Suena “Hace 20 años” de Piazzolla y Morán cumple el ritual de todo animal de Microcentro: se pone el traje que pasó la noche prolijo sobre la silla, viaja en subte con mirada ausente y ni una palabra a nadie, toma un café apurado en la barra de un bar, deja la medialuna sin tocar, paga y levanta un dedo para anunciar que se va, camina a su puesto de trabajo entre cúpulas francesas. 

“Filmé un Microcentro que ya no existe”, dijo el cineasta que dirigió estas escenas, tras una función en el MALBA hace semanas. Morán es el protagonista de “Los delincuentes”, de Rodrigo Moreno. Me siento a tomar un café en el mismo bar de la película y compruebo en parte sus dichos: la barra no está habilitada para sentarse, falta el diario desde los inicios de la pandemia, por momentos hay más mozos que clientes.

Algo se perdió en el medio, más allá de la obvia distancia entre realidad y ficción. No es casual que el director haya elegido el tango “Hace 20 años” para iniciar su relato. Aunque las escenas hayan sido filmadas postpandemia, reflejan una cultura anterior, desconocida para los recién llegados a este ecosistema, extrañada por quienes ya no se cruzan con sus compañeros virtud del esquema híbrido o el home-office, encarnada aún por quienes pueden darse el lujo de pagar un café en un bar y, sobre todo, de sentarse un minuto a saborearlo. 

Hoy ese desayuno tan típico de Microcentro es casi contracultura. Un acto de consumo sin intenciones ulteriores, que no se presume en redes, que simplemente se disfruta, que suspende el tiempo por un rato, que “no sirve” para nada más que lo que es, ¿realmente existe? La lógica productivista de estos tiempos lo negaría.

Lo mismo ocurre del otro lado del mostrador, en la masita o el vaso de soda junto al pocillo: hospitalidad pura, un extra que no se traduce inmediatamente en ganancia. Todo suma a la paradójica intimidad de un ritual en un lugar público, donde simplemente somos “maestro”, “jefe”, “pibe” o “piba”. Una cuenta inservible según la actual lente utilitarista.

Son los signos de la socialidad de Microcentro, una trama de relaciones basada en el trato con extraños, la peor pesadilla de las nuevas generaciones. Esos extraños que después serán cómplices o compinches: oficinistas (abogados, contadores, bancarios, lobbistas), parroquianos, kiosqueros, cajeros, barrenderos, artistas, cafeteros ambulantes, mozos, mozos que llevan café a otros negocios, porteros, cartoneros, vecinos, encargados, garajistas, lustradores de zapatos, arbolitos, silleteros. 

Esa socialidad, que vemos pasar en películas como “Los delincuentes” o la reestrenada “Nueve reinas”, es la que ahora está en crisis. De casa al trabajo y del trabajo a casa es más real que nunca para quienes volvieron a la presencialidad en Microcentro. Limitadas cada vez más a mera zona laboral, las calles céntricas dejan de ser territorio realmente vivido por sus trabajadores, contemplado, recorrido, cargado de la afectividad del contacto casual. 

“Antes la gente se encontraba. Hoy lo que hay es desencuentro. Los que laburan acá no vienen todos los días o no salen al mismo horario”, explica Bernardo Speroni, contador con oficina en San Martín y Paraguay. 

La mudanza de oficinas al norte porteño no ayuda. Tampoco el estado actual del entorno céntrico. Basura en cunetas y canteros, malos olores y en general menor limpieza, una tarea del Estado en la que el personal de edificios suele colaborar, pero se complica con oficinas y locales aún vacíos. Pese a ciertos esfuerzos del Gobierno porteño para que más gente se mude a este centro, lo que se multiplicó por cuatro fue la cantidad de personas que viven acá pero en la calle.

“Se limitaron a ofrecer beneficios impositivos y créditos para quienes invirtieran acá, pero los resultados hasta el momento fueron bastante escuetos. Apenas un puñado de edificios  se reconvirtieron en viviendas”, analiza el periodista Federico Poore, cuya tesis de Maestría en Economía Urbana se centró en el teletrabajo en territorio porteño. 

