mapas electorales sin la supervisión de los tribunales del estado. Se trata de un esperado revés a los parlamentarios republicanos de Carolina del Norte, que dibujaron un mapa electoral a su favor con la técnica conocida como gerrymandering, que consiste en rediseñar los distritos para beneficiar a un partido.

Lo hicieron basándose en una teoría defendida por los seguidores de Trump (la “doctrina de la legislatura estatal independiente”) que sostiene que los estados tienen autoridad absoluta sobre las leyes electorales y que hubiera supuesto un gran desafío para las elecciones futuras del país.

Esta autoridad, que según la Constitución de EEUU es compartida con el Congreso federal en Washington, tiene que pasar en cada estado por la supervisión de los tribunales estatales y debe hacerse en cumplimiento de la Constitución estatal, algo que se saltaron de pleno los legisladores conservadores de Carolina del Norte.

El caso llegó a la máxima instancia judicial después de que máximo tribunal del estado sureño decidiera anular dichos mapas, que llevaron al extremo el habitual rediseño de distritos. Si la mayoría conservadora de la Corte federal hubiera dado la razón a los republicanos, se habría abierto la puerta a otros estados para realizar gerrymanering a su antojo para beneficiar a su propio partido, lo que podría haber supuesto una deslegitimación de la democracia estadounidense.

Según dicta la sentencia de la Corte, “desde muy temprano en la historia de nuestra nación, los tribunales han reconocido su deber de evaluar la constitucionalidad de los actos legislativos. Se nos pide que decidamos si la Cláusula Electoral establece una excepción a este principio básico. Sostenemos que no. La Cláusula Electoral no aísla a las legislaturas estatales del ejercicio ordinario de la revisión judicial estatal”.

Discriminación por orientación sexual

Los nueve jueces también tomarán una decisión esta semana sobre el caso de la diseñadora web que se niega a prestar sus servicios para las bodas homosexuales. Lorie Smith, una cristiana evangélica de 38 años, presentó una demanda contra una ley del estado de Colorado que impide a las empresas discriminar por motivos de orientación sexual.

Smith quería ampliar su negocio para ofrecer servicios de creación de páginas web para bodas, pero con un límite: no trabajar para parejas gay. Sin embargo, la ley de Colorado le obliga a no discriminar, por lo que debe prestar servicio tanto para parejas heterosexuales como homosexuales.

Smith alega que la Primera Enmienda de la Constitución, que consagra la libertad de expresión, la protege ante la ley de Colorado. Según su abogada, la obligación de aceptar un encargo por parte de una pareja gay vulneraría su libre expresión porque difundiría implícitamente un mensaje favorable al matrimonio igualitario, que ella niega.

El caso buscaba terminar con la ley de no discriminación por orientación sexual. En el momento de hacer la denuncia, Smith ni siquiera había lanzado su servicio de webs para bodas y no tenía ningún encargo de ninguna pareja homosexual.

La Corte Suprema de Estados Unidos examinó un caso histórico que podría transformar internet si decide que las empresas tecnológicas como Google o Facebook deban responder legalmente por los contenidos que difunden.

Los nueve jueces que componen la Corte Suprema comenzaron a abordar este martes el alcance de una ley que les otorga inmunidad desde 1996 a las empresas tecnológicas.

El caso está vinculado a los atentados de noviembre de 2015 en París y surgió de una denuncia contra Google presentada por familiares de Nohemi González, una de las 130 víctimas de estos ataques, según consignó la agencia de noticias AFP.

González, que estudiaba en Francia, murió en la cafetería La Belle Equipe a manos de un comando del grupo Estado Islámico (EI). Sus padres acusan a YouTube de haber recomendado vídeos del grupo yihadista a algunos de sus usuarios.

Según ellos, “al recomendar videos del EI a sus usuarios, Google ayudó al Estado Islámico a difundir su mensaje y, por lo tanto, le brindó apoyo material”.

En 2015, los tribunales federales desestimaron la denuncia en nombre de una disposición legal conocida como “sección 230”, que fue adoptada cuando internet estaba en sus inicios y que se convirtió en uno de sus pilares. Eso decreta que las empresas de internet gozan de inmunidad legal por el contenido que publican porque no son “editores”.

