El 19 de noviembre, Argentina eligió presidente. Eligió a la Libertad Avanza. Eligió a Javier Milei. Liberal-libertario, paradigma de las nuevas derechas (con ideas no tan nuevas). Las repercusiones del resultado, aún imprevisibles, se expanden por todos los ámbitos de la vida económica y social.

Entre los análisis urgentes, hay uno preocupa: el futuro de los derechos sexuales y reproductivos en el país. Especialmente, el derecho al aborto, conseguido tras casi cincuenta años de lucha, en 2020. 

En una de sus últimas entrevistas televisivas preelectorales, la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel reafirmó que su espacio es “pro-vida” y habló de la necesidad de reabrir el debate en torno a esta conquista.

“Me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumento serios y no tan ideologizados”, remató. No es la primera vez que uno de los miembros de la fórmula se pronunciaba sobre el tema. El propio Milei había afirmado que haría un plebiscito vinculante, con el fin de eliminar la ley si la votación resulta favorable a su posición.

La declaración más resonante provino del diputado nacional electo por LLA Alberto Benegas Lynch, quien, sin pelos en la lengua, soltó: “La ley del aborto es la salvajada más espantosa”. Todo indica que no hay consenso social ni legislativo para reabrir un tema saldado a través de años de intervenciones en el Congreso, en las calles y por los organismos internacionales, aunque no hay que pasar por alto este tipo de posiciones.

La fijación de los sectores conservadores con respecto a la autonomía de decisión de las personas gestantes no es nueva. Pero ha cobrado una fuerza renovada, de mano de las llamadas “nuevas derechas”, que la han llevado al centro de su plataforma ideológica. ¿Hasta dónde puede llegar esta retórica?

Como siempre, la Historia (como disciplina, como recorrido, como patrimonio) ofrece pistas, caminos posibles, ejemplos y advertencias. Mirar hacia el norte del continente resulta un ejercicio ineludible, no solo como ejercicio intelectual, sino como espejo orientativo.

Estados Unidos: arquetipo del contragolpe 

“Ninguna activista feminista de finales de los años sesenta y principios de los setenta se imaginaba que tendríamos que librar una batalla por los derechos reproductivos en los noventa”, escribía bell hooks hace más de dos décadas.

Ninguna activista feminista de finales de los años sesenta y principios de los setenta se imaginaba que tendríamos que librar una batalla por los derechos reproductivos en los noventa

bell hooks — filosofa y activista

Aguda, la filósofa alertaba que la desaparición de un movimiento radical de masas y la respuesta de las derechas sustentadas en el fundamentalismo religioso hacían peligrar una de las principales conquistas de la segunda ola feminista en Estados Unidos: la interrupción voluntaria del embarazo.

Esta práctica había recibido una protección constitucional en 1973, a través del histórico fallo Roe vs. Wade. Sin embargo, los sectores conservadores no se quedaron de brazos cruzados; y, ya en esa década, consiguieron introducir medidas y leyes que actuaban como obstáculos para el cumplimiento de este derecho humano y personalísimo.

“Entre 1973 y mayo de 2022, se promulgaron 1.380 restricciones en torno al aborto. A partir del 2011, se promulgaron más de 630, lo cual muestra una aceleración e intensificación de los ataques. En otras palabras, tomó casi cuarenta años acumular el 54% de las restricciones y apenas una década para el otro 46%”, explicaron a este diario los voceros del Instituto Guttmacher.

El golpe más duro llegó en junio de 2022, cuando el fallo de la Corte Suprema Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization anuló lo estipulado por Roe vs. Wade y devolvió la decisión sobre las regulaciones del aborto a los estados.

Desde entonces, se ha establecido una red legislativa y judicial que en muchos casos cercena –cuando no anula– la posibilidad de acceder a un aborto, de acuerdo con la edad, el período de gestación, las circunstancias o los motivos. Principalmente, hacia el Sur y en lugares que se encuentran bajo la égida del Partido Republicano, como reflejan los casos extremos de Texas y Alabama. 

La reconocida encuestadora Gallup constata que la mayoría de los estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en cierta medida, especialmente en el primer trimestre. De hecho, desde la revocación de Roe vs. Wade, crecieron las personas autodenominadas “pro-choice” o “pro-decisión” (un 52% de la población aproximadamente) y hubo siete votaciones a favor de este derecho. Ohio fue el último caso, al ser aprobada una enmienda para consagrar la libertad reproductiva en la constitución estatal, incluyendo el aborto, pero también la anticoncepción, los tratamientos de fertilidad, la asistencia para abortos espontáneos y los cuidados durante el embarazo. 

Las disparidades territoriales son enormes. La ciudad de Nueva York, para nombrar un caso, se convirtió en un refugio para el derecho en medio de la avanzada mal llamada “pro-vida”. Allí, los profesionales de la salud realizan abortos hasta las 24 semanas de embarazo, sin exigir ningún tipo de justificación, ni documentación. Por su política pública de asistencia financiera y logística, la Gran Manzana atrae a residentes de otros estados.

Sin embargo, es solo uno de los oasis donde se refuerza la protección de este derecho humano y personalísimo, en medio del desierto. La clausura de clínicas, las limitaciones a la atención sanitaria (incluso en casos en los que no hay viabilidad fetal o corre peligro la vida de la persona gestante), los riesgos de criminalización, persecución y judicialización siguen pesando sobre pacientes y miembros de la comunidad médica en gran parte del mapa. 

Referentes feministas y la medicina que buscan llevar alivio en la coyuntura actual mientras tejen estrategias para conseguir cambios estructurales conversaron con este portal sobre la situación actual y las formas de resistencia. 

¿“Sweet home, Alabama”?

Jenice Fountain es directora ejecutiva del Fondo Yellowhammer, una organización que defiende el aborto y la justicia reproductiva en Alabama, Mississippi y el sur profundo, donde el contexto es crítico. 

En Alabama, por ejemplo, ya en 2020 se registraba la tercera tasa de mortalidad materna más alta del país. El mismo informe arrojaba que las mujeres afroamericanas tenían tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas, como reflejo de desigualdades sociales y raciales estructurales.

La Enmienda Hyde, de 1977, inhabilitó el uso de fondos federales para el aborto excepto en casos de violación, incesto o peligro para la vida. Como explica Fountain, incluso antes de la decisión de la Corte, el acceso al aborto ya era muy limitado. La propia Constitución reconocía la “santidad de la vida no nacida y los derechos de los niños no nacidos, incluido el derecho a la vida”.

 “Había tres clínicas en el estado, todas a largas distancias, con períodos de espera obligatorios –que demandaban recursos y la capacidad de ausentarse al trabajo– y asesoramiento sesgado”. Tras la revocación de Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema, se forzó la prohibición total sobre esta práctica. “Existe un discurso poderoso, una narrativa negativa sobre el aborto con fines electorales. El poder político, que no tiene mucho más para mostrar, lo usa como plataforma política”, comenta la activista. 

