A las nueve de la mañana del pasado 2 de marzo, Alicia García-Raboso esperaba frente al número 66 de la madrileña calle Pradillo. Las oficinas del Registro Civil estaban a punto de abrir y no quería perder ni un minuto. No era un día cualquiera, era el primero de entrada en vigor de la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la conocida popularmente como Ley Trans, y Alicia se convirtió en una de las primeras personas en ejercer su nuevo derecho y solicitar que en su DNI figure su nombre y una F en la casilla sexo sin aportar informes médicos.

Esta mujer trans madrileña se había dado de alta en el sistema de alertas diarias que el Boletín Oficial del Estado ofrece a la ciudadanía con las novedades legislativas que publica. No se le podía pasar una fecha tan importante. A sus 42 años empezó su transición pública, el año en que estalló la pandemia de coronavirus. Era 2020, pero prefirió esperar para la rectificación registral a que la nueva ley estuviera aprobada. “Con ella somos reconocidas por el Estado como personas válidas, por primera vez no se nos trata como enfermas. Y es que de hecho es todo lo contrario, yo soy una persona mucho más sana y feliz desde que me descubrí a mí misma”, sostiene.

La nueva ley cambió el procedimiento con el que las personas trans pueden modificar su sexo legal en España y acabó con los requisitos médicos –dos años de hormonación y presentar un informe diagnóstico de “disforia de género”– exigidos desde 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley de identidad de género. Aquella legislación fue considerada un hito histórico porque hasta entonces solo era posible cambiar los datos tras haberse sometido a una cirugía genital y obtener una sentencia judicial favorable, pero las personas trans seguían reclamando la autodeterminación de género como meta, es decir, que pudiera hacerse únicamente en base a la libre voluntad.

La norma, que nació rodeada de un profundo conflicto político y feminista que aún se mantiene, va a hacer cuatro meses que está en vigor, pero no se sabe hasta cuándo. Las elecciones generales del próximo 23 de julio dibujan un horizonte delicado para los derechos LGTBI ante la posibilidad de que al Partido Popular y Vox les alcancen los números para gobernar. La extrema derecha ha recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional y Alberto Núñez Feijóo ya ha anunciado que la derogará. “Es más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carnet de conducir”, justificó. Por su parte, en Madrid, Isabel Díaz-Ayuso reformará la ley trans autonómica bajo el pretexto de “no hacer ingeniera social”.

Así arranca este año el Orgullo LGTBI más político, con la vista puesta en reclamar la importancia de los derechos LGTBI y evitar el posible retroceso. Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) advierte sobre “el limbo en el que pueden quedar derechos que ahora tienen que implantarse” y llama a mirar hacia afuera, a los países inmersos en una ofensiva antiderechos como Hungría, Polonia, Estados Unidos o Italia, donde la Fiscalía de Padua acaba de ordenar que en las familias de dos mujeres se elimine a las madres no biológicas de las partidas de nacimiento tras una orden del Gobierno ultraderechista de Giorgia Meloni.

“Hay mucha incertidumbre y miedo”

Cambiar el sexo legal con la nueva Ley Trans no es automático. No hay requisitos médicos, pero sí un procedimiento detallado. Una instrucción reciente del Ministerio de Justicia especifica que la comparecencia en el Registro Civil, que es doble, se hará en un espacio reservado e íntimo y las preguntas “se limitarán a las cuestiones necesarias” para verificar la voluntad de la persona. El encargado “velará por que no se produzca fraude de ley o abuso de derecho” y el encargado del Registro deberá informar al solicitante “de las consecuencias jurídicas de la rectificación” y las medidas de asistencia a su disposición.

Alicia, que hizo la primera comparecencia a la que obliga la ley el mismo día que entró en vigor, aún no tiene su nuevo DNI en sus manos. El proceso consta de dos comparecencias separadas por un máximo de tres meses, un mes más para resolver y esperar a que se emita el carnet de identidad. “A mí me ha ido fenomenal, cuando fui los encargados del Registro Civil con toda su buena intención ya tenían un papel con cómo hacerlo todo, pero sé que hay gente que no ha tenido tanta suerte y solo para la primera comparecencia les han citado a meses vista”, explica Alicia.

Es el caso de Ekai Martínez Solano, un joven sevillano de 22 años que no tiene la primera comparecencia hasta el próximo mes de septiembre. Acaba de conseguir un hueco tras llevar desde abril intentando pedir cita sin éxito debido al colapso del Registro Civil de Córdoba, donde estudia Psicología. Teme que una futura derogación de la Ley Trans complique el proceso, o que incluso le obliguen a esperar dos años hormonándose. “Hay mucha mucha incertidumbre, en cualquier momento nos tiran esto para abajo y no sabemos qué podría pasar. Aunque dudo que lo hicieran de un día para otro, el miedo está ahí”, reconoce Ekai.

Miedo es la palabra que también repite Miguel Sáez García, que ya tiene el nombre cambiado pero espera a que le convoquen para la segunda comparecencia para cambiar su sexo legal. La primera la tuvo el 11 de mayo, así que la Administración tiene ahora tres meses de margen. Teme quedarse colgado a mitad de proceso si acabara derogándose la norma, “que me obliguen a ponerme un nombre femenino” o “que me dejen a medio camino”. Sería “muy frustrante”, asegura Miguel, de 31 años. “Yo no estoy obligando a nadie a que se cambie de sexo o nombre pero quien no nos acepta si está prohibiéndomelo a mí”, defiende.

El abogado especializado en derechos LGTBI Saúl Castro describe el escenario en el que podría quedarse España. En caso de que se aprobara una ley cuyo único objetivo fuera derogar la actual, volvería a estar en vigor la anterior, la de 2007, que pedía un informe diagnóstico y dos años de hormonación. En ese caso, “habría una modificación de las reglas aplicables al procedimiento”, por lo que aquellos que estuvieran en marcha se verían sometidos a un cambio. “Los encargados de tramitar las solicitudes en los registros civiles deberían requerir a la persona solicitante para que acreditara los requisitos, y si no lo hiciera, se archivaría”, explica Castro.

Volver a la norma anterior es para las personas trans volver a patologizarlas y a “necesitar que una persona externa valide nuestra identidad como si fuera un examen”, lamenta Miguel, que lleva un año y seis meses hormonándose. Su salida del armario como hombre trans fue anterior, hace unos tres años, pero desde la infancia sabía que algo no iba bien. “Es una historia muy larga, de trabajo con la psicóloga y de búsqueda de mi camino. Empecé en un grupo de apoyo, y ahí no se fomenta la transexualidad ni estas cosas que dicen. De hecho hay gente que va y que ha visto que no es por ahí... Para mí ha sido liberador. Llevo toda la vida sin reconocerme mirándome al espejo y a partir de entonces empecé a verme. Puede ser una tontería y la gente se reirá, pero es así”, cuenta Miguel, que vive en el municipio valenciano de Chirivella.