Desde su garaje en Corrientes y Maipú, Rafael Masid lo resume: “Reconvertir muchas veces es más caro que hacer desde cero. Quizás sea un proyecto que lleve 20 años. Pero, ¿qué dueño aguanta 20 años? ¿Qué barrio aguanta 20 años de soledad?”.

Se hace de noche y sigo por Florida, la calle céntrica que mejor soportó la pandemia. Entre Avenida de Mayo y Corrientes sólo hay algunos haciendo turismo y otros tratando de dormir sobre las baldosas. Cruzo la avenida y llego hasta Lavalle. “¿Tiene un minuto para hablar de dios padre?”, me pregunta una mujer de pollera casi tan larga como el pelo, la prédica escurrida en el hueco temporal que le dejaron artistas, arbolitos y pregoneros de menú a bajo precio.

Quienes llegamos a la gran ciudad desde una provincia sufrimos por la urbe las mismas etapas del amor: enamoramiento, decepción, aceptación. Me pasó también con Microcentro. Me conquistó como turista, me desencantó cuando me instalé acá, lo acepté cuando me mudé a otro barrio. Caí en un segundo idilio años después, cuando uno de sus habitantes fue mi novio y me hizo volver a frecuentar sus calles de noche, superar el miedo al vacío, sentir que a esas horas sus texturas y voluptuosidades estaban sólo para mí. 

Extraño esa fascinación. Hoy el Microcentro vive la fase descendente de sus tantos ciclos, aunque su belleza siga. En una ciudad desfigurada por la piqueta, las calles céntricas aún custodian su arquitectura más admirada. Olvidamos seguido lo bello que es. Nadie va a gusto al centro. El mismo Morán quiere huir del trabajo que lo ancla acá. Los que no lo vemos seguido lo valoramos. Miramos para arriba en lugar de hacia adelante.

Traje blanco y moño negro, bandeja con vaso de cerveza, equilibrio para subirla por la escalera curva recién pulida: una postal de otro tiempo que aún encarnan los mozos del Florida Garden. Pero del resto queda poco. En Café Paulín van más turistas que oficinistas. Los Panchitos del Sol tiene menos clientela que la merecida. Y el otro bastión céntrico, Le Caravelle, orientó la barra de su nuevo local para mirar hacia afuera, a la vereda. No es para habitués, sino para turistas. 

KN/DTC

En tiempos de todos contra todos, aún subsiste una política pública que logró trascender la grieta y mejorar la vida a cientos de miles de personas que viven en los barrios más pobres de nuestro país. En tiempos donde nadie escucha a nadie, vale la pena tomarse unos minutos para descubrir esta experiencia, insuficiente pero necesaria, que en pocas horas puede ser objeto de la pulsión destructiva que se dispersa en la sociedad y la política. Lo que pido es que cuidemos una obra bien hecha de la que todos fuimos parte y que funciona desde la Córdoba de Llaryora a la Formosa de Insfrán: la política política nacional de integración sociourbana.

Contraintuitivamente, la mayor política pública de regularización y mejoramiento de barrios populares comenzó durante el macrismo. Fue jalonada por los reclamos históricos de los vecinos y vecinas más postergados y negociada de buena fe entre personas de pensamiento político diametralmente opuesto. Los interlocutores por parte del gobierno eran Rodriguez Simón, Quintana, Stanley y Torello, con la supervisión del propio Marcos Peña y supongo que también de Mauricio Macri. 

Esta negociación —de la que estamos orgullosos— nos valió agrias acusaciones de los que no entienden que la democracia constitucional implica, precisamente, salir de la mentalidad bélica amigo-enemigo y construir acuerdos por el bien común, tan distintos a los pactos de poder que muchos críticos realizan a la sombra del secretismo palaciego. 