Por el contrario, los familiares de Nohemi González estimaron, que Google no se limitó a distribuir contenidos del EI, sino que su servicio seleccionó usuarios para ofrecerles los videos del grupo yihadista, por lo que no puede reclamar esta inmunidad. “La selección de los usuarios a los que se recomendaron los videos del EI se hizo mediante algoritmos informáticos creados e implementados por YouTube”, argumentaron en un recurso remitido a la Corte Suprema.

El alto tribunal aceptó este martes este recurso e insinuó que estaría dispuesto a cambiar la jurisprudencia.

Google pidió a la corte que “no debilite una parte central del internet moderno, ya que las recomendaciones proporcionadas por los algorítmos son las que hacen posible encontrar las agujas en el pajar más grande de la humanidad”, enfatizó.

Por su parte, el grupo Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp), insistió en que “las recomendaciones solo sirven para organizar el contenido publicado en línea, pero no constituyen un trabajo de edición”.

La Corte Suprema dictará sentencia antes del 30 de junio.

MB con información de agencia de noticias Télam

Los votantes de Kansas (Estados Unidos) votaron este martes en un referéndum abrumadoramente a favor de mantener intacto el derecho al aborto tal y como está regulado actualmente en la Constitución del estado, en una derrota para los conservadores que buscaban restringirlo.

Según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, con un 90 % del voto escrutado, más del 60 % de los electores rechazó cambiar la Constitución estatal para restringir el derecho al aborto.

“Los votantes de Kansas acudieron a las urnas en números de récord para rechazar los esfuerzos extremistas para enmendar la Constitución estatal para quitar a la mujer el derecho a elegir”, indicó en un comunicado el presidente estadounidense, Joe Biden.

“Esta votación deja claro lo que ya sabemos: que la mayoría de estadounidenses están de acuerdo con que las mujeres deben tener acceso al aborto y deben tener el derecho a tomar sus propias decisiones de salud”, añadió el mandatario.

El de Kansas fue el primer referéndum que un estado estadounidense celebra después del fallo del Supremo que anuló la sentencia “Roe contra Wade”, que eliminó el derecho federal al aborto y otorgó a los estados la facultad de legislar sobre el tema.

La consulta, que se celebró coincidiendo con las elecciones primarias en el estado este martes, podría haber abierto la puerta a que el Gobierno estatal legislara para restringir el derecho al aborto, que sin embargo ahora seguirá siendo legal hasta las 22 semanas.

Se trató de un referéndum especialmente relevante porque podría haber sentado un precedente para otros estados.

Pese a tener una gobernadora demócrata, Laura Kelly, el central estado de Kansas tiene una gran tradición republicana y este partido controla las oficinas del fiscal general, del secretario de estado y ambas cámaras de la legislatura estatal.

Además, en las elecciones presidenciales también dominan los republicanos y Donald Trump fue el candidato a la presidencia favorito en las dos últimas elecciones, con el 56 % de los votos.

El referéndum de este martes había sido duramente criticado por las organizaciones civiles, que denunciaron que el texto de la pregunta no era suficientemente claro, en un intento de “desinformar y confundir por parte de quienes se oponen al aborto”, según la organización Planned Parenthood.

En el caso de que se hubiese impuesto el “sí” a la reforma constitucional, habría sido el legislativo estatal el encargado de aprobar leyes sobre el procedimiento, que habrían podido apostar por una mayor restricción de tiempos o excepciones o por la prohibición total, como está sucediendo en otros estados.

Desde que el 24 de junio el Tribunal Supremo -con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres progresistas- acabara con la protección federal del derecho al aborto (vigente desde 1973 gracias a la sentencia “Roe contra Wade”), muchas mujeres de estados como Texas, Oklahoma y Missouri han viajado a Kansas para poder abortar, ante las restricciones impuestas en estos estados.

Unas horas antes este mismo martes, el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, anunció una demanda contra el estado de Idaho por considerar que su ley contra el aborto “criminaliza a los médicos” e impide que practiquen con libertad las interrupciones del embarazo cuando la salud de la mujer está en riesgo.

El Departamento de Justicia demandó a Idaho por violar la Ley federal de Trabajo y de Tratamiento Médico de Emergencia, para intentar proteger a los médicos que tienen que intervenir cuando el aborto es “el tratamiento médico necesario para estabilizar la condición médica de emergencia de una paciente”.

Se trata de la primera acción del Departamento de Justicia contra un estado desde el fallo del Supremo, y no será la única, según explicó en rueda de prensa el propio Garland.