Un aumento de los discursos de odio

Llevar un nombre y un sexo en el DNI, y por consiguiente en muchos otros documentos e inscripciones oficiales, con el que no te identificas es muy desagradable para las personas trans, que se enfrentan a situaciones incómodas o vergonzosas e incluso violencia y discriminación. A Ekai le ocurre en la Universidad, donde no tiene el nombre ni el sexo cambiado, así que “cada dos por tres” debe explicar la situación o “callar y aguantar”. Alicia anhela poder librarse “de ese viejo nombre” para dejar atrás las “situaciones violentas tanto para mí como para la persona que me atiende” que ha vivido, por ejemplo, en el centro de salud, donde la llamaban en la sala de espera por su nombre de nacimiento y debía levantarse ante las miradas a su alrededor.

Sin embargo, la rectificación registral no es lo único que las personas trans creen que está en juego el próximo 23 de julio. Y de lo mismo advierte Amnistía Internacional, que no solo señala los riesgos de derogar la autodeterminación de género, sino el “aumento de los discursos de odio hacia el colectivo LGTBI”, por lo que ante las próximas elecciones ya ha pedido a los candidatos mantener a nuestro país “junto a los países europeos que respetan derechos LGBTI” y avanzar en la línea de consolidarlos.

Para Alicia, el problema es que “se han alimentado los discursos de odio contra las personas trans y pensar en un posible retroceso en este sentido haría que se legitimara esa visión, la que directamente aboga por la no existencia de las personas trans, que busca nuestra eliminación y que desaparezcamos del mapa”. Cree que las personas trans están siendo utilizadas “como caballo de batalla de una guerra cultural global y en España hemos conseguido a nivel legal quedarnos del otro lado de la ola, pero da mucho miedo que nuestro país acabe entrando”.

Entre los discursos que acaban impactando directamente en la vida de las personas trans Ekai menciona precisamente el de Feijóo afirmando que es más fácil cambiarse de sexo que sacarse el carnet de conducir. El joven lo califica de “doloroso” y lamenta que haya una parte del discurso público que se centre en banalizar las experiencias trans porque “normalmente seguimos un camino complicado hasta llegar aquí y por mucho que digan no pasa de la noche a la mañana que te levantas un día y dices 'soy trans'”, añade Ekai, que está preocupado porque esta idea “acabe calando en la gente”.

Celebrar las vidas trans

Al contrario de lo que suele pensarse, el proceso para reconocerse tal cual es ha sido complejo y repleto de dudas. “De pequeño ni me lo planteaba, yo pensaba que era un niño, pero no fue hasta los 16 o 17 años cuando lo verbalicé por primera vez”, explica. En el medio, una enfermedad grave le mantuvo “en una burbuja médica” hasta la adolescencia y al salir de ella “me vino de nuevo”, pero “a medida que vas creciendo más piensas que es un problema”. El miedo al rechazo le paralizó, tenía “aversión” a ser trans, pero finalmente fue capaz de decírselo a una amiga en primer lugar y después a su familia. “Mi madre tuvo miedo al principio pero siempre me apoyó, incluso cuando estuve en búsqueda del nombre me hizo un PDF con posibilidades”, afirma el joven.

Alicia también tiene una experiencia positiva en su entorno más cercano. Y eso a pesar de que actualmente no es tan habitual iniciar la transición más allá de los 40, como es su caso. En el banco en el que trabaja lo primero que hizo al volver a la oficina tras la pandemia es ponerse en contacto con el grupo interno LGTBI y a partir de ahí hablar con sus jefes y compañeros e incluso ha impulsado una guía interna para gestionar casos de transición como el suyo que desde entonces se ha usado en alguna otra ocasión con el objetivo de que estas personas sean tratadas internamente independientemente de lo que digan sus documentos legales.

A nivel familiar ha sido parecido. “Ha habido lógicamente un proceso de encajarlo todo, pero no ha sido un drama ni un conflicto. Mi pareja, que es psicóloga, me ayudó a buscar apoyo especializado y ha sido un pilar fundamental”, explica. Su hija, que ahora tiene cuatro años, sabe que se llama Ali y “tiene perfectamente claro que soy una chica” aunque para ella sigue siendo su papá. “El término mamá es de mi pareja, yo no lo quiero. Cuando tengo que llamar al cole y lo digo supongo que se les volará la cabeza”, ríe. La experiencia trans, dice, “es dura” y “en ella hay violencia”, pero “hay cosas positivas y debemos también representarnos como vidas a celebrar”. Y eso a pesar de lo que esté por venir: “No vamos a dejar de existir, hemos existido siempre y lo vamos a seguir haciendo aunque nos resulte más difícil”.

La ley que parecía que no saldría, la que tensionó como nunca a los socios del Gobierno, abrió una brecha en el PSOE y dividió al movimiento feminista ha superado hoy su último paso, el definitivo, en el Congreso, que en una misma sesión ha respaldado también la reforma del aborto. Conocida popularmente como Ley Trans, la Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, cuyo corazón y punto más polémico es la autodeterminación de género, ha sido respaldada por la mayoría de grupos.

La norma ya fue aprobada en la Cámara Baja el pasado diciembre y tras pasar por el Senado los grupos han votado solo las enmiendas que quedaban vivas. El visto bueno se produce cinco años después del primer intento de dar luz verde a la autodeterminación, en ese caso impulsada por el PSOE, y tras dos años desde que el Ministerio de Igualdad presentara un primer borrador de texto, del que el ala socialista del Gobierno se distanció al momento. El debate sobre si las personas trans deben poder modificar su sexo legal sin requisitos se enquistó en el seno del Ejecutivo, pero finalmente acabó imponiéndose la versión legislativa defendida por Irene Montero y la autodeterminación, una lucha histórica de las personas trans, será una realidad en España.

“La Ley Trans es ley”, ha terminado su intervención la ministra de Igualdad dirigiéndose a los colectivos y activistas, visiblemente emocionados, que aplaudían desde la tribuna. Para Montero se trata de “una de las leyes más importantes de la legislatura” que “amplía las posibilidades de felicidad” de la gente, parafraseando a José Luis Rodríguez Zapatero durante la aprobación en 2005 del matrimonio igualitario. “Esta ley lo que permite es que todo el mundo pueda ser quien es sin culpa, sin miedo y sin discriminación” y que el Estado “se lo reconozca”, ha añadido antes de pedir perdón por “no haber podido evitar” que “los bulos y los discursos tránsfobos y LGTBIfóbicos se abrieran paso” en el debate.