El primer paso fue en el 2017, con la creación del ReNaBaP por un decreto presidencial. Un registro que, incorporando tecnología de punta, realizaron técnicos y relevadores en todo el territorio nacional. Fueron más de trece mil personas que detectaron, georeferenciaron y relevaron manzana por manzana, casa por casa, más de 4000 barrios populares. Este ejército de voluntarios de movimientos sociales, la ONG TECHO de mucho prestigio en el sector empresario y Cáritas Argentina construyó la cartografía de un espacio invisibilizado por el rojo-peligro. 

Se consolidó en el 2018 con la Ley de Integración Socio Urbana, presentada por Carrió, Massot y Negri, que cuando parecía naufragar por dudas del Gobierno Nacional en torno a la expropiación de los lotes donde se asientan los barrios —expropiación que finalmente se realizó en los marcos constitucionales sin una sóla reclamación sobre la sacrosanta propiedad—, obtuvimos el apoyo indispensable de Cristina Fernandez de Kirchner que la defendió frente a los propios que no comprendían la trascendencia de la norma. Luego, fue votada por unanimidad en ambas cámaras y tuvo a Silvia Lospennato y Fabio Quetglas en Diputados y en el Senado a Miguel Ángel Pichetto como impulsores del acuerdo pluripartidario. 

En esos años se pudo establecer un piso de acuerdos políticos, que se acompañó con un trabajo técnico ejemplar. Lograron algo tan básico y necesario para el Estado como es delimitar un problema complejo y planificar su resolución a corto, mediano y largo plazo. Por primera vez el Estado Nacional pudo identificar todas las villas y asentamientos del país, la cantidad de familias, suspender allí los desalojos, garantizar seguridad jurídica para habitantes y dueños de las tierras, saber qué servicios faltaban y cuánto costaba realizar las obras básicas necesarias para garantizar lo mínimo. 

En tiempos egoístas y mezquinos, un objetivo común logró unir a todas las fuerzas políticas en el Congreso y a todas las organizaciones de la sociedad civil en los territorios. 

Pero también es cierto que durante el gobierno macrista no se pudo poner ni un foquito de luz, porque faltaba el presupuesto. Se había avanzado en objetivos nobles, trazados por las propias Naciones Unidas, como la seguridad en la tenencia y el reconocimiento de la vivienda familiar, pero las obras de integración verdadera faltaban porque no se destinaba el presupuesto suficiente. 

Durante el gobierno de Alberto Fernández —por impulso del propio Fernández, Santiago Cafiero y Martín Guzmán— se destinó el 9% del impuesto PAIS, y luego —por impulso de Máximo Kirchner— el 15% del Aporte de las Grandes Fortunas al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). 

Toda la normativa creada alrededor del FISU impide que ese dinero se pueda usar para otra cosa que no sea el mejoramiento de los barrios populares y la creación de lotes con servicios para familias socialmente vulnerables. Cualquier gobierno provincial o municipal, del color político que sea, puede hacer uso de esos fondos, siempre y cuando se trate de proyectos de integración socio urbana o nuevos loteos para familias sin vivienda propia, priorizando a las que están en situación de hacinamiento extremo. Esta fue la práctica de la SISU —con la villera y catequista Fernanda Miño a la cabeza— durante el período 2019-2023. Hubo obras en distritos azules, amarillos, provincialistas, del color que fueran, en las 23 provincias + CABA , y en 241 municipios. 

Hubo una cantidad impresionante de obras, por ejemplo, en la Córdoba de Martín Llaryora. Porque en Córdoba hay 37.000 familias viviendo en barrios populares, el 59% de los barrios cuenta con conexión irregular a las redes de servicios. A partir de la inversión con el impuesto PAIS, se logró alcanzar al 10% de estos hogares, con la creación de miles de lotes con servicios, mejoramiento de viviendas y la ejecución de obras integrales 

La experiencia de Córdoba se replicó, en mayor o menor medida y con mayor o menor eficiencia, por parte de los gobiernos provinciales y locales, en todos los distritos y provincias: desde la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodriguez Larreta, hasta la Salta de Gustavo Sáenz, desde la Quilmes de Mayra Mendoza hasta el San Isidro de Gustavo Posse, hoy gobernado por Ramón Lanús, también impulsor de la ley en 2018. 

