En solo 43 días firmé más de 100 decretos. Estos números precisó en Washington el martes 5 de marzo el presidente n°47 de EEUU en la primera alocución anual de su segundo mandato, pronunciada ante la Corte Suprema y las dos Cámaras del Congreso reunidas en Asamblea Legislativa bajo la cúpula del Capitolio. Donald Trump habló durante una hora y cuarenta minutos y encontró tiempo para añadir detalles a sus precisiones. Abundante y militante, la firma cotidiana de executive orders no fue fanática porque no fue monotemática, sugirió. Esta práctica presidencial sigue en curso, sin arritmias o desfallecimiento, en la Oficina Oval. Trump gobierna por decreto y los decretos del republicano que asumió la presidencia el 20 de enero versan sobre materias de muy diversa enjundia y gravitación.

Dentro de la masa de decretos, las órdenes que reforman la cartografía regional y nacional -decisiones fruto de una geopolítica internacional revisada por Trump en violenta clave a la vez expansionista y proteccionista- sobresalen por su radicalidad, frecuencia, e intransigencia. Apenas recibidas de manos del demócrata Joe Biden las insignias del Poder Ejecutivo, en su discurso inaugural Trump reveló que había hallado un precursor en la figura del presidente William McKinley. Un republicano que miraba Panamá y Puerto Rico con los ojos con que Trump mira a Canadá y miró a Ucrania el  presidente ruso Vladimir Putin. Desde el 20 de enero todo documento público debe evitar el uso del orónimo “Monte Denali”. (En lengua atabascana, Denali es “el más grande”). El nombre oficial del pico montañoso más alto de América del Norte es ahora Monte McKinley. La mayor cumbre de EEUU llevará el apellido del adalid del colonialismo, mártir del proteccionismo y profeta del trumpismo al que en 1901 mataron dos disparos a quemarropa de un anarquista de padre y madre inmigrantes.

El activismo toponímico, de la izquierda a la derecha

El activismo toponímico es una política pública de la memoria que históricamente se ha visto una y otra vez asociada, en el último medio siglo, con períodos o circunstancias donde la izquierda ocupó el poder o influyó en las decisiones de gobierno. La derecha habitualmente es conservadora. Su fondo de comercio es la historia, la tradición y el patrimonio. Se opone a cambios que invocan progresos y que socavan las formas de convivencia heredadas y lesionan el relato convencional del pasado. En cambio, para Trump -y esto apuntala el compararlo con el presidente argentino Javier Milei-, es una pesadilla la historia, en especial la del último medio siglo progre. Una edad oscura de élites que sin mentirle al electorado sin embargo lo engañaban: los candidatos izquierdistas muchas veces ganaban el voto que pedían para programas de cuyas falacias ellos habían sido las primeras víctimas. Por todo ello, el activismo toponímico de las izquierdas es mayormente innovador. El de las nuevas derechas es frecuentemente restaurador.

Devuelven vigencia a los signos de una edad dorada pretérita, obliterados y burlados por revoluciones y populismos causantes de la decadencia y caída que nos desbarrancaron en un presente catastrófico. Así procuran vincular sin discontinuidades, en una línea rectificada por la eliminación de segmentos inenarrables, un pasado de oro con la nueva edad dorada hacia la cual saben llevarnos siempre y cuando nos dejemos conducir.

El Monte McKinley ex Monte Denali es la montaña más alta del mundo, medida su altura desde el pie hasta la cumbre; medida la elevación desde el nivel del mar hasta el vértice superior del monte, son más altas el Everest y el Aconcagua. Datos como este añaden resonancias, en otras tonalidades de soft-power nacional e internacional, a las repercusiones que el cambio del orónimo hace oír.

Gobernar es dar y quitar nombres (y rebautizar es cancelar bautismos)

Desde su primer día en la Casa Blanca Trump ordenó sus sustituciones en la toponimia. En aquellas que lucen innovadoras, más importante que lo nuevo que empieza a existir es lo viejo que ha dejado de existir de inmediato por obra de lo dispuesto en la orden ejecutiva. Las aguas del antes Golfo de México son ahora de América en virtud de una decisión ejecutiva que hizo realidad una promesa de campaña. La empresa petrolera Chevron, que tiene pozos activos en esas aguas, fue la primera en pasarse a Golfo de América y en proceder al cambio de nombre en todos sus documentos y plataformas. Associated Press (AP) no lo ha hecho aún, y tal su demora o disidencia le ha valido a la más antigua agencia de noticias de EEUU la exclusión de sus periodistas de la Oficina Oval y de las conferencias de prensa de la vocería de la Casa Blanca en castigo por publicar “noticias falsas” y negar la realidad de los hechos.

