Uno de los eventos más determinantes para la política argentina de los próximos años tendrá lugar este noviembre en los Estados Unidos. Donald Trump será nuevamente el candidato del partido republicano que competirá por la presidencia con el actual mandatario Joe Biden, del partido demócrata, con buenas chances de prevalecer. Hay pocas dudas (lo ha proclamado explícitamente) de que, si eso ocurre, Trump buscará debilitar los límites institucionales al ejercicio del poder y a la permanencia en él. Eso no haría más que continuar con un proceso iniciado durante su presidencia entre 2016 y 2020, que culminó con la presión a varios funcionarios (incluyendo el vicepresidente Mike Pence) para torcer el resultado electoral que dio como ganador a Biden, seguida de su incitación al asalto al Capitolio y, finalmente, el no reconocimiento de su derrota (ya que la elección, según Trump, “estuvo arreglada”). En resumen: es posible que en los próximos años los Estados Unidos viren hacia una forma de autoritarismo liderada por Trump y sus seguidores.

¿Por qué esto puede ser determinante para la política de nuestro país? Es bien sabido que el Presidente Milei se identifica con Trump y, más generalmente, con el movimiento conservador de los Estados Unidos que constituye su base de apoyo. Lo demostró abiertamente hace algunas semanas cuando pronunció un discurso en la conferencia de la Acción Política Conservadora de Estados Unidos y aprovechó la ocasión para saludar efusivamente (con abrazo incluido) a Trump. Más generalmente, Milei es parte y referente de una derecha global que incluye a líderes como Jair Bolsonaro en Brasil (quien también buscó interrumpir el régimen democrático), Marine Le Pen en Francia, la agrupación “Alternativa para Alemania” en Alemania, y varios otros líderes y grupos en diversos países. Esta derecha global cuenta además con activistas y referentes que, si bien no se dedican a la política electoral, son sumamente influyentes, como el periodista Tucker Carlson y el empresario Elon Musk. Es evidente que una victoria de Trump en los Estados Unidos representaría un impulso decisivo para esta corriente ideológica, por varios motivos.

En primer lugar, Trump pretende acompañar una agenda liberal a nivel global. La muestra más clara de esto es su afinidad con el líder ruso Vladimir Putin, la cual ha llevado al partido republicano a una creciente oposición a continuar con la ayuda militar por parte de los Estados Unidos a Ucrania. Es muy probable que si Trump vuelve a la presidencia esta ayuda se detenga. También es posible, como han sugerido varios analistas, que los Estados Unidos abandonen la OTAN, lo cual alentaría la política expansiva de Putin y desestabilizaría a todo el continente europeo, dejando a la Unión Europea en soledad como defensora del liberalismo a nivel global. Esto generaría un nuevo sistema internacional de alianzas, favorable para gobiernos menos apegados al sistema democrático-republicano, hoy en día desalentados por la alianza entre los Estados Unidos y Europa. Cuanto menos, el cuestionamiento explícito a tal viraje desde los centros de poder internacional será mucho más débil, si no inexistente.

Otro factor, ligado al anterior, favorable al gobierno de Milei es que la agenda iliberal de Trump muy probablemente se traduzca en apoyo explícito a líderes cercanos. En la Argentina, esto podría significar un respaldo decisivo a la agenda económica, dando lugar, por ejemplo, a un trato favorable por parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, una victoria de Trump aumentaría significativamente las chances de que el programa económico del actual gobierno dé buenos resultados. Sumado a ello, serían de esperar gestos de apoyo político, desde menciones en discursos o visitas por parte de funcionarios norteamericanos hasta el envío de efectivos para luchar contra el narcotráfico, que contribuyan a generar un clima de confianza en el gobierno argentino. Claro está, Trump no podría garantizar ni el éxito económico ni el sostenimiento de la popularidad de Milei, pero sin duda contribuiría a ambos.

Pero tal vez lo más determinante no sea la política ni la economía internacional propiamente dichas, sino algo más intangible: el clima de época a nivel global. Si la nueva derecha consigue, a través de Trump, terminar con la democracia liberal en los Estados Unidos, ello se volverá indefectiblemente un punto de referencia en todo el mundo. La democracia liberal, ya sistemáticamente cuestionada por la nueva derecha global, dejará de ser el modelo de referencia por antonomasia y pasará a ser una opción entre otras. Ideas ampliamente aceptadas en las últimas décadas, como la limitación institucional a la concentración del poder, la división de poderes, la independencia del poder judicial y las elecciones libres probablemente pasen a ser objetivo de cuestionamiento, como ya lo vienen siendo por parte de las nuevas derechas. Si los Estados Unidos se convierten en un modelo de autoritarismo, es probable que muchos votantes en todo el mundo empiecen a virar hacia posiciones abiertamente autoritarias.