Tanto los gobiernos provinciales como locales, tanto los movimientos sociales como las organizaciones eclesiales podían presentar sus proyectos que eran perfeccionados técnicamente en la SISU y elevados al Directorio del Fondo de Integración Socio Urbana para su aprobación. No hubo una sola denuncia de corrupción o discrecionalidad. 

Del mismo modo, el programa Mi Pieza —que resolvió la situación de hacinamiento crítico de viviendas muy precarias de los barrios populares para trescientos mil hogares— abordó el problema de la discrecionalidad que genera escasez de recursos en relación a la demanda de personas en idéntica situación mediante el único mecanismo justo que inventó la humanidad ya en la antigua Atenas: el sorteo público y transparente.

Con el programa ARCAS y Lotear —que debería masificarse hasta cubrir la demanda del millón de lotes de familias inscriptas en el Registro Único de Solicitantes— se logró la creación de suelo urbano legal y con servicios para decenas de miles de familias que, de otro modo, posiblemente hubieran terminado en asentamientos precarios o estafados por loteadores como los de González Catán, arriesgando su vida y la de sus hijos, poniéndose sin desearlo en situación de ilegalidad por la imposibilidad de encontrar una vía legal de resolución de ésta necesidad básica. 

Un ejemplo de la integralidad de este trabajo lo podemos encontrar en Mar del Plata dónde se realizaron 48 obras, algunas de gran envergadura, en un municipio gobernado por Montenegro, un alto dirigente del PRO que no tiene particular simpatía con los movimientos. Es lindo el ejemplo porque a pesar de los conflictos entre las organizaciones y la intendencia —algunos incluso escalaron nacionalmente— se pudo trabajar normalmente en relación a las obras concretas. Cerca del 90% de los barrios de Mar del Plata cuenta con una obra financiada por el FISU, ya sea a través de un proyecto de integración socio urbana ejecutado por la Provincia, el Municipio o alguna de las 18 entidades de la sociedad civil presentes en el territorio o a través del programa Mi Pieza. La Ciudad también es conocida por el alto déficit habitacional que impacta de lleno en las dinámicas de la Ciudad, para revertirlo desde el FISU se financiaron seis proyectos de lotes con servicios que generaron 600 lotes con servicios, brindando acceso a la tierra a más de 2.400 personas.

En los 3 años que el Fondo tuvo presupuesto disponible se hicieron 180.000 conexiones domiciliarias a los servicios básicos (agua, cloacas, electricidad y gas), 2.000 kilómetros de redes, 300.000 mejoramientos de viviendas, polideportivos, luminarias, mobiliario urbano y más de 24.000 nuevos lotes con servicios. Se generaron 188.829 puestos de trabajo adecuadamente remunerados, gran parte en manos de los mismos vecinos y vecinas de los barrios. Todo ello fue merecedor de premios internacionales y está descrito con claridad en los informes de gestión y catálogo de obras. 

Entre hoy y mañana se va a discutir si se le quita o no el financiamiento a esta política, la continuidad de las obras en ejecución, la realización de obras nuevas. Hay personas de todos los partidos y bloques que quieren defenderla. Lo hablamos con Negri, Lousteau y Massot, lo hablamos con Martín Llaryora que lidera el scrum de gobernadores que piden la coparticipación de parte del impuesto PAIS y, desde luego, también con el bloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Todos acuerdan la importancia de dejar el 9% al Fondo de Integración Socio Urbana. 

Lamentablemente, en el proyecto original, su autor (Sturzenegger tal vez) proyecta su desprecio a los pobres eliminando el porcentaje del impuesto PAIS que tiene asignación específica para la urbanización de los barrios. El financiamiento del FISU, dice la Ley Ómnibus en su redacción original, será exclusivamente a partir de las multas a las protestas sociales. ¿No es una cínica burla clasista? Afortunadamente, otros interlocutores dicen que van a defender el presupuesto para las obras de integración urbana, algunos en off y otros lo plantearon en sus disidencias al dictamen de mayoría (UCR y Coalición Cívica). 