El fiscal apuntó que el grupo de trabajo sobre derechos reproductivos creado a raíz de la decisión del Supremo se está dedicando a evaluar “el panorama cambiante de las leyes estatales” y ya se están estudiando “litigios adicionales” contra otros estados.

Todo ello para “hacer todo lo posible para garantizar el acceso legal continuo a los servicios reproductivos” en estos “tiempos aterradores e inciertos para las mujeres embarazadas y sus proveedores”, apuntó por su parte la fiscal general adjunta de EEUU, Vanita Gupta.

Con la denuncia de hoy se busca poner freno a esta ley de Idaho que entra en vigor el próximo 25 de agosto e impone a los médicos la carga de probar en el juicio que no son penalmente responsables, después de ser arrestados y acusados.

Con información de EFE.

IG

¿Hasta dónde pretende avanzar la ofensiva conservadora en los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia de ese país restringió el acceso al aborto y retrocedió 50 años en la historia de la protección de derechos. Este terremoto político y social alcanza directamente el futuro de millones de personas y las deja en un estado de desprotección total.  

Esta acción afecta la salud sexual y reproductiva de millones, y de algún modo sacude los cimientos de toda una arquitectura de protecciones civiles construida durante los últimos 70 años, transformándola en un jenga oscilante capaz de desatar efectos sociales devastadores en caso de colapsar.  

Luego de conocerse la noticia de que la Corte limitará el acceso al aborto, es clave entender que lo que está en riesgo es la interconexión de gran parte de estos derechos adquiridos sobre la base de batallas legales desde mediados del siglo pasado y el fundamento que se pone en cuestión con esta decisión particular de la Corte Suprema: no es el aborto en sí mismo sino el derecho a la privacidad de las personas para decidir sin condicionamientos del Estado. Tal es el núcleo conceptual de este derecho sexual y reproductivo elemental en los Estados Unidos junto a tantos otros que contribuyen al desarrollo pleno de las personas y que abarcan desde el matrimonio igualitario hasta el acceso a anticonceptivos y el empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+.

Con su fallo Roe v Wade de 1973, el máximo tribunal entendió que el poder estatal no podía inmiscuirse en la esfera íntima de las personas. Y en 1992 ratificó a través de una segunda decisión, Planned Parenthood v Casey, que una mujer tiene el derecho constitucional a elegir el aborto. No obstante, el Congreso de los Estados Unidos no logró avanzar en una ley que blindara esta práctica en todo el país, como ocurrió en la Argentina, aun cuando hubo un gobierno afín como el de Barack Obama. Y esto es porque las fracturas sobre el tema corren hacia el interior de los partidos.

Históricamente, fue el ala progresista del alto tribunal, de la mano de jueces y juezas como Earl Warren o Ruth Bader Ginsburg, la que acompañó la evolución cívica y social de Estados Unidos durante los últimos setenta años con fallos trascendentales que pusieron fin a la segregación racial en los estados sureños (Brown v Board of Education), garantizaron el acceso ecuánime a la defensa legal a toda persona acusada de cometer un delito (Gideon v Wainwright), promovieron el derecho al uso de métodos anticonceptivos sin restricciones gubernamentales (Griswold v Connecticut) y hasta avalaron el matrimonio igualitario en todo el país (United States v Windsor y Obergefell v Hodges), fijando una jurisprudencia que desarticulaba en los tribunales cualquier embestida política a nivel estatal.

Lo que se edificó con tiempo y lobby político en torno a esa Revolución Constitucional fue un dique conservador, cada vez más robusto, apuntalado con legislaciones restrictivas de los gobiernos locales y la designación de jueces y juezas afines cuando tocaba la oportunidad. De la mano de los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush y la contrarrevolución conservadora de los ‘80s —sobre una importante base de votantes evangélicos— y en alianza con la organización conservadora Federalist Society —impulsora del “originalismo” judicial—, la Corte Suprema inició un giro hacia una mayoría conservadora que terminó de consolidarse en 2020 con otro presidente del mismo signo, Donald Trump. Y es la que hoy decidió sobre el presente y futuro de millones.

El propio Samuel Alito, autor del documento que reflejó el pensamiento mayoritario de la Corte sobre el aborto, no fue la primera opción de George W. Bush cuando le tocó nominar un reemplazo para el máximo tribunal en 2005. Pero el lobby judicial conservador le vetó a su candidata original, Harriet Miers. Y hoy el juez “moderado” dentro de la mayoría conservadora de seis sobre nueve magistrados y magistradas que domina al tribunal es el presidente del cuerpo, John Roberts, el mismo que se opuso al matrimonio igualitario hace solo siete años.

