El 19 de noviembre, Argentina eligió presidente. Eligió a la Libertad Avanza. Eligió a Javier Milei. Liberal-libertario, paradigma de las nuevas derechas (con ideas no tan nuevas). Las repercusiones del resultado, aún imprevisibles, se expanden por todos los ámbitos de la vida económica y social.

Entre los análisis urgentes, hay uno preocupa: el futuro de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Especialmente, el derecho al aborto, conseguido tras casi cincuenta años de lucha, en 2020. 

En una de sus últimas entrevistas televisivas preelectorales, la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel reafirmó que su espacio es “pro-vida” y habló de la necesidad de reabrir el debate en torno a esta conquista.

“Me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumento serios y no tan ideologizados”, remató. No es la primera vez que uno de los miembros de la fórmula se pronunciaba sobre el tema. El propio Milei había afirmado que haría un plebiscito vinculante, con el fin de eliminar la ley si la votación resulta favorable a su posición.

La declaración más resonante provino del diputado nacional electo por LLA Alberto Benegas Lynch, quien, sin pelos en la lengua, soltó: “La ley del aborto es la salvajada más espantosa”. Todo indica que no hay consenso social ni legislativo para reabrir un tema saldado a través de años de intervenciones en el Congreso, en las calles y por los organismos internacionales, aunque no hay que pasar por alto este tipo de posiciones.

La fijación de los sectores conservadores con respecto a la autonomía de decisión de las personas gestantes no es nueva. Pero ha cobrado una fuerza renovada, de mano de las llamadas “nuevas derechas”, que la han llevado al centro de su plataforma ideológica. ¿Hasta dónde puede llegar esta retórica?

Como siempre, la Historia (como disciplina, como recorrido, como patrimonio) ofrece pistas, caminos posibles, ejemplos y advertencias. Mirar hacia el norte del continente resulta un ejercicio ineludible, no solo como ejercicio intelectual, sino como espejo orientativo.

Estados Unidos: arquetipo del contragolpe 

“Ninguna activista feminista de finales de los años sesenta y principios de los setenta se imaginaba que tendríamos que librar una batalla por los derechos reproductivos en los noventa”, escribía bell hooks hace más de dos décadas.

Ninguna activista feminista de finales de los años sesenta y principios de los setenta se imaginaba que tendríamos que librar una batalla por los derechos reproductivos en los noventa

bell hooks — filosofa y activista

Aguda, la filósofa alertaba que la desaparición de un movimiento radical de masas y la respuesta de las derechas sustentadas en el fundamentalismo religioso hacían peligrar una de las principales conquistas de la segunda ola feminista en Estados Unidos: la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta práctica había recibido una protección constitucional en 1973, a través del histórico fallo Roe vs. Wade. Sin embargo, los sectores conservadores no se quedaron de brazos cruzados; y, ya en esa década, consiguieron introducir medidas y leyes que actuaban como obstáculos para el cumplimiento de este derecho humano y personalísimo.

“Entre 1973 y mayo de 2022, se promulgaron 1.380 restricciones en torno al aborto. A partir del 2011, se promulgaron más de 630, lo cual muestra una aceleración e intensificación de los ataques. En otras palabras, tomó casi cuarenta años acumular el 54% de las restricciones y apenas una década para el otro 46%”, explicaron a este diario los voceros del Instituto Guttmacher.

El golpe más duro llegó en junio de 2022, cuando el fallo de la Corte Suprema Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization anuló lo estipulado por Roe vs. Wade y devolvió la decisión sobre las regulaciones del aborto a los estados.

Desde entonces, se ha establecido una red legislativa y judicial que en muchos casos cercena –cuando no anula– la posibilidad de acceder a un aborto, de acuerdo con la edad, el período de gestación, las circunstancias o los motivos. Principalmente, hacia el Sur y en lugares que se encuentran bajo la égida del Partido Republicano, como reflejan los casos extremos de Texas y Alabama. 