La mayoría de la cámara ha defendido el texto aprobado como un avance de derechos para las personas LGTBI y especialmente para las personas trans que aún hoy enfrentan elevados niveles de discriminación, algo que han recordado varios grupos. Un 63% de ellas en España ha sufrido discriminación en su vida cotidiana y cuatro de cada diez se han encontrado con obstáculos a la hora de buscar un empleo, según la última macroencuesta europea. Además, otros datos apuntan a que un tercio de las personas LGTB no va a algunos lugares por miedo y la mitad de quienes tienen pareja evita darse la mano en público.

[la ley ] no va contra nadie, no resta sino que suma, no divide sino que pretende multiplicar a pesar de lo que digan algunas personas y colectivos

Joseba Agirretxea — diputado PNV

“Un hito histórico en la lucha para los derechos de las personas trans”, se ha referido a la norma Bel Pozueta, de Bildu. “Un país donde las personas LGTBI pueden ser sin miedo es un país mejor, debemos tenerlo claro. Y es también una lucha feminista, antirracista y por la justicia social”, ha añadido Mar García Puig, diputada de En Comú Podem. Para el peneuvista Joseba Agirrtexea se trata de una ley que “va a dotar de derechos a gente que no los tenía” y que “no va contra nadie, no resta sino que suma, no divide sino que pretende multiplicar a pesar de lo que digan algunas personas y colectivos”.

Y es que la aprobación de la norma se ha producido entre la celebración de los colectivos LGTBI y parte del feminismo, que ven en ella una conquista social histórica, y la oposición de otra parte del movimiento, que argumenta que colisiona con los derechos de las mujeres. Una idea cuyos ecos solo los defienden hoy como partido en el Congreso el Partido Popular y Vox y que rechazan de plano los aliados parlamentarios.

La brecha en el PSOE

Para el PSOE, inmerso en un debate interno, ha sido una cuestión especialmente delicada, pero la diputada Raquel Pedraja ha utilizado su turno para celebrar que la ciudadanía “ve hoy mejorados sus derechos y que España es un país mejor, más justo y más igualitario”. La socialista ha enumerado varias medidas de la norma, entre ellas el estudio del sexilio o el sinhogarismo LGTBI o la obligación de que las empresas cuenten con planes de igualdad, incluidas “gracias al trabajo del PSOE” vía enmiendas, ha añadido Pedraja, que no ha hecho ninguna referencia al cambio de sexo legal.

El procedimiento que establece la nueva legislación cambiará en España. Si hasta ahora, en base a la ley de 2007, las personas trans debían aportar un informe que les diagnosticara disforia de género y que acreditara dos años de hormonación obligatoria para poder modificarlo, ahora estos requisitos se eliminarán. Y se regulará en tres tramos: sin condiciones para los mayores de 16 años, con consentimiento de sus progenitores entre los 14 y 16 y con aval judicial para los que tienen entre 12 y 14. El proceso dependerá de una doble comparecencia, ya que la solicitud debe repetirse a los tres meses.

No ha servido de nada recordar que los convenios internacionales piden que no haya límites de edad en la autodeterminación

Pilar Calvo — diputada de Junts

Una regulación que ha desatado enormes diferencias entre los socios del Gobierno hasta el punto de parecer irreconciliables. Los socialistas defendían que la norma debía dotarse “de mayor seguridad jurídica” y llegaron a proponer que el proceso se llevara a cabo con testigos, pero al final aceptaron la autodeterminación de género sin condiciones. Las cesiones de Igualdad pasaron por circunscribir el cambio de sexo legal a los mayores de 12 años, pues en su primer borrador no había límite de edad, y que los que tienen entre 12 y 14 necesiten la autorización del juez, así como vetar el reconocimiento de las personas no binarias que también se contemplaba tímidamente en el texto que salió del departamento de Irene Montero.

Estas son algunas de las “cuestiones pendientes” que han reclamado algunos partidos como ERC o Junts, para los que la norma se queda corta en este sentido. “No ha servido de nada recordar que los convenios internacionales piden que no haya límites de edad en la autodeterminación”, ha lamentado la parlamentaria de Junts Pilar Calvo. Por su parte, María Dantas, de ERC, ha afeado al PSOE que “haya impuesto su voluntad con apoyo de la derecha y ultraderecha” para impedir la aprobación de la enmienda referida a las personas no binarias.

Un “remake” de la ley del 'solo sí es sí' para la derecha

Tanto PP como Vox han sido claros en su oposición a la ley, que la extrema derecha ha prometido derogar “si Dios quiere” desde el Gobierno, ha asegurado la diputada María de la Cabeza Ruiz, que ha advertido de que la nueva regulación “destrozará para siempre la vida de muchas personas, niños y familias” y ha acusado al Ejecutivo de “fomentar la transexualidad” y empujar a los menores a “mutilar su cuerpo”. Un punto al que ha respondido después Irene Montero: “Dejen de decir que vamos a obligar a los niños a hormonarse, es mentira, precisamente lo que hace esta ley es desvincular el reconocimiento de la identidad de esta obligación, que es lo que exigimos ahora a las personas adultas”.

Por su parte, los populares también han advertido de las “consecuencias graves” que a juicio de María Jesús Moro conllevará la norma cuando entre en vigor y ha apelado a “mirar a Escocia”, donde la primera ministra Nicola Sturgeon ha dimitido tras caer su popularidad entre otras cosas por la aprobación de la ley de autodeterminación de género en el país, donde las quejas han arreciado tras el caso de una mujer trans condenada por violar a dos mujeres trasladada a una prisión femenina. “Y su dimisión ¿para cuando ministra?”, le ha lanzado Moro a Montero, que ha definido la norma como “un remake de la ley del sólo sí es sí” que traerá consigo “un nuevo e insoportable conteo de víctimas”.

Además del cambio de sexo legal, la legislación despliega un marco integral de medidas. Entre ellas, el fin del matrimonio obligado para parejas de mujeres que quieran filiar a sus hijos e hijas, la prohibición de las terapias de conversión, protocolos para las personas trans e intersexuales en el ámbito de la salud, la obligación de impulsar planes de igualdad LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores o el fomento de encuestas y estudios sobre la situación de las personas LGTBI.