Es muy temprano para saber con precisión cuáles son las chances de Trump de volver a la presidencia de los Estados Unidos, pero encuestas indican que está dentro de las posibilidades. Claro está, la intensidad de la política y de la economía en nuestro país hacen difícil seguir de cerca los acontecimientos en el país del norte. Solo para transmitir una idea de lo que estará en juego en las elecciones de noviembre, Trump dijo en un discurso del 10 de marzo: “Si no soy electo, va a ser un baño de sangre. Eso como mínimo. Va a ser un baño de sangre para el país”. 

El líder republicano no vuelve a las elecciones como un candidato más sino que, con un partido republicano ya mucho más alineado detrás suyo que en 2016 y con una base mucho más consciente de sus aspiraciones autoritarias, se muestra abiertamente como la única opción legítima. Si gana, es casi seguro que los Estados Unidos cambiarán definitivamente, y con ellos también el mundo y muy probablemente la Argentina.

El autor es investigador en ciencia política del CONICET en la Universidad de San Martín y docente en la Universidad di Tella.

JB/MT

¿Hasta dónde pretende avanzar la ofensiva conservadora en los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia de ese país restringió el acceso al aborto y retrocedió 50 años en la historia de la protección de derechos. Este terremoto político y social alcanza directamente el futuro de millones de personas y las deja en un estado de desprotección total.  

Esta acción afecta la salud sexual y reproductiva de millones, y de algún modo sacude los cimientos de toda una arquitectura de protecciones civiles construida durante los últimos 70 años, transformándola en un jenga oscilante capaz de desatar efectos sociales devastadores en caso de colapsar.  

Luego de conocerse la noticia de que la Corte limitará el acceso al aborto, es clave entender que lo que está en riesgo es la interconexión de gran parte de estos derechos adquiridos sobre la base de batallas legales desde mediados del siglo pasado y el fundamento que se pone en cuestión con esta decisión particular de la Corte Suprema: no es el aborto en sí mismo sino el derecho a la privacidad de las personas para decidir sin condicionamientos del Estado. Tal es el núcleo conceptual de este derecho sexual y reproductivo elemental en los Estados Unidos junto a tantos otros que contribuyen al desarrollo pleno de las personas y que abarcan desde el matrimonio igualitario hasta el acceso a anticonceptivos y el empoderamiento de la comunidad LGBTIQ+.

Con su fallo Roe v Wade de 1973, el máximo tribunal entendió que el poder estatal no podía inmiscuirse en la esfera íntima de las personas. Y en 1992 ratificó a través de una segunda decisión, Planned Parenthood v Casey, que una mujer tiene el derecho constitucional a elegir el aborto. No obstante, el Congreso de los Estados Unidos no logró avanzar en una ley que blindara esta práctica en todo el país, como ocurrió en la Argentina, aun cuando hubo un gobierno afín como el de Barack Obama. Y esto es porque las fracturas sobre el tema corren hacia el interior de los partidos.

Históricamente, fue el ala progresista del alto tribunal, de la mano de jueces y juezas como Earl Warren o Ruth Bader Ginsburg, la que acompañó la evolución cívica y social de Estados Unidos durante los últimos setenta años con fallos trascendentales que pusieron fin a la segregación racial en los estados sureños (Brown v Board of Education), garantizaron el acceso ecuánime a la defensa legal a toda persona acusada de cometer un delito (Gideon v Wainwright), promovieron el derecho al uso de métodos anticonceptivos sin restricciones gubernamentales (Griswold v Connecticut) y hasta avalaron el matrimonio igualitario en todo el país (United States v Windsor y Obergefell v Hodges), fijando una jurisprudencia que desarticulaba en los tribunales cualquier embestida política a nivel estatal.

Lo que se edificó con tiempo y lobby político en torno a esa Revolución Constitucional fue un dique conservador, cada vez más robusto, apuntalado con legislaciones restrictivas de los gobiernos locales y la designación de jueces y juezas afines cuando tocaba la oportunidad. De la mano de los republicanos Ronald Reagan y George H.W. Bush y la contrarrevolución conservadora de los ‘80s —sobre una importante base de votantes evangélicos— y en alianza con la organización conservadora Federalist Society —impulsora del “originalismo” judicial—, la Corte Suprema inició un giro hacia una mayoría conservadora que terminó de consolidarse en 2020 con otro presidente del mismo signo, Donald Trump. Y es la que hoy decidió sobre el presente y futuro de millones.

