Mientras nos ocupamos de la avalancha de cuestiones que parecen atosigarnos cada día en un mundo que no da respiro, en Cuba los tribunales han estado muy activos en estos meses condenando a decenas de manifestantes del 11 de julio de 2021 y referentes del Movimiento San Isidro (MSI) a largas penas de cárcel. Hasta 25 años.

Ese 11-J, miles de cubanos salieron a las calles en diferentes ciudades de la Isla, con una gran proporción de personas pobres y racializadas. Era una imagen sin duda inhabitual.  La policía intervino y detuvo a centenares de manifestantes. Tras los hechos, muchos de los detenidos no fueron liberados, como suele ocurrir tras las protestas en las democracias occidentales, sino enjuiciados por delitos gravísimos y desproporcionados, con largas sentencias cuya única función es anular la posibilidad misma de nuevas movilizaciones, especialmente en un momento de tensiones económicas y de crecimiento de las desigualdades, producto, en parte, de la unificación monetaria y de los efectos de la pandemia. 

Nada más y nada menos lo que en el resto del mundo rechazamos como “criminalización” de la protesta, pero recargada. Los medios cubanos pueden celebrar protestas en otras latitudes, contra diversos tipos de iniquidades, pero “Cuba es distinta”.

Todo en Cuba “es distinto”. Su supuesta excepcionalidad sirve como una coartada perfecta para que podamos tener doble, triple y cuádruple vara para juzgar su realidad en relación a otras. Todo es distinto porque lo que en otros sitios sería simplemente una protesta -con o sin actos de vandalismo- en Cuba es el vector de la “injerencia imperialista”. Porque en la Isla, de gritar “Díaz Canel singao” al anexionismo monroísta hay medio paso. Y así, la protesta se vuelve sinónimo de traición a la patria. Las “90 millas” cancelan cualquier discusión.

En este marco, no solo fueron condenados días atrás quienes protestaron el 11-J, sino también referentes del Movimiento San Isidro, por cargos que rechazaríamos en cualquier otro país, como el “ultraje a los símbolos patrios”. Es más, hasta 2021, Cuba tenía incorporado en el código penal la figura de la “peligrosidad predelictiva”, mantenida por presión del Ministerio del Interior pese a las críticas de varios juristas, que permitía a las autoridades arrestar personas por conducta antisocial aunque no hubiesen cometido delitos.

El 13 de junio pasado, la Fiscalía General de la República informó que quedaron firmes 76 sentencias por los “disturbios” del 11-J. Prosigue indicando que “resultaron sancionadas 381 personas, incluyendo 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos”. Luego detalla: “A 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la conducta personal. Por el delito de sedición los sancionados fueron 36, a los que se les impuso penas entre 5 y 25 años de privación de libertad. A 84 acusados, se les subsidió la sanción de privación de libertad por otras penas alternativas que no implican -en principio, bajo condición de buena conducta- su ingreso a prisión, disponiéndose para ellos las de trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad; en esta decisión se encuentran incluidos 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años”.

La voz en off de un reportero del Sistema Informativo de la Televisión Cubana nos informó solemnemente que “los hechos pusieron en riesgo la tranquilidad y seguridad ciudadana”. El 11-J fue una acción orquestada “contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista”. También fueron recientemente condenados el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero y coautor de la canción/himno “Patria y Vida” Maikel Castillo Pérez “Osorbo” figuras del movimiento San Isidro, que funciona como una red de disidencia político-cultural. 

En estos tiempos, hubo varias protestas del mundo de la cultura no oficial. El 27-N de 2020 hubo, por ejemplo, una sentada de algunas decenas de artistas, intelectuales, periodistas independientes y activistas frente al Ministerio de Cultura en favor de la libertad de expresión, algo que en cualquier otro lado habría pasado inadvertido pero que en Cuba constituyó un hecho “inédito”. Incluso más: para el Granma se trató de un intento de “golpe blando”. Lo mismo denunció Juventud Rebelde, con un programa especial en el que la protesta aparece como un “show anticubano”. “Para el especialista en medios de comunicación Javier Gómez Sánchez, lo sucedido durante estos días con el denominado Movimiento de San Isidro es evidentemente el montaje de un guion de golpe blando, semejante al aplicado en otros países como Ucrania y Bielorrusia”. Quienes participaron serían en el mejor de los casos tontos útiles y en el peor, desestabilizadores a sueldo de Miami.

Otero Alcántara y Castillo Pérez fueron condenados hace pocos días a 5 y 9 años respectivamente “por delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos”, informa la Fiscalía General de la República. “El Tribunal, en el caso de Otero Alcántara, argumentó -prosigue la Fiscalía- el ánimo expreso, sostenido en el tiempo, de ofender a la bandera nacional, mediante la publicación de fotos en redes sociales donde se le utiliza en actos denigrantes, acompañados de expresiones notoriamente ofensivas e irrespetuosas, menospreciando los sentimientos de nacionalidad y orgullo que le profesa el pueblo cubano a nuestra enseña patria”.

