La falta de dólares para importar que dejó en herencia el gobierno de Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, no se soluciona de un día para el otro. Y el nuevo de Javier Milei y su jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, aún no aciertan con el modo de lograr fluidez para que se importen insumos necesarios para la producción.

Así es que están paralizadas cuatro de las 13 automotrices instaladas en la Argentina, General Motors (GM), Volkswagen (VW), Renault y Nissan, por la escasez de autopartes foráneas, al tiempo que Flybondi suspendió 131 vuelos entre el 12 de enero y el próximo día 31 por la carencia de divisas para pagar el arrendamiento de sus aviones a sus proveedores del exterior. La aerolínea low cost reconoce que cada día quedan varados 1.300 pasajeros. En 20 días de vuelos suspendidos sumarían 26.000 perjudicados.

La gestión de Fernández, Massa y el entonces presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dejó una deuda de las empresas en la Argentina con sus proveedores de importaciones de bienes y servicios en el extranjero por US$23.100 millones, según el registro que abrió hasta este miércoles el nuevo secretario de Comercio, Pablo Lavigne.

Para resolver este stock adeudado y ante la falta de reservas en el Central, su actual presidente, Santiago Bausili, y Caputo pensaron el siguiente mecanismo: que los importadores suscriban con sus pesos el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) en dólares y después los liquiden en el mercado haciéndose de las divisas para abonar sus pasivos. El problema es que los inversores está pagando el 70% del valor nominal del Bopreal. Asi que si un importador, lo que que incluye industriales, productores agropecuarios o aerolíneas, debe, por ejemplo, US$100 millones, suscribe el Bopreal y después lo liquida, consigue US$70 millones. ¿Cómo pagan los otros US$30 millones? El Central autorizó a los suscriptores del Bopreal a conseguir un 5% de lo adeudado en el contado con liquidación (CCL), donde el dólar cuesta US$1.285, un 56% más que los $822 del mercado oficial.

Se trata de una excepción a la norma. Porque la disposición general establece que los importadores que recurren al CCL para abonar sus compras externas deben haber estado primero 90 días sin operar en el llamado Mercado Único Libre de Cambios (MULC) y después deben permanecer otros 90 días sin volver al MULC. Pese a esta restricción por 180 días en total, algunos importadores están yendo directo al contado con liqui para abonar sus deudas, en lugar de suscribir el Bopreal y a pesar de que quedan excluidos medio año del mercado oficial. O sea, terminan asumiendo una fuerte pérdida porque importaron insumos cuando el dólar oficial costaba $350 de agosto a diciembre pasados y ahora lo pagan a $1.258 y les queda vedada la opción de volver al oficial por tres meses. Además, con el nuevo gobierno las importaciones tributan un 17,5% del impuesto PAÍS, en lugar de 7,5% vigente desde agosto.

Pero algunos importadores prefieren asumir esta pérdida, que de hecho ya preveían a lo largo de 2023, dado el insostenible valor del dólar oficial en el anterior gobierno. E incluso aceptan quedar excluidos del mercado oficial por tres meses. Todo sea con tal de cancelar sus deudas con el exterior y poder importar otra vez con normalidad.

Sucede que hay algunos proveedores del exterior que les han dicho a sus clientes de la Argentina que no les venderán más hasta que no salden el pasivo de 2023 y además les exigen que las nuevas compras se paguen por anticipado. Están cansado de las dilaciones con este país. Pero el Central ofrece dos opciones para cancelar el stock, el Bopreal o el CCL, y después para pagar el flujo de importaciones a partir de ahora sólo provee de divisas en cuatro cuotas por cada operación: el 25%, a 30 días; otro 25%, a 60 días; el tercer cuarto, a 90 días y el último, a 120. Pero los proveedores mencionados quieren cobrar antes de entregar la mercadería, lo que explica el faltante en tantos sectores y el consiguiente parate de actividades.

Muchos acreedores son las casas matrices de filiales argentinas, es decir, deuda intra compañía, pero incluso en estos casos no todas tienen paciencia con sus subsidiarias y presionan al Gobierno para resolver lo adeudado. Es el caso de las automotrices. “GM posterga el reinicio de su producción debido a dificultades con los pagos a proveedores en el exterior”, anunció la empresa norteamericana con planta en Alvear, cerca de Rosario, tras las vacaciones de la primera quincena de enero.