Lo cierto es que si no hay acuerdo con los gobernadores por la coparticipación, el artículo del impuesto PAIS debe modificarse para que al menos el 9% siga vigente. Si hay acuerdo con los gobernadores, que no se haga a costa de dejar a los barrios populares sin financiamiento. Dejarlo como en su redacción original o eliminarlo para incrementar la coparticipación son dos formas de traicionar a los humildes. 

Hay un dato curioso que señaló Sebastián Welisiejko, economista y empresario, secretario de integración urbana bajo el gobierno de Macri. Welisiejko decidió construir en la Quinta de Olivos una vivienda social sustentable prototipo con la técnica de mi querido hermano el padre Mariano Oberlin. La idea —más que buena— era que todos los funcionarios vean lo que se podía hacer para mejorar la situación habitacional de millones de argentinos. Una técnica local desarrollada en conjunto por cooperativas, empresas e iglesias. ¿Qué función cumple ahora? Es la casa de los perros de Milei. No acuso a nadie, es una triste metáfora. 

Este acto simbólico nos muestra lo que va a pasar en la Argentina si no defendemos las cosas que hicimos bien, sean de la gestión que sean: los perros de Milei —o de Alberto— van a vivir y comer mejor que el 65% de los niños de este país. Y no es una metáfora, ya está pasando.

JG/DTC

Saturación residencial, pérdida de zonas para cultivo y expansión de lotes en barrios sin servicios: a principios de siglo, los problemas del Gran San Juan se parecían al de muchas otras áreas urbanas en Argentina, que tras un período de crecimiento descontrolado generaron graves problemas ambientales y sociales.

Alguno podría argumentar que las ciudades siempre crecieron así, orgánicamente. Que este tipo de problemas son dolores de parto que acompañan la expansión económica de ciertas regiones, y que el Estado no debe jugar otro papel que el de facilitador de reglas de juego para los actores privados.

“El tema con el crecimiento desordenado de ciudades como éstas es que se ‘comen’ el territorio fértil”, explicó a elDiarioAR el arquitecto José Luis Basualdo, asesor de la Subsecretaría de Planificación Territorial de San Juan. “Cuando una hectárea de tierra destinada a frutales o vides se transforma en un barrio cerrado, tenemos no solo un problema de sustentabilidad sino también un problema ético.”

Frente a este fenómeno, los municipios afectados junto a los gobiernos provincial y nacional, decidieron aprobar un Plan de Ordenamiento Territorial, un instrumento técnico y normativo que orienta las formas de ocupación del territorio. El del área Metropolitana de San Juan vio la luz en 2013 y buscó acercar la ciudad a los departamentos de alrededor, desalentar la habilitación de clubes de campo, congelar la expansión de áreas vulnerables y movilizar terrenos vacantes al interior de la ciudad.

“Uno de los objetivos fue cambiar los patrones de movilidad y avanzar hacia un área metropolitana más equilibrada, con centralidades de primer, segundo y tercer grado”, ilustró Basualdo. “La idea es que si me tengo que comprar zapatillas que el centro no sea el único lugar al que puedo ir”.

Este tipo de plan también intentan adaptar las actividades a las capacidades del medio físico, optimizar las interacciones económicas en el territorio y diseñar un modelo con actividades compatibles y complementarias. Parecen temas abstractos en papel, pero pueden llevar a resultados muy concretos.

El plan de ordenamiento territorial del área metropolitana de San Juan reconoce que “muchos de los problemas de la metrópoli son por la ausencia de planificación”.

No todos los gobiernos argentinos aprobaron estas normas. A nivel provincial, solo Mendoza, Jujuy, La Rioja y la provincia de Buenos Aires (y CABA, si tenemos en cuenta su Plan Urbano Ambiental) tienen leyes de ordenamiento territorial. Mientras tanto, pocas ciudades -entre las que se encuentran Gualeguaychú, Mar del Plata y Río Grande- desarrollaron bancos de tierras y la Argentina sigue sin tener una ley nacional de uso del suelo. El resultado es una concepción del territorio como escenario pasivo de la inversión privada y una búsqueda permanente de un “efecto derrame” del mercado inmobiliario, lo que perpetúa y profundiza las desigualdades sociales y espaciales.