Ofensiva política

Nada de lo que sucede puede interpretarse como actos aislados. Por el contrario, hay una arremetida que toma forma en los lugares gestionados por conservadores que se retroalimenta con estas decisiones judiciales. Si solo hablamos del derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, en la actualidad se contabilizan 13 estados —Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming— que cuentan con leyes “gatillo” que estaban a la espera de que la Justicia federal pusiera el cerrojo. Lo que, finalmente, sucedió este viernes.

Un relevamiento del Instituto Guttmacher, de 2021, afirma que el número ascendería a 26 si se añaden aquellos estados que podrían restringir los procedimientos de forma severa, tras la decisión de la Corte. Eso es más de la mitad del país. La consecuencia inmediata podría ser un colapso en los restantes estados además del riesgo al que se someten las personas que deben trasladarse hacia lugares seguros para estas intervenciones médicas.

La opinión de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia gira en torno al caso Dobbs v Jackson Women's Health Organization por el cual se cuestionó en los tribunales los alcances de una ley de Mississippi que fijó la prohibición del aborto luego de las 15 semanas. Pero además los defensores de esta limitación le solicitaron a la Corte Suprema que se expida sobre la cuestión de fondo respecto a si la interrupción voluntaria del embarazo es o no un derecho constitucional en los Estados Unidos. Todas las señales previas del máximo tribunal bajo esta mayoría conservadora eran elocuentes y allanaron ese camino. Por caso, sus jueces y juezas ya habían eludido una definición sobre una ley semejante en Texas que fijaba el límite en un plazo aún menor de seis semanas. 

Desde entonces, el intento de aprobar normas de este tipo en diversos estados del país donde gobiernan los conservadores se multiplicó. La última de ellas tuvo lugar el jueves 19 de mayo cuando la Cámara Baja de Oklahoma ratificó su propia ley delimitando, por 76 votos a favor y solo 16 en contra, cualquier interrupción voluntaria y legal del embarazo, salvo que peligre la vida de la persona gestante o sea consecuencia de una violación o incesto. Además, habilita la posibilidad de accionar civilmente contra todo aquel que asista en esta práctica a una persona de Oklahoma, aún si se tratara de personas fuera del estado, y ofrece “recompensas” de hasta 10 mil dólares por denunciar estos procedimientos. La ley ya fue promulgada por el gobernador republicano.

Como suele suceder, todas estas trabas descargan su mayor fuerza prohibitiva sobre las poblaciones más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, las comunidades hispanas y negras que ya en las condiciones actuales enfrentan serios obstáculos para acceder a este derecho. Pero lo mismo ocurre para adolescentes, personas de bajos ingresos e inmigrantes sin estatus regular en general —que, a menudo, coinciden con los grupos previos—. El fallo que ahora revoca este derecho sexual y reproductivo solo viene a empeorar todavía más su calidad de vida. No solo eso: el golpe también afecta la integridad mental, física y hasta socio-económica de la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto, si la avanzada prosigue, como es de esperar. Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, se estima que la mitad de los hombres transgénero ya retrasan o evitan hoy su atención preventiva por temor a la discriminación. 

Nada garantiza que el revisionismo judicial se detenga con Roe v Wade. En primer lugar, porque los mismos sectores conservadores que buscan poner fin a este derecho que se conquista en otras partes del mundo, como la Argentina, son quienes promueven la anulación de otros fallos del mismo tenor. Y en segundo lugar porque ya han puesto la mira de forma explícita en algunos de ellos y lo dejan trascender, como el histórico Griswold v Connecticut de acceso a los anticonceptivos. Nada nos permite pensar que esta ofensiva conservadora vaya a detenerse antes de demoler la última pieza de una torre de derechos que demoró décadas de lucha y dolor poner en pie. 

 CC

Casi medio siglo después de la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que consagró el aborto como un derecho constitucional en todo el país, el alto tribunal ha revocado la histórica decisión Roe v. Wade (1973) y Casey v. Planned Parenthood (1992) con cinco votos a favor, tres de ellos por jueces nombrados por Donald Trump.

“Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, señala el fallo. “[La sentencia] Roe era escandalosamente incorrecta y contraria con la Constitución desde el día que se decidió”, añade.  

Cuál es el argumento del Supremo

“Consideramos que [las sentencias] Roe y Casey deben ser anuladas. La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y tal derecho no está protegido implícitamente en ninguna provisión constitucional”, señala la sentencia, redactada por el juez Samuel Alito. Las sentencias de los casos de Roe y Casey sostenían, por el contrario, que el aborto estaba implícito en el derecho a la privacidad. “Esta provisión se ha utilizado para garantizar algunos derechos que no se mencionan en la Constitución, pero estos deben estar ‘profundamente arraigados en la historia y tradición de la nación e ‘implícitos en el concepto de libertad ordenada'”, señala el juez citando otra sentencia anterior del tribunal.

“El derecho al aborto no cae en esta categoría. Hasta la última parte del siglo XX, tal derecho era totalmente desconocido para la legislación estadounidense. De hecho, cuando se aprobó la enmienda número 14 de la Constitución, tres cuartas partes de los estados consideraban el aborto como un crimen en todas las fases del embarazo”, añade. 

Algunos consideran que esta visión podría poner en peligro otros derechos que no están escritos explícitamente en la Constitución y que se basan también en la libertad de la vida privada, como por ejemplo los diferentes derechos de las parejas homosexuales y el uso de anticonceptivos, entre otros, ya que en el momento de su aprobación no estaban “arraigados” en la historia del país. Sin embargo, la sentencia lo niega: “Esta decisión afecta al derecho constitucional al aborto y a nada más. Nada en esta opinión debe entenderse como una forma de poner en duda precedentes que no se refieren al aborto”.

“[La sentencia] Roe estaba claramente mal desde su inicio. Su razonamiento era excepcionalmente débil y la decisión ha tenido consecuencias dañinas. Lejos de traer un acuerdo nacional sobre el aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y aumentado la división”, añade la sentencia.

Qué decía Roe v. Wade

No hay ninguna ley en EEUU que legalice el aborto a nivel federal: lo que existían son dos sentencias fundamentales del Tribunal Supremo, Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992), que han vetado hasta ahora prohibir el aborto en todo el país hasta la viabilidad del feto, es decir, cuando puede vivir fuera del útero, lo que, según el Supremo, está entre 23 y 24 semanas.

Norma McCorvey, conocida por el pseudónimo Jane Roe, denunció a su fiscal de distrito, Henry Wade, porque quería abortar, pero la ley de Texas no se lo permitía. El juzgado le dio la razón, pero Texas recurrió al Supremo, que por una decisión de siete a dos, consideró que el aborto era una derecho. Entonces, cinco jueces nombrados por presidentes republicanos y dos nombrados por demócratas apoyaron la decisión. 

El derecho constitucional a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”, decía la sentencia de 1973.

¿Ahora qué?

Ahora cada estado será libre de regular libremente el aborto y el Guttmacher Institute, especializado en este tema, calcula que hasta 26 estados, la mitad del país, podrían prohibir el aborto muy pronto.

13 estados ya tienen leyes aprobadas que prohíben el aborto y que señalan que entrarán en vigor una vez derogada Roe v. Wade. Louisiana, por ejemplo, señala que su prohibición entra en vigor de forma inmediata tras la revocación del Supremo. Idaho, sin embargo, establece un periodo de 30 días desde la sentencia hasta la entrada en vigor.

Otros nueve estados tienen leyes aprobadas desde antes de Roe v. Wade que prohíben el aborto y que habían quedado anuladas por la sentencia del Supremo. Doce estados tienen leyes aprobadas que prohíben la interrupción del embarazo a partir del segundo mes o antes. Incluso hay cuatro estados que prohíben el derecho al aborto en su constitución. Muchas de estas leyes nunca han entrado en vigor gracias a la sentencia del Supremo, otras han sido recurridas en los tribunales y los expertos auguran un periodo de caos hasta que los estados implementen definitivamente sus prohibiciones.

Minutos después de hacerse pública la sentencia, el fiscal general de Missouri presumió de que el estado se convertía en el primero en prohibir de forma efectiva el aborto. Exactamente lo mismo ha hecho la fiscal general de Louisiana.