Antes de Dobbs, el Yellowhammer Fund organización ayudaba a las personas gestantes que deseaban interrumpir su embarazo. En el nuevo contexto, la organización enfrenta nuevos desafíos y se enfoca en proporcionar información confiable y acompañamiento legal a aquellos que enfrentan penalizaciones. 

Junto a organizaciones hermanas, se dedica al “apoyo confidencial y libre de estigma para las personas gestantes”, la entrega de anticoncepción, materiales precisos de educación sexual integral y pruebas de embarazo, entre otras actividades.

Fountain sabe que los cambios no serán inmediatos, pero confía en el rol de las agrupaciones y personas que, colectivamente, siguen abogando por los derechos reproductivos.

Juramento hipocrático contra la hipocresía

Desde el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), recalcan que el fallo de la Corte Suprema –de composición mayoritariamente conservadora– no fue una sorpresa para quienes hace años defienden las libertades reproductivas. Por otra parte, recalcan que los profesionales enfrentan desafíos sin precedentes. Algunos, se han visto obligados a mudarse para ejercer su profesión de forma segura. 

“Las personas jóvenes, de color, que viven en áreas rurales y con recursos financieros limitados son quienes más padecen”, añaden. En Estados Unidos –salvo escasas excepciones– la interrupción voluntaria del embarazo raramente es gratuita. 

“Desde el fallo Dobbs, creció un fenómeno existente: la creación de fondos privados y basados en donaciones para cubrir los costos asociados con abortos, especialmente para aquellas personas que no cuentan con seguro o tienen que viajar”, comenta un vocero de ACOG. Y finaliza: “El aborto es un componente esencial de la atención médica integral basada en evidencia”. 

La doctora. Gopika Krishna, proveedora de la organización “Physicians for Reproductive Health” (Médicos por la Salud Reproductiva), detalla que la derogación de Roe vs. Wade afectó la capacidad de brindar atención segura y de mantener conversaciones privadas con las pacientes, limitando su capacidad de elegir.

“Se han observado casos de personas que, por cuestiones legales, se ven obligadas a continuar embarazos que pueden poner en riesgo su salud”, especifica Krishna. En Texas, por ejemplo, al menos cinco mujeres se unieron en una demanda contra el estado después de que se les negara la atención del aborto, a pesar de complicaciones peligrosas en el embarazo, como inviabilidad fetal o infecciones severas. 

“Todo lo que estamos pidiendo es una guía sensata que permita a los médicos usar su juicio de buena fe sin temer la pérdida de su licencia y terminar en prisión”, subrayó ante la prensa una de las afectadas ellas. Una verdadera encrucijada. Los doctores que infringen las leyes prohibitivas pueden enfrentar multas de al menos US$ 100.000, hasta 99 años de prisión y la revocación de sus licencias médicas estatales.

La comunidad médica comprometida insiste en que la falta atención del aborto impacta en el cuidado de salud en su conjunto. “Los colegas que viven en estados como Texas no pueden usar su criterio médico: las decisiones las toman las leyes, independientemente de lo que sea mejor para el paciente”. 

“Los derechos reproductivos siguen siendo parte de una discusión más amplia sobre libertades y derechos fundamentales. Por eso, hay que defenderlos”, remata Krishna.

Defender lo conquistado

A comienzos del siglo XX, la sufragista ítalo-argentina Julieta Lanteri sentenció: “Arden fogatas de emancipación femenina, venciendo rancios prejuicios y dejando de implorar sus derechos. Estos no se mendigan, se conquistan”. 

La experiencia estadounidense demuestra que los avances no son posibles sin lucha. Por otro lado, expone que las victorias no siempre son definitivas. Frente a la proliferación de leyes y medidas que restringen la salud sexual y reproductiva, organizaciones de la comunidad médica, funcionarios, agrupaciones feministas y LGTTBI+ recogen las banderas plantadas hace medio siglo. 

Mientras trabajan para garantizar la autonomía de las personas gestantes en las condiciones actuales, buscan cambiar el balance de poder, recuperar el terreno perdido a nivel político y legislativo. Con las lecciones (ahora, transfronterizas) del camino recorrido y esperanza en el futuro. 

Un dato importante. En su pelea renovada y con muchas batallas por delante, el feminismo angloparlante levanta los pañuelos verdes nacidos en Argentina y adoptados por Sur Global y más allá. Nuestro país cuenta con una protección legal al aborto, que tanto costó conseguir. Por eso, más que nunca, esta conquista debe ser resguardada, mantenerse como faro a nivel local y mundial, para que las banderas la verdadera libertad no dejen de flamear.

Este artículo fue posible gracias al apoyo de la Transatlantic Media Fellowship del Heinrich Böll Stiftung.

En junio de 2022, a través de la sentencia Dobbs vs. Jackson, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el histórico fallo Roe vs. Wade conquistado por la segunda ola feminista. De esta forma, terminaba con casi medio siglo de protección constitucional al aborto en todo el país.

Actualmente, de acuerdo con el Instituto Guttmacher, una ONG que lucha por el derecho al aborto, el territorio está fragmentado y polarizado en materia de salud reproductiva. En 15 estados (ubicados principalmente en el sur y el medio oeste), la interrupción voluntaria del embarazo está “completamente prohibida con excepciones muy limitadas”. Otros 11 estados cuentan con leyes restrictivas o muy restrictivas.

La ciudad de Nueva York se convirtió en un refugio para el derecho en medio de la avanzada conservadora. Allí, los profesionales de la salud realizan abortos hasta las 24 semanas de embarazo, sin exigir ningún tipo de justificación. Debido al amparo legal –pero también sanitario, social y económico– hacia las personas gestantes, la Gran Manzana atrae a cada vez más residentes de otros estados que buscan acceder a esta práctica.

El economista, doctor y epidemiólogo Ashwin Vasan se dedica hace dos décadas al bienestar físico y mental de poblaciones vulneradas. Desde marzo de 2022, se desempeña como Comisionado del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. En una conversación con elDiarioAR, el funcionario habló acerca de las políticas públicas de su gestión tras la derogación de Roe vs. Wade. 

“Soy un médico primero, debo proteger la salud y la vida; la habilidad y la capacidad de la gente para tomar decisiones de forma autónoma. El Gobierno no intervendría si se tratara de cuidados cardíacos, de diabetes, o cualquier otra condición, ¿por qué lo haría en este tema?”, se pregunta. 

–¿Le resultó una sorpresa la decisión que tomó la Corte Suprema en 2022?