Después, la francesa Renault comunicó lo propio: “En un contexto económico desafiante para la industria automotriz, la acumulación de deudas comerciales y complicaciones en los pagos a proveedores internacionales han afectado el suministro de insumos esenciales para la producción. Por este motivo, la fábrica de Santa Isabel (barrio de Córdoba) comunica la postergación del reinicio de la producción, inicialmente previsto para el 22 de enero, sin una fecha exacta de reanudación definida hasta el momento.

El gobierno nacional está al tanto de la situación y Renault Argentina sostiene un diálogo continuo con las autoridades para dar seguimiento a la evolución de esta coyuntura. Nos comprometemos a trabajar estrechamente con nuestros socios comerciales para superar estos desafíos y restablecer la normalidad en nuestras operaciones tan pronto como sea posible“. Tanto en GM como Renault analizan aún la conveniencia o no de suscribir el Bopreal. Por ahora, los importadores sólo suscribieron US$1.644 millones de este bono, es decir, apenas el 7% de lo adeudado con el extranjero.

En la japonesa Nissan, que también produce en Santa Isabel, reconocen que “continúa la faltante de piezas esenciales para la producción”. En la planta de Pacheco de la alemana VW están de vacaciones en enero, pensaban volver a operar en febrero, pero retrasaron el regreso para marzo por falta de insumos por la deuda con los proveedores. Mientras, intentarán suscribir el Bopreal.

El parate de las cuatro automotrices amenaza con afectar la actividad de las autopartistas que las proveen desde fábricas locales. “Las autopartistas no están paradas. Algunas están con riesgo por no haber podido regularizar aún la relación comercial con proveedores del exterior, pero al menos ya se mostró cumplimiento de pago con el 25% del flujo desde la semana pasada”, se refieren fuentes del sector al giro de la primera cuota para nuevas importaciones.

Las aerolíneas están siendo afectadas también, pero por ahora sólo Flybondi canceló vuelos. “Flybondi informa que debido a las demoras sistemáticas en la aprobación del pago de servicios al exterior por las restricciones pasadas y actuales se está viendo comprometida la capacidad de las aerolíneas para cumplir con los compromisos asumidos con sus pasajeros y proveedores”, anunció hace una semana. “Además, los nuevos instrumentos financieros para facilitar el pago de deuda no cumplen las expectativas de los proveedores”, es decir, nadie en el exterior quiere que sus clientes argentinos le entreguen el Bopreal, un título de deuda de un país con historial de defaults y con vencimiento en cuatro años. Por eso, los que lo suscriben van directo a liquidarlo en el mercado, aunque con una pérdida del 30%.

“A raíz de la sostenida situación generada, la compañía se encuentra con parte de su flota afectada por falta de pago de arrendamiento y otros servicios”, continuaba Flybondi. “En el corto plazo, implica cancelaciones y reprogramaciones que afectan a más de 1.300 pasajeros por día en un momento del año de alta demanda como son las vacaciones de verano”, reconoció. Por ejemplo, pasajeros porteños a los que les ofrecieron volver de su descanso en Jujuy una semana después de lo previsto, pero como debían regresar a trabajar terminaron pagando pasajes de hasta $200.000 por Aerolíneas Argentinas. “Los pasajeros afectados ya fueron notificados y para los casos de cancelaciones, se ofrece la reubicación en otros vuelos disponibles, la devolución del dinero o un voucher de crédito por el total del abonado en su pasaje para compras futuras”, explican en Flybondi. Es decir, esta firma no cubre el costo de vuelos alternativos que deben comprar sus clientes.

