En Chile, alrededor del 85% de las pensiones alimenticias determinadas por la justicia tienen deudas. Allí, las sanciones para los hombres que no cumplen pueden ir desde la suspensión de la licencia de conducir, la prohibición de salida del país o el arresto nocturno. La última se trata de una medida de quince días durante los cuales el deudor pasa la noche en un centro policial y tiene el día libre para seguir con su trabajo y poder pagar la deuda. Sin embargo, el cumplimiento es escaso. 

Paola Vega, socia de la Comisión de Familias e Infancias de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, consideró que se trata de una situación “dramática”. “Es un porcentaje gigante de hombres que no cumplen con esta pensión. Esto lleva aparejado no solo el tema de los alimentos sino también el de la violencia hacia las mujeres madres de sus hijos. Esto significa hacerse cargo de todas las necesidades económicas del niño, además de todo lo que implica la crianza, tiene una doble carga gigantesca. El panorama es bastante desolador, el Poder Ejecutivo y Legislativo se han dado cuenta de esta situación y han ido tomando medidas al respecto”, le dijo la letrada a elDiarioAr.

En cuanto al arresto nocturno por incumplimiento, que consiste en dormir en una dependencia especial entre las ocho de la noche y las seis de la mañana durante quince días, Vega consideró que no cumple con el objetivo. “Es difícil que se cumpla, cuando llegan a buscarlos a su domicilio se niegan o dicen que son otra persona. En caso de que los lleven al recinto policial para informarles, después no se presentan a dormir o van una o dos noches y no cumplen más. Efectivamente no sirve de nada, no se cumple, es muy problemático todo este proceso. Los que lo cumplen es porque creen que de esa manera la deuda les queda en cero o porque prefieren ir a dormir que pagar los alimentos”, explicó.

En noviembre del año pasado, Chile sancionó la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos que está en proceso de implementación. La normativa crea un banco de datos actualizado para agilizar los pagos y generar sanciones a los deudores. “Se busca que cada vez que estas personas pidan un crédito se les retengan un monto del dinero o se les impida hacer algún trámite. Las instituciones tienen que utilizar este registro y así se busca apresurar el pago de las deudas. Ya no va a ser necesario que las madres lo soliciten en la Justicia sino que el tribunal lo debe ir actualizando de manera automática”, explicó Vega. 

Actualmente, las mujeres que inician causas por cumplimiento son patrocinadas por la Corporación de Asistencia Judicial, que es la que lleva adelante la demanda. Sin embargo, el acompañamiento se mantiene hasta que se obtiene el fallo judicial. Ahí comienzan los problemas para muchas mujeres ante los varones que no lo cumplen. “Tienen que hacer causa de cumplimiento y contratar una abogado y eso es difícil. El procedimiento se puede hacer sin necesidad de una representación judicial o a través de la oficina judicial virtual . Eso funciona bien para alguien que sabe manejar una computadora. Sin embargo, para personas de determinadas localidades en las que no hay internet, es difícil. Tambien pasa que al no tener conocimiento legal solicitan en causas que no les corresponden o solicitan cosas que no son. ahí hay problemas”, agregó la abogada.

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Así como los deudores de las cuotas alimentarias se las ingenian para evadir su responsabilidades como progenitores, algunos sectores de la justicia buscan sanciones creativas para lograr que paguen. Desde prohibiciones a entrar a estadios para ver un partido de fútbol hasta la suspensión de la licencia de conducir. 

La directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, sostuvo que ante el grado de evasión por parte de los deudores es importante que la Justicia encuentre maneras originales para evitarlo. “El nivel de informalidad y de ingresos no declarados es tan alto que no hay forma de que no tenga impacto en las posibilidades de cobrar una deuda de alguien que no quiere pagarla. Ahí es importante que las respuestas del Poder Judicial sean más hábiles, más originales, más creativas para identificar ingresos según el nivel de gastos. También es importante que se busquen las maneras de garantizar el cobro a través de otras estrategias, por ejemplo, dificultando la salida del país y los viajes internacionales de alguien que es deudor alimentario”, le dijo a elDiarioAR.

En Córdoba, la semana pasada, una jueza le prohibió el ingreso a la cancha de Belgrano a un hombre que acumulaba una deuda de 360.000 pesos por la cuota alimentaria de su hijo. La titular del Juzgado de Familia de Sexta Nominación, Marcel Alejandra Menta, ordenó que sea desvinculado como socio del club y que se le impida ver los partidos. Además, le prohibió la salida de la provincia. El caso se inició en el 2019 y la medida seguirá vigente hasta que el hombre pague la deuda que tiene con su exmujer y su hijo. “Estimo que la calidad y carácter de los derechos en juego, esto es la asistencia y el desarrollo integral de los hijos como parte del ejercicio que conlleva la responsabilidad parental, resultan por demás justificativos y de una suficiencia tal que tornan admisible la totalidad de las medidas coercitivas”, describió Menta en su fallo.