–Trato de abstenerme respecto de cuestiones políticas, pero creo que los estadounidenses podemos comprobar la dirección cada vez más conservadora que la Corte Suprema ha tomado a través de los años. El nombramiento de jueces [a cargo del Poder Ejecutivo con posterior aprobación del Senado] se ha usado con fines políticos. La postura respecto al fallo Roe vs. Wade en particular se convirtió en un factor para apuntar nominados a la Corte por parte del Partido Republicano. Por eso, puedo decir que el proceso ha sido decepcionante, pero no que haya sido una sorpresa. Lo que sí me asombró fue la rapidez con la que se movieron los conservadores y su coordinación, tras las primeras filtraciones del fallo Dobbs.

– ¿Qué medidas se tomaron desde la ciudad de Nueva York para velar por los derechos sexuales y reproductivos tras esta sentencia?

– En la ciudad de Nueva York nos regimos por las leyes estatales. Aquí, el aborto es legal desde 1970, tres años antes de la sanción de Roe vs. Wade que legalizó el aborto en el país. Por eso, siempre hemos estado a la cabeza. Claro que el fallo de 2022 tuvo distintas repercusiones a lo largo del territorio e impactó en nuestras políticas.

– ¿En qué consistió este impacto?

– Muchos estados han aprobado barreras totales o parciales a la interrupción del embarazo. Desde la ciudad de Nueva York no solo nos concentramos en reforzar la legalidad del aborto localmente, sino que tratamos de proteger a las mujeres de todo el país e incluso facilitarles el acceso a la práctica. Lo hacemos de diferentes formas. Primero, con el “Abortion Access Hub” (o Centro de Acceso al Aborto). Es decir, una línea telefónica y chat a los que se puede contactar desde cualquier lugar del país, en búsqueda de atención y evaluación aquí en la ciudad. Además, tenemos relaciones con diferentes organizaciones para ayudar a las personas a navegar ese proceso, agendar un turno, y apoyarlas social y económicamente, en términos de transporte, comida y alojamiento. 

– ¿De qué forma financian esta política?

– Hay diferentes fondos para esto: nacionales, estatales, locales, a través del ayuntamiento. El objetivo es que las mujeres con bajos recursos puedan realizarse un aborto si lo necesitan. Aquí surge un tema importante. Todas las mujeres fueron impactadas por la derogación del fallo Roe vs. Wade, pero quienes más sufren son las mujeres de color, que tienen desafíos específicos. Queremos reducir las barreras, mantener la confidencialidad y protección, entendiendo que muchas se arriesgan a repercusiones legales. 

– ¿Existen limitantes respecto al estatus legal de las personas gestantes para recibir ayuda de la línea?

– Todas las personas pueden acudir a la línea, más allá de si son estadounidenses o no; e independientemente de si cuentan o no con algún tipo de cobertura. Por un lado, tenemos asistentes plurilingües para quienes no hablan inglés. A la vez, contamos con proveedores en la ciudad que atienden a personas sin seguro o que necesitan asistencia financiera. No le pedimos a nadie que nos diga de dónde viene; y muchas personas, de hecho, no lo quieren decir. Lanzamos la plataforma el 1 de noviembre de 2022 y ya hemos derivado más de 1.500 casos a proveedores locales. Recién estamos empezando.

– ¿Qué otras medidas ha implementado la ciudad además de la línea?

– También hacemos publicidad. Hemos puesto carteleras en lugares como Texas, Georgia, que son algunos de los estados donde ha pasado la legislación más restrictiva con respecto al aborto. Los proveedores nos dicen que ven cada vez a más mujeres viniendo de distintas zonas del país. También decidimos que la medicación para abortar sea accesible en todas nuestras clínicas de salud pública. Antes no la ofrecíamos, ahora lo hacemos de forma gratuita y somos el primer departamento de salud pública que ha tomado este paso. 

– La legislatura del estado de Nueva York aprobó la protección legal a los médicos que receten y envíen píldoras abortivas a pacientes que viven en estados donde este derecho fue coartado. ¿Es algo que se promueva desde la ciudad?

– Como podrás imaginar, tenemos que ser muy cuidadosos, porque sabemos que la confidencialidad y la privacidad son esenciales. Pero, además, porque no queremos exponer a nadie a posibles consecuencias legales en su lugar de origen. Actualmente, desde la ciudad, estamos explorando si es algo que conviene, no lo estamos desarrollando activamente. 

– ¿Qué ocurre con las adolescentes y los derechos reproductivos? ¿Necesitan autorización de sus padres para realizar consultas sobre aborto?

– En la ciudad de Nueva York, las adolescentes pueden acceder a información, tests de enfermedades de transmisión sexual, pastillas y anticoncepción de emergencia, atención de aborto, cuidado prenatal y seguimiento sin el consentimiento de sus padres. Especialmente, si fueron víctimas de trauma o violencia sexual.

– ¿Cuántos abortos se realizan en la ciudad?

– Los últimos números oficiales son de 2020. Ese año se realizaron casi 38.000 abortos. Casi un 8% para personas que no viven en la ciudad. El 75% de las pacientes eran jóvenes, de entre 20 y 34 años.

– ¿Cuál es su visión hacia el futuro para Estados Unidos en cuestión de aborto?

– No soy optimista, porque la composición actual de la Corte Suprema protege fuertemente el giro de 2022. Dicho esto, sí mantengo la esperanza de que, con el tiempo, podamos elegir mandatarios que velen por el derecho al aborto. Si continuamos eligiendo a presidentes con esta perspectiva, van a apuntar a los jueces correctos. Recordemos que no se trata solo del máximo tribunal, sino de las cortes federales, las cortes de apelaciones, del sistema judicial en su conjunto. Es importante que pensemos en la Justicia a la hora de votar. También debemos considerar las elecciones a nivel local. ¿Quiénes son nuestros oficiales locales y qué están votando? ¿Estamos votando a gente que entiende y protege los derechos de las mujeres, sexuales y reproductivos, incluyendo al aborto? 

– ¿Por qué es importante resguardar la decisión de las personas sobre su propio cuerpo?

– Desde el punto de vista de la salud pública, sabemos que el aborto seguro salva vidas. Y todas las encuestas muestran que la mayoría del país apoya este derecho humano. Hay un consenso amplio, pero existe una minoría ruidosa, bien financiada y políticamente poderosa que está empujando hacia atrás y es algo muy problemático.Como país, hemos sido pioneros durante mucho tiempo en este asunto. Por eso, debemos seguir peleando por la salud pública; y, con suerte, podremos alcanzar el objetivo de restituir la custodia de estos derechos que hemos sostenido por tantos años. 

Esta entrevista fue posible gracias al apoyo de la Transatlantic Media Fellowship del Heinrich Böll Stiftung.

JB/MG

Facebook entregó a la policía de Nebraska (Estados Unidos) las conversaciones por chat de una madre y su hija tras recibir una orden judicial relacionada con un caso de aborto. Las autoridades estatales investigaban a las dos mujeres por un caso de aborto ilegal y los mensajes intercambiados por madre e hija en la plataforma sirvieron finalmente para presentar la acusación contra ellas.