Los cambios de los nombres que restauran en la cartografía actual una toponimia anterior significan, simultáneamente, la revocación de otras sustituciones, previas y progres. El Decreto Presidencial 14172, titulado “Restaurando Nombres que Honran la Grandeza de EEUU”, ordenó que el nombre oficial del pico más alto de América del Norte sea Monte McKinley. Por ineludible efecto simultáneo del mismo decreto, la vigencia de Monte McKinley equivalía a la obsolescencia de “Monte” a la obligatoriedad de cancelada la anterior designación Monte Denali, vigente y obligatoria en la documentación pública y en las comunicaciones del Estado hasta el 20 de enero en que Tump firmó el decreto en sus primeras horas como presidente en funciones.

En el caso del nombre de este Monte de Alaska, sustituir era revocar y revocar fue restaurar. Pero restaurar el orónimo Mount McKinley fue percibido políticamente también, y de inmediato, como abolir una sustitución progre anterior. El decreto de Trump de 2025 canceló un decreto de 2015 de Barack Obama. En su orden ejecutiva, el presidente demócrata consagraba “Monte Denali” como nombre oficial de la montaña. Y cancelaba así el nombre Monte McKinley. Este orónimo, en efecto, habia sido el usado hasta que su decreto acabara con él. Pero no había sido usado desde desde siempre. Sólo empezó a usarse después de que una democracia hiciera buenos negocios con una autocracia. En 1867 el gobierno de EEUU le compró al Imperio ruso el territorio de Alaska. Bajo la presión de una desesperanzadora crisis de endeudamiento e iliquidez, la urgencia del régimen zarista por hacerse de moneda fuerte era extrema y terminal. A cambio de su única posesión americana, recibió un cheque por 7,2 millones de dólares (unos 129 millones de dólares de 2023). Como el dólar estadounidense era entonces una divisa convertible (y lo sería todavía durante más de un siglo hasta que 1971 el presidente republicano Richard Nixon pusiera fin por decreto a la convertibilidad), en la ventanilla del banco Briggs los rusos en vez de billetes pidieron, y obtuvieron, el equivalente en oro.

Todos los mensajes del Presidente

Dado que hay que ocuparse de todos o de muchos, la ración de atención acordada en singular por medios y analistas a cada uno de los decretos firmados sin pausa por Trump resulta por fuerza desigual o magra. Suele extraviarse el análisis tomando atajos. Como la presunta psicología muy revanchista de Trump. Y perderse en generalidades sobre la obsesión onomástica y refundacional fascistoide propia de todo totalitarismo digno, precisamente, de su nombre.

En campaña para las elecciones que ganó el 5 de noviembre, el periodismo le preguntó al primero precandidato y después candidato oficial partidario del GOP (acrónimo inglés del Grand Old Party, el Grandioso y Antiguo Partido republicano), si buscaba la reelección presidencial y un segundo mandato en Washington como quien busca la mejor herramienta para vengarse. En cada nueva oportunidad, los periodistas estrenaban palabras diferentes para hacer esa misma pregunta, en la esperanza de al fin recibir la única respuesta que gustaría en los medios mainstream (para gustarles, esa respuesta debía ser positiva). El precandiato y candidato republicano respondió una y otra vez esa misma pregunta pero usando él, sin variar, las mismas palabras: la única revancha que vale es ganar.

Señalar o adular como típico reflejo derechista anti-woke del Presidente el ademán temprano del 20 de enero de revocar el nombre indígena que para la montaña más alta de EEUU y de América del Norte había establecido el primer presidente negro en la Casa Blanca -a instancias de lobbies ambientalistas y nativistas- puede convenir para pasar pronto al próximo decreto, al próximo renglón en el ábaco de pros y cons. Pero en el decreto de Trump hay más mensajes, enderezados hacia muchos destinatarios, diversificados. Su grado de buen éxito puede evaluarse en el que ya los haya alcanzado, en diferentes franjas y nichos.

Cuando Alaska queda en Ohio, y viceversa

En 2015, el trueque de nombres decidido por el titular del Ejecutivo demócrata había encontrado primero el rechazo, que superó, y después el repudio, que perduró, de la entera representación legislativa de Ohio en el Congreso de Washington. También enfrentó Obama la oposición de las autoridades locales de este característico swing-state del Medio Oeste. Nacido en Nells, Ohio, el republicano William McKinley compone, con su correligionario Abraham Lincoln y con el demócrata JF Kennedy, el tríptico de presidentes de EEUU asesinados en el desempeño de su cargo.

