A pesar de estar avanzando, no logro entender si realmente

estoy viviendo la noche, si estoy viviendo la noche del día de mi

sueño o si no fue un sueño.

Sí, fue un sueño.

Un sueño de campeón.

Miguel Benancio Sánchez corrió, militó, trabajó, escribió. Su nombre hoy es memoria. Miguel, que desde el 8 de enero de 1978 es uno de los 30.000 desaparecidos de la Argentina, es también carreras que llevan su nombre en homenaje, es un libro que se publicó con sus escritos y poemas, “Sueño de un campeón”, es una calle y ahora además una escuela. La Legislatura porteña votó un proyecto de la comunidad educativa que presentó el ex diputado Claudio Morresi para que la Escuela de Educación Media que está dentro del Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), lleve el nombre del atleta.

Fundada en 2005, hasta hoy era conocida como “la escuelita del Cenard”. Nació también por iniciativa de Morresi —futbolista en Huracán y River, entre otros clubes, y cuyo hermano, Norberto, fue asesinado por la dictadura, desaparecido e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense a fines de 1989—, cuando fue Secretario de Deportes. La idea tenía un objetivo: que las y los deportistas que venían del interior del país pudieran continuar con su escolaridad secundaria mientras se entrenaban en sus deportes.

Miguel podría haber sido uno de ellos. Había nacido en Tucumán, fue el décimo hijo de una familia muy humilde, y se mudó a Berazategui, donde trabajaba de cadete en el Banco Provincia. Además, por las tardes militaba en barrios populares. Miguel jugó al fútbol —estuvo en las divisiones inferiores de Gimnasia— pero eligió el atletismo y en su casa, donde fue secuestrado cuando tenía 25 años, además de sus poemas y narraciones, tenía 50 medallas y trofeos.

Conocer gente

mucha gente

llevar mi mensaje de amor.

Argentino “Tino” Demetrio hoy es entrenador de atletismo en la escuela municipal de Oberá, el pueblo donde nació, pero sabe de la importancia de la escuela del Cenard. De allí egresó. Había vivido toda su vida en un hogar hasta que encontró en el atletismo una pasión y un talento. Lanzaba disco y bala, y consiguió una beca para entrenar en el Centro Nacional. Fue como llegar al Disney del atletismo. Se sumó al segundo año de la secundaria en 2008.

“Yo era bastante terrible —cuenta—, hasta que una docente que todavía recuerdo, Lorena Steller, de Historia, me hizo ver la vida de otra manera. Actuaba de manera impulsiva, pensaba en seguir solo con mis cosas y me sentía saturado. Con ella aprendí que siempre alguien me iba a acompañar y a impulsar”.

Demetrio compitió en torneos nacionales, en Copas nacionales, en un Sudamericano interescolar en Coquimbo, Chile, en un Sudamericano federado en Santiago de Chile; y cuando terminó la secundaria y no pudo seguir con la beca volvió a Oberá. Intentó estudiar Ciencias Políticas pero al final eligió el Profesorado de Educación Física. Estuvo entre los que votaron que la escuela llevara el nombre de Miguel Sánchez. Conoció su historia en esta escuela, cuando un grupo de compañeros presentó un trabajo sobre derechos humanos y contó sobre el atleta desaparecido.

“Me gusta que se lo haya homenajeado, era una muy buena persona, muy solidario”, dice Demetrio. El Cenard, el predio al que recuerda con mucho cariño, queda sobre la calle Miguel Sánchez desde 2011. Tino entrenaba aquí cuando la Legislatura votó el cambio de nombre de la Avenida Crisólogo Larralde, entre Libertador y Lugones.

“El deporte te puede llevar a cualquier lado pero sin estudio no podés llegar muy lejos, siempre voy a replicar eso con mis atletas. Hoy, si tienen que faltar a un entrenamiento para estudiar elijo que lo hagan, no tengo problemas”, cuenta Demetrio. Y recuerda que a esta misma escuela la quisieron cerrar. Esos terrenos, en Núñez, siempre fueron objetivo apetecible de emprendedores inmobiliarios, en alianza con el Gobierno de la Ciudad.

“Me parece patético —dice Demetrio—. No pueden cerrar una institucion por un capricho político. Yo ahí encontré otro camino, sentí que podía abrir mis alas y volar a otros destinos”.