La investigación comenzó en abril en Nebraska, donde la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal a partir de las 20 semanas, y no se vería afectada por la última sentencia de la Corte Suprema, que el pasado mes de junio derogó la sentencia Roe v Wade, que desde 1973 reconocía el derecho a la interrupción del embarazo en el país.

Sin embargo, el caso sí puede hacer realidad uno de los mayores temores manifestados por los defensores del derecho al aborto desde el pronunciamiento de la Corte Suprema. Numerosas organizaciones han denunciado desde entonces que los historiales de búsqueda en Internet, así como las conversaciones mantenidas en redes sociales, pueden ser utilizados por las autoridades para incriminar a las mujeres que aborten.  

Las dos acusadas de Nebraska son Jessica Burgess, de 41 años, y su hija Celeste, que en el momento de abortar tenía 17. Según la Fiscalía, la madre compró y dio píldoras abortivas a la adolescente y después la ayudó a enterrar el feto. Las autoridades habían acusado a las dos mujeres inicialmente por intentar ocultar la muerte del feto —la joven declaró en un primero momento que nació muerto—, e intentar destruirlo antes de enterrarlo.

Los medios estadounidenses aseguran que se desconoce aún cómo consiguió la policía acceder al historial médico de la joven, lo que les permitió saber que estaba embarazada de 23 semanas en el momento de abortar. Según la orden judicial, las autoridades habían sido alertadas de que Celeste Burgess había dado a luz en su vivienda y que el bebé nació sin vida, por lo que procedieron a acusarles por deshacerse de los restos.

Además, enviaron una orden judicial a Facebook para obtener los mensajes intercambiados entre la madre y la hija. Facebook Messenger ofrece la posibilidad de mantener conversaciones codificadas que no pueden ser leídas ni por la plataforma ni por cualquier autoridad gubernamental que reclame esos chats, pero esa opción solo está disponible cuando la discusión se mantiene en la aplicación del teléfono móvil y se marca como secreta. De lo contrario, explica NBC News, la empresa conserva la mayor parte de la información de los usuarios en sus servidores, lo que significa que puede acceder a ella si se ve obligada a hacerlo por orden de un juez.

La petición de una orden judicial para registrar la vivienda de las sospechosas, obtenida por NBC News, incluye una lista con los objetos que buscaban las autoridades, tanto físicos como digitales:

El último elemento en la lista correspondería a las comunicaciones como las entregadas por Facebook posteriormente, una vez que recibió la orden judicial correspondiente. La investigación incluye dos páginas de una conversación mantenida en Facebook Messenger entre las dos acusadas el pasado 20 de abril sobre la compra y el uso de esas pastillas. “Una píldora frena las hormonas y luego tienes que esperar 24 horas para tomar la segunda”, le dice la madre a la joven, precisando antes que ya había recibido el encargo efectuado un mes antes.

“Acuérdate de que quemamos las pruebas cuando todo esté fuera”, le contesta Celeste, que poco después le expresa su alegría por poder volver a llevar pantalones vaqueros en breve.

La primera acusación hacía referencia a un delito por eliminación, ocuptación y abandono de un cuerpo humano, así como dos cargos adicionales por ocultar la muerte de otra persona y falso testimonio. Una vez obtenida la conversación en Facebook, la Fiscalía añadió los cargos de aborto ilegal y de practicar un aborto ilegalmente sin ser profesional médico.

A pesar de que el aborto es ilegal en Nebraska pasadas las 20 semanas de la fecundación, en el caso de la joven Burgess se trata de un aborto autoinducido, que no está prohibido específiciamente en la legislación estatal. Tanto la madre como la hija, en libertad bajo fianza, se declararon “no culpables” ante las acusaciones de la Fiscalía.

Cada vez son más las empresas de Estados Unidos que anunciaron que garantizarán el aborto para sus empleadas tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Más de cuarenta grandes compañías confirmaron que pagarán los costos de la práctica para sus trabajadoras en estados donde sea legal. Mientras tanto, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto en los estados que aún no lo prohibieron y el movimiento de mujeres realizó una marcha para pedir la “emergencia nacional en salud pública”.

Amazon, Apple, Microsoft, JP Morgan, Airbnb, Banco de America, Disney, H&M, Meta, Netflix, PayPal, Goldman Sachs, Starbucks, Patagonia, Tesla, Uber y Yelp son algunas de las empresas que pagarán los viáticos del viaje para las personas gestantes que viven en estados donde el procedimiento es ilegal. Algunas ya lo habían anticipado antes de que se confirmará el fallo y otras se fueron sumando tras la decisión del máximo tribunal. La propuesta de las empresas es similar: pagar reembolsos, varían los montos y la cobertura. 

Hasta el momento son nueve los estados donde la prohibición es total. El viernes, un fallo de la justicia confirmó la decisión en  Louisiana. El jueves Mississippi se sumó a la lista que integran Texas, Arkansas, Kentucky, Missouri, Oklahoma, Alabama y Dakota del Sur. En Pensilvania, el parlamento aprobó el viernes un proyecto de ley para enmendar la constitución y declarar la prohibición. Otros estados como Ohio, Tennessee, Carolina del Sur y Florida restringieron el procedimiento, pero no de manera total. 

En ese contexto, crecen las empresas que garantizarán la práctica. El periódico New York Times confirmó más de cuarenta.  Disney fue una de las primeras en anunciarlo, el mismo día del fallo de la Corte Suprema. Indicó que las empleadas tendrán una “cobertura asequible”que cubre el viaje y el tratamiento. Netflix agregó al aborto en la cobertura de reembolso de viaje, que también incluye tratamientos contra el cáncer, trasplantes y atención de afirmación de género. Por su parte,  desde Warner Brothers indicaron que ampliaron las “opciones de beneficios de atención médica para cubrir los gastos de transporte de los empleados y sus familiares cubiertos que necesitan viajar para acceder al aborto y la atención reproductiva”. 

En el sector del comercio electrónico, Amazon cubrirá hasta 4.000 dólares de gastos de viaje y el beneficio será retroactivo al 1 de enero de 2022. La empresa ya lo había anunciado en mayo cuando se conoció públicamente el borrador que anulaba el fallo Roe v. Wad. En una situación similar están Yelp y Airbnb que tomaron la decisión antes de la confirmación de la sentencia, cuando en Texas se sancionó una ley restrictiva hasta las seis semanas de embarazo. En ese momento indicó que  “trabajaría para apoyar a aquellas empleadas cuya capacidad para tomar decisiones sobre su cuidado reproductivo pueda verse afectada por la ley de Texas”.

Las multinacionales relacionadas con el rubro informático como Microsoft o Google también se sumaron. En el sector alimenticio están Danone, Starbucks y la empresa de yogures Chobani, entre otras. En el plano automotriz, Tesla y Ford.