También Donald Trump había repudiado en 2015 la deserción onomástica del Monte McKinley y denunciado el snobismo etno-chic de Obama que había llegado a preferir como orónimo una palabra amerindia en lugar del nombre de familia de un presidente republicano trágicamente asesinado. Muy lejos todavía de llegar a la Casa Blanca, y cuando se oían muy raleadas las voces que apostaban a que lo lograría, el entonces precandidato convirtió en promesa de campaña la revocación de la orden ejecutiva firmada por el demócrata Obama al promediar su segundo mandato, en septiembre de 2015. El republicano Trump cumplió su promesa el 20 de enero de 2025, primer día de su segundo mandato presidencial.

Desde 2016, cuando votó por Trump, el Ohio de McKinley humillado por Obama, dejó de ser un swing-state, un estado que oscila en su voto entre los dos grandes partidos. Pasó a ser sólidamente republicano: votó por Trump nuevamente en 2020, y en 2024. Desde 2015, el gobernador del estado de Ohio es el republicano Mike DeWine (de 78 años de edad como el Presidente); en las dos cámaras del Congreso estadual los republicanos tienen super-mayorías (26/7 en el Senado y 66/32 en Representantes). Nacido en Middletown, Ohio, en 1984, el republicano James David Vance representó al estado como senador en el Congreso de Washington desde 2023 hasta a 2025, cuando el 20 de enero asumió como vicepresidente de EEUU.

McKinley, light of my life, fire of my loins

La restauración orográfica firmada en la Casa Blanca el 20 de enero se había visto precedida y enmarcada, en el discurso de inauguración pronunciado por Trump en el atrio del Capitolio, por un profuso elogio del liderazgo y el programa de William McKinley. El presidente n° 25 fue honrado por el presidente n° 45 y 47 -poco proclive a la loa de precursores escogidos--, como un heraldo de MAGA malogrado en 1901, un inocente víctima de la consigna Make America Great Again muerto en el primer año de su segundo mandato: a diferencia de Trump, este visionario del irrenunciable destino manifiesto de EEUU no sobrevivió a las balas de su atacante.

El nombre de McKInley quedará nuevamente asociado a las alturas de Alaska, un territorio boreal adquirido por EEUU en un programa de expansión territorial en su área ártica de influencia. Allí se sitúa Groenlandia, la isla más grande del mundo, que Trump anhela sumar a las tierras que tienen por capital federal a Washington DC. Aspira a que el Reino de Dinamarca le venda su protectorado insular. Que así podría incorporar a una Unión que en el siglo XIX supo comprar Alaska a los rusos y antes Louisiana a los franceses. O a incorporar como sea, ya se verá cómo -añadió el Presidente el primer martes de marzo en su discurso ante el Congreso- es un fin que justifica los medios.

Los sastres de Panamá

A McKinley sucedió su vice Theodor Roosevelt. Reelegido presidente, derrotó al Reino de España en la guerra naval de 1898, ganó las islas de Puerto Rico en el Caribe y de Guam en el Pacífico para la soberanía de Washington, y a Cuba y a las Filipinas en protectorados.

Roosevelt promovió en 1903 la secesión de Colombia e independencia de Panamá para iniciar la construcción de un Canal interoceánico en las condiciones dictadas por EEUU. En 1914 el Canal era operativo. En 1979 su control fue puesto en manos del gobierno panameño por el presidente demócrata Jimmy Carter.

Un error, según Trump. El presidente republicano, que ha hecho de McKinley fuente de inspiración primera para su segundo mandato, proclama que la reapropiación de la Zona del Canal de Panamá es un objetivo legítimo de por sí. Por añadidura, en una ocupación militar del Canal consiste el método más definitivo para librarse de toda presencia china en un área estratégica clave de tránsito y comunicación estratégica, cuyo control es inalienable e irrenunciable según la nueva doctrina geopolítica de Washington.

Peligrosa en sí misma, la actividad de Pekín en el Canal es vista como alarmante en cualquier hipótesis de conflicto. El ejemplo de Roosevelt invita a despojarse de timidez y escrúpulo fatales: conviene eliminar los riesgos estratégicos antes que sopesarlos.

Anarquistas, migrantes y asesinos

Una circunstancia última de la biografía de McKinley suma su moraleja al relato trumpista. Las dos balas que en septiembre de 1901 desangraron al presidente republicano fueron disparadas a quemarropa por Leon Czolgosz, sindicado como anarquista o anarco-sindicalista, de padre y madre migrantes de Polonia. No hace falta elaborar: salta a la vista -es decir, salta a los ojos trumpistas- el nexo entre migración, crimen, homicidio y magnicidio que fue un leitmotiv de la campaña electoral republicana. Ya presidente, Trump ha retenido ese plexo de causas y efectos como un resorte mayor de la racionalidad y justificación de las decisiones del Ejecutivo.