“Más del 70% de los costos operativos de las aerolíneas están ligados al dólar, abarcando aspectos fundamentales como los contratos de leasing de aeronaves, servicios de repuestos y sistemas de aeronavegabilidad, entre otros”, alega Flybondi. “La línea aérea mantiene contacto con las autoridades gubernamentales y manifestó su preocupación ante esta situación advirtiendo la necesaria regularización, buscando que no se replique con otros proveedores que son esenciales para la operación aérea y que se encuentran en una situación similar por la falta de pago. Flybondi reitera la importancia de considerar que la industria aerocomercial se rige con estándares internacionales de contratación a proveedores, lo que exige un sistema con mayor agilidad para que no impacten en la conectividad de las provincias, en la economía argentina y en los pasajeros, quienes son los principales damnificados. Flybondi tiene el 20% de cuota de mercado de vuelos domésticos y transporta a más de 350.000 personas por mes”, finaliza la empresa propiedad de Cartesian Capital Group, de Nueva York. Además de los 131 vuelos cancelados, otros 148 sufrieron o padecerán demoras y modificaciones de horarios entre el pasado día 12 y fin de mes.

Otro sector afectado por la falta de insumos es el de maquinaria agrícola. “Hasta ahora, que yo sepa, no se consiguieron divisas para pagar las deudas privadas con el exterior”, advierte Enrique Bertini, presidente de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. “Así que todo mal. Ahora las plantas están de vacaciones o arrancando, pero febrero se va a poner difícil”, agrega Bertini. Pero descarta despidos: “No hay plata para pagar indemnizaciones. Todos tratan de no despedir”.

“Las empresas textiles que se abastecen de materia prima importada están con problemas”, admiten fuentes del sector. “El sistema de pago que propone el Gobierno no es viable para las pymes. Sirve para las multinacionales que deben a sus casas matrices. Las pymes compraron materia prima a un dólar bajo en 2023 y ahora deben suscribir el Bopreal, que se liquida al 30%. Si lo hacen, se funden. Los proveedores además sólo aceptan seguir proveyéndonos si pagamos por anticipado. Pero no podemos cancelar la deuda ni pagar por anticipado”, alertan. Por eso, piden que las pymes, que tienen en sus manos el 21% de las deudas por importaciones, abonen por otro mecanismo -por ejemplo, pagando por el CCL sin perder inmediato al MULC- y que las grandes empresas, que representan el 79%, sigan el camino más sofisticado del Bopreal o el más costoso del CCL a costa de resignar operaciones en la plaza oficial.

Recuerdan que el Central está acumulando compras por US$5.500 millones en el nuevo gobierno porque la devaluación favoreció la exportación y las importaciones llegan a cuentagotas. “Si no hay importaciones, vamos a parar las plantas. Si paramos, no va a haber trabajo. Si no hay trabajo, no habrá consumo. Entonces los dólares van a entrar solos por la soja (la cosecha arranca a fines de marzo), pero no sé si la gente puede bancarse meses sin trabajo ni consumo. Ahora las empresas están de vacaciones, pero cuando en febrero vean que el consumo está planchado, tenés una dotación de personal que no podés sostener y no podés comprar insumos, habrá despidos en marzo”, elucubran en la actividad textil. Pero hay más sectores en problemas. Miguel Ponce, consultor de economía real y comercio exterior, cuenta que también faltan insumos importados en pymes de Córdoba y bodegas de otras provincias.

AR/DTC

Faltaba líquido de contraste para tomografías. Escaseaban los stents para cirugías. Ante esos faltantes de productos importados, el cuestionado secretario de Comercio, Matías Tombolini, y el subsecretario de Política Comercial, Germán Cervantes, citaron el martes pasado a representantes de asociaciones de médicos cardiólogos, prestadores del área de la salud y cámaras de proveedores de insumos médicos. En el encuentro se pudo clarificar que los artículos ya habían sido importados, pero estaban en manos de los proveedores, que retrasaban su venta o remarcaban por demás por temor a saltos de precios tras las elecciones, según altas fuentes de la Secretaría de Comercio. También se expuso que los líquidos de contraste están faltando en todo el mundo y se dispuso que el Estado negocie con China y otros países fabricantes para que no sólo se dé prioridad de abastecimiento al mundo desarrollado, según los mismos informantes. “Después de la reunión, se acabaron los faltantes”, afirmaron en Comercio.