El viernes pasado el presidente Joe Biden firmó un decreto con medidas para proteger el aborto en los estados que aún no lo prohibieron. Instruye al  Departamento de Salud a que garantice el acceso a los anticonceptivos y píldoras abortivas. También intenta aumentar la protección de los médicos que realicen la práctica y promover una red de abogados y abogadas voluntarias para garantizar que las mujeres puedan viajar dentro del país sin ser penalizadas. Según informó la Casa Blanca, el objetivo del decreto es “proteger la información de salud sensible” y “combatir la vigilancia digital”.

Sobre este último punto advirtieron las organizaciones feministas que se movilizaron la semana pasada. Indicaron sobre una posible persecución a mujeres que quieran abortar a través de la utilización de datos en línea como la geolocalización. 

CDB

Las Brigadas Bloodys son movedizas, se las puede ver en un recital de Maluma en Tijuana, en las avenidas de esa ciudad en la frontera entre Méjico y Estados Unidos o en las salidas de los colegios. Se trata de una red transfronteriza de mujeres que acompañan casos de aborto con información y medicamentos. Tienen su sede del lado mexicano, pero asisten también a mujeres que están del otro lado del país. Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho al aborto, se preparan para recibir muchas más demandas para acceder al misoprostol.

Comenzaron en el 2016 con campañas de información sobre protocolos de aborto en su país y fueron corriendo la voz hasta llegar a los estados norteamericanos más cercanos: Oklahoma, Texas y Georgia. Asisten a mujeres que consultan por Facebook, Instagram, Twitter o WhatsApp. Les dan información y las acompañan de manera virtual o presencial y les mandan “kits para abortar” por correo o a través de alguna persona que viaja al lugar. Cada kit tiene comprimidos de mifepristona o misoprostol, ibuprofeno, té, toallas sanitarias nocturnas y “cinco protocolos de misoprostol impresos para expandir la información para otras”. En Méjico enviaron también a zonas rurales como San Quintín, un pueblo pesquero y agrícola. 

Crystal P. Lira, fundadora y miembra de la ONG pronostica nuevos pedidos tras el fallo del máximo tribunal que anuló el del caso Roe vs. Wade, la resolución de 1973 que legalizó el derecho al aborto en Estados Unidos. “Vamos a lanzar campañas por redes sociales y hacer brigadas de entregas de protocolos y de información impresa. Vamos a empezar por San Diego y esperamos cubrir zonas de California que sabemos que es uno de los estados que está más avanzado en materia de aborto, pero incluso antes de la anulación ya estaba con muchas barreras para ciertas mujeres. Ya habíamos estado apoyando casos de allá”, le dijo la activista a elDiarioAR.

“Creemos que liberando información de esa parte y haciendo presencia pública es una forma de visibilizar que somos una opción. Las mismas mujeres van informando a otras en otras distintas partes de Estados Unidos, es una manera de llegar a personas que no son solo de California”, agregó. 

En el último año, con pandemia mediante, Bloodys envió kits a 20 mujeres de su país vecino. “Suponemos que en cualquier momento van a llegar más, va a aumentar porque también nosotras vamos a realizar más estrategias para llegar con información a las mujeres de Estados Unidos”, indicó Lira. 

Días atrás, la Corte Suprema de Texas bloqueó un fallo local que permitía abortar en ese estado, que es uno de los que están en la zona de acción de las Brigadas Bloodys. El 2 de julio, sentenció en contra de un disposición de un tribunal inferior que le permitía a las clínicas seguir practicando abortos.  Poco después de la decisión de la Corte nacional, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y del Centro para los Derechos Reproductivos hizo una presentación en favor de las clínicas que realizaban la práctica en Texas y fue aceptada en primera instancia. Sin embargo, fue bloqueado por el máximo tribunal de ese estado días después.

Oklahoma, otra de las jurisdicciones a las que llega la ONG, ya había aprobado en mayo una de las medidas más restrictivas del país al prohibir el aborto desde el momento de la fecundación, salvo en casos en los que la vida de la madre corra riesgo o el embarazo sea consecuencia de una violación o del incesto. En Georgia, el derecho al aborto tuvo restricciones y se redujo a la sexta semana.

“Creemos que a pesar de que Estados Unidos parece ser un país progresista en tema de derechos, realmente no lo es. Se lo toma como referencia a muchas cosas, como si fuera lo más positivo, pero su sistema de salud no es el mejor porque es muy caro. No es tan accesible. Se lo ve como un país de primer mundo y ese progresismo tendría que reflejarse en derechos para humanos y humanas. Desafortunadamente, la agenda de las mujeres no se trata. Eso se vive en muchos países, las agendas no son prioridad. Aunque fueran prioridad lo serían para cierto tipo de mujeres no para otros grupos como son las que están en condición de inmigración, que son indocumentadas, de contexto latinoamericano”, afirmó Lira. 

Bloodys se mantiene con el trabajo de voluntarias y con el financiamiento de organizaciones nacionales e internacionales que buscan garantizar el derecho al aborto, “Impacta desde muchas raíces, no es solo abortar o no. De lo que menos se está hablando es de la salud y libertad sexual y reproductiva. Tendría que ser una de las bases, las mujeres como humanas tenemos derecho a vivir de manera integral y parte de eso es una actividad sexual bajo consentimiento de cada una. Cuando eso sucede se pueden dar casos de embarazo no deseado, aún bajo el uso de antifecundativos. Con o sin el uso hay un tema de embarazo no deseado, ahí es cuando viene la parte de decidir continuar con el embarazo o abortar”, afirmó la fundadora.

“También tenemos que hablar de los embarazos no deseados, cuando no hay consentimiento, cuando hay violación y de eso no se está hablando. Tiene muchas raíces de lo que la gente quiere ver”, finalizó. 

CDB/MG

El caso de una niña de 10 años en Ohio, embarazada de seis semanas tras ser víctima de una violación, que no pudo abortar en su propio estado y se vio obligada a viajar a Indiana para someterse a la intervención, puso de manifiesto la impactante repercusión de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el aborto.

La historia de la niña salió a la luz tres días después de que el Tribunal anulara el derecho a la interrupción del embarazo en todo el país, y entrara en vigor, según la legislación de Ohio, la activación automática de la prohibición de abortar a partir de las seis semanas en este estado del Medio Oeste.

La doctora Caitlin Bernard, ginecóloga-obstetra de Indianápolis, dijo que había recibido una llamada de un colega médico de Ohio que trata a víctimas de abusos infantiles pidiéndole ayuda. Los legisladores de Indiana todavía no prohibieron o restringieron el aborto, pero es probable que lo hagan cuando se convoque una sesión especial de la asamblea estatal a finales de este mes.

Los médicos que practican abortos como Bernard dicen que están notando un fuerte aumento en el número de pacientes que acuden a sus clínicas para abortar desde los estados vecinos donde estos procedimientos están ahora restringidos o prohibidos.

“Es difícil imaginar que en unas pocas semanas no podremos ofrecer esa atención”, dijo Bernard al diario de Ohio Columbus Dispatch.