Todo lo justifica ese vínculo indisoluble entre migración y delitos de sangre cuya letalidad demostró el asesinato de McKinley. Así lo entiende Trump. Y, lo que es más importante, así entiende que lo entiende el electorado que noviembre le ganó la presidencia y el voto popular. Todo. Justifica el decreto que destruye el jus soli -el derecho a la nacionalidad de EEUU por el solo hecho de nacer en suelo de EEUU- y la suba promiscua de un 25% en el gravamen de los bienes importados de Canadá y de México. Estos dos países limítrofes son denunciados por Trump como promotores responsables o irresponsables -por su negligencia y falta de cooperación demostradas- del fácil ingreso a EEUU del crimen organizado, de la violencia narco, y del tráfico y trasiego de fentanilo y otras drogas, mortales para una población estadounidense que hasta ahora ha vivido y sobrevivido indefensa por débiles gobiernos inermes.

A la incriminación de su país, acusado por Trump de jamás haber cooperado lo suficiente en el combate al narcotráfico y de retacear esfuerzos y recursos en la lucha contra el crimen organizado, el premier liberal canadiense saliente reprochó ausencia absoluta de mínimo respaldo empírico probatorio. Justin Trudeau, además de dar a conocer la lista de impuestos retaliatoria que gravará con severidad importaciones de EEUU por 100 mil millones de dólares, se extendió sobre datos bien conocidos: el volumen total de fentanilo decomisado en la frontera norte de EEUU ha sido ínfimo en los últimos años, como también el de las sustancias ilegales para las que pueda rastrearse una proveniencia canadiense.

Oh Canada

En el laberinto de la guerra comercial que libra contra el mundo, Trump ha empezado a zigzaguear, pasando del anuncio de la inmediata entrada en vigencia, sin dilación, de aranceles promiscuos a las importaciones tan elevados como nunca antes se aplicaron en EEUU, a la inmediata dilación de la hora de aplicar esos impuestos, a la concesión de nuevos plazos, a la declaración de que sin esperar pensaba revocar cuanto antes las ventajas contenidas, al acuerdo para establecer regímenes especiales para las tres grandes empresas automotrices (con sede en Detroit, Michigan, en la frontera con Canadá).

En el rubro justificaciones, Trump sigue hallándolas en McKinley, rico en alternativas. Si Canadá no merece que se le aumente el monto de los derechos aduaneros en castigo por crímenes y culpas en su lucha deficiente contra el narco, porque ni tiene culpa ni ha cometido crímenes, sin embargo es necesario de todos modos arancelar las importaciones canadienses. Porque el ejemplo de McKinley le ha enseñado, asegura Trump, que es el proteccionismo, y sólo el proteccionismo, el que asegura la riqueza de las naciones, si quieren volver a ser grandes.

Altibajos en la Bolsa, confusiones en Wall Street, reclamos y advertencias corporativas parecen invitar a Trump a la sobriedad. Entretanto, Justin Trudeau, que ya ha renunciado como primer ministro y como líder liberal -está desempeñando como interino las funciones de Jefe de Gobierno hasta las próximas elecciones-, ha ganado gracias a sus vivaces duelos verbales con Trump una popularidad que los políticos rivales del Partido Conservador le envidian, y que saben ya que será invencible.

El domingo 9 de marzo, Mark Carney se impuso en la interna y fue elegido como nuevo líder del Partido Liberal (aquel que se inclina más hacia la izquierda en el bipartidismo del sistema político canadiense). Este hábil economista, al que sin vacilar todos califican ante todo como boring (aburrido), ex director del Banco Central de Ottawa, será el próximo primer ministro de Canadá. Gracias a Trudeau, gracias a Trump: gracias a McKinley.

AGB/MC

Un tren que transportaba materiales peligrosos y se dirigía de Pensilvania a Illinois descarriló a principios de febrero, provocando un gran incendio y la alarma ante una posible explosión inminente. La situación tiene preocupada a la población local, a pesar de las palabras tranquilizadoras de las autoridades, y ha puesto en evidencia lo vulnerables que son muchos estadounidenses ante incidentes similares.

Hasta 2.000 residentes que vivían en las inmediaciones fueron evacuados temporalmente cuando los productos químicos que transportaba el tren, gestionado por Norfolk Southern Corporation, fueron liberados para evitar una explosión.

Los residentes evacuados volvieron a sus casas la semana pasada, pero han manifestado su preocupación por los efectos persistentes de las sustancias químicas en el aire, el agua y el suelo, a pesar de que las autoridades que vigilan la zona la consideran segura, mientras siguen investigando el posible impacto medioambiental a largo plazo.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el descarrilamiento y la liberación de sustancias químicas.