El propio Samuel Alito, autor del documento que reflejó el pensamiento mayoritario de la Corte sobre el aborto, no fue la primera opción de George W. Bush cuando le tocó nominar un reemplazo para el máximo tribunal en 2005. Pero el lobby judicial conservador le vetó a su candidata original, Harriet Miers. Y hoy el juez “moderado” dentro de la mayoría conservadora de seis sobre nueve magistrados y magistradas que domina al tribunal es el presidente del cuerpo, John Roberts, el mismo que se opuso al matrimonio igualitario hace solo siete años.

Ofensiva política

Nada de lo que sucede puede interpretarse como actos aislados. Por el contrario, hay una arremetida que toma forma en los lugares gestionados por conservadores que se retroalimenta con estas decisiones judiciales. Si solo hablamos del derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, en la actualidad se contabilizan 13 estados —Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming— que cuentan con leyes “gatillo” que estaban a la espera de que la Justicia federal pusiera el cerrojo. Lo que, finalmente, sucedió este viernes.

Un relevamiento del Instituto Guttmacher, de 2021, afirma que el número ascendería a 26 si se añaden aquellos estados que podrían restringir los procedimientos de forma severa, tras la decisión de la Corte. Eso es más de la mitad del país. La consecuencia inmediata podría ser un colapso en los restantes estados además del riesgo al que se someten las personas que deben trasladarse hacia lugares seguros para estas intervenciones médicas.

La opinión de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia gira en torno al caso Dobbs v Jackson Women's Health Organization por el cual se cuestionó en los tribunales los alcances de una ley de Mississippi que fijó la prohibición del aborto luego de las 15 semanas. Pero además los defensores de esta limitación le solicitaron a la Corte Suprema que se expida sobre la cuestión de fondo respecto a si la interrupción voluntaria del embarazo es o no un derecho constitucional en los Estados Unidos. Todas las señales previas del máximo tribunal bajo esta mayoría conservadora eran elocuentes y allanaron ese camino. Por caso, sus jueces y juezas ya habían eludido una definición sobre una ley semejante en Texas que fijaba el límite en un plazo aún menor de seis semanas. 

Desde entonces, el intento de aprobar normas de este tipo en diversos estados del país donde gobiernan los conservadores se multiplicó. La última de ellas tuvo lugar el jueves 19 de mayo cuando la Cámara Baja de Oklahoma ratificó su propia ley delimitando, por 76 votos a favor y solo 16 en contra, cualquier interrupción voluntaria y legal del embarazo, salvo que peligre la vida de la persona gestante o sea consecuencia de una violación o incesto. Además, habilita la posibilidad de accionar civilmente contra todo aquel que asista en esta práctica a una persona de Oklahoma, aún si se tratara de personas fuera del estado, y ofrece “recompensas” de hasta 10 mil dólares por denunciar estos procedimientos. La ley ya fue promulgada por el gobernador republicano.

Como suele suceder, todas estas trabas descargan su mayor fuerza prohibitiva sobre las poblaciones más vulnerables. En el caso de Estados Unidos, las comunidades hispanas y negras que ya en las condiciones actuales enfrentan serios obstáculos para acceder a este derecho. Pero lo mismo ocurre para adolescentes, personas de bajos ingresos e inmigrantes sin estatus regular en general —que, a menudo, coinciden con los grupos previos—. El fallo que ahora revoca este derecho sexual y reproductivo solo viene a empeorar todavía más su calidad de vida. No solo eso: el golpe también afecta la integridad mental, física y hasta socio-económica de la comunidad LGBTIQ+ en su conjunto, si la avanzada prosigue, como es de esperar. Según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero, se estima que la mitad de los hombres transgénero ya retrasan o evitan hoy su atención preventiva por temor a la discriminación. 

Nada garantiza que el revisionismo judicial se detenga con Roe v Wade. En primer lugar, porque los mismos sectores conservadores que buscan poner fin a este derecho que se conquista en otras partes del mundo, como la Argentina, son quienes promueven la anulación de otros fallos del mismo tenor. Y en segundo lugar porque ya han puesto la mira de forma explícita en algunos de ellos y lo dejan trascender, como el histórico Griswold v Connecticut de acceso a los anticonceptivos. Nada nos permite pensar que esta ofensiva conservadora vaya a detenerse antes de demoler la última pieza de una torre de derechos que demoró décadas de lucha y dolor poner en pie. 

 CC