“En nuestra clínica no hay faltantes, tenemos stock hasta diciembre”, comenta el director de una establecimiento privado de atención de salud del centro de Buenos Aires. “En el mercado hay algo de disponibilidad de material de contraste para comprar, pero los precios aumentaron un 400%. Puede ser que los proveedores especulen pero no los vamos a botonear porque es lógico que quieran cubrirse de eventuales devaluaciones”, agrega.

“Hablamos con los médicos para buscar opciones que reemplacen los faltantes a las cosas que prescriben”, explican en una de las principales prepagas. “Muchos proveedores no quieren vender su stock porque no saben cuándo y a cuánto lo van a reponer. Hay faltantes, pero no las vamos rebuscando. Si alguien pide un insumo de tal marca y no hay, pedimos por cuál podemos reemplazarlo, por qué otra marca. La verdad es que no tuvimos que dejar de hacer tomografías ni estudios por falta de contraste. Para las cirugías programadas, si alguien pide tal prótesis, no hay. Si no es de urgencia, se espera hasta que se consigue. Le pagamos 30% adelantado un insumo al proveedor porque no sabe cuánto le va a salir en dólares”, añaden en la empresa de medicina privada.

“Estuvimos apretando mucho para que se armara una mesa y volviera la automaticidad que tenían las importaciones de los insumos médicos”, comenta un importador. “Antes hacían un orden de prioridades en función de la demanda de las obras sociales, las prepagas y los hospitales públicos. Lo van a normalizar, como normalizaron lo de la nafta... Está habiendo mala praxis”, completa el importador y apunta que detrás de todo el asunto de las compras externas está el jefe de la Aduana, Guillermo Michel.

“La situación es crítica en todos niveles, desde insumos médicos hasta medicamentos o materias primas para producirlos”, comenta un gestor de autorizaciones del Sistema de Importaciones (SIRA), que depende de Tombolini y Cervantes. “Incluso remedios para enfermedades severas como artrosis o epilepsia. Los laboratorios locales que los producen tienen frenados los pagos y los proveedores les dejaron de mandar los insumos. Se hacen reclamos a las autoridades, a veces los atienden en un mes y otras veces nunca, pero no se observan soluciones estructurales. En el sector cardiológico, la situación es más grave, faltan stents, se reprograman cirugías, por lo menor hasta ayer ocurrió, y se reutilizan insumos médicos.

En el encuentro del martes con Tombolini también estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Salud. Allí se estableció una mesa de trabajo conjunta para establecer prioridades y encauzar diferentes situaciones que afectan al sector. “A partir de las tensiones que se vieron durante las últimas semanas convocamos a los sectores para escucharlos. Tomamos nota de cuáles son los problemas que ellos identifican. Fundamentalmente, nos pusimos de acuerdo en una hoja de ruta que tiene que ver con compartir la información y ordenar situaciones puntuales de acuerdo a parámetros de criticidad”, destacó el secretario de Comercio al término de la reunión.

Tombolini y la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud, Natalia Grinblat, escucharon las distintas problemáticas de los actores del sector e informaron sobre el estado global de aprobaciones y montos referidos a importaciones de insumos y productos médicos. Se les informó a las cámaras que en 2023 se aprobó el 100% de las SIRA para la mayoría de las empresas del sector. En lo que va del año, las principales firmas, entre las cuales se encuentran 712 empresas de laboratorios, principios activos, insumos, equipamiento, entre otras, solicitaron SIRA por un total de US$3.903 millones. El monto representa un 25% de incremento respecto a igual periodo del año anterior. Septiembre fue el mes con más autorizaciones, con una suma de US$581,5 millones en medicamentos y afines. En comparación con el promedio mensual de enero a agosto, que había sido de US$392 millones, el mes pasado hubo un incremento del 47,2%.