Qué pasó

En la noche del viernes 3 de febrero descarrilaron al menos 50 de los 150 vagones de un tren que se dirigía de Conway, Pensilvania, a Madison, Illinois. El tren descarriló en East Palestine, una localidad de unos 5.000 habitantes situada en la frontera entre Ohio y Pensilvania. Se desató un gran incendio que afectó la totalidad de los vagones descarrilados. No se registraron heridos ni muertos.

Los residentes en un radio de un kilómetro y medio desde el punto del descarrilamiento fueron evacuados, ya que las autoridades señalaron que más de una docena de vagones implicados en el incidente transportaban cloruro de vinilo, una sustancia química cancerígena, y podrían haber estado expuestos al fuego.

El lunes 6 de febrero, las autoridades decretaron la evacuación obligatoria y amenazaron con detener a los residentes que se negaran a ser evacuados, ante el temor de una explosión. El gobernador, Mike DeWine, dijo a los vecinos que marcharse era “una cuestión de vida o muerte”.

Los equipos de trabajo acabaron liberando sustancias químicas tóxicas de cinco vagones cisterna descarrilados para evitar una explosión. Se hicieron pequeños agujeros en los vagones, y se liberaron los productos químicos en fosas que luego se incendiaron. Las imágenes del proceso mostraron enormes nubes de humo negro que se elevaban hacia el cielo por encima de las casas.

Los residentes evacuados, que permanecían en refugios y escuelas, recibieron el visto bueno para regresar a sus hogares el miércoles 8 de febrero, ya que las autoridades consideraron que las muestras de aire y agua eran seguras para los residentes.

Las sustancias químicas liberadas

La sustancia química más preocupante que transportaba el tren descarrilado era el cloruro de vinilo, que se utiliza para fabricar cloruro de polivinilo, o PVC, una resina dura utilizada en productos de plástico. El cloruro de vinilo es incoloro y muy inflamable. Se ha relacionado con una forma de cáncer de hígado, así como con otros tipos de cáncer como la leucemia y el cáncer de pulmón. Los efectos de la exposición a corto plazo incluyen mareos y somnolencia, mientras que una exposición elevada puede llevar a la hospitalización y la muerte. Otra sustancia química en el tren era acrilato de butilo, también utilizado en la producción de plásticos.

La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) publicó posteriormente información que demostraba que en el descarrilamiento también se habían liberado tres sustancias químicas de las que no se había informado anteriormente: acrilato de etilhexilo, isobutileno y éter monobutílico de etilenglicol.

La exposición a estas sustancias químicas puede provocar dificultad respiratoria, ardor en la piel y los ojos, tos, dolores de cabeza y náuseas, entre otros síntomas.

En total, la EPA ha informado de cinco sustancias químicas contenidas en vagones de ferrocarril que “descarrilaron, se rompieron y/o se incendiaron”, en una carta que la agencia escribió a Norfolk Southern.

La investigación

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que investiga los accidentes ferroviarios graves, declaró que la causa del descarrilamiento fue el mal funcionamiento de un eje, una varilla que une dos ruedas del tren.

Las imágenes de las cámaras de vigilancia de un fabricante de Salem, Ohio, mostraron un incendio debajo del tren antes de que llegara a East Palestine. Todavía se está investigando el descarrilamiento.

Mientras tanto, la EPA ha estado vigilando activamente las condiciones ambientales en East Palestine y los pueblos de los alrededores.

Los residentes se han apuntado voluntariamente a los controles domiciliarios de la agencia. A fecha de 13 de febrero, la EPA no había detectado cloruro de vinilo ni cloruro de hidrógeno (una sustancia química que se libera al quemar cloruro de vinilo) en 291 hogares examinados; mientras que 181 hogares estaban pendientes de examen.

La preocupación de los residentes

A pesar de que las autoridades han asegurado que la calidad del aire y del agua de la zona es segura, los residentes en las proximidades del descarrilamiento han informado de múltiples síntomas de salud, como náuseas y sensación de quemazón en los ojos.

Un vecino de un pueblo a 16 kilómetros al norte de East Palestine declaró a una cadena de televisión local que seis de sus gallinas murieron repentinamente un día después del vertido químico. Otro vecino declaró haber visto peces muertos flotando en un arroyo de la zona. Los expertos han expresado su preocupación por el hecho de que la agencia no esté realizando pruebas para detectar otras sustancias químicas que podrían haberse producido al quemar las sustancias tóxicas.