Salvo sorpresa de última hora, el Congreso aprueba este jueves la ley trans. La tramitación de la norma, que consagra la autodeterminación de género, supuso un conflicto político entre los socios de Gobierno que llegó a parecer irreconciliable. Dos años después del primer borrador, el Ejecutivo ha resuelto, al menos en la práctica, sus tensiones al respecto, pero no así el movimiento feminista, que sigue profundamente dividido. Este será el segundo 8M con dos convocatorias diferentes de manifestación, y la división responde, fundamentalmente, al conflicto surgido alrededor de la norma que saldrá hoy adelante definitivamente en el Congreso y también de la disputa política que la ha rodeado.

Era uno de los puntos que PSOE y Unidas Podemos incluyeron en su acuerdo de Gobierno: una ley trans. Los antecedentes no parecían augurar un gran conflicto. Tres años antes de la coalición, en 2017, el grupo socialista presentó una proposición de ley en el Congreso que reconocía la libre autodeterminación del género. Ese era el corazón del texto que el Ministerio de Igualdad de Irene Montero presentaría ya en 2021.

La autodeterminación de género de las personas trans es el derecho a modificar el sexo legal en base a su libre voluntad. Desde 2007 ya hay en España una ley sobre identidad de género que permite el cambio en el DNI, pero impone como requisitos dos años de hormonación y un informe diagnóstico de disforia de género. La llamada Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI que se aprueba este jueves establece que entre los 12 y 14 años el cambio de sexo legal puede ser posible con aval judicial; entre los 14 y 16, con consentimiento de los progenitores, y a partir de esa edad, sin condiciones. El Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud llevan tiempo insistiendo a los Estados para que despatologicen el proceso de cambio de sexo legal.

En 2020, pocos meses después de la formación del Gobierno de coalición, estalló el conflicto a cuenta del proyecto de ley que preparaba el ministerio de Montero. En junio de ese año, el PSOE lanzaba un argumentario interno “contra las teorías que niegan la realidad de las mujeres” y que criticaba el derecho “a la autodeterminación sexual”.

“Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos. El denominado derecho a la libre determinación de la identidad sexual o 'derecho a la autodeterminación sexual' carece de racionalidad jurídica”, decía el argumentario, que fue difundido por distintas militantes socialistas en redes sociales. El conflicto se había fraguado de puertas adentro y había sido impulsado por un sector del feminismo tradicionalmente afín al PSOE –algunas de sus integrantes habían ocupado cargos socialistas o aún estaban en posiciones orgánicas– que pedía a su partido que fijara una posición crítica respecto a la autodeterminación de género.

Fue en febrero de 2021 cuando se conoció el primer borrador de la ley que había elaborado Igualdad. Inmediatamente después, el PSOE se desmarcó del texto, que, consideraba, solo reflejaba la posición de su socio de Gobierno y aún no había incluido las aportaciones de otros ministerios, como el de Justicia. La entonces vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, marcaba la postura de su partido: “Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, dijo en una entrevista en la Cadena SER.

Hasta ese momento, el PSOE había apoyado e impulsado iniciativas similares en diez comunidades autónomas en las que ya regían leyes autonómicas que recogían el principio de autodeterminación de género, aunque sus implicaciones y alcance eran necesariamente diferentes a las que tendrá una ley estatal.

Punto de inflexión

La disputa feminista hizo que reconocidas políticas vinculadas al PSOE y otras veteranas académicas formaran nuevas asociaciones cuya razón de ser giraba en torno a la crítica a la ley trans, como la organización Contra el borrado de las Mujeres y, más tarde, el Movimiento Confluencia Feminista. Los 25N y 8M posteriores a la pandemia sirvieron para escenificar el desencuentro en el movimiento: convocatorias diferentes, lemas muy distintos. Si las posiciones del feminismo siempre fueron diversas, la disputa política, la pelea por la hegemonía en el movimiento y los tiras y aflojas internos de los partidos sirvieron para polarizar el debate y hacer muy difícil el encuentro. Los colectivos LGTBI se mostraron siempre muy críticos con las posiciones del PSOE, al que llegaron a amenazar con expulsarlo del Orgullo.

El punto de inflexión sucedió en verano de 2021. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció cambios en su gabinete y uno de ellos era la salida de Carmen Calvo. El PSOE celebró también su congreso, en el que las enmiendas impulsadas por un grupo de militantes que buscaban que el partido fijara una posición crítica con la ley trans no prosperaron. Por el contrario, la postura a favor de la autodeterminación de género ganó fuerza. Carmen Calvo, hasta ese momento secretaria de Igualdad de la formación, fue sustituida por Andrea Fernández, que ha defendido la necesidad de la norma tal cual se aprueba este jueves.

Varias exdirigentes socialistas críticas con la ley impulsaron la creación de la Asociación Española de Feministas Socialistas, mientras que un grupo de activistas e intelectuales formaron la agrupación Feministas al Congreso para configurarse como una alternativa a los partidos progresistas que apoyaban la autodeterminación de género.

En otoño de 2022, el PSOE anunció la presentación de enmiendas a la norma, que finamente se quedaron en una: que los menores de entre 14 y 16 años tuvieran que pedir permiso a un juez para cambiar de sexo. El pasado diciembre, la Comisión de Igualdad aprobaba la norma y rechazaba esa enmienda. Esa última tensión hizo que la histórica militante socialista Carla Antonelli se diera de baja del partido.

La aprobación definitiva de este jueves en el Congreso no cierra por completo ni el conflicto interno abierto en el PSOE ni las divisiones que existen en el movimiento feminista, que han vuelto a recrudecerse por la polémica creada con las revisiones de condenas a raíz de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. Sí es el punto de llegada de una negociación que en algunos momentos pareció imposible y, sobre todo, el punto de partida para que España empiece a aplicar una norma que converge con las recomendaciones internacionales y que es celebrada por todos los colectivos que agrupan y acompañan a las personas trans, también por una parte del feminismo que la considera una pieza más de la lucha.

Unas horas después de que la mayoría de los votantes en Reino Unido apoyara el Brexit en junio de 2016, la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, hizo un discurso para anunciar que lucharía para que Escocia se quedara en la Unión Europea y consideraría otro referéndum sobre la independencia para “proteger la posición” de sus ciudadanos. El 62% de los escoceses había votado en contra del Brexit en línea con los londinenses o los norirlandeses y en contraste con lo que votó la mayoría de la población en Inglaterra y en Gales. 