Al finalizar la audiencia, el vicepresidente primero de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), Pablo Stutzbach, opinó: “El encuentro fue muy positivo porque permitió comprender cómo funciona el sistema y mostrar lo que vemos nosotros, que somos los que estamos en el frente de batalla con el paciente”. El secretario de la Federación Argentina de Prestadores de Salud, Mario Lugones, apoyó la decisión de la Secretaría de Comercio de “hacer una fórmula donde se pongan las prioridades” y remarcó: “Me parece que el que estamos empezando es un buen camino”. Tombolini remarcó: “Esta mesa nos permite empezar a ver cómo resolver las tensiones. También nos da la posibilidad de escuchar, dialogar y reconocer qué cosas tenemos que hacer mejor y qué cosas están hechas. Lo importante es trabajar en función de un solo objetivo que es que los pacientes reciban la mejor atención”.

AR/JJD

En las más de 4.800 páginas del Presupuesto 2023, el Ministerio de Economía incluyó una propuesta que discutió en los últimos meses con la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera): un blanqueo para que los industriales puedan pagar con dólares no declarados los insumos importados que, aseguran, complican la continuidad de su producción. 

“Si bien agradecemos que esté en el Presupuesto, nosotros necesitamos que se implemente ya porque es declarada la falta hoy de insumos. Necesitamos que resuelva ahora la urgencia que tenemos las pymes de poder importar mercaderías”, dijo a elDiarioAR Marcelo Fernández, titular de Cgera. El problema más acuciante, insistió, es lo que queda del 2022 y no el año próximo. 

Tal como le transmitieron en distintas reuniones al secretario de Comercio, Matías Tombolini, la falta de reservas en el Banco Central, que generó un aumento de restricciones para el acceso a dólares en el mercado oficial, puso a la industria en una situación “crítica”. Por eso sugieren que la iniciativa se escinda del texto general de la ley de Presupuesto y tenga un tratamiento más expeditivo. 

Según Fernández, el problema central está en los insumos importados que no tienen reemplazo en la industria nacional. Mencionó como ejemplo la goma de los elásticos, que proviene exclusivamente de Indonesia, y es de uso básico dentro de la producción de indumentaria. 

En la iniciativa que acercaron al Gobierno –que fue discutida primero con el ex ministro de Producción Daniel Scioli, luego con el actual secretario del área, José Ignacio de Mendiguren, y luego con Matías Tombolini– Cgera establecía dos limitaciones, para que el blanqueo no se volviera una maniobra “especulativa”. Por un lado, que el dinero se pudiera utilizar solo para importar insumos que no se hacen en el país y, por otro, que el monto no superara el 20% de la facturación mensual de la firma. Estos puntos no fueron incluidos en el texto del Presupuesto, donde la redacción es más vaga. 

De todos modos, según pudo saber este medio, la Secretaría de Comercio trabaja en un formulario para ajustar la puntería. Las empresas deberán completarlo con el detalle de su situación particular y remitirlo al Ejecutivo mediante las cámaras del sector.

Incluido en el Presupuesto, el blanqueo se subsume al proceso de discusión y aprobación de todo el texto. Según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) actualmente el 74% de las empresas tiene dificultades para el abastecimiento de insumos y el 32% ya tuvo un freno de parte de sus operaciones por este motivo.

¿Creen que muchos empresarios se acogerían a ésta régimen? “Sí, porque para nosotros es mucho más caro parar que especular con el tipo de cambio”, dijo Fernández. “Nosotros entendemos que el Banco Central está en un momento en que necesita acumular reservas y que no puede atender nuestra demanda de dólares. En ese periplo al empresario le sale muchísimo más caro frenar la producción, suspender, recortar horas o no facturar que especular con el tipo de cambio más barato”, completó. 

Según confirmó el tributarista César Litvin, todo blanqueo debe ser aprobado en el Congreso. “Para mí hay un error estratégico en meterlo dentro de la Ley de Presupuesto porque el tema de las partidas genera mucha discusión y suele demorarse hasta fines de diciembre”, apuntó. Según explicó, la alternativa que tiene el Ejecutivo es hacer una ley autónoma que logre pasar más rápidamente el debate parlamentario y dejar sin efecto lo escrito en el Presupuesto sobre este punto. 

DT

La crisis por la falta de gasoil que afecta al transporte, y la estampida del dólar paralelo tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán (y su reemplazo por Silvina Batakis) terminó de convulsionar la economía de lugares tan alejados geográficamente de Buenos Aires como la provincia de Tierra del Fuego.