Empresarios y vecinos de la zona han demandado a Norfolk Southern para que se haga cargo de los controles médicos de los residentes en un radio de 50 kilómetros alrededor del descarrilamiento. La demanda sostiene que la empresa “no actuó con la diligencia requerida para proteger” a los residentes locales, que se vieron “expuestos a sustancias tóxicas, humos tóxicos y agentes cancerígenos”.

La EPA advirtió a Norfolk Southern de que podría ser responsable de los costes relacionados con el descarrilamiento, incluidas las labores de limpieza y prevención.

El historial de descarrilamientos tóxicos

Los informes han demostrado que hasta 25 millones de estadounidenses viven en zonas vulnerables a descarrilamientos letales de trenes que transportan materiales tóxicos, incluidas sustancias que pueden causar explosiones.

Hace poco más de una década, en noviembre de 2012, un descarrilamiento similar en Nueva Jersey provocó el vertido al medio ambiente de 87.000 litros de cloruro de vinilo. Según el medio de investigación Lever, el incidente desencadenó una oleada de reclamos para una mayor regulación del sector ferroviario en relación con el transporte de materiales tóxicos, incluidos el petróleo crudo y los productos químicos peligrosos.

Las peticiones condujeron finalmente a una ley que exigía que los trenes que transportasen sustancias tóxicas fuesen equipados con sistemas de frenado electrónico, que detienen los vagones inmediatamente en conjunto, en lugar de hacerlo de delante hacia atrás como los frenos convencionales.

La administración Trump, bajo la presión de los lobbies que argumentaban que el cambio era costoso para las compañías ferroviarias, anuló la norma.

Traducción de Santiago Armando.

Un tren de mercancías químicas operado por Norfolk Southern, una de las principales compañías ferroviarias de Estados Unidos, descarriló el pasado 3 de febrero en un área fronteriza entre Ohio y Pensilvania, provocando un desastre medioambiental que ha contaminado el aire, el subsuelo y las aguas fluviales, poniendo en peligro la vida animal y humana. El accidente, que pasó casi inadvertido durante dos semanas, pone en cuestión los requerimientos de seguridad ferroviaria en el país, un asunto que los sindicatos llevan años condenando. Sin embargo, cuando convocaron una huelga general el pasado diciembre, una ley aprobada por el Congreso y ratificada por Joe Biden la impidió.

Los hechos tuvieron lugar en East Palestine, un pueblo de 4.700 residentes, que dos semanas más tarde sigue tratando de recuperarse de los daños. La catástrofe, que ha sido catalogada como “Chernobil químico”, se produjo cuando 50 de los 150 vagones de un convoy salieron de las vías, provocando una pequeña explosión, que derivó en un enorme incendio. Al menos 10 de los vagones quemados trasladaban sustancias altamente tóxicas, como el cloruro de vinilo, un gas que se usa para la fabricación de plástico PVC y es altamente inflamable y cancerígeno. Durante días, los vecinos pudieron observar en sus cielos una nube densa y oscura, cargada de partículas contaminantes.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, alertó que la concentración de estas sustancias podría provocar una explosión todavía más grande, con trágicas consecuencias. “Existe la posibilidad de una falla catastrófica del camión cisterna, que podría causar una explosión con una metralla mortal en un radio de una milla”, dijo. Para evitarlo, decretó evacuar a los residentes de ambos lados de la frontera entre Ohio y Pensilvania, y se dispuso a realizar una “liberación controlada” de las sustancias en cuestión. Y avisó: “Parte del material se quemará mientras se drena durante un corto número de horas”.

El cloruro de vinilo es un líquido extremadamente volátil, así que era muy peligroso sacarlo del lugar del incidente, y los expertos justificaron la decisión de realizar una “liberación manual de la presión” como la única solución viable. Sin embargo, esta idea no estuvo exenta de consecuencias: el fuego generó una enorme nube de humo oscuro, formada principalmente por fosgeno y cloruro de hidrógeno, que sobrevoló la región los días posteriores, creando imágenes apocalípticas.

El fosgeno es un gas altamente tóxico que puede causar vómitos y problemas respiratorios, y que llegó a ser utilizado como arma durante la Primera Guerra Mundial. Por su parte, el cloruro de hidrógeno es irritante y corrosivo para cualquier tejido con el que entre en contacto. Esa nube gris iba cargada de peligros.

Olor a químicos y peces muertos

Al cabo de cinco días, el 8 de febrero, la oficina del gobernador puso fin a la evacuación, permitiendo el retorno de cerca de 2.000 residentes a East Palestine. Según los indicadores de polución, la calidad del aire había salido de los niveles preocupantes y había vuelto a la normalidad. Aun así, desde entonces han proliferado en las redes sociales los vídeos de peces muertos a las aguas de los ríos.