Yo también disfruto de tu libertad, no dejes que la marea te haga naufragar.

Voy en busca del gran jurado, voy camino a la libertad.

¡Oh, línea de llegada, seré absuelto y te voy a pisotear!

Romina Banchik es hoy la directora de la escuela en la que trabaja desde 2010. Cuenta que la elección del nombre fue un proceso que comenzó con un trabajo con los y las estudiantes ahí mismo. La lista de candidatos incluía también a Delfo Cabrera (atleta, medalla de oro en maratón en los Juegos Olímpicos de Londres 1948), Jeanette Campbell (nadadora, campeona y plusmarquista argentina y sudamericana y ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936), Mary Terán de Weiss (tenista, campeona argentina entre 1941 y 1948, triple medallista durante los Juegos Panamericanos 1951, militante peronista, proscripta y perseguida después del golpe de Estado de 1955). Ganó Miguel Sánchez.

“La idea era que fuera un deportista con compromiso social. Miguel era poeta, ayudaba en las villas —dice Banchik—. En un momento en el que el gobierno nacional busca retroceder en un montón de derechos y en el que avanza el negacionismo, me parece muy lindo que la escuela se llame así. Que Miguel y la historia estén siempre presentes y que no vuelva a pasar lo que le pasó a él y a tantos otros”.

Cuando la escuela se inauguró, hace 19 años, se creó con la orientación en Ciencias sociales y humanísticas, pero ahora está en el proceso para convertirse en la primera escuela pública del Gobierno de la Ciudad que dará una certificación de alto rendimiento.

Banchik cuenta que la ahora escuela Miguel Sánchez es un lugar que fue defendido por la comunidad. “Pasamos el 2019 con el peligro de que querían tirar abajo todo. Nos decían que nos iban a trasladar. Nos movimos para que eso no sucediera. Nosotros acá queremos que el deportista tenga una formación más integral”, dice la directora.

Para Banchik el trabajo está en cómo comprender el deporte. “No lo entendemos como entretenimiento, o como algo vinculado al mercado y al dinero sino como espacio de convivencia, con valores de inclusión, de estar con el otro, con la importancia que tiene vinculado a la salud”.

Entre los y las alumnas y egresadas la directora cuenta a Elías Romero (representó a Argentina en los últimos Juegos Paralímpicos en tenis de mesa), Rocío Ledesma (compitió en los Paralímpicos en judo), Valeria Pereyra (compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en gimnasia artística), el atleta Guillermo Ruggeri, el nadador Ignacio Méndez y la gimnasta Mia Mainardi, entre tantos otros.

En tiempos en los que los deportistas son muchas veces cuestionados por no manifestar sus opiniones sobre la realidad política y social, la directora Banchik explica que muchas veces quienes representan al país y cuentan con una beca ese derecho “se les complica por el temor a que después tomen represalias”. “Igualmente, hoy en día y más allá de lo que puedan hacer los deportistas hay un discurso antipolítica, un mensaje de que la política es mala; más la influencia de las redes que creo que va en detrimento de que los adolescentes puedan tener posturas más comprometidas o más críticas. La escuela debería ser un espacio para desarrollar un pensamiento crítico, una visión de comunidad, de defensa de derechos humanos”, dice.

El nombre de Miguel Sánchez será, en ese sentido, un faro que ahora estará presente aquí todos los días.

Para vos, atleta,

que recorriste pueblos y ciudades

uniendo estados con tu andar.

Para vos, atleta,

que desprecias la guerra y ansías la paz

AP/JJD

Hace dos meses, en agosto, la llegada de una topadora al terreno sorprendió al equipo de arqueólogos que trabaja en el ex Club Atlético, en San Telmo.

Durante la última dictadura militar el lugar funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el subsuelo de un edificio de la Policía Federal Argentina. Se estima que unas 1.500 personas estuvieron secuestradas en las diminutas celdas escondidas en el sótano, 293 identificadas como desaparecidos. El edificio fue demolido cuando todavía gobernaba la dictadura militar, en 1977, para construir la Autopista 25 de Mayo. Desde 2002 arqueólogos del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos excavan la zona para extraer pruebas que permitan reconstruir la historia de ese lugar e identificar a sus víctimas.