Productos sin precios, mercadería faltante, incertidumbre en la cadena de comercialización y problemas para importar insumos y maquinarias son algunas de las dificultades que manifiestan comerciantes y empresarios fueguinos según un relevamiento efectuado por elDiarioAR.

En el comercio de la provincia, la eyección de Guzmán de la cartera económica terminó de agitar un panorama que ya venía sobrecalentándose en los últimos meses por los niveles crecientes de inflación.

“A requerimiento de pequeñas y medianas empresas, algunos mayoristas contestan que no tienen listas de precios, que podrían entregar mercadería pero sin fijarles un valor. En esas condiciones la mayoría decide no comprar”, explicó Claudia Fernández, presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia.

Según Fernández, si bien todavía no se llega a situaciones de desabastecimiento, la incertidumbre es cada vez más creciente.

“El empresario pyme tiene que seguir abriendo las puertas porque debe pagar los sueldos de sus empleados, los impuestos y el aguinaldo. Y tiene que abrir sabiendo que tal vez no podrá reponer los productos que vende. Esa es la realidad”, detalló la titular de la cámara empresaria fueguina.

Ante este escenario, desde el sector les piden a las autoridades políticas que den “gestos de unidad” y que “estabilicen los mercados”.

“Necesitamos madurez de la clase política, de los que gobiernan y de la oposición. Hay una necesidad urgente de estabilizar la macroeconomía, porque la preocupación es importante. Creemos que debería avanzarse en un plan estructural que garantice sobre todo la previsibilidad y la certidumbre. Si no será muy difícil”, reflexionó Fernández.

La crisis económica afecta a algunos rubros de manera particular. Mientras que la comercialización de productos alimenticios, por ejemplo, se desarrolla normalmente aunque con la remarcación propia de la etapa inflacionaria, en sectores como la construcción o la producción de electrónicos, los problemas se multiplican.

“La falta de materiales de construcción es una constante durante los últimos meses, sobre todo a partir de la falta de gasoil que se traduce en una merma de la capacidad de transporte, algo clave para provincias alejadas como la nuestra”, comentó un empresario del rubro con décadas de trayectoria en la actividad.

Como ejemplo, contó que entre febrero y junio, las empresas cementeras restringieron la venta de bolsas de cemento a solo cinco por día, cuando obras públicas o privadas tenían una necesidad de diez o quince bolsas diarias.

La efervescencia política de los últimos días lo que hizo fue paralizar la cadena de comercialización.

“Todo el mundo está quieto y nadie quiere vender. Algunas empresas pidieron una semana para ver qué pasa con el dólar y otras pretendieron aplicar un aumento del 30% en dólares, algo imposible de aceptar”, relató el dueño de la constructora fueguina.

Otro de los inconvenientes asociados al sector es la imposibilidad de adquirir maquinaria importada.

“Hace 60 días inicié tratativas para comprar una máquina excavadora. Me dijeron que tenían cuatro en stock en Buenos Aires, pero nunca me dieron ni condiciones de pago ni de entrega porque alegaban dificultades para seguir importando. Con la situación de los últimos días ya ni contestan los mensajes”, contó el empresario de Ushuaia.

Para peor, un conflicto gremial originado en Comodoro Rivadavia (Chubut) derivó en las últimas horas en un faltante de combustibles en toda Tierra del Fuego. El problema se originó por un paro de capitanes de barcos, que interrumpió la ruta marítima por la que se abastece de naftas y gasoil a la Isla. La planta de combustibles Orion (ubicada en Ushuaia) racionalizó la entrega de fluidos a las estaciones de servicio, que de inmediato resolvieron vender hasta 20 litros o $2000 por vehículo. Cuando se difundió la noticia, los automovilistas comenzaron a hacer largas filas alrededor de las estaciones, percibiendo que podía haber desabastecimiento.

El gobierno provincial tranquilizó las aguas esta mañana, al anunciar que el paro se había levantado, y que la situación se iba a normalizar en las próximas horas. Fue un ingrediente más para los tiempos de incertidumbre que atraviesa, también, la economía del Fin del Mundo.

GR/MG