La reconocida encuestadora Gallup constata que la mayoría de los estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en cierta medida, especialmente en el primer trimestre. De hecho, desde la revocación de Roe vs. Wade, crecieron las personas autodenominadas “pro-choice” o “pro-decisión” (un 52% de la población aproximadamente) y hubo siete votaciones a favor de este derecho. Ohio fue el último caso, al ser aprobada una enmienda para consagrar la libertad reproductiva en la constitución estatal, incluyendo el aborto, pero también la anticoncepción, los tratamientos de fertilidad, la asistencia para abortos espontáneos y los cuidados durante el embarazo. 

Las disparidades territoriales son enormes. La ciudad de Nueva York, para nombrar un caso, se convirtió en un refugio para el derecho en medio de la avanzada mal llamada “pro-vida”. Allí, los profesionales de la salud realizan abortos hasta las 24 semanas de embarazo, sin exigir ningún tipo de justificación, ni documentación. Por su política pública de asistencia financiera y logística, la Gran Manzana atrae a residentes de otros estados.

Sin embargo, es solo uno de los oasis donde se refuerza la protección de este derecho humano y personalísimo, en medio del desierto. La clausura de clínicas, las limitaciones a la atención sanitaria (incluso en casos en los que no hay viabilidad fetal o corre peligro la vida de la persona gestante), los riesgos de criminalización, persecución y judicialización siguen pesando sobre pacientes y miembros de la comunidad médica en gran parte del mapa. 

Referentes feministas y la medicina que buscan llevar alivio en la coyuntura actual mientras tejen estrategias para conseguir cambios estructurales conversaron con este portal sobre la situación actual y las formas de resistencia. 

¿“Sweet home, Alabama”?

Jenice Fountain es directora ejecutiva del Fondo Yellowhammer, una organización que defiende el aborto y la justicia reproductiva en Alabama, Mississippi y el sur profundo, donde el contexto es crítico. 

En Alabama, por ejemplo, ya en 2020 se registraba la tercera tasa de mortalidad materna más alta del país. El mismo informe arrojaba que las mujeres afroamericanas tenían tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas, como reflejo de desigualdades sociales y raciales estructurales.

La Enmienda Hyde, de 1977, inhabilitó el uso de fondos federales para el aborto excepto en casos de violación, incesto o peligro para la vida. Como explica Fountain, incluso antes de la decisión de la Corte, el acceso al aborto ya era muy limitado. La propia Constitución reconocía la “santidad de la vida no nacida y los derechos de los niños no nacidos, incluido el derecho a la vida”.

 “Había tres clínicas en el estado, todas a largas distancias, con períodos de espera obligatorios –que demandaban recursos y la capacidad de ausentarse al trabajo– y asesoramiento sesgado”. Tras la revocación de Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema, se forzó la prohibición total sobre esta práctica. “Existe un discurso poderoso, una narrativa negativa sobre el aborto con fines electorales. El poder político, que no tiene mucho más para mostrar, lo usa como plataforma política”, comenta la activista. 

Antes de Dobbs, el Yellowhammer Fund organización ayudaba a las personas gestantes que deseaban interrumpir su embarazo. En el nuevo contexto, la organización enfrenta nuevos desafíos y se enfoca en proporcionar información confiable y acompañamiento legal a aquellos que enfrentan penalizaciones. 

Junto a organizaciones hermanas, se dedica al “apoyo confidencial y libre de estigma para las personas gestantes”, la entrega de anticoncepción, materiales precisos de educación sexual integral y pruebas de embarazo, entre otras actividades.

Fountain sabe que los cambios no serán inmediatos, pero confía en el rol de las agrupaciones y personas que, colectivamente, siguen abogando por los derechos reproductivos.

Juramento hipocrático contra la hipocresía

Desde el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), recalcan que el fallo de la Corte Suprema –de composición mayoritariamente conservadora– no fue una sorpresa para quienes hace años defienden las libertades reproductivas. Por otra parte, recalcan que los profesionales enfrentan desafíos sin precedentes. Algunos, se han visto obligados a mudarse para ejercer su profesión de forma segura. 

“Las personas jóvenes, de color, que viven en áreas rurales y con recursos financieros limitados son quienes más padecen”, añaden. En Estados Unidos –salvo escasas excepciones– la interrupción voluntaria del embarazo raramente es gratuita. 