Pero la topadora que llegó aquel día de agosto al terreno ubicado en la Avenida Paseo Colón no lo hizo por demanda de los arqueólogos. Llegó para cavar un pozo no solicitado por nadie del lugar y sin autorización. Se trata de una obra impulsada por la agencia de publicidad P+D Ideas Creativas. La empresa, que se dedica a la publicidad en vía pública, prevé la instalación de un enorme cartel publicitario, una estructura lo suficientemente alta para que la aprecien los vehículos que circulan por la autopista.

“Nuestra investigación descubrió que en ese área (donde se ubica el pozo) también había un edificio que era de la Policía”, explica Laura Duguine, arqueóloga del equipo de investigación del sitio, parte de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio Justicia de la Nación. “Al hacer el pozo, interfirieron en esos restos, rompieron parte de esa materialidad. Pedimos a la empresa que cuando tapen el pozo no lo hagan con cemento para que, si en un futuro eso se quiere investigar, no sea mayor la intervención”, cuenta. El descubrimiento fue anunciado por primera vez por el equipo de investigación del sitio de memoria en junio, a través del testimonio de Duguine al Tribunal Oral Federal nº 2 de la Ciudad de Buenos Aires, en el juicio Atlético-Banco-Olimpo (ABO).

Ahora, desde la esquina de avenida San Juan y Paseo Colón es posible avistar el gran pozo en forma de cuadrado, de unos dos metros de profundidad, con toda la estructura de hierro ya armada, lista para recibir el hormigón. “Fue todo muy rápido, en unos dos días”, dice Duguine. “Hicieron todo de modo inconsulto. Ahí empezamos a contactar a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. ¿Quién aprobó eso? ¿Qué se va a hacer acá? ¿Qué está pasando?”

Cuestionados por los trabajadores del sitio de Memoria, los representantes de la agencia afirmaron haber “enviado el proyecto” para la instalación del cartel al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad. El sector responsable de aprobar proyectos de publicidad en la vía pública, la Dirección General Conservación del Paisaje Urbano, confirmó a elDiarioAR que no le otorgó el permiso. Este medio se contactó a la agencia Ideas Creativas, que no emitió respuesta.

“Hablamos con Espacios Públicos, con la Dirección de Obras de la Municipalidad, con la Dirección de Construcciones de la Ciudad; nadie había dado ningún permiso”, cuenta Daniel Mercogliano, uno de los sobrevivientes del sitio y miembro de la Comisión de Memoria y Consenso, integrada por familiares y sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones barriales.

La Comisión formalizó entonces una denuncia a la Defensoría del Pueblo, el 17 de agosto. El mismo día, la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros (Gefico) intimó la paralización de la obra. Así se pudo frenar el llenado con cemento que generaría otro nivel de intervención en posibles pruebas arqueológicas.

A pesar de que el agujero no entorpece la excavación que se lleva a cabo hoy, se trata de una interferencia inconsulta en una parcela contigua del terreno, sin un estudio o registro previo de lo que puede haber ahí. “Lo mejor sería que, hasta que no haya más pruebas y recursos para investigarlo, no se lo destruya”, afirma Diguine.

Una propuesta

En el mismo local donde hoy reside un gran pozo con rejas de metal, hay un proyecto –este sí aprobado y diseñado con el Gobierno de la Ciudad y la Autopistas S.A.– para la construcción de un Centro de Interpretación de 1.400 m² para promover al sitio de memoria. La Comisión de Memoria y Consenso espera ahora la licitación para construir el edificio que daría otra entidad al sitio que hoy es identificado apenas por placas alrededor de la manzana debajo de la autopista.

Además, hay un proyecto aprobado para instalar una cubierta que proteja la porción del sitio donde está la excavación. Una de las columnas de esa cubierta iría en la zona donde se excavó el pozo.

Para prevenir intervenciones en la zona lindera a la excavación, el equipo de investigadores presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña que detalla qué está permitido y qué no está permitido hacer en el entorno de las excavaciones.

Frente al accionar de los investigadores y la Comisión de Memoria y Consenso del sitio, representantes de la agencia Ideas Creativas presentaron una contrapropuesta: aplicar dos carteles publicitarios en puntos más apartados, que no interfiera en el trabajo de los arqueólogos o en posibles pruebas, a cambio de un pago cuatrimestral equivalente a  3.300 litros de nafta. Esperaban tener la confirmación para realizar los nuevos pozos para, con esa tierra, tapar el agujero de dos metros de profundidad. La Comisión, sin embargo, rechazó la propuesta. “Le pedimos que retire la base y tape el pozo. Quedó en hacerlo, y al día de hoy no lo realizó”, detalla Daniel Mercogliano. 