El Departamento de Recursos Naturales de Ohio calcula que el vertido afectó a más de 11,2 kilómetros de arroyos y mató a unos 3.500 peces. Además, algunos de los residentes se están quejando de que el olor de los químicos ha impregnado las calles, causando dolores de cabeza y muchos casos de personas enfermas, todo ello desde el descarrilamiento.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) reconoció que muchas de las sustancias peligrosas del tren –cloruro de vinilo, acrilato de butilo, acrilato de etilhexilo y éteres monobutílicos de etilenglicol– se han filtrado hacia las aguas fluviales y que, a pesar de que se han “tomado medidas para minimizar el impacto medioambiental”, los esfuerzos se han centrado en la “protección” del agua potable. La EPA dice que el agua es saludable y cumple con los requerimientos sanitarios, pero muchos vecinos que no se creen esta versión. 

Varios residentes de los pueblos afectados, en la frontera entre Ohio y Pensilvania, han iniciado una demanda federal conjunta contra la compañía ferroviaria, a la que exigen que se comprometa a costear los monitoreos de salud ambos estados. Es decir, en caso de perder el juicio, tendría que pagar por los problemas de salud generados en un radio de 50 kilómetros. En el momento en el que las autoridades permitieron a los habitantes de East Palestine volver a sus casas, no se había medido la calidad del aire en su interior: la EPA comenzó a hacerlo en los días posteriores y ha ido notificando resultados negativos de cloruro de hidrógeno y fosgeno en todas las muestras analizadas.

A pesar de ello, los vecinos siguen notando olores. “El control del aire detectado por la EPA no detectó contaminantes químicos preocupantes”, reiteró el organismo. “Los residentes de la zona y de decenas de kilómetros de distancia pueden percibir olores procedentes del lugar. Esto se debe a que los subproductos de la quema controlada tienen un umbral de olor bajo. Esto significa que la gente puede oler estos contaminantes a niveles mucho más bajos de lo que se considera peligroso”, aseguró la EPA. Para este miércoles por la tarde está programada una reunión municipal en el instituto local, en la que los vecinos podrán exponer todas sus quejas.

El caso, que había pasado desapercibido durante la primera semana, ha empezado a generar una fuerte indignación en las redes sociales a raíz de la detención de un periodista que estaba informando sobre el descarrilamiento y sus impactos. Concretamente, transcendió el caso de Evan Lambert, corresponsal del medio NewsNation, quien el 8 de febrero asistió a la escuela primaria de East Palestine para cubrir una rueda de prensa del gobernador DeWine, donde fue esposado y retenido durante cinco horas por la policía local. Según las informaciones de varios medios estadounidenses, ahora se podría enfrentar a cargos criminales por conducta desordenada y allanamiento criminal.

El caso también ha ido acompañado de cierto grado de desinformación. En redes sociales, se ha igualado con la gravedad del desastre nuclear de Chernóbil en 1986 y se han difundido numerosas imágenes de otras explosiones y nubes negras que no tienen nada que ver con lo ocurrido en East Palestine.

Denuncias de los sindicatos ferroviarios

El accidente también ha hecho que muchos se cuestionen las normas de seguridad ferroviaria, especialmente en cuanto a mercancías peligrosas: si se hubiera dado en un centro urbano próximo, como la ciudad de Pittsburg, se podría estar hablando de decenas de miles de vidas en peligro. Varios sindicatos ferroviarios llevan años alertando de los riesgos existentes en el tramo ferroviario afectado, así como en centenares de kilómetros en mal estado a lo largo del país. 

Estos sindicatos se quejan de las laxas normas existentes para el transporte de productos peligrosos, los recortes de personal y la escasez de medios técnicos. En diciembre, sindicatos ferroviarios de todo el país convocaron una huelga nacional que pedía una mejora general de las condiciones de trabajo y, especialmente, de la seguridad de los trabajadores ferroviarios. Sin embargo, el Gobierno de Joe Biden, y las dos cámaras del Congreso, tramitaron una ley para bloquear dicha huelga general, alegando que habría llevado el país a una “catástrofe económica”.

Entre las empresas a las que dirigían sus demandas, se encontraba Norfolk Southern, que en su momento había hecho lobby para bloquear una norma federal de seguridad, que buscaba actualizar los sistemas de frenado, que datan de tiempos de la Guerra Civil. Lo hizo por el alto coste que le supondría cambiar los frenos de sus convoyes ferroviarios. Se desconoce si la promulgación de esta norma podría haber evitado el accidente, aunque un informe de la Junta de Seguridad del Transporte Nacional identificó que un problema mecánico en el eje de los vagones había sido el causante de la catástrofe.