En diciembre del año pasado, la misma jueza le prohibió salir de la provincia de Córdoba a un hombre que debía más de un millón de pesos por no pagar la cuota alimentaria de sus tres hijos durante tres años. En los fundamentos, Menta indicó que las “medidas cautelares atípicas” solicitadas por la madre tienen que ver con la obligación que la ley impone a los padres como sostén económico de sus hijos “es típicamente asistencial y sus fundamentos entroncan con los sentimientos más nobles del humanismo”.

En Rosario, la jueza del Tribunal Colegiado de Familia 7, Andrea Brunetti, suspendió la licencia de conducir y las tarjetas azules sobre tres vehículos de un moroso. El fallo de noviembre de 2020 también le impuso una multa diaria de 2.978 pesos. En su resolución, la jueza consideró que la conducta del padre configura violencia económica y patrimonial y que afecta el bienestar social, físico, psicológico y económico de la niña y su madre.

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En la provincia de Buenos Aires, más de la mitad de las mujeres que están separadas del padre de sus hijos no recibe cuota alimentaria o sólo la percibe eventualmente. Hoy se conoció el primer informe sobre “Incumplimiento de la obligación alimentaria” que indica que el 66,5% de las mujeres encuestadas se encuentran en esa situación. La fotografía bonaerense es una muestra de las complicaciones que tienen las mujeres en todo el país y de esta situación estructural que lleva a la feminización y la infantilización de la pobreza. 

El relevamiento realizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense muestra que el 51,2% de las entrevistadas no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas e hijos. Dentro del 41.2% que reciben el dinero, un 24,9% mencionó que es de manera regular y un 15,3% irregular. Solo el 7,9% dijo que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa. 

Solo un 10% de las mujeres percibe un aporte suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de sus hijas o hijos. El 90% restante recurre a diferentes estrategias para llegar a fin de mes, como aumentar las horas de trabajo o, incluso, endeudarse. “Implican un costo alto para sus condiciones de vida y las del hogar. Principalmente para las mujeres trabajadoras y de sectores populares, esto significa incrementar los niveles de dependencia de otras redes, tanto económicas como de cuidado”, sostiene el informe. De ese total, el 44% depende de dinero prestado, de familiares, bancos o financiera. Así, el incumplimiento de la obligación alimentaria las convierte de acreedoras a deudoras y refuerza la desigualdad de género. 

Pero esta no es una situación específica de la Provincia de Buenos Aires, es una realidad que enfrentan las mujeres en todo el país. La directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) , Natalia Gherardi, explicó que la concreción del cobro del derecho alimentario es un problema central “que muchas veces no llega a resolverse ni siquiera a través de la justicia porque la burla a la ley y la ocultación del patrimonio y los ingresos por parte de algunos progenitores es muy hábil”. Esto impacta en la calidad de vida de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

“El Poder Judicial debe garantizar la materialización de este derecho porque cuando no hay una responsabilidad del pago alimentario por parte de un progenitor, hay una sobrecarga sobre la otra persona. Hay que tener en cuenta el contexto general de Argentina, donde la falta de políticas amplias de cuidado limita fuertemente las posibilidades de inserción laboral de las mujeres. Además, está el desempleo, el subempleo y la informalidad que, sumado a la responsabilidad prioritaria del cuidado que asumen muchas mujeres respecto de sus hijos e hijas sin el apoyo alimentario del otro progenitor, explica claramente el nivel de feminización de la pobreza y de pobreza en la infancia”, le dijo a elDiarioAR.

Gherardi explicó que en la recuperación económica luego de la pandemia, las mujeres con hijos menores de 12 años fueron las que tardaron más tiempo en incorporarse al mercado laboral. “Fue mucho más lenta que la de cualquier otro grupo: primero se recuperaron los varones con y sin hijos, después las mujeres sin hijos y por último, las mujeres con hijos a cargo”, describió. 

El acceso a la justicia también se presenta acá como un impedimento. La encuesta indicó que el 65% de las encuestadas no conoce centros de atención, asesorías de familia o centros de acceso a la justicia que trabajen sobre el pago y cumplimiento de las obligaciones alimentarias.  De la encuesta participaron 6.442 personas de entre 26 y 55 años, con diferentes niveles de estudio y trabajos.El 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales. 

En términos generales, resulta difícil que las mujeres puedan lograr el cumplimiento efectivo de la cuota. “Es necesario el patrocinio jurídico gratuito para todo lo que se deriva de la situación familiar conflictiva, entre ellas, el cobro alimentario. Nos encontramos que en los casos en los que hay disponibilidad limitada de patrocinio que solamente está disponible para el caso de violencia, la mujer queda sola para todo lo que hay alrededor: pelear el espacio habitacional, lograr el cobro alimentario. No solamente la definición de la Justicia de lo que le corresponde pagar sino hacerla efectiva. Hay una distancia enorme entre la decisión que toma el Poder Judicial y la efectivización de esa decisión. Hay que buscar otras estrategias y seguirlo muy activamente”, explicó la abogada.

El incumplimiento de la cuota alimentaria no solo profundiza la brecha de género sino también es una manera de ejercer violencia. Se trata de violencia económica y le da lugar a la continuidad de prácticas de control y subordinación de las mujeres. El informe también indica que de este se desprenden otros tipos de violencia, entre ellas, física, psicológica y sexual. 

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