Como sobreviviente, Mercogliano recorre el predio y apunta cada rincón donde se acuerda haber vivido largos meses de detención y tortura. Cómo se disponían las celdas y con quienes podía hablar, siempre en una lengua de señas inventada entre los secuestrados. Apunta a la gran columna que sostiene la autopista, abrazada por figuras de personas en metal, como si emergieran de la tierra. “La primera obra, en 1996, se hizo en papel maché, y a los dos días, la queman. A las dos o tres semanas, la hacen en madera. La vuelven a quemar. Y deciden hacerla en metal y nunca más fue quemada”, cuenta. “Ahí se formó la comisión y se comenzó a destapar el sitio.”

En frente al gran cartel que exhibe fotos de los 293 desaparecidos del Club Atlético, Mercogliano cuenta la historia de algunos de ellos. El que cumplió tareas como médico del centro clandestino de detención; la compañera con quien más conversaba; la que le dijo aprovechar la enfermería para, desde el subsuelo, mirar un poco al sol. Y concluye: “Todo lo que hago aquí no es por mí, es por ellos”.

En el aire, quedan algunas preguntas. ¿Cómo pueden hacerse obras sin permiso en la Ciudad? ¿Pagan esas empresas por los daños generados en el espacio público? Hasta ahora, los frenos fueron impulsados por la propia comisión de DDHH y el equipo de investigación del sitio. Un cartel publicitario irrumpe en un sitio de memoria, en tiempos de negacionismo del terrorismo de Estado.

FP/DTC

El presidente Alberto Fernández retirará la “Orden de Mérito” y “Orden del Libertador San Martín” que se había otorgado décadas atrás al dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte, según indicó hoy la portavoz presidencial en la Casa Rosada.

“Pinochet no es merecedor de la gratitud de la Nación Argentina, pues es alguien que ejecutó políticas que avasallaron la vida y degradaron la condición humana, que su accionar ofende los valores y principios rectores de nuestros próceres, resultando incompatibles con dichas condecoraciones”, explicó Gabriela Cerruti.

La decisión, que se oficializará con el Decreto 455 a publicar este jueves, responde a la próxima conmemoración de los 40 años de democracia en Argentina y se anunció esta tarde en el marco del 50° aniversario del golpe militar contra el gobierno constitucional el socialista Salvador Allende del 11 de septiembre e 1973.

“La Argentina ocupa un lugar central en el concierto de las naciones en el reconocimiento de la verdad, la justicia y la memoria, como los pilares para la construcción del orden democrático. En ese contexto y con la lucha de los organismos de derechos humanos siempre como baluarte para toda nuestra sociedad, tenemos que seguir luchando contra el negacionismo, contra el olvido y contra los intentos de impunidad”, señaló la portavoz.

El decreto firmado por Alberto Fernández, el jefe de gabinete Agustín Rossi y el canciller Santiago Cafiero subraya las políticas de persecución y violación de derechos humanos cometidas por Pinochet y los múltiples asesinatos a opositores y militantes políticos. Además, indica que ideó e impulsó de manera conjunta el Plan Cóndor que desarrolló un sistema de cooperación clandestina para perseguir a opositores en toda América Latina.

“Por todo esto, los consejos de Orden de Mayo y del Libertador San Martín dispusieron que por haber sido transgredidos tanto los ideales de Mayo, como el general San Martín, y ser responsable Pinochet de actos incompatibles de los principios sanmartinianos de dichas órdenes, no puede ser acreedor de tan alto honor y quedan las condecoraciones retiradas para él y sus derechohabientes”, agregó Cerruti.

Luego del golpe del 11 de septiembre, Pinochet se mantuvo en el poder hasta el 11 de marzo de 1990, cuando fue sucedido por el gobierno democrático de Patricia Aylwin. Ocho años más tarde, fue detenido en Londres donde permaneció encerrado por delitos de lesa humanidad hasta el 2 de marzo de 2000 por orden del juez de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón. Sin embargo, el ministro del Interior británico, Jack Straw terminó disponiendo su liberación porque consideró que no estaba en condiciones de salud adecuadas para ser juzgado.