En los dos últimos años, numerosos estados han intentado bloquear el acceso al aborto. Solo en 2022, Florida, Arizona y Kentucky han aprobado leyes prohibiendo la interrupción del embarazo a partir de las 15 semanas. El gobernador de Idaho aprobó en marzo una ley que ha sido temporalmente bloqueada por el Tribunal Supremo del estado en el que se veta el aborto a partir de la sexta semana excepto en caso de violación, incesto, enfermedad grave o riesgo para la vida de la madre. El gobernador de Oklahoma, por su parte, firmó otra ley que directamente prohíbe el aborto a menos que sea para salvar la vida de la persona embarazada y no contempla excepciones en caso de violación ni incesto. En Wyoming existe otra ley similar.

En 2021, Arkansas aprobó una ley que actualmente está bloqueada y que solo permite el aborto en casos en el que la vida de la persona embarazada esté gravemente en peligro. Texas también aprobó el año pasado una prohibición total si el Tribunal Supremo anula Roe v. Wade. Carolina del Sur aprobó otra legislación vetando la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del feto. Otros estados han aprobado leyes similares o normar cuyo objetivo en la práctica es bloquear el acceso al aborto sin tener que prohibirlo explícitamente.

Votos particulares contrarios

Otros tres jueces han emitido un voto particular expresando su desacuerdo con la decisión adoptada por sus otros cinco colegas y las consecuencias que tendrá esta sentencia sobre las mujeres estadounidenses. “Ayer, la Constitución garantizaba que una mujer que se enfrentase a un embarazo no planeado podía (dentro de unos límites razonables) tomar su propia decisión sobre si tener un hijo. Salvaguardando la libertad reproductiva de cada mujer, la Constitución también protegía su capacidad de participar con igualdad en la vida social y económica. Pero ya no. Desde hoy este tribunal defiende que un estado puede forzar siempre a una mujer a dar a luz, prohibiendo incluso los abortos más tempranos”.

“Con dolor –por este Tribunal, pero más, por los muchos millones de mujeres estadounidenses que hoy han perdido una protección constitucional fundamental– disentimos”, señalan los tres jueces –Breyer, Sotomayot y Kagan– en su voto particular.

Además, dudan del argumento que defienden en la sentencia los cinco jueces conservadores para intentar afirmar que su decisión no afectará a otros derechos. “La única justificación para lo que la mayoría hace hoy es que el derecho a abortar no está 'profundamente arraigado en la historia'”, afirman. “La mayoría podría escribir una opinión igual de larga, por ejemplo, mostrando que hasta mediados del siglo XII 'no había apoyo en la ley estadounidense para un derecho constitucional a obtener anticonceptivos'”

“Así que una de dos cosas debe ser cierta. O bien la mayoría no cree realmente en su propio razonamiento. O si lo hace, todos los derechos que no tienen historia desde mediados del siglo XIX no están garantizados. O bien el fundamento de la opinión de la mayoría es hipocresía u otros derechos constitucionales están amenazados. Es una cosa o la otra”. 

Misisipi, el origen del conflicto

La sentencia del Supremo es la respuesta a un recurso presentado por el estado de Misisipi después de que varios tribunales rechazasen leyes que, en la práctica, suponían la casi prohibición total del aborto. La primera ley en cuestión prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación con la única excepción de deformaciones graves del feto o emergencia médica. La otra ley plantea un veto a la interrupción del embarazo desde el momento en que se detecta el latido del corazón, que se puede dar entre las seis y 12 primeras semanas.

“Me he comprometido a hacer de Misisipi el lugar más seguro de EEUU para un niño no nacido y esta ley nos ayudará a lograr este objetivo”, declaró el gobernador del estado, Phil Bryant, durante la firma de la ley de las 15 semanas, la más dura de todo el país. “Probablemente nos demandarán en media hora, pero no me importa”, bromeó.

Y tenía razón. La última clínica abortista de Misisipi, también conocida como la Casa Rosa, demandó y, cuatro años después, llegó a manos del Supremo. El desenlace ya lo conocemos: Misisipi ha ganado.

JBA

A Elizabeth le dijeron que estuviera a las siete de la mañana en un cruce de calles y le explicaron que, si alguien la acompañaba, el coche que debía llevarla a abortar no se pararía a recogerla. A Renee, que tenía 15 años, le vendaron los ojos durante todo el trayecto hasta llegar a una vieja nave industrial, aunque el viaje terminaba a veces en un motel o en una casa particular. El procedimiento se podía realizar en una mesa de cocina o en un sillón, y lo hacía alguien que podía ser o no médico. Todos se jugaban la cárcel y ellas, la vida.