“El ordenamiento territorial se asienta en el principio jurídico de la función pública del urbanismo, pero Latinoamérica es un caso palpable de que esto no siempre sucede en la práctica”, sostuvo Guadalupe Granero, coordinadora del Área Urbana del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).

Sobre leyes e incumplimientos

El Ministro de Hábitat Jorge Ferraresi no tiene en carpeta la presentación de una norma nacional, pero desde hace un tiempo quiere alentar a los gobiernos locales a que generen sus propias normas de ordenamiento y planificación. En diálogo con elDiarioAR, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, dijo que lo que se ofrece desde Nación es un programa con contenidos mínimos.

“Estos instrumentos tienen que ver con la generación de bancos de tierra, con la captación de plusvalías, con los consorcios urbanísticos y con la posibilidad de generar zonas especiales de interés social. Se trata de un catálogo grande de principios y normas que permiten pensar ciudades para los próximos 50 o 100 años”, dijo Scatolini. “Creemos que eso tiene una utilidad mucho mayor que trabajar en una ley nacional que solo podría establecer presupuestos mínimos.”

Cynthia Goytía, directora del Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda (CIPUV), tiende a coincidir. “Una regulación nacional de uso del suelo es importante para proveer un marco base, pero hay que tener presente que el ordenamiento urbano es una potestad de los gobiernos subnacionales”, sostuvo. “Por lo tanto, una normativa nacional solo podría proveer un marco de referencia.”

Goytía también apuntó a la excesiva dispersión de normas –leyes, decretos y ordenanzas– en diferentes provincias y municipios. “A veces se escucha decir que nos falta más planificación, pero creo que en muchos casos lo que está faltando es la efectiva implementación de la normativa existente”, dice.

Este parece ser el caso de la provincia de Buenos Aires. Según una investigación del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales de la UNLP, Pilar, Tigre y Berazategui son los municipios bonaerenses donde se verifican las mayores transgresiones al ordenamiento territorial. Los dos primeros, además, concentran un porcentaje importante de los barrios privados de la provincia, que en 2020 estuvieron en el ojo de la tormenta cuando el gobierno de Axel Kicillof denunció que más de 200 de ellos se encontraban en situación irregular. Una situación parecida se vive en Escobar con el barrio privado Puertos del Lago, que se proyectó sobre casi cinco kilómetros de costa del río Luján.

Modelos deseados

Pero el diseño de planes estratégicos (generales) y de ordenamiento territorial (más específicos) ofrecen un marco fundamental para ordenar el crecimiento urbano. “Estos instrumentos establecen lineamientos, directrices, modelos deseados de desarrollo e incluso suelen avanzar en carteras de proyectos”, dice Luis Baer, geógrafo e investigador del Conicet.

En un famoso artículo, Baer analizó la experiencia de Trenque Lauquen, al oeste de la provincia de Buenos Aires, que en 2008 aprobó un esquema de contribución por mejoras que extendió el tributo a todas aquellas decisiones administrativas que modifican los parámetros urbanísticos en beneficio del propietario. En criollo: si el municipio habilita una mayor constructividad, un cambio de usos o nuevos loteos en zonas donde antes no se permitía, eso le genera al privado una obligación para con el gobierno local. Por ejemplo, los propietarios que solicitaron nuevas subdivisiones deben ceder el 12% de los terrenos obtenidos (además de las cesiones para calles, espacios verdes, escuelas previstas en la ley provincial), lo que a la vez permite al municipio gestionar un crecimiento ordenado de la mancha urbana.

Para Baer, este tipo de experiencias locales “ponen de manifiesto la necesidad de contar con Planes de Ordenamiento Territorial y legislación específica (a escala provincial y nacional)” que incorporen estos y otros instrumentos para un desarrollo eficiente y equitativo.

FP