El trágico acontecimiento de Ohio ha provocado un desastre medioambiental, que varios expertos apuntan que tendrá efectos a largo plazo sobre las especies animales y la vida humana. Las redes sociales se han inundado de críticas a la administración, a la que acusan de estar desviando la atención del incidente, argumentando que ahora que el mundo mira al cielo norteamericano busca de artefactos, el foco mediático no está sobre el aire, el subsuelo y las aguas contaminadas de la pequeña localidad de East Palestine.

Algunos representantes de la extrema derecha, como la congresista Georgia Marjorie Taylor Greene, se han sumado a estas teorías conspirativas. El 12 de febrero, tuiteó: “East Palestine, Ohio, está atravesando un desastre ecológico debido a que las autoridades hicieron estallar los vagones descarrilados del tren que transportaba productos químicos peligrosos y la prensa está siendo arrestada por tratar de contar la historia. ¡Oh, pero los ovnis! ¿Qué está pasando?”.

El caso de una niña de 10 años en Ohio, embarazada de seis semanas tras ser víctima de una violación, que no pudo abortar en su propio estado y se vio obligada a viajar a Indiana para someterse a la intervención, puso de manifiesto la impactante repercusión de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre el aborto.

La historia de la niña salió a la luz tres días después de que el Tribunal anulara el derecho a la interrupción del embarazo en todo el país, y entrara en vigor, según la legislación de Ohio, la activación automática de la prohibición de abortar a partir de las seis semanas en este estado del Medio Oeste.

La doctora Caitlin Bernard, ginecóloga-obstetra de Indianápolis, dijo que había recibido una llamada de un colega médico de Ohio que trata a víctimas de abusos infantiles pidiéndole ayuda. Los legisladores de Indiana todavía no prohibieron o restringieron el aborto, pero es probable que lo hagan cuando se convoque una sesión especial de la asamblea estatal a finales de este mes.

Los médicos que practican abortos como Bernard dicen que están notando un fuerte aumento en el número de pacientes que acuden a sus clínicas para abortar desde los estados vecinos donde estos procedimientos están ahora restringidos o prohibidos.

“Es difícil imaginar que en unas pocas semanas no podremos ofrecer esa atención”, dijo Bernard al diario de Ohio Columbus Dispatch.

Equilibrios de antiabortistas

Pero el caso de la niña de 10 años colocó a destacadas figuras políticas contrarias a la interrupción voluntaria del embarazo en la tesitura de equilibrar los derechos de las mujeres y las niñas -incluidas las víctimas de abusos- al tiempo que defienden las restricciones al aborto.

La gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, mencionada como posible candidata a vicepresidenta con Donald Trump en 2024, dijo este domingo en una entrevista en la CNN que le parecía “increíble” que “nadie esté hablando del individuo pervertido, horrible y trastornado que violó a una niña de 10 años”.

El aborto es ahora un acto criminal en Dakota del Sur “a menos que exista un juicio médico apropiado y razonable de que la realización de un aborto es necesaria para preservar la vida de la mujer embarazada”. Los casos de incesto y violación no son una excepción según la actual ley de Dakota del Sur.

Este viernes, el estado también prohibió el aborto médico por telemedicina y aumentó la pena por la práctica de la medicina sin licencia cuando se realizan abortos.

Dana Bash, presentadora de la CNN, preguntó a Noem si era correcto que una niña de 10 años, víctima de violación y embarazada, tuviera que cruzar las fronteras del estado para someterse a un aborto legal.

En un intento de desviar la pregunta, Noem dijo que la violación de niños es “una cuestión que el Tribunal Supremo ha sopesado... también”, y añadió que el público debería también “dirigirse a esos individuos enfermos [que] hacen esto a nuestros niños”.

Tras ser preguntada sobre si intentaría cambiar la ley si se produjera un caso similar en su estado, Noem respondió: “No creo que una situación trágica deba perpetuarse con otra tragedia. Hay más cosas que tenemos que hacer para asegurarnos de que realmente vivimos una vida que dice que toda vida es valiosa, especialmente las vidas inocentes que han sido destrozadas, como la de esa niña de 10 años”.

A la pregunta de si la niña debería tener el bebé, Noem dijo que “cada vida es valiosa. Esta tragedia es horrible. Pero, en Dakota del Sur, la ley actual es que los abortos son ilegales, excepto para salvar la vida de la madre”.

Pero preguntada sobre si permitir que se practique un aborto a una niña de 10 años se consideraría proteger la vida de la madre, Noem no descartó esa interpretación.

“Sí, en esa situación, el médico, la familia, las personas más cercanas tomarán las decisiones por esa familia”, dijo, volviendo al tema que para muchos republicanos es el eje central del debate sobre el aborto.

Traducción de Lara Lema