“Sacarnos de la UE en contra de nuestra voluntad es democráticamente inaceptable”, dijo entonces Sturgeon, que recordó que durante la campaña sobre el referéndum de independencia en 2014 uno de los argumentos a favor de quedarse en el Reino Unido era que así no se pondría en riesgo la permanencia de Escocia en la UE. Aquella mañana de junio de 2016, Sturgeon insistió en que estudiaría “todas las opciones” para asegurar la “continuidad” de Escocia en la UE y dijo que esperaba que el Gobierno británico no tomara ninguna decisión sin involucrarla y que quería estar en todas las negociaciones. 

Sus deseos no se cumplieron. Sturgeon no logró que Escocia se quedara en la UE, no pudo convocar otro referéndum sobre la independencia y apenas participó en la negociación de los detalles de la salida de Reino Unido de la Unión o de la aplicación del acuerdo del Brexit ahora.

En lo peor de la pandemia, las ganas de independencia de una población dividida sobre la cuestión se atenuaron, pero la brecha entre Escocia y el resto de Reino Unido se fue acrecentando en el último año de crisis por los escándalos de Boris Johnson, la inestabilidad del Gobierno en Londres y las disputas legales sobre competencias que ahora vuelven a pasar al primer plano con el veto inédito a una ley del Parlamento escocés. 

La decisión de Rishi Sunak de bloquear la aplicación de la ley que facilita la autodeterminación de género en Escocia supone recurrir a lo que se conoce como “opción nuclear”, es decir, un resorte legal que nunca se había utilizado desde la creación del Parlamento escocés en 1998. Entonces, el Gobierno de Tony Blair reconoció competencias y descentralizó funciones a favor de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Con esta nueva ley, los nuevos parlamentos pueden legislar libremente mientras no se ocupen de asuntos considerados “reservados”, cuya definición abierta deja la posibilidad de recurrir al veto si no está claro. Pero hasta ahora ningún Gobierno británico había utilizado ese mecanismo contenido en la sección 35 de la ley de 1998, y un memorando de 2012 recuerda que ese veto es un “asunto de último recurso”.

En Reino Unido ya existe una ley de 2004 que permite la autodeterminación de género, pero requiere que la persona que quiera cambiar de identificación de género lleve dos años convencida de esta decisión, que haya pasado por un examen médico y obtenido un certificado, y que sea mayor de edad. La ley aprobada por el Parlamento escocés por 86 votos a 39 en diciembre deja a cada persona decidir sin necesidad de un examen médico, reduce el tiempo de espera para el cambio a tres meses para la mayoría y baja la edad mínima de 18 a 16 años. 

Según el Gobierno británico, esto interfiere en sus poderes recogidos en una ley contra la discriminación de 2010, afecta a algunas normas como la que protege la igualdad salarial y crea problemas de disparidad legal en particular por la diferencia de edad de las distintas normas.

En cualquier caso, esto no explica la urgencia del veto. Una vía que tenía el Gobierno de Sunak era llevar el asunto a los tribunales para pedir una modificación de algunos detalles en lugar de utilizar el simbólico poder de bloqueo.

“Desprecio a la descentralización”

La ministra de Justicia Social escocesa, Shona Robison, de la que depende esta ley, opina que el veto es una demostración del “desprecio hacia la descentralización” del Gobierno de Londres. “Es un día oscuro para los derechos trans y un día oscuro para la democracia en Reino Unido”, dijo. 

Escocia no parece ahora dispuesta a modificar la ley y volverla a presentar, sino que quiere dar la batalla en los tribunales. Sturgeon confirmó este martes que denunciará al Gobierno británico. “Defenderemos la democracia escocesa”, dijo en una entrevista a la BBC. También sugirió que éste podría no ser el único veto de Londres una vez que se ha utilizado por primera vez.

El ministro para Escocia, Alister Jack, aseguró en una animada sesión en la Cámara de los Comunes que no le gustaba encontrarse en esta “situación” y que el uso del veto no será algo habitual ni significa cuestionar la descentralización.

El debate legal tiene voces en los dos lados. “No sería solo poco práctico sino constitucionalmente inapropiado para el Gobierno de Reino Unido permitir a un parlamento con competencias transferidas aprobar una norma que tiene un impacto material en la aplicación de la ley en todo Reino Unido”, asegura Michael Foran, académico de la Universidad de Glasgow, en el informe que ha escrito sobre el debate. Según él, la ley de 2010 deja claro que este asunto es competencia del Gobierno central. Aun así, comenta que “otra cuestión distinta es si el Gobierno de Reino Unido cree que este curso de acción es prudente o deseable”.

La comisión nacional dedicada a la igualdad y los derechos humanos tendrá que pronunciarse sobre el caso, pero su trabajo previo no indica el conflicto de derechos que sugiere ahora el Gobierno. 

Leyes diferentes por el Brexit

Además, los conflictos legales se pueden multiplicar ahora que el Gobierno central está haciendo un esfuerzo para eliminar o cambiar leyes en vigor heredadas de la legislación común europea durante casi cinco décadas de pertenencia del Reino Unido a la UE. Como parte de una promesa electoral de los conservadores más partidarios de un Brexit duro, el Gobierno se comprometió a revisar o eliminar automáticamente cualquier legislación o norma que tenga un rastro europeo antes de que termine 2023, pese a que se trata de miles de leyes (el número exacto ni siquiera está claro). Aunque la cuestión todavía está pendiente de una decisión en la Cámara de los Lores, y podría haber una prórroga para examinar las miles de leyes afectadas, esto abre una nueva vía de conflictos. 

Joelle Grogan, académica, experta legal en la UE y jefa de investigación del think-tank UK in a Changing Europe, subraya en una entrevista con elDiario.es que esto supone “un gran problema para todas las administraciones descentralizadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte” por la falta de recursos y personal para este minucioso trabajo y por la divergencia de fondo en las posiciones sobre la UE. 

“Uno de los problemas es que se podrían tomar decisiones diferentes a las que se toman en Westminster. Podrías tener a Escocia, que prometió tratar de mantenerse lo más cerca posible de la UE, diciendo ‘vamos a tratar de conservar o asimilar una ley tanto como podamos’ mientras que en Westminster podrían decir ‘queremos alejarnos de la UE tanto como podamos así que vamos a dejar que la mayor parte de la ley desaparezca tanto como sea posible’. Así que de repente puedes tener a Escocia y el Reino Unido con sistemas muy diferentes entre sí, lo que creará muchos conflictos legales”, explica Grogan. “Si eres un regulador escocés, si eres una empresa escocesa, si eres un pescador o un perforador de gas en Escocia, te encontrarás con que las administraciones descentralizadas dijeron una cosa y el Gobierno dijo otra, y no estarás seguro de qué regla aquí… Podríamos estar viendo muchos litigios judiciales solamente tratando de resolver estos problemas complejos de qué sucede cuando desaparece la ley y qué sucede cuando un gobierno toma una decisión y otro gobierno toma otra”, insiste. 