Ese mismo marzo de 2000, Pinochet perdió el cargo de senador vitalicio que se había creado cuando gobernó Chile, pero logró evitar los juicios que debía afrontar por los crímenes cometidos. La Justicia chilena incluso llegó a denegar un pedido de arresto emitido por la jueza argentina María Servini por el caso Prats.

En 2006, falleció a los 91 años en Santiago de Chile.

ACM con información de agencias.

El Estado español deberá garantizar la búsqueda de miles de desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1936-1975), un régimen que es declarado ilegal, en virtud de una ley aprobada este jueves en España.

La prevalencia del Derecho Internacional Humanitario sobre la ley nacional que estableció una amnistía tras la dictadura y la investigación de posibles vulneraciones de derechos humanos al inicio de la democracia son otras de las novedades de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento español.

La nueva ley incorpora avances respecto a la de 2007 sobre Memoria Histórica, aunque sale adelante sin consenso político ni social.

La ley se espera que entre en vigor el próximo septiembre, tras su paso por el Senado.

Tenso debate

El texto promovido por el Gobierno de coalición de izquierdas salió adelante con apoyos de grupos como EH Bildu (independentistas vascos), pero con la abstención de otros que suelen prestarle apoyos parlamentarios, como ERC (independentistas catalanes) y el rechazo de la oposición de derechas.

La aprobación se produjo tras un tenso debate con reproches cruzados entre grupos de derecha e izquierda por las víctimas de la dictadura franquista y de la banda terrorista ETA (1958-2018) hasta el punto de que los diputados de Unidas Podemos, que con el socialista PSOE forman el Gobierno de coalición, EH Bildu y ERC abandonaron el hemiciclo cuando intervenía el ultraderechista Vox, tercera fuerza en el Congreso.

Partidos de izquierda, como ERC, y buena parte de las víctimas del franquismo consideran que la ley es insuficiente, mientras que derecha y políticos de la etapa de Transición entre la dictadura y la democracia critican sobre todo el pacto entre el Gobierno y EH Bildu.

Los principios de “verdad, justicia y reparación” guían esta ley que avanza respecto a la de 2007, que incluyó un reconocimiento a las víctimas y la retirada de símbolos de la dictadura, pero no estableció la búsqueda de desaparecidos como política de Estado.

Las novedades

La nueva ley establece de forma expresa que la búsqueda de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá al Estado, que elaborará un mapa para su localización y creará un banco de ADN de víctimas para la identificación de restos.

La ley declara ilegal tanto el régimen como los tribunales franquistas, así como la nulidad de todas sus condenas, lo que dará derecho a obtener “una declaración de reconocimiento y reparación personal” a las víctimas desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

La consideración de víctima incluye a exiliados, personas LGTBI, niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores y las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.

Otra de las novedades, muy cuestionada al estar pactada con EH Bildu, es una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, ya en época democrática.

Los socios de Gobierno preveían que solo fuera hasta el 31 de diciembre de 1982, pero finalmente se incluye el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno del socialista Felipe González.

La principal fuerza de oposición, el conservador Partido Popular, anticipó que derogará la ley si llega al poder, por estar pactada con EH Bildu, al que acusa que no condenar los asesinatos de ETA, pues la derecha considera a este partido “heredero político” de los terroristas.

Las víctimas piden más

Otro punto cuestionado es que si bien no deroga la Ley de Amnistía de 1977, que fue un instrumento a favor de “la reconciliación y la construcción de una sociedad democrática avanzada”, sí determina que todas las leyes españolas, incluida esa, se interpretarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Humanitario, “según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura” son “imprescriptibles y no amnistiables”, detalla.

Amnistía Internacional considera que la ley supone un avance pero falla en este punto, al desatender recomendaciones como la de Naciones Unidas para derogar esa norma de 1977, al entender que obstaculiza la investigación judicial de crímenes de derecho internacional en España.

Varias asociaciones memorialistas protestaron frente al Congreso , al considerar que no se garantiza la justicia a las víctimas de la dictadura, coreado lemas como “Verdad, justicia y reparación” o “Los crímenes del franquismo no prescriben”.

“Han pasado 45 años desde las primeras elecciones democráticas y las víctimas del franquismo seguimos estando ninguneadas”, denunciaron.

EFE