Equilibrios de antiabortistas

Pero el caso de la niña de 10 años colocó a destacadas figuras políticas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo en la tesitura de equilibrar los derechos de las mujeres y las niñas -incluidas las víctimas de abusos- al tiempo que defienden las restricciones al aborto.

La gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, mencionada como posible candidata a vicepresidenta con Donald Trump en 2024, dijo este domingo en una entrevista en la CNN que le parecía “increíble” que “nadie esté hablando del individuo pervertido, horrible y trastornado que violó a una niña de 10 años”.

El aborto es ahora un acto criminal en Dakota del Sur “a menos que exista un juicio médico apropiado y razonable de que la realización de un aborto es necesaria para preservar la vida de la mujer embarazada”. Los casos de incesto y violación no son una excepción según la actual ley de Dakota del Sur.

Este viernes, el estado también prohibió el aborto médico por telemedicina y aumentó la pena por la práctica de la medicina sin licencia cuando se realizan abortos.

Dana Bash, presentadora de la CNN, preguntó a Noem si era correcto que una niña de 10 años, víctima de violación y embarazada, tuviera que cruzar las fronteras del estado para someterse a un aborto legal.

En un intento de desviar la pregunta, Noem dijo que la violación de niños es “una cuestión que el Tribunal Supremo ha sopesado... también”, y añadió que el público debería también “dirigirse a esos individuos enfermos [que] hacen esto a nuestros niños”.

Tras ser preguntada sobre si intentaría cambiar la ley si se produjera un caso similar en su estado, Noem respondió: “No creo que una situación trágica deba perpetuarse con otra tragedia. Hay más cosas que tenemos que hacer para asegurarnos de que realmente vivimos una vida que dice que toda vida es valiosa, especialmente las vidas inocentes que han sido destrozadas, como la de esa niña de 10 años”.

A la pregunta de si la niña debería tener el bebé, Noem dijo que “cada vida es valiosa. Esta tragedia es horrible. Pero, en Dakota del Sur, la ley actual es que los abortos son ilegales, excepto para salvar la vida de la madre”.

Pero preguntada sobre si permitir que se practique un aborto a una niña de 10 años se consideraría proteger la vida de la madre, Noem no descartó esa interpretación.

“Sí, en esa situación, el médico, la familia, las personas más cercanas tomarán las decisiones por esa familia”, dijo, volviendo al tema que para muchos republicanos es el eje central del debate sobre el aborto.

Traducción de Lara Lema

Una niña de diez años que estaba embarazada de seis semanas como consecuencia de una violación tuvo que trasladarse fuera del estado de Ohio, en Estados Unidos, debido a que a finales de junio entró en vigor la prohibición del aborto a nivel estatal a partir de la sexta semana tras la decisión del Tribunal Supremo de suprimir el derecho al aborto a nivel federal.

La niña tuvo que viajar al estado de Indiana tras la negativa a practicar la interrupción del embarazo en su estado natal, cuando el pasado lunes una ginecóloga determinó que estaba embarazada de seis semanas y tres días, según informó el diario “Indianapolis Star Tribune”.

La ley estatal prohíbe los abortos a partir de la sexta semana, cuando se prevé que el feto empieza a tener latido.

La norma ya fue recurrida, pero el Tribunal Supremo de Ohio dictaminó su vigencia hasta que se resuelvan los recursos, informó el diario “The Cincinnati Enquirer”.

Indiana también está tramitando una ley estatal del aborto y hay prevista una sesión del congreso estatal para el 25 de julio en la que la mayoría republicana previsiblemente impondrá nuevas restricciones, consignó la agencia DPA.

Los sanitarios de Indiana detectaron un incremento de los pacientes procedentes de otros estados que piden la realización de abortos porque en sus lugares de origen ya está prohibido.

CRM con información de la agencia Télam

En los últimos 30 años hubo ocho elecciones presidenciales en Estados Unidos y el Partido Republicano solo fue el más votado en una de ellas. A pesar de eso, el sistema electoral le permitió controlar la Casa Blanca durante casi la mitad de ese tiempo y construir una eficaz mayoría conservadora en el punto clave del poder estadounidense: el Tribunal Supremo. Nueve jueces a los que nadie puede obligar a retirarse, salvo que cometan un delito y que tienen la última palabra sobre qué es legal y qué no en EEUU.

La anulación de la protección nacional del derecho al aborto después de medio siglo es solo el último ejemplo de esa revolución conservadora impulsada por una minoría social, pero que cuenta con una mayoría donde más falta le hace. Los presidentes republicanos nombraron a 14 de los 18 últimos jueces que entraron en el Tribunal Supremo hasta crear el actual (des)equilibrio: seis jueces conservadores y otros tres considerados progresistas. 

Hace más de 50 años que el Tribunal Supremo de EEUU no tiene una mayoría de jueces designados por presidentes demócratas, pero hasta hace relativamente poco el sesgo ideológico era más moderado: no era raro que un juez nombrado por un republicano se uniera al lado progresista en asuntos muy politizados. El actual presidente de la corte, John Roberts, lo hizo para salvar la reforma sanitaria de Obama en 2021 y el juez Anthony Kennedy, para legalizar el matrimonio gay. Los habían nombrado George W. Bush y Ronald Reagan.

Todo cambió en 2016. Los republicanos bloquearon durante casi un año la renovación de una vacante para que Barack Obama no pudiera nombrar un juez durante su último año en la Casa Blanca. Gracias a la estratagema, en solo cuatro años de mandato, Donald Trump nombró a tres jueces y amplió la mayoría conservadora sustituyendo a la progresista Ruth Bader Ginsburg tras su muerte. Ni así consiguió que la corte apoyara su teoría de la conspiración de que había perdido por un “fraude electoral masivo”, pero dejó una mayoría claramente conservadora que está teniendo consecuencias muy reales en la vida política de EEUU.

El aborto y todo lo demás

Aunque la decisión más sonada es la anulación de la protección nacional del derecho al aborto, el ala conservadora está haciendo avanzar la agenda republicana en muchos otros ámbitos: solo este año bloqueó los intentos de varios estados de restringir mínimamente el acceso a las armas y redujo enormemente la capacidad del Gobierno federal de limitar las emisiones contaminantes, haciendo imposible el objetivo de Joe Biden de reducirlas a la mitad para el año 2030. 

Muchas de las decisiones más importantes del Tribunal Supremo se siguen tomando por mayorías que van más allá de la división entre jueces conservadores y progresistas, pero las últimas sentencias hacen temer a millones de estadounidenses por otros derechos fundamentales. El juez Clarence Thomas, uno de los más derechistas y cuya esposa participó en la conspiración para declarar a Trump ganador de las últimas elecciones, señaló explícitamente en la sentencia que los mismos argumentos legales que se usaron para el aborto se podrían aplicar para dar marcha atrás en la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo o los anticonceptivos. 