Aunque prefiere no opinar sobre el veto del Gobierno a Escocia porque no es experta en constitucionalismo escocés, Grogan cree que es probable otro referéndum en Escocia en los próximos dos años o algo parecido en el marco de las elecciones.

Otro referéndum

Qué pasaría en ese caso está lleno de incógnitas. Según las últimas encuestas, la opinión pública en Escocia está dividida sobre la independencia, con una ligera ventaja, el 51%, a favor de la permanencia en Reino Unido (en 2014, el 55% votó a favor y el 45% en contra). En cualquier caso, la mayoría apoya que sea una decisión del Gobierno escocés convocar o no el referéndum. En noviembre, el Tribunal Supremo le dijo a Sturgeon que no tiene competencias para hacerlo sin el consentimiento de Londres.

Lo que los escoceses tienen más claro es que les gustaría volver a la Unión Europea. El 72% de los ciudadanos votaría a favor si se celebra una nueva consulta, es decir más de los que apoyaron quedarse en 2016, según un sondeo del pasado agosto.

Lukas Paleckis, investigador especializado en política de la encuestadora YouGov, explica a elDiario.es que en Escocia llama la atención el alto porcentaje de votantes que considera que el Gobierno británico está gestionando mal el Brexit, que llega hasta el 77%. “Es significativo que cuando preguntamos si en retrospectiva el Brexit fue una mala decisión, el 35% del país todavía dice que fue lo correcto. Pero es solo el 20% de Escocia”, indica. También comenta que YouGov va a “monitorear” la relación entre esta opinión y el apetito por la independencia.

Partidos divididos

El efecto del veto al Parlamento escocés aún está por ver, pero tanto los conservadores como los laboristas están divididos sobre el fondo de la cuestión -el líder laborista, Keir Starmer, dijo que está en contra de la autodeterminación de género para los menores de 18 años- y sobre el efecto que tendrá en los deseos de separación de Escocia.

El asunto es especialmente delicado para los impopulares tories, que van ahora 20 puntos por detrás en las encuestas de intención de voto para las generales (que se esperan en 2024).

La conservadora Theresa May, que en 2017 como primera ministra apoyó una ley similar que permitiera la identificación de género de cada persona sin tener que pasar por un examen médico, defiende que el resto del Reino Unido debería aprobar una ley parecida a la escocesa. Su sucesor, Boris Johnson, fue quien paró sus planes.

“Al final lo esencial es que va de las personas, del impacto que tendría en las personas”, dijo May en diciembre. También insistió en que si los conservadores quieren ganar las próximas elecciones tienen que mostrar a los ciudadanos que están “de su lado”.

Un grupo de diputados tories centristas criticó la decisión del Gobierno de Sunak tanto por la sustancia sobre la protección de derechos como por las consecuencias en Escocia.

“El Gobierno de Reino Unido no solo le hizo el juego a los que quieren romper nuestra unión, sino que expuso la falta de una agenda de protección de la igualdad. Las vidas de las personas transgéro y no binarias están en riesgo de ser utilizadas para el politiqueo”, sostiene la declaración del grupo conservador llamado One Nation.

Andy Maciver, antiguo jefe de comunicación de los conservadores en Escocia, dice que el Gobierno de Sunak cometió “un error estratégico de principiante” que empujará a los “unionistas moderados” a ver de manera más favorable la causa de la independencia. Maciver escribió en diciembre que el veto sería “vandalismo constitucional” que “serviría en bandeja de plata unionistas moderados a los nacionalistas escoceses”.

MR

El primer ministro británico, Rishi Sunak, empleó el veto que permite al Gobierno británico bloquear una decisión de Escocia por primera vez desde la creación del Parlamento escocés en 1998. El inusual enfrentamiento fue para bloquear la ley de protección de las personas trans aprobada en diciembre en Escocia y que permite cambiar la identificación de género sin un certificado médico previo y a partir de los 16 años.

En todo el país, ya está vigente una legislación de 2004 que permite la autodeterminación de género, pero que requiere pasar un examen, que hayan pasado dos años desde la decisión y que la persona sea mayor de edad. Según el Gobierno británico, la nueva ley escocesa puede interferir con la legislación contra la discriminación de 2010 y puede traer “complicaciones significativas” legales por tener dos sistemas en Reino Unido en particular por la diferencia de edad. El ministro encargado de Escocia comunicó la decisión el lunes por la noche a la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.

Sturgeon asegura que se trata de “un ataque frontal” contra el Parlamento escocés y su “capacidad de tomar sus propias decisiones en asuntos que están transferidos”. 

La sección 35

El Gobierno británico se acoge a la sección 35 de la legislación de 1998 impulsada por el Gobierno de Tony Blair que creó el Parlamento de Escocia y le dio más poderes autónomos a lo que en Reino Unido se denomina “nación”. Este apartado permite al Gobierno central bloquear una legislación si considera que tendrá “un efecto adverso” en la aplicación de la ley en general.

En 2012, un memorando recordaba que sólo se debe utilizar como “último recurso” y de hecho nunca se había empleado hasta ahora. El Gobierno de Sunak habría tenido la opción, por ejemplo, de ir a los tribunales en lugar de recurrir a lo que formalmente se conoce como “la opción nuclear”.

El debate sobre la leyabrió una brecha también entre los laboristas escoceses y los del partido nacional. El líder laborista, Keir Starmer, se opone a la que la edad para la autodeterminación de género sea a partir de los 16 años. La mayoría de los laboristas escoceses apoyaron la nueva ley, pero dos diputados dimitieron y votaron en contra.

Pero la cuestión también divide a los conservadores en Londres. La ex primera ministra Theresa May está entre los tories a quienes les gustaría ver una ley sobre la autodeterminación de género como la escocesa aplicada en todo el territorio. También hay conservadores críticos con la interferencia del Gobierno de Sunak en las decisiones del Parlamento escocés y algunos alertan de que esto puede dar alas al independentismo.

Conflicto en Escocia

El Gobierno escocés yasugirió que no aceptará la decisión de Londres y acudirá a los tribunales, en una disputa que puede terminar en el Tribunal Supremo en un caso importante sobre las competencias constitucionales. Sunak también podría intentar negociar los detalles de la legislación para que el Parlamento escocés apruebe una versión modificada. Pero los mensajes del Gobierno escocés indican que se acerca una batalla legal en la que dará “todos los pasos que sean necesarios” para preservar la ley, según dijo Shona Robison, la ministra escocesa de Justicia Social.