Alcántara fue acusado por su performance Drapeau (2019) que -recuerda el diario El País- consistió en llevar la bandera cubana sobre su cuerpo durante un mes (por la calle, al ir al baño, al montar en autobús, al hacer cola en un comercio) para llamar la atención sobre el derecho de todos a usar la bandera nacional tras la promulgación en la Isla de una nueva “Ley de símbolos”.

Muchos de quienes leyeron hasta aquí estarán preguntándose ya en voz alta: ¿Y el bloqueo? ¿Y las 90 millas de distancia a Estados Unidos? Vayamos ahí.

El embargo/bloqueo -repitámoslo una vez más- es un arma imperialista inmoral e ineficaz para los fines que se dictó. Tan ineficaz que ha fortalecido a los sectores más estalinistas del régimen cubano, ya que sirvió siempre para cancelar la disidencia y el pensamiento crítico en diversos ámbitos de la vida social. Pero esta lógica cancelatoria es más amplia, predominó en todo el mundo del llamado “socialismo real” con o sin bloqueos, y las formas de actuar de las diferentes oficinas de la “Seguridad del Estado” fueron similares. Al final, siempre se puede apelar a las amenazas externas para ajustar los tornillos dentro e instalar un régimen de tolerancia cero con la protesta. Rumania, por ejemplo, mantuvo la represión y el espionaje masivo inclusive en su momento de buenas relaciones con Occidente e Israel. Como muestra la excelente película “Tipografía mayúscula”, basada en los archivos de la policía política, una simple inscripción con tiza en una pared de Bucarest en los años 80, con una referencia a las huelgas del sindicato polaco Solidaridad, podía desencadenar una investigación tan descomunal como alucinante de parte de la Securitate para dar con el culpable.

Como se ha dicho muchas veces, la ideología oficial cubana combinó “comunismo” pasado por el tamiz de los manuales soviéticos y nacionalismo revolucionario con una idea monolítica de la nación y del pueblo que a la vez expulsaba de esa nación a cualquier disidencia y expropiaba los derechos ciudadanos de los emigrados: esta es la lógica que aún sustenta la política de partido único. Desde 1959, todas las “organizaciones de masas” han sido estatizadas y no hay ninguna forma de autonomía -política, social o cultural- que no sea motivo de sospecha o blanco de la acusación de “hacer el juego al imperio”. Un ejemplo es la oficial Agencia Cubana de Rap, que es la encargada de decidir quién es un “verdadero” rapero, cuando el rap es un  género musical que precisamente nació y se define como un canal del inconformismo contra… el poder. 

Para entender la lógica subyacente hay que volver una y otra vez sobre la aguda observación del poeta comunista disidente Stephan Hermlin. Como recordó hace tiempo el traductor y editor Marc Saint-Upéry, en su relato autobiográfico el escritor alemán oriental confiesa que, durante cerca de 40 años, un extraño lapsus cognitivo le había impedido asimilar la formulación exacta de una famosa frase de Marx y Engels: El libre desarrollo de cada uno es la condición del libre desarrollo de todos. Inconsciente y sistemáticamente, su mentalidad, forjada por el culto estalinista del colectivo orgánico encarnado en el Partido-Estado, lo llevaba a leer esta frase al revés: el libre desarrollo de todos es la condición del libre desarrollo de cada uno“. Un intelectual cubano amigo me comentó lo mismo: que aunque había leído muchas veces el Manifiesto Comunista, solo tomó en serio esa frase después de distanciarse del comunismo oficial a mediados de los años 90.

Esta disonancia cognitiva está extendida en el amplio mundo de unas izquierdas que siguen subestimando el valor de la libertad humana … las de la “la libertad para qué”; la libertad cuando no pone en riesgo los procesos revolucionarios; la libertad cuando hay garantías de que no será funcional a un “golpe blando”… “la libertad cuando nos gusta el producto de esa libertad”. 

La consigna de Fidel Castro “Dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada”, se transformó muy rápidamente en “Dentro del Estado todo, fuera del Estado, nada”, cuando el Estado monopolizó todo sentido del término revolución. Aunque el proceso de la revolución cubana concluyó hace décadas, la burocracia estatal se sigue valiendo de este monopolio del sentido avanzando en una lógica de “comunismo de cuartel”. El resultado es la pérdida de la creatividad social y el agobio intelectual y moral. La atmósfera gris de la burocratización de la vida social asociada a los socialismos reales.

Los delitos de “sedición” no pueden ser utilizados para juzgar una protesta callejera. El “ultraje” de símbolos patrios no puede justificar penas de cárcel. Cualquier militante de izquierda firmaría estas últimas dos líneas. Pero “Cuba es distinta”. Una “zona de excepción” en relación con el derecho a la protesta. El problema continúa siendo que para justificar la excepción se suele apelar a argumentos que corresponden más a las viejas lógicas osificadas de la Seguridad del Estado que a las dinámicas vivas de las políticas emancipatorias.

PS