El juez Thomas tiene, como muchos de sus colegas conservadores, una visión “originalista” del derecho. Es decir, cree que la Constitución debe ser interpretada de forma literal y acorde al pensamiento con el que se redactaron los artículos y las enmiendas en su momento. Dado que el grueso del texto fue redactado en 1787, para estos jueces no existe ningún derecho que no fuera reconocido ya en el siglo XVIII o que se haya establecido posteriormente mediante una enmienda específica. Thomas, que es afroamericano, cree por ejemplo que la segregación por razas en la educación es ilegal, pero discrepa con el razonamiento legal de la sentencia que así lo estableció.

Muchos demócratas, hartos de la mayoría conservadora casi permanente en el Tribunal Supremo y de sus consecuencias, piden que se amplíe por ley su número de miembros y permita así a Biden nombrar otros jueces y cambiar los equilibrios de poder. Tanto el presidente como los estadounidenses, según las encuestas, están en contra de ese movimiento.

CHE

En Estados Unidos, se calcula que casi una de cada cuatro mujeres afronta un aborto a lo largo de su vida. Son cerca de una cuarta parte que ya no podrá acceder a este derecho en donde reside y que, en su lugar, deberá correr graves peligros para decidir de forma autónoma sobre su cuerpo a partir del fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que pone fin al derecho al aborto legal y seguro en todo el país. No hay palabras para describir lo que sentimos. O más bien, sí, pero son tantas que ninguna llega a expresar de forma íntegra lo que nos pasa frente a lo que ocurre y lo que puede suceder a continuación. Bronca, miedo, defraudación, incertidumbre, tristeza…

El principal argumento de la mayoría de los jueces del tribunal —tres votaron en disidencia— para derogar el derecho al aborto legal y seguro es que no figura como tal, de modo explícito, en la Constitución. Aseveran que tampoco tiene arraigo en la historia y tradición de los Estados Unidos ni pertenece al conjunto de derechos “implícitos en el concepto de libertad ordenada”, como otros basados en la cláusula que consagra la libertad en la vida privada. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, indicaron los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y la jueza Amy Coney Barrett, en su posición mayoritaria.

Paradójicamente, fue la Corte Suprema de los Estados Unidos —otra Corte, a las claras— la que marcó un camino hace 50 años con su fallo Roe v. Wade, de 1973, al que le siguió Planned Parenthood v. Casey, en 1992, para apuntalar el derecho al aborto legal y seguro en todo el país hasta la semana 24. Así y todo, nunca consiguió consolidarse en una ley de carácter federal que pusiera punto final a las múltiples embestidas judiciales posteriores. Mientras tanto, numerosos gobiernos conservadores impulsaron leyes estatales para delimitar la interrupción voluntaria del embarazo, poniendo plazos imposibles para su acceso. Prohibiciones tácitas en la práctica. Esta decisión de la Corte es, de hecho, la respuesta a un recurso presentado por Mississippi, y habilita a que cada estado decida por su cuenta.

La contraofensiva conservadora ya empezó. A poco de conocerse la sentencia, el fiscal general de Missouri declaró que su estado era el primero en prohibir de forma efectiva el aborto. La fiscal general de Louisiana no demoró en seguirlo. Solo en lo que va del año, Florida, Arizona y Kentucky aprobaron leyes que limitaban el aborto a las 15 semanas. Idaho lo redujo a las primeras seis. Oklahoma y Wyoming firmaron normas que directamente lo prohíben a menos que sea para salvar la vida de la persona embarazada. Ni siquiera contemplan excepciones como los casos de violación e incesto, presentes en otros estados. En 2021, Texas también fue por el veto absoluto; Carolina del Sur, desde el primer latido, y Arkansas, solo contempla los casos en los que peligra la vida de la persona gestante.

Hasta 26 estados cercenarían de forma total o parcial este derecho a partir de ahora, según el Guttmacher Institute, especializado en este tema. Muchas de estas normas se encontraban en estado de latencia, o bloqueadas por la Justicia, a la espera de que Roe v. Wade perdiera su escudo constitucional. Ahora que lo impensado finalmente pasó, lo que asoma es un horizonte de formidable perplejidad respecto a lo que sucederá en cada estado en particular y cómo eso impactará sobre la otra mitad del país donde el aborto seguro y legal seguirá siendo un derecho adquirido, por ahora.

Implicancias

Parece sorprendente frente a lo que acontece, pero todavía somos mayoría los que defendemos este derecho. Siempre lo fuimos. En 1973, el 52% de las personas consultadas en Estados Unidos en una encuesta de Louis Harris & Associates apoyó la primera resolución favorable de la Corte. Y esa postura se mantuvo constante e incluso con mejores niveles de aceptación en las décadas posteriores. En mayo último, tras filtrarse la posible opinión contraria al fallo, NBC News arrojó que el 63% de los y las estadounidenses no querían que se anulara. 

Así y todo, la Corte Suprema falló a contramano de la mayor parte del sentir popular, marcando un hito sombrío en la historia de ese país a partir del cual millones de personas que pueden quedar embarazadas enfrentan ahora un futuro en el que ya no podrán tomar decisiones profundamente personales que afecten sus cuerpos, su futuro y el bienestar de sus familias. Peor aún, la alternativa que se abre y que conocemos bien en Latinoamérica, y la Argentina en particular, es un sendero tan oscuro como peligroso: la práctica de abortos de forma clandestina, sin las condiciones mínimas de salubridad.

Tampoco se puede evitar una lectura profundamente racista y clasista en este fallo porque son esos grupos históricamente vulnerados en los Estados Unidos los que se verán desproporcionadamente afectados con esta decisión. No hace falta revisar mucho tiempo atrás para evidenciar el desigual acceso al sistema sanitario en aquel país que la pandemia expuso con una proporción mayor de víctimas afroamericanas e hispanas. En este sentido, el fallo de la Corte constituirá, de mínima, una violación del derecho a la vida y de la prohibición de la tortura. De máxima, puede representar una sentencia de muerte.

Por todo ello, sería un error pensar que esta decisión se circunscribe solo aquellas personas con capacidad de gestar. Al contrario, un retroceso en el plano de los derechos humanos es un revés de la sociedad en su conjunto. El fallo del máximo tribunal de los Estados Unidos no se puede aislar de un contexto ni de un proceso con décadas ansiando controlar los cuerpos y la voluntad ajena e imponer una cosmovisión fundamentalista sobre las relaciones sociales. Librados ya de cualquier dique legal, lo que puede venir es un tsunami ultraconservador que busque criminalizar el aborto y arrasar también con otros derechos humanos como el acceso al control de la natalidad, el género y la igualdad matrimonial y demás leyes contra la discriminación.