“Desde el fallo Dobbs, creció un fenómeno existente: la creación de fondos privados y basados en donaciones para cubrir los costos asociados con abortos, especialmente para aquellas personas que no cuentan con seguro o tienen que viajar”, comenta un vocero de ACOG. Y finaliza: “El aborto es un componente esencial de la atención médica integral basada en evidencia”. 

La doctora. Gopika Krishna, proveedora de la organización “Physicians for Reproductive Health” (Médicos por la Salud Reproductiva), detalla que la derogación de Roe vs. Wade afectó la capacidad de brindar atención segura y de mantener conversaciones privadas con las pacientes, limitando su capacidad de elegir.

“Se han observado casos de personas que, por cuestiones legales, se ven obligadas a continuar embarazos que pueden poner en riesgo su salud”, especifica Krishna. En Texas, por ejemplo, al menos cinco mujeres se unieron en una demanda contra el estado después de que se les negara la atención del aborto, a pesar de complicaciones peligrosas en el embarazo, como inviabilidad fetal o infecciones severas. 

“Todo lo que estamos pidiendo es una guía sensata que permita a los médicos usar su juicio de buena fe sin temer la pérdida de su licencia y terminar en prisión”, subrayó ante la prensa una de las afectadas ellas. Una verdadera encrucijada. Los doctores que infringen las leyes prohibitivas pueden enfrentar multas de al menos US$ 100.000, hasta 99 años de prisión y la revocación de sus licencias médicas estatales.

La comunidad médica comprometida insiste en que la falta atención del aborto impacta en el cuidado de salud en su conjunto. “Los colegas que viven en estados como Texas no pueden usar su criterio médico: las decisiones las toman las leyes, independientemente de lo que sea mejor para el paciente”. 

“Los derechos reproductivos siguen siendo parte de una discusión más amplia sobre libertades y derechos fundamentales. Por eso, hay que defenderlos”, remata Krishna.

Defender lo conquistado

A comienzos del siglo XX, la sufragista ítalo-argentina Julieta Lanteri sentenció: “Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan”. 

La experiencia estadounidense demuestra que los avances no son posibles sin lucha. Por otro lado, expone que las victorias no siempre son definitivas. Frente a la proliferación de leyes y medidas que restringen la salud sexual y reproductiva, organizaciones de la comunidad médica, funcionarios, agrupaciones feministas y LGTTBI+ recogen las banderas plantadas hace medio siglo. 

Mientras trabajan para garantizar la autonomía de las personas gestantes en las condiciones actuales, buscan cambiar el balance de poder, recuperar el terreno perdido a nivel político y legislativo. Con las lecciones (ahora, transfronterizas) del camino recorrido y esperanza en el futuro. 

Un dato importante. En su pelea renovada y con muchas batallas por delante, el feminismo angloparlante levanta los pañuelos verdes nacidos en Argentina y adoptados por Sur Global y más allá. Nuestro país cuenta con una protección legal al aborto, que tanto costó conseguir. Por eso, más que nunca, esta conquista debe ser resguardada, mantenerse como faro a nivel local y mundial, para que las banderas la verdadera libertad no dejen de flamear.

Este artículo fue posible gracias al apoyo de la Transatlantic Media Fellowship del Heinrich Böll Stiftung.

A Elizabeth le dijeron que estuviera a las siete de la mañana en un cruce de calles y le explicaron que, si alguien la acompañaba, el coche que debía llevarla a abortar no se pararía a recogerla. A Renee, que tenía 15 años, le vendaron los ojos durante todo el trayecto hasta llegar a una vieja nave industrial, aunque el viaje terminaba a veces en un motel o en una casa particular. El procedimiento se podía realizar en una mesa de cocina o en un sillón, y lo hacía alguien que podía ser o no médico. Todos se jugaban la cárcel y ellas, la vida.