Más allá de esta legislación, el paso supone un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno británico y Escocia, que en 2016 votó mayoritariamente a favor de la permanencia de Reino Unido en la UE y cuyos políticos empujan para convocar un nuevo referéndum sobre la independencia.

El Ejecutivo de Boris Johnson se negó a sus peticiones. La primera ministra escocesa intentó invocar sus poderes para convocar una nueva consulta sin el consentimiento de Londres para el 19 de octubre de este año, pero el Supremo dictaminó el pasado noviembre que Escocia no es competente para legislar por su cuenta sobre este asunto. 

Los escoceses están divididos sobre la independencia. En 2014, la mayoría rechazó la ruptura, pero desde 2016 los partidarios de la salida de Reino Unido ganaron adeptos.

MR

La Ley Trans está cerrada para ser aprobada este jueves en el Congreso español. La norma, que tanto conflicto ha desatado en el seno del Gobierno y del movimiento feminista, tiene los apoyos necesarios en la cámara baja para seguir su camino hacia el Senado.

De ello han dejado constancia este miércoles los grupos durante el debate del texto en el pleno, que se ha adelantado un día a la votación. La ley enfila así su aprobación a pesar de la oposición del PP y Vox, que ha vuelto a acusar a Irene Montero de “corrupción de menores”, las dudas de Ciudadanos, que no ha desvelado el sentido de su voto, y las discrepancias en la izquierda, hoy escenificadas en el pleno.

“Esta ley repara una deuda histórica del Estado con las personas trans, por fin despatologiza las vidas trans y garantiza el derecho a la libre determinación de la identidad de género”, ha afirmado la ministra de Igualdad en los últimos minutos del debate, en el que ha agradecido a las entidades, organizaciones y activistas que en el pasado y en los últimos años han impulsado la ley, llamada oficialmente Ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI y que, si nada cambia, será aprobada gracias “a la mayoría feminista” del Congreso, ha celebrado la ministra.

La tónica general del debate ha sido la de agradecer a las personas trans su lucha y celebrar como un avance la norma, que “pretende solventar una injusticia”, la de “convertir en ley una realidad que ha estado oculta, denigrada, ofendida en sus derecho y perseguida”, en palabras de Joseba Agirretxea (PNV). La norma incluye un abanico de medidas para las personas LGTBI y permite el cambio de sexo legal para las personas trans sin necesidad de cumplir requisitos médicos ni psicológicos, como ocurre ahora. Finalmente, a partir de los 16 sin condiciones, entre los 12 y 14 con aval del juez y entre los 14 y 16 con consentimiento paterno, después de que los grupos tumbaran la enmienda del PSOE que pretendía extender la fórmula judicial a este grupo.

El PSOE “quiso imaginar una ley mejor”

La tensión entre los socios del Gobierno a cuenta de la norma, una de las negociaciones más arduas en el seno de la coalición y con los aliados parlamentarios, ha sido palpable durante el debate. Así, en su intervención, la diputada socialista y secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha asegurado que Unidas Podemos ha estado “absolutamente desacertado” en la tramitación por “acusar a mi partido de pactar con la derecha un retroceso en derechos LGTBI”, en referencia a la posibilidad de que el PP apoyara en su momento la enmienda sobre los menores que finalmente decayó. “Es una falta de respeto a un partido centenario que ha sido imprescindible en la lucha por los derechos LGTBI”, ha añadido.

La figura del histórico socialista Pedro Zerolo, fallecido en 2015, también ha sido nombrada. Sofía Fernández Castañón, de Unidas Podemos, lo ha citado como “referente” de los derechos LGTBI y ha asegurado que “le debemos una de las cosas más duras que hay en política, defender las ideas por encima de la disciplina de partido”. Andrea Fernández ha respondido en su turno, visiblemente molesta: “Por cierto, señora Castañón, he de decirle que Pedro Zerolo nunca tuvo que estar por encima de la disciplina de partido porque siempre tuvo al PSOE con él. No seguía la disciplina de voto, la marcaba”.

El PSOE ha sido también objeto de acusaciones por parte de sus aliados parlamentarios habituales. PNV, ERC y Bildu le han reprochado que “con su voto rodillo impidiera” la inclusión de las enmiendas conjuntas que registraron estas formaciones, entre ellas la que reconocía a las personas no binarias, que contó con el apoyo de los partidos de la izquierda junto al PNV, pero no de los socialistas. “La ley es un avance, pero no suficiente”, ha dicho la diputada republicana María Dantas, que se ha comprometido a “conseguir” lo que “ustedes, señores del PSOE, han dejado fuera”.

Los socialistas han reconocido que la formación “supo y quiso imaginar una ley mejor, una forma más garantista de los derechos, un marco más seguro y robusto jurídicamente”, ha afirmado Fernández tras negar en varias ocasiones un conflicto entre el feminismo y la Ley Trans con frases como “ser feminista no es negar la existencia de las personas trans”. La diputada ha zanjado además el apoyo de su grupo a la norma: “En 40 años el PSOE ha acompañado y liderado las conquistas sociales. Siempre seremos el partido de los avances feministas, de la vanguardia de los derechos y libertades. Ni les fallamos en el pasado, ni ahora ni en el futuro. Y hoy lo volveremos a demostrar. Somos el grupo más determinante en la aprobación de esta ley”.

La oposición de las derechas

Por su parte, las derechas han acusado al Gobierno de tramitar la norma “a toda prisa, sin escuchar a nadie y sin contar con los profesionales”, a los que “pretenden maniatar para imponer su ideología”, ha espetado la popular Rosa María Romero, que ha celebrado que su grupo “abriera el Congreso para escuchar a los expertos”, en referencia a la jornada parlamentaria con ponentes críticos a la ley, entre ellos Amelia Valcárcel, que organizó la semana pasada. El PP advierte de “consecuencias graves” de la norma y apunta a que “no es una ley feminista, lo han dicho las asociaciones, que reclaman no retroceder en los derechos de las mujeres”.

Fernández Castañón ha afeado a los populares no haber contado “con ninguna persona titular de los derechos” que incluye la ley en las ponencias mientras que Andrea Fernández les ha recordado al catedrático de Psicología, Aquilino Polaino, que el PP invitó al Senado en 2005 para defender que la homosexualidad es una enfermedad. “Aunque quieran vestirse de feministas de ocasión parece que han aprovechado para desempolvar su nostalgia más reaccionaria”, ha afirmado la socialista.

