Las denuncias relacionadas con delitos de odio por orientación sexual o identidad de género aumentaron un 67,63% con respecto a 2019, año previo a la pandemia de COVID-19, según el Ministerio del Interior. Los datos los ha ofrecido el ministro Fernando Grande-Marlaska en una rueda de prensa en la que ha detallado que en 2021 las Fuerzas de Seguridad abrieron 1.802 investigaciones por delitos de odio. De estos se logró esclarecer 1.133, lo que marca un “récord” en la serie histórica en la tasa de resolución.

En concreto, el año dejó 1.724 delitos de odio y 78 infracciones administrativas, lo que representa un aumento del 5,63% de estos delitos de odio con respecto a 2019 y un 28,62% si se compara con 2020, un año este último marcado por las restricciones por la pandemia de coronavirus.

Del total de delitos, 466 guardaron en 2021 relación con la orientación sexual o identidad de género de la víctima (67,63%) y 639 con un móvil racista o xenófobo (24,08%). Los de móvil político por ideología contabilizaron 326 casos, un descenso del 45,30% con respecto a 2019.

“La serie histórica nos muestra que cada vez son más los hechos de odio resueltos por las Fuerzas de Seguridad, cada vez son menos los delitos que quedan impunes y la eficacia policial aumenta por encima del crecimiento de este tipo de incidentes”, ha señalado Grande-Marlaska.

El ministro ha calificado como “alarmante” que en España y el resto de países europeos la infradenuncia esté en el 80%, aunque ha subrayado que perciben una mejora en la confianza en las investigaciones policiales.

El Gobierno español dio luz verde a la 'ley trans' en la víspera del día en que se conmemora el Orgullo LGTBI. La norma seguirá así su trámite en las Cortes (el Congreso) justo un año después de que fuera aprobada en primera vuelta en el Consejo de Ministros tras las duras discrepancias que suscitó entre los socios. La ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI no sufrió grandes cambios en las medidas clave, entre ellas, la autodeterminación de género, una pelea histórica de las personas trans, que ya no tendrán que declararse enfermas para cambiar su sexo legal.

“El Estado les reconoce su derecho a ser”, aseguró la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien explicó que la rectificación se realizará “en un plazo máximo de cuatro meses” con un sistema de “doble comparecencia”, es decir, deberán reafirmar su decisión a los tres meses ante el Registro Civil. La titular de Igualdad explicó que el texto fue cambiado respecto a su primera versión en lo que respecta a las personas trans extranjeras, que en un principio las dejaba fuera aunque tuvieran papeles o fueran solicitantes de asilo. Finalmente podrán cambiar los “documentos expedidos en España” siempre que “en su país de origen no tengan garantizados sus derechos”, agregó.

La norma reconoce que las personas trans podrán solicitar ante el Registro Civil la rectificación sin necesidad de tener que aportar informes psicológicos ni la obligación de hormonarse durante dos años, que son los requisitos que establece la legislación vigente. Tendrán, eso sí, que reafirmar la decisión a los tres meses. En general, se permitirá el cambio de sexo legal desde los 12 años, no antes, en diferentes tramos: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.

“España a la vanguardia” de los derechos LGTBI

El Gobierno dio luz verde este lunes también a una declaración institucional con motivo del Orgullo LGTBI con la que prevé mostrar su compromiso con el objetivo de que “todas las vidas LGTBI merezcan la pena ser vividas, no haya armarios y todo el mundo pueda ser quien es y desarrollar sus proyectos de vida en libertad”, afirmó la ministra. Montero remarcó que España “se sitúa una vez más ala vanguardia” de los derechos LGTBI, después de que en 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara el matrimonio igualitario.

España se une así a un puñado de estados que despatologizaron el reconocimiento de la identidad, como piden varios organismos internacionales, entre ellos Argentina y otros tantos en Europa como Portugal, Malta o Dinamarca. Y se suma a las 14 legislaciones autonómicas que ya tienen en vigor las comunidades y que se basan en el principio de la libre determinación de género en el ámbito de sus competencias, por ejemplo, en la sanidad o la educación. Para los colectivos LGTBI es un primer paso, pero pedirán que durante el trámite parlamentario la autodeterminación de género se extienda a todos los menores y a las personas no binarias, cuestiones que finalmente quedaron fuera.

El texto vuelve de nuevo a la agenda política después de haber recabado los informes de los órganos consultivos, a la espera del Consejo Fiscal, que está en plena renovación de mandato. Como en su día hizo con el matrimonio igualitario o la Ley Integral contra la Violencia de Género, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió el posicionamiento más crítico y, aunque avaló la autodeterminación de género, reclamó más controles en ámbitos como el deporte o la violencia de género.

Llegar hasta aquí nofue un camino fácil. La norma se encalló en el seno del Ejecutivo ante las discrepancias entre Unidas Podemos y el PSOE, que reclamaba que el cambio de sexo legal en el DNI no se permitiera en base a la libre voluntad de la persona interesada y haciéndose eco de la posición de una parte del movimiento feminista, que considera que la norma puede perjudicar a las mujeres que no son trans. La autodeterminación de género fue el principal escollo, pero finalmente los socialistas aceptaron con la fórmula de que la persona tenga que reafirmar su decisión a los tres meses ante el Registro Civil en una especie de período de reflexión.

Terapias de conversión o protocolos sanitarios

Aunque fue la medida que más miradas centró y debates suscitó, la autodeterminación de género no es la única del texto. De hecho, ni siquiera se trata solo de una 'ley trans' como tal, sino que finalmente este contenido es un capítulo de una ley LGTBI más amplia, como desde el principio reclamó el PSOE.

Incluye, además, el fin del requisito del matrimonio para que las parejas de mujeres puedan filiar a sus hijos e hijas, ya que actualmente, si no se casan, la única opción que tiene la madre no gestante es adoptar a la criatura. También prohíbe y considera una infracción “muy grave” las terapias de conversión, aquellas que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona; prohíbe las cirugías por motivos no médicos a bebés intersexuales o fomenta la creación de protocolos en el ámbito de la salud y campañas que tengan en cuenta específicamente al colectivo LGTBI.

En el ámbito educativo, el texto no es especialmente novedoso. Aplica básicamente lo que ya reconoce la nueva ley de educación, es decir, la incorporación de la diversidad afectivo-sexual y LGTBI en la curricula básica o el impulso de protocolos contra la LGTBIfobia. Para el alumnado trans los centros deberán poner en marcha protocolos específicos de acompañamiento y contra el acoso transfóbico y se establecerá formación en diversidad LGTBI en diferentes ámbitos como en el acceso al empleo público. Además, las víctimas de LGTBIfobia deberán tener garantizada una atención “integral y especializada” con, al menos, información sobre recursos disponibles, asistencia psicológica y orientación jurídica.