En Estados Unidos pueden contar esta historia mujeres que abortaron cuando hacerlo era ilegal. Sus recuerdos son espeluznantes, igual que los datos de aquella era, pero se recuerdan ahora que el Tribunal Supremo podría anular su decisión de 1973 en la que legalizó en todo el país la interrupción voluntaria del embarazo. La experiencia de cómo era abortar en EEUU antes de la famosa sentencia Roe v. Wade nos puede dar pistas para el futuro con el fallo de este viernes de la Corte Suprema de EEUU.

Menos abortos ahora

La experiencia pasada muestra que ilegalizar el aborto no acaba con el aborto. En los años 60, se estima que en EEUU se practicaban más de 800.000 abortos ilegales al año, más que todos los que se realizan hoy en día de forma legal en un país que ahora tiene 130 millones de habitantes más. La cifra de abortos se mantiene estable, pero la mortalidad cambia de forma dramática: en 1965 fallecieron oficialmente a causa de un aborto unas 200 estadounidenses, aunque las voces expertas creen que las cifras reales eran mucho más altas. En 2018, con el aborto legalizado, murieron dos mujeres. 

Hasta la sentencia de Roe v. Wade, las mujeres que querían abortar en gran parte del país dependían de redes clandestinas, peligrosas y caras. En 1970, los periódicos estadounidenses publicaban anuncios de paquetes “vacacionales” para ir a Londres a interrumpir legalmente un embarazo y más de 600 estadounidenses lo hicieron solo en el último trimestre de 1969. Esa era la opción más cara y más segura, pero muchas mujeres pagaban unos 4.000 euros de hoy en día para obtener un aborto clandestino e inseguro más cerca de casa.

Para quien no tuviera esos recursos, quedaban los curanderos menos fiables y los procedimientos caseros más peligrosos. En un estudio realizado en Nueva York en los 60, entre mujeres de bajos recursos, el 80% de las que habían querido tener un aborto habían intentado practicárselo ellas mismas y en solo el 2% de los casos había intervenido un médico. En parte por eso, la tasa de mortalidad durante un aborto era el doble para las mujeres que no eran blancas.

Un país dividido

Si el Tribunal Supremo decide anular la sentencia Roe v. Wade que legalizó el aborto en todo el país, eso no supondrá la ilegalización del procedimiento en la mayoría del país. La situación quedará en manos de cada estado, como lo estaba antes en 1973.

Teniendo en cuentas las normas que han aprobado o anunciado algunos estados y cuáles son las mayorías en sus legislativos, si el Tribunal acaba tomando la decisión, practicar abortos será ilegal en la mitad de los estados de Estados Unidos (aunque eso no significa en la mitad del país, ya que la población se concentra en los estados de ambas costas, donde no se esperan restricciones).

A principios de los años 60, la gran mayoría de los estados solo permitía la interrupción del embarazo si peligraba la salud física de la madre y a finales de la década, unos cuantos lo legalizaron también en caso de violación o incesto, o ante un defecto grave en el feto. Sin embargo, en 1972, cuatro estados permitían la interrupción voluntaria si así lo decidían la mujer embarazada y su médico.

De ellos, solo Nueva York permitía a las mujeres de otros estados someterse al procedimiento. En el año anterior a la sentencia Roe v. Wade, más de 100.000 mujeres estadounidenses viajaron a Nueva York para poder abortar legalmente. Al menos la mitad recorrieron más de 800 kilómetros en autobús, en coche, o en avión, y tuvieron que pagar por el procedimiento y el alojamiento. Las que podían permitirse ese coste eran, principalmente, mujeres blancas de clase media y alta.

Si se confirma el final de la protección del derecho al aborto en todo el país, ese será el escenario al que se dirigen las mujeres en Estados Unidos. Muy probablemente, abortar seguirá siendo legal, seguro y sencillo en estados como Nueva York, California o Illinois. Para millones de estadounidenses, sin embargo, supondrá un largo y molesto viaje que a lo mejor no podrán permitirse. Y es posible que una parte de mujeres regresen a procedimientos clandestinos y peligrosos. Incluso las que puedan permitirse el traslado, serán más vulnerables si surge una complicación cuando ya están de vuelta en sus estados, donde los médicos no tendrán experiencia en el procedimiento.