Al igual que hiciera en la Comisión de Igualdad, Ciudadanos ha vuelto a reiterar que “el sabor es agridulce” con la futura legislación. Ha asegurado Sara Giménez que la formación está “a favor de la despatologización de las personas trans y la autodeterminación de género”, pero cree que es no es una ley “completa, seria ni garantista” porque “se ha legislado con premura, con falta de consenso y falta de rigor jurídico”, ha añadido antes de acusar al Gobierno y al Ministerio de Igualdad de llevar a cabo una “tramitación chapucera” sin desvelar si el jueves el partido naranja pulsará el botón verde, rojo o se abstendrá.

Por su parte, Carla Toscano, de Vox, ha vuelto a vincular la transexualidad con situaciones como el bullying o la anorexia y ha asegurado que los “problemas emocionales” de los adolescentes “son la mayoría de las veces el origen de la disforia de género”, un término que ya ha descartado la Organización Mundial de la Salud. Además, ha defendido la teoría por la cual el aumento de jóvenes trans visibles está “provocado por el adoctrinamiento o las modas” y ha vuelto a lanzar la acusación a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de “necesitar corromper sexualmente” a los niños “e incitarles a tener relaciones sexuales”. Ante ello, el diputado de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha pedido a la presidenta del Congreso que se retire del diario de sesiones.

El Gobierno español dio luz verde a la 'ley trans' en la víspera del día en que se conmemora el Orgullo LGTBI. La norma seguirá así su trámite en las Cortes (el Congreso) justo un año después de que fuera aprobada en primera vuelta en el Consejo de Ministros tras las duras discrepancias que suscitó entre los socios. La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI no sufrió grandes cambios en las medidas clave, entre ellas, la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para cambiar su sexo legal.

“El Estado les reconoce su derecho a ser”, aseguró la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien explicó que la rectificación se realizará “en un plazo máximo de cuatro meses” con un sistema de “doble comparecencia”, es decir, deberán reafirmar su decisión a los tres meses ante el Registro Civil. La titular de Igualdad explicó que el texto fue cambiado respecto a su primera versión en lo que respecta a las personas trans extranjeras, que en un principio las dejaba fuera aunque tuvieran papeles o fueran solicitantes de asilo. Finalmente podrán cambiar los “documentos expedidos en España” siempre que “en su país de origen no tengan garantizados sus derechos”, agregó.

La norma reconoce que las personas trans podrán solicitar ante el Registro Civil la rectificación sin necesidad de tener que aportar informes psicológicos ni la obligación de hormonarse durante dos años, que son los requisitos que establece la legislación vigente. Tendrán, eso sí, que reafirmar la decisión a los tres meses. En general, se permitirá el cambio de sexo legal desde los 12 años, no antes, en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.

“España a la vanguardia” de los derechos LGTBI

El Gobierno dio luz verde este lunes también a una declaración institucional con motivo del Orgullo LGTBI con la que prevé mostrar su compromiso con el objetivo de que “todas las vidas LGTBI merezcan la pena ser vividas, no haya armarios y todo el mundo pueda ser quien es y desarrollar sus proyectos de vida en libertad”, afirmó la ministra. Montero remarcó que España “se sitúa una vez más ala vanguardia” de los derechos LGTBI, después de que en 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara el matrimonio igualitario.

España se une así a un puñado de estados que despatologizaron el reconocimiento de la identidad, como piden varios organismos internacionales, entre ellos Argentina y otros tantos en Europa como Portugal, Malta o Dinamarca. Y se suma a las 14 legislaciones autonómicas que ya tienen en vigor las comunidades y que se basan en el principio de la libre determinación de género en el ámbito de sus competencias, por ejemplo, en la sanidad o la educación. Para los colectivos LGTBI es un primer paso, pero pedirán que durante el trámite parlamentario la autodeterminación de género se extienda a todos los menores y a las personas no binarias, cuestiones que finalmente quedaron fuera.

El texto vuelve de nuevo a la agenda política después de haber recabado los informes de los órganos consultivos, a la espera del Consejo Fiscal, que está en plena renovación de mandato. Como en su día hizo con el matrimonio igualitario o la Ley Integral contra la Violencia de Género, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió el posicionamiento más crítico y, aunque avaló la autodeterminación de género, reclamó más controles en ámbitos como el deporte o la violencia de género.

Llegar hasta aquí nofue un camino fácil. La norma se encalló en el seno del Ejecutivo ante las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE, que reclamaba que el cambio de sexo legal en el DNI no se permitiera en base a la libre voluntad de la persona interesada y haciéndose eco de la posición de una parte del movimiento feminista, que considera que la norma puede perjudicar a las mujeres que no son trans. La autodeterminación de género fue el principal escollo, pero finalmente los socialistas aceptaron con la fórmula de que la persona tenga que reafirmar su decisión a los tres meses ante el Registro Civil en una especie de período de reflexión.

Terapias de conversión o protocolos sanitarios

Aunque fue la medida que más miradas centró y debates suscitó, la autodeterminación de género no es la única del texto. De hecho, ni siquiera se trata solo de una 'ley trans' como tal, sino que finalmente este contenido es un capítulo de una ley LGTBI más amplia, como desde el principio reclamó el PSOE.

Incluye, además, el fin del requisito del matrimonio para que las parejas de mujeres puedan filiar a sus hijos e hijas, ya que actualmente, si no se casan, la única opción que tiene la madre no gestante es adoptar a la criatura. También prohíbe y considera una infracción “muy grave” las terapias de conversión, aquellas que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona; prohíbe las cirugías por motivos no médicos a bebés intersexuales o fomenta la creación de protocolos en el ámbito de la salud y campañas que tengan en cuenta específicamente al colectivo LGTBI.

En el ámbito educativo, el texto no es especialmente novedoso. Aplica básicamente lo que ya reconoce la nueva ley de educación, es decir, la incorporación de la diversidad afectivo-sexual y LGTBI en la curricula básica o el impulso de protocolos contra la LGTBIfobia. Para el alumnado trans los centros deberán poner en marcha protocolos específicos de acompañamiento y contra el acoso transfóbico y se establecerá formación en diversidad LGTBI en diferentes ámbitos como en el acceso al empleo público. Además, las víctimas de LGTBIfobia deberán tener garantizada una atención “integral y especializada” con, al menos, información sobre recursos disponibles, asistencia psicológica y orientación jurídica.