En Estados Unidos pueden contar esta historia mujeres que abortaron cuando hacerlo era ilegal. Sus recuerdos son espeluznantes, igual que los datos de aquella era, pero se recuerdan ahora que el Tribunal Supremo podría anular su decisión de 1973 en la que legalizó en todo el país la interrupción voluntaria del embarazo. La experiencia de cómo era abortar en EEUU antes de la famosa sentencia Roe v. Wade nos puede dar pistas para el futuro con el fallo de este viernes de la Corte Suprema de EEUU.

Menos abortos ahora

La experiencia pasada muestra que ilegalizar el aborto no acaba con el aborto. En los años 60, se estima que en EEUU se practicaban más de 800.000 abortos ilegales al año, más que todos los que se realizan hoy en día de forma legal en un país que ahora tiene 130 millones de habitantes más. La cifra de abortos se mantiene estable, pero la mortalidad cambia de forma dramática: en 1965 fallecieron oficialmente a causa de un aborto unas 200 estadounidenses, aunque las voces expertas creen que las cifras reales eran mucho más altas. En 2018, con el aborto legalizado, murieron dos mujeres. 

Hasta la sentencia de Roe v. Wade, las mujeres que querían abortar en gran parte del país dependían de redes clandestinas, peligrosas y caras. En 1970, los periódicos estadounidenses publicaban anuncios de paquetes “vacacionales” para ir a Londres a interrumpir legalmente un embarazo y más de 600 estadounidenses lo hicieron solo en el último trimestre de 1969. Esa era la opción más cara y más segura, pero muchas mujeres pagaban unos 4.000 euros de hoy en día para obtener un aborto clandestino e inseguro más cerca de casa.

Para quien no tuviera esos recursos, quedaban los curanderos menos fiables y los procedimientos caseros más peligrosos. En un estudio realizado en Nueva York en los 60, entre mujeres de bajos recursos, el 80% de las que habían querido tener un aborto habían intentado practicárselo ellas mismas y en solo el 2% de los casos había intervenido un médico. En parte por eso, la tasa de mortalidad durante un aborto era el doble para las mujeres que no eran blancas.

Un país dividido

Si el Tribunal Supremo decide anular la sentencia Roe v. Wade que legalizó el aborto en todo el país, eso no supondrá la ilegalización del procedimiento en la mayoría del país. La situación quedará en manos de cada estado, como lo estaba antes en 1973.

Teniendo en cuentas las normas que han aprobado o anunciado algunos estados y cuáles son las mayorías en sus legislativos, si el Tribunal acaba tomando la decisión, practicar abortos será ilegal en la mitad de los estados de Estados Unidos (aunque eso no significa en la mitad del país, ya que la población se concentra en los estados de ambas costas, donde no se esperan restricciones).

A principios de los años 60, la gran mayoría de los estados solo permitía la interrupción del embarazo si peligraba la salud física de la madre y a finales de la década, unos cuantos lo legalizaron también en caso de violación o incesto, o ante un defecto grave en el feto. Sin embargo, en 1972, cuatro estados permitían la interrupción voluntaria si así lo decidían la mujer embarazada y su médico.

De ellos, solo Nueva York permitía a las mujeres de otros estados someterse al procedimiento. En el año anterior a la sentencia Roe v. Wade, más de 100.000 mujeres estadounidenses viajaron a Nueva York para poder abortar legalmente. Al menos la mitad recorrieron más de 800 kilómetros en autobús, en coche, o en avión, y tuvieron que pagar por el procedimiento y el alojamiento. Las que podían permitirse ese coste eran, principalmente, mujeres blancas de clase media y alta.

Si se confirma el final de la protección del derecho al aborto en todo el país, ese será el escenario al que se dirigen las mujeres en Estados Unidos. Muy probablemente, abortar seguirá siendo legal, seguro y sencillo en estados como Nueva York, California o Illinois. Para millones de estadounidenses, sin embargo, supondrá un largo y molesto viaje que a lo mejor no podrán permitirse. Y es posible que una parte de mujeres regresen a procedimientos clandestinos y peligrosos. Incluso las que puedan permitirse el traslado, serán más vulnerables si surge una complicación cuando ya están de vuelta en sus estados, donde los médicos no tendrán experiencia en el procedimiento.