“La única justificación para lo que la mayoría hace hoy es que el derecho a abortar no está 'profundamente arraigado en la historia'”, escribieron las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan y el juez Stephen Breyer en su voto en disidencia. “La mayoría podría escribir una opinión igual de larga, por ejemplo, mostrando que hasta mediados del siglo XII 'no había apoyo en la ley estadounidense para un derecho constitucional a obtener anticonceptivos'”, alertaron. Por lo que, “o bien la mayoría no cree realmente en su propio razonamiento. O si lo hace, todos los derechos que no tienen historia desde mediados del siglo XIX no están garantizados. O bien el fundamento de la opinión de la mayoría es hipocresía u otros derechos constitucionales están amenazados. Es una cosa o la otra”.

Lo que resulta más inquietante, son las implicancias más extendidas en el resto del mundo donde se intenta instalar la misma agenda reaccionaria. La anulación de Roe v. Wade es el símbolo de una gran regresión en todo el mundo y va a contramano de la Marea Verde que inundó la Argentina, México y Colombia y hasta alcanzó costas tan lejanas como la de Irlanda. Esta contraofensiva, sin dudas, funcionará como inspiración para todos aquellos actores que siguen ensayando modos de frenarla, un terrible ejemplo tanto para gobiernos como organizaciones anti-derechos cuya prédica y acción se centra en negar los derechos de las mujeres, las niñas y personas gestantes así como de otros colectivos sociales. 

Frente a tremendo escenario, nuestro país y América Latina quedan a la vanguardia de este debate imprescindible para impulsarlo donde no existe ley todavía o resistir su anulación donde la haya, traccionando la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía reproductiva y la justicia social y de género. Nuestra experiencia demuestra que la Marea Verde es imparable, sin importar los obstáculos que se crucen en el camino. Nadie está solo en esta pelea.

En la carrera de Filosofía  había una profesora, Silvia Magnavacca, que empezaba todas sus cursadas de Historia de la Filosofía Medieval pidiendo que levantaran la mano por un lado los que pensaban que existía la amistad porque existían los amigos y por otro los que pensaban que existían los amigos porque existían. A los primeros les decía que serían aristotélicos; a los segundos, que serían platónicos. En su momento me pareció que era una buena forma de explicarlo. Hoy pienso que el gesto era todavía más interesante: Magnavacca nos estaba diciendo que hay creencias que no se eligen, que una no acepta solamente las teorías que quiere sino las que puede. Que hay cosas que no tienen que ver tanto con la calidad de los argumentos sino más bien con la personalidad, esa mezcla de azar, circunstancias de nacimiento y tiempo transcurrido en el mundo. 

Estoy bastante segura de que debo haber levantado la mano en la sección de los que dicen que existe la amistad porque existen los amigos, porque mi primera intuición (por judía, por testaruda, por chica de barrio de comerciantes, por militante de esta tierra y esta vida, del vaso medio vacío pero que se puede tomar ahora, del pájaro en mano) es siempre el materialismo, la realidad de las cosas por sobre la de las ideas ante todo, pero si es cuestión de confesar tengo un temperamento vergonzosamente universalista. Cuando me empecé a interesar por el feminismo en la adolescencia y me enteré de que el aborto era legal en los Estados Unidos gracias a un fallo que tenía nombre y apellido, el nombre y apellido de una mujer real (bueno, en realidad, el seudónimo de una mujer real) que no llegó a utilizar el derecho que contribuyó a establecer para todas las mujeres de su país, me obsesioné con la fragilidad de las cosas, con lo azaroso de todo esto que somos nosotros: me parecía increíble que un derecho dependiera de un caso individual, la idea de que si esa mujer no hubiera existido ese derecho podría no haber existido. Hoy pienso que esto es así, pero también no es así. Todas nuestras conquistas son profundamente frágiles, tanto en el sentido de que pueden desaparecer en cualquier momento como en el hecho de que sus orígenes reposan en algún grado de casualidad: un caso que moviliza al país, la composición de una Corte Suprema, una coyuntura que hace posible conseguir una mayoría. Hay que aceptar, y no digo que sea fácil, que las cosas más importantes que tenemos (derechos, libertades, amores, países) las tenemos casi de milagro. Esto es así, pero también no es así. Antes de Roe hubo otros casos que allanaron el camino. Antes de la IVE, estuvo el fallo FAL. Y antes de Dobbs hubo oportunidades que el Partido Demócrata eligió no tomar, decisiones que hicieron que esto que hoy algunos pintan como fatalidad fuera casi absolutamente predecible. La vida, y la política es parte de la vida, es básicamente eso, una combinación inexorable de suerte y construcción. No importa que las cosas sean verdaderas o que las cosas sean justas, y no importa la cantidad de veces que se repita que las cosas son verdaderas o justa: lo que pasa depende de otra cosa.

Leo distintas convocatorias del feminismo norteamericano, a hacer lobby, a romper todo, a autoflagelarse; distintas formas del argumento de quien tiene un martillo y todo se le vuelve clavo. Leo, también, acusaciones cruzadas de fatalismo y pronósticos fatalistas. Están quienes dicen que no es tan grave, que no va a ser tan grave: que quien no pueda hacerse un aborto en Texas va a poder tomarse un avión y hacerse uno en Nueva York. Por supuesto que cualquier persona puede deducir que las mujeres que necesitan un aborto legal (es decir, las que no pueden pagar de bolsillo uno clandestino que además sea seguro) suelen estar bastante complicadas para hacer sus valijas y tomarse un avión como si fueran celebrities de Colegiales yendo a pasar el verano a Barcelona. Están quienes dicen que esto devuelve a Estados Unidos al mundo antes de Roe y están quienes dicen que será peor, que en la era de la vigilancia el hecho de googlear “misoprostol” va a ser evidencia para criminalizarte (no es paranoia: en su artículo en The New Yorker Jia Tolentino explica que esto ya ha sucedido, que el público pro-choice de las grandes ciudades no vio el avance de la criminalización del aborto para las mujeres más pobres en otras partes del país). Están quienes dicen que esto le pasa al progresismo por concentrarse en las cosas no importantes y no ver el regreso de la derecha, cuando la verdad es que todos lo vimos pero aunque no lo confesemos nadie sabe exactamente qué hay que hacer con eso. Estoy a favor de la estrategia de tocar todos los botones al mismo tiempo como en el Mortal Kombat, porque de verdad estamos perdidos; y también porque recuerdo otra cosa que aprendí en la facultad, y es que aunque a veces pensemos la justificación como algo que va de arriba hacia abajo, de las cosas importantes y básicas y fuertes e inconmovibles a las menos importantes y más flexibles, en realidad las formas de la justificación que más me convencen son aquellas en las que queda claro que las creencias se apoyan entre ellas de un modo mucho más reticulado, enredándose de formas mucho más complejas e impredecibles entre lo supuestamente fundamental y lo supuestamente accesorio. Los edificios se derrumban por cualquier parte; los incendios empiezan por los lugares más insospechados. Y rara vez se contienen con la indiferencia o la persistencia de lo mismo.

TT